Lorca González Santiago

A fines de enero se realizará la Regata Bicentenario 2010, travesía convocada por las armadas de Chile y Argentina en que participarán 13 países de Europa y América. El presidente del comité organizador, teniente (R) Santiago Lorca González, no ha podido concentrarse exclusivamente en esa labor.

Lorca, ingeniero electrónico y empresario, debió declarar ante la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, por una querella por torturas presentada por ex marinos que se opusieron al golpe de Estado de 1973. Sus antiguos compañeros de armas le imputan haberlos sacado la noche del 7 de agosto de 1973 desde el crucero Prat bajo el engaño de una “comisión de servicio” y entregarlos a un pelotón de infantes de marina en el Fuerte Borgoño en Talcahuano, donde fueron golpeados y torturados durante varios días. Fueron culpados de urdir un plan para apoderarse de los barcos de la escuadra con el fin de oponerse al golpe militar que se venía gestando al interior de la Marina.

El acusado reconoció ante la jueza haber sacado desde el Prat a “dos o tres marinos llevándolos al Fuerte Borgoño, misión que cumplí en dos o tres oportunidades esa misma noche”. Además, declaró que él tenía la tuición sobre esos marineros de especialidad electrónica en la nave, “porque yo era el jefe de la división de los marineros electrónicos”.

Uno de los ex marinos, Víctor López Zambrano, quien actualmente preside la Coordinadora del Personal Exonerado de la Armada, dijo a LND que “a mí el entonces teniente Santiago Lorca González me secuestró desde el crucero Prat, porque me sacó a las doce de la noche bajo el engaño de una comisión de servicio para supuestamente retirar unos equipos electrónicos. Pero eso era falso, porque me llevó al Fuerte Borgoño, donde fui brutalmente torturado. Él estaba presente mientras me interrogaban. El Prat se encontraba en Talcahuano desde hacía varios días (en agosto de 1973) para reparaciones”.

Lo mismo sucedió con los marinos de la misma especialidad Antonio Ruiz Uribe y Carlos García Herrera, a quienes Lorca también detuvo a bordo del Prat y los condujo al Borgoño.

Los tres ex marinos formaron luego parte del llamado proceso de la escuadra, acusados del intento de apoderarse de los buques para tratar de resistir el golpe de Estado, en un plan ideado, según la Armada, por los secretarios generales del MIR, Miguel Enríquez; del PS, Carlos Altamirano, y del MAPU, Óscar Guillermo Carretón, lo que finalmente se demostró que era falso.

La suerte procesal de Santiago Lorca es aún incierta, dado que la magistrada está todavía en la etapa investigativa de esta querella interpuesta por los ex marinos.

“Un personaje así no puede estar asumiendo esta representación a nivel internacional ni menos estar representando a Chile en este evento”, dijo Víctor López.

De acuerdo a la declaración procesal de Santiago Lorca, dada en calidad de inculpado y no como simple testigo el 14 de octubre pasado, él sólo habría entregado a los tres marinos “en la guardia del Fuerte Borgoño”, pero en otra parte de ella reconoce que estuvo presente en los interrogatorios, al menos de uno de ellos, sin mencionar de quién se trataba.

“Me hicieron pasar a una oficina donde había alrededor de siete personas, y al preguntarle a uno de ellos, que en esos momentos era interrogado por un comandante, me dijo que ellos pensaban tomarse los buques a la fuerza. Ellos se veían en buenas condiciones físicas, sin demostraciones de haber sido golpeados”, declaró Lorca a la jueza.

Sin embargo, Víctor López expresó que “eso es falso, porque yo y los otros ya habíamos sido duramente golpeados y torturados, y Lorca estaba ahí presente y vio el estado en que yo estaba en ese momento, en esa sala, donde además estaba el comandante Luis Köller, que era el segundo comandante del Fuerte Borgoño, quien me torturó”.

La versión de Lorca

LND conversó con Santiago Lorca, quien reconoció que “soy el presidente del comité organizador de la regata completa de Sudamérica y un almirante chileno en servicio activo (José Miguel Romero) preside el comité de la regata específicamente con Chile”, dijo.

Acerca de su declaración procesal ante la jueza Quezada y las acusaciones que le formulan en esta querella, Lorca manifestó “eso es algo que está en manos de los tribunales de justicia. Se trata de algo que pasó antes de septiembre de 1973 y esos marinos fueron juzgados y condenados. Hubo un proceso”.

Sobre los cargos que se le formulan de detener gente bajo engaño y entregarlos a la tortura, Lorca expresó que “cualquiera puede dar una opinión respecto de lo que realizo, sólo digo que eso está en manos de los tribunales. Si me imputan cargos, esos cargos deben ser resueltos por los tribunales”.

En sus descargos, Lorca dijo a LND que, si bien admite que detuvo a esos marinos a bordo del crucero Prat “eso lo hice porque me dieron una orden superior, no fue una decisión mía. Era solamente un teniente en 1973”.

Agregó que se siente frustrado porque alguien quiera opacar esta iniciativa de la regata internacional. “Son los mismos que armaron hace poco un cuento en el molo de abrigo en Valparaíso y por eso no se pudo hacer ese acto a bordo de la Esmeralda. La Esmeralda es un buque y no se puede descalificar un buque por lo que pudo ocurrir a bordo de él. Esto de la regata es algo muy lindo y no se le puede estar destruyendo con estas cosas”, sostiene.

Los marinos que lo acusan dicen conocer a Lorca muy bien, pues estuvieron con él en 1971 y 1972 en la escuela de electrónica de la Armada en Viña del Mar. “Él, como oficial, era el jefe de nuestro curso en cuanto al mando, por lo tanto es imposible que me confunda. Más aún: sabemos que él nos delató en 1973 porque nosotros nos oponíamos al golpe de Estado que se venía gestando abiertamente en la Marina. Él era uno de quienes lo apoyaban”, afirmó Víctor López

Armada apoya a cuestionado asesor de regata Bicentenaria

Según la Agrupación de Marinos Constitucionalistas, el cuestionado ex teniente fue procesado y condenado por otro delito antes de las torturas a los tripulantes, aunque no se entregaron más detalles. Agregó que al tener una sanción judicial no cuenta con una irreprochable conducta, por lo que es impresentable que la marina lo tenga como asesor del evento internacional.

La Armada afirmó este sábado que no se desligará de la asesoría que el ex teniente y empresario Santiago Lorca González, vinculado a violaciones de derechos humanos, presta a la institución en la organización de la regata Bicentenaria 2010.

González colabora con el contra almirante José Miguel Romero, quien preside el comité organizador de la Regata Bicentenario 2010, evento desarrollado por la Marina de Chile y Argentina, en la que participarán 13 países de Europa y América.

El empresario está en calidad de imputado por la jueza de Valparaíso Eliana Quezada, en un juicio por torturas en contra de marineros arrestados a bordo del crucero “Prat” a principios de agosto de 1973 por oponerse al golpe de Estado que oficiales de la Armada pregonaban entre la tropa.

Consultado a comienzos de enero por Efe, González dijo: “Yo soy el presidente internacional del comité organizador de la Regata completa de Sudamérica, y un almirante chileno en servicio activo (José Miguel Romero) es quien preside el Comité de la Regata específicamente para Chile”.

Respecto de las acusaciones de torturas, dijo que “es algo que está en manos de los tribunales de justicia”.

“Se trata de algo que pasó antes de septiembre de 1973 y esos marinos fueron juzgados y condenados, hubo un proceso”, indicó.

Denuncias de la Agrupación de Marinos Constitucionalistas de Chile, que se opusieron al golpe militar en agosto de 1973, y de organismos de derechos humanos de Argentina y Uruguay, advirtieron sobre la presencia de Lorca en el Comité Organizador de la Armada.

El jefe de Comunicaciones de la Armada, capitán de fragata Rodolfo Besoain, dijo a Efe que “el señor González es un colaborador y asesor externo del Comité Organizador de la Regata Bicentenario Velas Sudamérica 2010 Chile”.

El Comité Organizador de la Regata es un ente de la Marina de Chile encargado de la organización de la Regata, añadió el oficial.

“Dada la experiencia que él tiene de muchos años en la especialidad de la vela, el señor Lorca asesora al presidente de ese Comité Organizador, que es el contraalmirante José Miguel Romero. Él no recibe ni un peso de la Armada porque su cargo es ad honorem”, subrayó.

Al ser consultado Besoain sobre por qué la Marina cuenta con la asesoría de González cuando, si bien no está procesado, está en calidad de imputado en un proceso por torturas, respondió que “para la Armada esta es una asesoría de carácter profesional”.

“No involucra nada más que el buen consejo y los contactos de este señor para producir esta regata”, dijo Besoain, quien agregó: “La Armada es muy respetuosa de los aspectos judiciales, pero entendemos que a él en definitiva no se le ha demostrado nada de lo que se le acusa”.

Marinos Constitucionalistas

Sin embargo, el presidente de la Agrupación de Marinos Constitucionalistas, Víctor López, uno de los acusadores de González, dijo a Efe que el ex teniente fue procesado y condenado por otro delito antes de las torturas a los marineros, aunque no dio más detalles.

“Lo importante es que él ya tiene una condena y por lo tanto no cuenta con una irreprochable conducta”, expresó.

“La situación del señor Lorca es impresentable para que la Armada chilena siga teniéndolo como asesor de este evento internacional”, agregó López.

El pasado 2 de diciembre la Armada de Chile suspendió el acto de presentación de la Regata Bicentenario 2010 tras el arresto de varios oficiales retirados que han sido procesados por torturas cometidas en 1973.

La ceremonia, encabezada por el ministro de Defensa, Francisco Vidal y a la que estaban invitados los embajadores de los trece países participantes en la regata, se iba a celebrar en el buque escuela “Esmeralda”, donde se practicaron las torturas de las que se acusa a los detenidos.

Horas antes de ese acto, en el puerto de Valparaíso, la jueza Eliana Quezada notificó el procesamiento a los imputados, que fueron detenidos. Entre ellos figuran dos vicealmirantes retirados, un capitán de navío y siete suboficiales de la Armada, además de un ex coronel y un ex suboficial de Carabineros.

Las torturas a detenidos políticos a bordo del buque escuela “Esmeralda” ocurrieron días después del golpe militar que encabezó Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

ARMADA APOYA A TORTURADOR COMO ASESOR DE LA REGATA BICENTENARIO

Según la Agrupación de Marinos Constitucionalistas, el cuestionado ex teniente y empresario Santiago Lorca González fue procesado y condenado por otro delito antes de las torturas a los tripulantes, aunque no se entregaron más detalles. Agregó que al tener una sanción judicial no cuenta con una irreprochable conducta, por lo que es impresentable que la Marina lo tenga como asesor del evento internacional.

La Armada afirmó ayer sábado que no se desligará de la asesoría que el ex teniente, vinculado a violaciones de derechos humanos, presta a la institución en la organización de la regata Bicentenaria 2010.
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González colabora con el contraalmirante José Miguel Romero, quien preside el comité organizador de la Regata Bicentenario 2010, evento desarrollado por la Marina de Chile y Argentina, en la que participarán 13 países de Europa y América.

El empresario está en calidad de imputado por la jueza de Valparaíso Eliana Quezada, en un juicio por torturas en contra de marineros arrestados a bordo del crucero “Prat” a principios de agosto de 1973 por oponerse al golpe de Estado que oficiales de la Armada pregonaban entre la tropa.

Consultado a comienzos de enero por Efe, González dijo: “Yo soy el presidente internacional del comité organizador de la Regata completa de Sudamérica, y un almirante chileno en servicio activo (José Miguel Romero) es quien preside el Comité de la Regata específicamente para Chile”.

Víctor López, presidente de la Asociación de Marinos Exonerados, rechazó las declaraciones de Carolina Echeverría, quien es cuestionada por organismos de derechos humanos.

SANTIAGO.- La entrevista que dio ayer Carolina Echeverría (PPD), la nueva subsecretaria de las Fuerzas Armadas designada por la Presidenta electa, Michelle Bachelet, agudizó los cuestionamientos en su contra por parte de organismos de derechos humanos, los que exigen su renuncia, entre otras razones, porque su padre es sindicado como torturador.

Así lo manifestó este jueves el presidente de la Asociación de Marinos Exonerados en 1973, Víctor López, quien desmintió que las gestiones realizadas por Echeverría durante el anterior gobierno de Bachelet -en el que ocupó el cargo de subsecretaria de Marina- buscaran otorgarles beneficios previsionales, como aseguró ayer a "La Segunda".

El ex marino, secuestrado y torturado en las semanas previas al 11 de septiembre de 1973, dijo a radio Cooperativa que en 2010 Echeverría le pidió directamente retirar las querellas contra los responsables de estos delitos por razones políticas.

"Leí entrevista de Carolina Echeverría y la verdad es que me deja con un sabor a disgusto. (En 2010) Ella tenía una actitud absolutamente contraria a lo que dice hoy. Ella estaba buscando que los responsables de nuestras torturas, a quienes nosotros estábamos querellando, quedaran impunes. Eso hoy, a la luz de todo lo que hemos conocido, me parece que es una abierta obstrucción a la Justicia y no tiene nada que ver con lo que plantea hoy día, que sí tiene confianza y sí cree en la Justicia", dijo López.

El ex marino recordó que los integrantes de su agrupación, por haber perdido su trabajo semanas antes del Golpe, no tenían derecho a ser calificados como exonerados políticos. Para corregir esa situación trabajaron en un proyecto de ley con la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, que al asumir la Presidencia lo dejó en manos de Echeverría.

"Este proyecto, esta señora (Echeverría) lo hizo desaparecer. Nunca se pudo avanzar y nunca supimos que pasó con él", recuerda López, quien continuó trabajando paralelamente con el comandante en jefe de la Marina y almirantes de la época para lograr un acuerdo, lo que -según dice- también fue trabado por la hoy nominada subsecretaria de Bachelet.

"Nunca tuvo disposición a ayudar a la organización, (cuyos integrantes) habían sido violentados en su calidad de funcionarios públicos, que fuimos detenidos, torturados y expulsados de la institución, pasamos 3 años presos…. Y cuando lograos un acuerdo con la Armada y el alto mando, en forma directa (…) me llama esta señora, que hace 1 año no teníamos contacto, y me dice: 'Sabe que nosotros le vamos  a dar el apoyo como gobierno, pero tiene que desistir de las querellas'", acusó.

López agregó que "entonces es un tema que me pareció inapropiado, porque habíamos conversado seis mese con la Marina y nunca la Armada me había puesto como condición que yo retirara la querella contra los torturadores. Entonces que apareciera una personero de gobierno…".

Finalmente, el presidente de la Asociación de Marinos Exonerados señaló que cree Echeverría actuó de esa forma por razones políticas.

"Ella tenía determinados compromisos con determinados personeros de la Armada que sí estaban comprometidos en violaciones a derechos humanos. En el año 2010, a principios del 2010, se estaba preparando en el gobierno de Bachelet el programa del Bicentenario. Y allí uno de los temas importantes era la regata del Bicentenario. Y de la noche a la mañana, después de haberme presionado para que yo retirara las querellas, aparece don Santiago Lorca González como coordinador internacional de la regata Bicentenario, y ese hombre es el que a mí me secuestró del Crucero Prat en 1973 y me entregó al fuerte de Infantería Borgoño, donde me torturaron y él estuvo presente en los interrogatorios. Entonces me parece una bofetada que primero me pide que retire las querellas y luego que aparezca este mismo señor como el coordinador de la regata. ¿Por qué lado está esta señora? ¿Por el lado de las víctimas o victimarios", dijo López.

Víctor López, presidente de la Asociación de Marinos Exonerados, rechazó las declaraciones de Carolina Echeverría, quien es cuestionada por organismos de derechos humanos.

La entrevista que dio ayer Carolina Echeverría (PPD), la nueva subsecretaria de las Fuerzas Armadas designada por la Presidenta electa, Michelle Bachelet, agudizó los cuestionamientos en su contra por parte de organismos de derechos humanos, los que exigen su renuncia, entre otras razones, porque su padre es sindicado como torturador.

Así lo manifestó este jueves el presidente de la Asociación de Marinos Exonerados en 1973, Víctor López, quien desmintió que las gestiones realizadas por Echeverría durante el anterior gobierno de Bachelet -en el que ocupó el cargo de subsecretaria de Marina- buscaran otorgarles beneficios previsionales, como aseguró ayer a "La Segunda". El ex marino, secuestrado y torturado en las semanas previas al 11 de septiembre de 1973, dijo a radio Cooperativa que en 2010 Echeverría le pidió directamente retirar las querellas contra los responsables de estos delitos por razones políticas.

"Leí entrevista de Carolina Echeverría y la verdad es que me deja con un sabor a disgusto. (En 2010) Ella tenía una actitud absolutamente contraria a lo que dice hoy. Ella estaba buscando que los responsables de nuestras torturas, a quienes nosotros estábamos querellando, quedaran impunes. Eso hoy, a la luz de todo lo que hemos conocido, me parece que es una abierta obstrucción a la Justicia y no tiene nada que ver con lo que plantea hoy día, que sí tiene confianza y sí cree en la Justicia", dijo López.

El ex marino recordó que los integrantes de su agrupación, por haber perdido su trabajo semanas antes del Golpe, no tenían derecho a ser calificados como exonerados políticos. Para corregir esa situación trabajaron en un proyecto de ley con la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, que al asumir la Presidencia lo dejó en manos de Echeverría.

"Este proyecto, esta señora (Echeverría) lo hizo desaparecer. Nunca se pudo avanzar y nunca supimos que pasó con él", recuerda López, quien continuó trabajando paralelamente con el comandante en jefe de la Marina y almirantes de la época para lograr un acuerdo, lo que -según dice- también fue trabado por la hoy nominada subsecretaria de Bachelet. "Nunca tuvo disposición a ayudar a la organización, (cuyos integrantes) habían sido violentados en su calidad de funcionarios públicos, que fuimos detenidos, torturados y expulsados de la institución, pasamos 3 años presos…. Y cuando lograos un acuerdo con la Armada y el alto mando, en forma directa (…) me llama esta señora, que hace 1 año no teníamos contacto, y me dice:

'Sabe que nosotros le vamos  a dar el apoyo como gobierno, pero tiene que desistir de las querellas'", acusó. López agregóque "entonces es un tema que me pareció inapropiado, porque habíamos conversado seis mese con la Marina y nunca la Armada me había puesto como condición que yo retirara la querella contra los torturadores. Entonces que apareciera una personero de gobierno…". Finalmente, el presidente de la Asociación de Marinos Exonerados señaló que cree Echeverría actuó de esa forma por razones políticas.

"Ella tenía determinados compromisos con determinados personeros de la Armada que sí estaban comprometidos en violaciones a derechos humanos. En el año 2010, a principios del 2010, se estaba preparando en el gobierno de Bachelet el programa del Bicentenario. Y allí uno de los temas importantes era la regata del Bicentenario.

Y de la noche a la mañana, después de haberme presionado para que yo retirara las querellas, aparece don Santiago Lorca González como coordinador internacional de la regata Bicentenario, y ese hombre es el que a mí me secuestró del Crucero Prat en 1973 y me entregó al fuerte de Infantería Borgoño, donde me torturaron y él estuvo presente en los interrogatorios. Entonces me parece una bofetada que primero me pide que retire las querellas y luego que aparezca este mismo señor como el coordinador de la regata. ¿Por qué lado está esta señora? ¿Por el lado de las víctimas o victimarios", dijo López.

Carmen Hertz también exige renuncia de Echeverría La emblemática abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz, consideró "un agravio" que la nueva subsecretaria de las Fuerzas Armadas para defender a su padre, el coronel Víctor Echeverría Henríquez -acusado de torturas y violaciones-, señalara que éste "no ha sido sujeto de ninguna condena judicial".

"Es muy desafortunada la intervención de la subsecretaria Echeverría. Es agraviante que ella cuestione la calidad de las víctimas con la explicación de que cree en la Justicia y que si no hay condena eso es suficiente", dijo a "The Clinic". "La justicia de la que habla favoreció por casi cuarenta años la impunidad, y por ello en sus palabras hay una profunda ignorancia de lo que es este país. ¿Acaso no conoce cuál fue el rol del poder judicial durante el exterminio y hasta bien avanzada la transición? Sería bueno que Echeverría se enterara de que sólo desde hace dos años la justicia está considerando la tortura como lo que es: un crimen de lesa humanidad. Antes no se aceptaban las denuncias ni siquiera a tramitación", agregó.

En esa línea, la abogada señaló que "las declaraciones de Echeverría son un agravio y debería renuncia de forma indeclinable, porque si ella considera que es exculpatorio no tener una condena judicial, podría deducirse que está cuestionando el informe Valech que no se basa en sentencias, sino en testimonios de las víctimas".

Los represores

En la Carta al pueblo y al Presidente redactada en 1973, durante los últimos días de la democracia, los marinos detenidos difundieron los nombres de nueve torturadores, denunciando también la complicidad del fiscal Jiménez:

«En Talcahuano, nos interrogaron sin venda y estuvieron a cargo en forma de hecho, los señores Kohler, el capitán Bunster, los tenientes Jaeger, Letelier, Luna, Alarcón, Tapia, Maldonado y Letich. Nos hacían hablar en grabadoras lo que ellos querían pegándonos culatazos por todos lados y nos decían: ‘Tienen que hablar lo mismo donde el fiscal’. Y el fiscal nos preguntaba ‘Se siente mal, si les han hecho algo, díganme'».

El semanario Chile Hoy, acusa  a los tenientes: Jaeger, Letelier, Luna, Alarcón, Tapia, Maldonado y al subteniente Boetsch, de la Infantería de Marina. Chile Hoy 63, 24-8-73.

El 2 de septiembre de 1973 – como hemos visto – el comandante en jefe de la Armada, almirante Montero, ordena a la Fiscalía naval para que inicie los sumarios contra los torturadores y encarga al abogado de la Intendencia de Valparaíso, Luis Vega, de reunir los antecedentes para que el Gobierno se constituya como parte. Vega, 1983,246.

Los familiares de los detenidos piden al abogado que presente una denuncia por torturas y le comunican el nombre de los torturadores: «capitanes Gajardo, Acuña y Kooller ⌈Kohler⌉; tenientes Luna, Alarcón, Letelier, Tapia, Maldonado, Boetsch, Jaeger y otros». «Comprendí entonces la urgencia de presentar una denuncia», afirma Vega.                    Vega, 1983, 215.

Por su parte, varios marinos interponen recursos contra las declaraciones arrancadas con torturas.

Sin embargo, hasta hoy, los torturadores de los marinos nunca han debido responder ante ningún tribunal y gozan de una total impunidad.

El jefe del grupo que tortura en Talcahuano – o al menos uno de ellos -, es el entonces capitán de corbeta de Infantería de Marina Luis Kohler Herrera. Es el primer torturador mencionado en la carta de los marinos al Presidente de la República; su nombre y su imagen vestido con traje de camuflaje, quedó grabado en la memoria de muchas de sus víctimas.

Después del golpe de Estado, el capitán Kohler, y los tenientes Cáceres y Alarcón, figuran entre los oficiales que estuvieron a cargo del estadio Francisca Acosta en Talcahuano, un centro de reclusión y tortura, donde los detenidos eran mantenidos incomunicados en condiciones inhumanas. www.memoriaviva.com.

El año 2000, Luis Kohler es presidente del Cuerpo de oficiales superiores en retiro de las Fuerzas Armadas en la Quinta Región. www.capredena.cl/pub/oirs/circulos.htm#5,pc 4-5-07.

El capitán de corbeta René Gajardo Alarcón, es descrito por la revista Chile Hoy como el jefe del Servicio de Inteligencia de la II zona naval y relacionado con el Bofe, es decir los grupos que efectúan atentados terroristas. Chile Hoy 65,7-9-73 in Las Fuerzas Armadas y…,234. Había dirigido arrestos y allanamientos en Talcahuano y Concepción. Chile Hoy 63, 24-8-73.

El abogado Luis vega lo identifica como uno de los oficiales que fue sometido a sumario por torturas. Se trata probablemente del capitán Gajardo que impidió el ingreso de los abogados a la base de Talcahuano para ocultar a los marinos torturados.

El teniente Santiago Lorca, de la división de electrónica del crucero Prat, mencionado por García y López. Va a cerciorarse del avance de los interrogatorios (con tortura) en el fuerte Borgoño.

El teniente Pedro Augusto Benavides Manzoni, secretario de la Fiscalía naval, participa en la represión a los marinos antigolpistas desde los primeros días. El martes 6 de agosto de 1973, cuando el fiscal Bilbao interroga a los detenidos en la Academia de Guerra, el teniente Benavides se pasea, desenfunda su pistola y los apunta a la cabeza  Ibarra, 2003.

Según la Agrupación de Marinos Constitucionalistas, el cuestionado ex teniente fue procesado y condenado por otro delito antes de las torturas a los tripulantes, aunque no se entregaron más detalles. Agregó que al tener una sanción judicial no cuenta con una irreprochable conducta, por lo que es impresentable que la marina lo tenga como asesor del evento internacional

La Armada afirmó este sábado que no se desligará de la asesoría que el ex teniente y empresario Santiago Lorca González, vinculado a violaciones de derechos humanos, presta a la institución en la organización de la regata Bicentenaria 2010.

González colabora con el contraalmirante José Miguel Romero, quien preside el comité organizador de la Regata Bicentenario 2010, evento desarrollado por la Marina de Chile y Argentina, en la que participarán 13 países de Europa y América.

El empresario está en calidad de imputado por la jueza de Valparaíso Eliana Quezada, en un juicio por torturas en contra de marineros arrestados a bordo del crucero "Prat" a principios de agosto de 1973 por oponerse al golpe de Estado que oficiales de la Armada pregonaban entre la tropa.

Consultado a comienzos de enero por Efe, González dijo: "Yo soy el presidente internacional del comité organizador de la Regata completa de Sudamérica, y un almirante chileno en servicio activo (José Miguel Romero) es quien preside el Comité de la Regata específicamente para Chile".

Respecto de las acusaciones de torturas, dijo que "es algo que está en manos de los tribunales de justicia".

"Se trata de algo que pasó antes de septiembre de 1973 y esos marinos fueron juzgados y condenados, hubo un proceso", indicó.

Denuncias de la Agrupación de Marinos Constitucionalistas de Chile, que se opusieron al golpe militar en agosto de 1973, y de organismos de derechos humanos de Argentina y Uruguay, advirtieron sobre la presencia de Lorca en el Comité Organizador de la Armada.

El jefe de Comunicaciones de la Armada, capitán de fragata Rodolfo Besoain, dijo a Efe que "el señor González es un colaborador y asesor externo del Comité Organizador de la Regata Bicentenario Velas Sudamérica 2010 Chile".

El Comité Organizador de la Regata es un ente de la Marina de Chile encargado de la organización de la Regata, añadió el oficial.

"Dada la experiencia que él tiene de muchos años en la especialidad de la vela, el señor Lorca asesora al presidente de ese Comité Organizador, que es el contraalmirante José Miguel Romero. Él no recibe ni un peso de la Armada porque su cargo es ad honorem", subrayó.

Al ser consultado Besoain sobre por qué la Marina cuenta con la asesoría de González cuando, si bien no está procesado, está en calidad de imputado en un proceso por torturas, respondió que "para la Armada esta es una asesoría de carácter profesional".

"No involucra nada más que el buen consejo y los contactos de este señor para producir esta regata", dijo Besoain, quien agregó: "La Armada es muy respetuosa de los aspectos judiciales, pero entendemos que a él en definitiva no se le ha demostrado nada de lo que se le acusa".

Marinos Constitucionalistas

Sin embargo, el presidente de la Agrupación de Marinos Constitucionalistas, Víctor López, uno de los acusadores de González, dijo a Efe que el ex teniente fue procesado y condenado por otro delito antes de las torturas a los marineros, aunque no dio más detalles.

"Lo importante es que él ya tiene una condena y por lo tanto no cuenta con una irreprochable conducta", expresó.

"La situación del señor Lorca es impresentable para que la Armada chilena siga teniéndolo como asesor de este evento internacional", agregó López.

El pasado 2 de diciembre la Armada de Chile suspendió el acto de presentación de la Regata Bicentenario 2010 tras el arresto de varios oficiales retirados que han sido procesados por torturas cometidas en 1973.

La ceremonia, encabezada por el ministro de Defensa, Francisco Vidal y a la que estaban invitados los embajadores de los trece países participantes en la regata, se iba a celebrar en el buque escuela "Esmeralda", donde se practicaron las torturas de las que se acusa a los detenidos.

Horas antes de ese acto, en el puerto de Valparaíso, la jueza Eliana Quezada notificó el procesamiento a los imputados, que fueron detenidos. Entre ellos figuran dos vicealmirantes retirados, un capitán de navío y siete suboficiales de la Armada, además de un ex coronel y un ex suboficial de Carabineros.

Las torturas a detenidos políticos a bordo del buque escuela "Esmeralda" ocurrieron días después del golpe militar que encabezó Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

Según el veredicto de la Corte Suprema 18 funcionarios de las Fuerzas Armadas y Aéreas habrían cometido detenciones y torturas entre julio y agosto de 1973

El ministro en visita, Jaime Arancibia Pinto dictó un procesamiento en contra de 16 ex miembros de las Fuerzas Armadas y dos funcionarios en retiro de la Fuerza Aérea por delitos de asociación ilícita, secuestro, detención ilegal y tortura en contra de 9 integrantes de la Armada. .

El proceso que es conocido como “Marinos constitucionalistas” o “Marinos antigolpistas” fue abierto en abril de 2012, luego de que la Sala de la Corte Suprema, decidiera de manera unánime, retomar la investigación.

Víctor López, presidente de la agrupación de Marinos Antigolpistas valoró la resolución de la Corte e indicó que durante “mucho tiempo nos costó demostrar que nuestros mismo compañeros nos habían detenido”.

“Nosotros fuimos detenidos en agosto de 19 73 y el cargo que teníamos a esa fecha era incumplimiento de deberes militares, pero después del 11 sin tener ninguna posibilidad de defendernos, la Armada cambió la tipificación de la causa y nos acusó de sedición y mitin, y esto nos llevó a pasar 5 años presos”, dijo López.

En este sentido, Víctor López señaló que las acusaciones se produjeron luego de que un conjunto de marinos decidiera informar al gobierno de Salvador Allende sobre las posibilidades de un Golpe de Estado: “Cuando se da el Tancazo del año 1973 ya prácticamente no había ninguna duda al interior de la marina que el Golpe de Estado se iba a dar y eso nos alertó a nosotros para poner esa información a disposición del Gobierno, lamentablemente los servicios de inteligencia nos detectaros y nos detuvieron a principios de agosto del ‘73”.

Además, la información indicó que entre julio y agosto de 1973 fueron detenidos y sometidos a tortura Claudio Espinoza Tordecilla, Bernardo Flores Valdebenito, Luis Jorquera Silva, Víctor López Zambrano, Julio Gajardo Neira, Ricardo Tobar Toledo, Mariano Ramírez Ramírez, Pedro Blaset Castro y Pedro Lagos Carrasco. Según los datos, los funcionarios habrían sido torturados en los buques “Blanco Encalada” y “Latorre”, además de unidades militares de la Región de Valparaíso

En la resolución, el ministro Arancibia Pinto encausó a los miembros en retiro de la Armada Hernán Julio Macuada, Pedro Benavides Monzoni, Sergio Mendoza Rojas, Jaime Urdangarín Romero, Luis Kohler Herrera, Santiago Lorca González, Juan Tapia Villalón, Julio Alarcón Saavedra, Ernesto Huber von Appen, Víctor Villegas Herrera, Samuel Ginsberg Rojas, Fernando Landeta Ahues, Juan Mackay Barriga, Jorge Davanzo Cintolesi, Ary Acuña Figueroa y Fernando Rojas Jiménez. Además, procesó a los miembros en retiro de la Fuerza Aérea Jorge Almarza Pizarro y Jorge Rojas Carvajal, ordenando su ingreso en prisión preventiva en unidades militares.

Procesan a 16 miembros de la Armada y dos de la FACH. Fueron acusados de los delitos de asociación ilícita, secuestro, detención ilegal y tortura, perpetrados en contra de integrantes de la marina, a partir de julio de 1973

Un grupo de marinos denunció poco antes del golpe de Estado del 11 de septiembre, las reuniones sediciosas y el plan que se preparaba para derrocar al ex Presidente Salvador Allende.

Todo ello basados en la absoluta ilegalidad que implicaba de parte de la Armada, transgredir con sus actos la Constitución Política de la República de 1925, vigente en la época.

Los marinos hicieron estas denuncias, entre otros, a parlamentarios de la época, entre ellos el ex Secretario General del Partido Socialista, senador Carlos Altamirano, el líder del MAPU, diputado Oscar Guillermo Garretón y el Secretario General del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Miguel Enríquez.

La revelación de que el proyecto golpista había sido denunciado, fue conocida por el servicio de inteligencia de la Armada, lo cual les significó, aun antes de que se produjera el golpe de Estado, detenciones y torturas.

Durante muchos años, los marinos intentaron que se hiciera justicia, a pesar de todos los poderes que se pusieron en movimiento para impedirlo.

Hace más de dos años, el 2 de abril de 2012, la Segunda Sala de la Corte Suprema, en decisión unánime, reabrió el proceso por no encontrarse agotada la investigación, ordenando la realización de diversas diligencias, después de que la ministra en visita Eliana Quezada decretara el sobreseimiento definitivo de la causa.

Con esa resolución, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, procesó a 16 ex miembros de la Armada y dos funcionarios en retiro de la Fuerza Aérea por su responsabilidad en los delitos de asociación ilícita, secuestro, detención ilegal y tortura, ilícitos perpetrados en contra de 9 integrantes de la Armada, a partir de julio de 1973.

Detenidos en buques y unidades de la V Región

En el proceso, conocido como Marinos constitucionalistas, el magistrado indaga las detenciones ilegales y aplicación de tormentos en contra de Claudio Espinoza Tordecilla, Bernardo Flores Valdebenito, Luis Jorquera Silva, Víctor López Zambrano, Julio Gajardo Neira, Ricardo Tobar Toledo, Mariano Ramírez Ramírez, Pedro Blaset Castro y Pedro Lagos Carrasco, detenidos entre julio y agosto de 1973, por personal de la Armada y sometidos a torturas abordo de los buques Blanco Encalada y Latorre, y además en unidades militares de la Región de Valparaíso.

Las víctimas fueron procesadas por el Juzgado Naval de Valparaíso por el delito de incumplimiento de deberes militares, causa que, luego del 11 de septiembre de 1973, pasó a ser investigada como sedición o motín, continuando los detenidos por varios meses, sometidos a malos tratos.

En la resolución, el ministro Arancibia Pinto encausó a los miembros en retiro de la Armada: Hernán Julio Macuada, Pedro Benavides Monzoni, Sergio Mendoza Rojas, Jaime Urdangarín Romero, Luis Kohler Herrera, Santiago Lorca González, Juan Tapia Villalón, Julio Alarcón Saavedra, Ernesto Huber von Appen, Víctor Villegas Herrera, Samuel Ginsberg Rojas, Fernando Landeta Ahues, Juan Mackay Barriga, Jorge Davanzo Cintolesi, Ary Acuña Figueroa y Fernando Rojas Jiménez. Además, procesó a los miembros en retiro de la Fuerza Aérea, Jorge Almarza Pizarro y Jorge Rojas Carvajal, ordenando su ingreso en prisión preventiva en unidades militares.

El magistrado Arancibia Pinto acreditó que el 7 de agosto de 1973 Claudio Espinoza Pinto, “marinero primero en el buque Blanco Encalada, surto en Valparaíso, fue llamado por el comandante Julio Macuada, quien le imputó haber sostenido conversaciones de carácter sedicioso con civiles y marinos, lo que fue negado por éste, a continuación fue llevado por un cabo primero Morales al cuartel Silva Palma en donde fue nuevamente interrogado bajo diferentes torturas, consistentes en ser colgado de los pies y ser golpeado con sacos de arena y varillas, aplicándosele además corriente en los genitales”.

Interrogatorios, amenazas bajo una capucha

Después fue obligado a firmar una declaración y acusado por la justicia naval del delito de incumplimiento de deberes militares.

El magistrado determinó que con las declaraciones indagatorias de los inculpados “aparecen presunciones fundadas que permiten establecer los siguientes delitos; secuestro, detención ilegal, tortura de tormentos u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y asociación ilícita”.

En el dictamen, el juez detalla que Luis Reginaldo Jorquera Silva se encontraba haciendo uso de una licencia médica en julio de 1973 y “fue a buscarlo a su domicilio un oficial de la base por lo cual tuvo que presentarse ante el comandante Sergio Mendoza Rojas, quien le preguntó acerca de su intervención en una propuesta sediciosa para reemplazar a dicho comandante, luego de lo cual fue detenido y llevado al cuartel Silva Palma”.

“En los primeros días de octubre de 1973 la víctima fue detenida en Limache por infantes de marina y llevado al sanatorio de Olmué donde fue objeto de golpes de pies y puños mientras estaba encapuchado, luego fue trasladado a Investigaciones y Carabineros y finalmente a la Academia de Guerra donde nuevamente fue golpeado e interrogado, y además amenazado, pudiendo darse cuenta que entre quienes le preguntaban estaba el teniente de la Armada Jaime Urdagarin Romero”, detalla la resolución.

Víctor López Zambrano, marinero primero, mecánico electrónico del crucero Prat en Talcahuano, fue detenido el 7 de agosto de 1973 por personal naval y llevado al fuerte Borgoño de esa ciudad.

Allí López fue “golpeado por un grupo de infantes de marina y luego desnudado, y a continuación fue objeto de diferentes torturas consistentes en ser sumergido de cabeza en un tambor lleno de excrementos y desechos” y otras torturas mientras lo mantenían encapuchado, agrega el juez Arancibia en el procesamiento.

Cumplieron penas de prisión

Una situación similar vivió el 15 de junio de 1973 Julio Gajardo Neira, cabo segundo, mecánico de electrónica, en la base aeronaval de El Belloto de la Armada de Chile, fue llamado por el comandante Sergio Mendoza Rojas, quien en presencia de otros oficiales, entre ellos Ernesto Von Appen, le imputó actitudes sediciosas y políticas. Posteriormente fue enviado detenido al cuartel Silva Palma incomunicado.

Después del golpe de Estado Gajardo fue sacado de la cárcel de Valparaíso y llevado a la Academia de Guerra Naval para ser torturado con electricidad, causándole quemaduras y luego debió cumplir condena.

Ricardo Tobar Toledo, marinero primero de la Armada fue detenido en Quintero por personal de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), a cargo del capitán de bandada Jorge Almarza Pizarro y el subteniente Alejandro Rojas Carvajal, llevado a la base de la Fach y luego a la escuela armamentos de Las Salinas donde fue torturado.

Tobar reconoció por sus voces al comandante de la Escuela Jorge Davanzo, el capitán Cárdenas y el teniente Rodríguez. Lo llevaron luego al cuartel Silva Palma para torturarlo psicológicamente. Le hicieron Consejo de Guerra y lo condenaron.

Mariano Lautaro Ramírez Ramírez, cabo segundo, electricista de la Armada fue detenido en la Escuela de Ingeniería Naval de Las Salinas de Viña del Mar el 11 de agosto de 1973 y llevado al cuartel Silva Palma.

Los otros marinos sufrieron situaciones similares.

Los marinos constitucionalistas fueron víctimas de crímenes contra la humanidad, como es el delito de tortura practicado por agentes del Estado, de acuerdo a los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile, los cuales, de acuerdo a la jurisprudencia, se entienden incorporados al ordenamiento jurídico interno y tienen rango constitucional.

Sin embargo, el juicio recién comienza, pues falta que los acusados arguyan sus defensas, posibilidad que no tuvieron las víctimas, quienes además pagaron con cárcel. Posteriormente se deberá dictar sentencia, la cual seguramente se apelará y finalmente, como sucede en gran parte de los procesos, deberá pronunciarse la Corte Suprema.

Por Carlos Antonio Vergara

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, dictó hoy -miercoles 21 de octubre- auto de procesamiento en contra de 16 ex miembros de la Armada y dos funcionarios en retiro de la Fuerza Aérea por su responsabilidad en los delitos de asociación ilícita, secuestro, detención ilegal y tortura, ilícitos perpetrados en contra de 9 integrantes de la Armada, a partir de julio de 1973.

En el proceso, conocido como "Marinos constitucionalistas" o "Marinos antigolpistas", el ministro de fuero indaga las detenciones ilegales y aplicación de torturas en contra de Claudio Espinoza Tordecilla, Bernardo Flores Valdebenito, Luis Jorquera Silva, Víctor López Zambrano, Julio Gajardo Neira, Ricardo Tobar Toledo, Mariano Ramírez Ramírez, Pedro Blaset Castro y Pedro Lagos Carrasco, detenidos entre julio y agosto de 1973, por personal de la Armada y sometidos a torturas abordo de los buques "Blanco Encalada" y "Latorre"; además de unidades militares de la Región de Valparaíso.

Detenidos que fueron procesados por el Juzgado Naval de Valparaíso por el delito de incumplimiento de deberes militares, causa que, tras el 11 de septiembre de 1973, pasó a ser investigada como sedición o motín, continuando los detenidos por varios meses, sometidos a malos tratos.

En la resolución, el ministro Arancibia Pinto encausó a los miembros en retiro de la Armada: Hernán Julio Macuada, Pedro Benavides Monzoni, Sergio Mendoza Rojas, Jaime Urdangarín Romero, Luis Kohler Herrera, Santiago Lorca González, Juan Tapia Villalón, Julio Alarcón Saavedra, Ernesto Huber von Appen, Víctor Villegas Herrera, Samuel Ginsberg Rojas, Fernando Landeta Ahues, Juan Mackay Barriga, Jorge Davanzo Cintolesi, Ary Acuña Figueroa y Fernando Rojas Jiménez; además procesó a los miembros en retiro de la Fuerza Aérea: Jorge Almarza Pizarro y Jorge Rojas Carvajal, ordenando su ingreso en prisión preventiva en unidades militares.

Reapertura
El 2 de abril de 2012, la Segunda Sala de la Corte Suprema, en decisión unánime, reabrió el proceso por no encontrarse agotada la investigación, ordenando la realización de diversas diligencias por un juez no inhabilitado, después de que la ministra en visita Eliana Quezada decretara el sobreseimiento definitivo de la causa.

«A partir del golpe de estado el Buque Escuela Esmeralda, centro de instrucción de los jóvenes futuros oficiales de la Armada chilena, se transformo en un símbolo de la impunidad.

Tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, en el puerto de Valparaíso la Armada utilizo como centros de reclusión, interrogatorio y tortura las Naves “Lebu”, “Maipo” y el Buque Escuela “Esmeralda”. Según los antecedentes entregados a la “Comisión contra la Tortura” de la Quinta Región (Valparaíso), por el Buque Escuela “Esmeralda” pasaron alrededor de 500 detenidos políticos, mil por el “Maipo” y cuatro mil por el “Lebu”, barco cedido por la Compañía Sudamericana de Vapores (empresa de propiedad del fallecido empresario Ricardo Claro).

El macabro papel desempeñado por el Buque Escuela “Esmeralda”, como centro de detención y tortura en el puerto de Valparaíso, ha sido demostrado fehacientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Informe 24/OCT/74), Amnistía Internacional (Informe AMR 22/32/80), el Senado Norteamericano (Resolución 361-16/JUN/86) y el Informe de la Comisión Nacional (Chilena) de Verdad y Reconciliación (Tercera Parte, Capítulo I, Sección 2 f.2.).

Los testimonios de que el Buque Escuela “Esmeralda” fue efectivamente usado como cámara de tortura flotante son múltiples y coincidentes. Entre ellos destacan los del abogado chileno Luis Vega, residente en Israel; del ex-funcionario del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario Claudio Correa, que reside en Inglaterra; y del profesor universitario y ex-alcalde de Valparaíso, Sergio Vuscovic, radicado actualmente en Chile.

Según el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), en el caso del Buque Escuela “Esmeralda”, las investigaciones permitieron comprobar que una unidad especializada de la Armada se instaló allí con el objeto de interrogar a los detenidos que se encontraban en la misma nave y a los que eran llevados de otros recintos de reclusión. Los métodos de “persuasión” utilizados en estos interrogatorios, incluían malos tratos y torturas.

Aunque el número de detenidos a bordo del Buque Escuela “Esmeralda” varía según los testimonios, pues se los trasladaba de un barco a otro a medida que iban siendo interrogados, pero según indico el Senado Norteamericano en 1986, en las dependencias del “Buque Escuela” llegó a haber 112, entre los cuales, según las evidencias disponibles, en un momento hubo unas 40 mujeres detenidas, las que fueron sometidas a todo tipo de maltratos, torturas, vejaciones y violaciones.

Entre estos cientos de detenidos destaca lo ocurrido con el joven sacerdote chileno/británico Miguel Woodward profundamente comprometido con la iglesia de los pobres a través de la Teología de la liberación.

El 16 de Septiembre de 1973 fue detenido y según los testimonios recopilados en el proceso judicial abierto en el año 2002, fue brutalmente torturado en las dependencias de este buque hasta que sus órganos se reventaron. Seis días después de su detención fue visto agonizante en la cubierta.

El caso del padre Woodward está debidamente acreditado en las investigaciones del juez español Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional de España, Sumario 19/97-J, contra Augusto Pinochet y otros por los delitos de genocidio y terrorismo internacional, conspiraciones para el asesinato, secuestro, torturas y desapariciones (Auto de fecha 03/NOV/98, Antecedente Décimo).

Su cuerpo, nunca fue entregado y el 25 de septiembre fue sepultado por la propia Armada en una fosa común sobre la cual posteriormente se construyó un camino, y a su familia se le entrego un Certificado de Defunción, en el que figura como causa de muerte “un paro cardíaco”.

Después de esos días el Padre Woodward, paso a engrosar la larga lista de Detenidos Desaparecidos de Chile.

La situación de la Armada chilena, en materia de Derechos Humanos es más grave que en las otras instituciones militares, es la única que se ha negado a hacer un reconocimiento oficial de los crímenes de lesa humanidad cometidos, esgrimiendo como argumento las responsabilidades individuales, omitiendo la estricta jerarquía de mando que hace imposible la aplicación masiva de la tortura y el asesinato de prisioneros, sin que tengan conocimiento los superiores. No olvidemos que la Armada chilena encabezo la insurrección fascista de 1973.

Y en el año Bicentenario reviste especial relevancia la denuncia sobre la presencia en el Comité Organizador de la “Regata Internacional Bicentenaria: Velas Sudamérica 2010” del ex Teniente de la Armada, Ingeniero electrónico y empresario, Santiago Lorca González, un reconocido extorturador, en calidad de asesor del presidente (para Chile) de dicho Comité el Contraalmirante José Miguel Romero.

Consultado a comienzos de enero por Efe, Lorca González dijo: «Yo soy el presidente internacional del comité organizador de la Regata completa de Sudamérica, y un almirante chileno en servicio activo (José Miguel Romero) es quien preside el Comité de la Regata específicamente para Chile».

El pasado 2 de diciembre la Armada de Chile suspendió el acto de presentación de la “Regata Internacional Bicentenaria: Velas Sudamérica 2010” tras el arresto de varios oficiales retirados que han sido procesados por torturas cometidas en 1973.

La ceremonia, encabezada por el ministro de Defensa, y a la que estaban invitados los embajadores de los países participantes en la regata, se iba a celebrar en el buque escuela «Esmeralda», donde se practicaron las torturas de las que se acusa a los detenidos.

Horas antes de ese acto, en el puerto de Valparaíso, la jueza Eliana Quezada notificó el procesamiento a los imputados, que fueron detenidos.

Entre ellos figuran dos vicealmirantes retirados, un capitán de navío y siete suboficiales de la Armada, además de un ex coronel y un ex suboficial de Carabineros.

El ex Teniente Lorca González enfrenta una querella por torturas presentada por ex marinos que se opusieron al golpe de estado en 1973, y que fueron acusados del intento de apoderarse de buques para tratar de resistirse al golpe de estado en un plan ideado, según la Armada, por los secretarios generales del MIR, Miguel Enríquez; del PS, Carlos Altamirano, y del MAPU, Óscar Guillermo Carretón, lo que finalmente se demostró que era falso.

El Buque Escuela “Esmeralda” además de ser un barco de muerte y tortura es un símbolo de siniestros crímenes cometidos contra seres humanos por el solo “delito” de pensar diferente y en sus visitas a distintos puertos del mundo nunca será bienvenido mientras la Armada de Chile no reconozca el uso criminal que se hizo del buque.

Para el Defensor de los DD.HH. y Premio Nobel Alternativo de la Paz, el Académico paraguayo Martín Almada quien descubrió los archivos de la “Operación Cóndor” coordinada por los gobiernos dictatoriales de America del Sur y la CIA entre 1970 y 1980, este barco que fue utilizado como centro de torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet, debe ser transformado en una “Universidad Flotante de los Derechos Humanos”.

Y como dice Patricia Woodward, hermana del religioso asesinado, “No puede ser que este buque siga representando a Chile a nivel internacional».

Por  DANIEL RETAMAL

Ni blanca, ni pura, ¡Fue centro de tortura!
¿QUÉ TAN BLANCA ES LA ”DAMA BLANCA”?…

El día se presentaba nublado y aún quedaba la resaca del año nuevo, de fuegos artificiales, de pailas marinas reparadoras, de baile y jolgorio Poco después del mediodía dejaba el puerto de Valparaíso, el Buque Escuela “Esmeralda”, estaba iniciando su 55º crucero de instrucción, que coincide con la participación en el evento Regata Bicentenario Vela Sudamericana 2010. Este evento es organizado en forma conjunta entre las Armadas de Chile y Argentina y el primer lanzamiento fue suspendido por el juicio de altos oficiales de la Marina de Chile, los cuales quedaron procesados y en prisión preventiva por el secuestro de 6 personas en la “Esmeralda”.

Alrededor de 3.000 personas, entre familiares, amigos y autoridades de Gobierno, fueron a despedir en el molo de abrigo la salida del barco, hubo cuecas, abrazos y lágrimas. Entretanto a unos metros en el Muelle Prat, según la prensa, unas 100 personas arreciaron los gritos:

¡NI BLANCA! ¡NI PURA! ¡FUE CENTRO DE TORTURA!

Se trataba de diversas personas, compañeros, familiares y víctimas de la represión, así como organizaciones de Derechos Humanos que se manifestaban contra la Marina, exigiendo el reconocimiento de su responsabilidad en las violaciones a los derechos Humanos y ante este nuevo crucero del Buque Escuela “Esmeralda”. Allí estaba la inconfundible figura de Patricia Woodward, cuyo hermano el sacerdote y militante del MAPU, Miguel Woodward, fue torturado en la Esmeralda, muriendo producto de ello, a pocos días del golpe del 11 de septiembre de 1973. Ella señaló: “Todos saben la historia oscura de la ‘Dama Blanca’. No puede ser que este buque siga representando a Chile a nivel internacional”.

Allí estaban compañeros del MAPU con sus banderas, los “Amigos de Miguel Woodward”, como en muchos de los zarpes de la Esmeralda, pero en esta oportunidad estaban acompañados por Martín Almada, paraguayo, Premio Nobel Alternativo 2002 y descubridor de los Archivos del Terror (Operación Cóndor).

Se interpelaba a Michelle Bachelet mediante un lienzo, estaban también los marinos constitucionalistas, aquellos que fueron secuestrados y torturados antes del Golpe Militar del 11/9/1973, por defender el Gobierno Constitucional del Presidente Salvador Allende.

Quienes denunciaron que fueron chantajeados a nivel de Gobierno, ya que si no se desistían de una querella por torturas que presentaron en Mayo del 2008, no sería viable su jubilación en CAPREDENA, lo cual rechazaron terminantemente. Junto con eso denunciaron que el Coordinador de la Regata Bicentenario, puesto por el Gobierno y la Armada de Chile, Sr. Santiago Lorca González, actual empresario y ex-teniente de la Armada, corresponde a un secuestrador y torturador de los marinos constitucionalistas en Agosto de 1973.

En la alocución Martín Almada señaló “Venimos acá exigir justicia. Los documentos que nosotros tenemos no se tratan solo de lamentaciones y quejas. Es un acto íntegro de demostrar quienes son los culpables ante nuestra sociedad. Y decir ahora que el barco que está saliendo en este momento, representa a los culpables”, para agregar luego, hay que pasar de la protesta a la propuesta y sugirió que se instaurara en el Buque Escuela “Esmeralda” una UNIVERSIDAD DE DERECHOS HUMANOS, con lo cual pasaría a ser la primera universidad flotante de Derechos Humanos.

También se hicieron presentes los organizadores del 4º Festival de Cine Social y de los Derechos Humanos de Valparaíso, que se realizaba entre el 2 y el 9 de Enero de 2010, contemplando la presentación de más de 100 películas y a cuya inauguración invitaron para ese día 3/1/2010 en el Teatro Municipal de Valparaíso.

La manifestación terminó en el frontis del Edificio de la Comandancia en Jefe de la I Zona Naval de la Armada de Chile, que valga recordar anteriormente fue el edificio de la Intendencia y hasta la fecha no ha sido devuelto.

Uno de los lienzos emplazaba al Comandante en Jefe de la Marina, Almirante González, a que responda por la deuda que tiene la Armada por las violaciones a los Derechos Humanos. Se dirigió a los presentes una compañera sobreviviente de las torturas de la Marina, quien señaló escuetamente:

¡YO FUI TORTURADA EN LA ESMERALDA!

Cabe recordar que unos días antes, el comandante en jefe de la Armada, Juan Edmundo González Robles, llamó a que las agrupaciones de Derechos Humanos y familiares de víctimas, no se manifiesten en contra del buque escuela Esmeralda el próximo domingo, cuando salga del puerto de Valparaíso, ¡Cómo si hubiera habido VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL!

La Esmeralda luego de su salida del Puerto de Valparaíso recalará en 17 puertos: Punta Arenas (Chile), Río de Janeiro (Brasil), Mar del Plata (Argentina), Montevideo (Uruguay), Buenos Aires, Isla de los Estados y Ushuaia (Argentina), y Cabo de Hornos, Talcahuano y Valparaíso (Chile).Para continuar luego hasta Callao (Perú), Guayaquil (Ecuador), Cartagena de Indias (Colombia), La Guaira (Venezuela), Santo Domingo (República Dominicana), Veracruz (México), Corpus Christi (Estados Unidos) y Balboa (Panamá). El inicio de la regata señalada tendrá lugar el 7 de Febrero de 2010, en Río de Janeiro y es de esperar que el pueblo carioca, así como los pueblos de cada uno de los puertos en donde recale la Esmeralda la reciban con un clamor al unísono:

¡NI BLANCA! ¡NI PURA! ¡FUE CENTRO DE TORTURA!

La “Esmeralda” nuevamente estará de vuelta en Valparaíso para el día 15 de Abril de 2010, en visita oficial en crucero.

Aunque el número de detenidos a bordo de la “Esmeralda” varía según los testimonios, pues se los trasladaba de un barco a otro a medida que iban siendo interrogados, el Senado Norteamericano (1986) indica que llegó a haber 112 de ellos. Según la evidencia disponible, en un momento hubo unas 40 mujeres detenidas, las cuales fueron sometidas a todo tipo de maltratos, torturas, vejaciones y violaciones.

Según los antecedentes aportados por la Comisión contra la Tortura de la Quinta Región, se afirma que por la “Esmeralda” pasaron alrededor de 500 prisioneros políticos.

“Esmeralda” barco de la muerte y la tortura, es una dama sucia