Madrid Hayden Carlos Arturo

En un fallo que tendrá importantes repercusiones en las causas de derechos humanos, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la libertad de trece uniformados y revocó sus procesamientos al estimar que regía el principio de la cosa juzgada y la Ley de Amnistía.

El dictamen estima que no hay mérito para mantener los autos de procesamientos contra trece efectivos que pertenecieron al Comando Conjunto y que fueron sometidos a proceso por el titular del 25 Juzgado del Crimen, Carlos Hazbún, quien oficia como juez con dedicación preferente.

Esto, luego que el 2 de mayo, la titular del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, Cecilia Flores, se declarara incompetente para conocer la causa por el secuestro de David Urrutia Galaz, capturado por agentes del Comando Conjunto en 1975, y derivó los antecedentes al juez del 25º Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Hazbún.

La defensa de los ex uniformados a cargo del abogado Carlos Portales estimó que la resolución abre las puertas para seguir por el mismo camino con el resto del medio centenar de militares que en estos momentos son procesados por los jueces de dedicación exclusiva para estas causas.

Según El Mercurio, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ordenó una reunión especial para mañana con todos sus abogados para analizar el nuevo escenario. El director del organismo, Luciano Fouillioux, indicó que la última palabra respecto de la aplicación del principio de cosa juzgada y de la Ley de Amnistía se encuentra en manos de la Corte Suprema.

Esto, porque es la primera vez que un tribunal de alzada aplica un fallo de esta naturaleza en los casos por violaciones a los derechos humanos que son investigados por jueces especiales que fueron designados como resultado de la "Mesa de Diálogo".

El titular del 25º Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Hazbún, había procesado el 7 de enero de 2002 como autores de "asociación ilícita criminal" a los uniformados César Palma Ramírez, Otto Trujillo Miranda, Raúl González Fernández y Manuel Muñoz Gamboa.

Igualmente, al suboficial (r) FACh Pedro Caamaño Medina; al comandante (r) del regimiento Colina de la FACh Carlos Madrid Hayden; al suboficial activo FACh Robinson Suazo Jaque; al suboficial (r) FACh Fernando Zúñiga Canales; al suboficial (R) FACh Eduardo Cartagena Maldonado; al teniente (r) de Marina Daniel Guimper Corvalán; al suboficial (r) FACh Guillermo Urra Carrasco; al suboficial (r) FACh Pedro Zambrano Uribe y al suboficial (r) FACh Juan Chávez Sandoval, quienes ahora se vieron beneficiados con esta disposición

Los primeros autos de procesamiento por la muerte y desaparición de Juan Luis Rivera Matus fueron dictados hoy por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard. 
El magistrado encausó a Alvaro Corbalán Castilla, quien integró el Comando Conjunto; al general (R) de la Fuerza Aérea Enrique Ruiz Bunger, Arturo Madrid, también integrante de esa entidad represiva, y Sergio López Díaz, ex miembro del DINE, por el delito de secuestro calificado. 
Ruiz Bunger había sido también sometido a proceso por el juez Mario Carroza la semana pasada, como autor del delito de secuestro calificado de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana y Ricardo Weibel Navarrete, quienes figuran como desaparecidos, y de cuatro personas sobrevivientes. Carroza también pesquisa las implicaciones de la supuesta rearticulación del Comando Conjunto denunciada recientemente por el ex agente Otto Trujillo. 
Díaz López, en tanto, es un ex efectivo del Ejército que formó parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). 
Hasta antes de la declaración del ex agente del Comando Conjunto Andrés Valenzuela -alias Papudo-, hecha en Francia en enero de este año, existía el antecedente que Rivera Matus había estado detenido en el recinto militar de Colina, donde operaba ese organismo represor. El indicio señalaba que el detenido había sido retirado por el DINE luego de ser muerto. 
Sin embargo, el testimonio de Papudo permitió acreditar que el encargado de retirar al dirigente de Chilectra de esa repartición castrense fue Corbalán, quien fue acompañado por López. 
La investigación en el caso Rivera Matus ha avanzado constatando que su muerte resulta un caso distinto al de otros crímentes ocurridos durante el régimen militar, pues no se puede adjudicar a un grupo represivo determinado sino más bien a personas que aisladamente habrían concretado el delito. 
Debido a que durante casi 27 años nunca fue dictada una encargatoria de reo en esta causa, la Corte Suprema, en última instancia, no podría tampoco referirse al principio de cosa juzgada. 
Dudas sobre la mesa 
El nombre de Juan Luis Rivera Matus apareció en el informe entregado por las Fuerzas Armadas a la Mesa de Diálogo, en el que se indicaba que sus restos habían sido arrojados al mar. Sin embargo, y como parte de la búsqueda de otros detenidos desaparecidos sustanciada por la ministra Amanda Valdovinos, sus restos fueron encontrados en el fuerte del Ejército Justo Arteaga, en Colina. 
El hallazgo fue una de las primeras y dramáticas alertas sobre dudas e imprecisiones en las informaciones recopiladas por las FFAA en esa instancia. 
Los restos del dirigente sindical fueron entregados a sus familiares en mayo del año pasado: mostraban indicios de haber sido quemados luego de la muerte, según informaron peritos del Servicio Médico Legal (SML). 
Rivera Matus militaba en el PC y era dirigente sindical de Chilectra. Fue detenido el 6 de noviembre de 1975 en la esquina de Santo Domingo y San Antonio, por cerca de cinco personas de civil que lo subieron a un vehículo tipo station wagon Peugeot de color blanco, sin patente. 
El mismo día de su secuestro fue interpuesto un recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual, como la casi totalidad de las acciones similares interpuerstas durante el régimen militar, fue rechazado sin más trámite por el tribunal de alzada luego de un informe negativo sobre la detención emitido por el Ministerio del Interior. El 26 de mayo de 1976 el proceso había sido sobreseído temporalmente

El titular del Primer Juzgado de Crimen de Santiago con dedicación exclusiva en causas de derechos humanos, Joaquín Billard, condenó a diez años y un día de presidio al ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán Castilla por el secuestro calificado y resultado de muerte de Juan Luis Rivera Matus, registrado en diciembre de 1975.

Junto a Corbalán, y por la misma pena, fue condenado el ex miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Sergio Díaz López.

En tanto, en calidad de encubridores, recibieron sentencias el jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), Freddy Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, a 600 días de pena remitida.

La notificación, para el caso de Corbalán, hecha esta mañana en Punta Peuco. Fuentes allegadas al caso, indicaron que el Ejército habría preferido no trasladado hasta el tribunal, a fin de evitar problemas a raíz de sus últimas salidas.

Juan Luis Rivera Matus fue nombrado en el primer informe de la Mesa de Diálogo, como uno de las víctimas de la represión que había sido lanzada al mar, junto a otras 131 personas. Sin embargo, en 2001 sus restos aparecieron en los terrenos del Fuerte “Justo Arteaga Cuevas”, en Peldehue. Para muchos, este dato echó por el suelo la credibilidad de esta instancia.

Rivera Matus militaba en el PC y era dirigente sindical de Chilectra. Fue detenido el 6 de noviembre de 1975 en la esquina de Santo Domingo y San Antonio, por cerca de cinco personas de civil que lo subieron a un vehículo tipo station wagon Peugeot de color blanco, sin patente.

El mismo día de su secuestro fue interpuesto un recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual, como la casi totalidad de las acciones similares interpuestas durante el régimen militar, fue rechazado sin más trámite por el tribunal de alzada, luego de un informe negativo sobre la detención emitido por el Ministerio del Interior. El 26 de mayo de 1976 el proceso había sido sobreseído temporalmente.

Otros casos

Pero ésta no fue la única sentencia dictada por el magistrado. También condenó al ex agente de la DINA Osvaldo Romo Mena, por el delito de secuestro calificado en la persona de Jorge Espinoza Méndez, apodado “Abel” o “Juancho”, cuyos últimos rastros se tienen del 18 de junio de 1974.

Según el informe Rettig, Espinoza Méndez fue sido visto por testigos en el recinto de detención de Londres 38 y desapareció en poder de la DINA, sin que se hayan vuelto a tener noticias de él.

El magistrado también condenó a los ex agentes de la DINA Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Basclay Zapata y Osvaldo Romo a diez años y un día por el delito de secuestro calificado en contra de los ex militantes del MIR Elsa Leuthner, María González, Hernán González y Ricardo Troncoso Muñoz.

El caso de Troncoso Muñoz es particular. Antes de su detención, había permanecido asilado en la Embajada de México en Santiago, desde el 10 de octubre de 1973, hasta el 1 de marzo de 1974, fecha en que abandonó el asilo, desesperado por la tardanza en otorgársele salvoconducto. Quince días después fue detenido por agentes de la DINA.

El magistrado aún investiga el caso de Juan Suil Faúndez, quien fue hecho desaparecer por agentes de la SIFA, a mediados de los setenta. Las otras dos causas que tenía el magistrado, una de ellas por la Operación Colombo, se adjuntaron al expediente que sustancia el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia.

Con las condenas en estos tres casos, se abre el camino a que la Corte Suprema unifique el criterio respecto a la aplicación de la ley de Amnistía. En 1997, cambió el criterio de fallo de la Segunda Sala Penal del máximo tribunal, donde se modificó la aplicación de ese cuerpo legal y se instauró la teoría del secuestro permanente.

Una condena de 600 días de presidio contra el ex jefe del Servicio de Inteligencia de la FACH, general (R) Enrique Ruiz Bunger, como encubridor del secuestro del militante comunista Juan Luis Rivera Matus, en noviembre de 1975, dictó el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard. Si bien la pena se dictó con carácter de “remitida”, vale decir no se cumple en cárcel a cambio de un control periódico de identidad, es la primera vez que un juez sentencia a Ruiz Bunger, uno de los gestores del Comando Conjunto en 1975.

El magistrado también condenó en calidad de autor del mismo delito al ex jefe operativo de la CNI, mayor (R) Alvaro Corbalán. Igualmente, sentenció en calidad de autor al oficial (R) de Ejército Sergio Díaz López a diez años. Como encubridor fue condenado a 600 días de presidio remitido el oficial (R) de la FACH Carlos Madrid Heiden.

Corbalán cumple condena de presidio perpetuo desde hace unos días en la cárcel de Punta Peuco por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, cometido por la CNI y la DINE en 1983 para intentar encubrir el asesinato de líder sindical Tucapel Jiménez. Además, fue dictada en su contra otra sentencia de presidio de diez años por el homicidio de Lisandro Sandoval.

El destino de Rivera Matus adquirió una connotación especial, puesto que fue el primer caso que puso en duda el informe de las Fuerzas Armadas de 2001 sobre el destino final de 200 detenidos desaparecidos como resultado de la mesa de diálogo de derechos humanos.

En marzo de 2001, realizando excavaciones en el Fuerte Arteaga en Colina, producto de información contenida en el mencionado informe, la ministra Amanda Valdovinos encontró un esqueleto completo, que finalmente se comprobó eran los restos de Rivera. Sin embargo, éste apareció en ese informe como lanzado al mar junto con otros 150 prisioneros políticos.

El secuestro y homicidio de Rivera Matus correspondió a una operación mixta entre la DNE, para la cual en 1975 trabajaba Corbalán, y el recién formado Comando Conjunto, uno de cuyos impulsores fue el general Ruiz Bunger.

Rivera, trabajador de Chilectra, fue secuestrado y llevado al Regimiento de Colina de la FACH, lugar donde permaneció unos días. Desde allí fue sacado por Corbalán y Díaz y conducido al interior del entonces recinto militar de Peldehue, donde fue ejecutado. La autopsia realizada a sus osamentas revelaron que el detenido, después de muerto, fue rociado con petróleo y quemado.

Rechazo a amnistía

En 2002 las revelaciones de Otto Trujillo, ‘Colmillo Blanco’, en La Nación Domingo, señalaron un dato hasta entonces escasamente conocido: la colaboración entre la DINE y el Comando Conjunto en 1975 para secuestrar y asesinar a Juan Luis Rivera Matus.

Los antecedentes suministrados por Trujillo fueron claves para la pista que siguió el juez Joaquín Billard. Ésta además continuó la vía abierta por el ministro Alejandro Solís y no aplicó la amnistía a favor de los condenados. Incluso las defensas de los sentenciados alegaron que Juan Luis Rivera Matus ya no era un detenido desaparecido, desde que sus restos fueron hallados en Fuerte Arteaga en 2001. Y que, por lo tanto, la figura del secuestro como delito de carácter permanente para rechazar la amnistía, ya no podía ser invocada.

Pero el juez desechó estos argumentos y dijo que, en ese caso, el delito se siguió cometiendo más allá de marzo de 1978, fecha hasta la que se extiende la amnistía. Pero los argumentos de fondo del magistrado apuntaron a que estos delitos, por ser de lesa humanidad, no son amnistiables.

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aumentó las condenas a dos integrantes del ex Comando Conjunto, entre ellos a su creador, el general

(R) de la FACH Enrique Ruiz Bunger, por el secuestro en 1975 del militante comunista Juan Luis Rivera Matus.

La condena de Ruiz Bunger fue elevada de 600 días a 10 años, y en la misma proporción la del ex agente y coronel hoy retirado de la FACH, Carlos Madrid Haydn. A ambos se les cambió además la calidad de encubridor por la de autor.

La sala mantuvo la pena de 10 años de presidio para el teniente coronel (R) de Ejército Sergio Díaz López, pero rebajó de 15 a 10 años la del ex agente y jefe de la Brigada Metropolitana de la CNI, mayor (R) Álvaro Corbalán.

El ministro Jorge Zepeda constituyó el voto de minoría, ya que estuvo por condenar a los cuatro ex agentes sólo a la pena de tres años “por razones humanitarias”. En este sentido, el ministro Zepeda ha sido criticado por abogados querellantes por las bajas condenas que aplica por crímenes de lesa humanidad, si bien no es partidario de aplicar la amnistía. El voto de mayoría lo conformaron el ministro Jorge Dahm y la abogada integrante Victoria Valencia. La condena de primera instancia la dictó el ministro Joaquín Billard.

Los restos de Rivera Matus fueron hallados el 2001 mientras, en la zona de Peldehue donde hoy está el Fuerte Arteaga del Ejército, se rastreaban los cuerpos de los desaparecidos de La Moneda por una orden de la Corte Suprema, según datos recibidos en la Mesa de Diálogo el 2000.

Máximo tribunal acogió recurso de casación en el fondo fondo presentado por la defensa de los militares retirados condenados por el crimen del ex dirigente comunista.

La Segunda Sala de la Corte Suprema rebajó considerablemente las penas impuestas por el homicidio calificado del dirigente comunista Juan Rivera Matus, desaparecido en noviembre de 1975 por miembros del Comando Conjunto.

El máximo tribunal sentenció al general retirado de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) Enrique Ruiz Bunger y a el comandante (r) de la FACH Arturo Madrid Hayden a las penas de presidio remitido.

Por el mismo delito, el ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán Castilla y el oficial (r) Sergio Díaz López, el ex miembro de la DINE, fueron sentenciados a cuatro años de cárcel.

A este último se le otorgó el beneficio de la libertad vigilada, mientras que en el caso de Corbalán la pena deberá ser cumplida de forma efectiva.

En el fallo de segunda instancia, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago había condenado a los cuatro ex militares a diez años.

Rivera Matus, de 52 años al momento de su desaparición, estaba casado y tenía siete hijos. Se desempeñaba como técnico electricista en Chilectra, donde además era dirigente sindical.

Fue detenido el 6 de noviembre de 1975, por cinco hombres de civil a la salida de su trabajo.

El caso de Rivera Matus es considerado uno de los más emblemáticos en materia de violaciones a los derechos humanos, pues develó la inexactitud de la información entregada por las Fuerzas Armadas a la Mesa de Diálogo.

Si bien las ramas castrenses lo incluyeron en un listado de detenidos cuyos cuerpos habían sido arrojados al mar, la jueza Amanda Valdovinos determinó que sus osamentas habían sido enterradas en el fuerte Arteaga del Ejército, en Colina.