Maturana Concha Jorge

Cinco oficiales y suboficiales de Carabineros en retiro, que formaron parte de una patrulla de aproximadamente 30 personas, compuesta por carabineros, militares y civiles de Mulchén, y que detuvieron, torturaron y posteriormente ejecutaron y/o desaparecieron a 20 personas en Mulchén y sus alrededores, fueron sometidos a proceso por la desaparición de tres campesinos en 1973 en la zona rural de Mulchén. 

Así lo determinó la titular del Juzgado de Letras de Mulchén, Rosa Gyacamán, quien acusó a los ex funcionarios policiales por el secuestro y posterior ejecución de los hermanos Rubilar Gutiérrez (José Roberto, José Liborio y Manuel). 

Los procesados son Jorge Maturana Concha, Osvaldo Díaz Díaz, Jacob Ortiz Palma, Juan Higuera Álvarez y Héctor Guzmán Saldaña. 

El caso por la desaparición de los tres campesinos había sido cerrado hace algunos años, pero una sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán ordenó a la magistrada reabrir la investigación.

 

El Juzgado del Crimen de Mulchén sometió a proceso al capitán de Carabineros Jorge Maturana, por el secuestro de un estudiante en dicha ciudad el 22 de septiembre de 1973.

Se trata del caso de Gabriel Lara Espinoza, un estudiante de tercer año de enseñanza media y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionara (MIR), quien fue detenido por un grupo de carabineros.

Además, el tribunal procesó a los civiles Samuel Arriagada y Roll Müiren por secuestro de José Orellana, hijo de un obrero del fundo "Berdún" de la misma comuna, según informó Radio Bío Bío

El Juzgado del Crimen de Mulchén sustancia cinco causas de derechos humanos, cuatro por presunta desgracia y una por inhumación ilegal.

Durante tres días, un destacamento de Carabineros, militares y agricultores detuvo, torturó y asesinó a 18 campesinos en la provincia del Biobío, en octubre de 1973. Nueve hermanos, de tres familias distintas, fueron obligados a luchar entre sí para salvarse. El horror que vivió gente inocente marcada por la venganza de sus patrones.

Pasaban ya las dos de la madrugada. Llevaban varias horas atados con cuerdas y alambres. No tenían agua, comida ni calor. Esa noche, el 6 de octubre de 1973, cayó agua-nieve sobre los techos de teja del potrero donde los habían puesto. El frío era casi insoportable para las 12 personas, todos trabajadores del fundo Carmen y Maitenes, detenidos en el día por la patrulla de Carabineros, militares y empresarios agrícolas que fue enviada desde el Regimiento de Los Ángeles.

Alejandro Albornoz González (48 años) intentaba echarse encima de sus hermanos Daniel (28) y José (32) para mitigar el frío que los hacía tiritar. Sus primos, Miguel (20), Ramón, Germán y José Albornoz Acuña, un poco más allá, rezaban al unísono. Al otro lado del terroso edificio, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez (33) intentaba hacer lo propio con sus hermanos José Liborio (28) y Manuel (25). Pegado a ellos, el último prisionero, Luis Godoy Sandoval (23), estaba mudo.

Tres carabineros los vigilaban apuntándoles con fusiles SIG. A esa misma hora, después de comer un "rancho" en la casa patronal de Carlos Lehman, administrador del fundo, llegó hasta el potrero techado el resto de la comitiva cívico-militar.

El oficial de Carabineros a cargo comenzó a insultar y patear nuevamente a los campesinos. Lo mismo hicieron los otros cinco uniformados, cuatro de Carabineros y uno del Ejército. Les molestaban los quejidos por el frío. El civil presente los conocía. Sabía que las familias Albornoz y Rubilar eran las más conocidas y numerosas del sector.

Los habían interrogado sobre un tal Carlos Altamirano y sobre escuelas guerrillas, pero lo único que admitieron fue que habían trabajado toda su vida en el fundo la mayor parte del tiempo y, algunas veces, en las tierras que un asunto que se llamaba Cora (Corporación de Reforma Agraria) le había quitado a sus patrones.

Las respuestas no evitaron que, a punta de manotazos, pateaduras y huaycazos les rompieran las costillas, además de la mandíbula a uno de ellos y la cabeza al menor de los Albornoz González. El frío y el hambre aumentaban el dolor.

Ninguno había terminado la escuela. Por esos lugares, dicen, se comienza a trabajar a los 14 años, entre animales, veranadas, el aserradero y los cultivos de trigo. La única radio, que estaba en la casa patronal, apenas captaba señales. Por eso, desde las elecciones de 1970 que no sabían nada de Allende y la UP, excepto por las tierras que, según habían escuchado con interés, estaban asignando a los campesinos, pese a que el patrón, Lehman, decía que eran robadas por el Gobierno.

El desafío

Las pocas salas de cine chileno ya habían estrenado, durante la década de los sesenta, "Espartaco", la famosa adaptación que el director Stanley Kubrick hizo de la novela de Howard Fast. Se trata de la historia del mayor alzamiento de esclavos ocurrida en el Imperio Romano y de su líder, Espartaco, quien recorrió la península itálica liberando a los esclavos de la explotación y poniendo en jaque el infame sistema que sostenía la fortuna de la nobleza romana. Una vez derrotados, los patricios ejecutan una feroz venganza contra los sublevados que querían libertad: los persiguen, los detienen, los torturan y los crucifican.

Pero el sadismo de esta historia, que fue real, concluye cuando Craso, el general romano que lo derrotó, obliga a Espartaco a batirse en un duelo de espadas con su amigo Antonino. La lucha tenía como objetivo librar a uno de ellos de la muerte más ignominiosa de la época: la crucifixión en la vía Apia.

El joven teniente de Carabineros que comandaba la patrulla, y más de alguno de los que lo acompañaba esa madrugada de octubre de 1973, debían haber visto o escuchado hablar de la película cuando estuvieron frente a los campesinos de Mulchén.

La patrulla salvaje

Jorge Maturana Concha aún no cumplía los 29 años. Siempre estuvo entre las notas más bajas de la Escuela de Carabineros. Partió en Ñuñoa, pero luego fue destinado a Los Ángeles y de allí a Mulchén. En octubre de 1973 tenía 28 años y seguía siendo teniente. Dos noches atrás, el mayor de la Segunda Comisaría de Mulchén, Sergio Neira (hoy fallecido), se reunió con él y con empresarios de la zona. De ese encuentro emanó un listado de personas que Maturana Concha debía detener y fusilar. Sin proceso, sin juicio, sin vergüenza.

Las arengas que se escuchaban desde el 11 de septiembre tenían entusiasmado al oficial de verde musgo. Era su oportunidad para mostrar sus virtudes. Sin dudar tomó a cuatro carabineros y a un suboficial del Regimiento de Los Ángeles, asignado especialmente. Completaban la comitiva siete civiles, en su mayoría dueños de fundo y de los predios más grandes del sector, que guiaron con precisión a los uniformados.

Primero en camión y luego a caballo, recorrieron los más de 40 kilómetros hacia el este de la ciudad. Se detuvieron en el fundo El Morro. Ese 5 de octubre detuvieron a los campesinos Juan de Dios Laubra, Domingo Sepúlveda, José Vidal, Celsio Vivanco y José Yáñez. Todos ellos fueron conducidos al retén del sector, que estaba abandonado.

Recién en diciembre de 2007, Maturana Concha confesó estos hechos a los detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos y, luego, al ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción Carlos Aldana. Hasta esa fecha, en todas sus declaraciones anteriores había mentido.

"Trasladamos a los detenidos a pie hasta el borde el río Renaico, donde di la orden de ponerlos en una fila, con su vista vendada, mientras el personal tomó posición frontal a los detenidos, dando la orden de disparar con un movimiento de mano; instrucción que cumplieron los subalternos dando muerte a los detenidos, quedando sus cuerpos tenidos (sic) en la ladera del río, luego nosotros continuamos nuestro camino", reconoció.

A caballo, y en forma de caravana de la muerte, los carabineros, militares y empresarios siguieron su camino hacia el fundo Carmen y Maitenes. Al otro día hicieron más detenciones. Los integrantes del destacamento que han reconocido alguna participación, reconoce que ninguno de los detenidos opuso resistencia.

Tras la larga jornada, Maturana ordenó que los uniformados y civiles se instalaran en la casa patronal, ofrecida por el dueño. Cerca de las dos de la madrugada, Maturana y el resto de la comitiva corrieron bajo el agua-nieve que caía para dirigirse al potrero techado, donde tres carabineros custodiaban a los 12 detenidos.

Espartaco y Antonino

Los campesinos estaban en mal estado y se quejaban. Fue el momento en que Maturana Concha adoptó la postura del general romano victorioso y les comunicó que al día siguiente algunos serían ejecutados, pero que otros podrían salvarse. Pocos minutos después, los hermanos Albornoz González, los Albornoz Acuña y los Rubilar Gutiérrez se turnaban en el centro de la habitación para pelearse a combos hasta dejar inconsciente al contendor. Según el teniente de Carabineros, los vencedores podrían sobrevivir.

Después de una hora, los prisioneros convertidos en gladiadores jadeaban en el suelo, ensangrentados, con ojos llorosos y conscientes del sadismo del juego. Maturana y el resto de la patrulla reían. Durante lo que quedó de la noche, dos de ellos fueron liberados. Otro, José Guillermo González Albornoz, fue amarrado al coloso de un tractor.

Al resto, relató Maturana Concha, "los trasladamos a unos 40 metros, ordenando que comenzaran a hacer una fosa de dos metros de profundidad y unos cuatro a seis metros de largo, exigiéndoles a los detenidos que se pusieran boca abajo y que todo el personal procediera a disparar, ocasionándole la muerte a todas las personas. Luego los funcionarios procedieron a tapar la fosa con la misma tierra y pasto".

Durante el 2 de abril último, el juez Aldana realizó varias reconstituciones de escena en el sector. Acompañado de detectives y 23 personas, entre inculpados (siete) y testigos, recreó la ruta y hechos ocurridos esos días de 1973. Tras tantos años de silencio y de angustias reprimidas, el dolor no pudo más y estuvo a punto de generar una delicada situación ese día.

Los sobrevivientes de ese juego macabro, los hermanos Germán y José Nieves Albornoz Acuña, increparon a los ex carabineros que, 34 años después, aparecían obligados a decir la verdad por un juez que los escuchó. Las descargas iban principalmente dirigidas a Maturana Concha, quien, en un comentario fuera de su declaración, reclamó a los detectives: "Hasta cuándo van a seguir con esta chacota". El propio ministro Aldana debió solicitar al personal policial que interviniera para evitar un pugilato entre ex uniformados y los ex prisioneros cuyas vidas, sienten, costaron las de otros.

Según el mismo relato, la patrulla, que había asesinado a 12 campesinos en 48 horas, continuó camino hasta el sureste. En los faldeos del cerro Pemehue continuaron las detenciones. La violencia aumentó. Las casas eran allanadas con suma violencia; niños y mujeres fueron golpeados a puntapiés y culatazos.

El mismo Maturana reconoce que en una de las casas obligaron a la familia a proveerles alojamiento y comida durante tres días, mientras tenían detenidos a otros campesinos. Algunos de ellos fueron llevados caminando, tirados por un cordel atado al caballo de los suboficiales.

Con la misma mano fría demostrada en Carmen y Maitenes, la matanza continuó. Alberto y Felidor Albornoz González, los otros hermanos que trabajaban allí, también fueron obligados a cavar su anónimo sepulcro, junto a José Gutiérrez y Jerónimo Sandoval. Sin cuestionar las órdenes ni un asomo de rebeldía, se metieron en la fosa, se echaron boca abajo y fueron acribillados. Otro detenido, Juan de Dios Roa, fue fusilado y semienterrado muy cerca de allí.

El horror ante sus ojos

Durante la noche, los miembros de la patrulla comieron y durmieron tranquilos. Al despuntar el 8 de octubre, el único militar de la patrulla, Luis Díaz Quintana, se percató que el prisionero que habían detenido en Carmen y Maitenes tres días antes, José Guillermo Albornoz González, seguía atado al coloso del tractor, a la intemperie, sin comida ni agua, con la mandíbula fracturada, las muñecas sangrantes por los alambres, defecado y orinado. Aún no está claro por qué este campesino, el último hijo varón sobreviviente de la familia, fue llevado allí. El militar que lo encontró declaró: "Acompañé a Ortiz, pasamos el río y Ortiz me dijo que yo lo matara. Pero yo no andaba armado, por lo que él sacó su arma y lo mató".

En cuatro días, 18 campesinos fueron detenidos ilegalmente, torturados, sometidos a juegos sádicos, asesinados brutalmente, algunos lanzados al río y otros enterrados en fosas.

Los familiares, que permanecían dentro de sus casas, amenazados por un toque de queda impuesto, comenzaron la búsqueda de sus seres queridos dos días después que la patrulla se fue. Los Roa dieron con su padre. Su hijo Pedro Roa Castillo, hoy de 44 años, era un niño cuando su padre fue detenido. En 2003 relató el horror que le tocó vivir: "Allí encontraron a mi padre, estaba siendo comido por perros, la cabeza estaba aparte del cuerpo, y procedimos a hacer un hoyo en el mismo lugar para enterrarlo. Lo mismo se hizo con otros cuatro cuerpos más, siendo enterrados estos últimos a orillas del río Renaico. Todos quedaron con una cruz. A la tumba de mi padre le hicimos una cerca de madera, sin pintar". 

Un equipo de LND recorrió 2.500 kilómetros, en tres regiones del sur de Chile, para escudriñar en los secretos de las matanzas más feroces de campesinos ocurridas en la dictadura. Detrás de esos crímenes estuvieron terratenientes, comerciantes y vecinos que hicieron la guerra sucia aliados con militares y carabineros. A 35 años de estos crímenes, y a pesar de que en algunos casos ha llegado la justicia, la mayoría sigue libre y aún recorren como amos y señores los campos, pueblos y caseríos del país.

Fue la venganza que aterrorizó poblados enteros, amparada cada vez en la oscuridad de la noche. Los autores de los crímenes de campesinos y trabajadores de otros oficios fueron civiles amos del lugar, que tras el golpe militar y aliados con los militares y la policía uniformada, decidieron la vida y la muerte de las víctimas que eligieron. Algunos actuaron disfrazados con atuendos de guerra, preparados y decididos a exterminar a quienes habían defendido sus derechos contra la explotación instalada desde siempre en los campos. A veces, desde antes de la asonada golpista, ejercieron tareas paramilitares junto al movimiento de ultraderecha Patria y Libertad. Otros actuaron vinculados a distintos grupos de corte fascista organizados para oponerse por la violencia a las conquistas de los trabajadores en los años del sueño socialista. Pero todos respondieron con el odio de presenciar cómo sus eternos súbditos y servidores de sus deseos reproductores de la fortuna, les ganaban terreno contrarrestando humillaciones y atropellos de su dignidad y la de sus familias. Especialmente al interior de los fundos donde la ley era el patrón.

Historias dramáticas donde en algunas ocasiones los mismos padres o parientes culparon a los suyos por involucrarse en las luchas sindicales por mejoras laborales, justificando a sus patrones, a estos activistas civiles y a los militares, por haberles dado caza y hacerlos desaparecer.

En cada ciudad, en cada pueblo o caserío precordillerano donde la muerte llegó vestida de civil o disfrazada de verde olivo, el terror infundido por la mano de estos poderosos permanece hasta ahora. Sus habitantes se muestran hostiles a las preguntas sobre aquellos tiempos. Invocan el olvido por el paso del tiempo, o simplemente confiesan mirando alrededor que todavía temen a que regrese el azote que llenó de sangre las calles y senderos rurales.

Algunos de estos civiles autores de las masacres todavía se pasean por los mismos recorridos que frecuentan los familiares de los caídos para comprar el pan del día. A veces los escupen al pasar, insultándolos por haberlos llevado a sentarse en las bancas de los acusados en un tribunal.

Las madres o hermanos que se atrevieron desde temprano a vencer el miedo de la amenaza constante persiguiendo judicialmente a estos hechores, sufrieron el doble castigo de perder a los suyos y recibir el desprecio de sus vecinos. Y hasta de los propios compañeros de combate de sus deudos, que cruzaron al otro lado de la vía para esquivar aquellos ojos tristes y desamparados que nunca dejaron hasta hoy de buscar a sus desaparecidos.

La Nación Domingo recabó la lista de los 51 civiles procesados o condenados por el secuestro y desaparición, o por los homicidios, de operarios del campo y otros que ejercían múltiples oficios. Del total, 15 corresponden a alemanes de Colonia Dignidad, que no son abordados en este reportaje porque sus andares son conocidos. Sin embargo, en la gran mayoría de los otros 36, sus identidades y acontecimientos permanecen todavía desconocidos públicamente.

El equipo de tres periodistas de LND recorrió 2.500 kilómetros y cruzó tres regiones entre Osorno y Los Ángeles, incluyendo zonas precordilleranas, para rehacer la ruta de la venganza. Todo sucedió en medio del temporal más grande de los últimos 30 años, que dejó 17 mil damnificados, sorteando con su vehículo carreteras y caminos interiores inundados.

Miguel Ángel Fuentealba tenía cinco años cuando el 10 de octubre de 1973 el negro de la noche se tiñó de rojo en el caserío de Liquiñe, 150 kilómetros al este de Valdivia, cerca de la frontera con Argentina. A su padre lo llevaron junto a otros diez campesinos sobre el puente del río Toltén en Villarrica, le dieron varios tiros y le abrieron el vientre con corvo para que su cuerpo no flotara y desapareciera en la corriente.

Miguel, hoy en los cuarenta, por muchos años no supo qué pasó con su padre, Isaías. Por las tardes se peinaba bien, se ponía su mejo r ropa, "y bien lustradito me sentaba en un sillón que había afuera de la casa a esperar que mi viejo volviera en la micro del fundo en la que siempre llegaba". Tartamudea un poco, lo que le sobrevino desde entonces, mira a los ojos, y de repente su voz se hace más leve por la emoción del recuerdo. Afuera, en las calles de Villarrica, donde lo encontramos en un café, la lluvia es imponente.

Luis García Guzmán era el hijo de Julián, dueño de las Termas de Liquiñe, rabiosos anticomunistas ambos. La hostería y cabañas del complejo sirvieron de cuartel general para la cacería. Allí, Luis García y su padre, ya fallecido, le hicieron la lista de quiénes había que cazar al capitán Hugo Guerra Jonquera, que llegó con fuerzas militares de Valdivia. Los García pusieron también los vehículos para transportar a los detenidos hasta su destino final.

Once campesinos de los fundos Paimún, Trafún y Carranco sufrieron la condena que les impusieron estos amos y señores del pueblito.

El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, al que pertenecían los tres predios, la mayor área maderera en hectáreas y poder de los campesinos de la historia de Chile, fortalecido durante el Gobierno de Allende con José Liendo Vera, el "comandante Pepe", como su principal líder, fue temido entonces por los terratenientes de la precordillera de la X Región. Ahora era el tiempo de la reversa, cuando había que cobrar en vidas.

Pero esa noche la esposa de Luis García, María Hernández Calderón, vio todo. Veinte años después, García la abandonó con sus dos hijos por otra mujer, y fue ella quien ahora se vengó y denunció lo que presenció aquella noche de octubre: los once campesinos amarrados y vendados arriba de los vehículos de los García, y su marido manejando, uno de ellos vestido de militar. Ella vio salir desde la hostería el convoy de la muerte destino al río Toltén.

Refugiados de la lluvia bajo el alerón del edificio donde habita en Villarrica, María habló con LND para contar su desdicha. Pero después de su confesión a la justicia en 2005, García la visitó y con amenazas la obligó a firmar una carta desdiciéndose de sus declaraciones donde relató lo sucedido.

"Le firmé la carta para que me dejara tranquila, porque era prepotente, ya nadie lo quiere por eso". Pero meses después, la mujer arremetió de nuevo y volvió a ratificar sus dichos en el proceso que se instruye por este episodio. Sorprende su entereza y valor, y sus ideas claras. Huimos del frío y la lluvia y nos acompaña a tomar chocolate caliente para entibiar los recuerdos amargos.

Como una jugarreta del destino, Luis García, que también fue "alguacil" de Carabineros, bautizó su actual negocio de maderas nativas con el nombre de uno de los fundos de la tragedia: "Maderas Nativas Paimún S.A.", en la carretera entre Villarrica y Lican Ray. Allí lo buscamos sin suerte. Su mujer dice que está en Santiago.

Miguel Ángel, uno de los cinco hijos que dejó su padre, Isaías, no oculta que por mucho tiempo pensó en matar a los García cuando años después supo la verdad. De adolescente debió trabajar en las termas porque eran los únicos que en el villorrio daban trabajo. Su madre, Honorinda, también sirvió para los señores. Y los García con sus compinches militares siguieron acudiendo a festejar y cantar con la guitarra a la fonda de su abuela en Liquiñe.

"Hay todavía una esperanza de que él vuelva, aunque sé que es irracional Mi hija me dice a veces: ¿y si el abuelo está vivo en otro país? Es que la mente es tan extraña", divaga Miguel Ángel, mirando por la ventana del café a la calle mojada.

En octubre de 1994, los García vendieron el complejo turístico a la Armada, que lo adquirió en 196 millones de pesos, bajo la lupa del notario de Panguipulli Leonardo Calderara.

Consultado el comandante en jefe, almirante Rodolfo Codina, afirmó desconocer el trágico pasado de lo que ahora es un sitio de esparcimiento para oficiales y gente de mar. "Desconozco si estas termas tenían alguna vinculación con violaciones de los derechos humanos", respondió el almirante a LND.

En Liquiñe, las tías de Miguel Ángel, Gloria y Marta, se sorprenden con nuestra llegada a preguntar por aquel pasado que ellas y todo el pueblo quisieran enterrar para siempre.

Suenan violentas las expresiones de cariño hacia "el abuelo Julián" y "don Lucho", los García que ayudaron a matar a su cuñado Isaías. Marta es directa: "Él se lo buscó, para qué anduvo metido en tonteras", sentencia en defensa de los amos del caserío. Y completa el sentimiento advirtiendo que fue Isaías el verdadero culpable de su propia muerte y no los García. Las palabras de la mujer parecen su propia sentencia en el almacén donde la encontramos. Su hija también habla familiarmente del "abuelo Julián" como si fuera el suyo propio.

Hace un par de años, el pueblito de Liquiñe salió a las calles con banderas y pancartas para apoyar a Luis García, después de que éste fue condenado en primera instancia a cinco años y un día como autor de los secuestros y desaparición de los campesinos. "Don Lucho" llegó pidiendo firmas de apoyo en su favor, y casi todos los 1.200 habitantes del lugar lo respaldaron y abrazaron.

Es la vida real y contradictoria de estas aldeas donde a veces parece que ni el mismo Cristo llegara todavía. Tan contradictorio como el cielo tormentoso que de repente se abre en un descanso del diluvio, y en medio de la oscuridad, la soledad y el silencio más pleno nos devela su manto de estrellas y constelaciones que sobrecogen y que contemplamos entumidos, con respeto a la inmensidad y al misterio de ese universo del sur.

Bajando hacia el norte, en la VIII Región, está Santa Bárbara. Desde ahí, más de 30 kilómetros hacia la cordillera, un interminable camino sinuoso, lleno de barro y plagado de bosques forestales, termina en el imponente fundo El Huachi. Lo antecede sólo el caserío del mismo nombre, humilde a su alrededor, que parece una prolongación azarosa del campo propiedad de la familia Barrueto Barting. No es casualidad que todos los conozcan, ya que muchos de los lugareños trabajan sus tierras y se instalaron ahí buscando una forma de subsistir.

Para llegar hasta el fundo donde viven los hermanos Manuel y Ricardo Barrueto sólo basta con pronunciar su apellido y los brazos se alzan siempre en la misma dirección, profundo hacia los bosques. Ya al interior de la propiedad, una de las empleadas de la casa con impresionante vista al río Huequecura nos cuenta que "el patrón" salió de mañana, debido a que tiene otro domicilio en Los Ángeles y que alterna su permanencia entre ambos lugares. "Está algo enfermo, partió a hacerse unos exámenes, lo más probable es que llegue mañana o pasado", dice con amabilidad.

Tras la desalentadora respuesta, la vuelta hacia Santa Bárbara se hizo inevitable. Luego de avanzar por colinas escarpadas, apareció el camino que indicaba la salida del fundo. Pero el portón está bloqueado por una moto todo terreno que se encuentra atravesada, como si fuera un pino más de los miles que los Barrueto tienen en su predio dispuestos para la tala. A un costado del vehículo, un hombre alto espera en actitud amenazante. Tiene pelo cano, ojos secos y el rostro envuelto en un par de mejillas pálidas. Usa un jockey rojo y con la mirada baja se acerca inquisidor. En una mano lleva una cámara fotográfica digital; la otra se posa sobre un bulto ubicado en su cintura. Luego de escrutar el automóvil y a sus integrantes, su pequeña boca cuenta escuetamente que es Ricardo Barrueto Barting.

No lo reconoce, pero él es uno de los dos hermanos que actualmente se encuentran procesados por el secuestro de seis campesinos, recién ocurrido el golpe, todos ellos empleados en su fundo

Sin más trámite nos expulsa de la propiedad; no hay más preguntas. "Acá no se entra sin mi permiso", sentencia. Toma una fotografía de nuestro automóvil y de la patente, mientras nosotros lo inmortalizamos de vuelta con nuestra cámara.

Veinticuatro horas más tarde nos enteraríamos que a la empresa Seellmann Rent a Car llamó un supuesto detective de la Policía de Investigaciones, donde fue arrendado el vehículo, para pedir los datos de los arrendatarios, argumentando que había sido utilizado "por activistas mapuches para causar disturbios".

Doña Norma Panes conoce bien las tretas de Ricardo Barrueto. En 2006 luego de que el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción Carlos Aldana asumiera varias causas de derechos humanos en la zona del Biobío tuvo un careo con él. Se dio en medio de la reconstitución de la escena por los 20 secuestros de obreros y campesinos que sufrió la localidad de Santa Bárbara entre septiembre y octubre de 1973 y que tienen hasta ahora a muchas familias sin conocer el paradero de sus padres, maridos, hijos o hermanos. Ahí, frente a su rostro, Ricardo le señaló que la noche en que su marido, Miguel Cuevas Pincheira, "fue sacado de la casa en calzoncillos por hombres uniformados", él no estaba ahí.

Pero ella asegura que los Barrueto fueron parte del grupo de civiles que, disfrazados de militares, se llevaron a su marido en medio de la noche del 20 de septiembre. Norma Panes dice que los vio claramente y también su hija. Al mostrarle la foto actualizada (ver imagen) que obtuvimos de Ricardo Barrueto, Norma no duda: "Es él". Su rostro, como el de Manuel, quedaron grabados en su memoria con tanta fuerza como aquellos años en que su marido fue un trabajador más del fundo El Huachi, labor que alternaba con su oficio de zapatero.

Los testimonios de las familias de seis campesinos más que trabajaban en El Huachi, secuestrados el mismo día y en horas cercanas, permitieron que en 2002 se procesara a los Barrueto y a los civiles Sergio Fuentes Valenzuela, Jorge Domínguez Larenas y los también hermanos Jorge y José Valdivia Dames, quienes conformaron una verdadera mini-Caravana de la Muerte. Norma lo grafica de la siguiente forma: "Ese día lo que hizo el grupo de civiles, todos ellos miembros de Patria y Libertad, junto a los carabineros fue, literalmente, limpiarle el campo a los Barrueto".

Luego, un recuerdo de los años posteriores a la desaparición de su marido viene a su mente: "Todos ellos eran amigos entre sí. En una ocasión, en plena dictadura me topé con un par en una esquina. Como sabían que yo todavía buscaba a mi marido, me escupieron a la cara", dice.

La actitud de los Barrueto, al parecer, no es muy distinta. Tras mover la motocicleta para dejar libre la vía, minutos después, uno de los campesinos nos hizo dedo para acercarlo a la carretera que une Ralco con Los Ángeles. En el camino contó que Barrueto le había consultado si sabía de quién era el vehículo blanco que había ingresado sin permiso al fundo. Y nos advirtió sobre Ricardo: "Cuando los vio entrar a ustedes dijo que de aquí no salían". El joven, un sencillo trabajador forestal, con lucidez agregó que "es un hombre malo, prepotente, un carajo como patrón, que paga apenas para subsistir. Se aprovecha del sufrimiento y la necesidad del trabajador".

Actualmente, los civiles responsables de la matanza permanecen procesados.

Luego de ejecutarlos, la mayoría fueron lanzados al río Biobío desde el puente de Santa Bárbara.

Unos pocos kilómetros al sur de Santa Bárbara, en Mulchén, otra ola de secuestros se llevó a cabo gracias al trabajo coordinado de civiles y Carabineros. Organizados de la misma forma, pero en esta ocasión vestidos con sus ropas, llegaron en la noche a buscar su venganza. Una de ellas recayó sobre el obrero y dirigente de un sindicato campesino José Orellana Gatica. Sus aprehensores: Rolf During Pohler y Samuel Arriagada Domínguez, más el contingente policial a su servicio. El motivo era claro: el obrero trabajaba dentro del fundo Verdún (nombre que alude a la sangrienta batalla de la Primera Guerra Mundial protagonizada por alemanes y franceses), cuyos dueños eran los padres de During.

La esposa de José Orellana, Sara Mendoza, recuerda que la noche del 28 de septiembre del ‘73 el piquete llegó afuera de la casa que tenían al interior de la propiedad patronal. Sin preguntar abrieron fuego y luego de unos instantes botaron la puerta. Tomaron a su marido y lo sacaron a la fuerza. No le fue difícil reconocer a During y a Arriagada, ya que siempre los veía juntos dentro del fundo. Desesperada, salió con un candelabro, pero de un balazo lo volaron de su mano. El padre de José, quien también vivía ahí y trabajaba para los During, no se levantó. Su esposa le rogó que intercediera a favor de su hijo, pero el hombre, fiel a su patrón, le contestó que se callara y siguiera durmiendo. Pocos días después, el hombre echó a Sara del fundo y continuó trabajando para los During durante toda su vida. En ese momento ella tenía 21 años y seis meses de embarazo.

Para el equipo de LND fue imposible dar con Rolf During, ya que se mueve entre varias propiedades que mantiene entre la VIII, IX y X Región. Sin embargo, encontramos a su hasta ahora inseparable amigo, Samuel Arriagada, con quien viajó en el mismo vehículo a declarar por este caso a la Corte de Apelaciones de Concepción.

También hijo de latifundistas, pero hoy venido a menos, Arriagada no figura en ningún registro público. Sólo la casa a nombre de su hermana nos alerta sobre su posible presencia. Es una casona de madera, antigua, ubicada en la esquina de las calles Soto y Villagrán. En un pequeño almacén, ubicado a un costado, nos confirman que en esa casa vive Samuel Arriagada y que si bien es un personaje poco afable, no saben que esté involucrado en crímenes cometidos durante la dictadura.

Ante la presencia de una cámara fotográfica, de todas las personas que pasaron por el lugar, el único que puso mirada sospechosa y se molestó cuando fotografiaban el frontis de la casa fue un tipo de unos 65 años, que vestía casaca y blue jeans. A los pocos segundos ingresa al domicilio y ya no queda duda: es Samuel Arriagada.

Consultado por su situación procesal, al principio negó estar involucrado en ningún juicio. Al recordarle que estuvo detenido varias semanas, en 2003, dice no tener nada que ver y que no confía en la prensa. No aceptó más preguntas, sólo se mantuvo con la vista fija hasta que nos perdimos de su esquina.

Su hermetismo silencioso contrasta con la imagen que se llevó Sara cuando se careó con él. "Le faltó sólo pegarme", recuerda. Pero ella nunca se achicó. "Cada vez que los encontraba en el banco o en algún lugar, yo llegaba con mi hijo en brazos y le decía, sobre todo a Rolf: ‘Mátame a mí también’. Él siempre se limitaba a bajar el rostro. Su madre llegó a ofrecerme dinero para que yo dejara de acusarlos. A mí eso no me interesaba. Ni un peso les acepté", cuenta la mujer de ojos negros y sonrisa tierna.

La actitud combativa de Sara es aislada. Los hermanos de José, por ejemplo, se negaron a realizarse exámenes de ADN en el Servicio Médico Legal para determinar si algunos de los restos óseos encontrados en diversas partes de Chile pueden coincidir. "Tienen miedo de que el golpe vuelva y arrasen con todo nuevamente", advierte Sara.

De todas formas, para ella siempre pudo más la añoranza de volver a encontrar a su marido. A pesar de que vivió 20 años con otro hombre y tuvo un hijo con él, no duda en mostrar sus cartas. "Elijo a José cien veces. Mis mejores momentos son cuando sueño con él. Estoy a su lado y me dice que deje de buscarlo. Ahí lo escucho y soy feliz. Cuando despierto todo cambia", cuenta.

Aunque ninguno de los dos confesó el secuestro, actualmente Samuel Arriagada está condenado en primera instancia a cinco años y un día de presidio por el secuestro calificado de José Orellana. A Rolf During, en tanto, se le impusieron 10 años. El motivo es que el descendiente de alemanes guarda otro muerto bajo la mesa. En este último caso sí reconoce que fue uno de los que apretó el gatillo.

En su declaración judicial ante el ministro con dedicación exclusiva Carlos Aldana, Rolf During reconoció que el 28 de septiembre, mientras hacía guardia de apoyo a Carabineros, recibió a Jorge Narváez Salamanca, quien llegó detenido en compañía de "un grupo de personas". No recuerda quiénes eran. Posteriormente, relata During, subió a un auto y se sentó al lado de Narváez hasta que llegaron al retén de Quilaco, un pequeño pueblo ubicado a pocos kilómetros de Mulchén. Ahí los esperaba el teniente de Carabineros Jorge Maturana (también condenado). Luego de una hora de espera, lo llevaron hasta el puente Quilaco, ubicado sobre el río Biobío, lo sentaron sobre una de las barandas y luego procedieron a ejecutarlo.

El otro civil que estuvo presente en la escena del crimen, José Horacio Pacheco Padilla, también declaró que During fue uno de los tres que disparó. Respecto de su participación, señaló que participó de la detención y que, como no estaba armado, sólo fue testigo ocular.

Sin embargo, Pacheco Padilla era compañero de colegio en el Liceo de Hombres de la ciudad de Jorge Narváez (iba un curso más arriba), pertenecía al grupo Patria y Libertad y también al grupo de apoyo civil a Carabineros. Por otro lado, Narváez tenía entonces 15 años, militaba en el MIR. De ahí que la evidencia judicial apunta a que fue él quien entregó el nombre de su compañero.

Cuando se pregunta por José Pacheco, en Mulchén su nombre suena conocido. "Maneja un colectivo de esos de letrero amarillo", comenta un vecino. La descripción agrega que trabaja para la "línea número 2", que tiene su garita al final de la calle Victoria, casi en el límite urbano de la pequeña ciudad. Es una casucha verde de madera, rodeada de los clásicos vehículos negros que llegan y se van. El resto de los colectiveros dicen que Pacheco maneja un Chevrolet Corsa, el único que hay en la línea. Además, todos cuentan que es un tipo afable y simpático. Ninguno de ellos reconoce saber que tenga algún tipo de problemas con la justicia. Lo consideran un hombre tranquilo que vive junto a su familia.

Tras unos minutos de espera, el vehículo aparece. De su interior desciende un tipo de unos 52 años, robusto, panzón, canoso y de bigote. Se apresura a indagar el motivo de nuestra presencia. "Una carrerita hacia Los Ángeles", le respondemos como excusa para saber cómo se desenvuelve a pesar de su pasado. Decide posar junto a su vehículo, con absoluto relajo.

En más de 32 años, nadie, excepto uno o dos familiares de las víctimas, le recordó su crimen: haber sido parte de un grupo de voluntarios que detuvieron ilegalmente a Jorge Narváez Salamanca, y participar en su ajusticiamiento.

Al igual que Rolf During, durante años Pacheco negó su participación en la muerte de Narváez. Sólo en los últimos años la memoria se le ha refrescado. Actualmente está condenado a cinco años y un día. Si se confirma su sentencia de primera instancia, tendrá que ir a prisión. During también.

La metralla y el zumbido de las balas rompían el silencio de la noche del sur. Hoy, a medianoche, en los rincones de la X Región se sigue oyendo el batir de los árboles resistiendo el viento, las gotas de agua que caen desde las ramas y el murmullo de la fauna nocturna. La noche del 16 de septiembre de 1973 fue una de aquellas donde no fueron los truenos los que rasgaron la naturaleza, sino las ráfagas de las armas de uniformados y civiles que se descargaban contra campesinos, que eran parte generacional de esa naturaleza.

Esa misma fecha, a la misma hora, la familia Valderas se preparaba para dormir. Aunque habían sabido del golpe en Santiago, ellos no pensaron que las caravanas de la muerte que se desataron en el país podrían llegar hasta ellos. Es más, los 16 hermanos que componían la familia comenzaban a llegar para juntarse los días de Fiestas Patrias.

Todo esto hasta que se oyeron los pasos de varios hombres que se venían sobre la humilde vivienda, ubicada a 200 metros del camino que bordeaba el lago Puyehue. Flavio, el hijo mayor, se topó casualmente a mitad de camino con el grupo, cuando se dirigía a la letrina. "Alto ahí, buscamos a Flavio Heriberto Valderas, no te movái conchetumadre; te vamo a matar, culiao", dijo un carabinero. Un culatazo le quebró el arco superciliar derecho al joven y le desprendió parte de la piel. "Mi madre dijo que se le había salido el ojo del golpe", relata su hermana Luz Marina.

En su sencilla casa, ubicada en calle Diego de Almagro, ella relató a LND que "mi hermano era un chiquillo tranquilo, trabajador, que hacía un par de semanas se había peleado con un carabinero, y éste lo había amenazado. Esa noche, Barrientos acompañó a la patrulla de Carabineros, los guió y les facilitó vehículos. También les indicó donde vivía ‘Cantarito’ y entró con el destacamento para señalarlo, porque también pensaba que mi hermano le había trancado la puerta de su casa para molestarlo".

Consta en el expediente del caso que Flavio Heriberto nunca tuvo una actividad política y que su muerte, más bien correspondió a una venganza personal.

Pero Luz Marina Valderas no ha olvidado ninguna de las numerosas ocasiones que ha tenido que encontrarse con Jorge Barrientos Camadro, en Osorno. La justicia dice que fue uno de los responsables del secuestro y posterior desaparición de su hermano Flavio Heriberto, a quien apodaban "Cantarito".

Actualmente, Barrientos es un tipo que viste siempre con chaqueta, blue jeans y botas. Usa un sombrero de huaso y se moviliza en un todo terreno. Tiene dos fundos: uno en Puerto Octay y otro en Puyehue. Su vida, en los últimos 35 años, ha sido tranquila, a excepción de sus constantes arrebatos violentos y su conocido mal genio. El ex dueño de la Radio Sago, Pedro Burgos, relató a sus cercanos sobre una reunión en el club de caza y pesca local, donde asistió el sujeto. El anciano relató cómo Barrientos sacó de su cintura una pistola para disparar al aire porque no estaba de acuerdo con una decisión. Así ha pasado su vida, entre los fundos, la Feria Tattersall de ganado y, recientemente, desfilando por tribunales y pasando un tiempo en la cárcel.

Luz Marina hace muchos años que trabaja para el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ella cuida el departamento que el legislador mantiene en un céntrico edificio. Pero también trabaja, desde hace años, como garzona en eventos.

"Una vez me tocó el cóctel de inauguración de una planta de secado de Soprole. Yo servía en una bandeja y tuve pasar por su lado. Me conoció y me botó la bandeja de un manotazo", recordó la mujer.

Tampoco dice olvidar el odio con que la miró la mañana en que, nuevamente por casualidad, pasaba a dejar las llaves de su camioneta a un puesto de flores, antes de partir a Concepción, donde le esperaban varios días de prisión preventiva, el único tiempo que ha estado privado de libertad por la desaparición forzada del campesino.

Luego del recorrido, constatamos que a 35 años de las matanzas, estos "señores" siguen siendo los amos de sus pequeños reinos, cuyos súbditos les siguen temiendo, como si fuera hoy esa misma fatídica noche que muchos habrían preferido no vivir.

La operación “Retiro de Televisores” fue la solución que dio Augusto Pinochet para encubrir las matanzas ocurridas a lo largo de Chile tras el golpe de Estado. Esta cruel decisión fue tomada por él y la Junta Militar tras el descubrimiento de los cuerpos de 11 campesinos y 4 jóvenes de Isla de Maipo, en los hornos de Lonquén.

Era el penúltimo día de noviembre de 1978, cuando el horror emergió de unos hornos de cal abandonados en la localidad de Lonquén, a pocos kilómetros de Santiago. La denuncia había llegado a la Vicaría de la Solidaridad de boca de un campesino que hurgaba la tierra buscando a un hijo detenido desaparecido. Primero fue un secreto sólo conocido por el Cardenal Silva Enríquez, el Vicario de la Solidaridad Cristián Precht y un grupo reducido de colaboradores de la Vicaría de la Solidaridad, luego una cruda realidad sobre el destino que habían tenido 15 personas detenidas que se encontraban desaparecidas hasta ese momento.

La noticia de este hallazgo inquietó a Pinochet, no figuraba en su agenda. Él tenía claro que los desaparecidos no se habían escapado del país, que no andaban por el mundo desprestigiando a la dictadura militar. Sabía que tras cada detenido desaparecido estaba su mano, así que llamó a una reunión de emergencia a la Junta Militar para buscar una solución rápida y prevenir posibles descubrimientos casuales de inhumaciones a lo largo del país.

Era un verano caliente para la dictadura. El descubrimiento de cuerpos inhumados en forma clandestina y su rápida difusión en la prensa internacional, se sumaba a las fuertes presiones del gobierno norteamericano para extraditar a Manuel Contreras y Pedro Espinoza por el atentado terrorista en Washington contra Orlando Letelier, debilitando aún más su posición en el plano internacional en momentos que enfrentaba una grave crisis limítrofe con Argentina.

Ese año, las presiones de la Casa Blanca por el atentado en Washington habían obligado a Pinochet a tomar la decisión de terminar con la DINA, pero no podía quedarse sin un servicio de inteligencia que respondiera a sus intereses. Así, el 12 de agosto, promulgó dos decretos con Fuerza de Ley: el 1876 que terminaba con la DINA y el 1878 que creaba la Central Nacional de Informaciones. Para que todo estuviera en regla asciende a general de la República a Manuel Contreras, completando los requisitos que exigía el cargo de director de la naciente CNI. Las presiones norteamericanas siguieron, al igual que las investigaciones, por lo cual Pinochet decide retirar a su leal servidor y buscar a un general que le diera garantías a él y a los norteamericanos. El elegido fue el general en retiro Odlanier Mena.

Odlanier Mena era un hombre de la Inteligencia Militar, que se había ido a retiro tras intensas peleas con el director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda. Pinochet, para tranquilizarlo, le había dado el cargo de embajador en Uruguay, plaza no despreciable para un general en retiro, puesto que estaba cerca de casa y no había conflictos, ni sobresalto con la dictadura cívico–militar de José María Bordaberry, aliada de la dictadura militar chilena.

El 3 de noviembre de 1977, Contreras es llamado a retiro y reemplazado por el general Odlanier Mena. No fue fácil el cambio. Contreras había acumulado mucho poder y ascendiente sobre su gente, que gracias a la impunidad reinante se habían ganado la fama de inescrupulosos entre sus pares. Mena estuvo reticente cuando lo solicitaron para el cargo y se lo expresó a Pinochet. El argumento más contundente fue que no podía asumirlo por ser un general en retiro y la ley creada decía expresamente que su director debía ser un general en servicio activo. Pinochet, demostrando su poder, le respondió que no había problemas, que dispondría inmediata- mente un cambio donde se dijera que el director podría ser un general en servicio activo o en retiro.

En eso estaba en diciembre de 1978, cuando concurrió a la oficina de Pinochet para que le firmara varios documentos. A la entrada se encontró frente a frente con el general Mendoza que salía muy perturbado de la oficina. No alcanzaron a saludarse, sólo escuchó “Odlanier, estamos discutiendo sobre el hallazgo de Lonquén y la enorme conmoción pública que este hecho produjo en el país. Me han ordenado que presente un informe detallado porque esta situación yo mismo la desconocía”.

Sorprendido, entreabrió la puerta y vio que estaban el almirante Merino, el general Leigh y Pinochet discutiendo. En ese momento, un edecán lo hizo pasar. Lo saludaron sin tomar demasiado en cuenta su presencia y siguieron realizando comentarios, analizando posibles escenarios y buscan- do la forma de encubrir los crímenes.

Mena escuchaba atento en una esquina de la mesa. En algún momento surgió la idea de disponer de las instituciones para realizar “la búsqueda de cementerios clandestinos a lo largo del país” con el fin de borrar toda huella del actuar criminal. La idea encerraba una visión aterradora, era un doble crimen: tras la muerte, la desaparición.

La Operación

A pesar de la detallada descripción que Mena hace de esa reunión a la justicia, respondió no tener más antecedentes sobre el destino que tuvo la idea de la búsqueda de “cementerios clandestinos”. Fue el ministro Juan Guzmán quien logró esclarecer el curso que tuvo esa reunión y como se había ordenado la remoción de fosas a través de la “Operación Retiro de Televisores”.

El año 2004, el juez Guzmán y el Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones recibieron el testimonio de un suboficial de Inteligencia que señalaba haber recibido un criptograma categoría A–1 –nomenclatura que determina el nivel de urgencia y secreto de la misión– mientras estaba en el Regimiento Húsares de Angol, el año 1979.

El relato sin pausa detallaba datos y situaciones que hablaban del con- texto de la época y comenzaba a dar cuerpo a una serie de vacíos que habían quedado tras la apertura de fosas en Liquiñe y otros puntos del país.

Según su declaración, por la categoría del criptograma había corrido a la máquina decodificadora para descifrarlo. Cuando lo pudo leer, al ver que provenía del propio general Pinochet, lo llevó en forma inmediata a la ofi- cina del comandante del regimiento. Fue tanta su impresión que no olvidó su texto y como si recién lo leyera le dijo al Juez que, “ordenaba desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer”.

 El texto del criptograma agregaba que, si se encontraba algún cuerpo tras esa operación de limpieza en la zona, pasarían a retiro los oficiales a cargo de la misión.

Masacre de Mulchén

La orden comenzó a ejecutarse en el Regimiento Húsares, pero su comandante recordó que la matanza de 18 campesinos cerca de las Ternas de Pemehue no estaba en su jurisdicción y llamó al Regimiento de Infantería de Montaña Reforzada Nº17 de Los Ángeles para comunicarles la orden que habían recibido.

Al día siguiente llegaron hasta el Regimiento de Infantería de Montaña Nº17 tres suboficiales del Departamento II de la III División de Ejército, con asiento en Concepción. Todos habían pasado por cursos en la Escuela de las Américas y tenían especialidades en guerra contrainsurgente.

Organizaron un equipo de ocho personas conformada por oficiales y suboficiales que se dirigieron a la zona de las Termas de Pemehue. Iban en dos vehículos, premunidos de picotas, palas, chuzos y unas bolsas negras. Previamente habían establecido un contacto con el pariente de un militar para que los guiara al lugar donde debían estar los cuerpos.

La tarea fue fácil, la tierra húmeda les permitió llegar a los cuerpos, que estaban a sólo 50 centímetros de profundidad. Algunos conservaban los restos de sus humildes ropas, que se fueron destrozando a medida que eran sacados, dejando pequeñas huellas del crimen en los trozos de telas y botones que quedaron en la tierra.

En total fueron exhumados 12 cuerpos. Las bolsas fueron subidas a los vehículos y se enfilaron rumbo a Concepción. El lugar escogido para poner fin a la tarea fue un horno de ladrillo del Departamento II. Uno a uno fueron lanzando los cuerpos para ser calcinados, al igual que lo habían hecho los nazis durante la II Guerra Mundial.

Entre los relatos está la referencia a un oficial que les comentó, mientras excavaban la tierra en busca de los cuerpos, que había aprendido a incinerar cadáveres en un curso que había realizado en Alemania. Les dio escabrosos detalles, como que se debía preparar una parrilla grande para depositar los cuerpos y prender bajo ella abundante leña, agregando en forma permanente petróleo. Aconsejándoles que había que quemarlos hasta que se convirtieran en cenizas.

 La masacre de Mulchén ocurrió entre el 5, 6 y 7 octubre de 1973 en los fundos El Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue. Al atardecer del 5 de octubre de 1973 llegó la patrulla hasta el fundo Los Morros. Traían una lista con nombres de campesinos. Los llamaron a viva voz y se fueron entregando sin emitir queja: Juan de Dios Laubra Brevis, 26 años; Domingo Antonio Sepúlveda Castillo, 29 años; José Edmundo Vidal Aedo, 20 años; Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, 26 años, y José Florencio Yáñez Durán, 34 años. Todos fueron amarrados con alambres, golpeados, torturados y llevados hasta la orilla del río Renaico para ser ejecutados.

Al día siguiente subieron hasta el fundo Carmen y Maitenes buscando a 8 campesinos: Miguel del Carmen Albornoz Acuña, 20 años; Daniel Alfonso Albornoz González, 28 años; Alejandro Albornoz González, 48 años; José Guillermo Albornoz González, 32 años; Luis Alberto Godoy Sandoval, 23 años; Manuel Florencio Rubilar Gutiérrez, 25 años; José Liborio Rubilar Gutiérrez, 28 años, y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, 33 años.

Todos fueron trasladados hasta la casa patronal. Ahí fueron sometidos a violentos golpes, hasta que entre burlas y risas el teniente Concha Maturana los hizo jugar al circo romano, donde se golpearían unos a otros y los perdedores caerían bajo las balas. Siete fueron ejecutados fríamente, haciéndoles cavar su propia tumba y obligándolos a recostarse boca abajo en su interior para dispararles por la espalda. El único que no fue ejecutado ese día fue José Guillermo Albornoz González, a quien ataron a un coloso.

La última parada fue en el fundo Pemehue. Ahí sacaron de sus casas a Felidor Exequiel Albornoz González, 33 años; Alberto Albornoz González, 41 años, José Fernando Gutiérrez Ascencio, 25 años; Jerónimo Humberto Sandoval Medina, 22 años, y Juan de Dios Roa Riquelme, 35 años. Aquí repitieron el mismo sadismo que habían desplegado en el fundo Carmen y Maitenes.

A la mañana siguiente, el sargento del Ejército Luis Díaz Quintana se dio cuenta de que José Guillermo Albornoz González aún estaba amarrado al coloso. Se acercó y vio que estaba con vida, a pesar de las heridas sangrantes, la mandíbula fracturada, sin haber comido en dos días, tumefacto por el agua nieve caída y sin agua. Junto al carabinero Jacobo del Carmen Ortiz Palma lo llevaron hasta las orillas del río Renaico y lo asesinaron.

Como en todas las matanzas ocurridas en las zonas campesinas, el terror se apoderó de la comunidad, se impuso la ley del más fuerte y los familiares de las víctimas quedaron expuestos a la arbitrariedad. Algunos alcanzaron a dar sepultura a sus muertos, otros no se atrevieron a buscar los cuerpos por temor. Impedidos por el temor que inspiraban los dueños de los fundos, no se atrevieron a rescatar los cuerpos, ni pensaron que la maldad llegaría hasta la eliminación de cualquier vestigio de la vida de sus familiares.

Los responsables de estos atroces crímenes son el teniente de carabineros de Mulchén, Jorge Maturana Concha, los carabineros Osvaldo Díaz Díaz, alias “Alicate”, y Héctor Guzmán Saldaña. Junto a ellos participaron varios civiles, entre los que se encuentran Romualdo Guzmán Saavedra, Francisco Urrizola Elías, Ramón Elías Abella, Aquiles Guzmán Fritz, Carlos Lehman y un sargento del Regimiento de Montaña Reforzada Nº 17.

Regimiento Buin

Al igual que en el Regimiento Húsares de Angol, en diciembre de 1978, el Departamento II del Regimiento Buin recibió un mensaje encriptado desde la Comandancia en Jefe. Más de 20 años después, el teniente Pedro Andrés Rodríguez Bustos declaraba ante el juez Juan Guzmán que el mensaje venía firmado por Augusto Pinochet y tenía órdenes precisas “de reunir a los oficiales y suboficiales que hubiesen estado sirviendo en esas unidades entre los años 1973 y 1974. Dicha reunión debería tratar de obtener de ese personal la información que tuviesen respecto al paradero de los cuerpos de personas ejecutadas y enterradas al interior de unidades militares o, en este caso específico, en el campo militar de Peldehue, atendiendo que ese campo iba a traspasar parte de sus terrenos a la Compañía Minera Andina y, por lo mismo, debía saberse si en dichos terrenos se encontraban inhumaciones clan- destinas, ya que de ser así se requería la exactitud de los lugares para proceder a la exhumación y eliminación de los cadáveres.”

Más tarde ratificaría sus dichos, señalando que la orden provenía de la Segunda División de Ejército, a cargo del general Enrique Morel Donoso, y que fue remitida a todas las guarniciones del país. Detalló la forma en que se realizó la entrega de información, por parte de quienes sabían de las inhumaciones de ejecutados políticos, e hizo énfasis en el carácter secreto que tuvo todo el proceso, mencionando a dos oficiales que se presentaron a entregar información ante el comandante Mario Navarrete Barriga: Juan Ibáñez y Jorge Aguilar.

A pesar de lo concluyente de su declaración, fue desestimada en su momento por considerarla que podía ser una operación de inteligencia. Sólo el 2004 se concluiría que la “Operación Retiro de Televisores” fue una decisión pensada y decidida a los más altos niveles con el fin de ocultar las matanzas tras el golpe de Estado de 1973.

Fuerte Arteaga

El año 1999, mientras Augusto Pinochet se encontraba detenido en Londres, el gobierno de Eduardo Frei convocó a diferentes sectores a participar de una Mesa de Diálogo que permitiera recabar información sobre el destino de las víctimas del régimen militar que se encontraban como detenidas desaparecidas. En ella participaron abogados de derechos huma- nos, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, representantes de las diferentes religiones existentes en el país, académicos y representantes de gobierno. Las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de derechos humanos se negaron a participar por considerar que esta instancia era un salvavidas a Augusto Pinochet.

El trabajo terminó el 13 de junio de 2000, con la entrega del documento de los acuerdos alcanzados al Presidente Ricardo Lagos. En él se reconocía las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar por todos quienes participaron en la Mesa, se establecía un rechazo absoluto al uso de la violencia como método de acción política y un compromiso como sociedad para generar las condiciones que condujeran a la reconciliación, facilitando, de ese modo, la entrega de información sobre el destino de los detenidos desaparecidos.

En enero de 2001, las Fuerzas Armadas entregaron un informe que daba datos sobre el destino de 200 detenidos desaparecidos supuestamente lanzados al mar, ríos o alta cordillera. De ellos, 180 figuraban con nombres, apellidos y la fecha de su muerte. Al Presidente Lagos se le entregó un informe que contenía 45 casos de detenidos desaparecidos cuyos datos contenían coordenadas y mapas de su ubicación, lo que hacía presumir que esos restos serían encontrados rápidamente.

Esta compleja situación causó conmoción pública, puesto que era el reconocimiento de la existencia de información sobre el destino de los detenidos desaparecidos al interior de las Fuerzas Armadas; a eso se suma- ba la ansiedad de muchos familiares que esperaban tener respuesta sobre sus seres queridos. Ante esta situación, el presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, decidió nombrar ministros en visita para esclarecer el des- tino de los detenidos desaparecidos.

En este marco se designó a la jueza Amanda Valdovinos para que investigara la información sobre la existencia de una caverna con 20 cráneos de detenidos desaparecidos en el Fuerte Arteaga y zonas aledañas al predio que rodea a este recinto militar.

Los relatos surgidos hablaban de exhumaciones y traslados de restos a las laderas de la cadena de cerros El Talhuenal. Ahí la ministra centró su trabajo de investigación, junto a un equipo de antropólogos forenses. Las informaciones que mencionaban de manera recurrente el “rincón de los finados” para referirse a una determinada zona del recinto militar, donde se habían enterrado restos sacados de otros lugares, la llevó a determinar que no todos los restos exhumados se habían lanzado al mar y así lo informaba a la Corte Suprema.

En marzo de ese mismo año, las investigaciones en los terrenos del Fuerte Arteaga de Peldehue dieron resultado. En la Quebrada de los Ratones fueron encontrados los restos de Luis Rivera Matus, dirigente sindical comunista detenido a la salida del edificio de Chilectra el 6 de noviembre de 1975, por hombres de civil que pertenecían al Comando Conjunto Antisubversivo. Su nombre aparecía en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzado al mar frente a las costas de la zona central.

Esto significó un nuevo descrédito de las Fuerzas Armadas, se las señalaba de entregar una lista cargada de inexactitudes, provocando nuevas heridas entre los familiares de detenidos desaparecidos.

Los hallazgos de la ministra dieron origen a más información que ter- minó con los procesamientos de los generales (r) de la Fuerza Aérea Freddy Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, el mayor (r) de Ejército Álvaro Corbalán Castilla y el oficial (r) del DINE –Dirección de Inteligencia del Ejército– Sergio López Díaz.

El año 2004, el Ministro de la Corte de Apelaciones con dedicación especial para casos de derechos humanos Joaquín Billard condenó a 600 días

 

de presidio al general (r) Freddy Ruiz Bunger y a Carlos Madrid Hayden, como encubridores de secuestro calificado en la persona de Luis Rivera Matus. Al mayor (r) de Ejército, Álvaro Corbalán Castilla, y al oficial (r) de Inteligencia del Ejército, Sergio López Díaz, los condenó a 10 años de presidio como autores del secuestro calificado de Luis Rivera Matus. Tres años después, la Corte Suprema rebajó las penas dejando sólo con cumplimiento de condena efectiva a Álvaro Corbalán Castilla.

La Moneda

Cuatro meses después de iniciada la búsqueda en el Fuerte Arteaga, las investigaciones comenzaron a dejar en evidencia lo que había sucedido más de veinticinco años antes con los detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

Se excavó una gran fosa en el área norte de la zona de campaña y se recuperaron más de 500 piezas óseas, que correspondían a fragmentos de extremidades, dientes, trozos de cráneo y otras partes de cuerpos humanos, además de material de guerra y pedazos de vestimentas. En estos restos estaba el último trozo de historia de 12 de los 20 detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

La jueza Valdovinos emitió un concluyente informe a la Corte Suprema. En él se hablaba de la violencia e irracionalidad que había dominado en estas muertes. Indicaba, que al observar los restos encontrados en el área de la fosa se podía “concluir en forma categórica el uso de explosivos del tipo granadas para destruir los cuerpos”, por las incrustaciones de restos óseos que habían quedado en las paredes del pozo. También se refería a las huellas de maquinaria pesada en la exhumación de cuerpos.

El junio de 2002, la Corte Suprema decidió reestructurar las investigaciones de causas por violaciones a los derechos humanos y nombró a cargo del caso Fuerte Arteaga al juez Juan Carlos Urrutia, del Quinto Juzgado del Crimen. A partir de los fragmentos óseos se inició la investigación por exhumación ilegal.

Uno de los testigos fundamentales en esta investigación fue el suboficial Eliseo Cornejo Escobar, quien participó en las ejecuciones de los detenidos de La Moneda y cinco años más tarde guió la búsqueda en las excavaciones para exhumar los restos, en el marco de la “Operación Retiro de Televisores”.

Ese 23 de diciembre de 1978, la supervisión de las faenas estuvo a cargo del comandante del Regimiento Tacna Hernán Canales Varas. De acuerdo a los relatos, eran cerca de las 10:00 horas cuando Eliseo Cornejo marcó el lugar exacto donde se habían enterrado los detenidos el 13 de septiembre de 1973. Una pala mecánica comenzó a cavar el pozo seco hasta llegar a los seis metros de profundidad, ahí apareció una barra de fierro que Cornejo de inmediato identificó. La pala comenzó a trabajar lentamente hasta que apareció el primer cuerpo. Los cuerpos estaban casi intactos, gracias a la tierra arcillosa que impidió la penetración de oxígeno y el consiguiente proceso de descomposición orgánico. Los cuerpos fueron sacados en forma manual para que no se desarmaran, a pesar de ello, pequeños fragmentos fueron quedando en la tierra, como negándose a desaparecer del todo. Luego sacaron los restos y los subieron a un camión Unimog. En total fueron 12 sacos y todos fueron transportados hasta unos estacionamientos frente a la carretera San Martín.

Cerca de las 22:00 horas llegó el helicóptero del Comando de Aviación del Ejército, a cargo del entonces coronel Fernando Darrigrandi. Estaba piloteado por Emilio de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco y Antonio Palomo Contreras, el mismo trío que llevó al helicóptero Puma en la Caravana de la Muerte. El aparato se posó cerca de donde estaban los sacos, rápidamente fueron subidos y el helicóptero partió.

Al igual que en los casos anteriores, la “Operación Retiro de Televisores” se había concretado silenciosa y oportunamente. Se cumplía la orden del Comandante en Jefe del Ejército.

Era la concreción de un crimen para ocultar otro, que se había inicia- do el día 12 de septiembre de 1973, con la llegada de Pedro Espinoza al Regimiento Tacna. El oficial de Inteligencia llevaba un sobre que contenía órdenes precisas de la Comandancia en Jefe del Ejército al comandante del Regimiento Tacna, Luis Ramírez Pineda. En ellas se sentenciaba a muerte a las personas detenidas en La Moneda y se disponía que se los trasladara hasta Peldehue para dar cumplimiento a la orden.

Ramírez Pineda había dado órdenes de aplicar el máximo de brutalidad contra los detenidos que llegaron esa tarde del 11 de septiembre. En esos hombres amarrados y exhaustos depositaba todo su odio contra los marxistas. Eran 49 detenidos, al día siguiente se ordenó liberar a 17 funcionarios de Investigaciones y a otros los separaron, dejando reducido a 21 personas el grupo de La Moneda.

El día 13, a primera hora, se estacionó un camión frente a las barracas donde estaban los prisioneros. Lista en mano los fueron sacando de las caballerizas, los amarraron con alambres y con violencia los lanzaron al camión. Entre los 21 estaban Jaime Barrios Meza, Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Enrique Paris Roa, Eduardo Paredes Barrientos, Julio Moreno Pulgar, Héctor Pincheira Núñez, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras, Luis Rodríguez Riquelme, José Freire Medina y Luis Avilés Jofré, quien había llegado al Palacio de La Moneda a apoyar al gobierno.

El camión se enfiló hacia el norte, custodiado por vehículos militares y seguidos por la atenta mirada del, entonces, coronel Pedro Espinoza Bravo, que viajaba en uno de los vehículos de la columna. Espinoza era un alto oficial de Inteligencia del ejército, cuyo rol en la represión post golpe fue determinante. Él se encargó de supervisar las principales operaciones de exterminio cometidas a lo largo del país, por orden del Estado Mayor de la Inteligencia.

A la llegada se dirigieron inmediatamente hasta un pozo seco que es- taba junto a una construcción. Ahí montaron una ametralladora que era manejada por el teniente Jorge Herrera López y comenzaron a bajar a los detenidos, llamándolos por sus nombres. Sin queja y mirando de frente enfrentaron la muerte parados en el borde del pozo los 21 hombres. Enfrentaron solos los sonidos sordos de las balas que retumbaron en la soledad de los cerros. Cuando cayó el último detenido, se dio la orden de tirar granadas para que las paredes del pozo cayeran, cubriendo así el crimen.

El proceso

La Causa ha tenido un largo tránsito en la justicia. Desde que la jueza Amanda Valdovinos inició la investigación sobre inhumaciones ilegales, hasta el presente, la investigación ha estado en las manos del juez del Quinto Juzgado del Crimen, Juan Carlos Urrutia; el Ministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Madrid Crohare; el Ministro Especial para causas de derechos humanos Juan Fuentes Belmar y actualmente se encuentra en manos del Ministro de la Corte de Apelaciones Miguel Vásquez Plaza.

De las 21 víctimas, sólo se ha logrado identificar a 11 detenidos desaparecidos a través del trabajo de identificación de restos y a los análisis genéticos realizados por el Laboratorio de la University of North Texas, Estados Unidos, los que incluyeron peritajes a las muestras óseas de las víctimas y pruebas comparativas a las muestras sanguíneas donadas por las familias.

Actualmente se encuentran procesados el general(r) Luis Ramírez Pineda como autor de homicidio calificado de 11 personas detenidas en La Moneda el 11 de septiembre de 1973 y trasladados al Regimiento Tacna, donde era comandante. También se tramita en la justicia argentina la ampliación de la extradición, porque inicialmente fue solicitada por los cargos de secuestro calificado de 11 personas y en la actualidad se encuentra procesado por homicidio calificado y al cambiar la figura legal, se requiere solicitar al país que da la extradición un cambio de ella.

La resolución afectaba a otros ocho miembros en retiro del Ejército confesos de haber participado en los secuestros de Jaime Barrios Meza, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras.

Los ocho procesados como autores del delito de secuestro calificado eran el coronel(r) de Ejército Servando Maureira Roa, el mayor(r) de Ejército Jorge Iván Herrera López, el Brigadier (r) de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, los suboficiales(r) de Ejército Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Jorge Ismael Gamboa Álvarez, Teobaldo Segundo Mendoza Vi- cencio, Juan de la Cruz Riquelme Silva y Bernardo Eusebio Soto Segura.

Escuela de Artillería de Linares

El mismo documento con carácter secreto que recorrió los cuarteles a comienzo de 1979 llegó a la Escuela de Artillería de Linares. Sin dudarlo, el director de la Escuela de Artillería de Linares, teniente coronel Patricio Gualda Tiffani, ordenó formar un equipo especial para desenterrar los cuerpos y dejó encargado de esta misión al capitán Mario Gianotti Hi-dalgo. Este eligió a dos oficiales, entre los que se encontraba el teniente

 Hernán Véjar Sinning, y dos suboficiales para cumplir la misión. A ellos se sumó un suboficial de Inteligencia de la III División de Ejército que había llegado junto a otros dos miembros de esa repartición a supervisar que se cumpliera la orden.

Premunidos de palas y picotas cavaron en distintos lugares al interior del Regimiento, finalmente, encontrando dos cuerpos que estaban sin ropas. Luego de meterlos en bolsas los dejaron a buen recaudo al interior del Regimiento, y partieron a la ciudad de Constitución a buscar un entierro clandestino que se encontraba en una cueva de la desembocadura del río Maule. Las permanentes subidas del río y las mareas habían cambiado un poco la fisonomía del terreno, por lo que les costó dar con el lugar exacto. Finalmente encontraron tres cráneos, concluyendo que era el lugar que buscaban. Los desenterraron, los pusieron en bolsas y volvieron a la Es- cuela de Artillería.

Con la primera etapa de la misión cumplida, fueron a buscar un tambor metálico, le pusieron petróleo, luego metieron los cinco cuerpos, volvieron a regarlos con petróleo y les prendieron fuego. Los restos de cinco detenidos desaparecidos quedaron convertidos en cenizas y se concretaría el doble crimen.

En abril de 2003 el ministro Alejandro Solís había iniciado las investigaciones en la zona del Polígono General Bari, que de acuerdo a los datos entregados por un ex conscripto había existido una fosa común con los cuerpos de los detenidos desaparecidos de la zona. Las diligencias no dieron resultado y sólo se encontraron algunas huellas de posibles entierros en el lugar.

En 2008 el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, dictó sentencia y fijó condenas de 15 años y un día para cinco inculpados, y 10 años y un día para un sexto inculpado por las desapariciones de María Isabel Beltrán Sánchez, José Gabriel Campos Morales, Anselmo Cancino Aravena, Héctor Hernán Contreras Cabrera, Alejandro Róbinson Mella Flores, Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, José Alfonso Saavedra Betancourt y Jorge Bernabé Yáñez Olave, detenidos entre septiembre de 1973 y febrero de 1974.

El 27 de abril de 2011 la Corte Suprema rebajó las penas dictadas por el ministro Solís, absolviendo al general(r) Gabriel del Río Espinoza, condena- do por la desaparición de cinco personas, y condenando a cinco años y un día de prisión con el beneficio de la libertad vigilada al coronel(r) del Ejército, Juan Hernán Morales Salgado, y al teniente coronel de Ejército, Claudio Abdón Lecaros Carrasco, por la desaparición de María Isabel Beltrán, José Gabriel Campos, Anselmo Antonio Cancino y Alejandro Róbinson Mella.

A cinco años y un día de prisión con el beneficio de la libertad vigilada fueron sentenciados el suboficial(r) de Ejército, Antonio Aguilar Barrientos, por cuatro secuestros calificados, y el coronel(r) de Ejército, Antonio Cabezas Salazar, por tres secuestros calificados.

El general(r) Humberto Lautaro Julio Reyes, quien fue subsecretario de Relaciones Exteriores durante la dictadura militar, fue condenado a tres años de prisión con beneficio de la remisión condicional, quedando en libertad vigilada.

Esta era una de las pruebas más contundentes que se tenía para demostrar que Pinochet conocía las atrocidades ocurridas durante su mandato. Nadie crea un mecanismo tan perverso para ocultar crímenes si no está directamente implicado.

Chihuío

El 9 de octubre de 1973, los lugareños de Chihuío pensaban que lo peor del periodo había pasado. Habían corrido como reguero las detenciones de trabajadores en Neltume y la violencia que carabineros de Llifén había desatado entre los campesinos de Chabranco, Arquilme y Curriñe.

Ese día partió una patrulla en siete vehículos y conformada por 90 mili- tares bien armados y pertrechados a la zona precordillerana, donde sólo vivían trabajadores pobres de la Empresa Maderera Panguipulli. Eran del Regimiento de Caballería Blindada Nº 2 Cazadores de Valdivia, comandado por el general (r) Santiago Sinclair, quien posteriormente fue miembro de la Junta Militar y senador designado al inicio de la transición a la democracia. A cargo estaba el comandante de escuadrón Luis Osorio Gardasanich, los oficiales Patricio Keller, Lautaro Ortega, Marcos Rodríguez Olivares y Luis Rodríguez Rogorrichi. A cargo de la unidad especial estaba el teniente Cristián Labbé Galilea.

La patrulla recorrió los poblados y caseríos de la zona, leyeron nóminas con nombres y procedieron a detenerlos. En este periplo de muerte participó activa y entusiasta el dueño del fundo Chihuío, Américo González Torres.

 Sin ninguna vergüenza, pidieron a los lugareños alambres y yuntas de bue- yes pasa arrastrar a los vehículos que se habían quedado pegados en el barro.

En la oficina de administración de Curriñe, del Complejo Maderero Panguipulli, torturaron a algunos detenidos, mientras una patrulla subía   a detener trabajadores al aserradero Folilco. Su última parada fue en Chabranco, allí detuvieron a los últimos trabajadores.

Con su carga partieron hasta la casa patronal del fundo Chihuío, donde se ensañaron con los trabajadores. Según un testimonio recibido por la Comisión Rettig, a simple vista no había impactos de balas, sino muestras de cortes, degüellos, cercenamiento de miembros, y otras huellas de tormentos imposibles de describir.

A la mañana siguiente, un lugareño vio que había unos cuerpos tapados con ramas y troncos, reconociendo a algunas de las víctimas como trabaja- dores de la zona. Los cadáveres permanecieron cerca de 15 días al aire libre y luego fueron enterrados.

Eran 17 trabajadores de la zona: Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Ca- amaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, Rubén Vargas Quezada y el menor de edad, Fernando Adrián Mora Gutiérrez, que al ayudar a sacar un vehículo militar del barro vio que su padre iba entre los detenidos, preguntando a los militares a dónde lo llevaban. Ellos le respondieron que si quería ir con su padre subiera al vehículo y así lo hizo. A fines de 1978, un operativo militar volvió a Chihuío y desenterró los cuerpos de los 17 campesinos para tirarlos al mar. La fosa con los restos óseos del desentierro fue hallada el 17 de junio de 1990 por un grupo de familiares y amigos de detenidos desaparecidos.

Los primeros días de julio de 2011, el director del Instituto Médico Le- gal, Patricio Bustos, dio a conocer los nombres de las primeras cinco personas identificadas, Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, 46 años a la fecha de su muerte, obrero agrícola; Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, 42 años a la fecha de su muerte, obrero agrícola; Daniel Méndez Méndez, 42 años, obrero agrícola y dirigente campesino; Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, 24 años, jefe de fábrica y militante del Partido Socialista; y Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, 28 años, obrero maderero. El 15 de julio la directora del Servicio Médico Legal de Valdivia, Patricia Benhe, entregó los pocos restos óseos a las familias para que les dieran sepultura.

Las identificaciones se realizaron con los fragmentos encontrados en la fosa clandestina, donde fueron arrojados los cuerpos y después removidos para arrojarlos al mar, en el marco de la llamada “Operación Retiro de Televisores”.

En enero de 2011 la Corte Suprema condenó a 10 años y un día al coronel (r) del Ejército Luis Osorio Gardasanich, como autor del delito de homicidio calificado de 17 personas, entre ellos un menor de edad.

El oficial (r) de Carabineros Luis Eduardo Osses Chavarría fue conde- nado a 3 años y un día de prisión, por su calidad de cómplice de 4 secuestros. El civil Bruno Esteban Obando Cárdenas fue absuelto por no tener participación en los hechos.

El general Santiago Sinclair, quien dio las órdenes, resultó absuelto. En tanto el coronel (r) Jerónimo Pantoja Henríquez, murió antes de la sentencia de la Corte Suprema.

Los 17 trabajadores pertenecían al Sindicato Campesino Esperanza del Obrero del Complejo Maderero Panguipulli. En su mayoría eran creyentes evangélicos que se habían organizado para participar en la construcción de una vida más justa.

Cuesta Barriga

Enrique Erasmo Sandoval Arancibia era un teniente de ejército cuando fue llamado a la DINA en 1976. Si bien no cuenta mucho sobre su papel en el organismo represivo ese año, deja entrever su paso por la Escuela de Inteligencia en Rinconada de Maipú que sirvió para instruir a agentes argentinos, uruguayos y chilenos. También dice haber sido parte de la seguridad de la VI Asamblea de la OEA realizada en Santiago, a la que asistió Henry Kissinger. Desordenadamente, cuenta que a fines de 1976 pasó a formar parte de la Brigada Caupolicán que estaba al mando de Miguel Krassnoff Martchenko, asignado a la agrupación Cóndor.

Asegura no recordar nombres, tampoco la actividad que desarrolló sólo recuerda que hablaba mucho con el ex mirista que colaboraba con la DINA, de nombre “Joel”, Emilio Iribarren.

 Pero el “Pete el Negro”, como era conocido en la DINA, tenía toda una historia criminal tras su aparente inocencia ante los tribunales. Tras el golpe de Estado y la represión indiscriminada, este hombre asesinó al niño Carlos Fariña de un disparo por la espalda y quemó el cadáver. En los años 80 participó en el asesinato de Lisandro Sandoval.

El año 1978 ingresa a la Brigada Roja de la Central Nacional de In- formaciones, a cargo de la represión al MIR. Durante su permanencia, se reportaba directamente con Álvaro Corbalán.

Recuerda que a comienzos de 1979, Jerónimo Pantoja, subdirector de la CNI, recibió la información que un cazador de conejos había descubierto una mina abandonada con cuerpos en la Cuesta Barriga y la información la había entregado a la Vicaría de la Solidaridad.

Ante la alarma, Pantoja lo envió a chequear el lugar, “que era un pi- que de una mina, y comprobé que era efectivo. Estaba lleno de roedores, murciélagos, restos putrefactos y había olor en consonancia con los restos. Este olor habría alertado y alterado a los perros del cazador, y así habría llegado al lugar”.

Con fotografía en mano llegó el teniente Sandoval ante Pantoja, quien le ordenó que no se dinamitara la mina, y le ordenó que usara ácido. Ante la dificultad que tenía por desconocer el uso de químicos, llamó al general Odlanier Mena a su casa de vacaciones en Mehuín para informarle la situación. La delicada información hizo que Mena suspendiera sus vacaciones, regresara a Santiago y se hiciera cargo del retiro de cuerpos. Para eso encomendó a Sandoval que sacara los cuerpos con un equipo de confianza. “Mi equipo estaba formado por 9 personas y fuimos a la mina durante tres días.” Asegura no tener idea cuántos cuerpos había, pero calcula que eran cerca de 20, que fueron puestos en 50 sacos de papas. Parte de los cuerpos estaban esqueletizados, otros aún conservaban tejidos blandos.

Cuando terminaron de sacar los cuerpos, tomaron a unos perros, los mataron y los lanzaron al interior para justificar la presencia de huesos. Luego subieron los sacos a un camión y los llevaron hasta la parcela de Malloco que había pertenecido a la Comisión Política del MIR. Finalmente, los res- tos fueron trasladados hasta Peldehue y posiblemente lanzados al mar.

La Operación Retiro de Televisores cubrió todo el territorio nacional y es la muestra más clara de la política de ocultamiento de las violaciones a los derechos humanos que imperó durante la dictadura militar.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos, Carlos Aldana, realizó una serie de diligencias en la investigación por el secuestro calificado de Guillermo José Albornoz González, víctima del denominado episodio Mulchén.

Un hecho en el que 18 campesinos fueron ejecutados por funcionarios de Carabineros y del Ejército, en un ilícito perpetrado el 6 de octubre de 1973.

En compañía de un testigo que declaró conocer el sitio dónde fue enterrada la víctima, Aldana realizó una inspección ocular y la ubicación del terreno en que habrían sido depositados sus restos, ordenando al Servicio Médico Legal y al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones desarrollar los peritajes en el lugar.

De acuerdo a los antecedentes que recopiló el ministro en el proceso, entre los días 5 y 7 de octubre de 1973 funcionarios de Carabineros y del Ejército, comandados por el teniente de la policía uniformada de la ciudad, Jorge Maturana Concha, se dirigieron al sector precordillerano de Mulchén, deteniendo a un total de 18 personas en los fundos “El Morro”, “Carmen y Maitenes” y “Pemehue”, a quienes ejecutaron con armas de fuego.

Luego, lanzaron sus restos al río Renaico o enterrándolos en las cercanías, siendo posteriormente extraídos por funcionarios del Ejército para impedir su hallazgo, en la denominada operación “retiro de televisores”.

por Manuel Cabrera, Esteban Sepúlveda

El ministro realizó una serie de diligencias en la investigación que sustancia por el delito de secuestro calificado de Guillermo José Albornoz González, víctima del denominado episodio Mulchén, en el cual 18 campesinos fueron ejecutados por personal de Carabineros y del Ejército.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Concepción y Chillán, Carlos Aldana, realizó una serie de diligencias en la investigación que sustancia por el delito de secuestro calificado de Guillermo José Albornoz González, víctima del denominado episodio Mulchén, en el cual 18 campesinos fueron ejecutados por personal de Carabineros y del Ejército, en octubre de 1973, en la comuna.

El ministro en visita -acompañado por un testigo que, en las últimas semanas, declaró conocer el sitio donde fue enterrada la víctima-, realizó una inspección ocular del terreno, y ordenó al Servicio Médico Legal (SML) y al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones desarrollar peritajes en el lugar.

"Este caso es una de las ejecuciones masivas que se hicieron en octubre de 1973, en que murieron 18 personas. Esta causa está fallada en primera instancia y en estado de apelación en la Corte de Concepción; en ella Albornoz González figura como víctima de secuestro calificado. Tenemos antecedentes que estimamos valiosos para ubicar sus restos óseos. Por ello se ha abierto una causa especial para hacer todas las averiguaciones pertinentes", explicó el ministro Aldana.

Agregó que "se ubicó el lugar, de acuerdo al testigo. Luego de hacer la inspección en el sitio en donde fue ejecutado y cayó al río Renaico, se ha logrado determinar que en este sector, el Fundo Carmen y Maitenes, al lado del río, habría sido enterrado su cuerpo. EL SML y el Laboratorio Criminalística de la PDI han hecho los peritajes planimétricos y fotográficos, fijando la trinchera para realizar las excavaciones de la exhumación, lo que continuará hasta el jueves si es necesario liderado por personal del Servicio Médico Legal".

De acuerdo a los antecedentes recopilados por el ministro Aldana en el proceso, entre el 5 y 7 de octubre de 1973, funcionarios de Carabineros y del Ejército, comandados por el teniente de Carabineros de Mulchén Jorge Maturana Concha, se dirigieron al sector precordillerano de Mulchén, deteniendo a un total de 18 campesinos en los fundos "El Morro", "Carmen y Maitenes" y "Pemehue",  quienes fueron ejecutados con armas de fuego, lanzando sus cuerpos al río Renaico o enterrándolos en las cercanías.