Matteo Galleguillos Santiago Alfredo

Juez Madrid encausó a trece personas, entre ellas los facultativos Horacio Taricco, Pedro Valdivia, Osvaldo Leyton, Vittorio Orvietto y la enfermera Eliana Bolumburu, develando las oscuras actividades de profesionales de la salud al servicio de la dictadura. Fallo, al que accedió en exclusiva El Mostrador.cl, acreditó que deceso de Leyton estuvo asociado al gas sarín.

La no despreciable cantidad de 35 procesamientos contra 13 personas –entre los que destacan cuatro doctores y una enfermera- dictó el ministro Alejandro Madrid Crohare, en el proceso que sustancia por el homicidio y secuestro del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton, quien murió en marzo de 1977 por aplicación de torturas y gas sarín en la clínica London del organismo represivo.

Esta es la primera vez que un magistrado logra identificar la orgánica del recinto que la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) usó para aplicar tormentos y venenos a opositores de la dictadura, como también quiénes formaban parte del personal médico y auxiliar que ayudaron a llevar a cabo estas prácticas.

El Mostrador.cl accedió a una copia íntegra del procesamiento dictado por Madrid, a través de una alta fuente judicial.

Los encausamientos dictados por Madrid se dividen en los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y asociación ilícita y afectan a 13 personas que tuvieron distintas participaciones en los hechos investigados.

Por asociación ilícita, en calidad de co-autores, fueron procesados los médicos Hernán Horacio Taricco Lavín, Pedro Samuel Valdivia Soto, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Tiplitzky y la enfermera jefe de la clínica London Eliana Carlota Bolumburu Tabeada.

Esta última es prima de Ana María Borumburu, quien laboraba en la Universidad Católica, cerca de los doctores Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, quienes realizaron la autopsia no autorizada al ex Presidente Eduardo Frei.

Bajo los mismos cargos, el ministro procesó a los ex militares Ricardo Víctor Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Luís Sovino Maturana (jefe de seguridad de la clínica), al suboficial mayor (R) Santiago Alfredo Matteo Galleguillos; al coronel (R) Juan Morales Salgado (recién procesado en el caso Prats); al comandante (R) del Ejército y miembro de la brigada Lautaro de la DINA Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (procesado en el caso Conferencia); la teniente del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño (también encausada en Conferencia), conocida en la DINA por su crueldad, ya que fue quien inyectaba cianuro a los detenidos; y al empleado civil Lorenzo Omar Toro Olivares.

De acuerdo a la resolución del magistrado, los coautores del homicidio calificado, es decir, quienes participaron directamente en la muerte de Leyton, fueron el médico Taricco Lavín, y los ex uniformados Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes y Morales Salgado. Sus cómplices, en tanto, fueron Sovino Maturana y Toro Olivares

Los encubridores del homicidio, según el procesamiento, son los doctores Leyton Bahamondes, Valdivia Soto, la enfermera Bolumburu Taboada y los ex uniformados Matteo Galleguillos, Chaigneau Sepúlveda y la teniente Calderón Carreño.

Finalmente, como coautores de secuestro fueron procesados los doctores Taricco Lavín, Leyton Bahamondes, la enfermera Bolumburu Taboada, y los ex militares Lawrence Mires, Vianel Valdivieso, Sovino Maturana, Morales Salgado y Toro Olivares.

Papeles mentirosos

Madrid no escatimó detalles en su investigación y también encausó en calidad de co-autores de falsificación de instrumento público al médico Leyton Bahamondes y la enfermera Bolumburu Taboada.

Estos últimos fueron quienes elaboraron la documentación para que la muerte de Leyton apareciera asociada a un ataque cardíaco provocado por una enfermedad, y no por los efectos de la aplicación del gas sarín.

De hecho, en la resolución dictada por Madrid queda acreditada que los directivos del Servicio Médico Legal (SML) de la época fueron presionados para cambiar la historia clínica y las causas de muerte.

Estos procesamientos se suman a los dictados el lunes por el mismo juez contra el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva y quien fuera su mano derecha, el coronel (R) de justicia Enrique Ibarra Chamorro, en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del ex agente de la DINA Eugenio Berríos.

La historia que acreditó Madrid

La muerte del cabo Leyton Robles es lo que podría llamarse una vendetta mafiosa para quien traiciona el código del silencio. Y para el ex director de la DINA Manuel Contreras la palabra traición era sencillamente un vocablo impronunciable.

La historia acreditada por el juez es que Leyton Robles, junto a otros agentes, buscaban repuestos para reparar una renoleta con la que trabajaba la DINA. Sin embargo, los fondos con los que contaba el organismo represivo ya eran exiguos y, por lo tanto, no se podía arreglar el vehículo.

El cabo decidió resolver el tema por sí mismo robó un automóvil similar al francés Marcel Duhalde. El ciudadano europeo denunció el hecho ante Carabineros, cuyos efectivos detuvieron a Leyton Robles y al agente Heriberto Acevedo y los llevaron a una comisaría.

Entre tiras y aflojas entre la DINA y la policía uniformada, se llegó al punto máximo de que la unidad fue rodeada por efectivos del organismo encabezado por Manuel Contreras.

Sin embargo, Leyton ya había revelado en el interrogatorio que el vehículo en cuestión pertenecía a un detenido desaparecido y que éstos eran lanzados al mar, como una forma de hacerles ver a los policías que su detención era casi un asunto de seguridad nacional.

El cabo fue finalmente liberado. Pero la DINA lo detuvo nuevamente en el recinto de Simón Bolívar. Días más tarde falleció de un misterioso ataque cardíaco, cuando sólo tenía 24 años.

Tras la muerte de Leyton, el círculo de hierro de la DINA se hizo presente en el lugar: Vianel Valdivieso y el entonces mayor Morales Salgado. Ellos se llevaron el cadáver. De eso han pasado poco más de 20 años.

El ministro en visita Alejandro Madrid descubrió que doctores que trabajaron en la clínica London de la DINA también prestaron servicios en la clínica Santa María. De hecho, uno de ellos, intervino en el equipo médico que estuvo en la última operación al ex Mandatario, según revela el expediente judicial.

Si en 1977 alguien hubiera dicho que un ministro de la Corte de Apelaciones llegaría a establecer cómo murió un agente de la DINA a manos de sus camaradas de armas en la Clínica London, de seguro lo habrían tildado de iluso. Igualmente, si en 1982 alguien hubiera tenido conocimiento que parte del equipo médico que trabajaba en la Clínica Santa María, donde se operó al ex Presidente Eduardo Frei Montalva, formó parte de la Clínica London, de la DINA, quizás su muerte habría sido evitada.

Si en 1990, tras el retorno de la democracia, alguien hubiera siquiera levantado la sospecha de que estas dos muertes estaban relacionadas entre sí, quizás en parte le hubieran creído, pero era impensable obtener resultados concretos.

Por esta razón, el ministro Alejandro Madrid Crohare ha acreditado que una serie de muertes anteriores a la de Frei son un nexo necesario para llegar a establecer el que pudiera ser el primer magnicidio de la historia de Chile.

El magistrado Madrid, en un documento al que tuvo acceso exclusivo LND, tiene identificado a todo el personal que trabajó en las clínicas de la DINA, pasando por Santa Lucía y luego London, desde guardias, enfermeros, doctores, auxiliares, conductores y telefonistas. Este listado secreto, nunca antes publicado (ver recuadro), consta en el expediente que el juez tramita por la muerte del ex cabo del Ejército y ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton Robles, asesinado en marzo de 1977. Caso ligado a la muerte de Frei.

Este hecho, si se toma en perspectiva, ha dado pistas que han ayudado a fortalecer la convicción del magistrado en cuanto a que la muerte de Frei no fue una mera casualidad.

A lo anterior se suman otros dos sucesos que también han sido reveladores para el magistrado. En primer lugar, que en 1993 uno de los principales imputados en el crimen del diplomático español Carmelo Soria -ocurrido el 14 de julio de 1976-, el brigadier (R) y ex secretario general del Ejército, Jaime Lepe, utilizó a los agentes del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) para que siguieran y detuvieran al suboficial (R) José Remigio Ríos San Martín. Se reunió con él en un restaurante, donde le conminó a retractarse de la declaración que lo inculpaba a cambio de una camioneta (ver La Nación 21.8.06). La volumen de medios que Lepe utilizó para esta operación, a instancias del propio Pinochet, revela que no sólo se trataba de proteger su carrera o de encubrir una muerte como tantas otras, sino más bien de ocultar información sobre fabricación de venenos para eliminar a sus opositores durante la dictadura militar.

En segundo lugar, otra vertiente conduce al envenenamiento con toxina botulímica de los miristas en la cárcel pública en 1981 (ver La Nación 23.8.06), traída especialmente a Chile por el Instituto de Salud Pública (ISP) para el Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército (LGBE), con el aval del entonces representante en Chile de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), doctor Virgilio Scuttia. En aquel año, el LGBE dependía operativamente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Por último, la salida de Chile del químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo -quien huyó del país con ayuda del Ejército en octubre de 1992- y su posterior asesinato en 1993 en Uruguay, constituyen en conjunto un rompecabezas al que sólo le faltarían algunas piezas por encontrar en el oscuro universo de las operaciones de inteligencia de la dictadura de Pinochet. Y Berríos, en toda esta trama, aparece como el nexo necesario.

“Por culpa de este hueón traidor”

La muerte del cabo Leyton Robles, ocurrida en marzo de 1977, resulta un ejemplo palpable de lo que significaba la palabra “traición” para el director de la DINA, Manuel Contreras: un vocablo impronunciable.

Leyton Robles buscaba junto a otros agentes repuestos para una renoleta, ya que los fondos de la DINA eran exiguos y no había cómo reparar el vehículo. El problema lo resolvieron robando un auto similar al ciudadano francés Marcel Duhalde. Éste denunció los hechos a carabineros, los que ubicaron la renoleta y detuvieron a los responsables, el propio Leyton Robles y Heriberto Acevedo, ambos miembros de la DINA, los cuales fueron trasladados a una comisaría. Y allí comenzó todo. La DINA ordenó liberarlos. Carabineros se opuso. Los agentes del servicio rodearon la unidad policial. Crisis. Manuel Leyton Robles seguía preso. Sin embargo, minutos antes había revelado el secreto mejor guardado de la DINA: la existencia de detenidos desaparecidos y su destino final, el mar.

Una vez liberado, la DINA, al tanto de sus declaraciones, lo recluyó en uno de sus recintos. Murió días más tarde de un misterioso ataque cardíaco. Tenía sólo 24 años. Hasta aquí llega lo que hasta ahora es de dominio público.

“Viene paquete”

Sin embargo, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde fue asesinado resultó ser un misterio y un secreto guardado en las bocas de muy pocos. Pero sólo hasta ahora, ya que Madrid y el detective Nelson Jofré tienen el caso del todo esclarecido.

Leyton Robles no fue llevado a un lugar cualquiera, sino a la Clínica London. Al respecto, el testimonio del suboficial (R) del Ejército y enfermero Carlos Norambuena Retamales resulta elocuente para ilustrar el recinto ubicado en Almirante Barroso 76.

“En esta clínica pude observar hechos que me marcaron para siempre mi vida. Comprobé que había un grupo de médicos involucrado en hechos de muerte de los detenidos que llegaban a la clínica. De estos episodios me percaté cuando hacía turno de noche, los cuales eran habituales”.

Según este ex enfermero DINA, los involucrados eran el doctor Osvaldo Leyton, Werner Zanguellini y la enfermera jefa Eliana Borumburu Taboada. “Había una clave en la clínica, que era un aviso: ‘viene paquete’. Significaba que venía un detenido y uno entendía que no tenía que involucrarse en nada, solamente los ya citados. Llegaba un vehículo de la DINA y gente que no conocíamos bajaban en camilla al detenido, luego lo ingresaban a una sala, le suministraban algo y después el paciente salía fallecido”.

Norambuena Retamales relata además la fórmula usada por los facultativos: “Suministraban ocho miligramos de Pentotal, lo que al paciente le provocaba inmediatamente una arritmia, seguido de un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en la clínica, y como a la hora y media lo sacaban de noche medio camuflado”.

Este ex funcionario de la DINA tuvo acceso privilegiado a varios oscuros episodios de la dictadura junto a la enfermera Borumburu. “Pude conocer accidentalmente ‘la torre’ (Villa Grimaldi) en una oportunidad en que el mayor Gerardo Ulrich estaba procediendo a quemarle los pezones con alcohol a una mujer totalmente desnuda”.

El “doctor tormento”

La auxiliar de enfermería de la Clínica London Jazna Larrecheda Valdés contó un segundo detalle gravitante para el juez y la primera pista concreta sobre la muerte de Leyton. La mujer relató a Madrid que en marzo de 1977, “a eso de las 2 A.m., llegaron hasta la Clínica London unas ocho personas a cargo de un oficial y otros dos agentes a quienes identifiqué como Armando Cabrera y el cabo Manuel Leyton. En un instante todo el grupo entró a la oficina del jefe administrativo y a los pocos minutos llegó un sujeto conocido como el doctor Pinchetti”. Este último, también conocido como el “doctor tormento”, era el hipnotizador de la DINA.

Luego de algunas horas vio a Leyton fumando y paseándose de un lugar a otro, “tocándose la cabeza en señal de nerviosismo y desesperación, al mismo tiempo que acariciaba el arma de servicio que llevaba al cinto (…) Transcurrieron algunos minutos y salió Cabrera de la habitación. Inmediatamente ingresó Leyton hasta donde permanecía Pinchetti”, declaró la auxiliar de enfermería.

A los pocos minutos, el hipnotizador llamó por teléfono y dijo: “El primero (Cabrera) negativo, el segundo (Leyton) positivo”, cuenta Larrecheda.

Por otra parte, el ex empleado civil del servicio Julio Huerta Gutiérrez relató que Leyton quedó entonces en la clínica detenido con un guardia externo de la DINA, con subametralladora en mano en caso que quisiera escapar. Huerta era responsable, según su testimonio, de llevarle el almuerzo. También le daba cigarrillos cuando Leyton se los pedía, haciendo caso omiso de las órdenes del jefe de seguridad, el entonces teniente Hernán Sovino Maturana: no tener contacto con los presos.

Los hechos continuaron su cauce cuando el conductor de ambulancia de la Clínica London, suboficial mayor activo del Ejército S.A.C.V, vio cómo llegaba una ambulancia y subían a un paciente al box de urgencia. “Al ingresar veo a un sujeto joven sobre la camilla, desconocido para mí hasta ese instante, y veo al doctor Pedro Valdivia y otra persona que no recuerdo (…) El paciente estaba inconsciente y con un paro cardiorrespiratorio (…) Yo estuve presente y cooperé transportando un desfibrilador y un reanimador. Recuerdo que quedé muy choqueado, era la primera vez que veía fallecer a una persona. Me encontraba muy mal y salí al pasillo”.

Otra de las personas que participó en este episodio fue la ex auxiliar de enfermería de la DINA Silvia Valdés Uribe, quien confirma los hechos, y agrega que se trató de reanimar a Leyton, pero todo indica que la tortura aplicada por Pinchetti con el pentotal, más las sesiones de interrogatorio, terminaron con sus signos vitales.

A las pocas horas, Jazna Larrecheda Valdés comprobó con sus propios ojos este mismo hecho. “Le pregunté a un auxiliar qué había pasado con el paciente y me dijo que había fallecido; entonces entré a la sala de yeso, donde constaté que sobre una camilla yacía un cuerpo desnudo. Era el cabo Leyton”.

Esa misma noche llegó hasta la clínica el comandante Vianel Valdivieso, uno de los hombres del círculo de hierro de la DINA, junto al mayor Juan Morales Salgado, quienes se llevaron el cadáver.

Hermenéutica judicial

Cuando Madrid y la policía tuvieron esta historia completamente clara, se abocaron a establecer estos nexos médicos con la muerte de Frei y se encontraron con sorpresas.

Profesionales que trabajaron en la DINA integraron el equipo médico que trató a Frei, como también hubo otros de la central de inteligencia que trabajaban en la Clínica Santa María mientras el ex Mandatario permaneció internado allí.

Una de las principales pistas de los investigadores provino de la declaración -a fojas 656 del expediente judicial- del último doctor que atendió al ex Presidente, Patricio Silva Garín.

Este último, en 1982 se desempeñaba en el Hospital Militar, aunque era un hombre muy cercano a Frei Montalva.

Silva Garín relató al ministro Madrid que conformó su equipo con los doctores Eduardo Weinstein (quien también trabajaba en el Hospital Militar) y el doctor Rodrigo Vélez.

Este último, según el relato del suboficial mayor activo del Ejército S.A.C.V., también prestó servicios en la Clínica London. El equipo estaba integrado, asimismo, por el médico Pedro Valdivia, quien estuvo presente al momento de la muerte del cabo Leyton en las dependencias de la DINA.

Pero había más. La enfermera jefe de la DINA, Eliana Borumburu, tenía por aquellos años una prima, Ana María Borumburu, que trabajaba precisamente en la Universidad Católica, donde trabajaban los médicos Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, los que fueron encargados de la autopsia no autorizada -según la versión de la familia- de Frei.

Dentro de los documentos incautados por Investigaciones no quedó registro de las últimas operaciones quirúrgicas hechas al ex Presidente, salvo la primera de ellas, realizada en diciembre de 1981.

Los casos relacionados:

Los procesos que Madrid vincula a la muerte de Eduardo Frei Montalva  

1.- Carmelo Soria: Diplomático Español

Homicidio: 14 de julio de 1976.

Autores: DINA.

Principales imputados:

Brigadier (R) Jaime Lepe Orellana.

Mayor (R) Patricio Quilhot.

Suboficial (R) José Remigio Ríos San Martín.

Químico Civil Eugenio Berríos.

2.- Cabo de Ejército Manuel Jesús Leyton Robles

Agente de la DINA

Homicidio: marzo de 1977.

Autores: DINA

Principales imputados:

Hipnotizador, Osvaldo Pinchetti.

Comandante (R) Vianel Valdivieso

Coronel (R) Juan Morales Salgado

Dr. Sergio Valdés.

Dr. Osvaldo Leyton.

Enfermera Eliana Borumburu Taboada

Químico Eugenio Berríos

3.- Ricardo y Elizardo Aguilera, Guillermo Rodríguez Morales “El Ronco” y Adalberto Muñoz Jara.

      Militantes del MIR

Envenenamiento por botulismo.

Autores: se sospecha que fue la CNI.

Principales imputados: químico de la DINA, Eugenio Berríos.

General (R) doctor Eduardo Arriagada Rehren y el coronel (R) de Sanidad Sergio Rosende Ollarzu, ambos funcionarios del Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército (LBGE), dependiente entonces de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Químico Eugenio Berríos

Hartmut Hopp (Colonia Dignidad)  

4.- Eduardo Frei Montalva.

Ex Presidente de Chile

Muerte por septicemia generalizada: 21 de enero de 1982.

Autores: se sospecha del LGBE, la DINE y la CNI.

Principales sospechosos: general (R) doctor Eduardo Arriagada Rehren y el coronel (R) de Sanidad Sergio Rosende Ollarzu, ambos funcionarios del Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército (LBGE), dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).  

5.- Eugenio Berríos Sagredo

Ex químico de la DINA

Homicidio: entre enero y marzo de 1993, en Uruguay

Autores: agentes de la DINE.

Principales procesados:

General (R) Eugenio Covarrubias ex jefe de la DINE

Mayor (R) Arturo Silva Valdés.  

Hablan los médicos  

Las declaraciones de los médicos que participaron en la operación ante el ministro Madrid, están llenas de tecnicismos, explicando cómo operaron al ex Mandatario. Aquí algunos de sus párrafos más importantes de sus testimonios judiciales.

Augusto Larraín:

“En esta segunda operación donde participé como observador vi una mesenteritis alta de intestino delgado del tipo inflamatorio que nunca antes encontré en las cirugías digestivas que he realizado”.

Alejandro Goic:

“Con respecto a la pregunta de una posible intervención de terceras personas en la infección, debo señalar que no puedo pronunciarme sobre ello. Todo lo que aconteció en el período post operatorio tiene una explicación médica lógica sin necesidad de factores externos”.

Dr. Patricio Silva Garín:

“El doctor Augusto Larraín fue partidario de la cirugía, yo fui partidario de tratarlo médicamente, ya que la úlcera de Barré, por mi experiencia profesional, mejoraba con un tratamiento con remedios”.

Dr. Eduardo Weinstein Baranovsky:

“El grado de riesgo en esos años con el cuadro que tuvo el paciente de obstrucción intestinal, la mortalidad operatoria podría llegar al 60 por ciento. Como corolario de la secuencia y complicaciones que se fueron dando, debo señalar que lo principal lo atribuyo a la tardanza a pesar del diagnóstico que había dado el doctor Patricio Silva en que se efectuara la operación de obstrucción intestinal. De ahí para adelante hay toda una secuencia de un problema séptico en un hombre de edad y que al final desencadenó una falla multisistémica”.

Dr. Guillermo Steading Valenzuela:

“Mi opinión es que cuando Frei fue ingresado por segunda vez a la clínica, debió haber sido operado de inmediato y no esperar al doctor xx Larraín que se encontraba fuera de Santiago

Dr. Carlos Zavala Urzúa:

“La evolución de Eduardo Frei Montalva fue el de una enfermedad muy grave producto de un shock séptico que ocurre en una persona de 72 años y que tiene una alta mortalidad”.

 

Los funcionarios de las clínicas de la DINA

Doctores:

Jorge Fantini
Osvaldo Leyton Bahamondes
Horacio Taricco Lavín
Vittorio Orvietto
Juan Pablo Figueroa
Pedro Samuel Valdivia Soto
Sergio Virgilio Bocaz
Sergio Muñoz Bonta
Chistian Emhart Araya
Camilo Azar Saba
Jorge Bassa Salazar
Rodrigo Vélez

Enfermeras-Auxiliares:

María Eugenia Pérez
Irma Aguilera Mitchell
Jasna Larrecheda Valdés
Fernanda Segura Jara
Melanie Soto Cubillos

Empleados civiles:

Silvia Valdés Uribe
Ramón Álvarez Martínez
Luis Araya Aguayo
Luis Espinoza Tapia
Luis Orellana Lara
Igor Poblete González
Jorge Aceituno Cruz
Alberto Arriagada Martínez
Luis Barrera Fuentes
Enrique Carreño Morales
José Guerrero Guerrero
Julio Huerta Gutiérrez
Roberto Núñez Zenteno
Carlos Pulgar Albornoz
Claudio Sanhueza Sanhueza
Jaime Leiva Olguín
Andrés Naranjo Riquelme
Lorenzo Toro Olivares

Militares:

Hernán Sovino jefe de seguridad
Suboficial mayor (R), Ramón Muñoz Rojas
Suboficial mayor (R) Raúl Cerda Sagardía (enfermero)
Suboficial mayor (R) Leonel Martínez Faúndez
Suboficial mayor (R) Santiago Matteo Galleguillos
Suboficial (R) Luis Olguín Ortiz
Suboficial (R) Alfredo Naranjo Riquelme
Suboficial (R) Manuel Lucero (enfermero)
Suboficial (R) Carlos Norambuena (enfermero)
Suboficial (R) Oscar Aceituno Carvajal
Sargento 1º (R) Alfonso Bravo Cifuentes
Sargento 1º (R) Jorge Aravena
Sargento 1º (R) Delberto Esparza Lillo
Sargento 1º de Carabineros, Bernardo González González
Sargento 2º Vicente Alvarez Ramírez
Sargento de la FACH, Luis Pechuante Núñez

El personal que trabajó en las clínicas creadas por la DINA -Santa Lucía, London y El Golf-, figura en una arista judicial que permanece archivada. Solo hay cinco médicos condenados en procesos por crímenes del organismo represivo. Según la investigación del juez Alejandro Solís, algunos doctores controlaban a los detenidos mientras eran torturados. CIPER accedió a documentos judiciales con testimonios de trabajadores de las clínicas sobre el rol de los profesionales. En esa revisión contabilizamos al menos 31 personas (26 médicos y cinco enfermeros) que trabajaron en las clínicas. No todos participaron en torturas, pero ninguno desconoce haberse puesto al servicio de la DINA. Siete continúan ejerciendo y tres esperan fallos de la Corte Suprema.

El 1 de junio de 2007, un carabinero en retiro y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el organismo represivo de los primeros años de la dictadura, compareció ante un juez. Lo interrogaron por el asesinato del cabo Manuel Leyton Robles, ocurrido en 1977, a quien la DINA eliminó en la Clínica London. Leyton tenía en su poder un auto encargado por robo -había pertenecido a un detenido desaparecido- y por eso fue arrestado por Carabineros. En el cuartel policial explicó a qué se dedicaba y mencionó las detenciones ilegales que realizaban los agentes de la dictadura. Quedó libre. Pero, para la cúpula de la DINA, había hablado más de lo aconsejable. Lo condujeron a un chequeo médico en la Clínica London -uno de los tres recintos asistenciales creados por la DINA- donde, a pesar de su buena condición física, sufrió un paro cardiorrespiratorio fatal. 

El interrogatorio al exagente, cuya identidad CIPER mantiene en reserva, derivó en una detallada descripción de las tres clínicas de la DINA: Santa Lucía, London y El Golf. A estas alturas, la justicia ha establecido que el organismo de seguridad reclutó a un grupo de médicos que ayudaron a la DINA con el control, reanimación y, en algunos casos, hasta homicidio de detenidos. El exagente declaró que cuando en un cuartel había un detenido que no podía proporcionar más información, los doctores cumplían un rol: “Se mandaba a llamar a un médico de la DINA, quien iba y atendía al detenido. No recuerdo quiénes eran, pero eran de la clínica (Santa Lucía). Estos médicos estaban para eso, era su función y para lo que fue creado dicho centro asistencial”, afirmó. 

Los esfuerzos periodísticos por revelar el funcionamiento de lo que la prensa denominó “la brigada sanitaria” de la DINA, no han sido pocos. Lo hizo Chilevisión en 2014, cuando encaró a seis médicos que están en la nómina de los profesionales que prestaron estos servicios y reveló sus lugares de trabajo: entre ellos el oftalmólogo Vittorio Orvieto Tiplitzky, el otorrinolaringólogo Eugenio Fantuzzi Alliende y el fallecido Manfred Jürgensen Caesar.

Años antes, la periodista Mónica González, fundadora de CIPER, ya había publicado la existencia de estos centros asistenciales en reportajes que contenían una lista de doctores de la Clínica London. Y para su libro “El despertar de los Cuervos”, el periodista Javier Rebolledo accedió a las declaraciones hechas por el personal de salud de estas clínicas en la investigación del ministro Alejandro Solís, expediente que se encuentra archivado. CIPER pudo revisar esos y otros testimonios que dieron forma a este artículo y constató que al menos siete médicos continúan ejercicio en el sector privado. Para este reportaje se contactó a los siete, a objeto de incorporar sus versiones, pero solo una doctora accedió a que su testimonio fuera publicado.  

DOCTORES INVESTIGADOS POR EL JUEZ SOLÍS

La nómina de 31 profesionales elaborada por CIPER solo incluye a aquellos que formaron parte de las clínicas que investigó el juez Alejandro Solís. De ellos, solo cinco han sido condenados en causas de derechos humanos. En ese listado se incluye al fallecido Manfred Jürgensen, hermano del exconvencional Harry Jürgensen (RN), que fue sentenciado a ocho años de presidio mayor como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Otros tres están a la espera del fallo de la Corte Suprema.

Las declaraciones a las que tuvo acceso CIPER, con acusaciones y relatos de torturas, fueron entregadas, en su mayoría, por extrabajadores de las clínicas. Algunos de esos archivos fueron integrados a “Papeles de la Dictadura”, una plataforma con más de 4 mil documentos en línea desarrollada por CIPER con la colaboración del CIP-UDP (vea acá la plataforma “Papeles de la Dictadura”). En esos registros, los datos sensibles de las víctimas y de los trabajadores de las clínicas que formularon las denuncias fueron tarjados. 

De acuerdo a la investigación judicial, al menos 13 médicos habrían egresado de la Universidad de Chile. No es extraño. En esa época, el coronel de la FACH, Dámaso González Espinosa, quien lideró el área dental de la Clínica Santa Lucía, ejercía como profesor en esa universidad y se encargó de reclutar a una parte del personal. Así lo señalaron a CIPER algunos médicos contactados. 

En las declaraciones se menciona a tres personas a cargo de estos establecimientos: el cardiólogo de la FACH, Werner Zanghellini Martínez, el pediatra Hernán Horacio Taricco Lavín y la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Toboada. El pasado mes de marzo, la Corte Suprema condenó, por primera vez, a Werner Zanghellini a una pena de cárcel. Los otros dos están procesados y con una sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la investigación por el homicidio del cabo Leyton, causa que debe revisar la Corte Suprema. 

Un sargento (r) de Carabineros testificó que fue en la Clínica Santa Lucía donde vio más agentes con prisioneros: “Efectivamente, vi llegar personas a ese recinto, las cuales al parecer habían sido recién detenidos por agentes, se les curaba, pero inmediatamente eran trasladados por los mismos agentes que los habían llevado”.  Un enfermero que trabajó en el lugar declaró que “los médicos de la Clínica Santa Lucía frecuentemente eran solicitados en Villa Grimaldi para examinar a los detenidos, y siempre eran acompañados por un enfermero”. La villa era un cuartel secreto de la DINA donde se torturaba y asesinaba a detenidos. “En mi caso, recuerdo haber conversado con los detenidos que el médico examinaba, animándolos para que cooperaran en la información que se les solicitaba”, prosigue la misma declaración. 

Los centros asistenciales fueron creados supuestamente para atender a los agentes civiles y sus familias, que no tenían cobertura en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, en ellos también se dispensaba atención médica y dental. Una declaración del odontólogo Pablo César Oyanguren Plaza aseguró que en la Clínica London “incluso el presidente Pinochet se atendió en alguna oportunidad”. Otros relatos dicen que también lo hizo Manuel Contreras.

La declaración de un suboficial (r) del Ejército que fue enfermero en la Clínica Santa Lucía, es estremecedora: “Era sabido que en Villa Grimaldi se le pasaban autos por encima del cuerpo a los detenidos y que a veces se les pasaba la mano y llegaban moribundos a la (clínica) Santa Lucía. Cuando no había remedio se les tenía que dar muerte con pentotal. Desconozco qué pasaba con los detenidos a los que se les aplicaba pentotal, pero se comentaba que había otra brigada que se hacía cargo de ellos para lanzarlos al mar”. 

LA SEÑORITA ELIANA

“Había una clave en la Clínica Santa Lucía, que era un aviso: viene paquete. Significaba que venía un detenido y uno entendía que no debía involucrarse. Lo ingresaban a una sala y luego le suministraban algo y después el paciente salía fallecido. Escuché por conversiones de estos médicos y la señorita Eliana, que suministraban ocho miligramos de pentotal, lo que ocasionaba una arritmia seguido de un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en la clínica. Y como a la medianoche, lo sacaban ‘camuflado’, cubierto de una frazada”. 

El párrafo anterior es parte de la declaración extrajudicial de un exempleado de la DINA, fechada el 29 de junio de 2005. Su testimonio es uno de los más detallados dentro de la investigación del ministro Solís. A quien denomina “señorita Eliana”, es la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada. En la Clínica Santa Lucía ejerció la jefatura de los enfermeros, incluso por sobre aquellos con rango militar. Al revisar las declaraciones del proceso judicial queda claro que jugó un rol fundamental en ese recinto, pese a que su nombre no resuene con el mismo impacto que el de otros profesionales que prestaron servicio a los aparatos represivos. 

En 2015, Eliana Bolumburú fue condenada, en primera instancia, a tres años y un día, además de la inhabilitación de la profesión, como encubridora del homicidio del cabo Manuel Leyton. Pero el tribunal decidió otorgarle el beneficio de la libertad vigilada intensiva por el mismo periodo. Esa sentencia fue ratificada en 2020 por la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente está en espera del fallo de la Corte Suprema. 

Las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas aseguran que Bolumburú estaba al tanto del trato que daba la DINA a los detenidos. Hay testimonios que la señalan como conocedora y cooperadora de los interrogatorios y del uso de pentotal, un anestésico conocido como “el suero de la verdad”, porque, suministrado en bajas dosis, provoca que los pacientes entren en un estado de somnolencia en que pueden seguir respondiendo preguntas. La aplicación de pentotal no ha sido probada por la justicia y la exenfermera se encuentra solo procesada en la investigación por el homicidio del cabo Leyton. 

En una declaración policial de junio de 2005, un enfermero recordó el momento en que se encontró con Bolumburú cuando venía llegando en ambulancia de la Clínica London junto a un paciente en camilla. “Al que reconocí de inmediato, se trataba del cabo de Ejército Manuel Leyton Robles”, aseguró el enfermero. También agregó que, al volver a la clínica por la noche, se encontró con una señora a la entrada llorando: “Y le pregunté qué le sucedía, manifestando que había fallecido su esposo de un infarto, enterándome que se trataba del cabo Manuel Leyton”. 

Más de un exfuncionario de la Clínica Santa Lucía apuntó a Bolumburú como una de las personas que controlaba el personal médico. En las declaraciones también se dice que hizo los mismo, por un corto periodo, en la London. “Debido a su cargo, estaba en conocimiento de todo lo que allí ocurría”, señaló un exenfermero del Ejército. Otro extrabajador contó que en una oportunidad acompañó a Bolumburú a Villa Grimaldi y que ella “se conectaba directamente y se conocía con los jefes. Pude apreciar las salas de interrogatorios a través de esta enfermera que tenía acceso directo a estas dependencias”. 

En 2005 un suboficial (r) del Ejército declaró ante la PDI de Valdivia que hubo médicos de la Santa Lucía involucrados “secretamente en hechos de muerte de detenidos”. Entregó tres nombres: el doctor Werner Zanghellini, el anestesiólogo Osvaldo Leyton y la enfermera Bolumbrú Taboada. 

Dos años más tarde el suboficial se encontró con Bolumburú en un careo. La enfermera fue tajante: “Yo estaba a cargo de comprar y suministrar los medicamentos que eran para el tratamiento del personal. Nunca supe del pentotal (…). Respecto a que había médicos involucrados en hechos de muerte en la clínica, es una calumnia, no sé qué pudo haberlo motivado a decir una mentira así”, enfatizó.

La primera vez que Eliana Bolumburú declaró, según los registros de este expediente, fue el 17 de junio de 2003, en la Oficina Central Nacional de la Interpol. Entonces sostenía que en las clínicas de la DINA no hubo situaciones irregulares. En 2005 declaró: “Nunca se atendieron personas detenidas. Además, debo asegurar que no conocí otros recintos de detención de la DINA”.

En 2006 su versión cambió. Esta vez confesó haber sabido de detenidos en la Clínica Santa Lucía. Según su nuevo relato, al recinto asistencial llegó una vez Marcelo Moren, exagente de la DINA que falleció en 2015 mientras cumplía una condena de más de 300 años. En esa oportunidad, contó Bolumburú, Moren apareció junto al agente Osvaldo Pincetti. Preguntaban por un detenido: “Yo sabía que había una persona que estaba en una cama del segundo piso, presumo que se trataba de un detenido político, pero de esta persona no supe su nombre, aunque vi que estaba con sus muñecas quemadas”, dijo la enfermera. 

Eliana Bolumburú trabajó en la Clínica Santa Lucía y luego en la London. Se retiró a mediados de 1977, período en que se casó con el oficial y agente de la DINA, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, uno de los hombres más cercanos al jefe del organismo represivo, Manuel Contreras.

Eliana Bolumburú fue contactada por CIPER el pasado lunes 28 de agosto, pero no respondió a los mensajes. A través de su abogado, Hernán Aladín, señaló inicialmente que podría atender a nuestras consultas el jueves 31 de agosto. Pero ese mismo día su abogado explicó que, por razones de salud, no podría contestar nuestras preguntas hasta después del 20 de septiembre. CIPER ya había retrasado la publicación de este artículo ante la posibilidad de reunirse con ella, pero no se logró acordar una entrevista previa al cierre de este artículo.

EL DOCTOR TARICCO

Médico cirujano con especialidad en pediatría. Su residencia en Lo Barnechea, propiedad que según el Servicio de Impuestos Internos tiene un avalúo fiscal de más de $672 millones, figura a nombre de Inversiones Santo Domingo. Esa sociedad -constituida en 2013 e integrada por el médico y su familia- también es dueña del auto que estaba aparcado en su domicilio cuando CIPER intentó contactarlo, un Mercedes Benz de 2022. 

En 2014 el programa de canal 13 “En su propia Trampa”, lo encaró por ofrecer en su consulta privada “Red Médica Tabancura” un falso tratamiento de láser que prometía curar trastornos psiquiátricos, además de adicciones como el tabaquismo y alcoholismo.

Al igual que Bolumburú, en 2015 Taricco Lavín fue condenado en primera instancia en el caso del cabo Leyton. El tribunal lo sentenció a tres años y un día como encubridor del homicidio, pero le otorgó la remisión condicional. En 2020, la Corte de Apelaciones redujo esa condena a 541 días, sin dictaminar la inhabilitación de la profesión. El médico interpuso un recurso de casación: alega que no participó en los hechos. Está a la espera del dictamen de la Suprema. 

Taricco Lavín firmó el informe donde se aseguraba que la causa de muerte de Leyton habría sido por asfixia, debido a la aspiración de vómito, con un paro cardiorrespiratorio. Pero, en una declaración policial, el exagente de la DINA, Michael Townley, relató que recibió la orden “de proporcionar (gas) sarín para eliminar al cabo Leyton y que el autor material que aplicó el sarín fue un teniente del Ejército”. 

En junio de 2003, Taricco negó su participación en el falso informe: “Nunca tuve el cargo de director de la Clínica London.  Con respecto al informe que en estos momentos acabo de leer, el cual tiene mi firma, se trata de un informe técnico, que por una situación puntual y por ser un oficial de sanidad, se me pidió que pusiera el pie de firma como director, cargo que yo no tenía”.

Otro médico de la clínica, Luis Hernán Santibáñez Santelices, uno de los que examinó al suboficial del Ejército, declaró que vio a Taricco Lavín “confeccionando un Informe al Servicio Médico Legal, de un paciente que había fallecido, desconociendo más detalles, ya que no pregunté ni me comentaron que había sucedido con el paciente que había atendido anteriormente”. 

Además, en el expediente judicial son varias las declaraciones que señalan a Taricco como uno de los jefes de la Clínica London. En 2003 la enfermera Bolumburú aseguró que “el doctor Taricco reemplazaba al doctor Zanghellini cuando éste se ausentaba en su puesto de director general”. 

A través de su abogado, Leonardo Battaglia, el médico Hernán Taricco declinó responder las preguntas de CIPER. 

EL DOCTOR LEYTON

El 27 de junio de 2003, Osvaldo Leyton declaró que fue debido a un ofrecimiento que llegó a la Clínica Santa Lucía en 1974. Mencionó que, llegando a la dirección que le habían señalado se enteró “que se trataba de un cuartel de la DINA y no de la Fuerza Aérea. En este lugar me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar para ellos, lo que acepté por necesidades económicas”.

En julio de 2005, el anestesiólogo declaró en dependencias de la Interpol. Allí, aseguró que sí tuvo conocimiento que en ocasiones llegaban agentes de la DINA con detenidos: “Efectivamente, tuve que concurrir en varias oportunidades a los centros de detención como Villa Grimaldi y Cuatro Álamos”. Leyton, fue señalado en la declaración de un enfermero del Ejército como parte de los médicos involucrados en episodios que terminaron con la muerte de detenidos. No obstante, Leyton Bahamondes no registra condenas, aunque en 2007 fue procesado por la muerte del cabo Manuel Leyton. 

Para esta investigación, el anestesiólogo fue contactado por CIPER en su consulta privada en Providencia, pero declinó responder.  

Leyton Bahamondes también declaró ante la policía el 17 de noviembre de 2006. En esa ocasión lo interrogaron por la ficha clínica del cabo Leyton. Tenía su letra. “No tengo explicación del porqué aparece mi letra en la parte que se refiere a la atención brindada durante el día, elucubrando un poco, puede que si lo hice fue debido a una orden que necesariamente debió haber venido de la jefatura médica, que en ese período correspondía, aparentemente, al doctor Taricco o bien a una autoridad militar superior”. 

Santiago Alfredo Matteo Galleguillos

Trabajó como enfermero del Ejército en la Clínica Santa Lucía y varios de quienes declararon lo recuerdan por un solo detalle: el detector de mentiras. El 10 de noviembre de 2005 un enfermero declaró: “Tanto Osvaldo Leyton como Zanghellini eran cardiólogos, y este último utilizaba un denominado PC1 o PC2, que era un detector de mentiras, que actuaba asesorado por el enfermero Santiago Matteo, que manejaba este equipo y que estaba guardado en una oficina chica de la London”.

Santiago Matteo Galleguillos también fue procesado en la investigación por el asesinato del cabo Leyton por presuntamente encubrir el homicidio. Pero su participación no pudo ser probada y fue absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en 2020. 

En 2010, Matteo Galleguillos prestó declaración extrajudicial. En esa oportunidad, contó que había viajado a Miami junto al doctor Zanghellini en 1975 a un curso sobre el uso del detector de mentiras o polígrafo. Pero, agregó que nunca había usado esa máquina. Un enfermero del Ejército contó que en la misma clínica había un equipo que interrogaba detenidos con un detector de mentiras que era manejado -según relató- por los enfermeros más antiguos, Matteo Galleguillos y Lorenzo Toro Olivares. 

VISITAS A CENTROS DE DETENCIÓN

Entre los médicos que han sido condenados por crímenes relacionados con la DINA está el exdirector de la Clínica Santa Lucía, el cardiólogo Werner Zanghellini, sentenciado a 10 años y un día en una investigación por el secuestro calificado de dos personas, en el marco de la Operación Colombo. También el oftalmólogo Vittorio Orvieto, sentenciado en varias causas relacionadas con el campamento de prisioneros Tejas Verdes. Lo mismo ocurrió con Manfred Jürgensen, que falleció luego de ser capturado en Argentina. 

Jürgensen se encontraba prófugo de la justicia luego de ser condenado por la Corte Suprema, en enero de este año, a ocho años de presidio como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Junto a él, fue sentenciado el reumatólogo Luis Alberto Losada, en calidad de encubridor, a dos años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional. Ambos asistieron a Álvarez Santibáñez en el Cuartel Borgoño, cerca de la Estación Mapocho. 

El enfermero Orlando Jesús Torrejón Gatica se encuentra condenado en múltiples causas asociadas a víctimas de la Operación Colombo y en el proceso por el asesinato de la profesora Marta Ugarte Román.

Orlando Torrejón Gatica, aparece descrito en las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas de la DINA. Un enfermero declaró que “el término paquete se refiere a los detenidos que estaban muertos, por lo general se decía ‘salió paquete’ y los que constantemente hablaban con ese término eran Torrejón o Muñoz”. Un sargento (r) de Carabineros que trabajó como enfermero, señaló que “la atención a los detenidos las realizaba personal específico para ellos, por ejemplo, recuerdo a Orlando Torrejón”. 

A esos nombres se suma, pero solo condenado en primera instancia como encubridor en el caso del cabo Leyton, el cirujano Pedro Valdivia Soto. Al igual que Bolumburú y Taricco, Valdivia se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema. 

En los expedientes, también hay declaraciones que acusan a otros médicos de haber acudido a centros de detención. En 2005, un ex trabajador de estas clínicas afirmó haber acompañado a los médicos Sergio Virgilio Bocaz, Enrique Silva Peralta, Christian Emhart Araya, Eugenio Fantuzzi Alliende y Luis Cárcamo Díaz. “Debo señalar que varios de estos eran médicos recién egresados”, aseguró. 

De ese listado, Luis Felipe Cárcamo Díaz, otorrinolaringólogo, es el único que continúa en funciones: lo hace en su consulta privada en Temuco. A través de una persona que trabaja ahí, Cárcamo declinó responder consultas para este artículo.  

Entre los doctores que continúan ejerciendo también se encuentra Luis Santibáñez Santelices, que actualmente atiende en Integramédica. Santibáñez declaró en el caso Leyton y aparte de detallar que atendió al fallecido suboficial, señaló: “Comencé a trabajar en el verano del año 1977, a pedido del doctor Werner Zanghellini, también médico de la Fuerza Aérea. El motivo fue que se pretendía implementar una Unidad de Cuidados Intensivos en ella, ya que se presumía algunos atentados contra la DINA y autoridades militares. Duré poco tiempo, casi a fines de marzo de ese mismo año presenté mi renuncia, no alcanzando a ejercer tres meses en la Clínica London. Recuerdo que el director en esa fecha era Horacio Taricco Lavín”.

Contactado por CIPER, Santibáñez rechazó atender consultas sobre su participación en la Clínica London. 

Camilo Azar Saba es uno de los doctores que revisó las lesiones del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Así lo señaló ante la justicia: “Por orden del general Mena debía recertificar las lesiones que presentaban dos personas que habían sido detenidas por Carabineros y luego traspasadas a la CNI (…) Una de estas personas posteriormente falleció en la Posta Central, un profesor llamado Federico Álvarez Santibáñez”. 

El doctor Jorge Manlio Fantini Valenzuela aparece en una declaración prestada por un exempleado civil de la DINA: “Era el que tenía que estar más atento cuando se hacían operativos y detenciones. Le gustaba estar vinculado”. En 1982 Fantini contrajo matrimonio con la enfermera Isabel Margarita Jarpa Riveros, quien prestó servicios en la Clínica London.

LOS GINECÓLOGOS

Una de las aristas que guio la investigación sobre las clínicas de la DINA, fue el presunto aborto a causa de las torturas que sufrió una detenida que había llegado a la Clínica Santa Lucía con ocho meses de embarazo. En un informe policial se consigna el testimonio de una prisionera que en 1975 fue detenida por la DINA. Según su relato, estuvo recluida en Colonia Dignidad y Villa Grimaldi. El informe sostiene que “fue en Villa Grimaldi donde pudo ver una detenida en malas condiciones físicas debido a las torturas recibidas, y que venía de una clínica ubicada cerca del cerro Santa Lucía, donde habían asesinado a su hijo de ocho meses, cuando se encontraba en su vientre”. 

De acuerdo con las declaraciones revisadas por CIPER, en reiteradas ocasiones los médicos y enfermeros fueron interrogados sobre el paso de una mujer embarazada por la Clínica Santa Lucía. El Ministerio del Interior, querellante en la causa, solicitó al ministro Solís que oficiara a la Vicaría de la Solidaridad para que remitiera los antecedentes de tres mujeres que habrían dado a luz mientras se encontraban detenidas por la DINA. El 6 de julio de 2009, Solís dio lugar a la solicitud. 

Por la Clínica Santa Lucía pasaron dos ginecólogos: Juan Pablo Figueroa Yáñez y Eduardo Francisco Contreras Valcarce.  

Fue el primero quien alguna vez declaró que recordaba una oportunidad en que le solicitaron atender a una detenida embarazada: “A esa petición me negué a efectuar la auscultación a la embarazada, y posteriormente me lo solicitaron como un favor personal, accediendo a examinarla, no encontrando problemas en su embarazo. Recuerdo que mientras realizaba dicho examen, se encontraba presente el señor Marcelo Moren Brito”. Figueroa dijo no recordar el nombre de esa mujer. 

Eduardo Francisco Contreras Valcarce falleció en 2016. Según una declaración del médico Eugenio Fantuzzi Alliende, Contreras Valcarce llegó a la clínica como otros compañeros de su promoción, por ofrecimiento de Zanghellini. Su nombre suele confundirse con el de su hermano, Enrique Eduardo Contreras Valcarce, médico cirujano. Pero mientras el primero prestó servicios en clínicas de la DINA, el segundo sufrió la represión de la “Caravana de la Muerte” y, según la versión de sus familiares, incluso fue prisionero en un recinto del norte. 

OTROS MÉDICOS MENCIONADOS

En la investigación se señala a una serie de médicos, dentistas y personal sanitario que formaron parte de la Clínica Santa Lucía. Según los archivos, fueron contratados a honorarios, en su mayoría recién egresados de la universidad. Los relatos de testigos coinciden en que en el primer piso se encontraba la clínica dental y que en el tercero se concentraba el cuerpo médico destinado a mantener con vida a detenidos que habían sido torturados. 

Los dentistas del primer piso aseguran que nunca vieron a pacientes detenidos y que no supieron de abortos. El jefe de ese departamento era el dentista Dámaso Luis Augusto González, quien todavía atiende su consulta en Providencia. Según explicaron otros médicos de clínicas de la DINA, fue él quien reclutó a alumnos de la Universidad de Chile -donde hacía clases- para integrarse a la Clínica Santa Lucía. Y, según consta en el expediente, en ocasiones quedaba a cargo de la clínica. 

CIPER se comunicó con la consulta del médico. Su secretaria señaló que estaba fuera de Santiago y que ella le daría nuestro mensaje. Al cierre de este reportaje, no había respuesta.   

Sergio Muñoz Bonta, también es señalado como un cirujano dentista que tenía jefatura en la Clínica London. Un enfermero declaró: “Al doctor Sergio Muñoz Bonta, que era un odontólogo que provenía de la Academia de Guerra, lo llevó el coronel (Manuel) Contreras para la Clínica London”. Muñoz Bonta falleció en 2005.

Los dentistas Carlos Rodolfo Ullrich Dunner y Milena Cecilia Zulic Lolic declararon en 2010 que trabajaron en la Clínica Santa Lucía. Ullrich lo hizo en el resto de las clínicas montadas por la DINA y hasta el retorno a la democracia en 1989.  A solo cuadras de distancia, en Las Condes, ambos tienen en la actualidad sus consultas dentales y los dos negaron ante la justicia haber visto o atendido a pacientes torturados. 

Zulic -quien estuvo casada con Ullrich- dijo a CIPER que tiene la conciencia tranquila: “Yo nunca tuve ni tengo nada que ocultar (…). Trabajé en la clínica. Estaba recién recibida y estaba buscando pega. Yo era súper buena alumna y no era de izquierda. Nunca he militado en un partido, pero me siento libre pensadora, pero no estaba para nada de acuerdo con lo que pasaba en ese minuto (la Unidad Popular). Pero, independiente de la cosa política, nunca se nos dijo que era para trabajar en la DINA ni que se iban a hacer detenidos y cosas, nada. Cuando me contactaron me dijeron que era para que atendiera a los hijos de funcionarios”. Cuenta que le pagaban bien, que estuvo ahí varios meses y que, cuando ya estaba trabajando en ese lugar, supo que estaba relacionado con la DINA. 

Consultada por CIPER si se fue de ese trabajo por reparos éticos, tras enterarse de que la DINA estaba detrás de la clínica, respondió: “No, porque yo en ese tiempo era un pájaro (…). Ahí no sabía nada de lo que estaba pasando”. 

Mario Augusto Hernández Cáceres es otro médico mencionado en el expediente que niega haber participado en hechos vinculados a violaciones de derechos humanos. Prestó declaración extrajudicial en 2010. Ese mismo año, el odontólogo Gonzalo Luarte Romo señaló ante la justicia haber trabajado sólo para la Clínica London y que tampoco vio ni supo nada.  Falleció el 10 de julio de este año.  

En el equipo de dentistas, también figuraba Pablo César Oyanguren Plaza, quien fue profesor de la Universidad Mayor hasta 2019. En el proceso dijo que fue Dámaso González quien lo reclutó. También declaró que formó parte de la clínica de la CNI, que le dieron una cédula de identidad con el nombre de Cicerón Videla para votar en el Plebiscito de 1988 y una tarjeta que se usaba como “rompe filas”.  

La lista de menciones también incluye a médicos de otras especialidades: al psiquiatra Roberto Emilio Lailhacar Chávez. Él declaró en 2010 que solo estuvo en Clínica El Golf, pero que prestaba servicios a la DINA desde antes: “Yo ingrese a la DINA como empleado civil (…). Probablemente durante el año 1973”. Además, explicó que trabajó con Lucía Hiriart cuando todavía Augusto Pinochet estaba en el poder. Aseguró que nunca atendió a personas heridas ni participó en interrogatorios. Consultado por CIPER, declinó referirse al detalle de lo que presenció e hizo en la clínica de la DINA. 

El cardiólogo Sergio Pliscoff Marovich trabajó en las clínicas London y El Golf. Declaró en 2010 y señaló que nunca visitó a personas detenidas: “Carezco de todo tipo de información”, dijo. Falleció en 2016.  

(*) En este reportaje colaboraron Valentina Valenzuela y Soledad López Figueroa.

(**) Los antecedentes expuestos en este artículo incluyen procesos judiciales en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.