Luco Astroza Carlos

Los condenados son el ex miembro de la DINA, Pedro Espinoza, el militar Daniel Aguirre Mora, el integrante de la PDI Carlos Luco Astroz y el ex intendente, ya fallecido, Hernán Ramírez Ramírez.

El Tribunal Supremo de Italia confirmó las condenas de cadenas perpetuas para 14 militares y jerarcas chilenos y uruguayos involucrados en la Operación Cóndor, específicamente acusados de la muerte de ciudadanos italianos.

Los chilenos condenados son el ex miembro de la DINA, Pedro Espinoza, el militar Daniel Aguirre Mora, el integrante de la PDI Carlos Luco Astroz y el ex intendente, ya fallecido, Hernán Ramírez Ramírez.

El Tribunal italiano revalidó así la sentencia de julio de 2019 dada por el Tribunal de Apelación de Roma, en segundo grado, contra 24 criminales de derechos humanos.

La investigación tomó más de 20 años, pues fue abierta en 1998, y tienen un alto valor ya que deben ser cumplidas en contumacia.

Respecto de esta confirmación de justicia, el abogado de derechos humanos, Cristian Cruz, señaló que se está actuando en función de lo que significaron los crímenes.

“Son condenas acordes a la gravedad del delito, a la manera de operar que tuvieron los estados a través de los servicios de inteligencia y fuerzas armadas, donde hubo una comunidad para cometer delitos no solo dentro de cada uno de los territorios, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, sino que ha quedado claro que en general los servicios de inteligencia, las dictaduras operaron incluso fuera no de sus propias fronteras, fuera de las fronteras que formaron la comunidad del Cóndor. Uno de los casos es el caso Letelier o lo que ocurrió con Bernardo Leighton en Italia”.

“Lo que ha hecho la justicia Italia es reconocer la responsabilidad de los agentes en todo este entramado del mal que llevaron adelante los gobiernos y agentes”, agregó.

La decisión del Tribunal Supremo se suma a una ya conocida la semana pasada, en que se ratificó la condena del coronel Rafael Ahumada Valderrama, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el brigadier Manuel Vásquez Chauan.

“Me detengo en Rafael Ahumada Valderrama por cuanto él ha sido condenado en Chile por la desaparición forzada de 2 ciudadanos uruguayos y uno brasileño en septiembre de 1973, es decir, previo a lo que se ha denominado la Operación Cóndor al menos uno de estos agentes ya había actuado en contra de ciudadanos de otros países”, expresó sobre estas condenas el abogado Cristian Cruz.

Por otra parte, respecto de la importancia internacional que tiene este fallo y cómo debe ser simbólico en Chile, el abogado manifestó que “la óptica correcta hoy es demostrar que estos delitos son perseguibles internacionalmente, que generan un repudio internacional. Prueba de ellos es que tribunales de otros países han investigado y han resuelto respecto de hechos cometidos en Chile, o en el Cono Sur”.

“También es relevante la cuantía de las penas. Aquí en Chile no hay penas tan elevadas usualmente, no obstante ciertamente que nuestros tribunales en general sí están investigando. Creo que sí están cambiando de criterio respecto de la media prescripción, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya dio su parecer , que no correspondía aplicarla”, complementó.

Por otra parte, Cruz destacó que este tipo de condenas dejan en evidencia la perseverancia que han tenido los familiares y organismos de derechos humanos en buscar justicia a pesar del tiempo y en distintos lugares.

Una delegación italiana compuesta por un abogado y representantes de las víctimas, arribó a Chile, con el fin de buscar la extradición de los exmilitares condenados por violaciones a los Derechos Humanos, en el marco de la Operación Cóndor, durante la dictadura de Pinochet. Dos de ellos siguen en libertad.

Este viernes arribó a Chile una delegación italiana, compuesta por un abogado y representantes de las víctimas de la Operación Cóndor, que buscan la extradición de los exmilitares chilenos condenados por violaciones a los Derechos Humanos en este caso.

Esto, luego que tras más de 20 años de investigaciones y procesos judiciales, la Corte Suprema del país europeo concluyera en el año 2021 el denominado “Proceso Cóndor”, que fue iniciado en 1998, tras la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres.

El litigio italiano por la Operación Cóndor condenó a cadena perpetua a 24 militares y represores latinoamericanos implicados, seis de ellos, de nacionalidad chilena.

Además de buscar los métodos para la extradición, la delegación italiana tomará contacto con las partes civiles y testigos del juicio que se llevó a cabo en Roma y, conocer los lugares donde ocurrieron los hechos. Junto con ello, tendrán diversos encuentros con los familiares de las víctimas, así como con testigos del juicio en Roma, y con autoridades parlamentarias y de gobierno.

Los hechos

Los militares condenados por el juicio son acusados de torturar, hacer desaparecer y asesinar, en los años 70, a 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano: seis argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, cuatro chilenos secuestrados en Chile, y trece uruguayos secuestrados en Argentina.

A éstos, se agregan otros 20 uruguayos secuestrados en Argentina, pero cuya desaparición es atribuida a uno sólo de los imputados, el ítalo-uruguayo Jorge Néstor Troccoli, que fue miembro del servicio de inteligencia de la armada uruguaya.

Los chilenos condenados, todos ellos a cadena perpetua, son Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía de Investigaciones; Carlos Luco Astroza, funcionario de la PDI (ambos en libertad actualmente); el exsuboficial Orlando Moreno Vásquez; el excoronel Rafael Ahumada Valderrama; y los exbrigadieres y miembros de la DINA Pedro Espinoza Bravo y Manuel Vásquez Chahuán.

Todos fueron condenados por la desaparición, torturas y muerte de sus víctimas en el marco de la Operación Cóndor. Hasta el momento solo se ha pedido la extradición de los tres primeros, mientras que las de Ahumada, Espinoza y Vásquez se encuentran en proceso.

La delegación está compuesta por Arturo Salerni, abogado defensor de familiares de víctimas de la Operación Cóndor; Jorge Ithurburu, apoderado de varias de las partes civiles en el juicio, quién además acompañó y asistió a las familias de los desaparecidos chilenos desde sus primeras denuncias en 1999 hasta las sentencias de 2019 y 2021; y Sofía Ithurburu, oficial de medios de 24marzo.it, organización no gubernamental que durante estos años impulsó la acción y apoyó a familiares y abogados en el proceso.

Las víctimas del proceso

Juan José Montiglio Murúa: 24 años, PS, Jefe de unidad del GAP, fue detenido en el Palacio de la Moneda el día del golpe de Estado, llevado al Regimiento Tacna y asesinado en Peldehue el 13/09/1973. Permanece hasta hoy en calidad de detenido desaparecido. Por su caso se condenó al ex coronel Rafael Ahumada Valderrama, cuya extradición fue solicitada y está pendiente de resolución.

Omar Roberto Venturelli Leonelli: 31 años, ex sacerdote, militante del MIR, profesor del Departamento de Educación la Universidad Católica, Sede Temuco. Fue detenido en Temuco el 25 de septiembre de 1973 cuando se presentó voluntariamente, tras ser llamado por radio. Llevado al Regimiento Tucapel y luego a la cárcel de Temuco. La familia señaló que se les informó que el 4 de octubre habría sido dejado en libertad; desde esa fecha lo buscaron sin resultado. Por su caso fueron condenados los ex integrantes de la PDI Daniel Aguirre Mora y Carlos Luco Astroza, y el ex suboficial Orlando Moreno.

Juan Bosco Maino Canales: 27 años, MAPU, estudiante. Fue detenido el 26 de mayo de 1976 junto a otros dos militantes del MAPU, el matrimonio formado por Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, en el departamento de la pareja. Todos fueron llevados a Villa Grimaldi, desde donde se les pierde el rostro. Por su caso fue condenado a cadena perpetua el brigadier Pedro Espinoza Bravo.

Jaime Patricio Donato Avendaño: 41 años, miembro del Comité central del Partido Comunista, mecánico electricista, fue detenido el 05/05/1976 junto a otros cuatro dirigentes del PC, en una «ratonera» montada por agentes de la DINA en el inmueble ubicado en calle Conferencia N° 1587. Por su caso fue condenado a cadena perpetua el brigadier Pedro Espinoza Bravo.