Melo Silva Rolando Ramón Camilo Humberto

El gobierno pidió la detención de cuatro oficiales del ejército retirados acusados del secuestro y asesinato calificados del folclorista chileno Víctor Jara, acribillado en septiembre de 1973. La solicitud fue presentada al juez Juan Fuentes Belmar, que lleva el caso de Jara desde el 2006, por el abogado Cristián Cruz, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

La querella afecta a los ex oficiales del ejército, jubilados, Edwin Dimter, Hugo Sánchez, Raúl Jofré y al ex fiscal Rolando Melo, informó a la AP una fuente que pidió anonimato para no perjudicar el caso.

Jara fue detenido en el interior de la Universidad Técnica del Estado el mismo día del golpe militar dirigido por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Estuvo detenido en el Estadio Chile junto a unos 5,000 prisioneros.

Testigos que estuvieron en el estadio declararon en la investigación judicial que cuando Jara y otras 14 personas fueron reconocidas por sus captores, fueron trasladadas a los camarines subterráneos del recinto. Ninguno salió vivo.

La demanda señala que Dimter, Sánchez y Jofré estaban en el interior del estadio cuando el folclorista fue baleado.

El resultado de la autopsia de Jara, realizada en noviembre del 2009, señala que murió por «múltiples heridas de proyectil, en todo el cuerpo, cráneo, piernas, brazos, tórax, y que significaron un shock hemorrágico agudo, provocado por una situación violenta de tipo homicida''.

El jefe del Servicio Médico Legal, doctor Patricio Bustos, agregó que Jara fue torturado antes de ser asesinado. «Tenía también fracturas provocadas por otro tipo de objeto contundente, no por balas. Todas producidas en el momento en el cual fue ejecutado este homicidio''.

Dimter ha sido vinculado por múltiples testigos a «El Príncipe'' del estadio Chile, y sindicado como autor de torturas y asesinatos.

Hasta ahora el único procesado por el homicidio es el ex conscripto José Paredes Márquez, de 56 años, que alega inocencia. Paredes dijo a la AP en una entrevista el año anterior que el responsable del crimen debe ser un oficial porque los conscriptos usaban fusiles, y un cuerpo humano habría sido despedazado por una arma. La viuda, Joan Jara, señaló que no tuvo dificultad para reconocer los restos del artista en la morgue, en septiembre de 1973.

 

Rolando Ramón Camilo Humberto Melo Silva (74) es encausado por el ministro Miguel Vásquez por su presunta participación en la muerte del cantautor ocurrida en septiembre de 1973.
 

En calidad de encubridor por los delitos de secuestro simple y homicidio calificado del cantautor Víctor Jara Martínez fue procesado el pasado 29 de agosto el abogado del Consejo de Defensa del Estado Rolando Ramón Camilo Humberto Melo Silva (74).

Así lo determinó el ministro en visita a cargo de la causa, Miguel Vásquez, quien además resolvió encausar junto al profesional a los ex miembros del Ejército Hernán Chacón Soto y Patricio Vásquez Donoso, en calidad de autores de los ilícitos descritos.

A todos ellos el magistrado también les atribuyó las mismas responsabilidades en el asesinato del ex director del Servicio de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal,  ambos hechos ocurridos el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en el proceso, Vasquez estableció en base a las propias declaraciones entregadas por los procesados, que el día de los hechos Chacón y Vásquez se encontraban en la habitación del Estadio Chile cumpliendo funciones de mando al interior del recinto y que Melo Silva -aún activo en el CDE- concurrió a tomar declaraciones oficiales a dicho lugar "desconociendo el destino de las mismas y los informes de autopsia que se le remitieron en su calidad de Fiscal Titular de la Segunda Fiscalía".

Por ello, según el fallo, surgen presunciones suficientes para estimar que Chacón y Vásquez les cupo una participación en calidad de autores, mientras que a Silva Melo le cabe la participación en calidad de encubridor de los hechos investigados en la causa.

Melo Silva -quien es además es diplomado en Reforma Procesal Penal, en la Escuela de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado- también se desempeñó como Auditor General del Ejercito.
 

Indignación causa la actuación del Consejo de Defensa del Estado (CDE): uno de sus abogados, Ramón Melo Silva, está procesado por ser encubridor del alevoso crimen de Víctor Jara. Era fiscal militar en 1973 e interrogó al afamado cantaautor pocas horas antes de ser fusilado de 44 balazos. Sin embargo, este sujeto mantiene los privilegios de su cargo, disfrutando de vacaciones financiadas por todos los contribuyentes.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses. Primero fue Juan Ignacio Piña, ex abogado de los Pinochet quien causó polémica al emigrar entre gallos y medianoche desde Ministerio de Justicia de Sebastián Piñera, en las postrimerías de ese gobierno. Luego, ha quedado al descubierto que, entre los miembros del CDE, se encontraba el encubridor en el asesinato del cantautor Víctor Jara y del exdirector de Gendarmería Littre Quiroga, el abogado Ramón Melo Silva, recientemente procesado.

El CDE es «la institución pública de Chile que defiende y representa judicialmente los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado, a través del ejercicio de acciones y defensas judiciales».

En tal condición, el Consejo ha tenido y tendrá que lidiar con la determinación de las reparaciones a víctimas de violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la dictadura. También debe determinar, cómo recuperar de los Pinochet, los miles de millones defraudados al fisco.

¿Cómo hacerlo, si entre sus filas se encuentran nada menos que el abogado que representó los intereses de la familia Pinochet, en contra del fisco (o sea, sus intereses), en el caso Riggs? ¿Cómo hacerlo si entre sus filas se encuentra un exfiscal militar que está procesado por complicidad en el cruel asesinato de Víctor Jara y Littre Quiroga?

Al banquillo de los acusados

Las causas de DDHH han ido avanzando, más lento de lo que quisieran sus familiares y más rápido que lo que desean los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad y ahora se ven enfrentados a tener que responder por ellos. Más aún si, como al parecer sucederá, se anula la Ley de Amnistía. Una de las causas que ha logrado avanzar es la del cantautor Víctor Jara.

Recientemente el ministro que lleva la causa, sometió a procesó a tres exagentes de los órganos represivos por los crímenes, uno de ellos, un exfiscal militar, fue procesado como encubridor de secuestro simple y homicidio calificado del artista, hecho ocurrido el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile.

El magistrado Miguel Vásquez, encargado de la causa que persigue a los homicidas de Jara, determinó lo que es un secreto a voces, que fueron miembros del Ejército, los que acabaron con la vida del artista. Pero de inmediato algo llamó la atención, el que uno de ellos, acusado de encubrir el delito, fuera nada menos que Ramón Melo Silva, fiscal de la institución castrense en esa época y quien actualmente se desempeña como abogado del Consejo de Defensa del Estado. Las reacciones de repudio y vergüenza, no se han hechos esperar.

¿Cuál era su tarea?

Esta es una pregunta legítima que familiares de víctimas de atropellos a los DDHH cometidos en aquel tiempo se hacen. Enfático fue el abogado de derechos humanos, Héctor Salazar, quien señaló a Cambio21 que: «no me llama la atención, porque en los primeros años de la dictadura militar, la justicia militar sirvió para reprimir y paralizar cualquier investigación criminal en la que pudiera verse involucrado un uniformado y allí pueden darse figuras de encubrimiento y denegación de justicia y prevaricación de funcionarios judiciales, en este caso, un fiscal militar».

El diputado Hugo Gutiérrez (PC), presidente de la Comisión de Derechos Humanos, manifestó a Cambio21 que «si Melo hubiese sido una persona que cumplía con su deber de jurisdicción, no nos hubiésemos tardado tanto en encontrar a los responsables materiales de la muerte del artista, pero él emprendió el camino del ocultamiento de los antecedentes necesarios para arribar a quienes eran los autores materiales del asesinato de Jara. Está bien sometido a proceso».

«Es más -manifiesta el parlamentario-, el abogado Ramón Melo debió haber estado sometido a proceso hace muchos años, era clara su participación en los hechos que implicaron el encubrimiento a los responsables del asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga.»

Las detenciones ilegales

En la causa Rol N° 4.352-2 del Tercer Juzgado del crimen de Santiago, que instruye el Juez Vásquez, el magistrado dio por establecidos los siguientes hechos:

Que el día 11 de septiembre de 1973, el hasta esa fecha Director General del Servicio de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal, fue detenido por una patrulla de Carabineros pertenecientes a la Tercera Comisaría de Santiago, trasladándolo inmediatamente a dicha Unidad Policial, siendo luego conducido al Regimiento Blindados N° 2, donde fue sometido a apremios físicos y, en las horas subsiguientes, al entonces Estadio Chile (actual Estadio Víctor Jara).

Ese mismo día, la entonces Universidad Técnica del Estado, fue sitiada por efectivos del Regimiento «Arica» del Ejército de Chile, provenientes de la ciudad de La Serena, a cargo del entonces Capitán Marcelo Moren Brito; quienes procedieron el día 12 de septiembre de 1973, previo disparos de proyectiles de diversa naturaleza, a ocupar sus dependencias y a la detención de docentes, alumnos y personal administrativo que se encontraban en el establecimiento educacional.

Todas esas personas «fueron trasladadas en buses de locomoción colectiva hasta el entonces Estadio Chile. Entre los docentes aprehendidos, se encontraba el cantante popular y también investigador de dicha Universidad, Víctor Jara Martínez, quien ingresó al Estadio Chile junto con el referido grupo de detenidos, para posteriormente ser ubicado con éstos en las graderías de dicho recinto deportivo», señala el juez en el proceso.

«Las referidas detenciones fueron decididas por las autoridades administrativas sin orden judicial de ninguna naturaleza y bajo ningún procedimiento, y el encierro en el Estadio Chile, que era un lugar que se ocupaba para espectáculos deportivos y culturales, fue decidida por las autoridades que estaban a cargo del mismo, sin facultad para ello, sin haberse dejado constancia de la identidad de los detenidos, motivo y cargos a los mismos», indica textualmente el magistrado en el procesamiento.

Salvajes con jinetas

Se ensañaron con ambos, quienes fueron torturados de manera especial, indica el proceso: «durante los respectivos períodos de su detención, tanto Víctor Jara como Littré Quiroga fueron, reconocidos por el personal militar instalado al interior del Estadio Chile, siendo separados del resto de los prisioneros, para posteriormente, ser llevados a otras dependencias ubicadas en los camarines, ocupadas como salas de interrogatorios y apremios, donde fueran agredidos físicamente en forma permanente, por distintos Oficiales».

Y continúa el juez: «Que, entre los días 13 y 16 de septiembre de 1973 se desarrollaron interrogatorios a detenidos al interior del Estado Chile, sin que ellos obedecieran a procedimientos judiciales y/o administrativos previos, algunos de los cuales fueron practicados por personal de la Segunda Fiscalía Militar de la época».

Fueron acribillados

El día 16 de septiembre de 1973, «se procedió al traslado de todos los detenidos del Estadio Chile, con excepción de Víctor Jara y Littré Quiroga, los que fueron aislados del grupo por el encargado militar de dicho recinto, ordenando que fueran llevados al subterráneo, sector camarines, donde había personal militar (…) oportunidad en que se les dio muerte a ambos, hecho que se produjo a consecuencia de, al menos, 44 impactos de bala y 23 impactos de bala, respectivamente, en todos los casos de calibre 9,23 milímetros, según se precisa en los correspondientes informes de autopsia, armamento que se utilizaba oficialmente por los Oficiales del Ejército que se encontraban en dicho recinto», reza la resolución judicial.

Pero no era suficiente con torturarlos y matarlos, «los cadáveres de Víctor Jara y de Littré Quiroga, fueron encontrados en los días posteriores, junto a los cadáveres de otras tres personas más de identidad desconocida -muertas igualmente por proyectiles balísticos-, por pobladores en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, en un terreno baldío cercano a la línea férrea, con signos evidentes de haber recibido golpes y los impactos de bala detallados en los respectivos informes de autopsia».

Las razones para procesarlo

Los hechos expuestos en la resolución judicial, constituyen los delitos de «secuestro simple y de homicidio calificado» cometidos en las personas de Víctor Jara y de Littré Quiroga. Ramón Camilo Humberto Melo Silva, según se desprende de fojas 2551 y 4099, donde prestó declaración ante el juez, concurrió al Estadio Chile en su condición de fiscal militar a tomar declaraciones a Jara y Littré.

No sólo los interrogó, sino que además hizo desaparecer las declaraciones de ambos así como los informes de las autopsias que se le remitieron en su calidad de Fiscal Titular de la Segunda Fiscalía. Ello dio lugar fundada a las presunciones para estimar que a Ramón Melo, le cupo «una participación en calidad de encubridor en los hechos investigados en esta causa», manifiesta el procesamiento.

¿Qué razones tuvo Ramón Melo para hacer desaparecer las declaraciones? ¿A quién protegía? ¿Quién dio la orden de matarlos? Son todas y muchas más aún, las interrogantes que deja su actuar malicioso al ocultar evidencia imprescindible para conocer toda la verdad.

Preso… por un día

Una de las situaciones que más escozor causa en las familias de las víctimas y del país en general, es la poca consecuencia que conllevan hechos tan desastrosos en la vida de las personas. El juez Vásquez ordenó la captura de Ramón Melo Silva a través de la Brigada Investigadora de Delitos de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, con el fin de asegurar su comparecencia, sin embargo, fue dejado en libertad bajo fianza con el pago de sólo 500 mil pesos. Qué poco vale la vida de un ser humano.

Joan Turner, la viuda de Víctor Jara, al conocer de los nuevos procesamientos expresó que «eso hay que celebrarlo a pesar de todo y esperar que esta investigación siga adelante con toda la fuerza posible, no solamente en el Estadio Chile, sino también en otras partes. En este momento mando mi solidaridad a todos los otros familiares que nos acompañan. Es un gran avance», resaltó.

De vacaciones…

Cambio21 indagó en el CDE la situación laboral actual del procesado abogado Ramón Melo Silva. Desde esa repartición se nos informó por el Departamento de Recursos Humanos que se «encontraba de vacaciones sin saberse por cuánto tiempo estará en esa situación.» Claro, con vacaciones pagadas y, de acuerdo a la página de Transparencia de Chile, con un sueldo no menor… más de tres millones de pesos mensuales, atendido su grado 5 en la EUS.

Melo Silva, ejerce como abogado del CDE desde el 2000 a la fecha y es parte del escalafón profesional. Para el diputado Hugo Gutiérrez «lo que debería ocurrir ahora es que el Consejo de Defensa del Estado pidiera algún tipo de sumario interno o que tomara la decisión de hacerlo renunciar. Por mi parte, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, voy a solicitar todos los antecedentes necesarios al Consejo de Defensa del Estado con respecto a los hechos que llevaron que hasta el día de hoy Melo trabaje en esa institución». Qué mal gusto, interrumpir las vacaciones del exfiscal.

Justicia que tarda no es justicia, pero mitiga

Los otros procesados en esta oportunidad, fueron los mayores en retiro del Ejército, Patricio Vásquez y Hernán Chacón, en calidad de autores de los homicidios, y no pudieron optar al beneficio de la libertad bajo fianza, ya que la Corte de Apelaciones de Santiago, desestimó esta opción por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad. Pero no irán a la cárcel pública como cualquier procesado, cumplirán su detención preventiva en el Batallón de Policía Militar del Ejército, ubicado en Peñalolén.

Como se recordará, en este proceso, el ministro Vázquez ya ha sometido a proceso como responsables de los homicidios de Víctor Jara y Littré Quiroga a los miembros del Ejército: Hugo Sánchez Marmonti y Pedro Barrientos Núñez, en calidad de autores; y a Roberto Souper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mazzei, Luis Bethke Wulf y Jorge Smith Gumucio, como cómplices.

El caso Piña

Juan Ignacio Piña, actual Presidente del Consejo, actuó como abogado en contra del mismo Consejo de Defensa del Estado defendiendo a familiares de Pinochet en el caso Riggs. Desde esa posición decidirá en una causa que le costó millones de dólares al Estado por la defraudación del ex dictador.

Varios fueron los funcionarios del gobierno de Piñera que se «ganaron» designaciones a dedo en distintas reparticiones públicas, notarías y otros órganos del estado. Algunos fueron dejados sin efecto por la Corte Suprema (caso notarías). En los otros casos, las nuevas autoridades nada han hecho.

Piña quien se desempeñaba como subsecretario y en los dos últimos meses como ministro de Justicia del gobierno de derecha, fue designado en sus últimos días por Piñera, como Presidente del CDE. En este tema resulta aplicable el aforismo «la mujer del César no solo debe serlo sino parecerlo». La lección de este singular caso romano es que en la administración del poder y de la cosa pública no puede haber lugar para dudas. Eso no lo entendió Juan Ignacio Piña, quien debió renunciar al CDE por su actuación en esta causa en contra del Estado de Chile, más aún, cuando se trata de la defensa de actuaciones del mayor criminal en la historia patria y cuando, a mayor abundamiento, los dineros defraudados y jamás reintegrados, son justamente del Estado de Chile, cuyos intereses ahora, están a su cuidado.

por Mario López Moya

La Segunda Sala confirmó lo anteriormente decidido por la Corte de Apelaciones De Santiago y mantuvo las condenas que suman 25 años, por el secuestro y el homicidio calificado de ambas víctimas, que fueron ejecutadas el 15 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile, luego de haber sido torturados, tras lo cual sus cuerpos acribillados fueron lanzados a la calle, en las cercanías de Cementerio General de Santiago.

En el marco de las sentencias emblemáticas de violaciones a los Derechos Humanos que la Corte Suprema se encuentra dictando (con el objetivo de emitirlas antes del 11 de septiembre, como informó El Mostrador), la Segunda Sala del máximo tribunal emitió esta tarde una dura sentencia en contra de los homicidas del cantautor Víctor Lidio Jara Martínez y del director general de prisiones en 1973, Littré Abraham Quiroga Carvajal.

Seis de los condenados por los homicidios de Víctor Jara y Littré Quiroga  fueron sentenciados como autores de secuestro calificado y homicidio calificado en ambos casos. La decisión de la segunda sala (integrada por los ministro Haroldo Brito, Jorge Dahm, la ministra Eliana Quezada y las abogadas (integrantes Carolina Coppo y Leonor Etcheberry) confirmó de ese modo la sentencia de segunda instancia, que había condenado a penas de 15 años y un día a los acusados, por los homicidios, y a 10 y uno por ambos secuestros.

De este modo, se confirmaron las sentencias en contra de los exmilitares Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto. En tanto, el exfiscal militar Rolando Melo Silva fue condenado a cinco años y un día y tres años y un día de presidio, como encubridor de los homicidios y los secuestros, respectivamente.

En la investigación, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Miguel Vázquez Plaza explicó que en la noche del 11 de septiembre de 1973 Quiroga fue detenido en su oficina por una patrulla de la Tercera Comisaría de Santiago, tras lo cual lo llevaron al Ministerio de Defensa y luego al Regimiento Blindados N° 2, donde fue torturado, tras lo cual lo trasladaron hasta el Estadio Chile.

Al día siguiente llevaron allá también a Víctor Jara, quien fue detenido el 12 de septiembre en el interior de la Universidad de Santiago (Universidad Técnica del Estado, en ese tiempo, de la cual era profesor e investigador), luego de que dicho recinto fuera sitiado y atacado por efectivos del Regimiento “Arica”, al mando de quienes posteriormente sería uno de los más importantes oficiales de la DINA: Marcelo Morén Brito. De acuerdo con lo investigado por el ministro en visita, cuando Jara llegó al Estadio Chile junto a los demás prisioneros, “fue reconocido de inmediato por el personal militar que se ubicaba en el acceso al recinto, siendo agredido verbal y físicamente desde su llegada, para ser temporalmente ubicado en el sector de las graderías, junto a las personas detenidas en esa casa de estudios, sin formulársele cargo alguno”. Tras ello, fue separado de los demás, lo mismo que sucedió con Littré Quiroga.

Este, de hecho, sufrió durante “todo su cautiverio, constantes y violentos episodios de agresión física y verbal por parte de los oficiales de Ejército allí presentes”, puesto que lo acusaban de “haber sido responsable de la prisión y maltrato que habría sufrido el general de Ejército Roberto Viaux, lo que agravaba el castigo que le fue propinado por quienes pasaban a su lado, alentándose incluso a los propios conscriptos a tomar parte en dicho castigo, y, de manera muy similar, respecto de Víctor Jara Martínez, las agresiones tuvieron como principal aliciente la actividad artística, cultural y política del mismo, estrechamente vinculada al recién derrocado Gobierno, quien fue sometido a idénticas torturas físicas, siendo los golpes más severos, aquellos que recibió en la región de su rostro y en sus manos, ambas víctimas fueron objeto de patadas, golpes de puño y golpes de culata con D armas”.

De este modo, ambos fueron torturados arduamente entre el 13 y el 15 de septiembre, siendo además interrogados en forma constante por militares y también (en varias ocasiones) por personal de la Segunda Fiscalía Militar de la época.

El día 15 Jara y Quiroga fueron separados de un grupo de prisioneros que estaban siendo llevados al Estadio Nacional u “se les dio muerte a ambos, hecho que se produjo a consecuencia de, al menos, 44 y 23 impactos de bala, respectivamente, en todos los casos de calibre 9,23 milímetros, según se precisa en los correspondientes informes de autopsia y pericias balísticas, lo que corresponde al armamento de cargo que era utilizado por los oficiales del Ejército que se encontraban en dicho recinto”.

Luego de ello, ambos cuerpos fueron lanzados a la vía pública y encontrados “el 16 de septiembre de 1973 por pobladores que pertenecían a organizaciones comunitarias y sociales, en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, en un terreno baldío cercano a la línea férrea, los que limpiaron sus rostros y pudieron reconocerlo”.

En lo civil, se condenó al fisco a pagar a cada uno de los demandantes, cónyuge e hijos de Littré Quiroga, la suma de 150 millones de pesos, y a cada uno de sus hermanos la suma de 80 millones. En tanto, a la viuda e hijos de Víctor Jara se deberá pagar 150 millones a cada uno.