Magaña Bau Osvaldo Andrés Alonso

La jueza Cecilia Flores Sanhueza, quien investiga casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos al interior del Cerro Chena, San Bernardo, dictó ayer en la tarde los primeros autos de procesamiento producto de su labor como jueza de dedicación exclusiva en casos de detenidos desaparecidos.
Flores, titular del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, encausó, por los delitos de asociación ilícita y secuestro, a un total de 10 personas. Cuatro son oficiales en retiro de la Escuela de Infantería del cerro Chena: Magaña Bau, Alfonso Faúndez, Víctor Pinto y Sergio Rodríguez. Un quinto, Sergio Ávila Quiroga, fue funcionario de la Sexta Comisaría de Carabineros de San Bernardo.
Los otros cinco corresponden a ex miembros del Comando Conjunto, la mayoría de los cuales ya se encuentran procesados por el juez del 25 ° Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Hasbún. Se trata de Otto Trujillo, Manuel Muñoz Gamboa, Eduardo Cartagena Maldonado, César Palma Riquelme y Fernando Zúñiga Canales.
Los procesamientos dictados por la jueza Flores –informados por el diario La Hora- corresponden a la investigación que lleva por la desaparición del joven militante comunista David Edison Urrutia Galaz. También, por el secuestro del dirigente sindical
Manuel Ahumada Lillo y el hijo del gobernador de San Bernardo en la época, Fernando Ávila Alarcón

Los militares en retiro que fueron beneficiados con esta medida judicial son Osvaldo Andres Magaña Bau, Alfonso Faúndez Norambuena, Víctor Pinto Pérez, Sergio Rodríguez Baucher, y el ex oficial de Carabineros Sergio Ávila Quiroga.

SANTIAGO.- La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó hoy el procesamiento que afectaba a cuatro ex oficiales del Ejército y un ex funcionario de Carabineros, quienes estaban siendo investigados por el delito de secuestro calificado en contra de dos personas torturadas y desaparecidas en la Escuela de Infantería de San Bernardo. 

Los militares en retiro que fueron beneficiados con esta medida judicial son Osvaldo Andres Magaña Bau, Alfonso Faúndez Norambuena, Víctor Pinto Pérez, Sergio Rodríguez Baucher, y el ex oficial de Carabineros Sergio Ávila Quiroga. 

La resolución unánime del tribunal de alzada compuesto por los magistrados Margarita Herreros, José Miguel Varela y Héctor Carreño determinó que no hay méritos en la investigación para procesar a los ex uniformados por los secuestros de Manuel Ahumada Lillo y Fernando Ávila Alarcón. 

De esta forma se revocó el fallo en primera instancia que había sido dictado por la titular del primer juzgado de letras de San Bernardo, Cecilia Flores Sanhueza, ya que los encausamientos no cumplen con las disposiciones emanadas en el articulo 274 del Código de Procesamiento Penal. 

En parte de este artículo se indica que debe estar comprobado que el cuerpo de la víctima no se pudo encontrar, lo que supuestamente ocurriría en estos casos.

La localidad de Paine posee el triste record de tener el mayor número de ejecutados y detenidos desaparecidos en proporción a sus habitantes. Luego del golpe militar, allí operaron bandas de civiles, policías y militares, que dejaron una reguera de sangre y dolor, asesinado a campesinos de "asentamientos" nacidos con la Reforma Agraria. En Paine aún conviven víctimas y victimarios, bajo el manto de la impunidad y el olvido. En 1979, la Justicia Militar se encargó de sobreseer los procesos abiertos por los hechos de Paine en virtud de la Ley de Amnistía de 1978, aprobada por el propio general Pinochet para cubrir sus crímenes.

Luego de 29 años, la jueza María Estela Elgarrista se acerca a la verdad.

La Reforma Agraria iniciada en los años 1960 y acentuada bajo el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, permitió que muchas familias campesinas fueran beneficiadas con la asignación de tierras que, hasta entonces, pertenecían a un puñado de latifundistas. Así, los campesinos dieron vida a los "asentamientos", pero en Paine, como en el resto del campo chileno, el 11 de septiembre de 1973 volvió todo atrás. Bandas de civiles de extrema derecha, policías y militares cobraron "venganza", asesinando a dirigentes sindicales y campesinos "asentados". Los crímenes, la impunidad y el temor se extendieron por las pequeñas localidades de Paine, Hospital, Huelquén, Culitrín, Chada, Rangue, El Vínculo, Pintué y Laguna de Aculeo. Muchos campesinos y sus familias presenciaron cómo civiles de la zona guiaban a los uniformados por los "asentamientos" entregando nombres y, las más de las veces, participando directamente en la represión y crímenes.

Hace dos semanas, y luego de 29 años, la jueza de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, citó a familiares y victimarios a diversos careos. Holanda Vidal, esposa del detenido desaparecido Cristian Cartagena Pérez, señala: "Fui citada con objeto de la querella por el secuestro y asesinato de mi esposo, desaparecido el 18 de septiembre de 1973. Nuestro objetivo es que se procese a los culpables: carabineros de la dotación de la subcomisaría de Paine y civiles, que actuaron en conjunto. Identifiqué a varios de ellos: sargento Retamal, cabo Ortiz, Albornoz y Víctor Sagredo; y a civiles: Darío González Carrasco, hoy comerciante, miembro de Patria y Libertad, y que reconoció que detuvo a mi esposo en la Casa Escuela de Chada donde vivíamos, llevándolo a la subcomisaría, a las seis de la mañana".

Los ex carabineros han negado su participación en los crímenes durante los careos, argumentando que "estaban de guardia". "Eso me produjo un schok con paralización de mis brazos, una crisis de llanto y angustia. Es terrible revivir todo lo que pasó, verlos tan cerca, su cinismo, su osadía de negar la verdad. Verlos tan soberbios, sin aceptar que lo que hicieron fue atroz. Son los primeros careos, luego de 29 años de denuncias, búsquedas y golpear puertas. Este paso se pudo dar por todo nuestro esfuerzo y trabajo como Agrupación. No hemos transado el juicio y castigo a los culpables, y que paguen con cárcel sus crímenes".

Después de los careos debieran venir los procesamientos. La jueza tiene una larga lista de civiles, carabineros y militares del Regimiento de Infantería de San Bernardo. "Uno de los asesinos es el teniente Magaña Baum, y entre los carabineros, el sargento Verdugo, un torturador que ahora se presenta como un anciano que no ha hecho nada", agrega Holanda Vidal.

"Todos los vieron"

Juan Maureira es hijo de René Maureira Gajardo, detenido desaparecido el 16 de octubre de 1973 junto a otros 22 campesinos de los asentamientos Campo Lindo, 24 de abril y Nuevo Sendero. Presidente de la AFDD de Paine, recuerda que en la represión y asesinatos también participaron militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo: "La jueza investiga cerca de 40 querellas presentadas ante el juez Guzmán. En Paine hay más de 70 víctimas, de las cuales aún están desaparecidos unas 40. Son los casos recopilados en el informe Rettig, pero otros nunca fueron denunciados. Presumimos que son alrededor de 100 los asesinados en Paine, la mayoría campesinos de asentamientos. La ministra en algún momento va a tener que procesar a los carabineros, civiles y militares implicados. Es lo que esperamos y lo que hemos pedido, que se haga verdadera justicia y podamos encontrar a nuestros familiares… Sabemos que el teniente Magaña tiene antecedentes de qué pasó con mi padre y otros 22 campesinos, entre otros casos. Él mató a nuestro familiares… Los carabineros han negado su participación, pero son los mismos que todavía viven en el pueblo. ¿Cómo lo van a negar si todos los vieron? Lo mismo ocurre con los civiles que actuaron. Paine es un pueblo chico".

Según los familiares jueza ha actuado con rigurosidad, cautela e inteligencia. Confían en los testimonios y declaraciones que ha logrado recopilar. Para ellos, todo apunta a que se procesará a algunos implicados. "A muchos, incluso, se les vio entrando a las casas. Hay un sinnúmero de antecedentes recopilados desde ese tiempo".

Hasta el momento, están conformes con la investigación y las diligencias realizadas por la jueza. Para ellos, es la primera investigación luego de 29 años sin conseguir justicia. Hasta el minuto se ha citado a civiles y carabineros, y se han desarrollado algunos careos: "Lo que nos da un poco de satisfacción porque nunca antes se había logrado hacer. Por el momento no hay procesados, pero la ministra sigue trabajando. Y así lo hemos podido corroborar", dice Juan Maureira. Mientras, la mayoría de los civiles y carabineros que asesinaron a los campesinos de Paine continúan viviendo en la pequeña localidad rural, en completa impunidad. "Hasta donde hemos podido ver, por primera vez se da una investigación como debe ser. Los criminales van a tener entregar información de lo ocurrido. Son los mismos carabineros, civiles y militares los que aparecen mencionados en la mayoría de los casos", concluye.

Asesinos de Paine

Carabineros

Nelson Bravo Espinoza, capitán; Raúl Ortiz Maluenda, sargento 2º; Carlos Aburto Jaramillo, cabo 1º; José Retamal Burgos, cabo 1º; Víctor Sagredo Aravena, cabo 1º; Reyes, sargento; Luis Jara, teniente de Pintué; y los carabineros Samuel Ahumada Cabello; Raúl Donoso Figueroa; Alamiro Garrido Ubal; Jorge González Quezada; Víctor Labarca Díaz; Eduardo Molina Armijo; José Piñaleo Pérez y Jorge Verdugo, entre otros.

Civiles

Hugo Aguilera, Fernando Aguilera, Francisco Luzoro, Jorge Sepúlveda, Tito Carrasco, Claudio Oregón, Darío González Carrasco, Luis Guerrero, Mario Tagle, Ricardo Tagle, Yule Tagle, Jorge Aguirre.

Militares – Escuela de Infantería de San Bernardo

Leonel Köening Alternatt, Director; Samuel Rojas Pérez, teniente coronel; Mario Morales Durán, conscripto; Andrés Magaña Baum, teniente; Pedro Montalvo Calvo, coronel; Iván de la Fuente Sáez, mayor; Hernán Pizarro Collarte, mayor; Ciro Ahumada Miranda, mayor; Juan Carlos Nielsen Stambuck, capitán; Sergio Rodríguez Rautcher, capitán; Luis Cortés Villa, capitán; Víctor Pinto Pérez, capitán; Marcial Cobos Farías, capitán; Jorge Romero Campos, capitán; Luis Villarroel Contreras, capitán; Héctor Maturana Zúñiga, capitán; Luis Garfias Cabrera, capitán; Eduardo Silva Bravo, capitán; Sergio Valdivia M., capitán; y Julio Cerda Carrasco, capitán, entre otros.

Entre las 36 víctimas de este caso está el padre de la abogada Pamela Pereira, Andrés Pereira Salsberg, desaparecido desde 1973.

El teniente coronel (r) Andrés Magaña fue procesado y detenido ayer por su participación en las ejecuciones de 36 habitantes de Paine, tras el 11 de septiembre de 1973. Entre las víctimas está el padre de la abogada Pamela Pereira, Andrés Pereira Salsberg, empresario, desaparecido hasta esta fecha.

La resolución, dictada por la ministra María Estela Elgarrista, es la primera en casi 30 años de ocurridos los hechos. A esta causa se le asignó dedicación exclusiva por el pleno de la Corte Suprema.

La investigación determinó que el entonces teniente Magaña realizó un operativo para detener y ejecutar a estas personas, al mando de cerca de 50 conscriptos, muchos de los cuales ya confesaron.

Un primer grupo corresponde a 14 ejecutados en la cuesta Chada, el 3 de octubre de 1973.
Sus cuerpos permanecieron sin identificar durante 15 años en el Servicio Médico Legal, hasta que en 1991 una investigación realizada por el ex ministro Germán Hermosilla logró ubicarlos y establecer sus identidades.

El 16 de octubre de 1973 otras 22 personas fueron ejecutadas bajo las órdenes de Magaña, luego de su detención en Paine y en los asentamientos 24 de Abril, Nuevo Sendero y El Tránsito.

Los detenidos fueron conducidos a un fundo cercano a Melipilla, aún no determinado, donde se realizaron las ejecuciones. Allí fueron enterrados los cadáveres, pero después fueron retirados, según estableció la magistrada.

En 1991, cinco de esas víctimas fueron exhumadas en el Patio 29 por orden del ex ministro Hermosilla, estableciéndose sus identidades. Las otras 17, entre ellas Andrés Pereira, siguen desaparecidas.

La ministra Elgarrista sometió a proceso sólo a Magaña por homicidio calificado y secuestro agravado, ya que distinguió entre la responsabilidad de un oficial y la de los conscriptos que actuaron bajo sus órdenes, y a quienes se habría juramentado para ocultar los hechos.

El abogado querellante, Nelson Caucoto, adelantó que la magistrada Elgarrista seguirá investigando la jerarquía del mando en la Escuela de Infantería de San Bernardo, ya que no se explica cómo un teniente pudo disponer estos operativos, sin que hayan tenido conocimiento sus superiores.

Agregó que Paine es la localidad que registra mayor cantidad de víctimas, cerca de 80, en relación a su población.

Manuel Ahumada tiene hoy 47 años y dedica su vida a promover la organización sindical. Escribió "por encargo" de sus compañeros de prisión, once ferroviarios de San Bernardo. Su historia de terror, tortura, prisión y horror es común a muchos chilenos. Pero para él lo natural y lógico es continuar en la lucha, y se jugó por la Protesta del pasado 13 de agosto.

por Lucía Sepúlveda (Chile)

Al día siguiente de la Protesta Nacional del 13 de agosto 2003, ante un compacto auditorio compuesto mayoritariamente por dirigentes sindicales, Manuel Ahumada lanzó su obra “Cerro Chena: Testimonio”, cumpliendo un mandato recibido de los once ferroviarios de la Maestranza Central de San Bernardo fusilados allí. Este dirigente sindical, que sufrió tres simulacros de fusilamiento, coordinador del Movimiento Sindical por los Cambios, MOSICAM, está seguro que algo está cambiando en Chile, después de años de desmovilización social y amnesia colectiva.

Desde fuera de la CUT, integrando una coordinadora social, él fue uno de muchos dirigentes sindicales autónomos que estuvo el 13 de agosto en la Protesta Social junto al MOSICAM, a la Confederación de Sindicatos de Maipú-Cerrillos, el Sindicato Nacional Telefónico, los Colectivos de Trabajadores, la Central Autónoma de Trabajadores; la Coordinadora Nacional de Sindicatos de la Empresa Privada, la Zonal Poniente de Pobladores; las Asambleas del Pueblo, y la Coordinadora Metropolitana de Allegados.

“La casa de techo rojo”

Manuel Ahumada era, en 1973, un joven comunista de 17 años a quien los “viejos” dirigentes llamaban con afecto “Manolito”. En el salón del hotel Tupahue, cuyo sindicato contribuyó a fundar, él habló del horror vivido en septiembre del 73, en “la casa de techo rojo”, un centro de torturas del Cuartel N° 2 de la Escuela de Infantería, ubicado en el cerro, y demolido por los torturadores posteriormente. Comenzó a escribir “Cerro Chena” después de entregar ese testimonio a la jueza Cecilia Flores, del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, y de reconocer a uno de sus torturadores, Andrés Magaña. Este llegó a ser teniente coronel de Ejército, y está procesado junto a otros asesinos.

“Me han dicho que soy huraño, agresivo, solitario y duro”, reconoció Ahumada ante sus compañeros, explicándoles que eran los efectos de una experiencia límite que incluyó tres simulacros de fusilamiento, y torturas bárbaras. Muchas veces pensó que estaba loco, y por unos años recurrió al alcohol para sobrellevar ese peso, hasta que en 1984 dejó de beber, y “desde entonces trato cada día de ser mejor”. De oficio copero y ayudante de garzón, el autor ha dedicado su vida al trabajo sindical, promoviendo la organización de los trabajadores desde el nivel de base hasta las federaciones y confederaciones.

Cálidos aplausos del público, entre los que estaban una hija de los fusilados, miembros de la Agrupación Jenny de la Barra de San Bernardo, e integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Industria Alimenticia, Turismo, Comercio y Servicios (COTIACH), de la que es secretario, dieron fuerzas al autor para pedir que den a conocer su testimonio a sus hijos, a sus cónyuges y a sus amigos. “No lograrán cortarnos las alas, aunque en nuestro local aparecieron anteayer ataques sin firmas. Que lo sepan todos: Tenemos cuerda para rato”, concluyó Manuel Ahumada.

La obra, de 120 páginas, fue publicada por Ediciones Tierra Mía, una nueva editorial conformada por una red de organizaciones sociales y culturales chilenas y europeas. Está disponible en la sede del Movimiento Sindical por los Cambios (MOSICAM), ubicada en Sazié esquina de Almirante Latorre. El retrato de la vida cotidiana en los hogares san bernardinos, la solidaridad, la convicción política, el miedo, la incertidumbre y la amistad cruzan estas páginas dotándolas de un extraordinario interés. El relato del horror es superado por el espíritu de los mandantes del texto, los obreros fusilados: ése es un mensaje de esperanza y de lucha que no pierde actualidad ni verdad.

El brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y al teniente (r) Andrés Mogaña Bau militar fueron encausados como autores del secuestro y homicidio calificado de cinco detenidos desaparecidos de San Bernardo y Paine.

SANTIAGO.- La ministra de fuero que investiga causas de derechos humanos María Estela Elgarrista sometió a proceso al brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y al teniente (r) Andrés Mogaña Bau militar como autores del delito de secuestro y homicidio calificado de cinco detenidos desaparecidos de San Bernardo y Paine. 

Según informó radio Cooperativa, Magaña Bau fue encargado reo por la desaparición de Juan Cuadra Espinoza e Ignacio Santander Albornoz, detenidos el 24 septiembre de 1973 en Paine y San Bernardo, respectivamente. 

En tanto, Pinto Pérez es acusado como autor del homicidio calificado de Carlos Ortiz Ortiz, desaparecido desde octubre de 1973 y de los reservistas del regimiento de Artillería de San Bernardo René Martínez Aliste y Manuel Rojas Fuentes, quienes fueron fusilados en diciembre de 1973. 

El abogado querellante Nelson Caucoto destacó la resolución de la magistrada y afirmó que la justicia está en condiciones de juzgar todos los crímenes cometidos durante el régimen militar.

La ministra de fuero de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, dictó cuatro autos de procesamientos por casos de detenidos de desaparecidos y ejecutados políticos de Paine, algunos de los cuales fueron trasladados al cerro Chena.

En calidad de coautores de los secuestros con homicidios de los campesinos Juan Guillermo Cuadra Espinoza, de 26 años, e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, de 17 años, quedaron encausados Andrés Magaña Bau y Víctor Raúl Pinto Pérez.

Cuadra y Santander fueron aprehendidos el 24 de septiembre de 1973 en el fundo "El Escorial" de Paine. Según revelaron miembros del Regimiento de Infantería de San Bernardo de la época, ambos fueron ejecutados por aplicación de la ley de fuga el cuatro de octubre de 1973.

Por los casos de Paine ya habían sido dictados otros autos de procesamientos en relación a 37 víctimas. Las encargatorias de reo dictadas ayer por la jueza Elgarrista amplía la resolución anterior.

Además del fallo indicado, la ministra dictó otros tres autos de procesamiento, contra el entonces capitán Víctor Raúl Pinto Pérez, quien en esa época se desempeñaba como jefe del departamento de inteligencia del Regimiento de Infantería de San Bernardo y jefe del recinto del Cerro Chena.

Pinto quedó procesado como autor del secuestro y homicidio del campesino Carlos Manuel Ortiz Ortiz, de 18 años, llevado al cerro Chena el tres de octubre de 1973.

También fue encausado por el homicidio calificado del conscripto René Máximo Martínez Aliste, de 20 años, asesinado el ocho de diciembre 1973; y, en calidad de autor, por el homicidio del conscripto Manuel Rojas Fuentes, de 20 años, ultimado el siete de diciembre del mismo año.

El abogado querellante en todos estos casos, Nelson Caucoto, valoró la resolución de la jueza y señaló que es significativo que hayan sido dictados en estos días, pues “eran procesos en los cuales nunca se pensó que la justicia podría avanzar, lo que viene a justificar la función de los jueces especiales en materia de derechos humanos”.

En el Liceo Mixto de Parral había fiesta. Sonia tenía 15 años y se moría de ganas por ir. Esa noche del sábado 21 de septiembre de 1951, René Maureira la sacó a bailar. “Me flechó de inmediato. Incluso nos dimos un beso esa misma noche, algo muy poco visto en ese tiempo”, recuerda. René estudiaba en Talca y cada fin de semana viajaba a verla. Durante un año se encontraron en el parque y caminaron de la mano por las calles de la ciudad intentando mantener el secreto de su pololeo. Pero un día se encontraron de frente con el padre de Sonia. “Me quise morir. Me quitó el permiso hasta para comprar el pan”, cuenta. Pero su mamá, a escondidas, la dejó encontrarse con René en la plaza. “Habla con tu padre”, le dijo él, y la convenció. “Yo terminaba haciendo lo que me pedía. Era una buena influencia”, cuenta ella entre risas. Su padre la escuchó con atención y sentenció: “Está bien, pero se quedan en la casa. Lo que no me gusta es que se anden luciendo por la calle”.

Dos años más tarde, René se recibió como profesor y partió a una localidad perdida en medio del campo. Sus visitas a Parral se hacían más complicadas. “Me decía que me echaba de menos, sobre todo cuando estaba solo y veía los atardeceres”, cuenta Sonia. Una de esas tardes llegó decidido: “¿Quieres casarte conmigo?”. Sonia le respondió: “Sí quiero”. No se volvieron a separar. Ella con 18 años y él con 21 viajaban juntos a la escuela rural y volvían a caballo por un sendero sinuoso. En una parte del recorrido debían cruzar en balsa. Una vez, simplemente la balsa no llegó. René le dijo a Sonia que debían pasar arriba del caballo “No te preocupes, que los caballos nadan”. Estaba aterrorizada: “Finalmente le hice caso y partimos hasta que tocamos tierra. En verdad que siempre le hacía caso”, ríe Sonia.

Años más tarde, René dejó su trabajo de profesor rural e invitó a su mujer a una nueva aventura: instalarse en Paine con un supermercado, el primero de la ciudad. Dio resultado. El Mapa se llenaba y pronto debieron ampliarse. Cuando llegó el Gobierno de Allende, René cometió un pecado que probablemente le costó la vida: a diferencia de sus colegas del comercio, él no cerró su local. Sin militancia política, simpatizaba con el Gobierno del doctor. El 13 de septiembre se lo llevaron al Estadio Nacional. Lo devolvieron el 14 de octubre. Al día siguiente, nuevamente un piquete de soldados lo fue a buscar. Volvió esa noche. “Él siempre estaba calentito, pero cuando me acurruqué a su lado lo sentí helado y tembloroso. No me quiso decir nada”. Al día siguiente, Sonia se levantó y en el lomo de su chaqueta vio la marca de una gruesa pisada. Esta vez René le contó que lo tiraron al piso y que “uno de los militares lo pisó mientras lo humillaba”, recuerda.

Sin vida

A las tres de la madrugada del 16 de octubre los soldados volvieron. Necesitaban a René para “nuevos interrogatorios”. Nunca más lo vieron. Está acreditado en el proceso que los militares pertenecían a la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo y eran comandados por el entonces subteniente Osvaldo Andrés Magaña Bau. Se comprobó, además, que la patrulla se movilizaba en un camión marca Dodge y que esa noche secuestraron a 17 personas en una pasada y a cinco más en un segundo viaje, en el operativo más grande que conmocionó a Paine. Días antes, entre el 2 y 3 de octubre, el mismo grupo había sacado 14 personas de sus casas, la mayoría campesinos.

Sus cuerpos fueron encontrados por familiares el 12 de mayo de 1974 a las afueras de Paine, en la cuesta Chada, el mismo lugar donde los fusilaron. El 24 de septiembre habían secuestrado y ejecutado a dos campesinos del sector de El Escorial de Paine. Sumados a los secuestros y ejecuciones realizadas por carabineros de la Subcomisaría de Paine, entre septiembre y noviembre del ’73, las víctimas en esta localidad ascienden a 70, la mayor cantidad en Chile en relación a la densidad de habitantes. Algunas víctimas de Paine aparecieron muertas en los días siguientes a su secuestro junto al lecho de ríos y canales. Otras, al costado de una carretera, y otras permanecen desaparecidas hasta hoy. A raíz de estos crímenes, actualmente están procesados siete ex carabineros de la Subcomisaría de Paine por secuestro y homicidio; dos civiles, por homicidio en contra de un campesino, y dos militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, Víctor Raúl Pinto Pérez y el ya mencionado Osvaldo Andrés Magaña Bau, también por homicidios y secuestros. Magaña, actualmente coronel en retiro, durante años guardó un riguroso silencio. En careos con familiares que lo habían visto en los operativos, negó rotundamente su participación.

En el ’78, Sonia recuerda que interpuso una querella por la desaparición de su marido y que Magaña le dijo a la cara que nunca había pisado Paine. “Yo le pedí que confesara, para no dejarle un futuro tan negro a sus hijos”, cuenta. En 2003, gracias a que numerosos fusileros dijeron la verdad, cayó un procesamiento sobre Magaña por el homicidio y desaparición de 36 personas, pero siguió sin hablar. A fines de 2005 confesó su autoría en 31 crímenes. LND conversó con él, pero declinó hacer comentarios. Sin embargo, en su declaración de junio de 2006, por el caso “Caravana de la Muerte”, está casi todo lo que hizo:

 “Me dieron la orden de hacerme acompañar por un prisionero condenado por un consejo de guerra, quien me indicaría los domicilios de diferentes personas que debía detener. Es así como en esa ocasión se detuvo a un total de 14 personas (a principios de octubre), las que junto al condenado fueron fusiladas en la cuesta Chada, siendo enterradas en el lugar” Respecto de las personas secuestradas el 16 de octubre, entre los que se encuentra René Maureira, marido de Sonia, y Andrés Pereira Salsberg, padre de la abogada Pamela Pereira, Magaña declaró: “Fui solicitado por el director y subdirector de la escuela [de Infantería de San Bernardo], quienes me dieron la orden de detener a 17 personas, las que también debieron ser fusiladas, las que fueron ejecutadas en las cercanías del lago Rapel, debiendo hacer presente que los cuerpos de los primeros fallecidos [en la cuesta Chada], luego de ser enterrados, fueron entregados a sus familiares y los últimos fueron exhumados y lanzados al mar”. Todo en dos semanas.

Sin justicia

Los crímenes de Paine, acumulados en una sola causa, tuvieron un avance notable a partir de 2001, cuando la jueza de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Stella Elgarrista, inició una reconocida investigación que por primera vez no buscó cuerpos, sino a los responsables de los crímenes. Se sumó la colaboración de familiares y el trabajo que desde 1980 venía realizando el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto. Sin embargo, posteriormente experimentó una serie de baches. En 2004, Elgarrista se inhabilitó luego de que la Corte de Apelaciones de San Miguel le revocó la amnistía que decretó en contra de uno de los responsables de Paine. Es una de las paradojas de la jueza, que por un lado era rigurosa en la búsqueda de la verdad y por otro estaba a favor de la amnistía. Recientemente llegó a manos de la jueza Olga Meurer. Según antecedentes recibidos por este medio, se inhabilitará la próxima semana debido a que es profesora en la Escuela de Carabineros, lo que genera un conflicto de intereses.

Sin esperanza

Un enjambre bastante más dramático se vive en Paine. Muchos familiares ya no reciben a la prensa debido a que hasta la fecha no hay condenas en un caso que está esencialmente solucionado. “No tiene sentido seguir hablando. Tanto tiempo y no sucede nada”, protesta una mujer. “Esto es lento. Es comprensible la desesperanza de la gente de Paine, pero creo que vamos un poco más allá de la mitad del proceso. Conseguimos que no se amnistiara y luego interpusimos todas las querellas que hoy se investigan. Pero falta. Paine vivió un holocausto interno y la gente no tiene sed de venganza, sino de justicia. Faltan responsabilidades más arriba. Si bien Magaña es fundamental, tiene superiores”, explica Nelson Caucoto. Se agrega que 11 de las víctimas de esta localidad son parte de las identificaciones erróneas del Patio 29 efectuadas por el Servicio Médico Legal, el escándalo que aún remece a estas mujeres. Rosa Becerra es una de ellas. El fatídico 16 de octubre, su marido, Luis Gaete, también fue secuestrado por el grupo de Magaña. Se lo devolvieron en 1994, proveniente del Patio 29, y el año pasado lo volvieron a exhumar. Hasta ahora no sabe a quién dejó flores por más de 10 años. Por todo eso se excusa de recibirnos en su casa, ubicada en el Callejón de las Viudas, célebre porque desde ahí se llevaron a 12 campesinos. “Luis se fue por tanto tiempo, más de 30 años, y ahora se lo llevan de nuevo. Hubiera preferido que nos hubieran dejado así no más, con la ignorancia, para no tener que vivir su desaparición de nuevo”, gesticula Rosa con una mezcla de emociones que no la dejan parar de hablar. “Mi hija está con depresión y tiene dos chiquitos. No quiero imaginar que ellos queden solos si ella decide dejar de vivir”, cuenta al recordar que María Amparo tuvo su primera caída fuerte cuando el ’94 le entregaron el cuerpo de su padre. Había nacido 24 días después de su desaparición y creció con los recuerdos de Rosa añorando verlo con sus propios ojos. Finalmente, Rosa nos invita a su casa. Quiere mostrarnos un mosaico que tiene casi terminado. Es parte de 70 más, uno por cada víctima, que darán vida al Memorial por las Víctimas de Paine, que será inaugurado el próximo sábado 21 de octubre. “Nos dijeron que está muy cargado al blanco, que le falta contraste”, dice Rosa con ojo de artista. “A mí me gusta como está quedando”, observa su marido desde hace 25 años. Trabajan mano a mano organizando el cuadro. En el corazón de una gran guitarra se ve a su primer marido, Luis, arando la tierra. A un costado, una mujer panzona. “Ésa soy yo, embarazada y siempre esperando”, cuenta Rosa con los ojos brillantes.

Sin sendero

Don José Castro Maldonado vivía en un asentamiento rural, otorgado por el Gobierno de Salvador Allende en 1972, a pocos kilómetros de Paine. “No había días feriados y muchas veces pasaba las noches arriba del tractor arando la tierra”, recuerda su hija Luz. En los días posteriores al golpe, las cosas se pusieron negras para los agricultores del lugar. Muchos eran secuestrados por carabineros de la zona y los devolvían en pésimas condiciones. Luz recuerda que terratenientes expropiados acompañaban a los militares en los operativos. “Los Tagle, Francisco Luzoro, Juan Balcázar, Claudio Oregón y muchos más son conocidos acá porque apuntaron con el dedo a la gente”, cuenta. De hecho, tanto Balcázar como Oregón están procesados como autores del homicidio de Ricardo Carrasco Barrios, en septiembre de 1973. Le dispararon por la espalda.

El 15 de octubre, don José Castro, de 52 años, fue a visitar a Luz. Se habían visto por última vez una semana atrás y ella temía lo peor. “Llegó en su moto y se bajó. Nos abrazamos, lloramos y él me dijo: ‘Todavía no me ha pasado nada’”, recuerda. A la noche siguiente, el grupo de Magaña pasó por ahí. Vio el brillo de los cascos militares pasar junto a su habitación. Siete personas más fueron secuestradas esa noche. En adelante, las viudas de Paine se hicieron conocidas porque partían cada día en busca de sus maridos. “Se destruyeron familias enteras. Veía cómo los niños quedaban solos, sin crianza, porque las mujeres iban donde fuera a buscarlos. Tres Álamos, Isla Quiriquina, etc.”, cuenta Luz. Ella misma no se convencía de la pérdida. Durante mucho tiempo soñó que su padre estaba vivo. “También durante el día lo veía aparecer por el camino”, recuerda la mujer. De las enseñanzas más valiosas de su padre, Luz destaca el respeto a la vida. Cuando, por ejemplo, debían hacer insectarios para algún ramo, el hombre prefería que reprobaran antes que matar. “Todos tienen derecho a la vida”, recuerda que le decía. Hoy Luz tiene 60 años y calcula que don Luis se empinaría en los 86. “Una puede ser vieja, pero siempre necesita a los papás”, dice conmovida. De un bolsillo saca un pañuelo y seca las lágrimas que se asoman tras los gruesos anteojos. Se cuelan cada vez que intenta unir los fragmentos inconclusos de su historia.

El coronel (r) Andrés Magaña Bau, confeso de haber comandado la patrulla que ejecutó a 31 personas en Paine en octubre de 1973, reveló después de 33 años de silencio el lugar donde fueron enterradas parte de estas víctimas, entre ellas el padre de la abogada Pamela Pereira.

Si bien Magaña había confesado en 2005 su participación en estos hechos, atribuyéndolos a órdenes de sus superiores ya fallecidos, sólo en los últimos días precisó al tribunal el sitio en que se inhumaron 17 cadáveres, acompañando fotografías.

El ex oficial se trasladó ayer a una zona cercana a Meliplilla, en las

inmediaciones del lago Rapel, junto a la ministra subrogante en la causa, Virginia Rivera, quien reemplaza a la ministra Irma Meurer, recientemente inhabilitada en forma voluntaria. También estuvieron presentes efectivos de la policía.

La diligencia de ayer fue un reconocimiento del área, donde se iniciarían las excavaciones la próxima semana, luego de otras pesquisas dispuestas para hoy.

Paralelamente, los familiares de las víctimas sepultadas en esa zona fueron informadas ayer de esta última revelación de Magaña, la que se interpretó en esferas ligadas a la defensa de los derechos humanos como el primer quiebre del pacto de silencio de los militares, tras la muerte del general (r) Augusto Pinochet.

El deceso del ex gobernante fue considerado crucial en esta precisión de Andrés Magaña, ya que en su confesión inicial se explayó sobre cómo se le ordenaron las ejecuciones, pero se reservó el lugar del entierro e incluso aseguró que los cuerpos se lanzaron al mar, haciendo coincidir su versión con los antecedentes aportados por el Ejército a la Mesa de Diálogo.

Magaña era subteniente en esa época y su destinación era la Escuela de Infantería de San Bernardo, donde era asesor de Telecomunicaciones del director.

En su declaración, señala que el director de la unidad, el coronel Leonel Konig, y el subdirector, el teniente coronel Pedro Montalba (ambos fallecidos), le ordenaron comandar una patrulla que se encargaría de fusilar en dos operativos a residentes en Paine, según una resolución de un consejo de guerra.

Su relato consigna que un detenido había acusado a los inculpados de ocultar explosivos.

El primer operativo fue el 2 de octubre de 1973, trasladándose a 14 prisioneros a la Cuesta de Chada, donde fueron fusilados.

En la noche del 15 de octubre, se detuvo a otras 17 personas, conducidas "en dirección a Melipilla hasta llegar a una zona muy cercana al lago Rapel", siendo sepultados en esa área. Este lugar fue revelado por Magaña y allí se habría sepultado al padre de Pamela Pereira.

El oficial (R) que comandó los ajusticiamientos en octubre de 1973, reveló a la magistrada Virginia Rivera que en 1978 “gente de la inteligencia militar” lo llevó al lugar para identificarlo, con el fin de desenterrar los cadáveres y hacerlos desaparecer.

Los cuerpos de 17 personas ejecutadas en Paine en octubre de 1973 que se buscan desde el fin de semana en las excavaciones en un sector cercano al lago Rapel, luego de la confesión del coronel (R) Andrés Magaña, habrían sido desenterrados a fines de 1978 para hacer desaparecer definitivamente sus restos.

Esta información fue agregada por el mismo Magaña a la jueza a cargo de la investigación Virginia Rivera, revelando que ese año “gente de la inteligencia militar” sin aclarar si fue de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) o de la CNI, lo condujo al lugar de la sepultación clandestina para reconocerlo con el fin de exhumar los cuerpos y buscarles un destino final que, en la mayoría de los casos, significó el fondo del mar.

Ínfimas partes

Sin embargo, la magistrada determinó que las excavaciones continúen para ver si es posible hallar pequeños restos óseos que quedaron producto de la remoción, como sucedió en otros casos como Calama, Peldehue, Chihuío y Cuesta Barriga.

La jueza dijo ayer a La Nación que “Hasta ahora no hay ninguna novedad, pero seguiremos trabajando hasta donde sea necesario”.

En el terreno trabajan los peritos Gabriel Vargas, geólogo de la Universidad de Chile, y el arqueólogo de la Universidad de Tarapacá Cologero Santoro.

Seis conscriptos que participaron en los asesinatos y el entierro clandestino, no reconocieron el lugar aportado por Magaña en la indagación judicial. No obstante se cree que podrían estar desorientados debido al tiempo transcurrido.

De igual manera, el coronel (R) Magaña no devela hasta ahora el nombre de otros oficiales o suboficiales que participaron en octubre de 1973 en el escuadrón de ajusticiamiento que le tocó comandar, siendo un teniente de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

Ayer al atardecer la jueza se reunió en el sitio de las exploraciones con la agrupación de familiares de las víctimas de Paine.

En el lugar han estado presentes en los últimos días personal de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, y del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Dudas razonables

Ayer los expertos no verificaban si en el sitio entregado por Magaña efectivamente hubo cuerpos sepultados. Tampoco si hubo una remoción.La llamada por los propios miembros del Ejército en algunos juicios por delitos de lesa humanidad Operación retiro de televisores, consistió en ubicar por el sur y norte del país fosas clandestinas donde permanecían sepultados opositores a la dictadura.

La misión fue desenterrarlos y lanzar sus restos al mar utilizando los helicópteros del Comando de Aviación de la institución.

La orden fue dada por Pinochet luego de que en noviembre de 1978 se hallaron los cuerpos de 15 campesinos escondidos en una mina abandonada en Lonquén, al sur de Santiago.

Dentro de los detenidos desaparecidos de Paine se encuentra el padre de la abogada Pamela Pereira.

Las posibilidades de hallar restos de detenidos desaparecidos en la quebrada del Lago Rapel, en Chile, son prácticamente nulas, luego de que los peritos de la Policía Civil y del Servicio Nacional de Geología y Minería determinaron que son tierras "vírgenes", en las cuales no se registraron movimientos.  No obstante, la jueza Virginia Rivera determinó continuar las excavaciones -que se iniciaron el lunes- en el lugar señalado por el coronel retirado Andrés Magaña, quien fue jefe de la patrulla que ejecutó a una veintena de personas en 1973, entre ellas el padre de la abogada de derechos humanos Pamela Pereira.

Tras reunirse con el comandante en Jefe del Ejército, la abogada afirmó que la inexactitud del testimonio de un oficial (r) está "agotando las posibilidades de encontrar algo".

La abogada de derechos humanos Pamela Pereira se reunió este viernes con el comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, para solicitar la ayuda de la institución para dar con el paradero de los cuerpos de detenidos desaparecidos de Paine, búsqueda que no está logrando resultados, advirtió.

En conversación con Radio Cooperativa, la jurista señaló que las diligencias del caso están fracasando debido a la inexactitud de la información entregada por el militar en retiro Andrés Magaña Bau, quien la semana pasada reveló el supuesto paradero de 17 víctimas de la dictadura.

"En el lugar en que se está trabajando pareciera que ya se han agotado todas las posibilidades de encontrar algo, es probable que hoy día o mañana (sábado) la magistrado tome alguna decisión al respecto", explicó.

"Sin duda creo que si no es posible avanzar ahora, van a tener que realizarse otro tipo de diligencias para obtener información de la manera mas fidedigna que sea positiva", afirmó Pereira, hija de un detenido desaparecido de Paine.

La ministra en visita del caso, Virginia Rivera, desde hace algunas semanas se encuentra realizando diligencias en un camino que cercano al lago Rapel, donde se habrían sido enterrados los 17 opositores a la dictadura.

El grupo fu inhumado en la zona por una patrulla militar encabezada, en ese entonces, por el subteniente Andrés Magaña Bau, actualmente coronel en retiro.

Pamela Pereira explicó que Rivera está recorriendo el camino con la ayuda de un grupo de conscriptos, para precisar cuál habría sido el punto al cual llegaron los cadáveres de los detenidos de Paine.

El caso se remonta al año 1973, cuando Magaña Bau, quien era subteniente de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandó una patrulla para capturar a varios militantes de izquierda, entre los que se encontraba el padre de la abogada Pereira, y que terminó con la muerte y desaparición de 24 personas. (Cooperativa.cl)

Andrés Magaña Bau, el coronel que volvió a remecer a las familias de Paine

Después de 30 años, decidió entregar información sobre el supuesto paradero de detenidos desaparecidos. Sin embargo, los antecedentes resultaron inexactos para los tribunales, que el sábado decidieron suspender la búsqueda definitivamente. Abogada Pamela Pereira, hija de una de las víctimas, asegura que sus fines son pocos altruistas y espera que aporte datos fidedignos al tribunal.

"Es el típico milico que no piensa, que actúa sin medir las consecuencias de sus actos y que cree que siempre podrá ganar con su posición”. Con esa simple, pero lapidaria frase, es definido el coronel (R) Andrés Magaña Bau, el hombre volvió a remecer a los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos al revelar el supuesto paradero de detenidos desaparecidos de Paine.

Para los familiares de 22 víctimas de la represión en la pequeña comuna de la zona sur de la Región Metropolitana, Magaña Bau es un viejo conocido. Específicamente desde octubre de 1973, cuando llegó comandando una patrulla de la Escuela de Infantería de San Bernardo para arrestar a sus familiares, a quienes no volvieron a ver nunca más.

En esa fecha Magaña Bau llegó prepotente y dando gritos para llevarse a los campesinos de los asentamientos de la localidad, formados luego de la reforma agraria y que tienen a esa zona con el triste récord de ser el lugar de Chile con el mayor número per cápita del país de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.

A fines de la década de la setenta el entonces teniente, que luego desarrolló su carrera militar en la Escuela de Paracaidistas y Comandos de Peldehue, negó toda participación en los hechos y aseguró que "nunca había estado en Paine", pese a que fueron numerosas las personas que lo vieron y lo reconocieron al momento de las detenciones.

En esa misma época, Magaña participó en la denominada "Operación Retiro de Televisores" y comandó al grupo de militares que desenterraron los restos de los detenidos desaparecidos de Paine, y que fueron lanzados al mar en un operativo destinado a ocultar los crímenes de la dictadura.

Información falsa

Por ello, los familiares abrigaban algún grado de esperanza en torno a encontrar parte de los restos de las víctimas de la represión en la zona de Rapel, lugar sindicado por el ex militar como el que fue utilizado para enterrar a los campesinos.

Sin embargo, tal como lo había adelantado El Mostrador.cl, el trabajo realizado por la jueza Virginia Rivera y su equipo de peritos apuntaba a que la información era errónea, por lo que este sábado decidió suspender las pesquisas.

Magaña es el único de los integrantes de la patrulla militar que asegura que en la quebrada del río Rapel se dispusieron los restos, mientras que los fusileros que participaron de las ejecuciones no recuerdan el punto, aunque todos afirman que en la zona se produjo el entierro clandestino.

De acuerdo a la versión del oficial en retiro, durante años se dedicó a buscar el lugar exacto de las inhumaciones ilegales, hasta que dio con el sitio y luego de eso entregó los datos a los tribunales, información que a todas luces no es verídica.

Asimismo el oficial en retiro reconoce que en ese lugar se enterraron 17 cuerpos, aunque los detenidos fueron 22, aprovechándose de los errores cometidos por el Servicio Médico Legal (SML) que identificó a cinco campesinos de Paine como parte de los restos exhumados desde el Patio 29 del Cementerio General.

Pamela Pereira: “No tiene fines altruistas” 

Para la abogada Pamela Pereira, hija del detenido desaparecido Andrés Pereira Salsberg, el coronel (R) Magaña debe definir sobre si quiere colaborar o no en la investigación de la jueza Rivera, y entregar información veraz y comprobable al tribunal.

"Acá se está agotando la investigación y no ha dado resultado. Acá la persona que tiene precisar la investigación es Magaña, porque es el responsable de estas masacres y porque participó y estuvo presente cuando se llevaron efectos los desentierros para lanzarlos al mar, por orden de Pinochet", dijo Pereira.

La profesional agregó: "No sé cual es el juego perverso que pueda haber en esto, con dar un lugar y después resulta que no es. Lo que si sé, es que es muy devastador para las familias de las víctimas y, en ese sentido, se hace necesario toda la colaboración posible para aclarar este episodio".

La abogada insistió que Magaña no está diciendo todo lo que sabe de las ejecuciones y usa información que se conoce que está errada para disminuir su responsabilidad penal. "Él omite parte de la información y la distorsiona porque habla de 17 víctimas y en realidad son 22. Se aprovecha de los errores del SML que dio como por identificada a 5 personas de Paine cuando no lo han sido. Eso demuestra que no tiene ningún fin altruista con lo que hace", finalizó.

El oficial negó cualquier nexo con la patrulla militar que en octubre de 1973 comandó Osvaldo Magaña, una de cuyas víctimas es el padre de la abogada Pamela Pereira. 

“No tengo nexo alguno con actividades realizadas por Osvaldo Andrés Magaña Bau”, le dijo el general Guillermo Castro Muñoz al juez Héctor Solís el lunes pasado cuando se sentó a declarar en la investigación que intenta dar con el destino de 22 campesinos que fueron ejecutados por una patrulla militar en octubre de 1973.

La diligencia se hizo con sigilo y en una dependencia previamente acordada entre el tribunal y el Ejército.

Castro Muñoz es jefe de la Segunda División y, como tal, ejerce como juez militar de Santiago.

La patrulla del ‘73 

¿Cómo se gestó el interrogatorio? La historia está en las declaraciones y careos que esta semana hubo en el caso.

La investigación por los ejecutados de Paine está a cargo del ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, después de haber pasado por manos de otros magistrados de ese tribunal.

Después de años de pesquisas, en el expediente se logró establecer que el 16 de octubre de 1973 un grupo de 20 soldados, al mando de un subteniente, salieron desde el Cuartel Dos ubicado en el Cerro Chena con la misión de apresar a 22 personas. Iban en un camión rojo. Para que no tuvieran problemas les entregaron planos con el domicilio de cada uno de los buscados.

El grupo, al mando del subteniente Magaña Bau, fusiló a los detenidos en una quebrada cercana al Lago Rapel. Entre las víctimas de este operativo estaba Andrés Pereira Salsberg, padre de la abogada de derechos humanos Pamela Pereira.

Magaña, el suboficial José Vásquez Silva y el civil Juan Quintanilla Jerez son los tres únicos que enfrentan cargos en esta hebra del caso. Los dos últimos están procesados por resolución dictada el 4 de enero pasado.

Oficial estuvo en la “Compañía de Fusileros” 

Poco después de esa decisión, el abogado Luciano Fouilloux (representante de Pamela Pereira) pidió a Solís que citara al general Castro porque en la época de los hechos estaba en la Escuela de Infantería de San Bernardo, unidad de la cual dependía el Cuartel Dos y de donde partió la patrulla militar que perpetró las ejecuciones.

El ministro aprobó la diligencia y el lunes pasado tomó declaración al militar. Castro recordó que ingresó al curso básico de oficial subalterno en agosto de 1973 y que, tras la intervención militar de septiembre, la nueva estructura de la Escuela no operaba claramente y que recién en octubre lo destinaron a la “Compañía de Fusileros”. Como parte de ésta estuvo en los cuarteles Uno y Dos.

Castro le aseguró al tribunal que en el Cuartel Dos nunca vio detenidos y que se enteró años después, a través de informaciones de prensa.

Sobre Magaña, el general admitió que lo conoció en la Escuela Militar, pero se encargó de recalcar que nunca participó con él en ningún operativo. Es más, enfatizó que nunca tuvo contacto social con él, salvo en el año 1990 cuando ambos coincidieron como profesores en la Academia de Guerra del Ejército.

El careo entre Castillo y Magaña 

Después de escuchar a Castro, Solís citó al prefecto en retiro de Investigaciones Rafael Castillo , mandamás hasta el año pasado de la Jefatura de Asuntos Especiales, y recientemente nombrado como agregado científico de Chile en la OEA. Indagó el caso y declaró como testigo.

Ante el juez, Castillo contó que en una entrevista realizada en su oficina, Magaña reconoció que en el operativo participaron otros dos oficiales cuyos nombres no recordaba. El detective retirado agregó que el ex militar habría dejado “entrever” que uno de los involucrados era una persona de apellido Castro que actualmente tendría el grado de general.

Castillo aseguró que Quintanilla (el civil procesado) también sostuvo que, además de Magaña, en el camión rojo iban otros dos oficiales. Explicó que nunca entrevistó a Castro por los privilegios que gozan los generales y, por tanto, dijo que no pudo corroborar tales hechos.

El juez Solís careó de inmediato a Castillo con Magaña.

Castillo reiteró que, según los testimonios, había otros dos oficiales en el operativo. Magaña lo contradijo, insistió que no hubo otros y que el único Castro que recordaba perteneció a otra sección del Ejército. Remarcó que no tenía recuerdos y que si supiera los nombres tampoco lo diría por su honor y la lealtad que le debe a la gente que comandó.

El juez Solís cerró la diligencia al apreciar que no había acuerdo.

Para la abogada Pamela Pereira, hija de una de las víctimas identificadas, "falta una etapa que es muy esencial, que es hacer justicia".

SANTIAGO.- El juez con dedicación exclusiva Héctor Solís entregó hoy la identidad de nueve personas que fueron ejecutadas el 16 de octubre de 1973 en la comuna de Paine.

Se trata de José Ignacio Castro Maldonado, Luis Alberto Gaete Balmaceda, Carlos Enrique Gaete López, Rosalindo Herrera Muñoz, Samuel Lazo Maldonado, Carlos Lazo Quinteros, Silvestre Muñoz Peñaloza, Andrés Pereira Salsberg y Luis Silva Carreño.

Para la abogada Pamela Pereira, hija de una de las víctimas identificadas, "falta una etapa que es muy esencial, que es hacer justicia".

"Con la misma voluntad que hemos perseverado en encontrar al padre nuestro, vamos a perseverar en que se establezca a través de una sentencia judicial las condenas para los criminales", añadió.

Los nombres de los ejecutados políticos, que se encontraban en calidad de detenidos desaparecidos, fueron obtenidos luego de una serie de estudios realizados desde 2008 en el Laboratorio Gerichtsrzte am Institut fr Gerichtliche Medizin der Medizinischen Universitt Innsbruck (GMI) en Austria.

Los especialistas estudiaron el ADN nuclear y cromosoma de los restos de los campesinos ejecutados, logrando un 99,9% de certeza, según explicó el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos.

Inicialmente, los familiares de las nueve personas identificadas hoy reconocieron en junio de 2009 evidencias culturales de las víctimas, como la ropa encontrada junto a los cráneos y restos óseos.

La causa investigada por el juez Solís tiene relación con distintos episodios de desaparición y/o muerte de 70 personas, ocurridas durante 1973 en Paine.

Los nueve campesinos reconocidos forman parte de las 22 personas fusiladas el 16 de octubre de 1973 y que posteriormente fueron trasladadas hasta la Quebrada El Arrayán, en la Región de O'Higgins. Por el "caso Paine" están procesados los militares en retiro Andrés Magaña Bau, José Vasquez Silva y el civil Juan Quintanilla Jerez

Sin embargo, el magistrado Héctor Solís dijo que hasta ahora no hay antecedentes de una eventual responsabilidad del general Guillermo Castro en la desaparición de 22 campesinos en 1973.

SANTIAGO.- El juez que investiga el denominado caso Paine, Héctor Solís, aseguró este miércoles que el General del Ejército Guillermo Castro Muñoz, le reconoció a él haber formado parte de la CNI, en una declaración judicial de 2003, año en que enfrentó, al menos en tres oportunidades interrogatorios del magistrado.

En ese contexto el letrado explicó que, por ahora, no existen antecedentes que permitan establecer responsabilidades de Castro Muñoz en los hechos investigados sobre la desaparición de 22 campesinos de la localidad de Paine en 1973, pero que "nunca se descarta la posibilidad" de que sea procesado.

Si bien el magistrado dijo que "en estos hechos de Paine hay encargado reo y sometido a proceso un teniente de la época (Andrés Magaña), un cabo y un civil", reconoció que en el expediente de investigación "hay algunos soldados que mencionan que en los hechos, a parte de este teniente Magaña, participaron uno o dos oficiales. Pero al serles exhibidas las fotografías de la época de todos los oficiales de la escuela (Infantería de San Bernardo), ninguno fue capaz de identificar a Guillermo Castro Muñoz".

El Jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, Guillermo Castro Muñoz, está cuestionado luego que trascendiera su vinculación con la CNI. Hoy agrupaciones de Derechos Humanos solicitaron al Ministro de Defensa Andrés Allamand la baja del uniformado, producto de su reconocimiento.

2016 marcó un hito para Codelco. No fue uno de esos que sacan aplausos. Por primera vez en su historia, y producto de la baja sostenida del precio del cobre, la principal empresa estatal tuvo que endeudarse para cumplir con sus compromisos financieros. Uno de ellos es la entrega de US$707 millones  a las FF.AA. –monto registrado a septiembre de 2016– en virtud de la Ley del Cobre (que ya no es reservada).

El hito no hizo más que graficar hasta qué punto la Ley del Cobre se ha transformado en una camisa de fuerza para Codelco. Al obligar a la cuprera a entregar el 10% de sus ventas a las FF.AA., se despoja al Estado de un caudal importante para políticas públicas. Basta mirar las cifras para cuantificar el desvío legal de recursos que se impuso bajo dictadura (al cambiar el 10% de las utilidades por el 10% de las ventas de cobre): en 2015, unos US$858 millones fueron a parar a las Fuerzas Armadas (ver nota de El Mercurio).

A la mascada que le sacan las FF.AA. al Estado por la Ley del Cobre, se suma la otra fuga de capitales que le significa al Fisco el que los uniformados haya sido el único sector que mantuviera el privilegio del antiguo sistema de pensiones, cuando en 1980 entraron en vigencia las AFP.

Según información entregada por Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), a la comisión de la Cámara de Diputados que investiga irregularidades en las jubilaciones de las FF.AA. y de Orden, en 2015 Capredena repartió $911 mil millones en pensiones. El 94% de esa cifra es aporte fiscal y solo el 6% restante corresponde a las cotizaciones de los uniformados. Entre 2011-2015, el Estado ha desembolsado en total cerca de $3,8 billones (millones de millones de pesos) para solventar el fondo de retiro de Capredena. La cifra equivale a 119 teletones (según recaudación 2016) o al costo de construcción de 42 hospitales con equipamiento de última generación, como el que se inauguró en Rancagua en abril de 2016 ($90 mil millones).

Con los dineros de todos los chilenos se financia un sistema que atiende a casi 107 mil ex funcionarios  de las Fuerzas Armadas (y sus familias a través de pensiones y montepíos). Todos ellos gozan de privilegios que desnudan las carencias del sistema de capitalización individual que rige para el resto de la población, donde a noviembre de este año la pensión promedio por vejez no supera los $192 mil, según la Superintendencia de Pensiones (ver aquí).

CIPER tuvo acceso a la nómina de ex oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (FACH) que pasaron a retiro en el periodo 2006-2016 y que reciben pensiones de Capredena. Son 3.090 casos que representan el 13% –el estamento más alto– de los beneficiarios de este sistema.

El promedio de pensiones de los oficiales de las FF.AA. roza los $2,3 millones.  En la lista de oficiales pensionados de Capredena destacan 17 ex miembros de las Fuerzas Armadas con pensiones por sobre los $4 millones. La más alta corresponde a la del ex general de brigada de la FACH Patricio Franjola Buigley, quien pasó a retiro en julio de 2012 con una pensión de $5,9 millones. Debido a que por norma las pensiones de Capredena se reajustan en un 100% de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que hoy recibe Franjola a cuatro años y medio de su retiro son $6,8 millones.

El monto de las pensiones de los oficiales de las Fuerzas Armadas, en contraste con las del mundo civil, no es lo único que salta a la vista de la nómina de más de tres mil ex oficiales revisada por CIPER. Los ingentes recursos que el Estado inyecta para sostener ese sistema previsional –un 0,9% del PIB nacional en 2012, según la Comisión Bravo– también son destinados a cubrir millonarias pensiones para ex uniformados condenados o que están siendo procesados por violaciones a los derechos humanos y por fraudes de distinto tipo. El promedio de pensiones que recibe mensualmente este grupo de 38 uniformados en retiro asciende a $2,7 millones.

En los más de tres mil casos revisados aparecen, por ejemplo, altos oficiales condenados por homicidio y secuestro calificado en el Campo de Prisioneros de Pisagua; un teniente coronel sometido a doble proceso por el homicidio calificado de cinco dirigentes del MIR en calles Janequeo y Fuente Ovejuna; un coronel involucrado en la desaparición de 14 campesinos en Paine, otro en el asesinato del cantautor Víctor Jara y un tercero en el brutal ataque contra Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana (“Caso Quemados”).

También figura un médico y coronel–sometido a proceso en 2002– acusado  de vigilar torturas y drogar a prisioneros cuyos paraderos aún se desconocen; secretarios privados de Pinochet condenados por malversación de caudales públicos en el “Caso Riggs”; una decena de uniformados involucrados en actos de corrupción como el “Caso Fragatas”, el “Caso Mirage” o el “Milicogate”; y hasta un capitán que se convirtió en uno de los mayores capos del narcotráfico en Chile.

Según los cálculos de CIPER, el monto anual de las pensiones que paga Capredena a estos 38 uniformados involucrados en ilícitos y que pasaron a retiro entre 2006 y 2016, asciende a más de $1.200 millones.

En la nómina de estos pensionados, CIPER identificó, además, a más de 20 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismos represores del régimen de Augusto Pinochet. Sus pensiones alcanzan en promedio $2,5 millones. Lo grave es que algunos continúan ligados a las Fuerzas Armadas, principalmente en labores de educación en distintas unidades del Ejército.

La indagación de CIPER detectó al menos media docena de ex agentes de la CNI y la DINA que figuran recontratados en la Academia de Guerra y también en la Escuela Militar como Personal a Contrata (PAC) o Profesores Civiles (PC). Eso significa que todos ellos reciben importantes remuneraciones además de sus pensiones.

Un documento interno del Ejército obtenido por CIPER da cuenta que un militar retirado con rango de general puede recibir $2,5 millones si es recontratado para cumplir labores como PAC en la institución. Un monto que se suma al de su jubilación, que para los generales en retiro se empina en promedio por sobre los $3,2 millones.

PENSIONES Y DERECHOS HUMANOS

Entre fines de septiembre de 1973 y junio de 1974 fueron ejecutadas 26 personas en el Campo de Prisioneros de Pisagua (Región de Tarapacá). Entre ellos se encontraba el joven conscripto y militante del PC, Miguel Nash Sáez, quien se opuso a reprimir a la población y fue acribillado por la espalda. Su cuerpo aún no aparece.

En enero de 2009, el coronel (r) del Ejército Roberto Ampuero Alarcón fue procesado como coautor del secuestro y homicidio calificado de Nash y otros prisioneros de Pisagua. Ampuero había pasado a retiro 10 meses antes, en marzo de 2008, con una pensión de $2,6 millones. En agosto de 2016, Ampuero fue condenado a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autor del delito reiterado de secuestro calificado de Nash, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal. También como autor del homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Alberto Lizardi Lizardi.

A la fecha, la pensión reajustada de Ampuero roza los $3,6 millones. En esos delitos también estuvo involucrado el coronel (r) Gabriel Guerrero Reeve, quien pasó a retiro en enero de 2010 con una pensión de $2,1 millones. Guerrero, también condenado en agosto pasado a 15 años y un día, recibe hoy una pensión de casi $2,6 millones. El 26 de diciembre pasado, la causa en la que están involucrados Ampuero y  Guerrero, se elevó a la Corte de Apelaciones de Santiago para su conocimiento.

En agosto de 2016 fue condenado el coronel (r) del Ejército Pedro Collado Martí, como autor del secuestro calificado de los militantes socialistas Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza, ambos detenidos en septiembre de 1973, en Iquique. Collado, procesado en 2008 y condenado a 10 años y un día, recibe una pensión de $2,6 millones. Actualmente, el tribunal está cerrando el trámite de notificación del fallo a los condenados en esta causa.

El coronel (r) Carlos Durán Low, fue condenado en febrero de 2016 junto a otros cinco ex agentes de la CNI a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el homicidio calificado del profesor y miembro del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, en septiembre de 1979, en Santiago. Durán jubiló en marzo de 2007 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones. En abril de 2016, el fallo fue apelado y la Corte ordenó nuevas diligencias.

El general (r) y ex miembro del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), Julio Cerda Carrasco, fue condenado a cinco años y un día como cómplice de los secuestros calificados de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) perpetrados en septiembre de 1987. Cerda, procesado desde mayo de 2007, pasó a retiro en marzo de ese mismo año y hoy goza de una pensión de $3,1 millones.  La sentencia en esta causa –en la que están involucrados  33 ex agentes de la CNI–, fue ratificada por la Corte de Apelaciones en junio de 2015 y hoy se encuentra en el máximo tribunal.

El coronel (r) de Ejército Osvaldo Andrés Magaña Bau, fue sometido a proceso en julio de 2015 por el secuestro calificado de 14 campesinos del Asentamiento Villa el Escorial de Paine, todos ellos ejecutados entre septiembre y octubre de 1973 (Cuesta Chada). En coronel pasó a retiro en febrero de 2007 y hoy tiene una pensión de $2,6 millones. Cifra similar a la de la pensión que recibe el coronel (r) de Ejército Jorge Smith Gumucio, acusado en julio de 2015 de ser uno de los autores del secuestro y homicidio calificado de Víctor Jara y del ex director de Gendarmería, Littré Quiroga.

Fue en el mismo 2015 que la justicia procesó al coronel en servicio activo Julio Castañer González, por su presunta responsabilidad en la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri  y por las graves lesiones que sufrió Carmen Gloria Quintana, luego de que fueran quemados vivos en julio de 1986, en Santiago. Castañer fue acusado por un ex conscripto de ser quien encendió los cuerpos de De Negri y Quintana, luego de que fueran rociados con bencina. El coronel pasó a retiro en enero de 2016, con una pensión de $2,8 millones. En octubre de 2016, los abogados de los acusados pidieron el sobreseimiento de la causa, el que fue denegado. Se decretaron, además, nuevas diligencias.

El doctor y coronel (r) de Aviación Alejandro Forero Álvarez ha hecho una brillante carrera como cardiólogo en la Clínica Indisa. Su hoja de vida tiene un punto negro. Está acusado de ser uno de los médicos que prestó servicios al llamado “Comando Conjunto” supervisando torturas y drogando a prisioneros hoy desaparecidos. Forero fue sometido a proceso en 2002 junto a una veintena de integrantes de ese organismo represor, por asociación ilícita y la detención ilegal del militante comunista Víctor Vega Riquelme (enero de 1976). En mayo de 2002, la justicia revocó esos procesamientos, pero no porque fueran inocentes sino porque los delitos estaban prescritos. Forero pasó a retiro en agosto de 2014 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones.

En la lista de pensionados de Capredena que obtuvo CIPER, también figura el general (r) de Ejército Víctor Lizárraga Arias, un importante oficial de la BIE. En 2010 fue condenado por integrar la asociación ilícita que participó en el asesinato del coronel y entonces jefe de adquisiciones de la Dirección de Logística del Ejército, Gerardo Huber (1992). El 18 de noviembre pasado, Lizárraga –que hoy recibe una pensión de $3,1 millones– fue condenado a 205 días de presidio efectivo como autor de cinco delitos reiterados de cohecho en el llamado “Caso Fragatas”. A Lizárraga se le acusó de sobornar a un funcionario público coreano para que la empresa de intermediación de armamento que el oficial representaba obtuviera comisiones por ventas de dispositivos bélicos al Ejército. Los ilícitos fueron cometidos entre 2007 y 2008, cuando el general ya estaba siendo procesado por el crimen de Huber.

DEL CASO MIRAGE AL MILICOGATE

El general (r) de la FACH, Florencio Dublé Pizarro, fue procesado a comienzos de 2009 como cómplice de malversación de caudales públicos en el polémico juicio por las coimas en la compra de 25 aviones Mirage. La investigación del ministro Omar Astudillo determinó que en la transacción se habrían destinado US$15 millones al pago de comisiones ilícitas y que Dublé recibió al menos una transferencia bancaria por US$60 mil. Florencio Dublé se acogió a retiro en diciembre de 2006 y hoy percibe una pensión de $3,1 millones. La sentencia de la causa debiera conocerse en los próximos días.

El nombre del coronel (r) de Ejército Clovis Montero Barra saltó a la palestra en marzo de 2015 tras estallar el último de los grandes escándalos al interior del Ejército: el fraude de casi $5.500 millones perpetrado por militares con los fondos de la Ley del Cobre (“Milicogate”).

En febrero de 2016, Montero fue procesado por el ministro Omar Astudillo como autor del delito reiterado de fraude al fisco y falsedad documental. Montero, además, está querellado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), por delito tributario. El coronel –pasó a retiro en mayo de 2015 y recibe una pensión de $2,5 millones– está acusado de obtener de un proveedor más de 160 facturas por cerca de $980 millones por servicios o adquisiciones inexistentes.

En esta misma causa está procesado el coronel (r) Jorge Frez Ramírez, quien se desempeñó como jefe del departamento de Finanzas de Tesorería del Ejército. Fue el propio Montero quien declaró que Frez conocía la falsedad de los documentos, acusándolo además de recibir dinero por la tramitación y el pago de las facturas falsas. Frez –quien está preso en el Regimiento de Policía Militar N°1 de Peñalolén– pasó a retiro en febrero de 2015 con una pensión de $2,5 millones.

En la nómina a la que tuvo acceso CIPER aparecen también dos altos oficiales condenados en una de las aristas del “Caso Riggs” (el fallo se encuentra en apelación). Son dos de los oficiales que fueron secretarios privados de Augusto Pinochet: los coroneles (r) Gabriel Vergara Cifuentes y Juan Mac-Lean Vergara, ambos condenados en primera instancia a cuatro años de libertad vigilada por malversación de caudales públicos. Mac-Lean pasó a retiro en abril de 2009 y hoy recibe $2,9 millones de pensión. Vergara, en tanto, lo hizo en julio de 20011 y su pensión asciende a $2,6 millones.

En julio de 2009, el capitán de Fragata (r) Jesús Sáez Luna pasó a retiro y hoy recibe una pensión de $2,1 millones. Tres años más tarde, a Sáez le incautaron 150 kilos de cocaína y pasta base en un domicilio en Valparaíso. La Fiscalía estableció que Sáez era el jefe operativo de la banda: “Es el imputado de mayor categoría que hemos logrado capturar, porque el sujeto era un verdadero capo de la mafia”, señaló el fiscal a cargo de la investigación.

La salida de Sáez de la Armada no fue con honores. Poco antes de su retiro, fue acusado del robo de una cámara hiperbárica.

LA SOMBRA DE LA DICTADURA

En diciembre de 2006, el general de Ejército Ricardo Hargreaves Butrón, fue dado de baja de la institución. A mediados de ese mes, días después de la muerte de Augusto Pinochet, en entrevista con la Prensa Austral de Punta Arenas, Hargreaves (comandante en Jefe de la V División, Región de Magallanes) se refirió al dictador en los siguientes términos: “Yo fui partícipe de la causa de Pinochet y la sigo compartiendo (…) le debemos muchas cosas, no solamente como Ejército, sino como país”.

El comandante en Jefe del Ejército de la época, Óscar Izurieta, le pidió la renuncia. Fue una señal clara de los nuevos tiempos que corrían en la institución castrense, la que se vio reforzada en 2009, cuando Izurieta le puso término a los contratos de honorarios que mantenía un grupo de ex agentes de la DINA y CNI involucrados en juicios de derechos humanos. Se habló entonces de una limpieza al interior de la institución.

Pero la baja de Hargreaves no significó su salida del Ejército. Continuó ligado a la institución como gerente de Asuntos Corporativos de la Fábrica y Maestranzas del Ejército de Chile, FAMAE, y también como profesor de la Escuela Militar. Según la nómina de Capredena, Hargreaves pasó a retiro recién en agosto de 2014 y hoy percibe una pensión de $3,5 millones. A ese monto se agregan sus honorarios por labores académicas. Al menos hasta noviembre del año pasado, el general en retiro era presidente del Centro de Profesores de la Escuela Militar.

AL ABRIGO DE LA ACADEMIA

La Academia de Guerra del Ejército también es refugio para muchos uniformados que, una vez retirados, siguen vinculados a la institución en calidad de Personal a Contrata (PAC) o Profesor Civil (PC). Ello les permite sumar ingresos regulares a sus jubilaciones o incluso, luego de al menos tres años de servicio, reliquidar sus pensiones al alza.

Un documento reservado del Ejército al que tuvo acceso CIPER, indica que un oficial en retiro con grado de coronel o general contratado como PAC, puede ganar entre $1,5 millón y $2,5 millones mensuales. Para los generales de brigada, el sueldo como PAC, al margen de la jubilación que reciben, alcanza $2.526.910. El de un coronel, teniente coronel o mayor, llega a $1.458.112 (ver documento).

Un ex funcionario civil del Ejército que pidió reserva de su identidad, definió a la Academia de Guerra como una “caja pagadora de favores” y como una “red de protección” entre ex uniformados.

–Hay militares retirados contratados como PAC en la Academia de Guerra para labores administrativas y que, además, hacen clases y tienen contrato como profesores civiles (PC) hasta por 12 horas. Es imposible que cumplan con las funciones de los dos contratos. El sistema de control es un libro de firmas que nadie fiscaliza– señaló a CIPER un ex uniformado que conoce el funcionamiento de la Academia de Guerra.

Otro uniformado refirió a CIPER que tanto en la Academia de Guerra como en la Escuela Militar aún imparten clases o ejercen labores administrativas (en calidad de PC y PAC) ex oficiales vinculados a organismos represores de la dictadura, varios de los cuales gozan de suculentas pensiones. La indagación de CIPER detectó en las nóminas oficiales a al menos media docena de ex uniformados en esa situación.

Uno de ellos es el coronel (r) Rodolfo Ortega Prado, quien fue jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1985 y 1989 (usaba la chapa de “Rodrigo”). El 29 de febrero de 2004, La Nación Domingo publicó un reportaje titulado “Un CNI en Madrid”. Allí Ortega aparece involucrado en la muerte en 1988 de la joven socialista de 23 años Susana Ovando Coñué, en Punta Arenas. Cuando apareció el reportaje, en el que se dice que al menos 10 ex agentes de la CNI lo identificaron como su jefe en Punta Arenas el mismo año del asesinato de Ovando, Ortega era agregado militar de Chile en la embajada de Madrid. En marzo de 2004, el coronel en retiro compareció ante la justicia como testigo por este caso.

Esta fue la versión que el coronel le entregó a La Nación sobre la muerte de Susana Ovando: “La CNI en Punta Arenas era una mínima oficina encargada de asuntos administrativos, sin capacidad operativa para detener. En el periodo que yo estuve como jefe de la CNI en Punta Arenas, nunca se detuvo a nadie”.

Ortega pasó a retiro en febrero de 2007 y su pensión asciende a casi $2,6 millones. Pero el ex jefe de la CNI en Punta Arenas ha seguido ligado al Ejército recibiendo otros altos honorarios. Es director del magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico de la Academia de Guerra. CIPER tuvo acceso a la nómina de académicos que impartirán asignaturas en la Academia de Guerra en 2017. En esa planilla Excel aparecen los nombres de los profesores, los módulos y las horas académicas contempladas para cada curso. Allí, el coronel (r) Ortega –que posee un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid– figura como profesor en las asignaturas de “Ejecución JGS (Juegos de Guerra)” y “Geoestrategia”, las que se imparten en los módulos “Mando y Asesoría II”, “Mando y Asesoría III” y “Estrategia II”.

Otro ex CNI que también figura en la planilla de profesores de la Academia de Guerra para 2017, es el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz: como Profesor Civil (PC) en labores de “investigación y publicación”. Castro es, además, presidente del Centro de Graduados de la Academia de Guerra.

El general Castro perteneció a la Central Nacional de Informaciones entre 1979 y 1982. Fue él mismo quien lo reconoció en una declaración judicial de 2003 (como testigo) en el juicio por la masacre de 22 campesinos en Paine (octubre de 1973). En enero de 2008, Castro prestó una segunda declaración en la que admitió que formó parte de una compañía de fusileros en el “Cuartel Dos” de la Escuela de Infantería de San Bernardo, utilizado como centro de detención (Cerro Chena), dotación que participó en los asesinatos de los 22 campesinos. Y afirmó que en ese cuartel nunca vio detenidos y que solo se enteró tiempo después por la prensa que sí los hubo. El general Castro no ha sido procesado por la justicia.

En junio de 2015 pasó a retiro el coronel Carl Marowski Pilowsky, quien aparece en la nómina de miembros de la CNI que el Ejército le envió al hoy ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, cuando investigaba el crimen de Tucapel Jiménez. Son varias las labores que actualmente sigue cumpliendo Marowski en el Ejército y que le permiten abultar su pensión de $2,8 millones.

Fuentes consultadas por CIPER, señalaron que el coronel en retiro estaría contratado como PAC en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército (División de Educación). Marowski se desempeña además como académico del Diplomado de Educación Superior Militar de la Academia de Guerra y aparece en la nómina de 2017 como “Profesor Civil” (PC) con labores de “investigación y publicación”.

En septiembre de 2016, Carl Marowski asistió a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Lo hizo en calidad de “secretario general de la Academia de Guerra”.

Otro de los militares en retiro ligados a la Academia de Guerra y que perteneció al grupo escolta de Pinochet que le dio origen a la Brigada Mulchén de la DINA, es el general (r) Eduardo Ludovico Aldunate Hermann. En la planilla de profesores 2017, Aldunate –quien jubiló en julio de 2009 y hoy recibe una pensión de $3 millones– aparece con honorarios por labores de “investigación estratégica”. Aldunate fue también jefe de las tropas de Chile en Haití antes de pasar a retiro.

El coronel (r) José Francisco Enberg Castro también integró la CNI. Jubiló en febrero de 2014 y actualmente recibe una pensión de $2,8 millones. En la planilla de asignaturas que impartirá la Academia de Guerra en 2017, Enberg figura como “Profesor Civil” (PC) en “gestión docente”.

En junio de 2013 se filtró a la prensa una nómina con 1.500 uniformados y civiles ex agentes de la DINA. En esa lista, aparece el nombre del general (r) Enrique Slater Escanilla, quien pasó a retiro en septiembre de 2010.

En una nota publicada en la página web de la Escuela Militar en octubre de 2015, Slater figura como Profesor Civil (lleva más de 10 años haciendo clases en la Escuela Militar) y también como jefe del Departamento Académico de la institución. Slater, cuya pensión es hoy de $3,2 millones, aparece además como asesor (entre marzo y agosto de 2016) de la División de Educación del Ejército. Su labor: “brindar asesoría de axiología para la redacción del reglamento Ethos del Ejército de Chile”.

“Especialmente grave resulta la existencia  de condenados por delitos de lesa humanidad en recintos como Punta Peuco, o en libertad, gozando de cuantiosas pensiones, pagadas por todos los chilenos» afirmaron desde la AFEP. 

El pasado 27 de junio, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), acudió al Centro de Justicia para sumarse a la querella en contra de quienes resulten responsables ya sea en su calidad de autores, cómplices o encubridores, por la comisión del delito de Fraude de Subvenciones en las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.

“La motivación de hacerse parte de esta querella  se basa en la detección de numerosos casos de exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, beneficiados con cuantiosas pensiones llamadas de Inutilidad de Segunda Clase, que en la actualidad trabajan en organismos públicos o privados desempeñando funciones similares a las que tenían en las instituciones de las Fuerzas Armadas”, explicaron desde la agrupación.

Esto considerando que de acuerdo a la ley N°18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, dichas pensiones corresponden a quienes sufran de enfermedades o lesiones que les impidan seguir en servicio, y que los imposibiliten parcialmente de desempeñarse en el sector privado. 

“Más grave aún resulta desde nuestra perspectiva la existencia  de condenados por delitos de lesa humanidad en recintos como Punta Peuco, o en libertad, gozando de cuantiosas pensiones, pagadas por todos los chilenos, dado que a ellos no les rige el sistema de capitalización individual”, enfatizaron desde la AFEP.

Los casos

Algunos de los casos más connotados de ex militares y carabineros que reciben este tipo de pensiones son: 

Roberto Ampuero Alarcón, coronel (r) del Ejército, paso a retiro en marzo de 2008, con una pensión de $2.600.000, la pensión reajustada de alrededor de los $3.600.000. En agosto de 2016, fue condenado a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autor del delito reiterado de secuestro calificado de Nash, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal. También como autor del homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Alberto Lizardi Lizardi.

Julio Castañer González, coronel (r) paso a retiro en enero de 2016, con una pensión de $2.800.000. Fue condenado en marzo de 2019, en calidad de autor del homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio calificado en grado de frustrado de Carmen Gloria Quintana a 10 años y un día de presidio.

Pedro Collado Martí, coronel (r) del Ejército, quien pasó a retiro en con una pensión de $2.600.000. En agosto de 2016, fue condenado como autor del secuestro calificado de los militantes socialistas Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza, ambos detenidos en septiembre de 1973.

Carlos Durán Low, coronel (r), quien pasó a retiro en marzo de 2007, con una pensión de $2.500.000. En febrero de 2016 fue condenado en junto a otros cinco ex agentes de la CNI a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el homicidio calificado del profesor y miembro del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, en septiembre de 1979, en Santiago.

Osvaldo Andrés Magaña Bau, coronel (r) de Ejército, quien pasó a retiro en febrero de 2007, con una pensión de $2.600.000. En julio de 2015 fue procesado por el secuestro calificado de 14 campesinos del Asentamiento Villa el Escorial de Paine, todos ellos ejecutados entre septiembre y octubre de 1973 (Cuesta Chada).

Jorge Smith Gumucio, coronel (r) de Ejército quien pasó a retiro con una pensión de $2.600.000. En julio de 2015 fue acusado de ser uno de los autores del secuestro y homicidio calificado de Víctor Jara y del ex director de Gendarmería, Littré Quiroga.

La ministra en visita extraordinaria para causas de DD.HH. de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó sentencia de primera instancia en la causa que investiga el secuestro calificado de los obreros agrícolas Manuel Ortiz Ortiz (18) y de Juan Guillermo Cuadra Espinoza (26), y  la sustracción del menor Ignacio del Transito Santander Albornoz (17), hechos ocurridos entre el 24 de septiembre y 2 de octubre de 1973, en el sector El Escorial, en Paine, comuna de San Bernardo.

De esta manera la magistrada condenó a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo a Jorge Eduardo Romero Campos, Alfonso Faúndez Norambuena, Carlos Walter Kyling Schmidt y José Hugo Vázquez Silva, como autores del secuestro calificado de Manuel Ortiz y la sustracción del menor. Mientras que a Escipón Pedro Cesar Escobar Norambuena  se le condenó a 10 años de presidio mayor en su grado medio por dichos delitos. Y absolvió a Roberto Rozas Aguilera.

Por su parte, se condenó a Sergio Ávila Quiroga y Jorge Reyes Cortés a 15 años y un día como autor del secuestro calificado de Ortiz y Guillermo Cuadra Espinoza; así como también por la sustracción del menor Tránsito Santander.  Y a una pena de 10 años y un día a Carlos Durán Rodríguez, Carlos del Tránsito Lazo Santibáñez, Jorge Saavedra Meza y Víctor Sandoval Muñoz.

Todos los condenados eran miembros del Ejército, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo. El sub teniente de dicha dependencia militar, el coronel (r) del Ejército Andrés Magaña Bau falleció durante la investigación, en julio de 2021.

El abogado Nelson Caucoto, querellante en el caso, valoró lo resuelto e indicó que “este caso refiere al martirio de 3 jóvenes chilenos contra los cuales se ensañaron los militares. Son símbolos de la brutalidad desatada en Paine por la Dictadura”.

Caucoto junto con valorar lo resuelto, destacó el trabajo realizado por la magistrada: “La tarea de la Ministra en Visita Marianela Cifuentes es encomiable y reivindica  la actividad judicial.  Los familiares de los campesinos de Paine claman al cielo por justicia para todas sus víctimas, y con este fallo se da un paso trascendente en esa inmensa tarea, que aún no concluye, pero avanza sin desmayar”.

Los hechos:

De acuerdo a los antecedentes recopilados por la ministra se ha podido establecer:

a) Que, el día 24 de septiembre de 1973, en el sector de El Escorial de Paine, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el capitán Jorge Romero Campos, a cargo del subteniente Osvaldo Andrés Magaña Bau, detuvieron, sin derecho, a Juan Guillermo Cuadra Espinoza e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, entre otros.

b) Que, tras su detención, Cuadra Espinoza y Santander Albornoz fueron trasladados al Campo de Prisioneros que la Escuela de Infantería de San Bernardo mantenía al interior del Cerro Chena, a cargo del teniente Alfonso Faúndez Norambuena, lugar en el que además se desempeñaba el subteniente Carlos Walter Kyling Schmidt, junto a personal de Investigaciones y Carabineros, entre ellos, Mario Jesús Campos Ripley, Oscar Hernán Vergara Cruces, Roberto Arcángel Rozas Aguilera y Sergio Heriberto Ávila Quiroga, donde se les mantuvo encerrados.

c) Que, posteriormente, el día 2 de octubre de 1973, en el sector de El Escorial de Paine, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el capitán Jorge Romero Campos, a cargo del subteniente Osvaldo Andrés Magaña Bau, detuvieron, sin derecho, a Carlos Manuel Ortiz Ortiz.

d) Que, igualmente tras su detención, Ortiz Ortiz fue trasladado al Campo de Prisioneros referido, a cargo del teniente Alfonso Faúndez Norambuena, lugar en el cual se le mantuvo encerrado, sin derecho.

e) Que, finalmente, y al interior del mencionado lugar, Juan Guillermo Cuadra  Espinoza y Carlos Manuel Ortiz Ortiz fueron fusilados los días 5 y 6 de octubre de 1973, respectivamente, desconociéndose hasta la fecha el paradero de Ignacio del Tránsito Santander Albornoz.

por Daniela Caucoto T. 

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada en la parte que condenó al entonces capitán de Ejercito Jorge Romero Campos, al teniente de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena y al oficial de Carabineros Sergio Heriberto Ávila Quiroga, en calidad de autores de ambos ilícitos.

La Corte de Apelaciones de San Miguel condenó a dos miembros en retiro del Ejército y a un funcionario de Carabineros (r) a las penas únicas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos consumados de sustracción de menor agravada y secuestro calificado. Ilícitos perpetrados en septiembre de 1973, en las comunas de San Bernardo y Pirque, respectivamente.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada en la parte que condenó al entonces capitán de Ejercito Jorge Romero Campos, al teniente de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena y al oficial de Carabineros Sergio Heriberto Ávila Quiroga, en calidad de autores de ambos ilícitos; y la revocó respecto a los acusados, Juan Carlos Nielsen Stambuk, capitán de Ejército, y Roberto Arcángel Rozas Aguilera, detective.

El fallo señala que conforme aparece de la hoja de vida, y de los antecedentes del proceso, Nielsen, a la época de las detenciones de las víctimas de autos y de su fallecimiento, no se encontraba efectuando labores en las dependencias del cerro Chena, por lo que mal pudo participar en el secuestro y sustracción investigadas en autos.

La resolución agrega que respecto del acusado Rozas, este al igual que Sergio Ávila reconoce haber sido destacado a las dependencias del cerro Chena, pero que solo les correspondió cooperar aportando antecedentes de las personas que estaban detenidas, verificar sus antecedentes penales y policiales llenando fichas con preguntas previamente establecidas, sostiene que no le correspondió interrogar a los detenidos, en base a una pauta se le consultaba su nombre y domicilio, si tenían instrucción militar, su militancia política si tenían cargos sindicales o políticos etcétera y que los detenidos estaban con los ojos vendados.

En el aspecto civil, se confirmó el fallo con declaración de que redujo la indemnización de perjuicios deducidas y ordenó al fisco pagar la cifra total de $250.000.000 por concepto de daño moral, a familiares de las víctimas.

Decisión de absolución de Roberto Rozas Aguilera, acordada con el voto en contra de la ministra Vásquez Acevedo, quien estuvo por mantener la condena impuesta en el fallo de primera instancia.

En el fallo de primera instancia, la ministra Cifuentes Alarcón dio por establecidos los siguientes hechos:

El 27 de septiembre de 1973, al anochecer, soldados de la Escuela de Infantería de San Bernardo detuvieron, sin derecho, a Héctor Enrique Hernández Garcés, de 17 años, en su domicilio, ubicado en calle Alfonso Donoso de la población Sur, comuna de San Bernardo.

Hernández Garcés fue trasladado al campo de prisioneros situado al interior de la Escuela de Infantería de San Bernardo en el Cerro Chena, lugar en que se le mantuvo ilegalmente encerrado y se le sometió a malos tratos físicos.

Asimismo, a fines de septiembre de 1973, al interior del fundo ‘Principal’ de la comuna de Pirque, soldados de dotación de la Escuela de Infantería de San Bernardo detuvieron, sin derecho, a Francisco Eugenio Viera Ovalle, estudiante de la Universidad Técnica del Estado y militante de la Juventud Socialista.

Viera Ovalle también fue trasladado al campo de prisioneros situado al interior de la Escuela de Infantería de San Bernardo en el Cerro Chena, lugar en que se le mantuvo ilegalmente encerrado y se le sometió a malos tratos físicos.

En esa época el campo de prisioneros del Cerro Chena se encontraba a cargo de los Capitanes de Ejército Juan Carlos Nielsen Stambuk, Jorge Eduardo Romero Campos y Eduardo Octavio Silva Bravo –actualmente fallecido– y el Teniente de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena.

En el contexto temporal antes referido, cumplieron funciones en el campo de prisioneros, como interrogadores, el Subteniente de Ejército Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau y oficiales de Carabineros y la Policía de Investigaciones, entre ellos, Sergio Heriberto Ávila Quiroga, Roberto Arcángel Rozas Aguilera y Óscar Hernán Vergara Cruces –actualmente fallecido–.

En lugar de ser puestos a disposición de la autoridad administrativa o judicial correspondiente, los estudiantes Héctor Enrique Hernández Garcés y Francisco Eugenio Viera Ovalle fueron ejecutados, al margen del ordenamiento jurídico, mediante múltiples disparos con armas de fuego, al interior del citado campo de prisioneros, entre el 6 y el 11 de octubre de 1973.

La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la sentencia que condenó a un ex oficial del Ejército por su responsabilidad en los delitos consumados de secuestro simple y homicidio calificado de los profesores Hugolino Humberto Arias Navarrete, Víctor Omar Gálvez Norambuena y Nelson Joaquín Medina Letelier, perpetrados en octubre de 1973, en la comuna de San Bernardo.

En fallo unánime (causa rol 440-2023), la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras María Carolina Catepillán Lobos, Liliana Mera Muñoz y el ministro Patricio Martínez Benavides- ratificó la sentencia dictada por la ministra en visita extraordinaria Marianela Cifuentes Alarcón, que condenó al ex brigadier de Ejército Jorge Eduardo Romero Campos a las penas de 15 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de los delitos de homicidio calificado de las víctimas, y a 3 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito de secuestro de los docentes.

En tanto, el criminal ex oficial Alfonso Faúndez Norambuena, que en primera instancia también fue sentenciado a las mismas penas de presidio que Romero Campos, fue sobreseído por haber caído en demencia o enajenación mental antes de la dictación del fallo de la Corte.

En la investigación judicial de la ministra Cifuentes quedó establecido que, luego de las restricciones impuestas con el golpe de Estado, y en cumplimiento de una orden emitida por los militares que habían tomado el poder, el día lunes 1 de octubre de 1973 los profesores Hugolino Humberto Arias Navarrete, de 35 años de edad, Víctor Omar Gálvez Norambuena, de 21 años, y Nelson Joaquín Medina Letelier, de 23 años, salieron desde sus respectivos domicilios hacia la escuela técnico rural en que desempeñaban sus labores, ubicada en la localidad de Linderos, comuna de Buin, con el fin de reanudar las clases que se encontraban suspendidas desde el 11 de septiembre de 1973.

Sin embargo, los tres profesores fueron detenidos por funcionarios de dotación de la Comisaría de Carabineros de Buin, quienes los trasladaron a la referida unidad policial, dirigida en la época por el Mayor Héctor Ubilla Castillo (actualmente fallecido) y luego los entregaron a una patrulla militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo, a cargo del capitán Víctor Raúl Pinto Pérez, también fallecido.

Posteriormente, los profesores detenidos fueron conducidos al campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, situado en el cerro Chena, recinto militar bajo el mando de los oficiales Jorge Eduardo Romero Campos (quien escaló hasta el grado de Brigadier de Ejército), Alfonso Faúndez Norambuena (ahora "demente", quien llegó hasta teniente coronel) y Osvaldo Andrés Magaña Bau (ex coronel, ya fallecido) entre otros, todos de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

El día 2 de octubre de 1973, los profesores Hugolino Humberto Arias Navarrete, Víctor Omar Gálvez Norambuena y Nelson Joaquín Medina Letelier, fueron ejecutados al interior de la Escuela de Infantería de San Bernardo, al margen de toda legalidad, mediante múltiples disparos con arma de fuego.

Respecto de la condena que recae sobre el criminal Jorge Romero Campos, la resolución de la Corte de San Miguel señala:

"Que en lo que dice relación con la participación del acusado en los delitos de homicidios calificados por los que se le condenó, lo cierto es que es un hecho establecido en la causa, ……., que las víctimas, Hugolino Humberto Arias Navarrete, Víctor Omar Gálvez Norambuena y Nelson Joaquín Medina Letelier fueron detenidas el 1 de octubre de 1973 y llevadas posteriormente, desde la Comisaría de Carabineros de Buin, hasta la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar donde fueron ejecutados al día siguiente", sostiene el fallo.

"Los homicidios por los que se condenó a Jorge Eduardo Romero Campos se enmarcan dentro de un ataque generalizado y sistemático en contra de un grupo determinado de la población civil, conformado, en este caso, por personas a quienes agentes del Estado, calidad que tenía el acusado, catalogaron como 'extremistas"

por Darío Núñez

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia de primer grado que condenó al entonces teniente de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena a las penas de 6 y 4 años de presidio efectivo, en calidad de autor del secuestro calificado y la sustracción, respectivamente.

La Corte Suprema condenó a oficial de Ejército y efectivo de la Policía de Investigaciones en retiro por su responsabilidad en los delitos consumados de secuestro calificado de Luis Heriberto Contreras Escamilla y la sustracción de su hijo Luis Heriberto Contreras Peñaloza, de 16 años a la época de los hechos. Ilícitos cometidos en noviembre de 1973, en las comunas de San Miguel y San Bernardo, respectivamente.

En fallo unánime (causa rol 5.540-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, Diego Simpértigue y las abogadas (i) Leonor Etcheberry y Carolina Coppo– confirmó la sentencia de primer grado que condenó al entonces teniente de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena a las penas de 6 y 4 años de presidio efectivo, en calidad de autor del secuestro calificado y la sustracción, respectivamente.

Asimismo, se confirmó la sentencia dictada por la ministra de fuero de la Corte de Apelaciones de San Miguel Marianela Cifuentes Alarcón, que condenó al otrora oficial de la Policía de Investigaciones Roberto Arcángel Rozas Aguilera a 3 años y un día y 541 días de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada por el término de 5 años, como coautor de los delitos.

En el fallo, la Corte Suprema estableció error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, al absolver al acusado Rozas Aguilera y en la participación atribuida a Faúndez Norambuena en los hechos.

“Que en esas circunstancias, aparece claro que la judicatura de segundo grado al momento de resolver la controversia sometida a su conocimiento y absolver al acusado Roberto Arcángel Rozas Aguilera, ha incurrido en las infracciones a las normas reguladoras de la prueba denunciadas por el querellante, al estimar, en síntesis, según se evidencia del razonamiento antes transcrito, que la prueba de cargo resultó insuficiente para tener por configurada su participación de manera significativa en los hechos, mediante una reproducción incompleta de la prueba analizada y ponderada por el tribunal de primera instancia”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “Así, la sentencia no explicita, no obstante que la responsabilidad penal es personal y no colectiva, cómo y por qué este acusado carece de la participación atribuida en los delitos materia de autos, como tampoco expresa las consideraciones tenidas en cuenta para omitir el análisis de aquellos antecedentes probatorios en los que el sentenciador de primer grado apoyó su determinación de condena, mismos que –como se señaló– los jueces recurridos estimaron útiles y creíbles para acreditar los hechos ilícitos, decidiendo su absolución, incurriéndose de esta forma, en el vicio denunciado”.

“Por el contrario, pese que del tenor de los hechos que se dieron por establecidos y conforme a una correcta aplicación del artículo 488 N°1 y N°2, primera parte, del Código de Procedimiento Penal, resultó comprobado que Rozas Aguilera, en su calidad de oficial de la Policía de Investigaciones destinado a trabajar en ese recinto militar, realizaba interrogatorios a los detenidos en el centro de detención clandestino de cerro Chena, hecho de los que se desprenden que Rozas Aguilera voluntariamente tomó parte en la ejecución de los hechos delictuosos, en términos determinantes y con dominio funcional del hecho, permitiendo con ello prolongar el cautiverio de las víctimas, por lo que le ha correspondido participación en calidad de coautor, en los términos previstos en el artículo 15 N°1 del Código Penal, al haber tomado parte en la ejecución de los hechos, a través de su aportación funcional al mismo”, afirma el fallo.

“Que, en consecuencia, y en lo relativo a la absolución del acusado Roberto Arcángel Rozas Aguilera, la sentencia impugnada incurre en las infracciones denunciadas en el recurso de casación en examen –fundado en la causal prevista en el artículo 546 N° 7 del Código de Procedimiento Penal–, desde que del mérito de lo narrado por el propio acusado y los demás elementos de prueba que obran en autos, mencionados en el fundamento 24° ut supra, no valorados por la judicatura de segundo grado, se ha podido determinar que al haber sido destinado como oficial de la Policía de Investigaciones a interrogar a los detenidos en el recinto clandestino ubicado al interior de la Escuela de Infantería de San Bernardo, situado en el cerro Chena, ejecutó materialmente los ilícitos, en cumplimiento de las directrices entregadas por la superioridad de mando, por lo que Rozas Aguilera disponían del co-dominio del hecho, contribuyendo de manera funcional a la ejecución del mismo en su totalidad, colaborando de esa manera y en forma determinante a que se mantuviera la privación de libertad de las víctimas Luis Heriberto Contreras Escamilla y Luis Heriberto Contreras Espinoza”, releva.

Asimismo, el fallo consigna que: “(…) en lo relativo a la participación del acusado Alfonso Faúndez Norambuena, la sentencia impugnada incurre en un error de derecho con influencia en lo dispositivo del fallo, desde que los hechos establecidos, mencionados en el fundamento 18° y 26° de la sentencia de primer grado, se ha podido determinar que al haberse desempeñado como teniente del Ejército, a cargo del campo de prisioneros del cerro Chena, interrogar a los detenidos y ejercer el mando directo sobre los soldados que estuvieron a cargo de la alimentación y custodia de los detenidos, disponía del co-dominio del hecho, contribuyendo de manera funcional a la ejecución del hecho en su totalidad, formando parte de la agrupación represiva que ideó y decisión la privación de libertad de la víctima, colaborando de esa manera y en forma determinante con mantener su encierro”.

Para la Sala Penal: “No se trata, entonces, de una intervención propia de autoría mediata del delito de homicidio calificado perpetrado en contra de la víctima Luis Contreras Escamilla, sino más bien de la realización de actos ejecutivos, aportando de manera funcional a la realización mancomunada o colectiva del plan en su conjunto, aceptada expresa o tácitamente, con conocimiento y voluntad de participar en ellos, los que bajo el principio de imputación recíproca, resultan constitutivos de coautoría, en los términos previstos en el artículo 15 N°3 del Código Penal”.

“Que apartándose de las reflexiones antes anotadas, la judicatura de segundo grado, califica la participación de Faúndez Norambuena, como autoría mediata, al tiempo que encuadra su participación criminal en el artículo 15 N°3 del Código Penal, advirtiéndose un primer error de derecho, pero que no tiene influencia en lo dispositivo del fallo, pues ambas formas de intervención en los hechos delictivos, se sancionan de la misma forma”, añade.

“Sin embargo –ahonda–, se incurre en un segundo error de derecho que incide directamente en lo dispositivo de esa determinación, desde que apartándose de los hechos que fueron establecidos por la judicatura de primer grado, contenidos en el fundamento 18° y 26°, como se señaló, y que la sentencia de segundo grado declara reproducir; establece que ‘Faúndez Norambuena actuó como jefe de los agentes ejecutores en la materialización de los hechos investigados, aprovechándose de su competencia o ascendencia sobre el resto del personal para que se cometieran delitos’, conclusión desprovista de los elementos de convicción en los que se apoya, dando por cierto que los soldados de la Escuela de Infantería de San Bernardo que detuvieron a Luis Contreras Escamilla y lo mantuvieron privado de libertad en el centro de detención ubicado en cerro Chena, fueron quienes lo ejecutaron mediante múltiples disparos con arma de fuego y que en tales sucesos delictuosos, Faúndez Norambuena se aprovechó de su competencia o ascendencia sobre ellos para cometer el delito, hechos que no se ha tenido por acreditado por los jueces del fondo, tras la valoración de la prueba de cargo”.

“La sentencia no explicita, entonces, cómo y por qué este acusado se aprovechó del mando que detentaba para perpetrar el ilícito de homicidio calificado, como tampoco expresa las consideraciones tenidas en cuenta para concluir que los soldados a su cargo, fueron los que finalmente ultimaron a la víctima, omitiendo el análisis de aquellos antecedentes probatorios en apoyo de su determinación de condena, incurriéndose de esta forma, en infracción los artículos 15 N° 3 y 391 N°1 del Código Penal, al omitir las exigencias de fundamentación de las sentencias, prevista en el artículo 500 N° 4 del Código de Procedimiento Penal, lo que condujo a imponer a este encartado una pena mayor a la que resultaba procedente, al condenarlo como autor del delito de homicidio calificado, motivo por el cual, de conformidad a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, esta Corte actuará de oficio para corregir la incorrecta aplicación de la ley, casando de oficio la sentencia recurrida en este ámbito, como se dispondrá en lo resolutivo”, concluye.

En la sentencia de primer grado ratificada, la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de San Miguel Marianela Cifuentes Alarcón dio por establecidos los siguientes hechos: 
“1° Que el 10 de noviembre de 1973, en horas de la noche, soldados de la Escuela de Infantería de San Bernardo, detuvieron, sin derecho, a Luis Heriberto Contreras Escamilla, militante del Partido Socialista, en su domicilio, ubicado en pasaje Porto Alegre N° 5.742, población Brasilia, de la comuna de San Miguel.
2° Que, acto seguido, la referida patrulla militar detuvo, sin derecho, a Luis Heriberto Contreras Peñaloza, de 16 años, miembro del Frente de Estudiantes Revolucionarios del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, hijo de Contreras Escamilla, en un inmueble de la población Carbomet de la comuna de San Bernardo.
3° Que, posteriormente, ambos detenidos fueron trasladados al campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, situado en el cerro Chena, lugar en que se les mantuvo encerrados, sin derecho y se les sometió a interrogatorios y malos tratos físicos y psicológicos.
4° Que, en esa época, el campo de prisioneros del cerro Chena se encontraba a cargo del capitán Víctor Raúl Pinto Pérez –actualmente fallecido– y el teniente Alfonso Faúndez Norambuena, ambos del Ejército de Chile.
5° Que, asimismo, en el contexto temporal antes indicado, cumplieron funciones en el mencionado campo de prisioneros, como interrogadores, el subteniente de Ejército Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, el teniente de Carabineros Sergio Heriberto Ávila Quiroga y los oficiales de la Policía de Investigaciones Óscar Hernán Vergara Cruces –actualmente fallecido– y Roberto Arcángel Rozas Aguilera.
6° Que el 15 de noviembre de 1973, al interior del referido campo de prisioneros, Luis Contreras Escamilla fue ejecutado, al margen del ordenamiento jurídico, mediante múltiples disparos con arma de fuego”.

En el aspecto civil, se mantuvo la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $420.000.000 por concepto de daño moral a los querellantes. Monto desglosado en $140.000.000 a la cónyuge y madre de las víctimas; $100.000.000 a la hija y hermana, y $180.000.000 al hijo y víctima sobreviviente.

La ministra para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, quien lidera nuevas diligencias en la investigación, destacó que los cadáveres de los campesinos permanecieron 16 años en cámaras frigoríficas en el SML, sin ser entregados a sus familiares.

Se dio inicio a una nueva etapa en las investigaciones por el caso de 14 campesinos del Asentamiento Viña El Escorial de Paine, que fueron detenidos y ejecutados en 1973, por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, encabezó el pasado lunes 25 de noviembre una serie de diligencias junto a efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (Bridehu) y personal del Servicio Médico Legal (SML) para realizar un análisis exhaustivo del terreno en que soldados de la Escuela Infantería de San Bernardo ejecutaron, en octubre de 1973, a los 14 campesinos.

Las diligencias se extenderán por una semana y contemplan la utilización de un dron, detector de metales y la excavación, tanto del predio como de los pozos de decantación que se ubican al pie de una quebrada.

«Nos encontramos en la cuesta Chada, kilómetro 38, para dar inicio a las diligencias decretadas en la causa 14-2024 por inhumación ilegal. En este lugar, el año 1973, precisamente el día 3 de octubre, soldados de la Escuela Infantería de San Bernardo ejecutaron a 14 campesinos del sector de El Escorial», indicó la ministra en visita.

Se dio inicio a una nueva etapa en las investigaciones por el caso de 14 campesinos del Asentamiento Viña El Escorial de Paine.

«Ese día, luego de su ejecución, los cuerpos fueron abandonados y recién familiares pudieron encontrarlos en el mes de enero del año 1974. En esa oportunidad no se hizo un trabajo en el sitio del suceso, sino que los cuerpos fueron recogidos por los propios familiares y luego de que se dio cuenta a Carabineros del sector, se introdujeron en tres sacos de arpillera. Las osamentas estaban desarticuladas, fragmentadas y fueron trasladadas al Servicio Médico Legal», explicó.

«Posteriormente, en el mes de marzo de ese año, en el Servicio Médico Legal, se hizo un estudio de estas osamentas, logrando determinar que se trataba de aproximadamente 14 personas”, complementó.

Cifuentes destacó que los cadáveres de las víctimas permanecieron 16 años en cámaras frigoríficas sin ser entregados a sus familiares.

“Luego de eso, los cuerpos no fueron entregados a sus familiares, sino que fueron introducidos a cámaras frigoríficas en el Servicio Médico Legal y permanecieron en ahí 16 años hasta el año 1990, fecha en que el ministro Germán Hermosilla de la Corte Apelaciones de San Miguel, dispuso que se hiciera un estudio de esas osamentas y se constituyó en este lugar”, relató, según consignó una nota de prensa del Poder Judicial.

“En esa oportunidad se constituyó los días 16 y 17 de octubre de 1990, logrando encontrar nuevamente evidencia ósea, evidencia balística e incluso evidencia cultural. Pero no se hizo tampoco con la última tecnología y por lo tanto, no obstante que la causa relacionada con estos hechos, que es Paine principal, está ejecutoriada, se interpuso una querella por el Programa de Derechos Humanos en el marco del Plan Nacional de Búsqueda con el fin de realizar un estudio exhaustivo del terreno, que es lo que se va a hacer en esta oportunidad”, concluyó.

Secuestro y homicidio de 14 campesinos de Paine

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, la ministra en visita dio por establecido los siguientes hechos:

«Que, el día 3 de octubre de 1973, en la madrugada, en el Asentamiento El Escorial de Paine, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, a cargo del subteniente Osvaldo Andrés Magaña, detuvieron, sin derecho, a Francisco Javier Calderon Nilo, Domingo Octavio Galaz Salas, José Emilio González Espinoza, Juan Rosendo González Pérez, Aurelio Enrique Hidalgo Mella, Bernabé del Carmen López López, Héctor Santiago Pinto Caroca, Hernán Pinto Caroca, Aliro del Carmen Valdivia Valdivia, Hugo Alfredo Vidal Arenas y Víctor Manuel Zamorano González, para luego ejecutarlos junto a Juan Bautista Núñez Vargas, Héctor Castro Sáez y José Cabeza Bueno, en el sector de la Cuesta Chada, al que fueron trasladados en el camión marca Dodge de color rojo referido con anterioridad, conducido por Juan Guillermo Quintanilla Jerez, disparandoles con las armas de fuego que portaban, encontrándose, tiempo después, sus cadáveres abandonados en el citado lugar».