Miquel Carmona Hernán Patricio

El hombre que más dolores de cabeza le dio a Juica y al Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones fue Hernán Miquele, conocido como "el facho" entre sus colegas de la CNI. Se trata de un ex oficial FACH y posterior oficial civil de la CNI. 

Hernán Miquele fue detenido el año pasado y luego dejado en libertad por falta de méritos y es, quizás, el caso que más complejidades tuvo para el ministro Juica y el equipo del Departamento Quinto de Investigaciones (DV). 

Esto porque el ex agente, en 1999, logró evadir la acción de la justicia por casi un año, usando una identidad falsa, tiñiéndose el pelo, cambiando de domicilio y viajando por diversas ciudades del país. 

En esa ocasión el DV lo pesquisó en la Serena, donde tenía familiares, pero no dio con su paradero. 

Funcionarios de la policía civil lo ubicaron posteriormente en la ciudad de La Unión, Décima Región, donde estuvo trabajando como personal de seguridad en la empresa de otro conocido suyo. Investigaciones lo ubicó e intentó su detención, pero justo un día antes de allanar el lugar había partido con destino desconocido, según comentaron a este medio fuentes calificadas. 

En jerga policial existe un viejo adagio: toda persona que huye de la justicia vuelve al redil. Mikele tenía una pareja en la comuna de Maipú y, sabiendo esto, durante semanas el DV hizo “puntos fijos”, hasta que un día el ex agente llegó al lugar. 

Los detectives intentaron su detención y, ante la resistencia de Mikele, los funcionarios hicieron uso de la fuerzas física. 

Pero este año, a principios de octubre, luego de varios testimonios que lo involucraban en la Operación Albania, el ministro ordenó nuevamente su detención y lo sometió a proceso.

Los autos de procesamiento fueron dictados a mediados de octubre y habían sido mantenidos bajo extrema reserva por el ministro instructor del caso, Milton Juica. El ministro en visita Milton Juica, quien instruye el proceso por la llamada Operación Albania, sometió a proceso en calidad de autor al teniente coronel en servicio activo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Eric Silva. Además, encausó al ex oficial de la Fuerza Aérea y empleado civil de la desaparecida Central Nacional de Informaciones, Hernán Mikele, conocido entre sus pares como “el facho”, también en calidad de autor. La información fue obtenida en exclusiva por El Mostrador en fuentes militares, judiciales y policiales. Ambos fueron procesados hace aproximadamente quince días, pero hasta ahora sus nombres no habían trascendido a la prensa, pues el ministro Juica ha mantenido extrema reserva en su investigación.
La discreción de Juica se debe a que ex oficiales de la CNI y personal de menor grado han comenzado a confesar cómo el desaparecido servicio de inteligencia montó una operación para encubrir el secuestro seguido de homicidio de 12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, los días 15 y 16 de junio de 1987, en cuatro lugares distintos de Santiago, según se desprende de los autos de procesamiento dictados por el magistrado. Juica también había mantenido en secreto los procesamientos porque en los próximos días los iba a integrar a otra lista de encausados que dará a conocer.

La Corte Suprema confirmó este martes la cadena perpetua contra el general retirado Hugo Salas Wenzel, otrora director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el crimen de doce frentistas en junio de 1987, en el marco de la Operación Albania.

Salas Wenzel fue sentenciado en calidad de responsable intelectual de los asesinatos, que se planificó como una de las venganzas por el atentado a Augusto Pinochet Ugarte, ocurrido en septiembre de 1986.

Con esta resolución, el otrora jefe del organismo represivo se transformó en el general retirado que ha recibido la mayor condena por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala (Penal) que también se pronunció sobre las condenas que el ministro Hugo Dolmestch dictó contra otros catorce ex uniformados que participaron en el operativo, también conocido como Matanza de Corpus Christi.

En tribunales se explicó que como Salas Wenzel comenzó a ser juzgado antes de que se modificara la ley, se le aplicará la cadena perpetua simple, lo que permite a partir de los 20 años de prisión pueda acceder a algún tipo de beneficio.

El máximo tribunal también decidió elevar de 15 a 20 años de prisión la condena contra el ex jefe operativo del organismo represivo Álvaro Corbalán Castilla, quien ya se encuentra cumpliendo prisión por otras violaciones a los derechos humanos perpetrados en la dictadura militar.

En tanto, mantuvo la condena a 10 años de presidio contra el comandante (R) de Carabineros Iván Quiroz Ruiz, mientras que aumentó de 7 años y un día a 8 años de prisión el castigo contra el ex agente de la CNI Enrique Neira Donoso.

Estos cuatro otrora miembros deberán cumplir con su castigo en prisión junto al ex agente Manuel Morales Acevedo, quien inicialmente había sido condenado a tres años de prisión pero la Suprema elevó su castigo a cinco años y un día.

En tanto, los ex agentes Luis Arturo Sanhueza Ross, Rodrigo Pérez Martínez, César Acuña Luengo, Patricio Miquel Carmona y Fernando Burgos Díaz fueron sentenciados a cinco años y un día de prisión, mientras que Eric Silva Reichart recibió una sanción de cinco años de cárcel.

Gonzalo Maas del Valle, José Miguel Morales Morales, René Valdovinos Morales, en tanto, fueron condenados a tres años de prisión, mientras que Hugo Guzmán Rojas recibió un castigo de 541 días de cárcel.

La Suprema también confirmó la absolución de 11 agentes que participaron en los operativos y que ya habían sido exculpados por Dolmestch y la Corte de Apelaciones de Santiago, entre los que se encuentran los ex agentes Kranstz Bauer y Jorge Vargas Bories, al igual que el ex fiscal de Carabineros Luis Acevedo.

En junio pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los parientes de las víctimas alcanzaron un acuerdo de reparación en el que el Fisco se comprometía a pagar una indemnización de $ 300 millones a cada grupo familiar.

Querellantes celebran decisión

El abogado Nelson Caucuto, representante de las víctimas, destacó que esta sea la primera condena perpetua para un militar con grado de general, lo que a su juicio revela "la gravedad de los hechos juzgados y la importancia de este caso".

"Hemos logrado establecer la verdad de lo acontecido y sanciones penales altas, donde hay una condena de presidio perpetuo y también finalmente hay reparación.

En una sola sentencia hemos logrado confluir los tres aspectos que comprende un concepto complejo como es la justicia, los que son la verdad, la sanción penal, y la reparación”, sostuvo.

“Me parece extraordinario haber cerrado este capítulo, con esta sentencias que ha dictado el máximo tribunal”, puntualizó.