Maass Del Valle Gonzalo Fernando

El ex director del organismo, general (r) Hugo Salas Wenzel, es sindicado como el autor intelectual de la ejecución de doce jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
El ministro en visita Hugo Dolmestch acusó a 18 ex agentes de la disuelta Central Nacional de Inteligencia (CNI) por su participación en el asesinato de 12 jóvenes el 15 y 16 de junio de 1987, caso conocido como "Operación Albania".

El magistrado determinó que el ex director del organismo de inteligencia, general (r) Hugo Salas Wenzel, es el responsable intelectual del homicidio de los opositores al régimen militar.
De esta forma, Dolmestch pone fin a quince años de investigación e inicia la etapa previa a la dictación de condenas de primera instancia.
Como coautores del delito de homicidio por están acusados: el general (r) Hugo Salas Wenzel, el mayor (r) Alvaro Corbalán, el comandante (r) Iván Quiroz, el comandante (r) Krantz Power Donoso, el mayor Rodrigo Pérez Martínez y el oficial de Ejército Jorge Vargas Bories.

Estas acusaciones en contra de los uniformados antes mencionados se refieren a la muerte de Recaredo Valenzuela, Patricio Acosta, Julio Guerra, Juan Henríquez y Wilson Henríquez.
 

Otros implicados
Además, son acusados del delito de secuestro seguido de homicidio en la persona de Ester Cabrera, Manuel Valencia, Ricardo Rivera, Elizabeth Escobar, Patricia Quiroz, José Valenzuela Levi y Ricardo Silva, ejecutadas en el inmueble de Pedro Donoso 582, de la comuna de Conchalí.

En calidad de cómplice, el magistrado acusó al capitán (r) del Ejército Arturo Sanhueza Ross, por el homicidio de Julio Guerra y el secuestro seguido de homicidio de Ester Cabrera.

En tanto, el ex detective Hugo Guzmán esta acusado en calidad de cómplices por el delito de secuestro con homicidio de Patricia Quiroz. Su colega Gonzalo Maass del Valle, en calidad de autor del delito de secuestro seguido de homicidio de Ricardo Rivera.

Los oficiales (r) René Valdovinos Morales, César Luis Acuña Luengo y Manuel Morales Acevedo fueron acusados de autores del homicidio de Ignacio Valenzuela Pohorezcky y como cómplices de secuestro seguido de homicidio de las víctimas de Pedro Donoso 582.
 

La matanza de Corpus Christi
En la llamada Operación Albania, que se registró entre el 15 y 16 de junio de 1987 durante el feriado de Corpus Christi, doce personas que pertenecían al Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinadas en distintos lugares de Santiago.

Según las versiones oficiales del gobierno militar, los jóvenes murieron en "enfrentamientos con las fuerzas de seguridad", pero las autopsias demostraron que los disparos fueron hechos cuando las víctimas se encontraban tendidas en el piso.

La acción se produjo apenas cuatro días después que la Octava Sala de Corte de Apelaciones de Santiago declarara al FPMR como una "asociación ilícita terrorista", cuyos miembros debían ir a la cárcel y ser reprimidos, resolución que legitimó todo tipo de acción violenta contra el grupo de izquierda.

Cabe recordar, que el dictamen fue resuelto por el tribunal de alzada a petición del Ministerio del Interior del régimen militar  por un requerimiento presentado por un grupo de frentistas acusados de varios delitos.

Operativo de la CNI
Para llevar a cabo la operación, la Central Nacional de Informaciones efectuó un gigantesco operativo de inteligencia, que significó movilizar a decenas de agentes y realizar numerosas detenciones y allanamientos, con el objetivo final de reprimir a los frentistas.

La acción de la CNI fue acompañada de un gran despliegue de publicidad oficialista, que reprodujo sin dudas ni cuestionamientos la versión oficial de "enfrentamiento".

La primera víctima, Ignacio Valenzuela Pohrecky, uno de los fundadores del FPMR, murió baleado en calle Alhué, comuna de Las Condes, el 15 de junio de 1987, a las 12 horas. A las 18 horas, los agentes de la CNI dieron muerte a Ricardo Acosta Castro, en calle Varas Mena, frente al número 630. Pocas horas después, cerca de la medianoche, en la misma calle Varas Mena, en el inmueble signado con el número 417, fueron muertos Juan Henríquez Araya y Wilson Henríquez Gallegos.

A la misma hora de ocurrir estas muertes, tuvo lugar la de Julio Guerra Olivares, en la Villa Olímpica. 

Posteriormente, cerca de las 5 de la mañana del 16 de junio de 1987, en la casa de Pedro Donoso 582, comuna de Recoleta, fueron acribillados siete frentistas. Ellos fueron Ricardo Silva Soto, José Valenzuela Levy, Elizabeth Escobar Mondaca, Patricio Quiroz Nilo, Manuel Valencia Calderón, Ester Cabrera Hinojosa y Ricardo Rivera Silva

Los dos ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que ayer prestaron testimonio en el marco de la etapa probatoria en que se encuentra el caso Albania, coincidieron en que los días 15 y 16 de junio de 1987 participaron de la operación que terminó con la muerte de 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), por miedo a las represalias de la institución en caso de negarse.

El primero en comparecer ante el ministro Hugo Dolmestch, quién lleva todos los caso de crímenes cometidos por la CNI, fue el mayor (R) Rodrigo Pérez Martínez, quien en esa fecha era el capitán a cargo de la Unidad Antiterrorista (UAT) y que de acuerdo con los documentos revelados por El Mostrador.cl el año 2000, no podía actuar sin la anuencia del Presidente de la República de la época.

Pérez se encuentra procesado como uno de los autores de los homicidios cometidos en calle Alhué, Varas Mena y Villa Olímpica y por el secuestro seguido de homicidio de los miembros del frente ejecutados en calle Pedro Donoso.

Temor a consecuencias fatales

El ex oficial fue consultado por el momento en que recibe la orden del comandante (R) Iván Bellarmino Quiroz de eliminar a uno de los frentistas detenidos en el cuartel Borgoño. Según Pérez y ante la evidencia de estar ante un acto “delictual”, le consulta de dónde viene la orden. Quiroz responde que del “escalón superior”, ante lo cual no tiene otra opción que acceder, considerando además que el comandante (R) tenía mayor antigüedad y rango que él.

A la vez señaló que el subalterno que lo acompañaba en esa oportunidad y también miembro de la UAT, Eric Silva, también le pareció impropia la orden, según le manifestó días después al montaje de la operación. Por este motivo, Silva, procesado por su participación en el secuestro y posterior homicidio de Ester Cabrera, solicitó su traslado de la unidad. Según recuerda Pérez, al mes o mes y medio después, Eric Silva pasó a integrar la escolta presidencial.

Al ser requerido por uno de los abogados querellantes, si este hecho puede ser considerado como un ascenso o un premio a su actuación en los hechos, el ex jefe de la UAT dijo que en ningún caso, a pesar de la alta connotación y confianza que requiere un cargo de este tipo.

Su preocupación por la orden de “tipo delictual”, nunca la hizo presente los días posteriores a ningún superior, ni siquiera en el asado de camaradería realizado en calle Rondizonni, presidido por el general Salas Wenzel, quien aprovechó la oportunidad para “felicitar” a todos los efectivos que participaron de la “neutralización” de los frentistas.

El ex jefe de la UAT, señaló al magistrado que “no podía obviar la orden que recibió porque podría traer consecuencias fatales para su familia y para él”. Su temor lo ejemplificó con lo que le sucedió al ex químico Eugenio Berríos, muerto en Uruguay a manos de agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), y a Armando Fernández Larios, quien fue acusado de traición a la patria por su colaboración con la justicia estadounidense en el caso Letelier.

De esta forma Pérez siguió la misma línea que el comandante (R) Iván Bellarmino Quiróz, quien declaró el año 2000 que una orden superior “no se podía discutir a menos de exponerse a situaciones gravísimas en relación a nuestra integridad física y de nuestro grupo familiar”. Este ex oficial y subalterno de Alvaro Corbalán Castilla en el cuartel Borgoño de la CNI, se encuentra en procesado por los mismo delitos que Pérez.

Pérez Martínez debió explicar, además, la relación que existió entre la UAT y el cuartel Borgoño desde donde se coordinaron todas las acciones de la también llamada “Matanza de Corpus Christi”.

Indicó que su unidad recibió en calidad de “comisión de servicio indefinido” a 12 ó 13 funcionarios de Borgoño para capacitarlos en las “tácticas militares” como lucha antiguerrilla y rescate de rehenes, dado que los integrantes de la UAT estaba conformado por comandos y paracaidistas. Parte de los cuales después se facilitaron al cuartel para labores de seguimiento.

El oficial relató que se puso a disposición de Corbalán, la mañana del día 15 luego de un llamado telefónico que hiciera éste a las dependencias de la UAT en calle Simón Bolívar en la comuna de la Reina, entre las 08.00 y 09.00 horas. En esa oportunidad y a pesar que normalmente las ordenes las recibían primero del director de la CNI, accedió a la petición de Corbalán porque éste le dijo que existía la autorización de más arriba. En dicho momento no preguntó por qué y para qué los necesitaban específicamente. Agregó que él perdió el mando de su unidad, dado que sus hombres fueron destinados a distintos equipos.

Terror a ser ajusticiado

Luego correspondió el turno del ex detective Gonzalo Mass del Valle sobre quien pesa la solicitud del CDE de condenarlo a presidio perpetuo simple por su participación en los homicidios de los frentistas. El ex oficial y miembro de la “brigada verde” que operaba en el cuartel Borgoño comandado por Corbalán, ratificó su presencia en Pedro Donoso, luego que se le ordenara asistir para realizar un allanamiento. Una vez en el lugar no recuerda quién le dio la orden de entrar a una de las piezas: “solamente me dijeron tú ahí”.

El ex detective de 29 años en esa fecha, dijo que sintió “terror” en esos momentos al darse cuenta que podía ser ajusticiado por sus propios compañeros para justificar bajas, ya que era evidente que los frentistas “secuestrados” en Borgoño habían sido trasladados a calle Pedro Donoso para simular un falso enfrentamiento. Precisó que en el instante que estuvo en la pieza fue tanto el temor que “me oriné y defequé”.

Señaló además que “el estar de paso en la CNI”, en su calidad de policía civil, donde los que dominaban eran los oficiales de Ejército, lo convertía en una potencial víctima para ser ajusticiada. El ex agente recuerdó que antes de entrar a la CNI, escuchó comentarios “que el mundo de la inteligencia era sucio”, por lo que no le extrañaba ser ejecutado en esa u otra operación.

Consultado sobre si tuvo ánimo de matar, dijo que “en ningún momento”, “no maté a nadie”, lo que posteriormente le valió ser discriminado al interior de la institución.

Por otra parte y en lo que respecta al teniente (R) Jorge Vargas Bories, a la fecha integrante de la Unidad Especial de la CNI que operaba en el cuartel Borgoño y quien ha negado su participación en los hechos de sangre de esos días, reconoció que vio a este agente en Varas Mena y en Pedro Donoso. Vargas dice que a los dos lugares llegó cuando los sucesos habían concluido. Sin embargo, el ex detective precisó lo contrario y agregó que le consta la participación de la Unidad Especial en los operativos por la presencia de su “jeep blanco con metralleta” que operó en ambos puntos.

Vargas Bories para quien el CDE pidió 20 años de cárcel, concurrió ayer a firmar su declaración del día martes y aprovechó la oportunidad para quedarse en la sala y escuchar a Pérez y Mass.

Lo mismo hizo otro procesado el teniente coronel (R) Kranz Bauer Donoso miembro de la “brigada azul” que operaba en Borgoño y procesado por los mismos hechos que Vargas. La presencia de ambos causó profunda molestia en las familias de las víctimas de “Corpus Christi”, lo que se lo hicieron saber a la abogada María Elena Horvitz del CDE.

Horvitz les explicó que no hay nada ilegal en el hecho y que están en su derecho. Además ya habían prestado su testimonio y no podían ser sacados de la sala. De todas formas, la abogada del fisco solicitó al ministro Dolmestch que tomara algún tipo de medida para tranquilizar a las familias y para que los declarantes no se sintieran presionados por las miradas de sus ex colegas. El incidente que se produjo al término de la declaración del ex jefe de la UAT, motivó a que el magistrado le indicara a Mass que todas las respuestas debería darlas mirándolo a él y no al abogado que hace las preguntas, como es la norma, con el objetivo de no sentir ningún tipo de intimidación al momento de responder.

El ministro en visita Hugo Dolmetsch, otorgó ayer certeza jurídica a lo que se sabía desde 1986: que los crímenes de José Carrasco, Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga y Abraham Muskablit a manos de la CNI, fueron una venganza de la dictadura por el atentado a Augusto Pinochet el domingo 7 de septiembre de 1986.

En una resolución más bien “ordenatoria” en la que procesó a siete nuevos ex agentes, mantuvo a otros siete que ya se encontraban encausados por la jueza Dobra Lusic desde 2000, y exculpó a tres de los ya procesados por la magistrada el ministro Dolmetsch entregó algunos detalles del operativo que hasta ahora no eran públicos.

Los tres ex agentes sobreseídos por el magistrado son Hernán Vásquez Villegas, Egon Barra Barra y Arturo Sanhueza Ros.

El juez sostuvo en su dictamen que momentos después de acontecido el atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo -acto realizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en el cual murieron cinco escoltas-, el integrante de la Junta Militar, almirante José Toribio Merino, citó al jefe de la CNI, general Humberto Gordon, a una reunión de urgencia a La Moneda.

Finalizado el encuentro, Gordon convocó al cuartel general de la CNI en calle República, al comandante de la División Antisubversiva de ese organismo, mayor Álvaro Corbalán, y al comandante de la División Política Metropolitana “encargada del control de los partidos políticos de la época”, mayor Manuel Provis Carrasco. “Estas dos divisiones representaban en ese momento de emergencia, los órganos básicos de la CNI en su aspecto operativo”, dice el juez.

En esa reunión, “el señor general, profundamente alterado, les ordenó que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos en el atentado, venganza que debía ser en una proporción de dos por uno en relación a las víctimas (escoltas)”, afirma el fallo.

De esta manera, Dolmetsch logró determinar que los grupos de agentes que operaron en las detenciones y ejecuciones fueron distintos, salvo en los casos de Carrasco y Muskablit donde algunos se repiten.

El escrito del juez no aclara, en todo caso, por qué CNI sólo asesinó a cuatro opositores y no a diez como fue la orden que impartió Gordon y que probablemente emanó de La Moneda. Al menos una quinta víctima debía ser el abogado de la Vicaría de la Solidaridad Luis Toro, quien se salvó al reforzar puertas y ventanas de su casa para dificultar el ingreso de los agentes, y alertando a los vecinos.

El punto es relevante al incorporar al puzzle la intervención, casi en paralelo, de Investigaciones la misma madrugada en que comienzan los secuestros de la CNI. Esta policía detuvo a algunos dirigentes opositores, como el actual Presidente Ricardo Lagos, el ex ministro Germán Correa, el actual diputado (PPD) Patricio Hales, y el ex subsecretario del Trabajo Eduardo Loyola.

Según el ex vocero del régimen militar Francisco Javier Cuadra, Investigaciones actuó por orden de su director, el general (R) Fernando Paredes, para evitar más muertes a manos de la CNI. No obstante, no está claro por qué la CNI, con el poder que tenía por sobre Investigaciones, no continuó con las ejecuciones para “cumplir la cuota” ordenada por general Gordon.

Tampoco se sabe con certeza si efectivamente la actuación de Investigaciones fue con el fin que sostiene Cuadra. Aunque, al menos, un hecho es cierto: que los detenidos por esa policía salvaron con vida. Lo que no resulta creíble es la afirmación de Cuadra en el sentido de que, al ocurrir un año después la Operación Albania -en la que la CNI asesinó a 12 militantes del FPMR que vinculó al atentado- el régimen “no apoyó esa operación ni le dio soporte comunicacional”. Al consultar la prensa de la época y las propias declaraciones de Cuadra, se confirma lo contrario

Felipe Rivera Gajardo

Militante Comunista

Funcionario Tesorería de la República

Detenido a las 02:00 del lunes 8 de septiembre 1986 en su domicilio de Diagonal Las Torres Nº 6678, Población Sara Gajardo de Cerro Navia.

Procesados como autores del delito de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Maass del Valle, Víctor Lara Cataldo y René Valdovinos Morales. (Lara y Valdovinos son nuevos procesados, el resto ya lo estaba por resolución de la jueza Dobra Lusic en el 2000).

Ejecutado en Américo Vespucio, frente planta Toyota, de seis balazos.

Gastón Vidaurrázaga Manríquez

Militante MIR

Profesor

Detenido a las 04:00 del lunes 8 de septiembre de 1986 en su domicilio de calle Maestranza frente al Nº 627.

Procesados como autores del delito de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Krantz Bauer Donoso, Víctor Muñoz Orellana, Jorge Jofré Rojas, Eduardo Chávez Baeza y Juan Jorquera Abarzúa. (Jofré, Chávez y Jorquera son nuevos procesados, los otros ya lo estaban desde 2000).

Ejecutado en Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 16, de doce balazos.

José Carrasco Tapia

Militante MIR

Periodista

Detenido a las 05:00 del lunes 8 de septiembre de 1986 en su domicilio de calle Santa Filomena Nº 111, departamento 209, comuna de Santiago.

Procesados como autores de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y Guillermo Fachinetti López. (Fachinetti es procesado nuevo, mientras Quiroz y Vargas ya lo estaban desde 2000).

Ejecutado en Américo Vespucio, costado sur del Cementerio Parque del Recuerdo, de catorce balazos.

Abraham Muskablit Eidelstein

Militante Comunista

Gerente de Ventas de Editorial Cono Sur

Detenido a las 02:15 del martes 9 de septiembre de 1986 en calle 27 de Septiembre Nº 0423, Población Casas Viejas, comuna de Puente Alto.

Procesados como autores de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y José Meneses Arcauz. (Arcauz en nuevo procesado, los otros ya lo estaban desde 2000).

Ejecutado en Camino a Lonquén a la altura del Nº 2360, de nueve balazos.

La Corte Suprema confirmó este martes la cadena perpetua contra el general retirado Hugo Salas Wenzel, otrora director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el crimen de doce frentistas en junio de 1987, en el marco de la Operación Albania.

Salas Wenzel fue sentenciado en calidad de responsable intelectual de los asesinatos, que se planificó como una de las venganzas por el atentado a Augusto Pinochet Ugarte, ocurrido en septiembre de 1986.

Con esta resolución, el otrora jefe del organismo represivo se transformó en el general retirado que ha recibido la mayor condena por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala (Penal) que también se pronunció sobre las condenas que el ministro Hugo Dolmestch dictó contra otros catorce ex uniformados que participaron en el operativo, también conocido como Matanza de Corpus Christi.

En tribunales se explicó que como Salas Wenzel comenzó a ser juzgado antes de que se modificara la ley, se le aplicará la cadena perpetua simple, lo que permite a partir de los 20 años de prisión pueda acceder a algún tipo de beneficio.

El máximo tribunal también decidió elevar de 15 a 20 años de prisión la condena contra el ex jefe operativo del organismo represivo Álvaro Corbalán Castilla, quien ya se encuentra cumpliendo prisión por otras violaciones a los derechos humanos perpetrados en la dictadura militar.

En tanto, mantuvo la condena a 10 años de presidio contra el comandante (R) de Carabineros Iván Quiroz Ruiz, mientras que aumentó de 7 años y un día a 8 años de prisión el castigo contra el ex agente de la CNI Enrique Neira Donoso.

Estos cuatro otrora miembros deberán cumplir con su castigo en prisión junto al ex agente Manuel Morales Acevedo, quien inicialmente había sido condenado a tres años de prisión pero la Suprema elevó su castigo a cinco años y un día.

En tanto, los ex agentes Luis Arturo Sanhueza Ross, Rodrigo Pérez Martínez, César Acuña Luengo, Patricio Miquel Carmona y Fernando Burgos Díaz fueron sentenciados a cinco años y un día de prisión, mientras que Eric Silva Reichart recibió una sanción de cinco años de cárcel.

Gonzalo Maas del Valle, José Miguel Morales Morales, René Valdovinos Morales, en tanto, fueron condenados a tres años de prisión, mientras que Hugo Guzmán Rojas recibió un castigo de 541 días de cárcel.

La Suprema también confirmó la absolución de 11 agentes que participaron en los operativos y que ya habían sido exculpados por Dolmestch y la Corte de Apelaciones de Santiago, entre los que se encuentran los ex agentes Kranstz Bauer y Jorge Vargas Bories, al igual que el ex fiscal de Carabineros Luis Acevedo.

En junio pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los parientes de las víctimas alcanzaron un acuerdo de reparación en el que el Fisco se comprometía a pagar una indemnización de $ 300 millones a cada grupo familiar.

Querellantes celebran decisión

El abogado Nelson Caucuto, representante de las víctimas, destacó que esta sea la primera condena perpetua para un militar con grado de general, lo que a su juicio revela "la gravedad de los hechos juzgados y la importancia de este caso".

"Hemos logrado establecer la verdad de lo acontecido y sanciones penales altas, donde hay una condena de presidio perpetuo y también finalmente hay reparación.

En una sola sentencia hemos logrado confluir los tres aspectos que comprende un concepto complejo como es la justicia, los que son la verdad, la sanción penal, y la reparación”, sostuvo.

“Me parece extraordinario haber cerrado este capítulo, con esta sentencias que ha dictado el máximo tribunal”, puntualizó.

La más alta es para el otrora jefe operativo del organismo represivo,  mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, quien fue condenado a 18 años de  presidio. Otro de los condenados, a 13 años, es el prófugo oficial (r)  de Carabineros Iván Quiroz. El fallo sin embargo rechazó indemnizar a  los familiares del periodista y de otros tres profesionales asesinados  en 1986.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones confirmó este viernes, de  manera unánime, las condenas contra 14 ex agentes de la disuelta  Central Nacional de Inteligencia (CNI) por el asesinato del periodista  José Carrasco Tapia y otros tres profesionales, que se llevó a cabo  pocas horas después del fallido atentado contra el general (r) Augusto  Pinochet, ocurrido el 7 de septiembre de 1986.

El tribunal, integrado por los ministros Jorge Dahm, Víctor Montiglio  y el abogado integrante Jorge Lagos, confirmó de este modo el dictamen  que emitió el 29 de diciembre de 2006 el ministro en visita Haroldo  Brito también por los asesinatos del militante del MIR y artista  plástico Gastón Vidaurrázaga, y los militantes del Partido Comunista  (PC) Felipe Rivera Fajardo y el publicista Abraham Mufkatblit  Eidelstein.

La más alta condena, de 18 años y un día de prisión es contra el mayor  (r) del Ejército y ex jefe operativo de la CNI, y Alvaro Corbalán  Castilla, mientras que a trece años y un día están condenados el  capitan (r) del Ejército Jorge Vargas Bories y el mayor (r) de  Carabineros Iván Quiroz, quien permanece prófugo hace tres meses luego  que no se presentó a cumplir otra condena por su responsabilidad en el  caso conocido como Operación Albania.

En su calidad de coautores fueron condenados a ocho años y un día  Pedro Javier Guzmán Olivares, Gonzalo Fernando Mass del Valle, Kranz  Bauer, Jorge Enrique Jofré Rojas y Juan Alejandro Jonquera. En tanto,  cinco años y un día deberán pasar los ex agentes Víctor Hugo Lara  Cataldo, René Armando Valdovinos Morales, Víctor Manuel Muñoz  Orellana, Eduardo Martín Chávez Baeza, Guillermo Fascinetti López y  José Ramón Meneses Arcauz.

En tanto, el tribunal de alzada, también de manera unánime, rechazó  entregar una indemnización de $ 250 millones para cada una de las  madres, viudas e hijos de los profesionales, además de $ 75 millones  para cada uno de los hermanos.

Ocho cupos del Comando de Telecomunicaciones del Ejército en Peñalolén fueron destinados para igual número de ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que fueron procesados -como autores de secuestro calificado- por el ministro en visita Mario Carroza en el llamado caso de los cinco desaparecidos del 87.

La emblemática causa dice relación con las últimas desapariciones ejecutadas en dictadura que terminó con los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) secuestrados, muertos y arrojados al mar (amarrados a durmientes de líneas férreas) a manos de efectivos de organismos represor y del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE).

Los hechos sucedieron en el marco del secuestro del coronel Carlos Carreño Barrera. Según estableció el juez, entre el 9 y 10 de septiembre se detuvo sin orden judicial a Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, quienes eran miembros del FPMR y fueron elegidos desde los archivos institucionales para realizar un canje por el plagiado Carreño.

Durante esos días, según señala el procesamiento, se les retuvo en el Cuartel Borgoño, para luego ser eliminados una vez que el oficial apareció en Brasil. Tras ese episodio se inició un operativo para trasladar los cadáveres hasta el Fuerte de Peldehue, desde donde fueron transportados en helicópteros y arrojados a las costas de Quintay atados a durmientes de ferrocarril para evitar que emergieran.

En el dictamen se destaca que tras recopilar gran cantidad de pruebas es razonable pensar que "estos cuerpos corresponden a las personas secuestradas, los cuales al haber sido lanzados al mar no fueron identificados".

En la causa, se reconoce que individuos de distintas reparticiones fueron participes de una operación en la cual hubo "distintas etapas"  como la de la detención, reclusión, el interrogatorio en el intervalo previo a su muerte y el traslado de sus cadáveres a las profundidades del mar.

Los encargados a reo son Gonzalo Maas del Valle, Heraldo Velozo Gallegos, Sergio Mateluna Pino, Roberto Rodríguez Manquel, José Fuentes Cortez, Juan Alejandro Jorquera Abarzúa, Alejandro Astudillo Adonis y Patricio Leonidas González.

En conjunto con el procesamiento el ministro Carroza ordenó su ingreso al Comando de Telecomunicaciones del Ejército, donde deberán permanecer mientras dure la indagatoria.

También se disminuyó el castigo al ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Álvaro Corbalán y a los miembros del comando 11 de Septiembre, Jorge Vargas e Iván Quiroz.

Once ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) no irán a la cárcel.

Ayer la Corte Suprema resolvió que podrán cumplir en libertad vigilada las condenas que les impuso por su participación en los crueles asesinatos del periodista y editor de la revista Análisis José Carrasco Tapia, el técnico electrónico Felipe Rivera Gajardo, el profesor Gastón Vidaurrázaga Manríquez y el gerente de la editorial Cono Sur, Abraham Muskatblit Eidelstein.

Todos fueron ultimados entre el 8 y el 9 de septiembre de 1986 como venganza al frustrado atentado contra el dictador Augusto Pinochet.

El máximo tribunal acogió la atenuante de media prescripción, que otorga beneficios a quienes hayan sido detenidos después de la mitad del plazo que se espera para que una acción penal quede extinta.

De esta forma, los ministros rebajaron gradualmente las penas dictadas por el tribunal de alzada. Así el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, quedó condenado a 12 años de cárcel, obteniendo un descuento de seis años.

La misma suerte corrieron los miembros de la brigada 11 de Septiembre: Jorge Vargas Bories e Iván Quiroz Ruiz, a quienes se les bajó de 13 a siete años la condena.

Pero, sin duda, los que recibieron la mayor prerrogativa fueron los agentes operativos del organismo represor y quienes ejecutaron a los cuatro profesionales.

Se trata de Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Maas del Valle, Kranz Bauer Donoso, Jorge Jofré Rojas, Juan Jorquera Abarzúa, Víctor Lara Cataldo, René Valdovinos Morales, Víctor Muñoz Orellana, Eduardo Chávez Baeza, Carlos Alberto Fachinetti López y José Ramón Meneses Arcauz.

Los 11 agentes fueron condenados a 5 años, sin embargo, no estarán un sólo día tras las rejas, pues quedaron el libertad bajo la vigilancia de Gendarmería.

Sobre las reparaciones económicas a las familias, el fisco ya había acordado pagar $210 millones a los familiares de José Carrasco y la misma suma a los parientes de Gastón Vidaurrázaga, $270 millones a los de Abraham Muskablit y otros $90 millones a los de Felipe Rivera Gajardo.

El abogado querellante Nelson Caucoto llamó a mirar la resolución desde una perspectiva positiva, pues es un juicio en el cual se llegó a la verdad y hubo reparación.

"Nos queda pendiente el tema de la sanción penal, creemos que para crímenes horrorosos debe haber penas más sustantivas y mucho más elevadas", dijo.

Agregó que "nos estamos acostumbrando con muy poco" frente al escenario que vivieron las víctimas "en una noche en que la CNI y la policía se volvieron locas en este país".

Finalmente, dijo que esta causa quedará consagrada en la historia con una sentencia condenatoria, con una pena respetable para los jefes.

"Hay que destacar que los jefes están siendo más condenados que los subordinados, lo que me parece un criterio correcto", señaló Caucoto, quien definió este crimen como "uno de aquellos imperdonables".

Entre los imputados está el ex director de la Central Nacional de Informaciones, Álvaro Corbalán. Además, se estableció un millonario pago a los familiares de las víctimas.

El ministro en visita Mario Carroza Espinoza dictó sentencia de primera instancia en la investigación por los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ocurridos en septiembre de 1987.

El magistrado sentenció a 34 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones(CNI) por los secuestros de los cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y que son los últimos detenidos desaparecidos antes del 10 de marzo de 1990, cuando culminó la dictadura y volvió la democracia.

Dentro del grupo destaca el ex director de la CNI, Álvaro Corbalán, quien está recluido en el centro penitenciario de Punta Peuco por delitos de violaciones a los Derechos Humanos durante el régimen militar.

En el aspecto civil, se acogieron las demandas de indemnización  presentadas en contra del Fisco de Chile, determinando que se deben pagar en total la suma de $380.000.000a los familiares de las víctimas que se dividen en $ 50.000.000 para cada uno de los tres padres y un hijo demandantes y  $ 20.000.000 para cada uno de los 9 hermanos de las víctimas. 

En el detalle por acusado, el juez determinó lo siguiente:

1. Hugo Salas Wenzel.  15 años de presidio por su responsabilidad como autor de  los secuestros de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.

2. Álvaro Corbalán Castilla. 15 años de presidio por su responsabilidad como autor de  los secuestros de   Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.

3. Iván Quiroz Ruiz. 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de  los secuestros de   Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.

4. Gonzalo Maass del Valle. 10 años y un día por su responsabilidad como autor de  los secuestros de   Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.

5. Luis Sanhueza Ross. 5 años y un día por su responsabilidad como autor de los secuestros calificados de  Julian Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola.

6. Raúl  Durán  Martinez.  5 años y un día por su responsabilidad como autor del  secuestro de Julián  Peña Maltés. 

7. Luis Santibañez Aguilera. 5 años y un día por su responsabilidad como autor del  secuestro de Julián  Peña Maltés. 

8. Víctor Ruiz Godoy. 5 años y un día por su responsabilidad como autor del  secuestro de Julián  Peña Maltés. 

9. Juan Jorquera Abarzúa. 5 años y un día por su responsabilidad como autor del  secuestro de Julián  Peña Maltés. 

10. Hernán Vásquez Villegas. 5 años y un día por su responsabilidad como autor del  secuestro de Julián  Peña Maltés. 

11. Sergio Mateluna Pino. 5 años y un día por su responsabilidad como autor del  secuestro de Julián  Peña Maltés. 

12. José Fuentes Pastenes. 5 años y un día por su responsabilidad como autor del  secuestro de Julián  Peña Maltés. 

13. Juan Carlos Orellana Morales. 5 años y un día por su responsabilidad como autor del  secuestro de Julián  Peña Maltés. 

14. Roberto Rodríguez Manquel. 5 años y un día por su responsabilidad como autor del  secuestro de Julián  Peña Maltés. 

15. Alejandro Astudillo Adonis. 5 años y un día por su responsabilidad como autor del  secuestro de Julián  Peña Maltés. 

16. José Salas Fuentes. 5 años y un día por su responsabilidad como autor del  secuestro de Julián  Peña Maltés. 

17. Heraldo Velozo Gallegos. 5 años y un día por su responsabilidad como autor del  secuestro de Julián  Peña Maltés. 

18. Marco Antonio Pincheira Ubilla. 5 años y un día por su responsabilidad como autor del  secuestro de Julián  Peña Maltés. 

19. Jorge Ahumada Molina. 5 años y un día por su responsabilidad como autor del  secuestro de Julián  Peña Maltés. 

20. José Morales Morales. 5 años y un día por su responsabilidad como autor del  secuestro de Julián  Peña Maltés. 

21. Ema Ceballos Nuñez. 5 años y un día por su responsabilidad como autor del  secuestro de Julián  Peña Maltés. 

22. Patricio González Cortez. 5 años y un día por su responsabilidad como autor del  secuestro de Julián  Peña Maltés. 

23. César Acuña Luengo. 5 años y un día por su responsabilidad como autor del secuestro de   Alejandro Pinochet Arenas.

24. René  Valdovinos Morales.  5 años y un día por su responsabilidad como autor del secuestro de   Alejandro Pinochet Arenas.

25. Manuel Morales Acevedo. 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor del secuestro de. Alejando Pinochet Arenas. Se concedió beneficio de libertad vigilada.

26. Manuel Ramírez Montoya. 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor del secuestro de.   Julián Peña Maltés. Se concedió beneficio de libertad vigilada.

27. Aquiles Navarrete Izarnotegui.  3 años y un día por su responsabilidad como encubridor de los secuestros calificados de  Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola. Se concedió beneficio de libertad vigilada.

28. Fernando Rojas Tapia. 3 años y un día por su responsabilidad como encubridor de los secuestros calificados de  Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola. Se concedió beneficio de libertad vigilada.

29. Julio Cerda  Carrasco. 3 años y un día por su responsabilidad como encubridor de los secuestros calificados de  Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola. Se concedió beneficio de libertad vigilada.

30. Marco Antonio Bustos Carrasco 3 años y un día por su responsabilidad como encubridor de los secuestros calificados de  Juliàn Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola. Se concedió beneficio de libertad vigilada.

31. Hugo Prado Contreras 3 años y un día por su responsabilidad como encubridor de los secuestros calificados de  Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola. Se concedió beneficio de libertad vigilada.

32. Rodrigo Pérez Martínez. 541 días de presidio por su responsabilidad como  encubridor de los secuestros calificados de: Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola.  Se concedió el beneficio de la remisión condicional. 

33. Rodrigo Barría Roger. 541 días de presidio por su responsabilidad como  encubridor de los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola. Se concedió el beneficio de la remisión condicional

34. Víctor Campos Valladares. 541 días de presidio por su responsabilidad como  encubridor de los secuestros calificados de: Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola. Se concedió el beneficio de la remisión condicional

71.- Que Gonzalo Fernando Maass Del Valle, al prestar declaración indagatoria a fs. 1127 y 1811, manifiesta que siendo funcionario de la Policía de Investigaciones, con el grado de detective, a comienzos del año 1985, fue destinado en comisión institucional al Departamento de Informaciones de la Policía de Investigaciones donde permaneció menos de una semana para ser agregado posteriormente la Central Nacional de Informaciones del Cuartel Republica. En este lugar se le otorgo su identidad operativa bajo el nombre de Manuel Pérez y luego, el de Manuel Apablaza, siendo destinado a cumplir funciones al Cuartel Borgoño donde fue integrado a la Unidad o Brigada Verde, a cargo en esa época de un Mayor cuya identidad no recuerda y luego tomo el mando Pedro Guzmán Olivares a quien se le conocía como el Capitán Téllez. Esta Unidad estaba compuesta por treinta personas más o menos que estaba formada por siete u ocho equipos de tres funcionarios y además, los que estaban en la Plana Mayor que eran las personas que se dedicaban a lo administrativo. La gente que componía la Unidad era, la gran mayoría, funcionarios de Ejército, otros de Carabineros y empleados civiles. La misión como Unidad estaba destinada a investigar todo lo relativo a actividades subversivas desplegadas por grupos del Partido Comunista y Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La Unidad Verde, según recuerda, estaba compuesta por el Capitán Téllez Pedro Guzmán-, Teniente Sanhueza "El Huiro", detective Morales, los funcionarios de Ejército Femando Burgos "El Costilla", "El choco", René Valdovinos "El Catanga", Pablo Godoy, Carlos Pino Soto "El Viejo Horacio"-, entre otros; los funcionarios con quienes formó equipo eran los siguientes: "El Catanga", "El Mono Akito", "El piscola" , Víctor Lara "Cataldo", un empleado civil de nombre operativo John Ramirez de apellido Charrier, entre otros que en este momentos no recuerda. La misión era cumplir e investigar los memorándum de trabajo -MT- que llegaban por intermedio de la jefatura, esto es, de la Plana Mayor de don Álvaro Corbalán y de ahí se distribuían a las diversas Brigadas o Unidades. Estos MT se relacionaban con denuncias respecto de presuntos tráficos de armas, reuniones clandestinas y constatar identidades para establecer los vínculos que mantenían con terceros. Estas informaciones eran recabadas de fuentes abiertas y de informantes particulares, para luego, elaborar un informe para ser entregado a la Plana Mayor y de allí al Jefe de la Unidad y los escalones superiores que correspondieran para su resolución final. A fs. 1811 agrega que efectivamente, a la época de los hechos era jefe de equipo en la Brigada Verde cuyo jefe era el Capitán BAUER.