Matthei Aubel Fernando Jorge

El general (R) Fernando Mattehi enfrenta, desde ayer, una segunda querella en su contra por presuntas violaciones de los derechos humanos. Se trata de una acción presentada el lunes por un grupo de cinco personas que estuvieron detenidas en la Academia de Guerra Aérea (AGA), entre 1973 y 1975, que le imputan delitos como secuestro calificado, tortura y asociación ilícita.

Este libelo es similar al que se encuentra en tramitación, desde 1999, por la muerte de dos prisioneros políticos, motivo por el cual Matthei ha debido declarar como inculpado.

Desde esa fecha, el ex uniformado ha reconocido que a partir de enero de 1974 asumió como director de la AGA, pero que nunca alcanzó a desempeñar mando en dicha instancia, debido a que el recinto militar estaba bajo la dirección de una fiscalía y del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) que, por esos días, se constituía en el origen del temido Comando Conjunto (CC).

En una de sus declaraciones, Matthei sostuvo que “mientras fui director de la AGA y, como ésta estaba en receso y transformadas sus dependencias en un campo de concentración, mis actividades allí eran mínimas. Había hombres de la Fiscalía en la escalera, entre el primer piso y el subterráneo. Era en el subterráneo dónde se mantenía a los detenidos, los que se encontraban a disposición del fiscal Oteíza”. Consultado por el juez sobre el general Bachelet, torturado en ese recinto, Matthei hizo notar su preocupación: “Sí,

preguntaba yo por Bachelet, por Galaz y por Miranda (oficiales detenidos), con quienes yo había tenido buenas relaciones, le preguntaba directamente a Oteíza”, declaró.

Pruebas

Sin embargo, el abogado del Codepu Hiram Villagra sostiene que “en el último tiempo, de las propias declaraciones de Matthei, como otros testigos, han aparecido nuevos antecedentes que es necesario indagar con mayor profundidad”.

La AGA fue el nido inicial de operaciones del CC, organismo represivo encargado de aniquilar al PC durante los primeros años de la dictadura.

Ubicado en las cercanías de avenida Las Condes, desde septiembre de 1973, la AGA funcionó como un centro de interrogatorio y tortura. En ese sitio permanecieron detenidos y fueron torturados el general Alberto Bachelet (padre de la Presidenta), un conjunto de oficiales y suboficiales de la Aviación opositores al golpe, así como numerosos civiles. El caso está en manos del ministro de fuero Juan Eduardo Fuentes Belmar, que sometió a proceso, en mayo de 2005, al coronel (R) Edgar Cevallos Jones, quien fue jefe del SIFA, y el suboficial Ramón Cáceres Jorquera, también integrante del organismo de inteligencia.

Nuevos testimonios, aportados por ex miembros de la FACH son los que sirvieron al Codepu para patrocinar una nueva querella contra el general (R) Fernando Matthei. Se trata de ex prisioneros que estuvieron recluidos en la Academia de Guerra Aérea (AGA), centro de detención y tortura donde operó el Comando Conjunto, en sus inicios.

Es la segunda acción en su contra, tras determinarse que fue director de la AGA, a partir de enero de 1974. No obstante, el ex uniformado ha sostenido que no tuvo mando, ya que las instalaciones estaban bajo la dirección del Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA).

Pero el abogado patrocinante de la nueva acusación, Hiram Villagra, considera que la última declaración judicial prestada por Matthei, “dista mucho de lo señalado por él públicamente cuando decía que nada sabía de las violaciones de los derechos humanos en dictadura, debido a su permanencia fuera del país como agregado aéreo”.

En su careo con el suboficial (R) de la FACH Ramón Cáceres, Matthei reconoció que estuvo en el subterráneo del recinto, donde se torturaba, donde fue visto: “Sólo una vez bajé al subterráneo a buscar un libro a la biblioteca; me parece que fue alrededor del mes de abril de 1974. Allí vi a varios detenidos en una de las salas de clase, pero no reconocí a nadie. Vestían de civil y se les veía en buenas condiciones”, sostuvo el ex integrante de la Junta Militar, que en ese tiempo era coronel.

Dos aviadores detenidos en el AGA, cuyos testimonios son parte del sumario, sostienen haber visto a Matthei en el subterráneo del inmueble. El capitán (R) Jaime Donoso, torturado ahí, declara en la querella que “hay evidencias testimoniales de que se movía en la AGA. Personalmente lo vi en ese lugar, también lo vio el cabo Sergio Lontano y lo que nos llamó la atención, fue el hecho de que Matthei usaba zapatillas de gimnasia cuando se desplazaba por los lugares donde estábamos los prisioneros”.

En 2005, el cabo primero Sergio Lontano Trureo viajó a Chile para confirmar de cuerpo presente lo que ya había declarado (y anexado al expediente de la causa) desde Inglaterra en 2001. Su testimonio es una de las piezas que sustenta la querella presentada hoy en contra del ex integrante de la Junta Militar. Además de reconocer los dichos de Jaime Donoso, agrega datos inéditos: “Fui llevado a la AGA desde la Cárcel Pública (mediados del ’74). Ahí pude constatar que el coronel Matthei dirigía y seleccionaba a los que tenían que ser torturados e interrogados. Él, junto a otro oficial apodado el ‘Loquillo’, golpearon a dos prisioneros que estaban de pie y vendados”, declara en la causa.

Las querellas se originaron porque desde el subterráneo, desapareció el militante del PC Luis Baeza y fueron asesinados José Bordás Paz (militante del MIR), Alfonso Carreño Díaz (del PC) y el suboficial de la FACH Rafael Reyes Gajardo. En su testimonio, a fojas 1182, el capitán Jaime Donoso declara: “En la madrugada del 8 de octubre de 1973 frente al general (Orlando) Poblete y otros oficiales prisioneros en la AGA, fue asesinado el suboficial de la FACH Rafael Reyes Gajardo, por un soldado debido a que Reyes se había puesto a llorar al pedir antecedentes de su familia. El funcionario que le disparó fue felicitado”.

Apenas casi una hora después de que iniciaran el análisis de la solicitud de procesamiento del general (r), Fernando Matthei, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la medida requerida hoy por abogados de víctimas de la Academia de Guerra entre las que se encuentran el fallecido padre de la Presidenta Michelle Bachelet, general (r) Alberto Bachelet.

Los abogados Hiram Villagra, Boris Paredes y Carlos Cruz, habían presentado la solicitud en ese sentido cerca del mediodía y la Sexta Sala del tribunal de alzada resolvió descartarla pasadas las 13:00 horas.

Los juristas esperaban el procesamiento y arresto del ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea (FACh) y, por ese cargo, de la Junta Militar que encabezó el ex dictador Augusto Pinochet, por haber sido director del recinto que sirvió como centro de detención a esa rama castrense.

Le atribuyen responsabilidad por la represión, con torturas, entre 1974 a 1975, con base en un fallo de la misma sala, entonces presidida por Carlos Cerda, en que fueron encausados el general (r) Ramón Cáceres, el coronel (r) Sergio Contreras y otros siete ex oficiales de la FACh.

El abogado defensor de Matthei, Jorge Balmaceda, descartó la acusación afirmando que el ex militar se encontraba en Estados Unidos en el período indagado y que su cargo fue sólo de orden institucional y nominativo, por lo que nunca desempeñó funciones

El ex comandante en jefe de la FACh y ex director de la Academia de Guerra Aérea (AGA), Fernando Matthei, niega responsabilidad en los sucesos de ese recinto, justificando que en 1974 nunca asumió el cargo. Otros oficiales (R) dicen lo contrario.

La contienda entre los tribunales de justicia, el general (R) de Aviación Fernando Matthei Aubel y un conjunto de abogados querellantes por víctimas de la Academia de Guerra Aérea (AGA) se mantiene trabada.

Los demandantes Boris Paredes e Hiram Villagra sostienen que si bien la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el martes pasado procesar a Matthei por los delitos de secuestro y asociación ilícita genocida cuando tras el golpe militar tuvo a su cargo la AGA, el asunto no estaría cerrado.

Lanzan además sospechas de la forma como fue a caer en esa sala la solicitud de encausamiento que inicialmente negó el juez de la causa AGA, Juan Fuentes Belmar. Entre los que rechazaron el encartamiento de Matthei está el ministro Alfredo Pfeiffer, identificado por las agrupaciones de derechos humanos con la pasada dictadura militar. En la búsqueda de nuevos antecedentes, sostienen que podrán insistir en llevar al ex integrante de la Junta Militar a los estrados judiciales.

Pero Matthei niega sostenidamente su responsabilidad penal en los sucesos criminales de la AGA entre 1974 y 1975. En su principal y escasamente difundida declaración judicial en el caso AGA hace diez años ante el ministro Carlos Cerda, el ex comandante en jefe de la FACh afirma que, si bien efectivamente el general Gustavo Leigh lo designó director de la AGA en diciembre de 1973, permaneciendo en ese cargo hasta el 1 de enero de 1975, "cuando ascendí a general y fui designado como director de Operaciones de la FACh", en realidad nunca asumió "las labores que correspondían como director de la AGA".

Del estudio a la tortura

Admite que esa academia cesó sus labores instructivas tras el golpe de Estado y también acepta que se transformó en un centro de detención porque "allí había detenidos en el subterráneo". Pero rechaza la acusación de haber estado permanentemente en ese recinto y haberse enterado diariamente de la situación de los prisioneros.

"Durante mi período (como director) fui unas diez veces a la AGA para reunirme con el subdirector José Muñoz Pérez y requerir información sobre planificación de programas de estudio y materias anexas", expresó el general (R) en su declaración que, en todo caso, debió prestar en calidad de "inculpado" y no como simple testigo de los hechos.

Para los querellantes, ésta es una de las grandes contradicciones de Matthei, puesto que en la misma pieza judicial sostiene que la AGA dejó de operar como lugar de estudio después del golpe, precisamente el período en que él asume como su director.

El general (R) funda además sus descargos en que "al director de la AGA sólo le correspondía velar por la seguridad exterior del recinto" ante un ataque para liberar prisioneros.

Y respecto de su relación como director con el subterráneo donde estaban los prisioneros, expresó que "el único vínculo entre la AGA y el subterráneo era darles el rancho (comida) y proporcionarles transporte para efectos del servicio".

Y agregó tajantemente: "Nunca supe que en esa Academia se torturaba a los detenidos".

Testigos del caso

Uno de los principales autores de los delitos de lesa humanidad cometidos en la AGA, el general (R) Ramón Cáceres, reconoció en el proceso que “dependí en la Academia disciplinariamente del director Matthei, donde almorcé varias veces con él y el coronel Edgar Cevallos, ocasiones en que el director inquiría por algunos prisioneros”. Cevallos es otro de los oficiales FACh que, de acuerdo al proceso, mostró un trato extremadamente cruel con los prisioneros. Junto a Cáceres, está procesado y condenado por los sucesos de la AGA.

El general (R) Luis Campos también da luces en el juicio sobre Matthei: “Toda la guardia dependía del director, también la guardia de los detenidos”.

Los querellantes dicen en la presentación rechazada por la Corte que “si bien Matthei no se manchó las manos con sangre, como director de la AGA y simultáneamente como director de Operaciones de la FACh, donde controlaba también las tareas de inteligencia, tuvo pleno conocimiento de los detenidos, algunos fallecidos, como el general Alberto Bachelet y el ministro José Tohá”.

En una carta envidad a El Mercurio, el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea se refirió al plebiscito de octubre de 1988 y descartó “la más mínima vacilación” de Augusto Pinochet o la Junta de Gobierno en orden a respetar los resultados que determinaron el retorno a la democracia.

“Me siento honrado de haber participado en el gobierno militar, como ministro y como miembro de la Junta de Gobierno. La labor cumplida por las Fuerzas Armadas la juzgará la historia y estoy convencido de que será positivamente”, afirmó el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), general del aire (r) Fernando Matthei Aubel.

El uniformado que en 1978 sucedió a Gustavo Leigh en la Junta Militar de Gobierno y que es el padre de la actual ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, envió una carta a El Mercurio para aclarar versiones en torno a la tensión que generó en el gobierno de Augusto Pinochet el resultado del plebiscito del 5 de octubre de 1988, donde el ex comandante en jefe del Ejército “corrió solo y salió segundo”.

Matthei usó el diario de Agustín Edwards para reiterar el planteamiento que hizo “el 4 de marzo de 1991 en la declaración oficial de la Fuerza Aérea de Chile sobre el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación”, que presidió Raúl Rettig.

El general (r) afirmó que “sigo compartiendo plenamente, los ideales que inspiraron el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, consecuencia inevitable de un conflicto civil agudizado hasta el extremo, en cuya gestación y desarrollo las Fuerzas Armadas y de Orden no tuvieron participación ni responsabilidad alguna”.

Asimismo dijo lamentar “profundamente, como lo he lamentado siempre, toda pérdida de vida humana. Las víctimas civiles y militares de esta desafortunada etapa representan un testimonio de extremo sentimiento para nuestra conciencia, con las consecuencias de dolor que acarrea para una nación el abandono de una convivencia regida por la razón, que obliga al empleo de la fuerza”, argumentó.

Respecto al plebiscito, aseguró que “se realizó de manera justa, transparente e impecable. Aunque reconoció que “esa noche del plebiscito tuvimos entre nosotros distintas apreciaciones sobre la mejor manera de asegurar el orden público, siempre dentro de la Constitución y la ley”, Matthei recalcó “que jamás existió la más mínima vacilación del Presidente Pinochet o de algún miembro de la Junta de Gobierno en orden a respetar los resultados de ese plebiscito y así cumplir estrictamente lo que mandaba la propia Constitución que nosotros habíamos propuesto al país”.

El ex comandante en jefe de la FACh justificó la carta explicando que “los hechos son los hechos, y no puedo sino ser leal a mi conciencia y decir mi verdad. Se la debo al país que adoro y que tanto le ha dado a mi familia. Lo hago para ser fiel a la verdad histórica, base fundamental de la reconciliación y la unidad nacional que necesitamos”, escribió.

Habiendo sido un Capitán de la FACH exonerado, por los miembros de las Fuerzas Armadas el año 1973, me siento consternado por las declaraciones del general Matthei en las cartas al señor director de El Mercurio. Me referiré a los cinco puntos para compensar los decires del general.

Primero, es inconcebible pensar que las FFAA no tuvieron participación alguna en el conflicto civil político y militar que culminaron con el golpe militar. En los cuarteles con bastante anticipación al 11 de septiembre, se hablaba y discutía sobre el golpe, que se le calificaba muy descaradamente Pronunciamiento. Hubo planificación sistemática de la cual fui testigo y que un grupo de oficiales constitucionalistas denunciamos al poder político de la época.

¿Por qué es tan desleal consigo mismo y trata de justificar los hechos por la efervescencia política de la época? Aquí aparece una actitud escasa de honor, dignidad y confusión mental.

Segundo, es fácil decir ahora que lamenta las pérdidas de vida humana de los chilenos en manos de los militares de la época y que el general Matthei sienta dolor, me parece cinismo o demencia, en circunstancias que fui testigo el año 1974, cuando el general era director de la Academia de Guerra Aérea (AGA), lugar de torturas de los oficiales y suboficiales de la FACH que no participamos en la convivencia regida por la razón que obligó al empleo de la fuerza, para someter al país a una dictadura, la cual no ha sido aceptada por el mundo democrático, excepto por los que la instigaron y apoyaron dicho golpe militar.

El general Matthei sigue abrigándose en la complacencia como lo ha hecho en el pasado. Contextualizar en exceso es una forma de eludir la condena moral. Tampoco tiene valor declararse dolido ahora, cuando el dolor no conlleva ningún riesgo y solo tiene ventajas. Más aún, su posición en la AGA lo ubica al lado de la tortura y de los factores que ayudaron a que se produjera. Porque lo que estuvo en juego fue la parte ética de la aplicación de la tortura y de los factores que ayudaron a que se produjera. La tortura en sí es el acto que éticamente no es aceptable.

Tercero, no logro concebir los valores morales y éticos, de una democracia que el general Matthei se sienta honrado de haber participado en el gobierno militar, cuya característica en todo el mundo es clara y precisa, en cuanto a que se produjeron aberraciones humanas, al no respetar la vida de los conciudadanos que fueron sometidos a torturas, otros a prisión y muchos fueron simplemente eliminados por los militares, por el simple hecho de no estar de acuerdo con los principios de la Junta.

Cuarto, es aceptable la percepción del general Matthei, en cuanto a abrir las puertas para que se produjera una modernización de la nación, pero se ha preguntado alguna vez este señor, si la forma o el modelo que se usó eran racionales para aplicar la fuerza en la forma que se produjeron dichos cambios.

Quinto, me caben dudas en cuanto a cumplir el compromiso para volver a la democracia, lo que ya está aceptando que durante el gobierno militar no había democracia y al restaurar la libertad política, económica y social, conceptos que tampoco existieron durante el gobierno de la Junta. Este tipo de conjeturas para justificar Los Hechos son los Hechos, me parecen carentes de principios y valores éticos que estén de acuerdo con las percepciones modernas que se están aplicando en nuestra sociedad.

Creo que este tipo de declaraciones del general Matthei, hay que ponerlas en discusión a todo nivel, para que la historia sea entendida por más ciudadanos de nuestra patria.

Agradecido de antemano;

Jaime Donoso (M. Phil.)

Capitán Ingeniero (R) FACH

 Por no haber "presunciones fundadas", el juez Mario Carroza rechazó procesar al ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei, en el marco de la investigación por la muerte del general Alberto Bachelet.

La petición de procesamiento de Matthei había sido solicitada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y por el abogado Eduardo Contreras, quien expresó a Cooperativa su disconformidad con la resolución.

"Hay una veintena de declaraciones de ex oficiales de la FACh, de ex torturados de la FACh que lo vieron en la AGA (Academia de Guerra Aérea) en la época en que se torturaba y en la fecha en que fue asesinado el general Bachelet", dijo Contreras.

La muerte Bachelet ocurrió en marzo de 1974. Según estableció recientemente el Servicio Médico Legal (SML), el militar sufrió torturas durante su encierro, en el cual fue procesado por "traición a la patria" por un consejo de guerra. Siempre se mantuvo fiel al Gobierno de Salvador Allende.

El informe del SML consigna que el día previo a su muerte, el general fue sometido a un "intenso interrogatorio" en el que, según la declaración de Álvaro Yáñez (médico que estuvo detenido junto a él), sufrió "grandes apremios psicológicos y de exigencia física, haciéndolo escuchar cómo torturaban a una mujer a la cual debía declarar en su contra".

El SML concluye que "existe una relación de temporalidad entre el último evento cardíaco que le provoca la muerte a don Alberto y un interrogatorio realizado horas antes".

Según su autopsia, Bachelet padecía de una "cardiopatía isquémica crónica" (falta de oxígeno y disminución del flujo sanguíneo a través de arterias coronarias).

En una reciente entrevista, Fernando Matthei se declaró "avergonzado" por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el gobierno militar, que integró entre 1978 y 1990 como miembro de la Junta que acompañó al general Augusto Pinochet.

"Personalmente, lamento y me siento avergonzado de que nosotros, siendo gobierno militar, y siendo yo una parte importante de éste, se haya violado derechos humanos", dijo textualmente.

"No puedo decir que no sabía. ¡Por supuesto que sí sabía! Pero tampoco tenía la capacidad de arreglar eso. ¿Por qué? Porque en las Fuerzas Armadas cada uno responde de su propio sector. Yo era comandante de la FACh y no parte de los aparatos de inteligencia", añadió el retirado oficial en una entrevista a CNN Chile.

Refiriéndose al almirante José Toribio Merino, Matthei sostuvo que cuando ambos preguntaban sobre las denuncias de violaciones a los DD.HH., "francamente se nos mentía. Sabíamos también que se nos estaba mintiendo; pero ¿qué alternativa tiene uno? Yo era comandante en jefe de la FACh. Estábamos casi en guerra, y eso también es un hecho histórico. Yo tengo una responsabilidad, que es la defensa de mi país y de conducir a la Fuerza Aérea. Y de eso respondo plenamente".

El abogado Eduardo Contreras solicitó por segunda vez al ministro en visita, Mario Carroza, el procesamiento del general en retiro Fernando Matthei como presunto autor de las torturas que sufrió el general Alberto Bachelet en la Academia de Guerra Aérea (AGA), en su calidad de director de esa unidad militar.

"Los nuevos antecedentes aportados en el careo del general Matthei con ex oficiales quedó más que claro que sabía lo que ocurría en la Academia de Guerra Aérea y hasta se dio el tiempo de clasificar a los prisioneros que debían ser interrogados, por lo mismo y en el marco de sus responsabilidades establecidas en el Código de Justicia Militar y lo que señala el Código Penal él es responsable de lo que le ocurrió al general Bachelet", dijo el jurista.

El abogado, quien representa a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), agregó que si el ministro Carroza estima que no se dan los presupuestos para considerarlo como autor, se le encargue reo como "cómplice" de los hechos ocurridos entre fines de 1973 y marzo de 1974.

La hija del ex general y actual candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, planteó que han intentado varias veces llevar a su padre ante la justicia y "ojalá que tampoco ahora les resulte".

"Todo el mundo sabe que ellos eran amigos (con Alberto Bachelet) y que mi padre solamente ostentaba un título, pero no trabajaba en eso", dijo, añadiendo que "le pusieron el título de director de la academia de guerra, pero requería un general para eso y mi padre era coronel".

"Pero la academia de guerra estaba cerrada, no existía en ese momento y el trabajo que él estaba haciendo era otro", afirmó.

El general Bachelet murió el 12 de marzo de 1974 en la Cárcel Pública de Santiago donde cumplía su condena establecida por un Consejo de Guerra como autor de "traición a la patria".

A principios de mes, por cerca de una hora y en dependencias de la Auditoría General de la Fuerza Aérea, en el edificio de las Fuerzas Armadas en calle Zenteno, se desarrolló el careo entre el ex comandante en jefe de la institución y tres ex oficiales y una prisionera política en la Academia de Guerra Aérea.

Hasta el lugar llegaron los capitanes en retiro, Raúl Vergara y Jaime Donoso, como también el sargento (r) Mario González y Carmen Gloria Díaz, quienes aseguran que el general Matthei supo de los apremios y torturas que sufrió Bachelet.

El general Fernando Matthei, otrora comandante en jefe de la fuerza aérea chilena, habrá de despertarse el domingo 17 de noviembre anticipando un día excepcional, donde tendrá la oportunidad única de votar por su propia hija Evelyn como candidata a la presidencia, un día en que espera que no le ronden resquemores y fantasmas.

Falta que le hace a Evelyn Matthei, que representa la alianza derechista que actualmente gobierna Chile, el sufragio de su padre, ya que no sólo parece asegurada su contundente derrota a manos de la ex presidenta Michelle Bachelet, un resultado desdoroso que puede suscitar una crisis letal en la derecha chilena.

Me pregunto qué va a sentir el general Matthei cuando vea en la papeleta electoral el apellido Bachelet junto al suyo. ¿Recordará que hay un chileno, un íntimo amigo suyo, camarada de toda la vida, un general de Aviación que no podrá emitir su voto en estas elecciones? ¿Pensará Fernando Matthei en Alberto Bachelet, padre de Michelle, que no tendrá jamás la posibilidad de votar por su hija, puesto que en marzo de 1974 el general Bachelet murió de un paro cardíaco inducido por las torturas a las que fue sometido durante seis meses por sus propios colegas militares?

Unicamente por haber sido colaborador del presidente Salvador Allende y mantenerse leal a su causa y su palabra.

Fernando Matthei era agregado aéreo en Londres para el golpe del 11 de septiembre de 1973 y nada pudo hacer para ayudar a su compadre del alma. Su inacción ya es injustificable cuando vuelve a Santiago en enero de 1974 y es nombrado director de la Academia de Guerra de la Aviación, el lugar donde precisamente estaba detenido y fallecería dos meses más tarde el hombre al que su hija Evelyn conocía como el Tío Beto. Aunque en varios procesos posteriores la Justicia chilena determinó que al entonces coronel Ma-tthei no le cabía culpa penal en la muerte del general Alberto Bachelet –debido a que los subterráneos donde apremiaban a su compañero de armas estaban fuera de límites para todo personal que no perteneciera a la fiscalía militar–, otra cosa es la responsabilidad moral. La que, según el mismo Fernando Matthei, todavía le pesa y avergüenza, según confiesa en un libro del 2003: “Primó la prudencia”, dice, “por sobre el coraje”.

Ni el más delirante novelista –y me cuento con orgullo como uno de ellos– podría haber imaginado una historia más inusitada, de dos amigos con destinos tan contrarios. Uno que muere por haber tenido el coraje, pero tal vez no la prudencia, de aceptar, con rango ministerial, un puesto en el gobierno de Salvador Allende. Y el otro que vive con excesiva prudencia y sin coraje para convertirse por dos años en el ministro de Salud de Pinochet y enseguida, durante trece años, integrante de la Junta. La hija de Alberto que llegaría a ser ministro de Salud y después de Defensa en el gobierno de centro-izquierda de Ricardo Lagos y la hija de Fernando que fue senadora y después ministro del Trabajo en el gobierno conservador de Sebastián Piñera. La socialista que fue presidenta de Chile y la derechista que aspira a serlo.

Aunque a estas alturas a lo que de veras aspira es obtener una votación que le permita ocupar por lo menos un honroso segundo lugar en las urnas.

Y es aquí donde la historia de Chile nos ofrece otra sorpresa. Puesto que el general Matthei reconocerá en la papeleta con los aspirantes a la presidencia el apellido de otro candidato cuyo padre tampoco podrá votar en estas elecciones porque fue ultimado por la dictadura.

Se trata de Marco Enríquez, hijo de Miguel Enríquez, líder del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), abatido por la policía secreta en una calle de Santiago el 5 de octubre de 1974. Dejando tras sí a un hijo de un año y medio de edad, que ahora, casi cuarenta años más tarde, le está pisando los talones a Evelyn Matthei. Si Marco puede, en efecto, repetir el 20 por ciento de los votos que consiguió con su candidatura a la presidencia en las elecciones del 2009, logrará desplazar a la hija del general Matthei, para enfrentar a Michelle Bachelet en una posible segunda vuelta, permitiendo que el pueblo de Chile eligiera entre dos candidatos progresistas.

De todos los protagonistas de esta historia, ha sido Miguel al que más conocí. Mi mujer Angélica y yo fuimos amigos suyos, hasta el punto de que, pese a que no estábamos de acuerdo con la vía armada que proponía el MIR, arriesgamos todo para darle amparo en nuestra pequeña casa a él y a otros dirigentes de su partido en 1970, cuando entraron a la clandestinidad durante el gobierno de Frei padre para provocar en Chile una rebelión al estilo de Cuba, una tesis que nunca dejaron de esgrimir, aun durante los tres años del gobierno Allendista.

¿Qué diría Miguel si viera hoy a su hijo defendiendo la necesidad de transformar a Chile por medios pacíficos, si contemplara a su hijo desechando la violencia en que creía con fervor?

Tantos otros revolucionarios latinoamericanos sobrevivieron la represión de las dictaduras y llegaron a entender que la democracia, lejos de ser la camisa de fuerza de los pueblos, es condición esencial de todo cambio profundo, toda justicia duradera. Espero que así hubiera también evolucionado Miguel, que fue tan imprudente en sus ideas y acciones y a la vez tan pleno de coraje en su vida, tan animado por una sed de liberación humana que todavía me emociona.

Me hubiera gustado abrir esa discusión con Miguel. Me hubiera gustado preguntarle si se arrepiente de los errores que cometió durante los años en que Allende fue presidente, cuando el MIR (junto a elementos extremos y díscolos dentro de la Unidad Popular) desestabilizaron al gobierno popular con sus tomas irresponsables de fábricas y terrenos y predios agrícolas, y aceleraron el golpe con su retórica de una revolución armada inminente que nunca se materializó.

Pero, claro, es una conversación que nunca tendremos.

Si hay una insinuación de justicia divina en la derrota que Evelyn va a sufrir incontestablemente a manos de Michelle, un hecho maravillosamente simbólico que la hija de Alberto triunfe sobre la hija del hombre que abandonó a su padre, ¿no sería más que divino y justo que el hijo del guerrillero e insurrecto Miguel Enríquez dejara fuera de juego a la candidata del Pinochetismo? Que el hijo de una de las víctimas le ganara a la hija de uno de los cómplices de esa política de exterminio sería una muestra definitiva de que Chile le ha dado para siempre la espalda al legado de Pinochet.

Pero queda en este cuento inverosímil de fantasmas y padres y linajes, todavía una vuelta más de la tuerca histórica.

Puesto que fue el mismo aborrecible general Matthei el que facilitó que hubieran hoy en Chile elecciones libres, que su propia hija y la hija de su compañero Alberto y el hijo de su enemigo Miguel, pudieran disputar la presidencia, y que fuera el pueblo de Chile, y no sus fuerzas armadas, el que decidiera el porvenir.

Fue para el plebiscito de 1988. Cuando Pinochet quiso desconocer su derrota y fomentar un auto-golpe que lo mantuviera indefinidamente en el poder, fue el general Matthei quien impidió tal maniobra, concediendo públicamente la victoria del “No”, abriendo paso al retorno de la democracia.

Yo quisiera creer que Fernando Ma-tthei, esa noche de octubre de 1988, estaba pagando una deuda con su viejo amigo Alberto, mostrando ante Pinochet la valentía que no mostró catorce años antes cuando ni siquiera fue a visitar ni menos a consolar a un camarada al que estaban torturando a escasos metros de su propia oficina en la Academia de Guerra.

Es una deuda, sin embargo, que no está enteramente saldada. Le queda al general Matthei, a los 88 años de edad, todavía otro gesto de redención con que pudiera señalar silenciosamente su verdadero arrepentimiento, conseguir que los fantasmas finalmente lo dejen en paz.

Sería un gesto simple, aunque arriesgado.

Sólo bastaría que el general, cuando entre al recinto electoral este próximo 17 de noviembre y recorra la lista de los candidatos, sólo bastaría que el general Fernando Matthei decida en forma clara y tajante y deliberada hacer una pequeña marca al lado del nombre de Michelle Bachelet, bastaría solamente entonces que él, su Tío Fernando, vote por ella, puesto que es desafortunadamente imposible que lo haga ahora y siempre su papá.

El abogado del general (r) de la Fuerza Aérea (Fach) y padre de la ex presidenciable Evelyn Mathhei, Fernando Mathhei; anunció acciones legales contra quienes hicieron "imputaciones falsas y calumniosas" en su contra en el caso de la muerte del padre de la Presidenta Michelle Bachelet, el general Alberto Bachelet.

Esto, porque varias personas lo responsabilizaron de las torturas que recibió en la Academia de Guerra Aérea (AGA) y que luego le provocaron la muerte en 1974. Sin embargo, hoy el juez Mario Carroza condenó a dos coroneles (r) de la Fach por esos apremios ilegítimos, dejando a Mathhei como mero testigo. Incluso hoy la viuda de Bachelet, Angela Jeria, afirmó que cuando ocurrieron los hechos, Matthei estaba fuera de Chile y aún no asumía la dirección de la AGA.

Según el abogado Jorge Balmaceda, "él no tenía ninguna responsabilidad en los hechos investigados y al pretenderse en tres oportunidades imputársele un delito falso, él me ha señalado que va a deducir las acciones penales correspondientes".

El coronel (r) de la Fuerza Aérea de Chile falleció la madrugada de este martes. Además de haber estado detenido con el padre de la Presidenta, acusó al general (r) Fernando Matthei de ser cómplice de sus torturas.

Durante la madrugada de este martes falleció el coronel (r) de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Ernesto Galaz, quien fue una de las voces al interior del Ejército que se opuso al golpe de Estado de 1973 y que por tal opción fue detenido tres días después del asalto a La Moneda por parte de militares leales a Augusto Pinochet.

Galaz coincidió en su paso por la cárcel con el entonces general de la FACh y padre de la Presidenta Michelle Bachelet, Alberto Bachelet. Al compartir el encierro, ambos cultivaron una fuerte amistad. Estuvieron tras las rejas en la cárcel pública, en la Base de Colina y en la Academia de Guerra Aérea (AGA), entonces dirigida por el general (R) Fernando Matthei.
Desde aquel entonces, Galaz sostuvo en diversas entrevistas que Matthei estaba a cargo de dirigir la AGA en 1974, el mismo año en que Alberto Bachelet murió por un infarto al miocardio provocado por los apremios aplicados. Según su versión, el padre de la alcaldesa de Providencia al menos fue cómplice de los horrores ocurridos en ese lugar y lo llamó a reconocer su responsabilidad, al mismo tiempo que criticó a Ángela Jeria por ofrecer su amistad al retirado general.

En 2016, él y otros miembros de la FACh fueron reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como víctimas de la dictadura. La propia Presidenta Bachelet inauguró ese mismo año una placa conmemorativa en la sede de la AGA, donde se consignan los nombres de quienes allí sufrieron violaciones a los Derechos Humanos por parte de agentes de la dictadura.

Documentos inéditos revelan que la junta militar chilena visitó Butantan en secreto con funcionarios del régimen brasileño. CIPER reproduce reportaje realizado por Agência Pública, que en Brasil accedió a archivos desclasificados que confirman el vínculo del Instituto Butantan con la dictadura chilena. Los registros incluyen fotografías que revelan una visita secreta de la FACh a Butantan en 1979.

Este es un reportaje de Agência Pública, reproducido por CIPER, elaborado en la conmemoración del 60 aniversario del Golpe de Estado que derrocó a Joao Goulart en Brasil.

A través de análisis forenses, un diente puede volver a contar la historia. En febrero de 2023, laboratorios de Canadá, Dinamarca y Chile anunciaron que se habían encontrado Clostridium botulinum, la bacteria que se produce la toxina botulínica, en una muela del poeta Pablo Neruda, reforzando una vieja teoría de que el escritor, senador y diplomático chileno pudo haber sido asesinado por la dictadura.

Neruda murió hace poco más de 50 años, el 23 de septiembre de 1973, sólo 12 días después del golpe militar en Chile que derrocó al presidente electo Salvador Allende. Amigo del presidente, el poeta pretendía viajar a México, donde formaría una oposición política. Sin embargo, hospitalizado en una clínica de Santiago, Neruda murió la víspera de su partida tras recibir una inyección. Aunque padecía un cáncer de próstata, su antiguo chófer y parte de su familia siempre sospecharon de un envenenamiento.

A finales de febrero de 2024, la justicia chilena ordenó que se volviera a investigar la muerte. Pero lo que aún no ha entrado en el radar de los investigadores es que el episodio puede estar relacionado con un suceso que conecta uno de los centros científicos más importantes de Brasil -el Instituto Butantan- y la dictadura de Augusto Pinochet.

Se trata de un controvertido caso de presos chilenos opositores al régimen que fueron envenenados con toxinas botulínicas procedentes de Brasil, en 1981. La toxina es uno de los venenos más potentes que se conocen.

«El botulínico afecta a todo el sistema neurovascular y provoca la muerte por infarto o asfixia», describió en una entrevista a Agencia Pública el expreso político Guillermo Rodríguez, una de las víctimas del episodio. Él y otros siete reclusos, cuatro de ellos presos políticos, ingirieron alimentos envenenados mientras se encontraban en la Cárcel Pública de Santiago.  

Conocido como «El Ronco», Guillermo Rodríguez se ganó el apodo por la ronquera crónica que adquirió como consecuencia del envenenamiento. «Todavía tengo secuelas en la vista, en el aparato respiratorio y en la voz».

Una sentencia judicial dictada en 2021 por la Corte Suprema de Chile dictaminó que la toxina utilizada en la cárcel procedía de Brasil. Y que había sido enviada al país por valija diplomática a la cancillería del palacio presidencial, que en ese tiempo funcionaba en La Moneda.

El único lugar que producía el suero antibotulínico en Brasil era el Instituto Butantan.

Ahora, una investigación de seis meses de Agencia Pública revela testimonios inéditos y nuevos documentos que prueban la cercanía del Butantan a los militares brasileños y chilenos, incluyendo fotos de la visita de una delegación de altos oficiales vinculados a Pinochet a su sede en São Paulo.

Al ser contactado por el reportaje, el Instituto reafirmó, en un comunicado, «su absoluto compromiso con la democracia y sus valores y con la libertad de opinión de sus investigadores para que puedan desarrollar con tranquilidad y seguridad su trabajo en favor de la ciencia y la salud pública en el país».

LOS PRESOS DE LA CÁRCEL PÚBLICA

El 7 de diciembre de 1981, un mes después de ser condenados a cadena perpetua por un Consejo de Guerra, Guillermo Rodríguez Morales, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y Ricardo Aguilera, simpatizante, invitaron a comer a sus compañeros de celda tras recibir carne y verduras enviadas por sus familias.

Horas después, siete reclusos presentaban síntomas de intoxicación grave: vómitos, fiebre alta, problemas de visión, habla y respiración, convulsiones y discapacidad muscular. Tratados como gastritis aguda, ninguno de ellos recibió el tratamiento adecuado.

Cuando la situación empeoró el 9 de diciembre, los pacientes fueron enviados al Hospital del Centro de Rehabilitación Social. Guillermo permaneció en la ambulancia atado a Víctor Corvalán Castillo, un preso común que ya estaba muerto.

Sólo después de ser diagnosticados con envenenamiento botulínico por el médico Jorge Mery fueron trasladados a otros hospitales. Tras varios días en coma, el preso común Héctor Pacheco Díaz también falleció el 20 de diciembre.

Sólo tras la llegada de material y antídotos procedentes de Francia, Estados Unidos y Argentina, los otros cinco presos envenenados -Guillermo, los hermanos Ricardo y Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael E. Garrido Ceballos- fueron dados de alta.

De vuelta a la cárcel, necesitaron un mes de terapia para volver a caminar. Rodríguez necesitó una traqueotomía y, en abril de 1982, se le paralizaron las cuerdas vocales.

Entre los testimonios de las víctimas, Adalberto Muñoz reveló que unos días antes un funcionario de prisiones le había aconsejado que no almorzara con los presos políticos. 

Ricardo Aguilera cree que fueron utilizados como conejillos de indias: «No nos eligieron para matarnos por nuestra importancia, sino como ‘conejillos de indias’ para probar la eficacia de un agente tóxico».

La Corte Suprema condenó a cuatro miembros del Ejército chileno y a un funcionario de prisiones por los asesinatos. En la causa se estableció que el envenenamiento se produjo «mediante la ingestión de una sustancia derivada del microorganismo Clostridium botulinum, que fue obtenida por el director del Instituto Bacteriológico, proveniente de Brasil, y que llegó a Chile vía mensajería diplomática, siendo recibida en la Cancillería y luego enviada a un laboratorio secreto que dependía de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine)».

También determinó que «la toxina botulínica fue introducida a la Cárcel Pública debidamente liofilizada, donde a ciertos internos se les suministró alimentos contaminados con dicha toxina, lo que provocó la muerte de dos de ellos, resultando otros cinco internos con lesiones graves».

Fundado en 1901, el Instituto Butantan es reconocido internacionalmente por sus investigaciones en los campos de la herpetología, la microbiología y la inmunología. Vinculado a la Secretaría de Salud del Estado de São Paulo, es responsable de gran parte de la producción de sueros y vacunas utilizados en el país, además de haber sido decisivo en la lucha contra la gripe H1N1 y el covid-19.

En los años setenta, el instituto gozaba de una enorme reputación como centro científico de excelencia. En 1972, Brasil se convirtió en el quinto país del mundo en producir el suero antibotulínico, elaborado a partir de la cepa variante A de la bacteria anaerobia Clostridium botulinum, cuya toxicidad produce parálisis muscular progresiva, incluida la del diafragma.

Ese mismo año comenzaron los estudios sobre el poder tóxico de la variante E, el mismo tipo encontrado 50 años después en los huesos de Neruda.

«No podemos descartar el uso de la bacteria y la toxina con fines productivos en Chile», dijo a Pública la doctora Gloria Ramírez Donoso, coordinadora del Panel Internacional de Expertos que investiga la causa de la muerte del escritor. «Insisto en que los abogados soliciten registros de documentos anteriores y posteriores al 11 de septiembre de 1973 sobre la producción, venta nacional, exportación e importación de productos químicos y biológicos del Instituto Bacteriológico de Chile».

«Es una pista importante», dice. «Creo que la información sobre Brasil debe ser presentada por los abogados defensores [de la familia]».

EL INSTITUTO SOCIO DE PINOCHET

Poco relatada aquí, la relación entre la dictadura de Augusto Pinochet y el instituto paulista está descrita desde hace tiempo por los tribunales y la prensa chilenos.

Al comienzo del régimen militar en Chile, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) creó el Proyecto Andrea, que utilizaba toxinas para eliminar a los opositores, como veremos. El gas sarín, la toxina botulínica, la toxina estafilocócica -producida en Butantan desde los años 30-, el talio, entre otros venenos, formaban parte del arsenal del proyecto.

Durante el gobierno de Pinochet hubo oficialmente 3.225 muertos y desaparecidos.

En 2008, la científica chilena Ingrid Heitmann Ghigliotto encontró en el sótano del Instituto Chileno de Salud Pública (antiguo Instituto Bacteriológico), del que era directora, dos cajas con ampollas de toxinas botulínicas del Instituto Butantan, una cantidad que, según ella, era suficiente para «exterminar a medio Santiago».

Los productos químicos, que habían permanecido en secreto durante 27 años en el sótano del instituto, fueron descubiertos e incinerados en 2008, sin que el gobierno de Michelle Bachelet fuera informado. «No pensé que pudieran ser importantes para un caso judicial», explicó la científica sobre la decisión de quemar el material. «Podría matar a mucha gente». Según ella, en las cajas encontradas faltaban algunos frascos.

El Instituto Butantan dijo a Pública que no había localizado ningún documento relacionado con el Instituto de Salud Pública chileno.

Sin embargo, fotos y documentos recientemente puestos a disposición por el Centro de Memoria Butantan sugieren lo contrario: durante la dictadura cívico-militar, el instituto tuvo estrechas conexiones con militares extranjeros, incluida la junta militar que gobernó Chile durante 17 años. Dos docenas de fotos obtenidas por Pública muestran incluso una visita a Butantan, el 1 de junio de 1979, del comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Fernando Matthei, miembro de la Junta y ex ministro de Salud, junto con el cónsul general chileno en São Paulo.

EL GIRO A LA DERECHA DE BUTANTAN

La relación con la dictadura de Pinochet parece haber sido la culminación de un giro a la derecha de Butantan durante la dictadura militar. Diez días después del Golpe de Estado en Brasil de 1964, el 10 de abril, científicos, médicos y académicos brasileños lanzaron un manifiesto de apoyo. Al mismo tiempo, se promovió una persecución política, con el apoyo del Departamento de Orden Político y Social (Dops), la policía política y el Servicio Nacional de Información (SNI), contra los científicos considerados «comunistas», que desembocó en despidos y exilios al extranjero.

«Había una dirección de derechas muy fuerte en el Butantan en aquella época», afirma Vera Bohomoletz, física e hija del bioquímico Sebastião Baeta y de la investigadora Olga Bohomoletz, prestigiosos científicos que fueron destituidos de sus cargos durante el régimen.

Dos de los firmantes del manifiesto -la Dra. Jandyra Planet do Amaral y el veterinario paraguayo Bruno Soerensen Cardozo- se convirtieron posteriormente en directores del instituto. Durante sus mandatos, otros firmantes, el bioquímico Edison Paulo Tavares de Oliveira, el biomédico Reynaldo Schwindt Furlanetto y el veterinario Raymundo Rolim Rosa se involucraron en la investigación de la toxina botulínica. Soerensen también participó en la visita de los militares chilenos, según el informe.

«Esta relación no parece fortuita. Los hechos están interconectados», dice Vera Bohomoletz.

Entregó a Pública una carpeta con documentos que nunca se han publicado, entre ellos un manifiesto de apoyo al golpe de 1964 y una carta de un destacado científico de la institución denunciando a los funcionarios al régimen militar.

LA CARTA DE LOS CIENTÍFICOS

Miembro fundador de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), el hematólogo Gastão Rosenfeld redactó, junto a sus colegas Alphonse R. Hoge, Eva Maria A. Kelen y Adolpho M. Penha, el Manifiesto de los Científicos y Universitarios de São Paulo en Rulers y Fuerzas Armadas de Brasil. Dirigido al II Ejército, contó con 32 firmantes, entre ellos miembros del Butantan, de la Universidad de São Paulo (USP) y del Instituto Biológico.

“Los Científicos y Universidades abajo firmantes vienen a demostrar su solidaridad con los gobernadores y militares que tuvieron la iniciativa de alzarse en defensa de la democracia que estaba siendo socavada demagógicamente por quienes poco a poco fueron instalando la dictadura comunista […] La lucha será bajo tierra, en ambientes de trabajo donde los rojos y rosas sabotearán de mil y una maneras sutiles a quienes no comparten con ellos […] nuestro apoyo a todos aquellos que han preservado y quieren preservar el régimen democrático brasileño, nuestro elogio a quienes tomaron esta iniciativa y la expresión de nuestra opinión contraria a la implementación del comunismo ruso, chino, cubano o de otro tipo en Brasil”.

Unos meses más tarde, Gastão Rosenfeld envió una carta de denuncia al entonces Secretario de Seguridad del Estado de São Paulo, el general Aldévio Lemos, con copia al Segundo Ejército, en la que describía «actividades comunistas de los ayudantes de Butantan». La carta menciona a los investigadores Olga Bohomoletz Henriques, Sebastião Baeta Henriques, Saul Schenberg y al entonces director Aristides Vallejo-Freire, entre otros.

Ambas cartas estaban en una carpeta titulada «Revolución», encontrada a finales de los años 90 en la clínica de Rosenfeld y entregada a Pública por Vera Bohomoletz.

Sebastião Baeta fue objeto de una comisión de investigación en la Facultad Paulista de Medicina a instancias de Otto Bier, director del Butantan en los años cuarenta y setenta. Alegando que era comunista, la comisión provocó su destitución como profesor en abril de 1964. A él y a su esposa, Olga Bohomoletz, militante del PCB -padres de Vera-, se les anularon sus cargos en el Butantan y fueron jubilados forzosamente en 1969. La familia vivió exiliada en el extranjero y sólo regresó al país tras la amnistía.

La carpeta también contenía un memorando en el que se citaba a los empleados a declarar sobre las actividades políticas de sus compañeros y recortes de periódico relacionados con las investigaciones de la Dops sobre Butantan.

Empleada de Butantan durante 50 años y firmante del manifiesto de apoyo al golpe militar, la investigadora Sylvia Lucas reaccionó con sorpresa ante el informe. «Me sorprende mucho que en aquel momento estuviera a favor de los militares. Era muy joven y no estaba implicada en la política del instituto. Firmé la carta, quizá sin pensar o porque me daba vergüenza no hacerlo», declaró a Pública. «Creo que en aquel momento había cierto temor entre el personal de que se produjera una invasión militar».

Algo similar ocurriría más tarde. Durante las décadas de 1970 y 1980, Butantan recibió la visita de innumerables grupos de militares, ya fuera con el pretexto de conferencias sobre mordeduras de serpiente, campañas de vacunación, ceremonias o reuniones con los directores.

Con motivo del 80 aniversario de la fundación de Butantan, en 1981 se creó una medalla con el nombre de la institución. En una ceremonia a la que asistió el gobernador biónico (nombrado por la dictadura) Paulo Maluf, el 11 de junio, Bruno Soerensen condecoró a los miembros de la organización, a los presidentes de la Central de Medicamentos (Ceme) y a los jefes de la Policía Militar, la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército. Uno de los condecorados fue Léo Etchegoyen, general del Estado Mayor del Ejército, supervisor del temido DOI-Codi y señalado por la Comisión Nacional de la Verdad como uno de los militares implicados en torturas y muertes durante la dictadura.

ENTRE SUEROS Y TOXINAS

En 1972, año de la Conferencia del Comité de Desarme de la ONU que prohibió el uso de armas bacteriológicas, Butantan comenzó a fabricar suero antibotulínico tipo A. No había emergencia de salud pública que justificara la producción: el último brote de botulismo había ocurrido en 1958, en Rio Grande do Sul, con siete muertes en una misma familia. Pero en aquella época, el país se enfrentaba a una epidemia de meningitis rampante, desatendida por el gobierno militar.

La sugerencia de investigar el suero fue del profesor Reynaldo S. Furlanetto, mientras que la responsabilidad de probar y fabricar la sustancia recayó en el bioquímico Edison Paulo Tavares de Oliveira. Ese mismo año, Edison comenzó a investigar la variante E. La bióloga Ivone Yamaguchi, que se incorporó a la institución en 1978, participó en varias fases de la fabricación del suero antibotulínico. «El costo de producción era elevado, pero era necesario tener el suero en reserva en caso de emergencia», explicó a Pública.

La directora general en 1972 y 1973 era Jandyra Planet. Científica de renombre, bien relacionada con funcionarios gubernamentales y militares, Planet ganó medallas de la Marina y de la Base Aérea de São Paulo.

Entre 1978 y 1979, bajo la dirección de Bruno Soerensen, Edison P. T. de Oliveira comenzó a producir suero antibotulínico tipo B. Ex director del Servicio de Bacteriología, Soerensen acumuló las funciones de director general y director de la División de Microbiología e Inmunología – donde se producía el suero. Durante su mandato, recibió la visita de varias delegaciones militares y oficiales de honor.

Ivone Yamaguchi explica que no existían protocolos de producción, seguridad, registro, almacenamiento o trazabilidad de los sueros, que no aparecieron hasta 1990. Según ella, Bruno Soerensen «nos pidió que nos mantuviéramos alejados de esos comunistas». Esta impresión es compartida por su colega Sylvia Lucas: «Bruno siempre ha sido abiertamente amigo de los militares y de su camarilla en Paraguay».

FOTOS DE UNA VISITA NO DIVULGADA

El 1 de junio de 1979, Bruno Soerensen, junto con otro firmante del manifiesto, el belga Alphonse Hoge, director de la División de Biología, recibió una comitiva que incluía a tres brigadieres de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), cuatro oficiales de la Fuerza Aérea Chilena (FACH) y el cónsul general de ese país. 

Liderada por el comandante en jefe de la FACH, Fernando Matthei, un general condecorado por la FAB que dirigió Chile junto a Pinochet y la junta de gobierno hasta 1990, la delegación chilena hizo una visita pública a Embraer el día anterior, pero su viaje a Butantan no fue informado por la prensa, que en aquella época aún estaba sometida a censura previa. Tampoco quedó constancia de la visita en el informe anual del instituto, aunque sí en fotos, encontradas por el informe en los archivos de la institución y publicadas ahora por primera vez.

Hechas públicas hace unos meses, las fotos del séquito fueron encontradas entre otras de Bruno Soerensen. Sin identificar a los miembros presentes, y con sólo un libro de firmas como referencia, el reportaje buscó en los archivos de la FACH para reconocer a los funcionarios. El grupo estaba compuesto por el Cónsul General de Chile en São Paulo, Patricio Rodríguez Rentería, además de tres oficiales de la FAB liderados por el Brigadier Mayor Waldir de Medeiros, comandante del IV Comando Aéreo (Comar), que sería Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en 1983.

Las fotos también muestran que la delegación fue transportada al helipuerto de Butantan en helicópteros de la FAB.

Entre los militares chilenos también se encontraban destacadas figuras de la Fuerza Aérea del país: el general de brigada Enrique Escobar Rodríguez, futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones; el coronel de Aviación Gonzalo Pérez-Canto Sáez, Subsecretario de Aviación; y el comandante de grupo Jaime A. Estay Viveros, primer piloto chileno en cruzar la barrera del sonido y el primero en pilotar el caza Hawker Hunter utilizado en el bombardeo del Palacio de La Moneda durante el golpe militar.

Matthei y Pérez-Canto, reconocido torturador, trabajaron en la Academia de Guerra Aérea (AGA), lugar de reclusión y tortura donde fue asesinado el general Alberto Bachelet, padre de la expresidenta Michelle Bachelet.

Pocos meses después de la reunión, Bruno Soerensen recibió una medalla del general de la Segunda División del Ejército Henrique Beckmann -primo del presidente Ernesto Geisel y responsable de las acciones contra la Guerrilla de Araguaia-, mientras que Edison P. T. Oliveira viajó a un congreso científico en Chile para hablar sobre los antígenos botulínicos.

«Si el director del instituto recibía a los militares para una reunión, era porque había órdenes superiores», comenta el diplomático Antônio Mesplé, ex miembro de la Comisión Nacional de la Verdad.

Consultado, el departamento de comunicación de la IV Comar dijo no tener constancia de la visita de los oficiales chilenos.

La visita tuvo lugar cinco meses después de un conflicto territorial con Argentina que movilizaba las energías del gobierno chileno. A raíz del conflicto, el Ejército chileno desarrolló un programa de guerra bacteriológica como elemento disuasivo en caso de guerra: el Proyecto Andrea.

EX MIEMBROS DEL RÉGIMEN ADMITIERON HABER IMPORTADO CEPAS LETALES

En 1981, el Departamento Bacteriológico del Ejército de Chile, dirigido por el médico militar Eduardo Adolfo Arriagada Rehren, encargó cepas al Instituto Bacteriológico (hoy ISP).

Fueron enviadas desde Brasil por correo diplomático entre el 22 de julio y el 7 de agosto a la Cancillería del palacio presidencial de La Moneda, en Santiago. Las encomiendas diplomáticas son enviadas por las misiones diplomáticas u oficinas consulares mediante una nota verbal, lo que facilitaría el envío directo de los tóxicos por parte de la embajada, consulado o las Fuerzas Armadas.

«El coronel Arriagada Rehren, acompañado de un veterinario que dijo ser el futuro jefe del Departamento de Guerra Bacteriológica, me pidió cepas de Clostridium botulinum. Como el instituto no las tenía, se pidieron a Brasil», dijo el coronel Joaquín Larraín Gana, director de la institución, en un testimonio ante un tribunal en 2004. «Las pedí a uno de los tres institutos de la ciudad de Sao Paulo, uno que se llama Butantan. No se pueden pedir estas cepas de forma privada, hay que hacerlo a través de una organización como el Instituto Bacteriológico.»

Encargado por el coronel Jaime Fuenzalida, jefe de seguridad, de recoger el paquete de la cancillería, el químico-farmacéutico Marcos Poduje Frugone se llevó una gran sorpresa al descubrir un tubo con la etiqueta «toxina botulínica». El paquete había sido entregado al laboratorio secreto del Ejército chileno.

Según la declaración de Arriagada Rehren, en 1978 fue abordado por el general Héctor Orozco, de la Dine, quien le señaló que la situación internacional de Chile era complicada, especialmente con Perú y Argentina, y que era necesario investigar y desarrollar antídotos para bacterias como la que causa el ántrax.

«Pidieron al Centro Bacteriológico, a través de su director, que solicitara cepas de Clostridium Botulinum de Brasil (Butantan)». Luego, recuerda que el coronel Larraín le advirtió que había llegado un paquete desde Brasil: «Era una caja común como las que se usan para guardar zapatos y no tenía ninguna de las medidas de seguridad necesarias para manipular estas bacterias, incluso uno de los tubos de ensayo estaba roto», dijo en su declaración ante la justicia.

En 2021, Eduardo Arriagada Rehren fue condenado a diez años de cárcel por ejecutar con una inyección de venenos, en noviembre de 1973, a un locutor de radio chileno que criticó su trabajo y al régimen.

EL PROYECTO ANDREA ELIMINA OPOSITORES

Rehren no era el único que asesinaba a oponentes con veneno. El Proyecto Andrea también se utilizó con este fin.  La policía política de la dictadura chilena, la Dina creó a principios de 1975 el Proyecto Andrea para producir armas químicas: gas sarín, somán, Clostridium botulinum, estafilococo dorado, ántrax, talio, entre otras sustancias bacteriológicas y derivados químicos, formarían parte del arsenal chileno.

El laboratorio del proyecto estaba ubicado en un piso de la casa de Michael Townley en Santiago. El estadounidense, agente de la Dina, era uno de los protagonistas del laboratorio y, según su jefe, Manuel Contreras, también pertenecía a la CIA. Otro nombre importante en el proyecto era el químico Eugenio «Hermes» Berríos. Ambos habían participado en Patria y Libertad, un grupo paramilitar neofascista que recibió apoyo de la CIA y de empresarios brasileños y se entrenó en Brasil antes del golpe de Estado en Chile.

En 2003, Michael Townley reveló a la justicia chilena que varios opositores fueron asesinados a través del Proyecto Andrea, cuyas muertes fueron etiquetadas posteriormente como suicidios o raros casos de cáncer. Dijo que adquiría la materia prima de los venenos en Europa y Estados Unidos y que utilizaba un frasco de perfume Chanel nº 5 que contenía gas sarín, un veneno incoloro e inodoro utilizado por los nazis, cuyas víctimas muestran síntomas de infarto.

No dio nombres, pero uno de los primeros episodios de envenenamiento parece haber sido el del general Augusto Lutz, antipático de Pinochet y Contreras, allá por 1974. Ingresado en el Hospital Militar para tratar una supuesta infección intestinal, Lutz murió de septicemia pocos días después. Su familia sospecha que fue asesinado. Según la familia de Lutz, que no pudo visitarlo, enfermó poco después de asistir a un banquete ofrecido por el dictador.

Otra muerte que se investigó, pero que sigue sin resolverse, ocurrió al mismo tiempo que el episodio de la Cárcel Pública.

En noviembre de 1981, en vísperas de su partida a una reunión internacional, el expresidente chileno Eduardo Frei Montalva decidió operarse de una hernia de hiato que le provocaba reflujo. Fue ingresado en la Clínica Santa María, la misma en la que había estado Neruda. Inicialmente sencilla, la operación tuvo complicaciones que le obligaron a someterse a una segunda intervención el 6 de diciembre. Sin embargo, una infección obligó a otra operación dos días después.

El 18 de enero de 1982, Fray Montalva murió de septicemia. El médico que le operó fue el mismo que había estado con el general Lutz.

En 2000, la familia del expresidente solicitó que su muerte se investigara como homicidio. Inicialmente, la investigación sobre Montalva detectó la presencia de talio y gas mostaza en muestras de sus tejidos. Sin embargo, en agosto de 2023, cuando el caso se juzgó en segunda instancia, se anuló la sentencia debido a los resultados supuestamente no concluyentes de las pruebas.

JUSTICIA

La sentencia relativa al caso de envenenamiento en la Cárcel Pública dictada en 2021 por los tribunales chilenos fue revisada y finalmente dictada por la Corte Suprema el 29 de diciembre de 2023. Los médicos y exfuncionarios Eduardo Arriagada Rehren y Sergio Rosende Ollarzú y el exfuncionario Jaime Fuenzalida fueron condenados a 15 años y un día de presidio, mientras que el alcaide Ronald Bennett Ramírez, en calidad de cómplice, fue condenado a 10 años y un día de presidio.

A Rehren y Ollarzú se les cancelaron sus cargos de médicos. Joaquín Larraín Gana, condenado a 15 años, murió durante el juicio.

Tras la orden de detención dictada en enero para cumplir su condena, Arriagada Rehren, que había ejercido hasta hace meses, no ha sido localizado y se ha convertido en prófugo de la justicia.

«En nuestro caso, los participantes en los asesinatos e intentos de asesinato fueron condenados en primera y segunda instancia», dice Guillermo Rodríguez. Dice que un tercer preso común, Edgardo Flandes Soto, murió hace unos años y su cadáver apareció sin identificar en la morgue. «La hipótesis es que fue él quien contaminó los alimentos, dado que se descartó que estuviera intoxicado, y posteriormente fue asesinado para cortar el hilo de la investigación».  Flandes Soto murió en 2008, el mismo año en que la científica Ingrid Heitmann encontró las cajas de toxinas en el sótano del ISP.

Ahora escritor y con varios libros publicados, el exmilitante dice arrastrar problemas crónicos de salud, como trastornos respiratorios que le obligaron a operarse la garganta con láser. «Las secuelas fueron cáncer de colon en 2010, pancreatitis en 2015 y, hasta el día de hoy, problemas de visión por úlceras en la córnea».

Considerado «una operación especial de inteligencia» y «un crimen contra la humanidad», el episodio de la Cárcel Pública es por ahora el único caso probado del uso del Clostridium botulinum de Butantan.

La posible vinculación del Instituto con la muerte de Pablo Neruda es un «punto interesante», según Gloria Ramírez Donoso, coordinadora del Panel Internacional de Expertos que investiga la causa de la muerte del escritor.

UNA MISTERIOSA INYECCIÓN LEVANTA SOSPECHAS SOBRE LA MUERTE DE NERUDA

La primera exhumación de los restos de Neruda se realizó hace 11 años, luego de que su chofer, Manuel Araya, revelara que el poeta había hecho una llamada desde la clínica. «A las 16 horas, Neruda llamó al único teléfono de Isla Negra, en el hostal frente a su casa, e informó que le habían inyectado en el abdomen, lugar inusual para usar un supuesto analgésico», describe la doctora Gloria Ramírez. «Sobrevivió aproximadamente seis horas», explica.

Gloria Ramírez considera un «punto interesante» el hecho de que Butantan estuviera investigando el tipo E de la toxina al mismo tiempo que la muerte de Neruda, ya que, «cuando se tomó el antiguo Instituto Bacteriológico en la época del golpe militar, hubo varios cambios de director civil a militar, luego cambio de nombre, de reglamento y de línea de producción», dice. «Debe haber papeles en algún registro físico del Congreso Nacional que avalen la producción, exportación, importación e insumos de Butantan, como el material microbiológico, por ejemplo. Al día de hoy no tenemos constancia de ello».

«Es una pista importante», afirma. «Creo que la información sobre Brasil debería ser presentada por los abogados defensores».

El tercer grupo de científicos dirigido por ella descartó el cáncer como causa de la muerte del poeta e indicó que el genoma de la bacteria conservada en su único molar intacto era la cepa Alaska E43. No se sabe si esta cepa se utilizó alguna vez en Butantan, ya que no se encontraron registros de las cepas de tipo E estudiadas en 1972 y 1973 en los archivos del instituto.

Cabe señalar que la CIA mantuvo reservas de botulina y armas químicas incluso después del tratado de 1972, según un documento estadounidense desclasificado.

El 19 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la reapertura de la investigación sobre la muerte de Neruda. Se ha ordenado que Eduardo Arriagada Rehren testifique sobre su trabajo de inteligencia sobre el Clostridium botulinum. La ex senadora Carmen Frei espera el resultado de esta causa para reabrir el caso de su padre.

LA COMISIÓN DE LA VERDAD INVESTIGÓ LA TOXINA EN LA MUERTE DE GOULART

El Clostridium botulinum estuvo en la agenda de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) y fue una de las sustancias buscadas en el análisis pericial de los restos del expresidente João Goulart en 2014.

«Aunque el primer análisis de la exhumación no fue concluyente, había presencia de un compuesto que no podía estar allí», afirma João Vicente Goulart, que dice tener documentos que vinculan la muerte de su padre a la Operación Andrea. Según el investigador Jair Krischke, especialista en la Operación Cóndor, el compuesto era tetranitrato de eritritol, utilizado también como vasodilatador.

Goulart murió de un infarto en Argentina el 6 de diciembre de 1976, el año de las muertes del presidente boliviano Juan José Torres, el diplomático chileno Orlando Letelier y el expresidente brasileño Juscelino Kubitschek. Un año antes, el jefe de la Dina, Manuel Contreras (también vinculado a la CIA), envió una carta al entonces jefe del SNI, João Baptista Figueiredo, advirtiéndole que JK y Letelier podían influir en la «estabilidad del Cono Sur».

Un informe de la CNV registró que el nombre de Jango figuraba en una lista de la Operación Cóndor. En la época, dos agentes de la operación, vinculados a la Central Nacional de Informaciones (CNI), trabajaban en la embajada chilena en Brasilia. Uno de los miembros clave del Proyecto Andrea, el químico Eugenio Berríos, fue vinculado a la presunta muerte de Goulart durante las investigaciones de la CNV.

Para Adriano Diogo, ex presidente de la Comisión de la Verdad del Estado de São Paulo, «Butantan puede haber producido sustancias utilizadas en Neruda».

«Debido a la Operación Cóndor, se barajó la hipótesis de que se hubieran utilizado venenos fabricados en Chile en varios casos, como en [el ex presidente chileno] Frei Montalva, João Goulart y Carlos Lacerda», afirma, añadiendo que las investigaciones no fueron concluyentes.

Ex gobernador de Guanabara, Carlos Lacerda formó parte de un frente de oposición a la dictadura con Jango y JK y murió de un infarto en una clínica meses después que los expresidentes.

Los documentos del SNI muestran que las toxinas y los sueros sí estaban en el radar de la agencia, según una investigación realizada por Pública en el Archivo Nacional.

En este caso, a pesar de haber sido destruidos en 1980, sus títulos se mantuvieron en una lista del SNI que hoy está en poder del Archivo Nacional.

Entre los documentos borrados sobre Allende, Neruda, Jango y Contreras, figuran afirmaciones como «Utilización de toxinas provenientes de actividades de la SDS en EE.UU.», «De la Sec 2 Ativ American Pharmaceutical Laboratories» y «CEME Manufacturing Serum Pyrogenic Effects».