López Maldonado Sergio Orlando

Un juez especial chileno condenó a 9 exoficiales del Ejército por exhumaciones ilegales de 26 prisioneros políticos que fueron fusilados en la ciudad de Calama, al norte de Chile, en octubre de 1973 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, en uno de los episodios de la Caravana de la Muerte. De otra parte, el ministro Miguel Vázquez condenó a 14 integrantes del Comando Conjunto por cinco secuestros.

Los militares retirados Carlos Minoletti, Julio Salazar y Luis Aracena, fueron condenados a 5 años y un día de prisión, mientras que Manuel Aguirre, Sergio López, Hugo Carrasco, Wilson Pacheco y Pedro Gutiérrez recibieron 3 años de presidio, y Héctor Iturra 541 días, este último con el beneficio de remisión condicional de la pena, que le permite cumplirla en libertad.

«Las víctimas fueron primeramente privadas de la vida por ajusticiamiento, para luego ser enterradas, ocultándose toda información sobre el lugar en que se habían depositado los restos, siendo estos posteriormente desenterrados, sin respetarse las normas legales, sanitarias y reglamentarias sobre exhumaciones, para hacerlos desaparecer seguidamente», indica la sentencia.
 
El juez Leopoldo Llanos también determinó que el Estado chileno deberá pagar una indemnización total de 20 mil millones de pesos chilenos (unos 32 mil dólares) a familiares de las víctimas.

Esta sentencia se enmarca en uno de los episodios de la llamada «Caravana de la muerte», una comitiva que recorrió Chile tras el golpe de Estado de 1973, asesinando a cerca de un centenar de presos políticos.

El grupo estaba al mando del general Sergio Arellano Stark, investido como «delegado del comandante en jefe», es decir, de Augusto Pinochet (1973-1990) y en cada ciudad por la que pasó sus integrantes sacaban a grupos de presos políticos y los asesinaban en lugares despoblados.

En 1978, tras el hallazgo de una quincena de cadáveres de presos asesinados cerca de Santiago, Pinochet ordenó la operación «Retiro de Televisores», que consistió en la exhumación clandestina de centenares de cadáveres que fueron introducidos en sacos atados a trozos de rieles y lanzados al mar.

El Juez Leopoldo Llanos, condenó a seis altos mandos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet, por el secuestro calificado  (desaparición) de tres dirigentes del Partido Comunista (PC) chileno.

El general retirado Manuel Contreras, exjefe de la DINA, el brigadier Pedro Espinoza y los excoroneles Carlos López, Rolf Wenderoth, Ricardo Lawrence y Juan Morales fueron condenados a 15 años y un día de presidio como autores de los tres delitos.

Contreras suma condenas por más de 500 años de prisión tras ser sentenciado en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.

José Corvalán, Jorge Salgado y Pedro Silva, dirigentes del PC, fueron detenidos el 9 de agosto de 1976 y luego trasladados al centro de detención clandestina «Villa Grimaldi», sin que se volviera a saber algo de ellos.

En el aspecto civil, el juez Llanos ordenó el pago de una indemnización total de 700 mil millones de pesos chilenos (cerca de un millón de dólares) a familiares de las víctimas.

Durante la dictadura de Pinochet, según informes oficiales, unos tres mil 200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que mil 192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y unos 33 mil fueron torturados y encarcelados por causas políticas.

MINISTRO MIGUEL VÁZQUEZ DICTA CONDENA EN CONTRA DE 14 AGENTES DEL “COMANDO CONJUNTO” POR ASOCIACIÓN ILÍCITA Y SECUESTROS

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, dictó condena en contra de 14 ex agentes del denominado «Comando Conjunto», por su responsabilidad en los delitos de asociación ilícita y los secuestros de Víctor Vega Riquelme, Isabel Stange Espínola, Jaime Estay Reyno, Amanda Velasco Pedersen y María Eugenia Calvo Vega, ilícitos perpetrados entre 1975 y 1976.

En la resolución, el ministro Vázquez condenó a:
-Enrique Ruiz Bunger a 7 años de presidio por el secuestro calificado de Vega Riquelme; cuatro penas de 100 días de presidio por los secuestros simple de Stange Espínola, Estay Reyno, Velasco Pedersen y Calvo Vega, y 5 años y un día por asociación ilícita;

-Juan Saavedra Loyola deberá cumplir 7 años de presidio por el secuestro calificado de Vega Riquelme, y cuatro penas de 100 días de presidio por los secuestros simples de Stange Espínola, Estay Reyno, Velasco Pedersen y Calvo Vega;

-César Palma Ramírez deberá purgar 6 años de presidio por el secuestro calificado de Víctor Vega Riquelme, y a dos penas de 100 días de presidio por los secuestros simples de Estay Reyno y Stange Espínola.

-Sergio Díaz López, Álvaro Corbalán Castilla y Raúl Rojas Nieto fueron condenados a 7 años de presidio por su responsabilidad en el secuestro calificado de Víctor Vega Riquelme;

-Otto Trujillo Miranda fue condenado a 300 días de presidio por el secuestro simple de María Eugenia Calvo Vega;

-Raúl González Fernández deberá cumplir 60 días de presidio por su responsabilidad como cómplice del secuestro simple de Amanda Velasco Pedersen, y 541 días de presidio por asociación ilícita. En ambas se concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena, y

-Pedro Caamaño Medina, Andrés Potín Lailhacar, Robinson Suazo Jaque, Eduardo Cartagena Maldonado, Juan Chávez Sandoval y Alejando Sáez Mardones fueron condenados a 541 días de presidio –con el beneficio de la remisión condicional– por su responsabilidad en el delito de asociación ilícita.

Asimismo, el magistrado absolvió a los agentes Guillermo Urra Carrasco y Pedro Zambrano Uribe.

Los hechos

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro Vázquez Plaza logró acreditar la siguiente secuencia de hechos:
«a) Que un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, de Carabineros de Chile, de la Armada, del Ejército y civiles relacionados con miembros de la Fuerza Aérea, se unieron en el último trimestre del año 1975 y parte del primer trimestre del año 1976, formando una agrupación fuera de los marcos de la institucionalidad y legalidad, los que desarrollaron estrategias y acciones que permitieran detectar, detener y en algunos casos, eliminar o hacer desaparecer a militantes de la Juventud Comunista, para cuyo efecto realizaban seguimientos de acuerdo a los datos obtenidos en esa actividad y actuaban al margen de todo procedimiento administrativo y judicial.

b) Que en ese contexto, en la madrugada del día 22 de diciembre de 1975, en el interior del domicilio ubicado en calle Estados Unidos N° 9214, paradero 19 de Villa Kodak, comuna de La Florida, fueron detenidos dos miembros del Partido Comunista de Chile, uno de los cuales de nombre Miguel Estay Reyno, con posterioridad a su detención, comenzó a prestar colaboración para cumplir los fines propuestos por la mencionada agrupación «Comando Conjunto» y, dicho sujeto tomó contacto con Eliana Graciela Espínola Bradley, para ubicar a Isabel del Rosario Stange Espínola y, a través de ésta, a Víctor Humberto Vega Riquelme, a quien conocía por su militancia en el mismo partido, el que era requerido por la citada agrupación y fue así que, se acordó como punto de reunión el de Avenida Libertad Bernardo O’Higgins con General Velásquez, lugar al que concurrieron el 3 de enero de 1976, a las 21:30 horas, los nombrados Isabel del Rosario Stange Espínola y Víctor Humberto Vega Riquelme, conjuntamente con Jaime Eduardo Estay Reyno, quedando los dos varones a media cuadra de distancia del punto de reunión, mientras Isabel del Rosario Stange Espínola conversaba con el sujeto concertante de la reunión, el que iba acompañado de miembros operativos de la agrupación, momentos en que fueron aprehendidos, a viva fuerza, por varios de los agentes y los introdujeron en el interior de varios vehículos, uno de los cuales correspondía a un Fiat 600 de color blanco, sin que existiese orden judicial o administrativa que autorizase su detención.

c) Que, acto seguido, los tres detenidos fueron llevados hasta las dependencias de un recinto que resultó ser, a la postre, la Base del Regimiento de Artillería Antiaérea de la Fuerza Aérea de Chile, ubicado en Colina, en cuyo interior funcionaba un centro de detención clandestino, denominado «La Prevención», que también era conocido como «Remo Cero», lugar en que fueron interrogados y torturados con aplicación de corriente eléctrica en sus cuerpos y otros tormentos.

d) Que Vega Riquelme permaneció encerrado y detenido en el indicado recinto hasta que éste fue cerrado a fines del mes de enero de 1976, ocasión en que fue entregado a personal del Ejército, perteneciente a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que hasta esa época participaba en la agrupación, desconociéndose desde esa fecha el paradero de Víctor Vega Riquelme, así como la suerte que ha corrido su salud física, síquica e integridad personal no obstante las búsquedas realizadas, tanto por vía judicial y administrativa, manteniéndose en calidad de detenido desaparecido hasta la fecha.

e) Que, los otros dos detenidos, esto es Stange Espínola y Estay Reyno, también fueron trasladados al recinto denominado «La Prevención» o «Remo Cero» referido en la letra c) anterior, e interrogados bajo aplicación de tormentos, posteriormente la mujer Isabel del Rosario Stange Espínola y el varón Jaime Eduardo Estay Reyno fueron dejados en libertad el 29 de enero de 1976, sin que se les formulase cargo alguno».

En el aspecto civil, el fallo rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral, deducida por el abogado Nelson Caucoto Pereira, en representación de la querellante Julia Soto Riquelme, prima de Víctor Vega Riquelme.

CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RATIFICA CONDENAS POR SECUESTRO CALIFICADO DE VÍCTIMA DE LA “OPERACIÓN COLOMBO”

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la condena dictada en contra de siete agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Stalin Aguilera Peñaloza, ilícito perpetrado a partir del 23 de julio de 1974.  Aguilera Peñaloza es una de las víctimas de la denominada «Operación Colombo».

En fallo unánime (causa rol 2233-2014), la Tercera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Gloria Solís y la abogada (i) Claudia Chaimovich- confirmó la resolución adoptada por el ministro en visita Hernán Crisosto.

La sentencia recurrida condenó a: Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, César Manríquez Bravo, Marcelo Manuel Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko, a penas de 13 años de presidio. En tanto, los ex agentes: Orlando Manzo Durán, Demóstenes Cárdenas Saavedra y Alejandro Astudillo Adonis, deberán cumplir 10 años y un día de presidio.

Asimismo, el tribunal de alzada confirmó que el Estado de Chile debe pagar a cada uno de los siete hijos de la víctima, una indemnización por daño moral de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) y de $100.000.000 (cien millones de pesos), a la cónyuge.

MINISTRO JAIME ARANCIBIA DICTA  ACUSACIÓN CONTRA  AUTOR DE SECUESTRO Y TORTURA DE HERMANOS NÚÑEZ RODRÍGUEZ

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, dictó acusación en contra de Aníbal Ramón Schaffhauser Camposano, en calidad de autor de los delitos de secuestro y tortura de los hermanos  Claudio Núñez Rodríguez y Sonia Núñez Rodríguez, hechos ocurridos en 1973 en la comuna de La Calera.

De acuerdo a los antecedentes consignados en la causa, se logró establecer que «el día 16 de octubre de 1973, en horas de la madrugada, el domicilio ubicado en calle Los Álamos N°1206 A, Población Cemento Melón de la comuna de La Calera, fue allanado violentamente por un grupo de militares pertenecientes al Regimiento N° 2 Aconcagua de Quillota, los cuales estaban al mando de un Teniente».

En dicho operativo fue detenido el padre de las víctimas (menores de edad a la fecha de los hechos), quienes además de ser golpeados e insultados, quedaron encerrados en su propia casa junto a su madre bajo custodia militar, sin poder salir a la calle.

La investigación desarrollada por el ministro Arancibia estableció también que «en ocasiones las víctimas y sus hermanos, eran llevados junto a su madre el retén de Carabineros para ser interrogada, en más de una oportunidad presenciaron torturas en insultos a las que era sometida donde le propinaban golpes con armas y otros objetos, todo, con la finalidad de obtener información acerca de la ubicación de artefactos explosivos».

Además, la resolución precisa que si bien los hermanos  Núñez Rodríguez eran menores de edad a la fecha de los hechos «éstos fueron víctimas de secuestro y tortura, dado que se les privó de su libertad al no permitirles la salida de su hogar para hacer una vida normal, como también el daño psicológico que le produjeron los hechos que les tocó vivir y presenciar, esto es, el  haber estado en un retén de Carabineros junto a su madre viendo como maltrataban física y psicológicamente, además de recibir insultos y golpes, todo lo cual dejó las secuelas que los informes correspondientes señalan».

MINISTRA MARIANELA CIFUENTES PROCESA A EX CARABINEROS POR EL HOMICIDIO DE FERNANDO VIELMA LUENGO

La ministra en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, dictó auto de procesamiento en la investigación que sustancia por el homicidio de Fernando Vielma Luengo, perpetrado el 4 de septiembre de 1986, en la comuna de La Cisterna.

En la resolución, la ministra Cifuentes encausó a los miembros de Carabineros en retiro: Juan Tapia Pacheco, en calidad de autor del homicidio; y Carlos Ruiz Medrano, Víctor Geraldino González, Luis Zapata Torres y Jorge Escobar Cantillana, como encubridores del delito.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de  investigación, la ministra en visita ha logrado acreditar los siguientes hechos:

a) Que el día 4 de septiembre de 1986, alrededor de las 21:00 horas, en el marco de una jornada de manifestaciones populares con motivo de conmemorarse un año más desde la elección de Salvador Allende Gossens como Presidente de la República, Eduardo Germán Vielma Luengo salió desde su domicilio, ubicado en calle Cerro Negro N° 8.991 de la comuna de La Cisterna, acompañado de Leonel Patricio Constanzo Sepúlveda y del menor Néstor Antonio Medina Johns, a comprar cigarrillos a un almacén situado en las inmediaciones.

b) Que, instantes después, en circunstancias que Vielma Luengo caminaba junto a las personas mencionadas por calle Cerro Negro, al llegar a avenida Ossa, fue interceptado por funcionarios de carabineros, que formaban parte de un «piquete» de la 10° Comisaría de La Cisterna que se movilizaba en un bus de la institución, puntualmente por el Teniente Carlos Raúl Ruiz Medrano, quien se encontraba a cargo y los carabineros Juan Avenido Tapia Pacheco, Víctor Manuel Geraldino González, Luis Fabián Zapata Torres y Jorge Aníbal Escobar Cantillana.

c) Que, acto seguido, Eduardo Vielma Luengo caminó por avenida Ossa en dirección al poniente, ante lo cual Juan Tapia Pacheco disparó en su contra, por la espalda, penetrando el proyectil a la cavidad torácica, atravesando el pulmón derecho, causándole un hemotórax y anemia aguda, que le provocaron la muerte.

d) Que, en lugar de denunciar las circunstancias de comisión del mencionado delito, los referidos funcionarios policiales efectuaron una serie de maniobras para ocultarlas, tanto del resto de los integrantes del «piquete» como de la autoridad policial y judicial.

La jueza Rosa María Pinto procesó hoy en Calama a dos ex suboficiales de Inteligencia del Ejército y la Fuerza Aérea como presuntos autores del delito de exhumación ilegal de 26 opositores ejecutados por la "caravana de la muerte" en 1973.

La resolución afectó a Manuel Aguirre Cortés, ex suboficial de Inteligencia del Ejército, y al ex suboficial de Inteligencia de la Fuerza Aérea Sergio López Maldonado, según fuentes judiciales.

Los 26 prisioneros fueron ejecutados por orden del general Sergio Arellano Stark el 19 de octubre de 1973, en una operación de la "caravana de la muerte", una comitiva militar que ejecutó a más de 70 presos políticos en distintas ciudades del país, de acuerdo con el expediente judicial.

En el caso de Calama, a 1.564 kilómetros al norte de Santiago, las 26 víctimas fueron sacadas de la cárcel y ejecutadas en el sector de Topáter, en las afueras de la ciudad, donde fueron enterradas clandestinamente.

Según testimonios que constan en el proceso, a fines de 1975 o comienzos de 1976 los cuerpos fueron exhumados por disposición de la comandancia en jefe del Ejército que emitió una orden cifrada a través de un criptograma.

Aguirre Cortés, junto con otros militares, según el expediente, desenterraron los cadáveres y los trasladaron al aeropuerto de Calama donde los esperaba un avión C-47 de la FACH al que subieron los cuerpos que posteriormente lanzaron al mar envueltos en sacos y amarrados a rieles.

En la operación participó también Sergio Maldonado que era mecánico de la Fuerza Aérea.

En sus declaraciones al tribunal, Aguirre Cortés acusó al general jubilado Miguel Trincado Araneda, que pasó a retiro el año pasado, cuando era comandante de la segunda División del Ejército, con asiento en Santiago, de haber dirigido la exhumación de los restos de las víctimas de Calama.

Consultada por Efe, la magistrada Rosa María Pinto, confirmó los procesamientos de los dos suboficiales pero dijo que Trincado no está entre los procesados.

La exhumación de los restos de los detenidos desaparecidos durante el régimen del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990) fue conocida como "operación retiro de televisores".

Según fuentes judiciales y activistas por los derechos humanos, el operativo, que se repitió en distintas partes del país, fue ordenado por Pinochet para encubrir los crímenes de su régimen, que dejó más de 3.000 muertos y 1.279 detenidos desaparecidos.

Por vínculo con militar

Los abogados querellantes en el proceso sobre el lanzamiento al mar de 26 cuerpos de ejecutados políticos en Calama estudian recusar a la ministra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, por sus vínculos sentimentales con un ex oficial del Ejército, según informó el diario capitalino La Nación.

En 1973, la magistrada era funcionaria del Juzgado de Calama y estaba casada con el militar Álvaro Morales, quien cumplía funciones en esa ciudad cuando la comitiva de Sergio Arellano Stark efectuó los fusilamientos.

La jueza confirmó a La Nación que fue esposa de Morales y que éste era oficial del Ejército. 

Procesamientos

El pasado martes la ministra en visita del caso procesó al suboficial (R) de Inteligencia del regimiento de Calama Manuel Aguirre Cortés y al ex mecánico de la Fuerza Aérea Sergio López Maldonado, como presuntos autores del delito de exhumación ilegal. Pero no encausó al ex comandante de la Segunda División del Ejército, general (R) Miguel Trincado Araneda, quien fue sindicado como el oficial a cargo de dirigir el desentierro y traslado de los cuerpos a un avión de la FACH en el aeropuerto de la ciudad a fines de 1975.

Cuando se llevó a cabo la operación, Trincado era teniente y jefe de la sección II de Inteligencia del regimiento de Calama, por lo cual podría haber tenido algún tipo de contacto con el fallecido esposo de la ministra. A pesar de los testimonios que hay en su contra, el oficial en retiro no fue procesado.

Esto generó molestia en el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras, debido a que estima que existían los méritos suficientes para que el general en retiro enfrentara la justicia como encausado.

"Me parece insólito que después de tanto tiempo de investigación se haya decidido el tribunal por procesar a los testigos y no a los culpables. Esto amerita estudiar la situación y adoptar las medidas que corrijan este procedimiento. Entre estos culpables se encuentra Miguel Trincado Araneda", dijo el abogado.

Según testimonios que constan en el proceso, a fines de 1975, los cuerpos fueron lanzados al mar desde un avión C-47 de la FACH, los que estaban envueltos en sacos y amarrados a rieles para que se hundieran en el océano. En el expediente se establece que López Maldonado fue el encargado de tirar a las víctimas de la Caravana de la Muerte.

Aguirre Cortés acusó ante la jueza de que Trincado era la persona encargada de dirigir el desentierro de los restos de las víctimas de Calama. Este hecho está dentro de la conocida Operación Retiro de Televisores.

Un represor confesó el lugar exacto donde fueron arrojados al mar víctimas de la dictadura chilena y allí se encontraron evidencias de lo actuado por la llamada “Caravana de la muerte”, que recorrió el país en tiempos de Pinochet.

Antes de morir, uno de los militares que participaron en diversas violaciones a los derechos humanos –en los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet– confesó lo que muchos otros han querido mantener en reserva: el lugar exacto donde estaban sumergidos algunos rieles usados para hacer desaparecer cuerpos de víctimas lanzadas al mar, evitando con ello que salieran a flote.

Hace unos días, los trozos de metal fueron hallados cerca de la costa de Caldera, un pequeño puerto en el norte de Chile (a 870 kilómetros de Santiago) y subidos más tarde a la superficie. La información fue revelada ayer a EFE por fuentes judiciales. Según el testimonio recogido, que coincide con confesiones similares en distintas causas judiciales, los pedazos de vía de ferrocarril eran usados para hundir los cadáveres que los represores tiraban al mar en bolsas atadas con alambre.

La identidad del militar se mantiene en secreto y los rieles, según dijeron las fuentes, se encuentran en el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), en Santiago, donde serán analizados para determinar si mantienen adheridos algunos elementos. Por ahora se mantiene la búsqueda en el área del hallazgo con la idea de encontrar otro tipo de restos similares.

La diligencia se enmarca en el marco del juicio denominado Caravana de la Muerte, a cargo de la jueza especial Patricia González, y que hace referencia a una comitiva militar que a fines de 1973 recorrió Chile dejando a su paso cerca de un centenar de presos políticos ejecutados en distintas ciudades.

Según trascendió, el hallazgo se mantiene bajo secreto, lo que ha disgustado a organismos y abogados de derechos humanos, que lo consideran importante, además en la víspera de los 40 años del golpe de Estado de Pinochet.

En ese marco, expertos consultados por la agencia dijeron que resulta imposible intentar siquiera aproximarse a la identidad de quienes fueron lanzados al mar atados a esos rieles, a menos que el militar fallecido haya confesado nombres.

Así las cosas, dos casos podrían tener alguna vinculación. El primero se refiere a 26 cadáveres desenterrados en 1976 en el desierto de Atacama, correspondientes a prisioneros asesinados en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en la ciudad de Calama. Esos cadáveres fueron arrojados al mar desde un avión de la Fuerza Aérea, según admitió judicialmente el mecánico de esa institución, Sergio López Maldonado, quien lanzó los cuerpos, pero no señaló en qué parte de la costa del norte.

El segundo episodio se relaciona con tres ejecuciones extrajudiciales ocurridas en octubre de 1973 en la ciudad de Copiapó, a 75 kilómetros al sureste de Caldera, también a manos de la Caravana de la Muerte.

Las víctimas fueron el gerente general de la Compañía de Cobre Salvador, Ricardo García Posadas, y los dirigentes sindicales de esa empresa Maguindo Castillo Andrade y Benito Tapia Tapia, cuyos cuerpos fueron sepultados en el cementerio de Copiapó, pero rápidamente desaparecieron del lugar.

El de Caldera es el segundo hallazgo de rieles usados para lanzar cuerpos de prisioneros al mar desde 1973. El primero ocurrió en septiembre de 2004 frente a Quintero, a 44 kilómetros al norte de Valparaíso. Esa vez, cuatro piezas metálicas fueron halladas por detectives de la PDI, bajo la supervisión del juez especial Juan Guzmán Tapia. Las piezas pasaron después a formar parte de un museo recordatorio en el ex campo de prisioneros de Villa Grimaldi, en Santiago. Algunas de ellas mantenían aún botones adheridos.

Según declaraciones judiciales de suboficiales y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército, entre octubre de 1973 y agosto de 1977, al menos 500 cuerpos fueron arrojados al mar desde helicópteros. Varios declarantes coinciden en que al menos hubo 40 vuelos, con entre ocho y quince cuerpos transportados en cada uno.

Hasta ahora, el único cuerpo que emergió desde el fondo del océano fue el de Marta Ugarte, una profesora comunista, cuyo cadáver apareció en una playa de la región de Coquimbo el 12 de septiembre de 1976.

Según el expediente del caso, uno de los alambres que unían el riel a su cuerpo fue utilizado por el agente de la DINA, Emilio Troncoso Vivallos, para estrangularla, pues tras la inyección letal que le fue administrada antes de subirla al helicóptero, ella permanecía aún con vida. Así, una vez en el agua, el riel se soltó y su cadáver emergió.

Varios rieles usados para lanzar cadáveres de prisioneros políticos al mar y hacerlos desaparecer durante la dictadura de Augusto Pinochet se encontraron en las costas de Caldera, en el norte de nuestro país, informó esta semana la agencia EFE

Los pedazos de metal, hallados a unos 870 kilómetros al norte de Santiago, fueron subidos hace unos días a la superficie, desde el fondo marino y su hallazgo fue posible gracias a que un militar que participó en esas acciones confesó antes de morir, indicó el periodista Jorge Escalante, autor de la información.

Hasta ahora, la identidad del militar se mantiene en reserva y los rieles, "menos de cinco", según dijeron las fuentes, se encuentran en el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), en Santiago, donde serán analizados para determinar si mantienen adheridos algunos elementos. La búsqueda se mantiene en el área del hallazgo, por la posibilidad de que haya más piezas similares.

La diligencia se cumplió en el marco del juicio por los episodios de la llamada Caravana de la Muerte, a cargo de la jueza especial Patricia González, referido a una comitiva militar que a fines de 1973 recorrió Chile y dejó a su paso cerca de un centenar de presos políticos ejecutados en diversas ciudades. La comitiva era encabezada por el general Sergio Arellano Stark, quien actuaba como "oficial delegado" del general Pinochet.

El hallazgo se mantenía bajo secreto, lo que ha disgustado a organismos y abogados de derechos humanos, que lo consideran importante por cumplirse 40 años desde el golpe de Estado.

En ese marco, expertos consultados dijeron que, a menos que el militar fallecido haya confesado nombres, resulta "imposible" intentar siquiera aproximarse a la identidad de quienes fueron lanzados al mar atados a esos rieles.

Recordaron dos episodios ocurridos a fines de 1973 que podrían tener vinculación con el hallazgo. El primero se refiere a 26 cadáveres desenterrados en 1976 en el desierto de Atacama, correspondientes a prisioneros asesinados en octubre de 1973 durante el paso de la llamada Caravana de la Muerte, en la ciudad de Calama.

Esos cadáveres fueron arrojados al mar desde un avión de la Fuerza Aérea, según admitió judicialmente el mecánico de esa institución Sergio López Maldonado, quien lanzó los cuerpos. Pero López no dijo en qué parte de la costa del norte fueron tirados los cadáveres.

El segundo episodio se relaciona con tres ejecuciones extrajudiciales ocurridas en octubre de 1973 en la ciudad de Copiapó, a 75 kilómetros al sureste de Caldera, también a manos de la Caravana de la Muerte. Las víctimas fueron el gerente general de la Compañía de Cobre Salvador, Ricardo García Posadas, y los dirigentes sindicales de esa empresa Maguindo Castillo Andrade y Benito Tapia Tapia, cuyos cuerpos fueron sepultados en el cementerio de Copiapó, pero rápidamente desaparecieron del lugar.

Fueron encontrados en las costas de Caldera tras la confesión de un militar.

Es el segundo descubrimiento de este tipo, tras el realizado en septiembre de 2004 en Quintero.

Varios rieles usados para lanzar cadáveres de presos políticos al mar y hacerlos desaparecer durante la dictadura de Pinochet fueron descubiertos en las costas de Caldera, revelaron a la agencia EFE fuentes judiciales.

Los trozos de metal fueron subidos hace unos días a la superficie desde el fondo marino y su hallazgo fue posible gracias a que un militar que participó en esas acciones confesó su ubicación antes de morir.

Hasta ahora, la identidad del militar se mantiene en reserva y los rieles -que son "menos de cinco", según las fuentes- se encuentran en el Laboratorio de Criminalística de la PDI en Santiago, donde serán analizados para determinar si mantienen adheridos algunos elementos.

La búsqueda se mantiene en el área del hallazgo por la posibilidad de que haya más piezas similares.

Estas diligencias se enmarcan en la investigación del caso "Caravana de la Muerte" -comitiva militar que a fines de 1973 recorrió diversas ciudades y dejó a su paso cerca de un centenar de ejecutados políticos- a cargo de la jueza especial Patricia González.

Sospechas

Hasta ahora el hallazgo se mantiene bajo secreto, lo que ha disgustado a organismos y abogados de derechos humanos. Expertos consultados por EFE dijeron que a menos que el militar fallecido haya confesado nombres resulta "imposible" intentar siquiera aproximarse a la identidad de quienes fueron lanzados al mar atados a esos rieles.

Recordaron, en todo caso, dos episodios ocurridos a fines de 1973 que podrían tener vinculación con el hallazgo.

El primero se refiere a 26 cadáveres desenterrados en 1976 en el desierto de Atacama, correspondientes a prisioneros asesinados en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en la ciudad de Calama.

Esos cadáveres fueron arrojados al mar desde un avión de la Fuerza Aérea, según admitió judicialmente el mecánico de esa institución Sergio López Maldonado, quien lanzó los cuerpos.

López no dijo, sin embargo, en qué parte de la costa del norte fueron lanzados los cadáveres. Calama está a 698 kilómetros al nornoreste de Caldera.

El segundo episodio se relaciona con tres ejecuciones extrajudiciales ocurridas en octubre de 1973 en la ciudad de Copiapó, a 75 kilómetros al sureste de Caldera, también a manos de la Caravana de la Muerte.

Las víctimas fueron el gerente general de la Compañía de Cobre Salvador, Ricardo García Posadas, y los dirigentes sindicales de esa empresa Maguindo Castillo Andrade y Benito Tapia Tapia, cuyos cuerpos fueron sepultados en el cementerio de Copiapó, pero rápidamente desaparecieron del lugar.

La máquina criminal

El de Caldera es el segundo hallazgo de rieles usados para lanzar cuerpos de prisioneros al mar desde 1973. El primero ocurrió en septiembre de 2004 frente a Quintero, 44 kilómetros al norte de Valparaíso.

Esa vez, cuatro piezas metálicas fueron halladas por detectives de la PDI bajo la supervisión del juez Juan Guzmán Tapia.

Las piezas pasaron después a formar parte de un museo recordatorio en el ex campo de prisioneros de Villa Grimaldi, en Santiago. Algunas de ellas mantenían aún botones adheridos.

Según declaraciones judiciales de suboficiales y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército, entre octubre de 1973 y agosto de 1977, al menos 500 cuerpos fueron arrojados al mar desde helicópteros.

Varios declarantes coinciden en que al menos hubo 40 vuelos, con entre ocho y 15 cuerpos transportados en cada uno. Los cadáveres eran puestos en sacos, cosidos con alambre y después a cada uno le amarraban un trozo de riel.

Hasta ahora, el único cuerpo que emergió desde el fondo del océano fue el de Marta Ugarte, una profesora comunista, cuyo cadáver apareció en una playa de la región de Coquimbo el 12 de septiembre de 1976.

Según el expediente del caso, uno de los alambres que unían el riel a su cuerpo fue utilizado por el agente de la DINA Emilio Troncoso Vivallos para estrangularla, pues tras la inyección letal que le fue administrada antes de subirla al helicóptero, ella permanecía aún con vida. Así, una vez en el agua, el riel se soltó y su cadáver emergió. 

Esta es la segunda vez que se realiza un hallazgo de este tipo, el anterior fue el año 2004 en Quintero y, tal como aquella vez, el abogado de Derechos Humanos (DD.HH.), Eduardo Contreras, estimó muy difícil que se pueda dar con la identidad de algunas de las víctimas.

Profundo impacto provocó en el mundo de los derechos humanos el hallazgo en el fondo del mar, en la Región de Atacama, de rieles ferroviarios utilizados para hundir los cuerpos de las víctimas de la dictadura, lo que fue revelado este miércoles.

Esta es la segunda vez que se realiza un hallazgo de este tipo, el anterior fue el año 2004 en Quintero y, tal como aquella vez, el abogado de Derechos Humanos (DD.HH.), Eduardo Contreras, estimó muy difícil que se pueda dar con la identidad de algunas de las víctimas.

Indicó que "las posibilidades son muy remotas. En el caso anterior de Quintero no fue posible la identificación. Hay que comprender que los restos que, probablemente, se encontrarán ahora son más bien materiales del ropaje con el que estaban vestidos".

"Que yo sepa, no hay trozos de osamentas ni materiales del tejido que permitan la identificación de los cuerpos. Tiene el mérito y el valor de demostrar que lo que se ha afirmado en los procesos es totalmente cierto. Ojalá fuera de otra manera, pero no creo que sea posible la plena identificación de las víctimas solo por este camino", declaró.

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, prefiere actuar con cautela para no someter nuevamente a la tortura de la búsqueda a los parientes de las víctimas de la zona, por cuanto la dictadura trasladó prisioneros de una zona a otra.

Para Pizarro, sería un acto de cobardía que se haya entregado una información parcial, sin nombres de desaparecidos ni de responsables.

"Este es el reflejo de ese cuentagotas dolorosos al que nos enfrentamos los familiares de DD.DD., donde la verdad se entrega a medias, donde la verdad nunca es total y donde seguimos esperando conocer el nombre de los responsables y el destino de nuestros familiares", declaró.

Sobre la confesión del mecánico de la Fuerza Aérea, Sergio López Maldonado, Pizarro indicó que "la declaración de este sujeto viene a revelar una vez más la verdad. La información la tiene las Fuerzas Armadas".

"El Presidente de la República, si sigue en silencio ante esta información, hoy se está revelando que también es cómplice de este pacto de silencio", acusó la presidenta de la agrupación.

Por su parte, el diputado comunista por Copiapó, Lautaro Carmona, se comprometió a no terminar la búsqueda hasta obtener la información sobre el paradero de las víctimas.

"Yo voy a hacer todas la diligencias, todas las movilizaciones, hasta esclarecer con absoluta certeza la relación que estos rieles tienen con la forma que usaron para exterminar a muchos de los nuestros. Incluso, muchos de ellos fueron lanzados vivos al mar", indicó.

Manifestó que "hay nuevas tecnologías, los antropólogos, los arqueólogos, son capaces de detectar restos humanos de cientos de años. Entonces esa es una parte a la que uno nunca debe renunciar", informó Radio Cooperativa.

Los procesamientos en esta causa de violaciones de DD.HH. fueron dictados ayer por la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto. La magistrada encausó además al coronel (R) Luis Aracena y a tres suboficiales (R). Todos están acusados como autores del desentierro y lanzamiento al mar a fines de 1975 o comienzos de 1976, de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973.

Foto: Miguel Trincado comandó la operación del desentierro y lanzamiento al mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la Sección de Inteligencia del regimiento Calama. 

Los generales (R) Miguel Trincado Araneda y Julio Salazar Lantery, junto al coronel (R) Luis Aracena Romo, y tres suboficiales (R), fueron procesados como autores del desentierro y desaparición entre fines de 1975 y comienzos de 1976, de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Calama.

El encausamiento fue resuelto ayer por la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, quien decretó además los arrestos de los encartados. La magistrada instruye la causa por las exhumaciones y lanzamiento al mar de estos cuerpos a bordo de un avión Fach.  

El ex comandante de la guarnición de Santiago y juez militar de la Región Metropolitana hasta 2006, general ahora retirado Miguel Trincado, comandó la operación del desentierro y lanzamiento al mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la Sección de Inteligencia del regimiento Calama. El operativo fue supervisado en terreno en un sector del desierto de Atacama por el entonces  jefe del Departamento de Inteligencia de la I División del Ejército de Antofagasta, actual general (R) Julio Salazar Lantery.  

El coronel (R) Aracena Romo era en 1975 el segundo comandante del regimiento Calama, y estuvo también presente en el desentierro. El comandante del Calama era, en aquel tiempo, el coronel Eduardo Ibáñez Tillería, quien falleció con el grado de general.  

Los otros tres procesados son los  suboficiales (R) Héctor Iturra Orrego, Wilson Pacheco Obreque y Emilio Pardo Pardo. Estos eran subordinados de Trincado en la Sección de Inteligencia del Calama, e igualmente tuvieron participación en la exhumación de los restos.  

Ya se encontraban encausados por la ministra Pinto los entonces suboficiales de inteligencia del regimiento Calama, hoy en retiro, Manuel Aguirre Cortés y Juan Carlos González Reyes. Ambos también tomaron parte en el desentierro.  

Mecánico confeso  

Aguirre fue el primero que inculpó judicialmente a Trincado en 2005, acusándolo de comandar la operación e incluso manejar el camión en el cual se trasladaron los cadáveres ensacados hasta el aeródromo de Calama, donde esperaba un avión C-47 de la Fach a bordo del cual los arrojaron el mar. “Yo iba de copiloto en el camión junto a Trincado”, dijo Aguirre en el proceso.  

Cuando Aguirre acusó a Trincado, La Nación publicó la información el 3 de mayo de 2005, pero el Ejército bajo la jefatura del general Juan Emilio Cheyre, desmintió tanto la participación de Trincado como el hecho mismo.  

“El Ejército rechaza categóricamente estas imputaciones por ser injustas, lesionar innecesariamente la imagen de la institución, y comprometer la honra del citado oficial (Trincado)”, dijo el comunicado.  

El otro que ya se encontraba encausado por la magistrada Pinto, es el suboficial (R) de la Fach, Sergio López Maldonado. Este confesó en el proceso que fue el mecánico que viajó en el C-47 y declaró que “cuando habían pasado unas dos horas de vuelo, el piloto me hizo una seña. Entonces abrí la escotilla y tiré los bultos al océano”.  

Es la primera vez que Salazar Lantery y Aracena Romo son encartados por violaciones a los derechos humanos.  

Trincado había sido procesado este año por propia iniciativa de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Pero ese tribunal cometió un error procesal al encausarlo por los crímenes de los 26 prisioneros cometidos por la Caravana de la Muerte el 19 de octubre de 1973 en Calama, hechos que investiga en Santiago el ministro Víctor Montiglio y para lo cual, ni esa corte ni la magistrada Pinto tienen competencia.  

Primer episodio “Retiro de Televisores”  

El caso desentierro de Calama es el primer episodio de la llamada por la inteligencia del Ejército “Operación Retiro de Televisores”, la que masivamente se llevó a efecto a lo largo del país a partir de diciembre de 1978. Fue la fecha en que en los hornos de una mina en Lonquén, al sur de Santiago, se hallaron los cuerpos de quince campesinos asesinados por Carabineros que escondieron sus cadáveres.  

La “Operación Retiro de Televisores” consistió en el desentierro de todos los cadáveres de prisioneros que habían sido sepultados en fosas clandestinas por el norte, el sur y la zona centro de Chile. Los cuerpos fueron arrojados al mar. La operación la decretó entonces el dictador Augusto Pinochet, a través de criptogramas (mensaje cifrado en código) que envió a los regimientos del país con la orden. Uno de los primeros en fijar la fecha del desentierro en Calama fue el coronel (R) Aracena Romo, quien declaró judicialmente que el hecho sucedió “en los últimos días de 1975”.  

Por su parte, Salazar Lantery reconoció en el juicio que “a fines de 1974 ó 1975, hubo acuerdo para sacar los cuerpos, porque supimos que los familiares los andaban buscando por el desierto”.  

A pesar de que Trincado sigue negando su participación, en la investigación judicial hay al menos ocho suboficiales que lo acusan de comandar el operativo, o de dirigir la Sección de Inteligencia del regimiento Calama en ese tiempo.  

El próximo paso podría quedar en manos del ministro Montiglio, pues la parte querellante sostiene que no se trata simplemente de que los procesados cometieron el delito de exhumación ilegal al desenterrar los cuerpos y hacerlos desaparecer, sino que en su actuar habrían incurrido, al menos, como encubridores de secuestro y homicidio porque actuaron para borrar las huellas de los crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte en 1973.  

Por ello existe la posibilidad de que, tras estos encausamientos, la ministra Pinto se declare incompetente y envíe la causa a Santiago al juez Montiglio. 

La causa que desató la guerra en Investigaciones

El proceso por los desentierros en Calama fue el detonante de la pugna abierta en la Policía de Investigaciones. Quien desató la disputa fue el general Miguel Trincado, cuando estando en servicio activo visitó al director de la policía civil Arturo Herrera, para pedirle que ordenara cambiar un informe policial que en julio de 2005 le imputó responsabilidad en la operación por la cual ayer fue procesado.

Oficiales de esa policía afirmaron en el proceso que instruye la ministra Pinto que el director Herrera intentó que el informe se alterara, pero se encontró con la oposición de los autores del escrito y de su jefe directo, el prefecto recién retirado Rafael Castillo.

A partir de ese momento, se trabó una dura disputa entre Castillo y Herrera, lo que trajo diversas situaciones al interior de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos.

En 2006, Castillo venía pasado a retiro por Herrera, pero el gobierno vetó esa disposición y repuso a Castillo en servicio activo. Este año, sin embargo, el gobierno no lo siguió respaldando y el director Herrera lo pasó a retiro

Abogados querellantes estudian presentar una recusación en su contra
Jueza que investiga lanzamiento de cuerpos al mar estuvo casada con oficial del Ejército

La magistrada Rosa María Pinto procesó el pasado martes a dos suboficiales por la exhumación ilegal en Calama de 26 ejecutados de la Caravana de la Muerte, pero no encausó al general (R) Miguel Trincado, sindicado como el oficial a cargo del operativo.

Los abogados querellantes en el proceso sobre el lanzamiento al mar de 26 cuerpos de ejecutados políticos en Calama estudian recusar a la ministra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, por sus vínculos sentimentales con un ex oficial del Ejército.

En 1973, la magistrada era funcionaria del Juzgado de Calama y estaba casada con el militar Álvaro Morales, quien cumplía funciones en esa ciudad cuando la comitiva de Sergio Arellano Stark efectuó los fusilamientos.

La jueza confirmó a La Nación que fue esposa de Morales y que éste era oficial del Ejército.

Procesamientos

El pasado martes la ministra en visita del caso procesó al suboficial (R) de Inteligencia del regimiento de Calama Manuel Aguirre Cortés y al ex mecánico de la Fuerza Aérea Sergio López Maldonado, como presuntos autores del delito de exhumación ilegal. Pero no encausó al ex comandante de la Segunda División del Ejército, general (R) Miguel Trincado Araneda, quien fue sindicado como el oficial a cargo de dirigir el desentierro y traslado de los cuerpos a un avión de la FACH en el aeropuerto de la ciudad a fines de 1975.

Cuando se llevó a cabo la operación, Trincado era teniente y jefe de la sección II de Inteligencia del regimiento de Calama, por lo cual podría haber tenido algún tipo de contacto con el fallecido esposo de la ministra. A pesar de los testimonios que hay en su contra, el oficial en retiro no fue procesado.

Esto generó molestia en el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras, debido a que estima que existían los méritos suficientes para que el general en retiro enfrentara la justicia como encausado.

“Me parece insólito que después de tanto tiempo de investigación se haya decidido el tribunal por procesar a los testigos y no a los culpables. Esto amerita estudiar la situación y adoptar las medidas que corrijan este procedimiento. Entre estos culpables se encuentra Miguel Trincado Araneda”, dijo el abogado.

Según testimonios que constan en el proceso, a fines de 1975, los cuerpos fueron lanzados al mar desde un avión C-47 de la FACH, los que estaban envueltos en sacos y amarrados a rieles para que se hundieran en el océano. En el expediente se establece que López Maldonado fue el encargado de tirar a las víctimas de la Caravana de la Muerte.

Aguirre Cortés acusó ante la jueza de que Trincado era la persona encargada de dirigir el desentierro de los restos de las víctimas de Calama. Este hecho está dentro de la conocida Operación Retiro de Televisores.

Un problema llamado Trincado

Este proceso no ha estado ajeno de polémica, debido a que el director de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, y el responsable de la Jefatura contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Rafael Castillo, se enfrentaron en una pugna por la supuesta responsabilidad de Trincado.

En 2005, el ex militar era comandante en jefe de la II División de Ejército y juez militar de Santiago. Además, durante el mandato de Juan Emilio Cheyre se le designó como el enlace con la Policía de Investigaciones para cooperar con el esclarecimiento de fusilamientos, torturas y desapariciones de opositores durante la dictadura militar.

Al verse involucrado en los hechos y ver peligrar su situación judicial, solicitó a Herrera que “ablandara” el informe que estaba elaborando la Brigada de Derechos Humanos y que lo inculpaba.

Esto habría originado una discusión entre los dos hombres fuertes de la institución y dividió las aguas al interior de la policía civil durante un tiempo.

Los pedazos de metal, encontrados a unos 870 kilómetros al norte de Santiago, fueron subidos hace unos días a la superficie, desde el fondo marino y su hallazgo fue posible gracias a que un militar que participó en esas acciones confesó antes de morir.

Varios rieles usados para lanzar cadáveres de prisioneros políticos al mar y hacerlos desaparecer durante la dictadura de Augusto Pinochet fueron hallados en las costas de Caldera, en el norte de Chile, revelaron hoy a Efe fuentes judiciales.

Los pedazos de metal, encontrados a unos 870 kilómetros al norte de Santiago, fueron subidos hace unos días a la superficie, desde el fondo marino y su hallazgo fue posible gracias a que un militar que participó en esas acciones confesó antes de morir.

Hasta ahora, la identidad del militar se mantiene en reserva y los rieles, "menos de cinco", según dijeron a Efe las fuentes, se encuentran en el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), en Santiago, donde serán analizados para determinar si mantienen adheridos algunos elementos.

La búsqueda se mantiene en el área del hallazgo, por la posibilidad de que haya más piezas similares.

La diligencia se cumplió en el marco del juicio por los episodios de la llamada Caravana de la Muerte, a cargo de la jueza especial Patricia González, referido a una comitiva militar que a fines de 1973 recorrió Chile y dejó a su paso cerca de un centenar de presos políticos ejecutados en diversas ciudades.

Hasta ahora el hallazgo se mantiene bajo secreto, lo que ha disgustado a organismos y abogados de derechos humanos, que lo consideran importante por cumplirse 40 años desde el golpe de Pinochet.

En ese marco, expertos preguntados por Efe dijeron que, a menos que el militar fallecido haya confesado nombres, resulta "imposible" intentar siquiera aproximarse a la identidad de quienes fueron lanzados al mar atados a esos rieles.

Recordaron, en todo caso, dos episodios ocurridos a fines de 1973 que podrían tener vinculación con el hallazgo.

El primero se refiere a 26 cadáveres desenterrados en 1976 en el desierto de Atacama, correspondientes a prisioneros asesinados en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en la ciudad de Calama.

Esos cadáveres fueron arrojados al mar desde un avión de la Fuerza Aérea, según admitió judicialmente el mecánico de esa institución Sergio López Maldonado, quien lanzó los cuerpos.

Pero López no dijo en qué parte de la costa del norte fueron lanzados los cadáveres. Calama está a 698 kilómetros al nornoreste de Caldera.

El segundo episodio se relaciona con tres ejecuciones extrajudiciales ocurridas en octubre de 1973 en la ciudad de Copiapó, a 75 kilómetros al sureste de Caldera, también a manos de la Caravana de la Muerte.

Las víctimas fueron el gerente general de la Compañía de Cobre Salvador, Ricardo García Posadas, y los dirigentes sindicales de esa empresa Maguindo Castillo Andrade y Benito Tapia Tapia, cuyos cuerpos fueron sepultados en el cementerio de Copiapó, pero rápidamente desaparecieron del lugar.

El de Caldera es el segundo hallazgo de rieles usados para lanzar cuerpos de prisioneros al mar desde 1973. El primero ocurrió en septiembre de 2004 frente a Quintero, a 44 kilómetros al norte de Valparaíso.

Esa vez, cuatro piezas metálicas fueron halladas por detectives de la PDI, bajo la supervisión del juez especial Juan Guzmán Tapia.

Las piezas pasaron después a formar parte de un museo recordatorio en el ex campo de prisioneros de Villa Grimaldi, en Santiago. Algunas de ellas mantenían aún botones adheridos.

Según declaraciones judiciales de suboficiales y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército, entre octubre de 1973 y agosto de 1977, al menos 500 cuerpos fueron arrojados al mar desde helicópteros.

Varios declarantes coinciden en que al menos hubo 40 vuelos, con entre ocho y quince cuerpos transportados en cada uno. Los cadáveres eran puestos en sacos, cosidos con alambre y después a cada uno le amarraban un trozo de riel.

Hasta ahora, el único cuerpo que emergió desde el fondo del océano fue el de Marta Ugarte, una profesora comunista, cuyo cadáver apareció en una playa de la región de Coquimbo el 12 de septiembre de 1976.

Según el expediente del caso, uno de los alambres que unían el riel a su cuerpo fue utilizado por el agente de la DINA Emilio Troncoso Vivallos para estrangularla, pues tras la inyección letal que le fue administrada antes de subirla al helicóptero, ella permanecía aún con vida. Así, una vez en el agua, el riel se soltó y su cadáver emergió.

Los 26 prisioneros fueron ejecutados por orden del general Sergio Arellano Stark el 19 de octubre de 1973, en una operación de la "Caravana de la Muerte", una comitiva militar que ejecutó a más de 70 presos políticos en distintas ciudades del país, de acuerdo con el expediente judicial. Las víctimas fueron sacadas de la cárcel y ejecutadas en las afueras de la ciudad, donde fueron enterradas clandestinamente.

 La jueza chilena Rosa María Pinto procesó en la ciudad de Calama, en el norte de Chile, a dos ex suboficiales de Inteligencia del Ejército y la Fuerza Aérea como presuntos autores del delito de exhumación ilegal de 26 opositores ejecutados por la "caravana de la muerte" en 1973.

La resolución afectó a Manuel Aguirre Cortés, ex suboficial de Inteligencia del Ejército, y al ex suboficial de Inteligencia de la Fuerza Aérea Sergio López Maldonado, según fuentes judiciales.

Los 26 prisioneros fueron ejecutados por orden del general Sergio Arellano Stark el 19 de octubre de 1973, en una operación de la "caravana de la muerte", una comitiva militar que ejecutó a más de 70 presos políticos en distintas ciudades del país, de acuerdo con el expediente judicial.

En el caso de Calama, a 1.564 kilómetros al norte de Santiago, las 26 víctimas fueron sacadas de la cárcel y ejecutadas en el sector de Topáter, en las afueras de la ciudad, donde fueron enterradas clandestinamente.

La historia
Según testimonios que constan en el proceso, a fines de 1975 o comienzos de 1976 los cuerpos fueron exhumados por disposición de la comandancia en jefe del Ejército que emitió una orden cifrada a través de un criptograma.

Aguirre Cortés, junto con otros militares, según el expediente, desenterraron los cadáveres y los trasladaron al aeropuerto de Calama donde los esperaba un avión C-47 de la FACH al que subieron los cuerpos que posteriormente lanzaron al mar envueltos en sacos y amarrados a rieles.

En la operación participó también Sergio Maldonado que era mecánico de la Fuerza Aérea.

En sus declaraciones al tribunal, Aguirre Cortés acusó al general jubilado Miguel Trincado Araneda, que pasó a retiro el año pasado, cuando era comandante de la segunda División del Ejército, con asiento en Santiago, de haber dirigido la exhumación de los restos de las víctimas de Calama.

La magistrada Rosa María Pinto, confirmó los procesamientos de los dos suboficiales pero dijo que Trincado no está entre los procesados.

La exhumación de los restos de los detenidos desaparecidos durante el régimen del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990) fue conocida como "operación retiro de televisores".

Según fuentes judiciales y activistas por los derechos humanos, el operativo, que se repitió en distintas partes del país, fue ordenado por Pinochet para encubrir los crímenes de su régimen, que dejó más de 3.000 muertos y 1.279 detenidos desaparecidos.