López Rojas Roberto Alejandro

El actual presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal, la principal congregación evangélica de Chile, con más de dos millones de fieles, el obispo Roberto López Rojas, fue agente de organismos represivos y de espionaje durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Así lo pudo confirmar la agencia Efe a través de documentos de la Marina a los que tuvo acceso y en una entrevista con el obispo, quien aseguró que no estuvo involucrado en “ningún crimen”, pero dijo sentirse “honrado” de haber cumplido las funciones que se le asignaron como suboficial de la institución naval. López, quien dirige esa iglesia con más de un siglo de presencia en Chile, integró la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA como policía secreta de Pinochet.

En su currículo figuran cursos de perfeccionamiento en la CNI y en la Marina donde también operó como agente de la Dirección de Inteligencia de la Armada (Dirinta), entre ellos de “Inteligencia Naval”, “Capacitación de inteligencia operacional” y “Guerra especial”.

Además, fue agente del Servicio Secreto de la Armada, con operaciones tanto en el ámbito interno como externo de la institución.

Su condición de agente aparece confirmada en el “Oficio Ordinario número 1505/0323/1590 INT”, de la Marina, al que tuvo acceso Efe.

El documento no detalla qué funciones cumplió el obispo en los organismos donde estuvo, pero señala que López también cumplió tareas en el Estado Mayor de la Defensa Nacional.
En entrevista con Efe, Roberto López confirmó su paso por todos los organismos mencionados, aunque al señalársele la necesidad de grabar algunas de sus respuestas, además de tomar notas, se negó y puso como condición la presencia de un abogado, en una nueva reunión, que él convocaría.

Posteriormente el obispo cambió de opinión y no accedió a una nueva entrevista.

Roberto López no aparece involucrado en delitos de lesa humanidad y asegura que no se avergüenza de su pasado.

Preguntado si no se considera moralmente impedido de encabezar una institución que aboga por la paz y los derechos humanos, tras haber estado en organismos represivos que violaron esos derechos, como la CNI y los servicios de inteligencia de la Armada, expresó que “no”.

“Por el contrario, a mucha honra, me siento orgulloso de haber cumplido mis funciones, pues nunca estuve involucrado en ningún crimen”, repuso.
En 1985 el juez Carlos Cerda instruyó la causa “ROL 2-77” en contra de la asociación ilícita criminal “Comando Conjunto”, por el secuestro y desaparición, en 1976, de los militantes comunistas Edras Pinto Arroyo y Reinalda Pereira Plaza.

Según el expediente de este proceso, el 10 de diciembre de 1985 el juez Cerda ordenó detener a una persona que, desde un vehículo, fotografiaba su ingreso y el del testigo Carlos Paredes a la cárcel de San Miguel, donde debía realizar unas diligencias.

Según un oficio redactado por el juez e incorporado al expediente, el detenido dijo llamarse “Roberto Alejandro López Rojas” y aseguró que estaba ahí “para visitar a un amigo que había caído” y que se encontraba detenido.

El juez Cerdas ordenó entonces ingresar a Roberto López al recinto carcelario, para interrogarle e incautarle la máquina fotográfica.

En una declaración judicial prestada ese mismo día, López Rojas reconoció haber sido enviado “a tomar fotos de las personas que entraran al presidio”.

Posteriormente, el 11 de diciembre de 1985, la Armada envió al juez Cerda el oficio número 40-87, en el que informaba de que López fue enviado a la cárcel “a prestar protección al teniente de la Armada Daniel Guimpert Corvalán”.

Este episodio fue confirmado a Efe también por el obispo López, quien permaneció en la Marina entre el 1 de agosto de 1979 y el 15 de julio de 2001.
El teniente Daniel Guimpert fue un triple agente de la DINA, Comando Conjunto e Inteligencia Naval, que actualmente se encuentra procesado por varios crímenes de lesa humanidad.
Testimonios judiciales relativos a los juicios en que está imputado coinciden en que se destacó por su extrema crueldad con los prisioneros.

En 1986 Guimpert figuró en una lista de 40 agentes del Comando Conjunto procesados por el juez Carlos Cerda por el secuestro y desaparición de Edras Pinto y Reinalda Pereira, lista que encabezó el ex integrante de la junta militar, y ex jefe de la Fuerza Aérea (FACh), Gustavo Leigh Guzmán, fallecido años después.

El comando conjunto fue creado en 1975, por iniciativa principalmente de la FACh, y mantuvo frecuentes disputas con la DINA, que fue formada en noviembre de 1973 por Augusto Pinochet, aunque su creación oficial data del 14 de julio de 1974. Fue disuelta el 13 de agosto de 1977 y reemplazada por la CNI.

Al igual que la DINA, el comando conjunto lo integraron todas las ramas de las Fuerzas Armadas, además de las policías civil y uniformada, aunque la participación del Ejército fue menos relevante, porque primaba la integración de agentes de la Fuerza Aérea.

Según información publicada por Agencia EFE, el presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal habría participado en la Central Nacional de Inteligencia (CNI) durante el régimen del dictador Augusto Pinochet. Además, cumplió funciones como agente de la Dirección de Inteligencia de la Armada (Dirinta).

Un severo remezón significó la noticia acerca del vínculo del obispo Roberto López Rojas (en la foto celebrando el día de los evangélicos junto a la ex presidenta Bachelet) con servicios de inteligencia nacional. Luego de que el propio líder de la Iglesia Metodista Pentecostal asumiera “a mucha honra” haber cumplido funciones al interior de la CNI y Dirinta, las reacciones no se hicieron esperar.

“Me siento orgulloso de haber cumplido mis funciones, pues nunca estuve involucrado en ningún crimen”, aseguró a Agencia EFE el obispo de una de las iglesias más grandes del país, con alrededor de dos millones de fieles.

En efecto, Roberto López no registra antecedentes por asociación a algunos de los crímenes cometidos por la CNI, organismo al cual habría pertenecido a partir de 1979. Sin embargo, registra su participación en cursos de perfeccionamiento al interior de la Armada, donde también se desempeñó como agente secreto.

López fue detenido en 1985 por el juez Carlos Cerda, en el marco de la investigación “Comando Conjunto”, que indagaba las responsabilidades tras la muerte de Edras Pinto Arroyo y Reinalda Pereira Plaza. Según lo señalado en el expediente, Roberto López Rojas fue sorprendido fotografiando a los testigos del caso desde un vehículo, tras lo cual fue interrogado por Cerda, quien además incautó su cámara fotográfica.

Un día más tarde, la Armada envió un comunicado al juez Carlos Cerda, asegurando que López se encontraba prestando protección al teniente Daniel Guimpert, agente de la Dina, quien es actualmente procesado por diversos crímenes ocurridos en dictadura.

“EN CHILE NO HAY JUSTICIA”

En opinión de la vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gabriela Zúñiga, “lo grave de este caso es que él es un obispo evangélico que pertenece a una iglesia en cuyo fondo ideológico está el bien común, los derechos humanos y el bienestar de la sociedad y él perteneció a una asociación ilícita terrorista, como ha sido determinada por los tribunales de justicia, y además se da el lujo de decir que a mucha honra”.

Zúñiga recalcó que “él dice que no estuvo asociado a ningún crimen, pero si perteneció a esta asociación ilícita terrorista, indudablemente está salpicado por los crímenes más terribles que ha vivido la historia de Chile. No por nada estaba ahí y no por nada dirige ahora la Iglesia Metodista Pentecostal, que es una de las más grandes”.

Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) manifestó que López “no está a la altura de la misma iglesia, que sin duda ha hecho un aporte moral y ético significativo a la sociedad chilena”. El parlamentario expuso que “una persona que formó parte de la CNI y que, más aún, siguió integrando organismos de seguridad durante la dictadura militar, desarrolla una actividad absolutamente incompatible con lo que hace esta iglesia”.

Por otra parte, Gutiérrez destacó que “como muchas personas que hoy pasan de honorables ciudadanos de la patria, no teníamos información alguna de que quien dirigía una de las iglesia más prestigiadas de la nación fuese un integrante en su tiempo de la CNI”.

Finalmente, la vocera de AFDD reflexionó sobre lo común que se ha vuelto encontrar a ex agentes de aparatos de inteligencia de la dictadura militar en diversos cargos ciudadano, argumentando “hoy día es la Iglesia Evangélica, otro día los encuentras en la Iglesia Católica, en los supermercados o haciendo clases”. Zúñiga agregó que “en definitiva, todo esto se logra producir porque en Chile no hay justicia”.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, diputado Hugo Gutiérrez (PC), llamaron a la Iglesia Metodista Pentecostal, la principal congregación evangélica chilena, a sacar de la presidencia del directorio de su organización al ex agente de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), Roberto López Rojas.

“Creo que esta iglesia, con mucha ética y moral, va a tomar las medidas necesarias para que López Rojas deje el directorio”, dijo Gutiérrez, apuntando que “la persona que formó parte de la CNI y que, más aún, siguió integrando organismos de seguridad durante la dictadura militar desarrolló una actividad que es totalmente incompatible con lo que desarrolla esta iglesia”.
El parlamentario reconoció la labor espiritual de la iglesia metodista, pero advirtió que tener entre sus filas a quien “perteneció a una organización criminal, sin duda hace que se desprestigie esta iglesia”.

Subrayó que “una de las cosas que más duele es que López Rojas no se arrepiente de haber integrado los organismos de seguridad de la dictadura, sino que por el contrario considera que es un gran honor. Eso da cuenta de que esta persona no tiene la menor conmiseración con sus semejantes y menos puede ser obispo o presidente de esta iglesia”.
El diputado PC, junto a dirigentes de la AFDD hicieron pública una carta a las autoridades de la Iglesia Metodista Pentecostal, donde llaman a “conminar al presidente del directorio, don Roberto López Rojas, a presentar la renuncia a su cargo”.

Recalcan en el documento que “nos provoca una gran molestia que haya personas que en vez de mostrar arrepentimiento, perseveren en reivindicar su participación en grupos represivos de la dictadura que tantas vidas humanas cegaron”.

Por eso apuntan que la presencia de López Rojas en la organización eclesiástica “lo único que hace es enlodar el grandísimo aporte ético y moral que esta Iglesia hace a la sociedad chilena”.

La misiva subraya que “los valores y principios que la iglesia ha sabido sembrar en nuestro país no pueden ensuciarse por una persona que, lejos de repudiar el proceder de la asociación criminal a la que perteneció, reivindica desvergonzadamente su accionar y se enorgullece de haber formado parte de la misma”.
Citación al Senado

En tanto, el presidente de la comisión de derechos humanos del Senado, Mariano Ruiz Esquide (DC), anunció que la instancia analizará el caso de Roberto López.
"Es una noticia muy impactante y al mismo tiempo muy lamentable, porque todas las iglesias son puntos de referencia importante para los derechos humanos como una de las materias más dolorosas que hemos tenido", agregó.

Ruiz Esquide señaló invitarán a la comisión a representantes de las iglesias evangélicas, agrupaciones y a la presidenta del Instituto de Derechos Humanos a la instancia legislativa.

El presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal dijo que tampoco participó en acciones que constituyan violaciones a los derechos humanos.

El presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal, Roberto López Rojas, negó hoy que perteneciera a la Central Nacional de Informaciones (CNI) mientras fue un militar activo, como informó un medio de prensa internacional la semana pasada.

"Nunca fui agente de la Central Nacional de Informaciones, ni tampoco desempeñé labor alguna en ese organismo", dijo de manera enfática.

"Más aún, a lo largo de toda mi vida -agregó- jamás he incurrido en acciones atentatorias de la dignidad de la persona humana, que constituyan violaciones a los derechos humanos o sean crímenes de lesa humanidad".

López, quien presiden un culto con más de dos millones de seguidores en Chile, reveló que su padre, tras el fin de la democracia en 1973, fue detenido en forma arbitraria, por ello no tiene afinidad con quienes defienden los delitos cometidos por organismos de inteligencia en el pasado.

"Poco después del golpe de Estado que puso fin a la democracia en Chile en 1973, mi padre fue detenido en forma arbitraria. Era entonces un adolescente de sólo 15 años, por lo que pude conocer, tempranamente, el dolor de los familiares y las víctimas de las violaciones a los derechos humanos", señaló.

Finalmente, el pastor consideró "un agravio doloroso e inmerecido las imputaciones que he recibido en el curso de los últimos días".

Sin embargo, el pastor López reconoció que cuando estuvo en la marina integró las filas de la Dirección de Inteligencia de la Armada (DIRINTA).

"Esa asignación no fue una opción de carácter voluntario, ni frente a la cual pudiera tener un mínimo derecho a considerar alternativas diferentes", sostuvo.

El obispo Roberto López Rojas (al centro) es presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal, la entidad evangélica más grande de Chile, con dos millones de fieles.

El obispo evangélico Roberto López Rojas, presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, negó tajantemente este viernes haber pertenecido a la Central Nacional de Información (CNI), organismo represor de la dictadura de Augusto Pinochet en los años 80 y 90.

López Rojas, acompañado por las más altas autoridades de su iglesia, leyó una declaración en la que señaló que “nunca fui agente de la CNI y tampoco desempeñé labor alguna en ese organismo”. Agregó que jamás cometió violaciones a los derechos humanos.

El obispo explicó que en 1977 ingresó como conscripto a la Armada y que en 1979 inició carrera como marinero 2º. Añadió que el mando lo destinó a la Dirección de Inteligencia de la Armada (Dirinta), donde se desempeñó entre 1979 y 1987 y luego entre 1990 y 1992.

También aclaró que nunca dijo que se sentía orgulloso de haber pertenecido a la CNI, como informó un cable de la agencia EFE. “Lo que manifesté y ahora reitero es que me siento orgulloso de haber pertenecido a la Armada en un período tan complejo de la historia nacional”, indicó.

En cuanto al oficio ordinario que citó la agencia EFE para sindicarlo como ex agente de la CNI, el obispo López afirmó que fue una destinación por un mes y medio a un curso impartido por la escuela de inteligencia de la CNI. “Miles de efectivos de las tres ramas de las FFAA fueron destinados a esta escuela sin que por ello dejaran sus funciones regulares”, añadió.

También reconoció que el ministro Carlos Cerda ordenó detenerlo en 1985, cuando fue sorprendido tomando fotografías en el exterior de la cárcel de San Miguel, donde estaba recluido un ex teniente de la Armada. Sin embargo, el ministro no inició acciones judiciales en su contra. “Fue la única vez que el Alto Mando me ordenó una tarea de ese tipo”, dijo el obispo.
Finalmente, López Rojas se mostró dispuesto a colaborar con las comisiones de Derechos Humanos del Congreso, el Programa de DDHH del Ministerio del Interior y con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, “cuyo dolor comparto”, concluyó el obispo.

Representantes de la Iglesia evangélica pidieron este sábado la renuncia del obispo presidente de esa entidad, Roberto López Rojas, a quién se ha vinculado con la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet.

A través de documentos de la Marina a los que Efe tuvo acceso y en una entrevista con el obispo López Rojas, éste aseguró el pasado lunes que no estuvo involucrado en "ningún crimen", pero dijo sentirse "honrado" de haber cumplido las funciones que se le asignaron como suboficial de la institución naval, aunque el viernes afirmó no haber pertenecido al organismo de seguridad.

Tres miembros de los 11 directores de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, con más de dos millones de fieles, y dos pastores que dijeron representar a 60 de ellos, pidieron este sábado la renuncia de López Rojas.

"Creemos que el obispo Roberto López debe poner el cargo a disposición para elegir un nuevo presidente", dijeron en una declaración pública los miembros del directorio Eduardo Durán Castro, Ricardo Fierro Carrasco y Daniel Balladares y los pastores Tito Maturana Bravo y Ricardo Fierro Sauterel.

Daños a la Iglesia

"No permitiremos que la actuación de uno de nuestros directores dañe la hermosa labor en pro de nuestro prójimo y nuestra nación", agregaron.

En el currículo de López, quien dirige esa iglesia con más de un siglo de presencia en Chile, figuran cursos de perfeccionamiento en la CNI y en la Marina, donde también operó como agente de la Dirección de Inteligencia de la Armada (Dirinta), entre ellos de "Inteligencia Naval", "Capacitación de inteligencia operacional" y "Guerra especial"
Además, fue agente del Servicio Secreto de la Armada, con operaciones tanto en el ámbito interno como externo de la institución

Su condición de agente aparece confirmada en el "Oficio Ordinario número 1505/0323/1590 INT", de la Marina, al que tuvo acceso Efe.

El documento no detalla qué funciones cumplió el obispo en los organismos donde estuvo, pero señala que López también cumplió tareas en el Estado Mayor de la Defensa Nacional.
"Como iglesia pedimos perdón a los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y a los hermanos de nuestro país, por la situación generada por los dichos del obispo Roberto López, que ha causado daño y confusión", sostuvieron los directores de la Iglesia evangélica que piden la renuncia de López.
Programa de DDHH

En tanto, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior indagará la participación de López Rojas en organismos represivos y de espionaje durante la dictadura de Pinochet.

Así lo hizo saber a los periodistas la secretaria ejecutiva del programa, Rossy Lama, quien precisó que "el Programa de Derechos Humanos va a indagar todos los antecedentes relativos al obispo Roberto López".

A mediados de semana, el diputado del Partido Comunista (PC) Hugo Gutiérrez y la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) entregaron una carta al directorio de la Iglesia Metodista Pentecostal para exigir la destitución del obispo.

El actual presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal (la principal congregación evangélica de Chile, con más de dos millones de fieles), Roberto López Rojas, fue agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA como policía secreta de Pinochet.

Así lo pudo confirmar la Agencia Efe a través de documentos de la Armada a los que tuvo acceso, y en una entrevista que realizó al propio obispo, quien aseguró no estar involucrado en "ningún crimen" y sentirse "honrado" de haber cumplido las funciones que se le asignaron como suboficial de la institución naval.

En su currículum de López figuran cursos de perfeccionamiento en la CNI y en la Marina (donde también operó como agente de la Dirección de Inteligencia de la Armada, Dirinta), entre ellos de "Inteligencia Naval", "Capacitación de inteligencia operacional" y "Guerra especial"

Además, fue agente del Servicio Secreto de la Armada, con operaciones tanto en el ámbito interno como externo de la institución

Su condición de agente aparece confirmada en el "Oficio Ordinario número 1505/0323/1590 INT", de la Marina, al que tuvo acceso EFE.

El documento no detalla qué funciones cumplió el obispo en los organismos donde estuvo, pero señala que López también cumplió tareas en el Estado Mayor de la Defensa Nacional.

 

El líder religioso no aparece involucrado en delitos de lesa humanidad. (Foto: UPI)

Los descargos

En entrevista con Efe, Roberto López confirmó su paso por todos los organismos mencionados, aunque al señalársele la necesidad de grabar algunas de sus respuestas, además de tomar notas, se negó y puso como condición la presencia de un abogado en una nueva reunión, que él convocaría. Posteriormente cambió de opinión y no accedió a una nueva entrevista.

Roberto López no aparece involucrado en delitos de lesa humanidad y asegura que no se avergüenza de su pasado. Preguntado si no se considera moralmente impedido de encabezar una institución que aboga por la paz y los derechos humanos, tras haber estado en organismos represivos que violaron esos derechos, como la CNI y los servicios de inteligencia de la Armada, expresó que "no".

"Por el contrario, a mucha honra, me siento orgulloso de haber cumplido mis funciones, pues nunca estuve involucrado en ningún crimen", repuso.

Antecedentes judiciales

En 1985 el juez Carlos Cerda instruyó la causa "ROL 2-77" en contra de la asociación ilícita criminal "Comando Conjunto" por el secuestro y desaparición, en 1976, de los militantes comunistas Edras Pinto Arroyo y Reinalda Pereira Plaza.

Según el expediente de este proceso, el 10 de diciembre de 1985 el juez Cerda ordenó detener a una persona que, desde un vehículo, fotografiaba su ingreso y el del testigo Carlos Paredes a la Cárcel de San Miguel, en Santiago, donde debía realizar unas diligencias.

Según un oficio redactado por el juez e incorporado al expediente, el detenido dijo llamarse "Roberto Alejandro López Rojas" y aseguró que estaba ahí "para visitar a un amigo que había caído" y que se encontraba detenido.

El juez Cerda ordenó entonces ingresar a Roberto López al recinto carcelario, para interrogarlo e incautarle la máquina fotográfica. En una declaración judicial prestada ese mismo día, López Rojas reconoció haber sido enviado "a tomar fotos de las personas que entraran al presidio".

Posteriormente, el 11 de diciembre de 1985, la Armada envió al juez Cerda el oficio número 40-87, en el que informaba de que López fue enviado a la cárcel "a prestar protección al teniente de la Armada Daniel Guimpert Corvalán", un triple agente de la DINA, Comando Conjunto e Inteligencia Naval, que actualmente se encuentra procesado por varios crímenes de lesa humanidad, y a quien testimonios judiciales resaltan por su extrema crueldad con los prisioneros.

En 1986 Guimpert figuró en una lista de 40 agentes del Comando Conjunto procesados por el juez Carlos Cerda por el secuestro y desaparición de Edras Pinto y Reinalda Pereira, lista que encabezó el ex integrante de la Junta Militar y ex jefe de la Fuerza Aérea Gustavo Leigh.

Este episodio fue confirmado a Efe también por el obispo López, quien permaneció en la Marina entre el 1 de agosto de 1979 y el 15 de julio de 2001.

El actual presidente de la Iglesia MetodistaPentecostal (la principal congregación evangélica de Chile, con más de dos millones de fieles), Roberto López Rojas, fue agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA como policía secreta de Pinochet.

Así lo pudo confirmar la Agencia Efe a través de documentos de la Armada a los que tuvo acceso, y en una entrevista que realizó al propio obispo, quien aseguró no estar involucrado en “ningún crimen” y sentirse “honrado” de haber cumplido las funciones que se le asignaron como suboficial de la institución naval.

En su currículum de López figuran cursos de perfeccionamiento en la CNI y en la Marina (donde también operó como agente de la Dirección de Inteligencia de la Armada, Dirinta), entre ellos de “Inteligencia Naval”, “Capacitación de inteligencia operacional” y “Guerra especial”

Además, fue agente del Servicio Secreto de la Armada, con operaciones tanto en el ámbito interno como externo de la institución

Su condición de agente aparece confirmada en el “Oficio Ordinario número 1505/0323/1590 INT”, de la Marina, al que tuvo acceso EFE.

El documento no detalla qué funciones cumplió el obispo en los organismos donde estuvo, pero señala que López también cumplió tareas en el Estado Mayor de la Defensa Nacional.

El líder religioso no aparece involucrado en delitos de lesa humanidad. (Foto: UPI)

 

 

Los descargos

En entrevista con Efe, Roberto López confirmó su paso por todos los organismos mencionados, aunque al señalársele la necesidad de grabar algunas de sus respuestas, además de tomar notas, se negó y puso como condición la presencia de un abogado en una nueva reunión, que él convocaría. Posteriormente cambió de opinión y no accedió a una nueva entrevista.

Roberto López no aparece involucrado en delitos de lesa humanidad y asegura que no se avergüenza de su pasado. Preguntado si no se considera moralmente impedido de encabezar una institución que aboga por la paz y los derechos humanos, tras haber estado en organismos represivos que violaron esos derechos, como la CNI y los servicios de inteligencia de la Armada, expresó que “no”.

“Por el contrario, a mucha honra, me siento orgulloso de haber cumplido mis funciones, pues nunca estuve involucrado en ningún crimen“, repuso.

Antecedentes judiciales

En 1985 el juez Carlos Cerda instruyó la causa “ROL 2-77” en contra de la asociación ilícita criminal “Comando Conjunto” por el secuestro y desaparición, en 1976, de los militantes comunistas Edras Pinto Arroyo y Reinalda Pereira Plaza.

Según el expediente de este proceso, el 10 de diciembre de 1985 el juez Cerda ordenó detener a una persona que, desde un vehículo, fotografiaba su ingreso y el del testigo Carlos Paredes a la Cárcel de San Miguel, en Santiago, donde debía realizar unas diligencias.

Según un oficio redactado por el juez e incorporado al expediente, el detenido dijo llamarse “Roberto Alejandro López Rojas” y aseguró que estaba ahí “para visitar a un amigo que había caído” y que se encontraba detenido.

 

El juez Cerda ordenó entonces ingresar a Roberto López al recinto carcelario, para interrogarlo e incautarle la máquina fotográfica. En una declaración judicial prestada ese mismo día, López Rojas reconoció haber sido enviado “a tomar fotos de las personas que entraran al presidio”.

Posteriormente, el 11 de diciembre de 1985, la Armada envió al juez Cerda el oficio número 40-87, en el que informaba de que López fue enviado a la cárcel “a prestar protección al teniente de la Armada Daniel Guimpert Corvalán”, un triple agente de la DINA, Comando Conjunto e Inteligencia Naval, que actualmente se encuentra procesado por varios crímenes de lesa humanidad, y a quien testimonios judiciales resaltan por su extrema crueldad con los prisioneros.

En 1986 Guimpert figuró en una lista de 40 agentes del Comando Conjunto procesados por el juez Carlos Cerda por el secuestro y desaparición de Edras Pinto y Reinalda Pereira, lista que encabezó el ex integrante de la Junta Militar y ex jefe de la Fuerza Aérea Gustavo Leigh.

Este episodio fue confirmado a Efe también por el obispo López, quien permaneció en la Marina entre el 1 de agosto de 1979 y el 15 de julio de 2001.

Dicha información también fue reproducida por La Tercera, El Mercurio, La Nación.

Esta fue la respuesta del ex Obispo López:

CARTA ABIERTA A MIS HERMANOS Y AL PUEBLO DE CHILE

1. Nunca fui agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), ni tampoco desempeñé labor alguna en ese organismo. Más aún, a lo largo de toda mi vida jamás he incurrido en acciones atentatorias de la dignidad de la persona humana, que constituyan violaciones a los derechos humanos o sean crímenes de lesa humanidad.

 

Poco después del golpe de Estado que puso fin a la democracia en Chile en 1973, mi padre fue detenido en forma arbitraria. Era entonces un adolescente de sólo 15 años, por lo que pude conocer, tempranamente, el dolor de los familiares y las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Con el transcurso del tiempo, recibí del Señor el entendimiento de que el respeto a la dignidad humana deviene del imperativo de amar al prójimo (Mateo 22:35–40) y de reconocer a Dios en nuestro prójimo (Mateo 25:31–46).

Por ello, considero un agravio doloroso e inmerecido las imputaciones que he recibido en el curso de los últimos días.

2. El Señor Jesucristo señaló: “He hablado al mundo abiertamente (…) y nada he hablado en secreto” (Juan 18:20). Nada tengo que ocultar y no he existe ningún hecho significativo en mi vida que no haya puesto en conocimiento de mis hermanos de la Iglesia Evangélica Metodista Pentecostal. Por esa razón, las informaciones que ahora se han instalado en los medios de comunicación social salieron de nosotros (1 Juan 2:19) hace ya tiempo atrás y permitieron que se divulgaran en la revista “El Periodista” en su edición Nº 85 del viernes 8 de julio de 2005.

Esas informaciones ahora han sido reflotadas, con mayores niveles de repercusión. Por lo mismo, tras implorar por sabiduría al Señor (Santiago 1:5), he decidido poner a disposición de toda la sociedad chilena todos los antecedentes necesarios.

3. Ingresé como conscripto a la Armada el 28 de agosto de 1977, en cumplimiento con las obligaciones que el Estado chileno imponía e impone a los jóvenes chilenos. En el ejercicio de esa responsabilidad, resolví iniciar una carrera en la institución. Lo hice por una opción de servicio público y porque me gustaba el mar. Además, para un joven que procedía de una familia modesta, era una alternativa posible de desarrollo profesional. Es decir, no tuve razones sustancialmente diferentes a las que han motivado y hoy motivan a miles de jóvenes chilenos ha seguir carrera en alguna institución uniformada.

 

El 1 de agosto de 1979, comencé como marinero 2º y realicé un curso de servicio. Poco después del inicio de mi carrera, el mando me destinó a la Dirección de Inteligencia de la Armada (DIRINTA), organismo técnico de carácter permanente de esta institución también permanente del Estado chileno. Por cierto, esa asignación no fue una opción de carácter voluntario, ni frente a la cual pudiera tener un mínimo derecho a considerar alternativas diferentes. Me desempeñé en esas tareas entre 1979 y 1987, y luego entre 1990 y 1992.

En estos períodos, nunca me fueron asignadas tareas relacionadas con orden y seguridad interior, menos relacionadas con la vigilancia o la persecución de la disidencia política. No realicé ninguna actividad que pudiera considerarse violación a los derechos humanos. Por esas razones, es que no existe absolutamente ningún proceso judicial, ni tampoco pudiera llegar a existir, que me involucre en forma directa o indirecta. El propio cable de Agencia EFE del 11 de abril que ha provocado esta controversia señala, casi al pasar, que “Roberto López no aparece involucrado en delitos de lesa humanidad”.

Nunca he señalado a esta Agencia que me siento orgulloso de haber pertenecido a la CNI, porque nunca pertenecí a la CNI y no he participado jamás en ninguna de las reprochables e ilícitas acciones en que incurrió. Lo que manifesté, y que ahora reitero, es que me siento orgullo de haber pertenecido a la Armada en un período complejo de la historia nacional y haber desempeñado mis funciones con estricto apego a la ética del Evangelio.

Por lo demás, si los mandos me hubieran impartido una orden orientada a incurrir en un hecho ilícito, en ese mismo momento se hubiera terminado mi carrera en la Armada, pues el argumento de la “obediencia debida” no tendrá sentido alguno frente al Trono de Dios (Apocalipsis 20:11–15).

4. ¿Cuál es el origen de esa falsa imputación de que habría pertenecido a la CNI? Según el cable de la Agencia EFE, constaría en el “Oficio Ordinario número 1505/0323/1590 INT”. Lo que no indica es que en el documento se habla de una destinación que se extendió por menos de un mes y medio: entre el 2 de mayo y el 11 de junio de 1984. Añade la Agencia EFE: “No detalla qué funciones cumplió”… En rigor, a lo que alude este documento es una destinación a un breve curso en la Escuela de Inteligencia que administraba el organismo. Entre 1977 y 1989, hubo miles de efectivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas que fueron destinados a recibir formación en esta Escuela, sin que ello implicara que dejaran sus funciones regulares en sus instituciones, ni que pasaran a transformarse en “agentes de la CNI”. Precisamente ese es mi caso. Nunca abandoné mi trabajo en la Armada. Nunca fui parte de la Central Nacional de Informaciones.

 

Habría que agregar que entonces tenía 25 años y el grado de Marino 1º, y la destinación a ese curso de formación tampoco fue el resultado de una elección personal.

Un detalle adicional. El cable de Agencia EFE alude también a un episodio que ocurrió el 10 de diciembre de 1985. El ministro Carlos Cerda ordenó mi detención mientras tomaba fotografías en el frontis de la Cárcel de San Miguel, donde debía realizar unas diligencias. A este respecto, puedo precisar que era entonces cabo 2º, que fue la única ocasión que el Alto Mando de la Armada me impartió una tarea de este tipo, la que consistía en prestar protección a un ex teniente de la Armada; que –como señala el mismo cable de EFE– no tuve problemas en manifestar toda la verdad al juez cuando me fue requerido; y que el ministro Cerda, a quien todo el país reconoce su coraje y consistencia en términos éticos y jurídicos, no inició acción judicial alguna en mi contra.

5. He manifestado que nada tengo que ocultar y, por lo mismo, no sólo comparto ahora esta Carta Abierta con mis hermanas y hermanos evangélicos y con la opinión pública del país, sino que expreso mi disposición absoluta de concurrir a conversar sobre esta materia con la totalidad de aquellos que así lo requieran, incluyendo por cierto las Comisiones de Derechos Humanos del Senado y la Cámara Baja, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, cuyo dolor comparto y por quienes imploro al Señor Jesús, por misericordia, que obtengan justicia, reparación y conformidad en sus espíritus.

Considero necesario agregar que en la Iglesia Evangélica no existen autoridades que sean consideradas infalibles. Aquí, nadie goza de impunidad y todos debemos responder frente a la comunidad de hermanos y cuando corresponda frente a las autoridades judiciales o administrativas del poder secular. Aquí, todas y todos nos reconocemos como pecadores, que necesitamos del Señor para la salvación, y cada día que pasa pedimos perdón al Señor por nuestras faltas, como también perdonamos a los que nos ofenden (Mateo 6:12).
En este sentido, aunque tengo la conciencia tranquila, expreso que si en algo he fallado en mis responsabilidades éticas frente a mi prójimo, aunque sea por omisión, imploro por su perdón y misericordia.

Roberto López Rojas
Obispo Presidente
Iglesia Metodista Pentecostal.

La entrega de inmuebles benefició a iglesias evangélicas de Arica a Punta Arenas. Lo sorprendente es que buena parte de ellas se hizo en el gobierno de Michelle Bachelet, entre 2015 y 2016, mientras Víctor Osorio era ministro de Bienes Nacionales. Uno de los asesores del ministro era a su vez pastor de una de las iglesias más beneficiada: la del obispo Eduardo Durán Castro, histórico aliado de la derecha. Otro dato que llama la atención: fue la Región del Biobío la que concentró los aportes inmobiliarios y, a la vez, la región donde José Antonio Kast registró su mejor resultado electoral en las presidenciales de 2017.

Lota fue históricamente un bastión de la izquierda. La comuna enclavada en la costa de la Región del Biobío lleva la marca de los combativos mineros del carbón que exigieron mejores condiciones laborales durante todo el siglo XX. Pero eso ya es pasado. En la elección presidencial de 2017, el candidato ultraconservador José Antonio Kast obtuvo allí su mejor resultado nacional: 20,25% de los votos. La santa alianza de la derecha dura con los evangélicos que ya rinde frutos en Centroamérica y Brasil -con la elección de Jair Bolsonaro- tuvo en Chile su primer hito en Lota.

Ya en 2002 el 56,98% de los habitantes de Lota se declaraba evangélico. Eso podría explicar el abultado aporte estatal que han recibido las iglesias protestantes con presencia en esa comuna durante los últimos años. CIPER buceó en las bases de datos del Ministerio de Bienes Nacionales y constató que tan solo en tres años (2015-2017) el Estado les entregó 16 propiedades fiscales. En total, los terrenos suman 3.566 mt2.

Ese poder religioso se expresa año a año durante la celebración del Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. El 27 de octubre de 2017 se conmemoró en Lota con un masivo desfile marcial.

El paralelo entre el crecimiento de la población evangélica en Lota y la votación de un candidato como José Antonio Kast no es una rareza comunal. En toda la Región del Biobío los evangélicos se han inclinado políticamente hacia la derecha. De allí provienen dos de los integrantes de la bancada evangélica del Congreso: Leonidas Romero (el mismo diputado que acaba de interpelar groseramente al comandante en jefe del Ejército en la Cámara) y Francesca Muñoz, ambos de Renovación Nacional.

Otras dos comunas del Biobío donde el Ministerio de Bienes Nacionales ha entregado propiedades a las iglesias evangélicas, son Curanilahue (siete propiedades) y Los Álamos (cinco). Al igual que en Lota, todas fueron cedidas entre 2015 y 2017. La correlación política fue la misma. En las presidenciales de 2017, José Antonio  Kast obtuvo en Curanilahue el 16,22% de los votos y el 14,37% en Los Álamos. Resultados sorprendentes si consideramos que a nivel nacional, Kast llegó a 7,93%.

Ese fenómeno se repite en Mariquina, donde el Fisco ha entregado nueve propiedades a iglesias evangélicas también entre 2015 y 2017. Allí José Antonio Kast superó su porcentaje nacional: el 9,26% de los votos.

Aunque el aporte inmobiliario del Estado a los evangélicos en el Biobío llama la atención, no es una política regional. CIPER sistematizó las resoluciones y los decretos de Bienes Nacionales entre 2010 y 2018. La búsqueda arroja que, en ese periodo, se firmaron 152 documentos que oficializan entregas de propiedades de Arica a Punta Arenas.

En el primer lugar de la nómina de las iglesias más beneficiadas por aporte estatal, aparece la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, dirigida por el obispo Eduardo Durán Castro, quien está siendo investigado por lavado de activos (ver reportaje de CIPER). Esa iglesia también la integra su hijo, el diputado Eduardo Durán Salinas (RN). Solo entre 2014 y 2018 ha recibido ocho propiedades fiscales en comodato. Un pastor de la iglesia de Durán fue asesor del ministro de Bienes Nacionales mientras esa repartición la beneficiaba con la entrega de inmuebles estatales.

LA ALIANZA DE VÍCTOR OSORIO CON DURÁN CASTRO

Al ordenar la información de las propiedades fiscales entregadas a los evangélicos, es notorio el incremento durante el último gobierno de Michelle Bachelet, especialmente durante la gestión de Víctor Osorio como ministro de Bienes Nacionales. Osorio era dirigente de la Izquierda Ciudadana (IC), un pequeño partido (ex Izquierda Cristiana) que formó parte de la coalición que respaldó el segundo gobierno de Bachelet y estuvo al mando de ese ministerio entre marzo de 2014 y octubre de 2016.

Un asesor clave del ministro Osorio en esa cartera fue Darío Salas Verdejo, quien además era secretario general y tesorero de la Izquierda Ciudadana (IC). Durante su paso por el Ministerio de Bienes Nacionales, Salas Verdejo instaló una mesa evangélica para centralizar las solicitudes de terrenos fiscales de los pastores. También coordinaba el gabinete del ministro Osorio y su sueldo era de $3,8 millones.

En paralelo a ese puesto clave para los intereses de los evangélicos, Salas Verdejo fue nombrado pastor de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal. En Angol se inició la entrega de las ocho propiedades que recibió la iglesia que dirige el obispo Eduardo Durán Castro. El 10 de julio de 2014 se le entregó en comodato por cinco años un inmueble de 978 mt2 cuyo  avalúo fiscal es de $414 millones.

Luego recibieron terrenos y construcciones fiscales en Coltauco, Yungay, San Carlos, San Fernando, La Serena y Panguipulli (ver detalles de inmuebles entregados a la iglesia de Durán). A esos inmuebles fiscales entregados a la Primera Iglesia Metodista Pentecostal hay que sumar un galpón en Santiago traspasado en comodato a una corporación controlada por Durán Castro.

El comodato de un terreno entregado en Panguipulli se revocó. El 3 de mayo de 2018 el nuevo ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, le puso término a la concesión luego de que se descubriera que allí funcionaba un local de juegos electrónicos (ver decreto). En el Ministerio de Bienes Nacionales informaron a CIPER que otras dos concesiones fueron anuladas por ser utilizadas para fines distintos a los de las iglesias.

Mientras Darío Salas oficiaba como pastor de la iglesia de Durán, gestionaba las solicitudes de esa misma iglesia ante el ministro Osorio. El conflicto de interés era evidente. Lo que al interior del mundo evangélico no se termina de entender es qué hace un militante de izquierda como pastor de la iglesia de Durán, uno de los líderes más conservadores y cercano a la derecha entre los dirigentes evangélicos.

Ex dirigentes de la IC (partido que desapareció luego del desastre electoral de las parlamentarias de 2017) aseguraron a CIPER que Salas Verdejo intentó acercar el mundo evangélico a la izquierda. Incluso, prometió aportar con firmas de fieles que ayudaran a legalizar el partido. Y acotan que esa ayuda nunca se concretó. Lo que sí llegó a puerto fue la entrega de propiedades y la presencia del ministro Osorio en ceremonias encabezadas por el obispo Durán Castro.

El 7 de mayo de 2014 el ministro Osorio llegó a un galpón en la calle Maquinista Escobar en Estación Central. Allí se reunió con el obispo Durán Castro y anunció la entrega de ese galpón de 1.440 mt2 a la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, para que administrara un taller de capacitación para ex presos. Consultado al respecto, el Ministerio de Bienes Nacionales aclaró a CIPER que el inmueble fue entregado en concesión de uso gratuito por cinco años a favor de la Corporación Evangélica para el Desarrollo (cuyo representante legal ha sido el obispo Eduardo Durán). «El plazo vence el 6 de diciembre de 2018 y hasta la fecha no se ha recibido petición para que esta sea extendida», informó el ministerio.

Frontis del galpón entregado en concesión por Bienes Nacionales a una corporación del obispo Durán.

En la ocasión, el obispo Durán tuvo solo palabras de buena crianza para el entonces ministro:

“Agradecemos profundamente a la presidenta Michelle Bachelet y al ministro Víctor Osorio por haber puesto a disposición este espacio, que nos permitirá avanzar en forma muy significativa en el crecimiento de la obra que realizamos en las cárceles”.

El 3 de septiembre de 2014 volvieron a juntarse: asistieron a la ex Penitenciaría donde Osorio destacó la labor de la iglesia evangélica en la reinserción social de reclusos. El 12 de marzo de 2015 una vez más se reunieron cuando le dieron el vamos a la construcción del taller de capacitación que administraría la Primera Iglesia Metodista Pentecostal en Estación Central. Justo antes que Osorio fuera sacado del Ministerio de Bienes Nacionales (octubre de 2016), el obispo Durán Castro salió en su defensa:

“Como Iglesia Evangélica nos sentimos muy gratos con el trabajo que ha llevado adelante el Ministerio de Bienes Nacionales, en especial con la labor del ministro Osorio que ha sido siempre muy cercana y acogedora, procurando siempre encontrar los acuerdos necesarios para resolver nuestras inquietudes, respetando a todas las iglesias y valorando el trabajo que realizan. Este trabajo se ha enfocado principalmente en la regularización de propiedades y en la disposición de terrenos para las distintas entidades y denominaciones evangélicas, donde existen templos y dependencias que son utilizadas en labores de tipo social”.

El ex ministro Víctor Osorio junto al obispo Eduardo Durán en el galpón entregado a la Primera Iglesia Metodista Pentecostal.

Ya con Osorio fuera de Bienes Nacionales, el obispo Durán Castro soltó la artillería pesada en contra del gobierno de Bachelet. Durante el Te Deum ecuménico de septiembre de 2017 la entonces presidenta Bachelet fue abucheada por los asistentes. Fue una jugada comunicacional estratégica con miras a las elecciones parlamentarias y presidenciales.

En un hecho inédito, el hijo del obispo y entonces candidato a diputado (Eduardo Durán Salinas) ocupó el púlpito sin ser pastor ni obispo, y saltándose la programación consensuada con los organizadores del evento, se lanzó en contra de la agenda valórica impulsada por el gobierno. “Basta de esos servidores que visitan nuestros templos y que luego promueven leyes que van en contra de todo lo que profesamos”, acusó, refiriéndose a los proyectos de aborto en tres causales y de matrimonio igualitario (vea el reportaje “Las pugnas y negociaciones para instalar en Chile el poder político evangélico”).

En contraste a las pifias que recibió Bachelet, el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera fue ovacionado.

“La iglesia en general, católicos y evangélicos, van a apoyar a aquellas personas que están por la vida y que lo dicen valientemente. Si alguien va contra nuestros principios, no podemos votar por él. Así que este apoyo surgió espontáneo”, aseguró a la prensa el obispo Durán Castro sobre los aplausos recibidos por Piñera.

No fue una sorpresa. Ya en 2009 Durán Castro había respaldado la candidatura de Piñera. Ese apoyo tuvo frutos: en ese primer mandato, su hijo (actual diputado) ejerció como gobernador de la provincia del Ñuble.

LOS EVANGÉLICOS DEL RANKING

La iglesia evangélica que lidera el ranking de propiedades traspasadas por el Ministerio de Bienes Nacionales (junto a la de Eduardo Durán), es la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, dirigida por el obispo Bernardo Cartes. Ocho propiedades fiscales le fueron entregadas entre 2011 y 2018.

La primera la recibió el 30 de agosto de 2011: 284 mt2 en Arica. Luego, en 2013, recibió otro terreno en Alto Hospicio, a lo que siguieron inmuebles en las comunas de Pica, Collipulli, Guaitecas, Coyhaique, Mariquina y Puerto Montt.

En el tercer lugar de aportes estatales figura la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, del obispo Juan Ormeño Lagos. Entre 2011 y 2016 ha recibido seis propiedades estatales en las comunas de San Carlos, Pozo Almonte, Til Til, Copiapó, Juan Fernández y Diego de Almagro.

El ranking sigue con la Misión de la Iglesia del Señor (cinco inmuebles); Iglesia Evangélica Pentecostal (cinco); Misión Evangélica Wesleyana (cuatro); Iglesia Evangélica Misionera Nuevo Pacto (tres); Iglesia Pentecostal de Chile (tres); y la Corporación Evangélica Cristiana Apostólica (tres).

Llama la atención que los terrenos fiscales entregados en las comunas de Lota y Curanilahue se concentraron entre 2015 y 2017. Incluso varias resoluciones se firmaron el mismo día. Por ejemplo, el 10 de diciembre de 2015 se entregaron cuatro propiedades en Lota. El 29 de julio del mismo año se entregaron dos terrenos, y lo mismo ocurrió el 1 de octubre y el 23 de noviembre (ver detalle de las propiedades fiscales entregadas a iglesias evangélicas en Lota).

Aunque la mayoría de los inmuebles fueron entregados bajo la modalidad de concesiones de uso gratuito de corto plazo (que pueden tener una duración de 3, 5 o 10 años), hay casos en que Bienes Nacionales les traspasó a iglesias evangélicas bienes fiscales a perpetuidad.

Con esa fórmula, la Agrupación Intercomunal de Pastores de Chile (Agripach) recibió el 25 de julio de 2016 un inmueble en la calle Fray Camilo Henríquez (Santiago) con un avalúo fiscal de $148 millones. Lo mismo ocurrió con la Iglesia Evangélica Pentecostal, que el 13 de enero de 2011 obtuvo gratis y para siempre una propiedad avaluada en $4,7 millones en Tierra Amarilla. A perpetuidad también recibió la Iglesia Evangélica Nacional de Cristo en 2013 otra propiedad en Hualaihué; al igual que la Agrupación Misionera de Iglesias Pentecostales que en 2015 se benefició con un inmueble en Porvenir. Ese mismo año la Iglesia del Señor obtuvo una propiedad de 322 mt2 a perpetuidad en Mariquina.

El Fisco también ha entregado concesiones de uso gratuito a largo plazo. Así ocurrió con el edificio de 979 mt2 de calle Dieciocho (Santiago Centro), donde funciona el Consejo de Unidades Pastorales (Cuprem), entidad dirigida por Emiliano Soto, el líder evangélico históricamente cercano a los gobiernos de centroizquierda. El 4 de febrero de 2016 se les entregó ese inmueble por 30 años.

EXPLOSIVO CRECIMIENTO PATRIMONIAL

El mundo protestante chileno se divide en más de 3.500 denominaciones legalizadas: iglesias pentecostales, luteranas, anglicanas, bautistas, entre otras. En este mundo, el sector pentecostal es el mayoritario, pero lo cierto es que entre los casi 3,5 millones de fieles que se declaran evangélicos en nuestro país, no existe una sola postura y mucho menos una sola vocería.

La llamada Catedral Evangélica, donde se realiza cada año el Te Deum de este sector religioso, se ha erigido como el centro neurálgico de la influencia evangélica en Chile. Pero esa figuración pública no la transforma en la más masiva. La investigación de CIPER logró identificar otras grandes iglesias evangélicas que se extienden por el territorio nacional y que acumulan un capital inmobiliario – que no solo proviene de donaciones estatales- muy superior al de la iglesia liderada por Durán Castro.

La primera en esa nómina es la Iglesia Evangélica Pentecostal, presente en todo Chile y que cuenta con 863 propiedades, cuyo avalúo fiscal supera los $32.200 millones. Su autoridad máxima es el superintendente Daniel Sepúlveda González.

La sigue la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, entidad que registra 354 propiedades avaluadas por el Fisco en más de $6.640 millones. Con presencia en todas las regiones del país, su líder es el obispo Bernardo Cartes Venegas.

En tercer lugar está la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, con 302 propiedades avaluadas en más de $ 8.150 millones. Está liderada por el obispo Juan Ormeño Lagos.  En el cuarto lugar se ubica la Iglesia Pentecostal de Chile, con 102 propiedades avaluadas en poco más de $1.600 millones. Su autoridad máxima es el obispo general Ulises Muñoz Moraga.

La Iglesia Evangélica Pentecostal es la entidad religiosa que registra más propiedades inscritas en el periodo 1981-2018. El peak fue en 2003, año en que sumaron 95 propiedades en distintas regiones, seguido por el 2005, con 35 (FUENTE: Conservador de Bienes Raíces de Santiago y Fojas, base de datos que compila información de 31 conservadores de Bienes Raíces, con excepción de Santiago y otros).

En comparación con las anteriores, la iglesia que lidera el obispo Eduardo Durán (con sus distintos RUT) registra solo 16 propiedades, cuyo avalúo fiscal alcanza los $390 millones. Estos no son los únicos bienes inmuebles que posee esta iglesia. En el sitio web de la Catedral Evangélica, controlada por Durán,  aparece un listado de 77 propiedades que estarían diseminadas en “las comunas de la Región Metropolitana”.

PINOCHET EN EL ORIGEN

El origen del poder alcanzado por Eduardo Durán en el mundo evangélico, está en la cercanía que supo tejer el obispo histórico de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Javier Vásquez, con Augusto Pinochet. El peak de esa relación lo marcó Vásquez como gestor del primer Te Deum de esa iglesia que se instaló en la Catedral Evangélica cuando la Iglesia Católica se enfrentaba a la dictadura.

Tras la muerte de Vásquez en 2003, se desató la pugna por su sucesión. Su herencia no era solo el liderazgo espiritual de la iglesia, sino también el control de un cuantioso capital, alimentado por diezmos, ofrendas y un largo listado de bienes raíces. Había cuatro nombres para solo dos cargos: la presidencia de la Iglesia Evangélica Metodista Pentecostal y la jefatura local del templo de Jotabeche 40 (Catedral Evangélica).

Protagonistas de esa batalla fueron el obispo Bernardo Cartes, quien quedó en la presidencia de la iglesia; Eduardo Durán, quien heredó el puesto de pastor gobernante del templo de Estación Central; Roberto López, quien asumió como segundo de Cartes y Jorge Vásquez, el hijo del fallecido pastor, quien aspiraba a ser el administrador de la Catedral.

Como secretario privado del obispo histórico Javier Vásquez, Durán sabía que éste había creado en 2001 una corporación de derecho público paralela a la corporación de derecho privado que ya existía. También sabía que Cartes había quedado de presidente solo de la corporación pública y que la mayoría de los bienes estaban a nombre de la entidad privada.

Los dirigentes más vociferantes de la Iglesia Evangélica han virado a posiciones de derecha en los últimos años.

La disputa por el poder que dejó la sucesión de Vásquez se hizo más ruda. Durán logró que el pastor Roberto López se hiciera de la presidencia de la corporación privada, que estaba acéfala y que era propietaria de la mayoría de los bienes. Fue así como López reunió bajo su mando a los pastores disidentes del obispo Bernardo Cartes. Pero la estrategia de Durán apuntaba más alto. Y movió sus piezas.

En enero de 2011, Durán inscribió una nueva iglesia: Catedral Evangélica de Chile Jotabeche 40 Metodista Pentecostal, y fijó su domicilio en el templo de Estación Central. En medio de la férrea disputa por el control del bastión de la iglesia evangélica, trascendió una información que el círculo del fallecido pastor Vásquez conocía -y muy bien- desde hacía años: el pastor Roberto López había sido agente de la CNI. Los días de López estaban contados.

Fue así cómo Eduardo Durán Castro despejó el camino y se transformó en el amo y señor de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, cuya sede es la Catedral Evangélica. Pero Durán debió asumir que debería convivir con las otras dos iglesias resultantes de la pugna: la Iglesia Metodista Pentecostal (de derecho público), encabezada por Bernardo Cartes y la Iglesia Metodista Pentecostal (de derecho privado), ahora a cargo del pastor Mario Salfate.

A fines de 2017, con Durán ya instalado en la Catedral, las voces evangélicas irrumpieron en el escenario político chileno buscando emular lo ocurrido en Brasil, donde ya controlaban la administración política de Río de Janeiro. Por primera vez un grupo de evangélicos se postuló a la Cámara de Diputados, obteniendo tres sillones: Francesca Muñoz y Leonidas Romero por la Región del Biobío; y Eduardo Durán Salinas por el Distrito 13 de Santiago.

La elección de Jair Bolsonaro como Presidente de Brasil, teniendo como sustento su alianza con el mundo evangélico ultraconservador, ha funcionado como un motor de última generación para las aspiraciones políticas de ese sector religioso en Chile. El diputado Eduardo Durán Salinas ya anuncia próxima gira a Estados Unidos, México, Argentina, Perú y Brasil para avanzar en la constitución de una alianza político valórica continental que tiene como meta incrementar poder político en varios países.

En paralelo a esa ofensiva internacional del hijo del obispo Durán Castro, la lucha por la sucesión del poder que maneja la Catedral Evangélica y sus bienes vuelve a encender motores. En un periodo electoral tan decisivo como el que se aproxima en Chile, nadie quiere estar cerca de un obispo formalizado por lavado de activos y fraude al Fisco. Y esa investigación que tiene a Durán Castro en la mira está en pleno desarrollo.