Mellado Faúndez Sergio Audiel

Juan Hernández Rivera es el actual director de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), institución que administra el sistema de previsión social y de salud de los uniformados de Carabineros, Gendarmería y la Policía de Investigaciones. Aunque su rol ha pasado más bien inadvertido para la prensa y la opinión pública, no ha sido así para los más de 400 funcionarios a nivel nacional y mucho menos para los representantes de las asociaciones de funcionarios de la entidad, quienes en conversación con Interferencia acusan a Hernández de amedrentamientos e incluso amenazas.

Hernández es contador auditor de la Universidad de Chile, perito contable forense y magíster en didáctica para la educación superior, aunque su carrera la hizo principalmente en la Policía de Investigaciones (PDI), donde llegó a ser parte del alto mando institucional, como Jefe de Finanzas, jefe de Antinarcóticos y subdirector operativo.

En junio de 2018 fue nombrado administrador general de Dipreca, entidad dependiente del Ministerio del Interior. Posteriormente fue nombrado director subrogante, hasta que en diciembre del mismo año -a través de un decreto firmado por los entonces presidente Sebastián Piñera y ministro del Interior Andrés Chadwick- fue nombrado director nacional de Dipreca.

A medida que fueron avanzando los meses, la tensión entre los funcionarios y el director fue escalando, así como también con los dirigentes sindicales. Sin embargo, la situación se hizo insostenible para las presidentas de las asociaciones el 23 de septiembre del 2021. Según relata la presidente de una de estas asociaciones, Anfup, Janette Droguett, cuando la reunión había terminado, bajó por el ascensor junto al director nacional y otros dos funcionarios. Allí, según ella relata, Hernández le preguntó si seguía viviendo en Renca, comuna donde él también vivió. Ella respondió que sí, a lo que él le dijo “¿Y qué pasaría si te mando unos amigos a tu casa?”.

Según afirma Droguett, esta amenaza hacía referencia a sus “amigos” de la PDI y otros uniformados, algunos ligados también a servicios de inteligencia de la dictadura.

“Fue una amenaza directa a mi persona, situación reiterada, y con testigos, ahí estaba la fiscal institucional. Puede ser autoreferente, pero lo veo más allá de ser presidenta de una organización, como mujer y representante de una organización, detrás de mí hay funcionarios, a los que represento”, afirma Droguett.

La amenaza generó temor no sólo en la dirigenta, sino también en su familia, afectando por un tiempo el ánimo y el estrés de Droguett.

Esta no era la primera vez que Hernández ejercía maltrato verbal en contra de Droguett. Meses antes, tras ella recuperarse del Covid y volver a sus labores, él le había comentado que le hubiese gustado “que te intubaran”, haciendo referencia a los casos graves de Covid-19.

La dirigenta de otra asociación de funcionarios, Anfudi, Patricia Catalán, afirma que además de estas actitudes, el director nacional ha insistido en despidos de socios de ambas asociaciones, casos que en muchos casos terminaron en tribunales.

A estas acusaciones, se suman varios desencuentros de Hernández con los funcionarios de Dipreca, que en su mayoría son civiles. Uno fue el traslado arbitrario de trabajadores de Bienestar del Servicio, departamento que además tenía entre sus funcionarios a dirigentes sindicales de Anfup. La medida, en julio del 2021, que los dirigentes y trabajadores alegaron que no se apegaba al reglamento, terminó con un dictámen de la Corte de Apelaciones con orden de no innovar, y por lo tanto, que los trabajadores permanecieran en sus puestos de trabajo.

Hernández, también a principios de este año, intentó cerrar el casino de los funcionarios, en las dependencias de las oficinas de Dipreca, en calle 21 de mayo, en Santiago, que en promedio es ocupado por 200 funcionarios al mes. Pero la medida no llegó a concretarse. A esto se suma la fijación con la seguridad y vigilancia en el mismo edificio, que ha decantado no sólo en la contratación de más guardias de seguridad, sino también en la instalación de cámaras en casi todos los espacios del recinto.

La actitud de Hernández también se habría repetido en el caso de un funcionario profesional de la institución, que constantemente recibía comentarios de Hernández sobre su pelo largo y orientación sexual, caso que incluso llegó a Contraloría.

“Al funcionario, el director lo veía en el pasillo y le decía que parecía mujer, que de espalda parecía mujer y que generaba confusión”, cuenta Droguett.

“Es una manera de funcionar en la institución: el amedrentamiento. Amedrentar al dirigente, también genera temor en los funcionarios, ya que el dirigente tiene fuero, tiene cierta protección, pero los funcionarios no, y por ello temen que los despidan”, agrega la dirigenta.

Interferencia intentó contactarse con el director de Dipreca para obtener su versión de estas situaciones, vía telefónica y vía correo electrónico, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.

Buscando la remoción de Hernández ante Boric

Ante esta seguidilla de situaciones, las dirigentas han comenzado a apelar a las nuevas autoridades para solicitar remover a Hernández del cargo.  

“Entregamos dos cartas, antes de que asumiera el nuevo gobierno, en ‘la Moneda chica’. Y posterior a que asumieran, entregamos una carta al presidente Boric, a la ministra del Interior, Izkia Siches, y a la subsecretaría. También tuvimos una audiencia con autoridades  del Ministerio de la Mujer, ya que acá se han amedrentado dirigentas mujeres”, cuenta Patricia Catalán.

Esta semana se cumple un mes de haber sido emitidas ambas cartas al presidente y a la ministra, el 15 de marzo, por lo que esperan concretar una reunión lo antes posible.

Polémicos asesores

Entre las contrataciones que ha hecho Hernández en su cargo como director de Dipreca, para su gabinete, se encuentran las de cuatro ex funcionarios de la PDI, institución en la que se desempeñó por años. Las cuatro, con sueldos por sobre $1,8 millones de pesos, reciben además sus pensiones de la PDI, que fluctúan entre el $ millón y los $ tres millones de pesos.

Entre estos asesores contratados por Hernández, se encuentra Sergio Mellado Faúndez, jubilado de la PDI con una pensión de $ 3,4 millones y con un salario en Dipreca de $2,46 millones . El nombre de Mellado también aparece en el libro del periodista Javier Rebolledo La Danza de los Cuervos, del 2012, como ex agente de la DINA.

En el libro, Rebolledo relata que a fines de los años setentas la DINA crea el Cuartel Loyola, en la comuna de Quinta Normal, ubicado en Camino de Loyola, entre calles Marte y Neptuno. El recinto estaba a cargo del capitán del Ejército Ernesto Ureta Pernas.

“Último dentro de la cadena de mando estaba el subcomisario de la Policía de Investigaciones Sergio Mellado Faúndez. Mellado llegó a prefecto y fue jefe de Infor­mática y Telecomunicaciones de Investigaciones hasta 2009, año en que pasó a retiro. Este nombre lo recordó solo para este libro. No se en­cuentra en sus declaraciones por el caso” narra Rebolledo en su libro, aludiendo a la narración de Jorgelino Vegara, conocido como “el mocito”, ex agente de la DINA.

Posteriormente, agrega que Mellado, junto a Vergara y otros agentes de la DINA participaron en una operación para votar, de manera ilegal, en varios colegios para el plebiscito de 1980. Según se narra en el libro, los agentes se movían en grupo, de un colegio a otro de Santiago, para votar varias veces para aprobar la Constitución propuesta por la dictadura.

En un reportaje del 2008 del diario La Nación, también se menciona a Mellado Faúndez como un cercano al entonces director de la PDI, Arturo Herrera. También se menciona que Mellado fue un agente en terreno de la CNI, en la década de los ochentas.

“Según consta en tribunales, Mellado Faúndez ha declarado en varios procesos judiciales (entre otros, Operación Albania), debido a que fue agente operativo de la CNI, es decir, cumplió funciones en terreno. Ha declarado ante los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Joaquín Billard y Jorge Zepeda. Para muchos fue una sorpresa que el ex agente haya ascendido de jefe de una pequeña brigada comunal (Bicrim peñaflor) a una jefatura nacional”, consigna el artículo. 

Un año después de esa nota, Mellado jubiló.

Otro de los asesores contratados por el director de Dipreca es Fernando Antonio Vega Evaristi, pensionado también de la PDI con $1,8 millones y que actualmente gana por sobre los $ tres millones de pesos. Vega fue jefe de Finanzas de la PDI por años, cargo en que Contraloría, en 2018, lo responsabilizó, junto a otros funcionarios, por aprobar gastos en $ 1.000 millones de pesos de giras de estudios, según informó en su momento El Desconcierto.

Darío Andrés Ortega Moreno también es otro de los asesores del director de Dipreca. Jubilado de la PDI con más de $ 3 millones de pesos mensuales, ostenta un salario de casi $ 2 millones de pesos. Fue subdirector Operativo de la PDI y en agosto del año pasado fue llamado a declarar por la Fiscalía en el caso de uso de gastos reservados en la institución, donde se investiga a Héctor Espinosa. Espinosa es investigado por la malversación de fondos públicos por más de $ 140 millones de pesos.