López López Juan Luis Fernando

Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión adoptada por el ministro Juan Eduardo Fuentes, quien desestimó la petición de encausar a los ex uniformados. Además, el tribunal de alzada procesó a tres de ellos por un secuestro calificado.

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la petición de someter a proceso a nueve oficiales (r) de la Fuerza Aérea (FACh) bajo la figura de asociación ilícita genocídica, debido a los antecedentes que los sindican como autores de detenciones ilegales, torturas y desapariciones al interior de la Academia de Guerra Aérea, AGA, luego del golpe de Estado de 1973.

Con el voto en contra de la ministra Rosa María Maggi, el ministro Carlos Cerda y la abogada integrante Andrea Muñoz estuvieron por revocar la decisión de primera instancia, adoptada por el ministro Juan Eduardo Fuentes, quien no dio lugar a estos encausamientos.

De esta forma, el tribunal de alzada procesó a Ramón Pedro Cáceres Jorquera, Sergio Fernando Contreras Mejías, Juan Bautista González Figueroa, Orlando Gutiérrez Bravo, Omar Arturo Insunza Melo, Juan Luis Fernando López López, Víctor Manuel Mattig Guzmán, Roberto Francisco Serón Cárdenas y Luis Campos Poblete, en calidad de autores del delito de asociación ilícita genocídica.

"Se encuentra justificado que en el año 1974, un grupo de individuos se organizó para trabajar coordinadamente en la persecución de personas que pudieren sustentar ideología marxista o activismo de izquierda extrapartidaria, con el objeto de exterminar a estos grupos sociales, atentando criminalmente en contra de sus miembros o seguidores", sostiene el fallo.

Con este fin, "procedieron a la detención de los mismos sin previa orden impartida por autoridad legítima, para luego recluirlos en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile, ubicada en la comuna de Las Condes de esta ciudad, donde se los mantuvo incomunicados por prolongados períodos y se los sometió a tratamientos crueles y degradantes y otras variadas formas de tortura física y psicológica", añadió.

Asimismo, la Sexta Sala ordenó dictar órdenes de detención en contra de todos estos uniformados, dado que la gravedad del delito imputado hacen necesaria su detención preventiva.

Secuestro calificado

Por otra parte, el tribunal de alzada encausó a Sergio Fernando Contreras Mejías, Juan Bautista González Figueroa y Víctor Manuel Mattig Guzmán, en calidad de coautores del delito de ilegítima privación de libertad de José Luis Baeza Cruces.

Según se consignó en la resolución, los antecedentes del proceso son también suficientes para justificar la existencia de la ilegítima privación de libertad de la mencionada vícitma, ilícito que a la época de su perpetración se encontraba descrito y sancionado en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal.

José Luis Baeza Cruces, casado, 2 hijos, dirigente de la Central Unica de Trabajadores (CUT) y del Partido Comunista, fue detenido el 9 de julio de 1974 por efectivos de seguridad pertenecientes a la FACH, presumiblemente en la vivienda ubicada en El Mirador 1868, Santiago. Tras su captura fue trasladado a la AGA, donde se le ve hasta el 29 de agosto de ese mismo año, en muy mal estado físico producto de las torturas a que era sometido.

El ministro en visita Juan Fuentes Belmar aplicó a los miembros del Servicio de Inteligencia de las Fuerza Aérea de Chile (SIFA) la prescripción y falta de participación, liberando de cargos también al funcionario civil César Palma Rodríguez.

La cúpula del denominado Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) quedó liberada de cargos en el juicio que se seguía en su contra por el secuestro del ex militante del Partido Comunista (PC) Carol Flores Castillo y el asesinato del miembro del Comando Conjunto, Guillermo Bratti Cornejo.

Esto último luego de que el ministro en visita Juan Fuentes, el mismo que investiga el asesinato del cantautor Víctor Jara, desechara los cargos que pesaban contra los seis militares involucrados en estos crímenes además del funcionario civil César Palma Rodríguez.

Se trata de los generales (R) de la FACh Edgar Cevallos Jones, Roberto Serón Cárdenas, Juan Luis López López, Freddy Ruiz Bunguer, Juan Saavedra Loyola y Daniel Guimpert Corvalán.

A los tres primeros se los liberó porque el magistrado estimó que hubo falta de participación, mientras que al resto le aplicó la prescripción de la acción penal. Lo mismo decretó respecto del civil.

Este fallo dejó preocupados a varios organismos vinculados a los derechos humanos, sobre todo porque el criterio de caducidad de la acción penal fue aplicado por el juez que actualmente indaga el crimen de Víctor Jara así como otras indagatorias ligadas a delitos de lesa humanidad.

Fuentes de la causa indicaron que esta sentencia será apelada a la Corte para que se condene a los responsables.

El magistrado en la misma línea desestimó las demandas indemnizatorias para los familiares de las víctimas, acogiendo de la misma forma la prescripción de la acción civil para las familias de Flores y Bretti.

Carol Flores Castillo fue militante del PC hasta 1974. Ese año fue detenido junto a sus hermanos y trasladado hasta la Academia de Guerra Aérea (AGA). En este recinto, ocupado por organismos represivos de la dictadura, habría sido brutalmente torturado y luego liberado.

Testigos, en el informe Rettig, declararon que tras este episodio Flores comenzó a colaborar con la SIFA delatando a compañeros del PC, lo que coincide con una serie de detenciones a militantes comunistas durante esta época. Sin embargo, en junio de 1976 desaparece.

El ex miembro de la FACh, Andrés Valenzuela Morales, declaró en el proceso que supo que miembros de la SIFA llevaron a Flores hasta el Cajón del Maipo y se deshicieron de su cuerpo.

Esto último pues se habrían enterado que éste le entregaba información a la DINA de lo que hacía el comando. Ello molestó profundamente a los encargados de la AGA.

La misma conducta, según este testigo, se le imputó al oficial Guillermo Bratti, víctima de este caso judicial. Ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Andrés Valenzuela señaló que tanto Flores como Bratti fueron ejecutados porque existía la "versión de que habían entregado información que poseíamos, a la DINA, la que efectuó operaciones perjudicando a nuestra agrupación (Comando Conjunto). La DINA, según los dichos de los agentes detenidos, les habría ofrecido más dinero, vehículo y casa".

Resolución del ministro Vásquez corresponde a los casos de los militantes de la "Jota, Luis Maturana González y Juan Orellana Catalán. Ambos fueron detenidos en junio de 1976 y llevados a "La Firma". Sus cuerpos fueron inhumados ilegalmente en la Cuesta Barriga.

Un masivo procesamiento contra 31 ex agentes del denominado Comando Conjunto dictó el ministro en visita extraordinaria para causa de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza. Las resoluciones corresponden a los secuestros calificados de los militantes de las Juventudes Comunistas Luis Maturana González y Juan Orellana Catalán, ocurridos a partir del 8 de junio de 1976, en la Región Metropolitana.

Maturana y Orellana fueron detenidos en la vía pública en la comuna de Estación Central y conducidos hasta el centro de detención clandestino conocido como "La Firma". Sus cuerpos fueron inhumados ilegalmente en la Cuesta Barriga.

La resolución del magistrado recuerda que "los restos de Maturana González no han sido encontrados, mientras que en el caso de Orellana Catalán se encontraron evidencias óseas de su persona consistentes en piezas dentarias y una prótesis removible, que permitieron su individualización".

LISTADO CON LOS PROCESADOS

Por el secuestro de Luis Maturana González, el ministro se sometió a proceso a los agentes:

-Enrique Ruiz Bunger
-Juan Saavedra Loyola
-Antonio Quiroz Reyes
-Manuel Muñoz Gamboa
-César Palma Ramírez
-Daniel Guimpert Corvalán
-Raúl González Fernández
-Viviana Ugarte Sandoval
-Ernesto Lobos Gálvez
-Alejandro Sáez Mardones
-Andrés Potin Lailhacar
-Emilio Mahias del Río
-Miguel Estay Reyno
-Luis López López
-Eduardo Cartagena Maldonado
-Roberto Flores Cisternas
-Andrés Valenzuela Morales
-Robinson Suazo Jaque
-Pedro Caamaño Medina
-Pedro Zambrano Uribe
-Álex Carrasco Olivos
-Sergio Valenzuela Morales
-Carlos Rodrigo Villarreal
-Juan Aravena Hurtuvia
-José Rojas Alruiz
-Lenin Figueroa Sánchez
-José Vera Reyes
-Humberto Villegas
-Francisco Illanes Miranda
-José Alvarado Alvarado
-Juan Huaiquimilla Coñuepán y
-Víctor Zúñiga Zúñiga.

En tanto, por el caso de Juan Orellana Catalán encausó a:
-Enrique Ruiz Bunger
-Juan Saavedra Loyola
-Antonio Quiroz Reyes
-Andrés Potin Lailhacar
-Emilio Mahias del Río
-Luis López López
-Eduardo Cartagena Maldonado
-Roberto Flores Cisternas
-Pedro Caamaño Medina
-Pedro Zambrano Uribe
-Álex Carrasco Olivos
-Sergio Valenzuela Morales
-Carlos Rodrigo Villarreal
-Juan Aravena Hurtuvia
-José Rojas Alruiz
-Lenin Figueroa Sánchez
-José Vera Reyes
-Francisco Illanes Miranda
-José Alvarado Alvarado
-Juan Huaiquimilla Coñuepán, y
-Víctor Zúñiga Zúñiga

Asimismo, el ministro Miguel Vázquez recalificó la participación de:
-Viviana Ugarte Sandoval
-Ernesto Lobos Gálvez
-Alejandro Sáez Mardones.

Los secretos de la FachInútiles han resultado los esfuerzos de la Fach por desligarse de los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Una consecuencia directa de los reportajes de denuncia del periodista Víctor Gutiérrez publicados en el diario “La Nación”, fue la dimisión del quinto hombre en la línea de mando institucional, general Patricio Campos Montecinos, ex jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil y enlace de la institución durante la mesa de diálogo. Su esposa, Viviana Lucinda Ugarte Sandoval (“la Pochi”), desempeñó un activo rol en el siniestro Comando Conjunto, según las declaraciones formuladas a “La Nación” por el ex agente “Colmillo Blanco”, a quien el diario “El Mercurio” identificó como el coronel en retiro de la Fach Otto Trujillo, actualmente procesado y recluido en la ex Penitenciaría.

El Comando se habría reorganizado con el objetivo de tergiversar la información entregada por la Fach a la mesa de diálogo y entorpecer las investigaciones judiciales que comprometen a miembros de la Fuerza Aérea, con ayuda de abogados civiles financiados por la institución. El informante de “La Nación” mencionó también al coronel Roberto Serón Cárdenas, comandante Juan Luis López López y al civil Alejandro Figari Verdugo (ex militante de Patria y Libertad), como agentes de la represión que se mantienen activos. La mayoría fueron procesados por el ministro en visita Carlos Cerda en 1986 y luego sobreseídos por la Corte Suprema. Pese a la trascendencia de las denuncias, la Corte de Apelaciones rechazó la designación de un ministro extraordinario y la investigación judicial quedó en manos del juez del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza, quien acumula la mayoría de los procesos de víctimas del Comando Conjunto. Pero también el presidente Ricardo Lagos solicitó al alto mando una investigación en el interior de la Fuerza Aérea y no faltaron quienes pidieron la salida del comandante en jefe, general Patricio Ríos.

Esta es la segunda gran crisis que estremece a la Fach bajo la comandancia del general Ríos. El año pasado debió pasar a retiro su mano derecha, el general Hernán Gabrielli, jefe del estado mayor y segunda antigüedad institucional. Este se perfilaba como futuro comandante en jefe hasta que cinco querellas por tortura frustraron sus planes.

Independientemente de que se haya reorganizado o no el Comando Conjunto, los ex uniformados de la Fuerza Aérea que están enfrentando en los tribunales a quienes los torturaron en los primeros tiempos de la dictadura militar no dudan que se ha urdido una trama para obstruir la justicia. Uno de ellos es Jaime Donoso Parra, ingeniero aeronáutico y capitán en retiro de la Fach, quien formó parte del grupo de oficiales constitucionalistas contrarios al golpe de Estado. “He declarado en muchos juicios y participado en varios careos, y lo único que ellos hacen es negar lo que hicieron -dice-. Luego, uno sale del careo y en los pasillos del juzgado ve cómo el tipo que acaba de declarar le cuenta a sus abogados todo lo que dijo al juez. Eso permite instruir al siguiente requerido por el tribunal sobre lo que tiene que decir para no entrar en contradicciones. Estoy convencido que esconden información sobre los detenidos desaparecidos. Esto no puede ignorarlo el comandante en jefe Patricio Ríos y es muy probable que exista una interacción entre las cuatro instituciones, lo que me parece un error porque a mi juicio los responsables de los crímenes son personas y no las instituciones en sí”.
El testimonio que entrega el ex capitán Jaime Donoso corresponde a la represión ejercida por la Fach contra alrededor de 60 hombres de sus filas en los primeros años del régimen militar, específicamente en la Academia de Guerra Aérea (Aga), verdadera escuela para quienes formaron en 1975 el Comando Conjunto. Uno de los más brutales torturadores de la Aga fue el jefe del naciente Comando Conjunto, Edgar Ceballos Jones (“Comandante Cabezas”).

BACHELET Y LOS OTROS

El capitán Donoso, con dos años de antigüedad al momento del golpe de Estado, tuvo una temprana evidencia de lo que preparaban los altos mandos. Entre mayo y junio de 1973 le correspondió desempeñarse como oficial de ronda de la Guarnición de Santiago y en una oportunidad le ordenaron inspeccionar la Academia de Guerra Aérea a las dos de la mañana. “Al identificarme ante el suboficial de guardia, quien me conocía porque yo era alumno de la Academia, pretendió impedirme la entrada. Eso me pareció sumamente sospechoso, así que saqué mi pistola y lo detuve por impedir que el oficial de ronda, máxima autoridad de la guarnición, ingresara a la base. Entonces me explicó que el general Gustavo Leigh, quien estaba en el interior, le había pedido que no dejara entrar a nadie”, relata el ex uniformado. Decidió llevarlo encañonado hasta adonde estuviera el general Leigh, que en esa época era jefe del estado mayor y segunda jerarquía después del comandante en jefe, César Ruiz Danyau. Al ingresar a la base vio que estaban estacionados los autos de casi todos los generales. En la sala de conferencias había luz, pero la puerta estaba cerrada. “La abrí de una patada, con la pistola en la mano y el suboficial al lado. La sala quedó sumida en un silencio espectral. Normalmente, cuando un capitán patea una puerta lo menos que hace un general es arrestarlo. Pero todos se quedaron calladitos. Lo que me quedó inmediatamente graficado en la mente fue el plano de Santiago, donde habían colocado aviones diseñando circuitos para atacar La Moneda, la casa del presidente en Tomás Moro y las estaciones de radio. No me cupo la menor duda que se estaba planificando un golpe de Estado. El general Leigh me pidió que lo disculpara, me dio todas las explicaciones posibles, dijo que estaban haciendo un juego de guerra… ¡Claro, a las dos de la mañana! Me imagino las puteadas que debe haber recibido el general que me envió a efectuar la ronda”.
¿Qué hizo usted luego de tener esa evidencia?
“Fue una luz de alerta para los cinco o seis capitanes que éramos constitucionalistas. Habíamos estado en la universidad, la mayoría éramos ingenieros y teníamos una relación con la sociedad diferente a la del militar neto. No estábamos por el golpe de Estado y sentimos que nuestra misión era denunciar lo que se preparaba. Decidimos agruparnos en forma más estrecha y buscar vías políticas para entregar esa información al presidente de la República. Nos reunimos con los senadores Eric Schnake (PS) y Anselmo Sule (PR), y con Carlos Lazo, presidente del Banco del Estado. Ellos consiguieron una entrevista de algunos miembros del grupo con el presidente Salvador Allende, pero él no les creyó. Dijo que estaba convencido que los militares jamás darían un golpe de Estado, porque le habían jurado lealtad. Pienso que Allende era muy orgulloso. Estaba convencido que podía manejar políticamente la situación y que no sería avasallado”.
¿Ustedes simpatizaban con algún partido político?
“No, ni siquiera estábamos de acuerdo con el gobierno de Allende, que a esas alturas no era bueno, aunque yo había votado por él, porque me gustó su programa. Pero teníamos la convicción que debíamos respetar la Constitución y la ley, de acuerdo con lo que habíamos juramentado. Para nosotros, el jefe máximo era el presidente de la República y no el comandante en jefe. Por eso, hasta el último momento seguimos insistiendo en entregar la información que teníamos. Cuando ocurrió el golpe de Estado nos detuvieron a todos, junto con los generales Alberto Bachelet y Sergio Poblete, y el coronel Ernesto Galaz. Les atribuyeron vinculaciones marxistas, pero sólo cumplían con su deber”.
¿Los mantuvieron en la Aga?
“Sí, y la agresión contra nosotros fue brutal, porque nos consideraban traidores… a ellos. Cuando conversábamos, les decíamos que eran ellos los que estaban traicionando la Constitución y la patria. Nos golpeaban, nos hacían simulacros de fusilamiento, nos ponían electricidad en las partes más sensibles -incluso en heridas abiertas- y nos quemaban con cigarrillos. También empleaban drogas e hipnosis. A algunos los colgaban de unos ganchos, como en una carnicería, y los azotaban. La Academia de Guerra Aérea era un centro de torturas atroz. Los generales eran pateados en el suelo por los pelados. Buscaban la degradación máxima de nuestra personalidad. Había presos a los que les sacaron las uñas. A otros los destrozaban, los cortaban igual como un carnicero corta un chancho”.
¿Quién estaba al mando?
“Ahí estaba comprometido Leigh. Lo vi dando instrucciones precisas de lo que había que hacer. Yo había sido instructor de vuelo del general Orlando Gutiérrez, y después él fue mi torturador. Era el jefe, lo presenciaba todo. También estuvo presente Leigh cuando torturaron al general Poblete. Me lo contó en una carta que me escribió, y que está en el juicio. A él lo quemaron en el pecho y en las manos. En la Fuerza Aérea, en 1973, se estableció la tortura como un procedimiento normal para interrogar a prisioneros. No se preguntaba qué había que hacer con un preso, derechamente se le torturaba y se le decía ‘esto es lo que tienes que confesar’. Era un procedimiento estándar”.
¿Usted fue procesado?
“Después de las torturas nos hicieron el famoso sumario en tiempo de guerra llamado ‘Fach contra Bachelet y otros’, que ahora estamos impugnando ante la Corte de Apelaciones. Desgraciadamente ésta señaló que el caso debía pasar a la justicia militar, lo que es una aberración. Vamos a seguir insistiendo, porque queremos que se reconozca que no se cumplió con el debido proceso y que nos entreguen la documentación que nos corresponde. Tras el sumario, se nos hizo un juicio en el cual no teníamos defensa, no se permitió que nuestros abogados argumentaran tortura. A mí, que había denunciado el golpe, me acusaron de ‘incitación a la sedición’, ‘traición a la patria’, ‘creador del Plan Zeta’ y del ‘Plan Fuga’. Nada de eso existía. Nos condenaron en diciembre de 1973, cinco a la pena de muerte y otros a presidio. Mi condena era a 20 años. Posteriormente me la rebajaron a 15 años, y a los condenados a muerte, a 30 años de presidio. Estuve dos años preso en distintos centros militares y al final nos llevaron a la cárcel pública de General Mackenna. En 1975 aplicaron el DL 504 que nos permitió partir al exilio”.
¿En algún momento se encontró con el general Alberto Bachelet?
“Estuvimos juntos en la cárcel. El general Bachelet tenía un problema al corazón perfectamente tratable, pero si le ponían corriente, la cosa se complicaba. Fue lo que ocurrió. Un día lo sacaron para llevarlo a la Academia de Guerra. Volvió con quemaduras de cigarrillos, marcas de electrodos y con una violenta taquicardia. El doctor Alvaro Yáñez, que era uno de los presos, dijo que estaba muy mal, que necesitaba cuidados especiales. Poco después murió. En una ocasión, Leigh dijo que cómo se podía pensar que la Fuerza Aérea podía hacer esas cosas. El cinismo de los torturadores era increíble”.
¿Ha tenido oportunidad de enfrentar a sus torturadores?
“He sido careado con quienes fueron mis torturadores directos, en diferentes procesos a cargo de los jueces Juan Guzmán, Mario Carroza y Rubén Ballesteros. He declarado contra Hernán Gabrielli, el general Orlando Gutiérrez y toda una lista de torturadores. En los careos he comprobado la pequeñez de estos hombres que cuando torturaban y tenían todo el poder sobrepasaban la racionalidad humana. En la Academia mataron a un sargento de un balazo y el general Gutiérrez felicitó al soldado que le disparó. Y ahora veo a algunos seriamente dañados, como Edgar Ceballos Jones; los comandantes Ramón Cáceres y Sergio Ulises Swain; el general Orlando Gutiérrez. En esa época se paseaban por la Academia como verdaderos pavos reales, ahora los veo escondidos y cabizbajos en los juzgados. Uno les dice ‘cobarde, maldito cobarde, cómo no puedes reconocer lo que hiciste’. Bajan la cabeza y responden ‘no me acuerdo’”.
¿No muestran arrepentimiento?
“Creo que no, pero sí vergüenza, porque no se atreven a mirar de frente. Y nunca dan sus direcciones. Son unos malditos cobardes, no se puede decir otra cosa. Felizmente, han caído en contradicciones. La gran diferencia con ellos es que nosotros andamos con la cabeza en alto, nos mostramos en cualquier parte y vamos a los juzgados abiertamente, sin ningún temor, porque tenemos la conciencia limpia”.

EL CAPITULO GABRIELLI

Los ex presos de la Fach vivieron el exilio en distintos países, pero siempre mantuvieron entre ellos lazos de amistad. Jaime Donoso Parra se fue a Inglaterra, donde estudió aeronaútica superior e hizo un doctorado en aerodinámica y mecánica de fluidos en la Universidad de Londres. Se convirtió en un investigador científico de alta calificación y desarrolló una exitosa carrera profesional en la empresa privada. Inventó cuatro métodos de alta tecnología para solucionar problemas matemáticos complejos, que fueron debidamente patentados. Con uno ganó en 1997 un Premio Nacional de Ciencia y Tecnología otorgado por el Ministerio de Defensa. Sus últimos años de exilio los vivió en Suiza.
¿Cuándo iniciaron acciones ante la justicia?
“Los ex presos de la Fach sólo pudimos volver a Chile a comienzos de la década del 90, cuando era imposible hacer un juicio contra las Fuerzas Armadas porque los poderes fácticos tenían intacto su poder. Pero pensamos que algo teníamos que hacer y participamos activamente en el proceso de gestación de la ley de exonerados. Finalmente algunas personas decidieron enjuiciar por daños físicos y perjuicios. Hay ex presos dementes en Inglaterra, recluidos en hospitales siquiátricos. Otros tienen daños en los oídos, algún miembro de su cuerpo inmovilizado, enfermedades óseas por los golpes y la electricidad, o no les funcionan bien algunas partes del cerebro y se olvidan de cosas. Así nos encontramos con el Codepu, que nos ha asesorado en los juicios, y con el problema del general Hernán Gabrielli. En febrero del 2001, Carlos Bau Aedo, ex ejecutivo de la Industria Nacional de Cemento S.A. (Inacesa), denunció que Gabrielli lo había torturado a él y a otros prisioneros en 1973 en la base aérea de Cerro Moreno, de Antofagasta, entonces a cargo del comandante Marcial Vargas del Campo. A sus denuncias se sumaron los ex detenidos Juan Ruz, doctor en pedagogía y actual funcionario del Ministerio de Educación, y Héctor Vera, doctor en comunicaciones y vicerrector de la Universidad de Antofagasta. Los tres fueron víctima de tormentos físicos y psicológicos, y presenciaron cómo el entonces subteniente Gabrielli torturó salvajemente a Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, gerente de Inacesa, que junto al gerente de Corfo, Mario Silva Iriarte, fue ametrallado el 19 de octubre por la Caravana de la Muerte. Los afectados iniciaron un proceso por torturas en contra de Hernán Gabrielli, en el que los ex presos de la Fach han participado como testigos. Según declaraciones de uno de ellos, el entonces subteniente de aviación Ricardo Navarro Valdivia, Hernán Gabrielli no sólo lo torturó a él, sino también a un niño de 14 años a quien le causó secuelas que acabaron con su vida en el hospital de Antofagasta. Navarro declaró desde España en una entrevista a Televisión Nacional: “Toda la Fuerza Aérea sabía y sabe que Gabrielli es un torturador”. Otros testigos de la Fach que fueron víctimas o presenciaron torturas ejecutadas por quien llegó a ser jefe del estado mayor de esa institución son el capitán Juan Muñoz y el subteniente Oscar Navarro, oficiales de la rama de finanzas de la Fach en Antofagasta, y los cabos segundos Luis Gabriel Torres Valeria y Antonio Jara Castro.
¿Usted conoció al ex general Gabrielli?
“Nos conocimos en la Escuela de Aviación, fuimos amigos y le tuve mucha estimación. Cuando estábamos en la cárcel comenzaron a llegar presos de Antofagasta, como Carlos Bau y algunos suboficiales, que describían a Gabrielli como uno de sus torturadores. No cabía la menor duda. Yo le escribí dos cartas entre 1999 y 2000, antes de los juicios, para que viera la forma de que se compensara a quienes éramos de la Fuerza Aérea. Primero, en el aspecto moral, que es lo que más nos interesa, y luego material, porque a nosotros nos cortaron la vida a los 30 años. Nunca contestó esas cartas. La querella que Gabrielli presentó contra Carlos Bau, Juan Ruz y Héctor Vera por difamación, injurias y calumnias fue cerrada a los tres meses por el juez Ballesteros, quedando en evidencia que Gabrielli torturó, aunque esto sigue siendo la declaración de una persona contra otra. El continúa negando, pero van a seguir declarando todos los que lo vieron y sufrieron las torturas. De acuerdo con lo legalmente establecido, tendremos a estas personas en primera línea hasta que en algún momento tengan que reventar. ¡Ya aparecerá un piloto o suboficial que cuente cómo les cortaban la guata a los prisioneros y los tiraban al mar! Nosotros tenemos que ir buscando los mecanismos para acorralarlos”.
¿Qué clase de torturador era Gabrielli?
“Existían los torturadores ‘profesionales’, como los de la Academia de Guerra Aérea, y otros ocasionales, que eran los que estaban en las guardias. En este último grupo se ubicaba Gabrielli, que en esa época era un teniente de 24 ó 25 años. Los torturadores ‘oficiales’ de la base de Cerro Moreno, como el comandante Gonzalo Pérez Canto, les decían a los tenientes jóvenes que ‘ablandaran’ a los presos antes de entrar a la interrogación. Y aunque podían evitarlo, porque no era su obligación, los agarraban a golpes y patadas. Yo los llamo ‘torturadores torpes’. Esto ocurrió en todas las bases, incluida la de Quintero, donde estaba el general Patricio Ríos, actual comandante en jefe. Todos los tenientes y subtenientes de esa época, si estaban en servicio, deben haber tenido contacto con prisioneros. También los alférez y subalférez, que hoy son los generales que están bajo Ríos, deben haber participado cuando menos en las ‘operaciones rastrillo’, donde también se torturó. Que unos pegaban más y otros menos, lo tendrá que determinar la historia. Para eso estamos haciendo estos procesos. Vamos a escarbar hasta encontrar testigos que se atrevan a declarar, porque la verdad es que muchos de la Fuerza Aérea aún no dan ese paso. En los años 96-97 algunos me pidieron que por favor no los nombrara, porque ellos y sus familias habían sido amenazados. Pero ahora tenemos una ley de prensa que nos permite hablar. Por eso estoy escribiendo un libro con mis memorias donde voy a decir lo que yo vi de la historia, desde el lugar en que ésta me puso. Y me puso a este lado, porque yo tenía principios distintos a los de ellos, tan simple como eso”.
¿Alguna vez lo han amenazado a usted?
“En forma indirecta, me enviaron amenazas por teléfono cuando puse un recurso de amparo contra el general Fernando Rojas Vender, en la época en que era comandante en jefe. Pero nunca tuve miedo, estoy haciendo lo que corresponde”.
¿Por qué ese recurso de amparo?
“Se relaciona con otro problema que tenemos. Cuando jubilamos o nos dan de baja, nos tienen que entregar un documento que diga que uno es un oficial de la Fuerza Aérea dado de baja, jubilado, exonerado o lo que sea. A nosotros no nos han entregado ese documento, y por eso no nos permiten entrar a algunos lugares de la Fach. A mí incluso me han obstaculizado el paso en el Ministerio de Defensa. ¡A qué nivel llega el enclaustramiento en que están los uniformados que ni siquiera permiten a la ministra de Defensa que intervenga en esto! Debería bastar que la ministra Michelle Bachelet le dijera al comandante en jefe que nos entregue la documentación, porque es lo que corresponde legalmente. En este momento se está tratando de llegar a un acuerdo, pero si no lo hay me voy a querellar contra la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea. Anteriormente presenté un recurso de amparo contra el general Rojas Vender y Jaime Lavados, rector de la Universidad de Chile. Sucedió que ambas instituciones convocaron a un diplomado en Derecho Aeronáutico y del Espacio, y postulé como un ciudadano cualquiera. Las clases se daban en la Academia de Guerra Aérea. El rector de la Universidad de Chile consultó a la Fach y le enviaron una carta firmada por Rojas Vender diciendo que yo no podía ingresar. Torpemente, él me remitió esa carta. Y con ella en mano, presenté el recurso. Fernando Rojas dilató todo lo que pudo la tramitación del recurso y al final mandó una carta a la Corte Suprema diciendo que yo no tenía ninguna prohibición para ingresar a la Academia. La presentó el 28 de agosto y el curso terminaba el 1 de septiembre. ¡Esa es la mentalidad sucia que tiene esta gente! Pero nada puede extrañar de alguien como Fernando Rojas Vender, que se llevaba muebles para su casa como pertrechos de guerra. El tiene una historia tenebrosa dentro de la Fach, porque siempre fue de mala calaña. Claro que todos los generales que viajaban al extranjero en esa época traían motos de agua y muebles como pertrechos de guerra, en circunstancias que la ley les permite, igual que a los diplomáticos, traer bienes de hasta 15 mil o 20 mil dólares sin impuestos. ¡Pero ellos traían mucho más!”.
¿Se ha enfrentado alguna vez con Hernán Gabrielli?
“Se ha negado a conversar conmigo. El día que teníamos un careo ante el magistrado Mario Carroza se fue a Estados Unidos y nos dejó al juez y a mí plantados. Tampoco se presentó a otro careo ante el juez Ballesteros. No me cabe la menor duda que torturó, tenemos testigos torturados por él y otros que presenciaron esas torturas. Eso es lo que he declarado en tres juzgados. El juez Carroza me va a volver a llamar, porque le pedí que quiero ver a Gabrielli y enfrentarlo. El general León Duffey, un hombre bruto que se sabía esconder muy bien, torturó con Gabrielli en Antofagasta y después pasó a la Academia de Guerra. Se dejaba ver muy poco en la Academia, igual que Florencio Dublé, quien llegó a ser jefe del estado mayor cuando Fernando Rojas Vender era comandante en jefe. Pero nosotros los identificábamos bien. Todos están siendo enjuiciados y tendrán que declarar. Hay que juzgarlos, pero no con el objetivo de que los castiguen. Lo único que me interesa es que reconozcan lo que nos hicieron y que queden claramente establecidas sus culpas”

Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I’m not sure about the universe….Albert Einstein

Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana, aunque no estoy Seguro acerca del universo…  Albert Einstein

 Los Secretos y las Mentiras de la FACH

Las Mentiras no pueden durar para siempre, este es el preámbulo de los acontecimientos históricos que ocurrieron en los oscuros días en que el fascismo reinó en nuestra patria. Es primordial que estos acontecimientos se recuerden ya que son parte del patrimonio cultural del país.

Durante el año 2002 la FACH, hacía inútiles esfuerzos para desligarse de los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Se publicaba en “La Nación” de la época, que el general Patricio Campos Montecinos, quien era el enlace con la Mesa de Diálogo, renunciaba, en virtud de que su esposa, Viviana Ugarte Sandoval alias “La Pochi” desempeñó un rol muy activo en el siniestro Comando Conjunto. Esta fue denunciada por el Coronel ( R ) Otto Trujilllo, el que estaba siendo procesado y recluido en la Penitenciaría.  El objetivo de este comando era tergiversar la información entregada por la FACH a la Mesa de Dialogo, para entorpecer las investigaciones judiciales que comprometían a los miembros de la institución, Trujillo también denunció al Coronel Roberto Serón Cárdenas, al comandante Juan López López y a un civil Alejandro Figari quien fuera militante de Patria y Libertad., a estos últimos los mencionaba como agentes de la represión que se mantenían activos. Estos fueron procesados y sobreseídos por la Corte Suprema.  Debido a las trascendencias de los hechos, el presidente Lagos, solicitó al alto mando una investigación al interior de la Fuerza Aérea y públicamente se pedía la salida del Comandante en Jefe general Patricio Ríos. Esta era la segunda crisis que estremecía a la FACH bajo su mando, ya que, el año anterior debió pasar a retiro al Jefe del Estado Mayor, general Hernán Gabrielli, debido a las querellas por tortura a que estaba sometido.

Personalmente pensaba que se estaban urdiendo tramas, para obstruir la justicia, independientemente que se hubiese reorganizado o no el Comando Conjunto. Estas conclusiones eran estimadas debido a las posturas que tomaban estos torturadores en los enfrentamientos que tuvimos en los Tribunales de Justicia.  Había declarado en muchos juicios y careos con estos individuos y lo único que hacían era por supuesto negar lo que hicieron. Era patético verlos después de los interrogatorios y careos como se reunían en los pasillos con sus abogados, para ponerse de acuerdo en sus declaraciones posteriores y así no entrar en contradicciones.  El colmo de la desvergüenza ocurría cuando se realizaban estos juicios en las dependencias de la Comandancia en Jefe de la FACH, incluso tenían una sala donde se reunían previa el enfrentamiento con el Juez.

El testimonio que entregué en esa época, correspondía fundamentalmente a la represión que se ejerció contra aproximadamente 60 uniformados en el proceso caratulado “1 – 73, La FACH contra Bachelet y Otros” en los primeros días del régimen militar. Esto ocurrió en la Academia de Guerra Aérea (AGA), la verdadera escuela para formar torturadores que posteriormente integrarían el Comando Conjunto.

Recuerdo que tuve una temprana evidencia de lo que preparaban los altos mandos. Esta la obtuve en mayo o junio de 1973 siendo Capitán de Ronda de la Guarnición de Santiago. Ocasión que se me ordenó inspeccionar la AGA a las 02:00 horas. Al ingresar a la AGA el suboficial de guardia intento impedirme la entrada, ese actitud me pareció sospechosa, inmediatamente desenfundé mi pistola y detuve al suboficial, ya que en ese momento mi posición e investidura era la de jefe superior o la máxima autoridad militar en la Guarnición. El suboficial me explicaba que el general Gustavo Leigh, entonces Jefe del Estado Mayor, le había ordenado que no dejara ingresar persona alguna a las dependencias de la Academia.  En ese momento decidí llevar arrestado al suboficial, hasta la presencia de Leigh. El hecho que me había alertado era que estaban casi todos los autos fiscales de los generales y jefes de Unidades de Santiago estacionados en el patio de la Unidad.  Llegué a la sala de Conferencias de la Academia, que estaba iluminada y la puerta cerrada. Abrí la puerta en forma violenta de una patada y con pistola en mano y el suboficial de guardia a mi lado. La sala quedó sumida en un silencia espectral, lo que se grabó en mi mente en ese instante fue el plano de Santiago a escala mayor donde se destacaban los circuitos de los aviones alrededor de La Moneda, la casa del presidente Allende en la calle Tomás Moro y el sector sur oriente de la capital, donde se ubicaban las antenas de radio de Santiago. Solo después de unos segundos el general Leigh reaccionó y se acercó a mí.  “No me cupo la menor duda que se estaba planificando un golpe de estado”. Le informé mi actitud con el suboficial por desconocer la condición de oficial de ronda que me investía en esa circunstancia. Leigh pidió disculpas asegurando que el suboficial había actuado de acuerdo a sus instrucciones y por lo tanto estimaba que no era tan grave la situación.  En todo caso dejé constancia en el Libro de Ronda de la Guarnición de Santiago de esta anómala situación.

Estos inéditos hechos, fueron una alerta, para el grupo de Capitanes que éramos constitucionalistas y por consiguiente no estábamos por el Golpe de Estado, inmediatamente sentimos que nuestra misión era denunciar al Presidente lo que se estaba preparando.

Me parece pertinente destacar que el grupo de Capitanes que menciono, teníamos todos estudios Universitarios de ingeniería y nuestras esposas también eran profesionales, estas características nos permitían ver y percibir a la sociedad civil en forma diferente al militar neto, por consiguiente nuestra visión tenía un carácter mucho más perceptivo de los movimientos sociales y políticos que se estaban dando en nuestro país. En la época era poco común que los oficiales tuviesen esposas profesionales. Estas relaciones inéditas nos permitieron juntarnos en forma más estrecha y buscar vías políticas para entregar esa información al Presidente de la República, quien era concebido como el Comandante en Jefe de todas las ramas de la Defensa Nacional, a quien le debíamos lealtad absoluta por ser Jefe de la Nación.

Nos reunimos con los entonces Senadores de la República Eric Schnake (PS) y Anselmo Sule (PR) y con Carlos Lazo presidente del Banco del Estado. Estos consiguieron entrevista de algunos miembros del grupo con el presidente Salvador Allende, además fueron nexos para transmitir los pormenores del golpe que nosotros estábamos percibiendo dentro de la FACH. El presidente no creyó nuestras aprehensiones y sostuvo que no concebía que fuera posible que las FF.AA optaran por un Golpe de Estado, en virtud de que los Comandantes en Jefe y Director General de Carabineros le habían jurado lealtad recientemente.  Allende estaba convencido que podía manejar políticamente la situación consternada del país.

Personalmente no tenía simpatía por ningún partido político, y solo había votado por el Presidente Allende en virtud de su programa de Gobierno que mostró al país durante la campaña. A estas alturas ni siquiera estaba de acuerdo con el manejo que se le estaba dando al gobierno, era claro que se le había escapado de sus manos la credibilidad y gobernabilidad al sistema en su conjunto. Las movidas políticas de incluir a militares en el gobierno claramente no daban resultados, estos eran incapaces de funcionar ya que desconocían el andar político de las carteras que ocuparon y no podían resolver los problemas, debo reconocer sin embargo, que la organización de la oposición que ya era mayoritaria fue muy fecunda para sus aspiraciones de gobernar, ya que manejaron al poder militar para establecer sus políticas económicas y sociales.

Cuando ocurrió el golpe de estado nos detuvieron a todos los que manifestamos de distintas formas nuestro pensar respecto a la Constitucionalidad, y nos detuvieron junto a los generales Alberto Bachelet, Sergio Poblete (ingeniero aeronáutico), el Comandante Ernesto Galaz (oficial de Estado Mayor), Capitanes Raúl Vergara (ingeniero comercial), Patricio Carbacho (ingeniero electrónico), Jorge Silva (oficial de inteligencia), Daniel Aycinena (ingeniero electrónico), Eladio Cisterna (profesor de matemáticas), los subtenientes Jorge Dixon, , Oscar Navarro, Rubén Grimblat, Pedro Pons (estudiantes de ingeniería),  Ricardo Navarro (oficial contador y finanzas) y otros. También fueron arrestados varios suboficiales que claramente habían declarado su condición de constitucionalistas y por consiguiente no estaban de acuerdo con el golpe de estado. La mayoría de estos suboficiales eran alumnos de la Universidad Técnica del Estado, donde estudiaban carreras tecnológicas para su perfeccionamiento. Estos últimos sufrieron terribles torturas, por estudiar en la universidad y fueron denostados y acusados de ser comunistas, varios de mis camaradas suboficiales fueron torturados por los oficiales Comandante Enzo Dinocera y el capitán Juan Carlos Sandoval. Pienso que en honor a la justicia, se debería iniciar un juico civil contra estos funcionarios que fueron torturadores, aparte de los juicios criminales que se llevaron a cabo contra los comandantes Edgar Cevallos y Ramón Cáceres, ambos condenados.

Desde el primer momento la agresión contra nosotros fue brutal y desmedida, ya que nos consideraban traidores por ser leales a la constitución. Este era el paradigma de los ignorantes oficiales de la FACH que motivados por su comandante en jefe, confundían la lealtad a la constitución y al presidente con una militancia comunista. En los momentos de las interrogaciones y les hacíamos ver que eran ellos los traidores a la Patria comenzaban las golpizas y otros apremios. Hacían simulacros de fusilamientos, aplicaciones de corriente, quemaduras con cigarrillos incluso usaron drogas e hipnosis en algunos casos, otros fueron colgados y azotados etc. La AGA fue un centro de tortura realmente inconcebible, por su rudeza y violencia, buscaron la degradación de nuestras personalidades y permitieron que los conscriptos nos patearan y nos observaran incluso cuando íbamos a defecar, estos nos apuntaban con sus fusiles cuando estábamos sentados en las tazas del WC.

El que estaba al mando de esta situación y que la permitió para lograr sus objetivos, fue el General Gustavo Leigh Guzmán, Comandante en Jefe de la FACH y miembro de la Junta de Gobierno. Lo vi personalmente dando instrucciones al General Orlando Gutiérrez Bravo, el fiscal acusador del proceso FACH y jefe de los torturadores. Paradójicamente había sido su instructor de vuelo en la Escuela de vuelo sin motor de la FACH, el era el jefe y presenciaba todo, incluso cuando torturaron a su ex jefe el general Poblete.

La demencia y el odio del general Leigh era tal que se permitió decir por radio el 11 de Septiembre lo siguiente: “Por cada miembro de las FF.AA. que sea víctima de atentados, se fusilará a cinco prisioneros marxistas que se encuentren en prisión”, Pinochet otro demente que aprueba la medida, la que posteriormente fuese clasificada como “orden espantosa” por el historiador James Whelan entre otros. Estas eran las típicas arengas dignas del régimen fascista Alemán de Hitler.

Es menester dejar claro para que la historia los juzgue, que también fui testigo cuando Leigh presenció la tortura del General Poblete. En la AGA, se estableció la tortura como un procedimiento normal para interrogar a los prisioneros. Era claro que se tenía pre establecido lo que había que obtener de los prisioneros, en cuanto a declaraciones para justificar las conclusiones del sumario. Al final de los procesos de interrogación, uno tenía que firmar lo que estaba establecido y eso se lograba con la tortura.

Después de aproximadamente 45 días en la AGA, se dio por terminado el Sumario “I-73, La FACH contra Bachelet y otros” y se inició el juicio en un Consejo de Guerra en el cual paradójicamente el Juez era el mimo torturados y fiscal acusador el General Orlando Gutiérrez. En dicho juicio no teníamos defensa, a pesar de presentar abogados defensores, ya que cuando se argumentaba que las declaraciones de los procesados habían sido obtenidas bajo tortura, se amenazó a los abogados que por ningún motivo se podría argumentar dicha defensa.  En cuanto a mi caso que había reconocido haber denunciado el Golpe de Estado, se me acusó de “incitación a la sedición”, “traición a la patria”, “Creador intelectual del Plan Zeta y Plan Fuga”. Ninguna prueba de estas acusaciones fue presentada, solo se usó las declaraciones que los inculpados habían firmado durante el proceso, documentos que efectivamente fueron obtenidos bajo tortura. Nos condenaron en Diciembre de 1973, cinco camaradas a la pena de muerte y otros a diferentes penas de presidio. Mi condena inicial fue a 20 años de presidio y posteriormente fue rebajada a 15 años, aduciendo a mi buena conducta anterior, lo cual pone esta falacia de proceso en el más de los absurdos. Por otra parte los condenados a muerte fueron rebajados a cadena perpetua o 30 años de presidio. Estuve dos años en diferentes cárceles.  El Año 1975, me acogí al Decreto de Ley 504 para cumplir el resto de la pena en exilio, emigrando al Reino Unido. El 29 de agosto de 1975, un avión me llevo a Inglaterra donde fui recibido por la Organización Inglesa “World University Service”, que se encargaba de gestionar los ingresos de los exiliados. Lo más relevante de esto fue que el 15 de Septiembre, ya estaba ingresado a la Universidad de Londres, en el “Imperial College of Science and Technology and Medicine”, en el departamento de Ingeniería Aeronáutica. Donde estudié por tres años y obtuve grados académicos de alto nivel, que me permitieron trabajar en Inglaterra y posteriormente en Suiza donde obtuve varias patentes por mis inventos.

El hecho de haber sido Oficial de la FACH, me permitió conocer muy de cerca a los que fueron mis torturadores, como también a los Generales Leigh, Mathei, Vega (fue Senador Designado), Rojas, y a los actuales mandos de la FACH. Debe entenderse que los conocí antes del golpe, por lo tanto tengo una apreciación de sus personalidades, de sus capacidades y sus debilidades. Esto me permite con autoridad dejar constancia en este libro la nómina del personal de la FACH que torturó en la Academia de Guerra Aérea y otras unidades de la Institución y nómina de los integrantes del Consejo de Guerra.

El General Ingeniero Orlando Gutiérrez Bravo Jefe Operativo y Fiscal acusador, aplicó las sanciones en el dictamen Fiscal y condenó a muerte a 3 oficiales y 1 suboficial de la FACH: Al Coronel Ernesto Galaz, a los Capitanes Raúl Vergara y Patricio Carbacho y al Suboficial Belarmino Constanzo. (Las penas fueron posteriormente rebajadas a 30 años de presidio)

 El Comandante de Grupo Piloto Sergio Lizosain Mitrano, al parecer el segundo en la línea de mando entre los torturadores.

El Comandante de Escuadrilla Ingeniero Edgar Ceballos Jones

El Comandante de Escuadrilla Piloto Ramón Cáceres

 El Comandante de Escuadrilla Piloto Gonzalo Pérez Canto (operaba en la Base Cerro Moreno de Antofagasta, fue muy cocido por su agresividad y sadismo entre los torturados)

 El Comandante de Escuadrilla Piloto Jaime Lavín Fariña (*) (a este oficial se le prohibió ingresar a EE.UU. por su participación en actos de tortura).

El Comandante de Escuadrilla Piloto Enzo Dinocera

 El Capitán de Bandada Piloto Álvaro Gutiérrez (también altamente conocido por su agresividad y sadismo)

 El Capitán de Bandada Piloto Víctor Mettig

El Capitán de Bandada Piloto León Dufey (*  operó en Antofagasta y AGA)

El Capitán de Bandada Piloto Florencio Doublé (*)

El Capitán Ingeniero Juan Carlos Sandoval.

El Teniente Dumont.

El Teniente Franklin Bello

El Capitán  Wachtendorf

El Suboficial Juan Norambuena

 El Sargento de Aviación Hugo Lizana

 El Cabo de Aviación Gabriel Cortes

 El Teniente Piloto Hernán Gabrielli (* operó en Antofagasta)

Otros que han sido olvidados por el autor y que seguramente han sido denunciados en otros libros o procesos por violaciones a los derechos humanos.

Los miembros del Consejo de Guerra, que condenaron a los procesados, sabiendo de antemano que las confesiones habían sido obtenidas bajo tortura, son los siguientes:

 General de Brigada Aérea Piloto Juan Soler Manfredini (presidente del consejo)

 Coronel Piloto Eduardo Fornet Fernández   (*)

 Coronel Médico de la FACH Humberto Berg Fontecilla (este médico deambulaba por la AGA durante el proceso y fue denunciado como torturador)

Coronel Ingeniero Sergio Sanhueza López

 Coronel Abogado de la FACH Julio Tapia Folk (Auditor del Consejo, denunciado como torturador)

Coronel Piloto Javier Lopetegui Torres

 Comandante de Grupo Piloto Carlos Godoy Avendaño

 (*)           Alcanzaron el grado de General activo en la FACH.

La bajeza de este grupo de facinerosos y torturadores, la pude comprobar una vez más, cuando fui careado con algunos de ellos en diferentes juzgados y por diferentes causas, ya que no mostraron arrepentimiento ni menos reconocer lo que hicieron, a pesar de todas las denuncias que hay contra ellos.  Durante las interrogaciones no eran capaces de mirar de frente. Son unos malditos cobardes, que abusaron y denostaron nuestras personalidades mientras usaban el poder usurpado a la democracia de nuestra patria. A diferencia de los halcones retornados, que andamos con nuestra cabeza en alto y sin temor debido a que tenemos nuestras conciencias limpias, ellos se esconden y se auto protegen para que no sean identificados y enrostrados con su mal actuar. Que mejor ejemplo de la vergüenza y temor de mostrar sus caras y defender por ejemplo, el acto ignominioso de atacar La Moneda o la casa presidencial y las antenas de las radios de la época. Son cobardes porque se ocultan, son cobardes porque son protegidos por la institución y en mi personal percepción, no tengo la menor duda que los actuales mandos de la FACH, al negar conocer a los que atacaron la Moneda, no dicen la verdad. Por razones muy simples, no es posible que se desconozca el personal que integraban los grupos de la FACH que operaban los Hawker Hunter de la época. Me niego a aceptar que no hay evidencias o que fueron eliminadas y por otra parte, tampoco puedo entender como el poder judicial no puede ser más drástico interrogando con mayor persuasión al jefe de la bandada de los malhechores que atacaron La Moneda para identificar al grupo. El Comandante López, no puede negar que sabía y tampoco puede aducir que debido a un juramento no puede identificar al resto de los pilotos, ya que si es así, está negando evidencias a la justicia y eso debe ser castigado penalmente. Por lo tanto puedo concluir que el Juez Carroza está siendo muy benevolente en este caso. Aquí entro a dudar de la igualdad ante la justicia. Puedo entender el concepto de que los pilotos fueron ordenados por Comandante en Jefe de la FACH, para cometer esos ataques desmedidos y abusivos. Entonces, si estos pilotos fueran dignos y tuvieran un sentido de autoestima y de honor, deberían enfrentar esa realidad y someterse al escrutinio de la nación, aduciendo que no fue posible evitar ser autor del demencial ataque ordenado por el general Leigh. Los oficiales que pertenecían al Grupo de Aviación Nº 7, que más han sido publicados en diarios y revistas como también nombrados en juicios son los siguientes.

Comandante Mario López Tobar (comandó la escuadrilla de aviones que atacaron La Moneda y se permitió publicar un libro relacionado con el bombardeo a La Moneda)

Capitán Fernando Rojas Vender (llegó a ser comandante en jefe de la FACH involucrado en el affaire Muebles de Ratán)

Capitán Enrique Montealegre

Capitán Eitel Von Muhllembrock

Teniente Ernesto González Yarrá (antes de morir reconoció haber disparado a La Moneda)

Teniente Gustavo Leigh Yates (hijo del general Leigh)

Algunos Oficiales FACH connotados por sus mentiras y abusos.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, sometió a proceso a cinco miembros en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de José Francisco Bordas Paz, ilícito perpetrado el 5 de diciembre de 1974, en la Región Metropolitana.

En la resolución (causa rol 1.058-Bis), el ministro Vázquez encausó a los ex oficiales de la Fach, todos miembros del SIFA, ex coronel Edgar Benjamín Cevallos Jones, alias "Cabezas", al ex comandante de escuadrilla Sergio Fernando Contreras Mejías, alias "Loquillo", al ex comandante de grupo Luis Enrique Campos Poblete, alias "Caciutulo", al ex comandante de grupo Juan Luis Fernando López López, alias "Pantera", y al ex soldado Fach, Braulio Javier Wilckens Recart, en calidad de autores del homicidio del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

José Bordas era miembro de la dirección del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en la clandestinidad. El 5 de octubre de 1974 Bordas Paz, conocido en el MIR como "Coño Molina", se encontraba junto a Miguel Enríquez en la casa de la calle Santa Fé 725, en la comuna de San Miguel, y había logrado romper el cerco que la DINA tendió sobre la casa donde vivía y resultó muerto el dirigente revolucionario. Desde ese día se inició una demencial carrera entre aparatos represivos por capturar y dar muerte al "Coño Molina".

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer los siguientes hechos:
«a) Que un grupo de agentes del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, SIFA, que se desempeñaban en la Fiscalía de Aviación que operaba en la Academia de Guerra Aérea, tomaron conocimiento por un informante que había pertenecido al Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, que José Bordas Paz, apodado «Coño Molina», dirigente de dicho movimiento, concurriría a un punto para reunirse con otro militante, lo que estaba previamente acordado con los agentes antes referidos.

b) Que, el día 05 de diciembre de 1974, los agentes de la Fuerza Aérea, bajo las indicaciones del mencionado informante, formando dos equipos y movilizándose en dos vehículos, interceptaron el automóvil en que se movilizaba José Bordas Paz, rodeándolo, para luego disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego, producto de lo cual resultó herido por diversos impactos de bala, siendo trasladado por los agentes al Hospital de la Fuerza Aérea, donde recibió atención médica, falleciendo luego el día 07 de diciembre de 1974 a las 03:00 horas.

c) Que de acuerdo a la conclusión de la autopsia, la muerte de Bordas Paz se produjo como consecuencia de las heridas de bala abdominales».

En efecto, en la caída y muerte de Bordas Paz tuvo un rol decisivo el militante mirista, Leonardo Alberto Schneider Jordán, luego del golpe militar devenido en traidor e infiltrado por la SIFA en la orgánica clandestina del mirismo. "El Barba", como era llamado en el mirismo, se hizo conocido por los prisioneros en las mazmorras de los aparatos represivos del SIFA, en el AGA, como el "Teniente Juan Pablo Velasco", a veces vestía uniforme y se caracterizó por su ensañamiento contra los ex compañeros de ruta. En su papel de infiltrado, logró hacerse de vínculos y de una historia que le permitió acercarse a las redes de Bordas Paz. Así las cosas, "El Barba" le tendió la trampa que le condujo a un lugar de contacto donde supuestamente debería encontrarse con él. Allí fue donde los agentes del SIFA acribillaron al "Coño Molina".

De estos criminales, salvó impune el Barba Schneider, que murió por causas naturales el año 2012. No corrió igual suerte el agente civil Fach y del SIFA Roberto Fuentes Morrison, alias "El Wally", quién fue ajusticiado por un comando antidictatorial en junio de 1989, en Nuñoa.

El ministro en visita Miguel Vázquez Plaza dictó acusación en contra de 10 agentes del Comando Conjunto como responsable de los secuestros calificados de Alonso Gahona Chávez y Miguel Ángel Rodríguez Gallardo, ocurridos en agosto y septiembre de 1975 en distintos lugares de la región Metropolitana.

El magistrado acusó a Edgar Benjamín Cevallos Jones (coronel (r) de la Fach. Director de la DIFA y luego de la SIFA), Juan Luis Fernando López López, como co-autores del delito de secuestro calificado de Alonso Fernando Gahona Chávez.

Asimismo responsabilizó a Edgar Benjamín Cevallos Jones, Juan Francisco Saavedra Loyola (coronel (r) de la Fach. Estuvo a cargo de los interrogatorios y tortura de sus compañeros de armas leales al gobierno constitucional, entre ellos Alberto Bachelet.), Sergio Fernando Contreras Mejías, Fernando Patricio Zúñiga Canales (suboficial (r) de la Fach, actuo en la DIFA y SIFA), Eduardo Enrique Cartagena Maldonado (Suboficial (r) de la Fach), Emilio Mahias del Río, Gonzalo Eduardo Hernández de La Fuente, Hans Luis Gesche Walker y Tito Alejandro Figari Verdugo, como co-autores del delito de secuestro calificado de Miguel Ángel Rodríguez Gallardo.

El ministro en visita para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago,  Miguel Vázquez Plaza, condenó a 29 ex agentes del Comando Conjunto por su responsabilidad en los secuestros y homicidios calificados de los militantes del Partido Comunista, Ricardo Manuel Weibel Navarrete, Juan René Orellana Catalán, Luis Desiderio Moraga Cruz, Ignacio Orlando González Espinoza y de Luis Emilio Gerardo Maturana González, cometidos entre octubre de 1975 y junio de 1976 en la ciudad de Santiago.

El llamado Comando Conjunto fue un aparato represivo creado por la dictadura bajo la tutela de la Fuerza Aérea (Fach) y la participación de agentes del ejército, de la marina, de carabineros y civiles fachos, que operó principalmente entre los años 1975 a 1977, y cuya razón de ser era competir en faenas represivas y criminales con el omnímodo poder que ostentaba la DINA bajo la tutela del ejército y la dirección de Pinochet y Contreras.

En este caso particular, el ministro Vásquez Plaza sustanció la causa por el secuestro y desaparición de militantes comunistas, uno de los principales objetivos de este ente represor.

El magistrado condenó al ex oficial de la Fach Juan Francisco Saavedra Loyola y al ex oficial de carabineros Manuel Agustín Muñoz Gamboa a las penas de 18 años de presidio, más 13 años y más 3 años de presidio, cada uno.

Al ex oficial de la armada Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán a penas de 18 años, más 12 y más 3 años de presidio

Al ex oficial Fach Antonio Benedicto Quiros Reyes a penas de 18 años, más 6 años y más 541 días de presidio

A los ex oficiales de ejército Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Sergio Antonio Díaz López, y al ex oficial de la armada Jorge Aníbal Osses Novoa, a penas de 12 años de presidio, más 10 años y un día, más 400 días de presidio a cada uno

A los agentes Raúl Horacio González Fernández y Alejandro Julio Segundo Sáez Mardones a dos condenas de 10 años y un día de presidio, y más 400 días de presidio a cada uno.

A los agentes Roberto Alfonso Flores Cisterna y Juan Carlos Hernán Rodrigo Villarreal a penas de 10 años y un día, más 5 años y un día, más 400 días de presidio a cada uno

Al facho civil Otto Silvio Trujillo Miranda la penas de 10 años y un día de presidio

Al agente Lenin Figueroa Sánchez, dos condenas de 5 años y un día, más 400 días de presidio.

Al civil reconvertido Miguel Arturo Estay Reyno, y los agentes Sergio Daniel Valenzuela Morales, Juan Atilio Aravena Hurtuvia, a penas de 5 años y un día de presidio, más 5 años, más 400 días de presidio

A los fachos civiles Andrés Pablo Potín Lailhacar, Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, Emilio Mahias del Río, y los agentes Juan Luis Fernando López López, José Evaristo Rojas Alruiz, Francisco Segundo Illanes Miranda, a penas de 5 años y un día de presidio, más 400 días de presidio.

A Ernesto Arturo Lobos Gálvez, Alejandro Jorge Forero Álvarez, a penas de 5 años y un día de presidio, más 60 días de presidio.

A Roberto Francisco Serón Cárdenas, a la pena de 5 años y un día de presidio

A Robinson Alfonso Suazo Jaque, Pedro Ernesto Caamaño Medina, Pedro Juan Zambrano Uribe y José Hernando Alvarado Alvarado, a la pena de 4 años, más 60 días de presidio cada uno

Los agentes Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, Alex Damián Carrasco Olivos, José Osiris Vera Reyes, Juan Luis Huaiquimilla Coñuepan y Víctor Iván Zúñiga Zúñiga fueron absueltos.

En la investigación judicial el ministro Vásquez Plaza estableció que: 

a) Que existió una agrupación de hecho que operó clandestinamente entre los años 1975 y 1976, conformado principalmente por agentes que pertenecieron a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, además de Carabineros Chile, Marina y Ejército, con la colaboración de civiles, cuyo objetivo principal fue la represión de la Juventud del Partido Comunista, para lo cual procedían a la detención de varios de ellos.

b) Que, la referida agrupación, utilizó para las detenciones y torturas: Hangar de Cerrillos; Nido 20, recinto secreto de detención y tortura ubicado en calle Santa Teresa N° 037, paradero 20 de Gran Avenida; Nido 18, recinto secreto ubicado en calle Perú N° 9053, La Florida, Santiago, que fue empleado exclusivamente para la tortura; La Prevención o Remo Cero, que eran calabozos ubicados al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, todo esto durante el año 1975; La Firma, a principios del año 1976, dicho grupo traslada sus operaciones a la parte posterior del inmueble a cargo de Carabineros de Chile, ubicado en calle Dieciocho, frente al N° 229, que perteneció al ex diario Clarín, denominándosele La Firma.

c) Que, el actuar operativo de la agrupación, respecto de las personas privadas ilegítimamente de su libertad, manteniéndolos en recintos secretos, era obtener información de éstos bajo tortura psicológica y física, logrando la colaboración de alguno de ellos, hasta el punto que algunos fueron asimilados como agentes operativos del grupo, lo que proporcionó una mayor efectividad en la detención de militantes comunistas en cadena, a los cuales se les hizo desaparecer, ocurriendo que de algunos de ellos, en el curso de los años, se encontró parte de sus restos.

d) Que el día 07 de noviembre de 1975, aproximadamente a las 22.00 horas, fue detenido en su domicilio de Río Maule N° 1893, Comuna de Recoleta, Ricardo Manuel Welbel Navarrete, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fueron encontradas sus osamentas en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue.

e) El día 08 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, Juan René Orellana Catalán se reunió con Luis Emilio Gerardo Maturana González, ambos militantes de la Juventud Comunista en la clandestinidad debido a la persecución política de que eran objeto, con el propósito de recibir dinero del partido de manos de Maturana González, este último encargado de distribuirlo; momento en que es detenido por agentes de la agrupación referida en la letra a), manteniéndose recluido en el recinto denominado La Firma, y posteriormente fue ejecutado en la Cuesta Barriga, donde se encontró restos de su persona consistentes en piezas dentarias y prótesis removible.

f) Que, el día 20 de octubre de 1975, en horas de la madrugada fue detenido en su domicilio de pasaje Tokio N° 5862, Población Juanita Aguirre, comuna de Conchalí, Santiago, Luis Desiderio Moraga Cruz, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele recluido en el Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, en cuyo interior se encontraba el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, donde prestó la declaración que obra a foja 5532, siendo éste el último lugar en que se le vio con vida.

g) Que, el día 04 de diciembre de 1975, en horas de la madrugada, fue detenido en su domicilio de calle Soberanía N° 1220, Santiago, Ignacio Orlando González Espinoza, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fue ejecutado en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue, donde fueron encontradas sus osamentas.

h) El día 08 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, Luis Emilio Gerardo Maturana González se reunió con Juan René Orellana Catalán, ambos militantes de la Juventud Comunista en la clandestinidad debido a la persecución política de que eran objeto, con el propósito de entregarle dinero del partido a Orellana Catalán para sí y para que a su vez lo entregara a otros militantes del partido ya que Maturana González estaba encargado de distribuirlo; momento en que es detenido por agentes operativos de la agrupación reseñada en la letra a), manteniéndosele recluido en el recinto denominado La Firma, desde donde se pierde su rastro.

Cuando el juez Mario Carroza decide dejar en detención preventiva al general (R) Patricio Campos, seguramente para procesarlo por obstrucción a la justicia, y el general Ríos se esconde entre permisos administrativos y visitas a unidades lejanas a la capital, el Comando Conjunto parece vivir sus últimos capitulos bajo la protección institucional de la FACH. Sin embargo, sus agentes, aquellos hombres y nujeres que secuestraron, torturaron, asesinaron y terminaron por hacer desaparecer a decenas de militantes de izquierda, continúan mayoritariamente haciendo sus vidas normales. Unos pocos están detenidos en unidades de la misma Fuerza Aérea, pero otros son empresarios o funcionarios de la FACH, viven tranquilos en villas militares, sufragan y se pasean por las calles como todo ciudadano, apareciendo incluso en veladas sociales como las que frecuentaba "la Pochi" junto a su esposo.

El Siglo espera, con este especial, hacer un aporte para terminar con esa impunidad.

El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y principios de 1977, y cuyo objetivo principal fue la represión a la denominada Fuerza Central del MIR, y a los comités centrales del Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70.

Conocido internamente como "la unidad", estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad.

 

Cuarteles del horror

Entre los primeros recintos de tortura, aún antes de denominarse Comando Conjunto, aparece la Academia de Guerra Aérea (AGA) que funcionó desde fines de 1973 hasta fines de 1974, formalmente a cargo de la Fiscalía de Aviación, la que en la práctica se coordinaba estrechamente con el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA). El General Bachelet y muchos oficiales de la FACH fueron torturados en sus subterráneos. José Luis Baeza Cruces, miembro del Comité Central del PC actualmente desaparecido, también estuvo allí. Por este caso ha sido citado a declarar Fernando Matthei, a la fecha director de la AGA.

En enero de 1975, cuando el SIFA desocupó la AGA, traslada a los detenidos a una casa de Santiago, ubicada en el sector de Apoquindo, a unas dos cuadras de la Municipalidad de Las Condes. Este inmueble fue utilizado como recinto secreto de detención hasta el mes de marzo de 1975 y estaba a cargo de agentes de la recientemente creada DIFA.

Después de esa fecha, las oficinas de la DIFA se trasladaron a Juan Antonio Ríos N° 6, Donde funcionaba la Comunidad de Inteligencia, mientras los detenidos son repartidos entre el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina ("Remo Cero") y un hangar al interior del aeropuerto Cerrillos. Otro centro clandestino de tortura es el conocido como "Nido 20", ubicado en la calle Santa Teresa 037, cerca del paradero 20 de la Gran Avenida, en Santiago. Producto de las torturas en su interior, falleció Alonso Gahona Chávez, hoy detenidos desaparecido. También aquí fue muerto a golpes Humberto Castro Hurtado. Hoy la casa alberga a la Corporación Nacional de Laringectomizados (operados de cáncer a la laringe).

El recinto denominado "Nido 18" fue empleado exclusivamente para practicar la tortura. Se trata de un local ubicado en la calle Perú 9053, comuna de La Florida en Santiago, cercano al paradero 18 de Vicuña Mackenna. En este centro, según testigos, se quitó la vida Arsenio Leal Pereira, bajo la presión de las torturas a que estaba siendo sometido. En "Remo Cero", junto a los agentes de la FACH, operan miembros del Servicio de Inteligencia Naval y algunos agentes de Ejército. La dotación de la Dirección de Inteligencia de Carabineros era más numerosa. También aquí actúan los civiles provenientes de Patria y Libertad. Desde allí habrían sido sacados en helicóptero para ser arrojados al mar varios detenidos, entre ellos Humberto Fuentes Rodríguez y Luis Moraga Cruz. También hay testigos que afirman que fueron sacados desde aquí, para ser asesinados y enterrados en los terrenos militares de Peldehue Ricardo Weibel Navarrete, Ignacio González Espinoza, Miguel Rodríguez Gallardo y Nicomedes Toro Bravo. En este recinto fallecieron algunos detenidos a consecuencia de torturas, entre ellos José Sagredo Pacheco.

Este local fue visitado frecuentemente por un médico que atendió a varios detenidos y supervisaba las torturas.

Un recinto ubicado en calle Dieciocho N° 229, que había sido sede del diario El Clarín y tras el golpe militar pasó a poder de Carabineros, fue conocido como "La Firma". Allí se instaló la Escuela de Inteligencia de Carabineros, algunos de cuyos profesores eran miembros no sólo de DICAR sino también del Comando Conjunto. Colindante a este edificio existe otro inmueble comunicado con él, en cuya parte posterior funcionó clandestinamente el CC. En este local se mantuvo detenidos a distintos prisioneros comunistas, entre ellos Carlos Contreras Maluje, Juan René Orellana, Luis Emilio Maturana, Juan Antonio Gianelli, quienes fueron sacados de ese lugar para ser asesinados y enterrados clandestinamente en la Cuesta Barriga, y José Weibel Navarrete, quien posteriormente fue asesinado en el sector del Cajón del Maipo.

En 1985, "La Firma" sería ocupada para secuestrar a una decena de profesores y a los tres profesionales comunistas que luego aparecerían degollados en un camino rural de Quilicura. Otros inmuebles usados indistintamente por el SIFA y el CC, donde se mantuvo transitoriamente detenidos, fueron un inmueble del Barrio Bellavista que había pertenecido a Sergio Bushmann, donde vivían miembros solteros del CC, y la Comisaría Las Tranqueras, usada mientras se efectuaba la visita de una delegación de derechos humanos de las Naciones Unidas, a fin de que tales detenidos no pudieran ser ubicados en los lugares de detención más conocidos.

 

AGA: Escuela de torturas

Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus captores y torturadores, entre otros, a los generaes Orlando Gutiérrez Bravo y Juan Soler Manfredini; los comandantes Sergio Lizasoaín Mitrano, Edgar Cevallos Jones, Jaime Lavín Fariña, Carlos Godoy Avendaño, Juan Bautista González, Ramón Cáceres Jorquera y Humberto Velásquez Estay; el coronel y médico FACH Humberto Berg Fontecilla; los coroneles Sergio Sanhueza López y Javier Lopetegui Torres; los capitanes León Duffey Treskoff, Juan Carlos Sandoval, Alvaro Gutiérrez, Jaime Lemus, Florencio Dublé, Contreras y Fullogher (jefe de guardia permanente); el abogado Julio Tapia Falk, los asesores legales Cristián Rodríguez, Jaime Cruzat y Víctor Barahona; los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, José García Huidobro, Víctor Matig Guzmán, Franklin Bello y Gonzalo Pérez Canto; el Sargento Hugo "chuncho" Lizana, el suboficial Juan Normabuena, el cabo Eduardo Cartagena y el Cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre).

Uno de los sobrevivientes del AGA, el Comandante Ernesto Galaz, recuerda que "me arrestaron junto al general Bachelet, Vergara y el coronel Miranda, que trabajaba conmigo. Nos llevaron al subterráneo del ministerio (de Obras Públicas), donde comenzó la investigación con un fiscal que nos pregunta cosas para luego mandarnos detenidos a la Base Aérea de Colina, en la que estamos hasta el 20 en condiciones bastante dignas, tratados como oficiales prisioneros de guerra. Este día nos sacaron con un despliegue inusitado de tropas, armando un operativo ridículamente complejo, nos subieron a un helicóptero y nos trasladaron a la Academia de Guerra Aérea. Aquí nos meten en una pieza a los 4, uno en cada rincón, ingresando una turba de oficiales y suboficiales que nos ponen capucha, nos amarran las manos y dan inicio a las palizas y torturas. Nos tenían días enteros sin dormir, sin beber o comer, hasta que nos llevaron a declarar ante el Fiscal Gutiérrez, que había sido compañero mío en la Escuela y que presenció todas las torturas a que fuimos sometidos. Insistentemente quería que refrendáramos su versión, pretendía que afirmáramos que era cierto lo del Plan Zeta, del robo de documentos, del espionaje, la traición, los contactos con el MIR y el PC. Todo lo que estaban inventando para justificar el golpe.

 Da un poco de vergüenza admitirlo, pero terminamos firmando lo que nos presentaron luego de las largas sesiones de tortura, de los golpes eléctricos en los genitales, de levantarnos las uñas con alfileres, de pasarnos cordeles por entre las piernas y estirarlos para levantarnos de los testículos. Esos documentos son la base de los consejos de guerra: confesiones sacadas bajo tortura.

 Después ya nos llevaron a una sala donde estábamos sentados, vueltos hacia la pared, sin capucha pero con un miedo enorme, puesto que en cualquier momento nos venían a buscar para llevarnos a la tortura, a la aplicación de corriente. Yo estuve hasta fines de noviembre. De los 4 que comenzamos, fuimos aumentando hasta llegar a unos 105, aunque fueron centenares los uniformados que pasaron por la AGA. Los 105 fuimos trasladados a la Academia Politécnica de El Bosque, donde nos instalaron en cuatro salas, sentados, vueltos a la pared, con un centinela en la puerta que estaba constantemente haciendo sonar el seguro del fusil para hacernos saber de su presencia. Presumo que eran conscriptos, pues en una de las salas se le escapó un tiro a uno y mató al cabo José Espinoza Santis. Obviamente, el cabo Espinoza fue enterrado con todos los honores militares, presentado como una de las víctimas de los marxistas".

 Los últimos pasos

El martes 8 de octubre el juez Mario Carroza ordenó la detención preventiva del ex Director de Aeronáutica Civil y esposo de "la Pochi", Patricio Campos Montecinos. Las razones del titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago para dejarlo a resguardo en la Base Aérea de El Bosque, se basan en la muy posible comprobación de que Campos cometiera el delito de obstrucción a la justicia al entregar datos falsos a la Mesa de Diálogo El general Campos, hasta la denuncia realizada por La Nación, era la quinta antigüedad de la FACH y uno de los posibles sucesores del actual Comandante en Jefe de la institución. Instalado por Ríos a la cabeza del equipo que decidió qué información entregar, su responsabilidad en la obstrucción apunta también a quien personifica el actual mando de la FACH, por lo que siguiendo la línea del juez Carroza, que ya interrogó al ex Comandante en Jefe Fernando Rojas Vender, no sería extraño que el mismo Ríos pasara a acompañar a Campos, Ruiz Bunger y el "mono" Saavedra en la Base El Bosque.

Por su parte, las agrupaciones de familiares, la CUT, el Partido Comunista y diversos voceros de la Concertación, continúan ejerciendo presión para que, a la brevedad, Patricio Ríos abandone el edificio de Zenteno con Alameda, lugar donde están los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

 

Otros profesionales del crimen

Coronel Horacio Otaiza, Alias "pata de oso", muerto en extrañas circunstancias.

Luis Rolando Pacheco Valdés, coronel (r) de la FACH. Jefe de la Base Aérea de Colina al momento de funcionar en su interior el centro de torturas "Remo Cero". Procesado por el ministro Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Rubén Samuel Romero Gormaz, general (r) de Carabineros, jefe de la DICAR en J.A.R. 6. Procesado por Carlos Cerda como autor de la asociación ilícita y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Freddy Enrique Ruiz Bunger, general (r) de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Actualmente es procesado por el titular del 25º Juzgado del Crimen de Santiago por el secuestro de Víctor Vega, y por Joaquín Billard del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, por la desaparición y muerte de Juan Luis Rivera Matus. El ministro Mario Carroza lo sometió a proceso por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana y Ricardo Weibel, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Belisco.  La ministro María Teresa Díaz, del Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, lo procesó por la desaparición de Alonso Gahona Chávez y Miguel Rodríguez Gallardo.

Mario H. Vivero Avila, general (r) de la FACH, juez de Aviación y comandante de la guarnición de Santiago en 1976. Procesado como autor de asociación ilícita criminal por Carlos Cerda en 1986, amnistiado por el juez Manuel Silva Ibáñez. Actualmente, el ministro Hazbún del 25º Juzgado del Crimen lo procesa como encubridor de la asociación ilícita y de la desaparición de Víctor Vega.

Suegro del Jefe de Estado Mayor de la FACH, Mario Avila, uno de los posibles sucesores de Patricio Ríos en la Comandancia en Jefe. Avila comandó a los Hawker Hunter que bombardearon la casa presidencial de Tomás Moro el 11 de septiembre de 1973.

Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante (r) de la FACH. Vicecomandante del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina en el que funcionó el centro de tortura "Remo Cero". Procesado por Cerda como autor de asociación ilícita criminal, mientras que el juez Hazbún lo considera cómplice del secuestro de Víctor Vega. El ministro Joaquín Billard, del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, lo procesa como autor de secuestro calificado en el caso de Juan Luis Rivera Matus.

Germán Alfredo Esquivel Caballero, teniente coronel (r) de Carabineros, encargado de contrainteligencia en DICAR. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira.

Roberto Fuentes Morrison, alias "Wally", C.I. 3.469.587-3. Durante la Unidad Popular se destacó en los grupos paramilitares de Patria y Libertad, donde conoce a varios de los que posteriormente llevaría al CC. Como Comandante de Escuadrilla de la FACH se incorpora a esta asociación ilícita criminal, pasando a ser uno de los jefes operativos reconocido como uno de los más crueles torturadores. Fue procesado por Carlos Cerda debido a su participación en decenas de secuestros, torturas, ejecuciones y desapariciones de militantes del MIR y el PC. A mediados de 1989 fue acribillado a la salida de su casa. Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario (r) de la Policía de Investigaciones. Alias "El Zambra". Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal. Germán Enrique Pimentel Ceballos, comandante (r) de la FACH, coordinador de operaciones especiales. Procesado por el ministro Cerda como autor autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira.

Luis Enrique Campos Poblete, comandante (r) de la FACH. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal Marco Alejandro Cortes Figueroa, inspector (r) de la Policía de Investigaciones. Alias "Yoyopulus". Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal en el caso de Cerda. Pablo Arturo Navarrete Arriagada, coronel (r) de Carabineros con destinación en DICAR. Procesado como cómplice de asociación ilícita criminal por el ministro Cerda.

Manuel Antonio Salvatierra Rojas, subprefecto (r) de la Policía de Investigaciones. Alias "Negro" (C.I. 6.195.828-2). Procesado por el ministro Cerda como autor de asociación ilícita criminal. Humberto Villegas, sargento segundo (r) de Carabineros. Alias "Don Beto". Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal y cómplice de la desaparición de Reinalda Pereira y Edrás Pinto.

También aparecen como colaboradores el general de brigada (r) Jorge Dagoberto Alicera Carrasco, ex jefe de la base aérea de Colina, que en 1978 era coronel y cumplía funciones como director de comunicaciones y electrónica de la Fuerza Aérea.

Jacobo Atala Barcudi, Director de Inteligencia de la Fach, actualmente en retiro. En 1977 se desempeñó como juez de aviación interino. Ramón Pedro Cáceres Jorquera, Alias "Comandante Matamala", fiscal de la FACH al que se acusa de torturar prisioneros en el Hospital de la Fuerza Aérea. Procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Nicanor Díaz Estrada, general de brigada aérea (r), se desempeñó en 1973 como coronel y director de la Academía de Guerra Aérea (AGA). Mario Ernesto Jahn Barrera, coronel (r), se desempeñó como jefe del departamento de contrainteligencia de la FACH y prestó servicios en la DINA, como subdirector de ese organismo recorrió el cono sur de América invitando a los jefes de seguridad de las dictaduras para constituir lo que se conoce como el Plan Cóndor. Hasta marzo del 2002 fue Director del Museo de Aeronáutica ubicado en el Aeropuerto Cerrillos.

Eduardo Enrique Fornet Fernández, ex director de inteligencia de la FACH. Germán Segundo Campos Vásquez, oficial (r) de Carabineros. Santiago Luis Callejón Vera, que además fue escolta del general (r) Gustavo Leigh Guzmán.

Sergio López Díaz, oficial de Ejército. Sometido a proceso por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard, como autor del delito de secuestro calificado en el caso de Juan Rivera Matus. Roberto Serón Cárdenas, alias Satín, coronel (r) de la FACH, jefe equipo de investigación del CC (según "Colmillo Blanco").

Sergio José Manuel Linarez Urzúa, general (r) de la FACH.

René Arturo Peralta Pasten, oficial (r) de la FACH, se desempeñó como director de inteligencia. Juan Manuel Duran Baeza, funcionario FACH.

Rubén Morales Cubillos, funcionario de la FACH.

Patricio Ernesto Pérez Villagrán, oficial (r) de la FACH, hizo clases de contrainteligencia es escuela de inteligencia de la institución.

Franklin Bello Calderón, teniente (r) de la FACH, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

José Aladino Cerda Córdoba, funcionario de Gendarmería, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Miguel Angel Perucca López, reservista de la FACH. Víctor Misael Robles Mella, oficial (r) de la FACH.

Luis Eduardo Rojas Campillay, funcionario de la FACH.

Patricio Eugenio Saavedra Rojas, comandante (r) de la FACH.

Lénin Figueroa Sánchez, C.I. 4.633.329-2.

José Florentino Fuentes Castro, C.I. 5.340.552-5.

Francisco Hidalgo García, 2.633.797-6.

Francisco Segundo Illanes Miranda, C.I. 4.294.918-3.

Ernesto Arturo Lobos Gálvez, C.I. 5.082.345-8.

También procesados por el ministro Carlos Cerda fueron Gustavo Leigh Guzmán y Julio Eladio Benimelli Ruz, fallecidos en diversas circunstancias. Encausados como cómplices aparecen los coroneles (r) de Carabineros Italo Astete Sermini, Gonzalo Jiménez Huerta, Raúl Enrique Montt Carvajal y Federico Luis Smith Ibarra. También los tenientes coroneles Graciano Bernales Pérez, Juan Bezzemberger Schwarz y Luis Humberto Villagra Rebeco. Como encubridores de los secuestros de Reinalda Pereira y Edrás Pinto fueron encausados el subcomisario de Investigaciones Federico Infante Lillo y el oficial Jorge Mondaca González, ambos en retiro. En el proceso abierto por Carlos Hazbún son sometidos a proceso Carlos Pascua Riquelme,

 Juan Arturo Chávez Sandoval y Alejandro Sáez Mardones ("El Pegaso", cumpliendo presidio perpetuo por caso degollados).

 Manuel Barra Von Kretschmann, C.I. 1.614.559-9, jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia. Capitán de fragata al momento del golpe, parte de la dirección de la DINA en 1974 y subdirector en 1975. En 1977 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado como cómplice de la asociación ilícita cy del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira por el ministro Cerda. riminal

 Edgar Benjamín Cevallos Jones, C.I. 2.895.236, coronel (r) de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aérea y jefe del "Wally" en el CC. Alias "Inspector Cabezas". Procesado por Carlos Cerda como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Díaz en 1974.

 Juan Francisco Saavedra Loyola, alias "Jano" y "mono", C.I. 4.124.917-K, Coronel (r) de la FACH. Comandante de grupo de la Academia de Guerra Aérea, donde estuvo a cargo de los interrogatorios y tortura de sus compañeros leales al gobierno, entre ellos Alberto Bachelet. En 1976 es nombrado Director de la Base Aérea de Colina y se integra al CC reemplazando en el cargo de jefe operativo a Edgard Cevallos. En 1977 se traslada a la Comunidad de Inteligencia. Hasta principios de los '90 estaba activo en la FACH con el grado de coronel. Fue procesado por el ministro Carlos Cerda y hoy lo requiere el juez Hazbún en el caso de la desaparición de Víctor Vega. El ministro Mario Carroza lo sometió a proceso por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana y Ricardo Weibel, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Belisco.

 Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, teniente (r) de la Armada, C.I. 4.638.149-1, Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Actualmente es procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega.

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, alias "Lalo", C.I. 5.083.760. Suboficial (r) de la FACH. Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la disolución de este organismo pasó a integrar el Servicio de Inteligencia dla Fuerza Aérea (SIFA). Está siendo procesado en el 4º Juzgado del Crimen de San Miguel por el secuestro y torturas que causaron la muerte de Alonso Gahona Chávez.

También aparece encausado en el proceso abierto por el juez con dedicación preferente Carlos Hazbún, titular del 25º Juzgado del Crimen, referido al secuestro y desaparición de Víctor Vega Riquelme ocurrido el 3 de enero de 1976. Su último domicilio conocido es Del Rey 394, Maipú.

Miguel Arturo Estay Reyno, C.I. 6.446.545-7, alias "El Fanta". Ex militante comunista, pasó de delator a agente tras ser detenido en 1975. Conocedor de las estructuras internas de las Juventudes Comunistas y el PC, fue pieza vital en la detención de sus principales dirigentes, de los que figuraban Carlos Contreras Maluje, José Weibel Fernando Ortiz y Waldo Pizarro. Participó en el secuestro de su ex compañero Manuel Guerrero, quien fue uno de los pocos que logró escapar de las garras del CC, pero en 1985 vuelve a secuestrarlo, esta vez con los agentes de la DICOMCAR, para finalmente degollarlo junto a José Manuel Parada y Santiago Nattino. Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibáñez, hoy cumple su condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales comunistas y es procesado por la desaparición de Víctor Vega.

 César Luis Palma Ramírez, alias "El Fifo". C.I. 6.387.372-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum. Amigo del "Wally", quien lo lleva al CC. Según Andrés Valenzuela, "El Fifo" participa en los asesinatos de José Weibel Navarrete, Miguel Rodríguez Gallardo, Humberto Fuentes Rodríguez, los agentes del mismo organismo Carol Flores (Alias Juanca) y Guillermo Bratti, todos desaparecidos hasta la fecha. También se le nombra entre quienes ejecutan en Cuesta Barriga a los dirigentes comunistas Lincoyan Berríos, Fernando Navarro, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro, Luis Lazo, Juan Gianelly, Horacio Cepeda, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, quien se encontraba en avanzado estado de embarazo. Procesado por el ministro Cerda en 1986, aparece hoy en los casos de Alonso Gahona y Víctor Vega. Su última dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias "El Barba". C.I. 5.521.250-3. Ex militante del MIR, agente. Acusado por numerosos sobrevivientes de haber participado en su detención y tortura en la Academia de Guerra Aérea. Luego pasaría a integrar la brigada que se dedicó a reprimir al MIR en la DINA. Procesado por torturas y secuestro permanente en, al menos, dos juzgados de Santiago. Su último domicilio conocido es Las Hualtatas 4966, fono 2633546, Vitacura.

Roberto Alfonso Flores Cisterna, alias "El Huaso". C.I. 7.767.975-8. Soldado (R) de la FACH. El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aérea El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. Por su "capacidad" es enviado a continuar su labor en la Academia de Guerra Aérea bajo el mando de Edgard Cevallos. En 1975 pasa a formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes comunistas.

Hasta mediados de los '90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñándose en el rubro del comercio. Su último domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo.

Alejandro Jorge Forero Alvarez, C.I. 5228186-5, cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del CC, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura y hoy vuelve a ser requerido por el juez Hazbún en el caso de Víctor Vega. Fue el primer funado en Chile, el 1º de octubre de 1999, en su consulta en la Clínica INDISA. Es socio, entre otros organismos, de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, donde figura con la dirección de la INDISA, y de la Sociedad Chilena de Cardiología en la que aparece con su consulta particular: Av. Apoquindo 6275, oficina 116, y el correo electrónico forero@entelchile.net. Su última dirección conocida es Camino La Brisa 14.199-2, Lo Barnechea, teléfono 2161253.

 Otto Silvio Trujillo Miranda, C.I. 5.684.434-1, agente civil, alias "Colmillo Blanco" en reportaje de La Nación. Militante DC en su juventud, luego se incorporó a Patria y Libertad donde conoce al "Wally", quien lo llevaría al CC y le salvaría la vida euna disputa entre este organismo y la DINA cuanjunto a Carol Flores y Guillermo Bratti, entregaroinformación a los hombres de Contreras. Desde antes del golpe de Estado pertenecía al Servicio de Inteligencia Militar (SIM), luego fue llamado por Fuentes Morrinson para que formara parte del equipo de seguridad del Ministerio de Agricultura y del CC .

Participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda hasta su expulsión por el incidente con la DINA. Sus "contactos" le permitieron hacerse cargo de una empresa de seguridad en el sur de Chile, tras lo cual se vio envuelto en numerosos procesos por giro doloso de cheques. Está en la nómina de los procesados por Carlos Cerda y en los procesos abiertos por la desaparición de Alonso Gahona y Víctor Vega.

Guillermo Antonio Urra Carrasco, alias "Willy". C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo (R) de la FACH. Agente operativo del CC desde su formalización en 1975. Fue procesado por el juez Carlos Cerda por su participación en el secuestro, torturas y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Según testigos directos es responsable de la ejecución de prisioneros en el Cajón del Maipo (entre ellos José Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al mar de otros, frente a las costas de Quinteros.

Hoy vuelve a ser procesado, esta vez por el caso de Víctor Vega. Su última dirección conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes.

 Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, C.I. 7.298.556-7, cabo segundo (r) de la FACH, con destinación a la DIFA y al Comando Conjunto. Alias "La Pochi". Esposa del general Patricio Campos Montecinos, Director Gende Aeronaútica Civil hasta la denuncia realizada por la Nación. Procesada por el ministro Cerda como autora de asociación ilícita criminal y cómplice de la desaparición de Reinalda Pereira y Edrás Pinto, amnistiada por el juez Manuel Silva Ibáñez. Campos año, en el cargo de Director del Museo Aeronáutico a Mario Jahn Barrera. Fernando Patricio Zuñiga Canal

Montecinos mantuvo, hasta marzo de este año, en el cargo de Director del Museo Aeronáutico a Mario Jahn Barrera.

F ernando Patricio Zuñiga Canales, 5.974.807-6, Alias "Chirola". Suboficial (R) de la FACH. Como soldado de  la Base Aérea de El Bosque participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda, entre ellos Víctor Cárdenas, Carlos Durán, Luis Maturana, Humberto Castro y Davíd Urrutia. También está presente en la ejecución de Bratti y Flores. Perteneció al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los '90. Fue procesado por el ministro Cerda y hoy aparece en los casos de Alonso Gahona y Víctor Vega.

Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolivar 1298, San Bernardo.

 Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, 5.890.505-5, teniente de reserva FACH, proveniente de Patria y Libertad. Alias "Kiko" o "Elefantito" (C.I. 5.890.505-4). Procesado por el ministro Cerda como autor autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Ejuez Hazbún lo sometió a proceso por la desaparición de Víctor Vega.

Pedro Ernesto Caamaño Medina, suboficial (r) de la FACH. Alias "Peter", C.I. 7.024.319-9. Agente operativo en el centro de torturas "La Firma". Procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega.

Manuel Agustín Muñoz Gamboa, C.I. 4.842.855-K ,mayor (r) de Carabineros. Alias "El Lolo". Destacó por su crueldad en el CC, retornando con el grado de capitán a Carabineros. En la DICOMCAR comparte labores con su "colega" del CC Miguel Estay Reino. En este organismo aparece involucrado en el asesinato por degollamiento de Juan Antonio Aguirre Ballesteros en 1984. Fue procesado por el ministro Cerda, posteriormente fue condenado a 5 años y un día por su participación en el asesinato de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Hoy aparece procesado por el secuestro y desaparición de Alonso Gahona, en el 4º Juzgado del Crimen de San Miguel, y en el caso que lleva el juez Hazbún por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Alejandro Fígari Verdugo, C.I. 6.693.227-3, alias Luty, proveniente de Patria y Libertad, segundo al mando en el equipo de detención, luego de Fifo Palma (según "Colmillo Blanco").

Alex Damián Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh, Fernando Matthei y Ramón Vega. Alias "Loco Alex", C.I. 6.243.426-7. Agente operativo del Comando Conjunto.

 Julio Federico "Alvaro" Corbalán Castilla, mayor de Ejército, enlace entre esta institución y el CC. En 1980 asumió la jefatura de operaciones de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Condenado a prisión perpetua por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, realizado para encubrir el asesinato de Tucapel Jiménez. Implicado en la masacre de Operación Albania, la desaparición de cinco militantes rodriguistas en septiembre de 1987, las muertes de cuatro militantes de izquierda en venganza por el atentado contra Pinochet y cientos de secuestros ilegales y torturas en contra de chilenos. El titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard, lo sometió a proceso como autor del delito de secuestro calificado en el caso de Juan Rivera Matus.

Raúl Horacio González Fernández, C.I. 6.519.815-0, funcionario (r) de la FACH. Alias "Rodrigo"o "Wally Chico". Testigos afirman que participó en la detención de José Weibel. Procesado como cómplice de la detención ilegal de Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen.

Antonio Benedicto Quiros Reyes, C.I. 3.189.349-6, coronel (r) de la FACH y jefe del Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Andrés Pablo Potin Lailhacar, C.I. 5.390.709-1, agente civil del CC. Alias "Yerko". Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbún como participante del secuestro de Víctor Vega. Hoy figura como empresario en el rubro computacional con una oficina en Américo Vespucio Norte2506.

Robinson Alfonso Suazo Jaque, C.I. 7.641.894-2, soldado (r) de la FACH. Alias "Jonathan". Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Juan Luis Fernando López López, C.I. 5.790.799-1, de chapa "Pantera", comandante de grupo de la FACH, jefe equipo de logística y detención del CC (según "Colmillo Blanco").

 Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo, C.I. 5.164.080-2, oficial de la Armada perteneciente al grupo Ancla 2 del Servicio de Inteligencia Naval. En 1974 formó parte del DINE y luego del CC. Sirvió en la DINA, donde conoció a la "flaca" Alejandra de la que fue amante. En 1977 pasó a la CNI.

Por Julio Oliva Garcia

Tarde, pero finalmente comienzan a ser condenados algunos de los esbirros de uniforme que se ensañaron y finalmente asesinaron al compañero José Tohá González, quien fuera ministro de Interior y Defensa del gobierno de la Unidad Popular. Como en Chile la justicia sólo es en “la medida de lo posible”, sus verdugos podrían ser beneficiados con una pena remitida; es decir, aquí no ha pasado nada

Por su responsabilidad en el delito de torturas (“aplicación de tormentos”) reiteradas en la persona del ex ministro del Interior y Defensa JOSÉ TOHÁ GONZÁLEZ, ilícito perpetrado entre el 2 de febrero y el 15 de marzo de 1974, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a dos oficiales en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACH).

En fallo unánime (causa rol 2.274-2015), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mario Rojas, Viviana Toro y Juan Opazo– ratificó la resolución dictada el 24 de noviembre de 2015, por el ministro en visita extraordinaria Jorge Zepeda, que condenó a Ramón Cáceres Jorquera y Sergio Contreras Mejías a 3 años de presidio, pero que –de manera indignante- los hizo acreedores del beneficio de la remisión condicional de la pena y que ahora recoge la CAP capitalina.

Resulta indignante que tales bestias no lleguen a pagar con cárcel efectiva todo el daño que ocasionaron al querido compañero Tohá, así como a tant@s otr@s pres@s polític@s –civiles y miembros de la misma FACH- luego del golpe de Estado de 1973. 

De hecho, ha sido condenado y se sabe que Ramón Cáceres es autor de torturas, causando lesiones graves, en las personas de Bernardo Pizarro Meniconi, Ignacio Puelma Olave, Gastón Muñoz Briones, María Marchi Badilla, María Padilla Contreras, Margarita Iglesias Saldaña, Sergio Castillo Ibarra, Carmen Díaz Rodríguez, Liliana Mason Padilla, Patricio Rivas Herrera, Sergio Santos Señoret, Ricardo Parvex Alfaro, Cecilia Olmos Cortés, Belarmino Constanzo Merino, José Carrasco Oviedo, Manuel López Oyanedel y Gustavo Lastra Saavedra, cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y enero de 1975.

Además, Cáceres, junto con Contreras Mejías (alias ‘Loquillo’), Juan Bautista González Figueroa, Orlando Gutiérrez Bravo, Omar Arturo Insunza Melo, Juan Luis Fernando López López, Víctor Manuel Mattig Guzmán, Roberto Francisco Serón Cárdenas y Luis Campos Poblete, han sido procesados por integrar una asociación ilícita genocida y terrorista, el “Comando Conjunto”, una excrecencia del Servicio de ‘Inteligencia' de la Fuerza Aérea SIFA.

En la etapa de investigación, el ministro Zepeda logró establecer que el secretario de Estado del Presidente Salvador Allende fue sometido a múltiples torturas y malos tratos durante su reclusión en Isla Dawson (poco después del golpe de Estado del 11/9/73 –el 15- y hasta febrero del año siguiente) y su permanencia en el Hospital Militar de Santiago (entre el 2/2 y el 15/3/74).

En su resolución, se lee:

"a) Que el día 15 de marzo de 1974, aproximadamente a las 13.00 horas, en circunstancias que don José Tohá González, ex Ministro del Interior y de Defensa, se encontraba detenido e incomunicado en el Hospital Militar de la ciudad de Santiago, éste fue encontrado muerto, en suspensión incompleta, apoyado sobre una de las repisas del closet de la habitación, con sus pies flectados sobre el piso y su cuello unido por un cinturón a un soporte, consistente en una cañería del agua potable que pasaba por el interior del maletero del closet;

b) Que el proceso tramitado por la Segunda Fiscalía de Ejército y Carabineros, en el cual se investigaban las causas de la muerte de don José Tohá González, no fue encontrado;

c) Que, don José Tohá González, estuvo privado de libertad por decisión de la autoridad militar, desde el 11 de septiembre de 1973, hasta el día de su muerte, el 15 de marzo de 1974, y no obstante haber sido interrogado en relación con la causa Rol N° 1 – 73, caratulada "Bachelet y otros", de la Fiscalía de Aviación de la Fuerza Aérea de Chile en Tiempo de Guerra, no se le formularon cargos;

d) Que don José Tohá González, durante su privación de la libertad y no obstante el delicado estado de salud en que se encontraba en reiteradas oportunidades fue víctima, por parte de agentes del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile, de tratos crueles y degradantes, ejecutados con el propósito de dañar su integridad física y psíquica, con afectación de su honra y dignidad.

Que dicho maltrato de los agentes para con la víctima se dio en el contexto de un patrón común, de recabar información e infundir miedo a ella y a un sector determinado de la población civil, que en ese tiempo fue perseguida por razones políticas;

e) En efecto, al retornar don José Tohá González, desde Isla Dawson, el día 2 de febrero de 1974, estuvo directamente bajo el dominio de agentes de la Fuerza Aérea, quienes con el propósito de doblegar su voluntad le dan un trato indigno a su condición de persona, pues, lo interrogan duramente no obstante el delicado estado de salud, empleando en su contra presiones físicas y psíquicas, entre otras, mantenerlo por largo tiempo en esperas al interrogatorio con la vista vendada, suspenderlo y luego continuarlo en reiteradas oportunidades con el solo objeto de infundirle temor, y, atribuirle imputaciones falsas respecto de hechos que afectaban su honra y dignidad. Posteriormente, una vez internado don José Tohá González en el Hospital Militar, en diversas oportunidades, no obstante encontrarse enfermo, es trasladado nuevamente desde su lecho en dicho hospital al recinto de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, conocida como AGA, sita en la comuna de Las Condes, donde es vuelto a interrogar en forma degradante, dejándole tales rigores secuelas notorias en él; malos tratos que los agentes repiten, sin consideración al estado de salud, en el mismo Hospital Militar, como lo comprueban los papeles manuscritos que la víctima escribió a requerimiento escrito de los agentes", consigna la sentencia de primera instancia.

A José Tohá los milicos lo asesinaron

El 15 de marzo de 1974 el médico cirujano y perito criminalista de la Brigada de Homicidios (BH) de Investigaciones, Alfonso Chelén Araya, tomó el cuerpo sin vida de José Tohá y lo regresó a la cama de la pieza 303 del Hospital Militar. Había tantas cosas extrañas que se convenció de que no se ahorcó voluntariamente sino que fue estrangulado. Incluso verificó torturas por quemaduras de cigarrillos en los brazos. La pérdida de los medios de prueba le confirmó su certeza. Por ello, aunque arriesgaba la vida, se negó a firmar un informe falso

-¿Por qué se convenció de que el ministro Tohá no se suicidó?

-Él estaba en un estado de desnutrición en grado máximo y no tenía fuerza para levantarse. Permanecía en cama. Incluso trató de levantarse un par de días antes y cayó al suelo. Tuvieron que recogerlo. Una persona en esas condiciones no tiene la capacidad física para suicidarse colgándose.

-¿Qué vio cuando concurrió al Hospital Militar a estudiar el sitio del suceso?

-Un cuerpo acomodado en un closet, sin tocar el suelo, con las piernas y pies flectados, apoyándose en el piso. Era claro que el cuerpo había sido instalado por alguien, para simular un suicidio.

-¿Qué elementos le llamaron la atención?

-El nudo con que el cinturón estaba atado a la cañería que pasaba al interior del closet, era tan frágil que cuando le di un leve tirón se desató. Era imposible que el señor Tohá se hubiese ahorcado con ese corto cinturón porque – a pesar que pesaba 45 ó 47 kilos- el nudo no habría resistido.

-La ex agente Luz Arce, que estuvo internada en la misma pieza, dijo en el proceso que esa cañería a ella, con una estatura media, le llegaba a los ojos…

-Y el señor Tohá medía más de un metro noventa centímetros, por eso era imposible que el cuerpo hubiese podido colgar sin apoyo en el suelo.

-¿Cómo quedó marcado el cinturón en el cuello del ministro?

-En medicina legal se sabe que en el cuello de quien se ahorca queda un surco incompleto, pues la soga o cinturón nunca puede marcarse totalmente alrededor del cuello. Y él tenía un surco completo. Además, me llamó la atención que un quiste sebáceo en la región cervical estaba roto. Y jamás pudo romperse si él se hubiese colgando. El quiste se rompió porque una fuerza lo reventó.

-¿Notó algo más?

-Que tenía quemaduras de cigarrillos en los brazos.

-¿No pudo ser otro tipo de marcas?

-No, eran quemaduras de cigarrillos. Él fue torturado, física y sicológicamente.

-¿De qué forma fijó esos detalles para complementar el informe que se esperaba que redactara?

-Pedí al fotógrafo de Investigaciones que tomara todos esos detalles que le relato, pero las fotos se perdieron. Esperé diez días que me llegaran para hacer el informe, pero nunca me las entregaron. Incluso desapareció el dibujo que hizo el planimetrista para fijar el lugar y los detalles del cuerpo. Entonces no tenía nada para acompañar al fiscal.

-¿Cómo hizo el informe?

– Después de unos quince días apareció una hoja con cuatro fotos del lugar en general que no decían nada. Fotos anodinas, sin lectura explicativa. En la hoja estaba escrito: conclusión suicidio. Al pie estaba mi nombre para que yo firmara. No firmé.

-¿Quién redactó ese informe?

-Nunca lo supe.

-¿Quiénes eran sus jefes en la BH?

-Un señor Cancino y el segundo un señor Araya.

-¿El nuevo director de Investigaciones, el general Ernesto Baeza, pudo ordenar falsear el informe?

-No sé. Pero además había un coronel de Ejército que era el interventor de Investigaciones, pero no recuerdo su nombre.

-¿Es imposible que el ministro Tohá se ahorcara?

-Imposible. Hay muchos elementos que impiden un suicidio de esa manera. Si no hubiese tenido ese convencimiento, nunca me habría arriesgado a no aceptar la idea del suicidio y a no firmar el informe que ya venía hecho. Estábamos en 1974 y ese día no sabía si iba a salir del hospital.

-¿Está convencido de que lo estrangularon?

-Absolutamente, por todo lo que pude examinar. Si no, no habrían ocultado tantas pruebas, incluyendo el propio expediente del proceso que instruyó el fiscal (de Ejército de la Segunda Fiscalía, Rolando Melo Silva). Ocultaron verdades fundamentales y medios de prueba muy importantes.

-¿Por qué estima que lo mataron?

-Porque creían que se transformaría en un peligro. Como sucedió con Orlando Letelier, Bernardo Leighton, el general Prats y después el mismo ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Un peligro para lo que podía suceder más adelante.

-¿Cuál fue la consecuencia de no firmar el informe?

-A los pocos días me echaron. Un decreto firmado por la Junta Militar estableció que yo no era un hombre de confianza.

¡Ni Olvido Ni Perdón: Verdad, Justicia y Memoria!

¡Sólo la Lucha y la Unidad Nos Harán Libres!

En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada condena a cuatro efectivos en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado del ingeniero y dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) José Francisco Bordas Paz. Ilícito perpetrado en diciembre de 1974, en la comuna de Las Condes.

La Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la condena que deberá cumplir oficial en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y la rebajó respecto a otros tres efectivos, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado del ingeniero y dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) José Francisco Bordas Paz. Ilícito perpetrado en diciembre de 1974, en la comuna de Las Condes.

En fallo unánime (causa rol 1.257-2021), la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Verónica Sabaj, Lidia Poza y el ministro Rodrigo Carvajal– confirmó la resolución que condenó a Luis Enrique Campos Poblete a la pena de 17 años de presidio, en calidad de autor del delito.

En cambio, respecto de Sergio Fernando Contreras Mejías y Juan Luis López López la rebajó, fijándola en 15 años y un día de presidio; en tanto, Braulio Javier Wilckens Recart deberá cumplir 10 años y un día de presidio, como autores del homicidio calificado. Rebaja de penas que aplicó la Corte de Santiago, al acoger la minorante de irreprochable conducta anterior de los sentenciados y su grado de participación en los hechos.

“Estando facultado el sentenciador para recorrer toda la extensión de la pena referida, se comparte la imposición del presidio mayor en su grado medio solo respecto de Campos Poblete, atendida su contribución cualitativamente superior en el marco de la coautoría del artículo 15 N° 3 del citado Código, desde que esta fue concurrir a trazar el plan, recabar los medios para implementarlo, coordinar la disponibilidad y concurrencia de los aportes, valiéndose del ascendiente en que lo situaba la jerarquía de que gozaba, llegando a dar inicio a las labores de detención de Castedo Mira, de alerta y enlace para la ejecución del ataque a José Bordas Paz, mediante comunicados radiales”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “En relación con Contreras Mejías y López López, se disiente de la determinación exacta de la pena a que arribó el sentenciador de primer grado, equiparándolos a Campos Poblete, en circunstancias que les correspondió una contribución a través de actos preparatorios y ejecutivos, en el marco de una división de labores, de orden estrictamente material, sin que su categoría de oficiales o experiencia previa incida en el desvalor del acto por el que ahora son juzgados en términos tales de equipararlos, sin más, al reproche vertido respecto de Campos Poblete”.

“Luego –prosigue–, según lo razonado por esta Corte, la pena aplicada a Contreras Mejías y López López será la de presidio mayor en su grado medio. Tratándose de Wilckens Recart, concurriendo a su respecto el último criterio referido, además de aquel expresado por la sentencia en alzada para la determinación de la sanción privativa de libertad aplicable, atinente a su calidad de soldado segundo conscripto a la poca de los hechos, le será impuesta la pena de presidio mayor en su grado mínimo, en el mínimo”.

“Que en lo concerniente a la invocación de las defensas en cuanto a la configuración de la circunstancia atenuante de la irreprochable conducta anterior prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, el fallo en alzada sustenta su improcedencia respecto de todos los sentenciados. En lo pertinente a López López y Wilckens Recart, por la insuficiencia de la mera falta de anotaciones penales anteriores a los hechos investigados en la presente causa para establecer una conducta notable, impecable, intachable, e íntegra, sin que este déficit sea superado por antecedentes meritorios suficientes en ámbitos profesionales, sociales, laborales o familiares. En relación con Contreras Mejías y Campos Poblete, la desestimación de la minorante en referencia se funda, además de la falta de elementos sobre comportamiento meritorio previo, en haber sido condenados por hechos perpetrados con anterioridad a los de la presente causa, en el proceso rol 12.806 del año 2002, establecidos por sentencia de 29 de agosto de 2014, firme y ejecutoriada”, añade.

“Sin embargo –según la Corte de Santiago–, en torno a las exigencias de la atenuante en cuestión, se ha sustentado que: ‘La Ley exige una conducta anterior irreprochable, esto es, exenta de tacha. El requisito es puramente negativo y, por lo tanto, no es preciso acreditar que el sujeto ha llevado una vida ‘virtuosa’, pues esto último implica una actividad positiva en el sentido del bien. Basta con establecer que el autor se abstuvo siempre de obrar mal (…). La jurisprudencia entiende, por lo general, que no existe conducta anterior irreprochable si el autor ha sido condenado antes por un delito cualquiera (…). Como la ley no establece un límite temporal, se exige que toda la vida anterior del delincuente haya sido intachable’ (Cury Urzúa, Enrique. Derecho Penal, Parte General, Octava edición ampliada, 2005, páginas 489 a 491)”.

Para la Tercera Sala: “Conforme este predicamento doctrinario, la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal contemplada en el N° 6 del artículo 11 del Código Penal, se estima acreditada suficientemente respecto de todos los condenados con el mérito de sus respectivos extractos de filiación y antecedentes agregados al proceso, que no registran condenas por crimen, simple delito o falta por fallo firme, anteriores al hecho que motiva la presente sentencia. La disposición citada solo exige una conducta anterior irreprochable, es decir, exenta de reproche, de tal suerte que el requisito es puramente negativo, en términos que para gozar de la atenuación no es necesario que se demuestre que el sentenciado respectivo ha llevado una vida ejemplar o particularmente virtuosa, pues esto último implica una actividad positiva”.

“La jurisprudencia uniformemente ha reconocido la minorante en referencia a quien carece de condenas por sentencia ejecutoriada por hechos ocurridos con anterioridad al actual juzgamiento y dictadas también con anterioridad al inicio de este, presupuesto que se satisface respecto de todos a cuyo favor fue alegada, por lo que será considerada a su favor”, concluye.

Por tanto, se resuelve que:
"I.- Que se rechazan los recursos de casación en la forma deducidos por las defensas de Braulio Wilckens Recart y Sergio Contreras Mejías en las presentaciones de fojas 2.814 y 2.859.
II.- Que se confirma la sentencia de doce de febrero de dos mil veintiuno, que rola a fojas dos mil seiscientos cinco y siguientes, escrita de fojas 2.605 a fojas 2.711, con las siguientes declaraciones:
A.- Que se rebaja la pena privativa de libertad que se impone a cada uno de los condenados Sergio Fernando Contreras Mejías y Juan Luis Fernando López López, a la de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo.
B.- Que se rebaja la pena privativa de libertad que se impone al condenado Braulio Javier Wilckens Recart, a la de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio”.

En el aspecto civil, se confirmó el fallo que acogió la demanda de indemnización de perjuicios y que condenó al Estado de Chile a pagar la suma total de $450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos) por concepto de daño moral, a familiares de la víctima.

SIFA
En primera instancia, el ministro en visita extraordinaria Miguel Vázquez Plaza dio por acreditado los siguientes hechos: 
“a) Que, un grupo de agentes del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, SIFA, que se desempeñaban en la Fiscalía de Aviación que operaba en la Academia de Guerra Aérea, tomaron conocimiento por un informante que había pertenecido al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que José Bordas Paz, apodado ‘Coño Molina’, dirigente de dicho movimiento, concurriría a un punto para reunirse con otro militante, lo que estaba previamente acordado con los agentes antes referidos;
b) Que, el día 5 de diciembre de 1974, los agentes de la Fuerza Aérea, bajo las indicaciones del mencionado informante, formando dos equipos y movilizándose en dos vehículos, interceptaron el automóvil en que se movilizaba José Bordas Paz, rodeándolo, para luego a disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego, producto de lo cual resultó herido por diversos impactos de bala, siendo trasladado por los agentes al Hospital de la Fuerza Aérea, donde recibió atención médica, falleciendo luego el día 7 de diciembre de 1974 a las 03:00 horas;
c) Que, de acuerdo a la conclusión de la autopsia, la muerte de Bordas Paz se produjo como consecuencia de las heridas de bala abdominales”.

La Corte Suprema rechazó los recurso de casación en el fondo interpuestos por las defensas de los otrora agentes del denominado Comando Conjunto, en contra de la sentencia que condenó a 27 de ellos por su responsabilidad en los delitos de secuestro simple y homicidio calificado de Ignacio Orlando González Espinoza y Juan René Orellana Catalán; y en los secuestros calificados de Ricardo Manuel Weibel Navarrete, Luis Desiderio Moraga Cruz y Luis Emilio Gerardo Maturana González, todos militantes del Partido Comunista. Los delitos fueron perpetrados entre octubre de 1975 y junio de 1976, en la ciudad de Santiago.

El llamado Comando Conjunto fue un aparato represivo creado por la dictadura bajo la tutela de la Fuerza Aérea (Fach) y la participación de agentes del ejército, de la marina, de carabineros y civiles fachos, que operó principalmente entre los años 1975 a 1977, y cuya razón de ser era competir en faenas represivas y criminales con el omnímodo poder que ostentaba la DINA bajo la tutela del ejército y la dirección de Pinochet y Contreras.

En fallo unánime (causa rol 32.012-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier y el ministro Jean Pierre Matus- confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó al ex oficial de la Fach Juan Francisco Saavedra Loyola y al ex oficial de carabineros Manuel Agustín Muñoz Gamboa a las penas de 18 años de presidio, más 13 años y más 3 años de presidio, cada uno.

Al ex oficial de la armada Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán a penas de 18 años, más 12 y más 3 años de presidio.

A los ex oficiales de ejército Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Sergio Antonio Díaz López, y al ex oficial de la armada Jorge Aníbal Osses Novoa, a penas de 12 años de presidio, más 10 años y un día, más 400 días de presidio a cada uno.

A los agentes Raúl Horacio González Fernández y Alejandro Julio Segundo Sáez Mardones a dos condenas de 10 años y un día de presidio, y más 400 días de presidio a cada uno.

A los agentes Roberto Alfonso Flores Cisterna y Juan Carlos Hernán Rodrigo Villarreal a penas de 10 años y un día, más 5 años y un día, más 400 días de presidio a cada uno.

Al facho civil Otto Silvio Trujillo Miranda la penas de 10 años y un día de presidio Al agente Lenin Figueroa Sánchez, dos condenas de 5 años y un día, más 400 días de presidio.

A los agentes Sergio Daniel Valenzuela Morales, Juan Atilio Aravena Hurtuvia, a penas de 5 años y un día de presidio, más 5 años, más 400 días de presidio.

A los fachos civiles Andrés Pablo Potín Lailhacar, Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, Emilio Mahias del Río, y los agentes Juan Luis Fernando López López, José Evaristo Rojas Alruiz, Francisco Segundo Illanes Miranda, a penas de 5 años y un día de presidio, más 400 días de presidio.

A Ernesto Arturo Lobos Gálvez, Alejandro Jorge Forero Álvarez, a penas de 5 años y un día de presidio, más 60 días de presidio.

A Roberto Francisco Serón Cárdenas, a la pena de 5 años y un día de presidio A Robinson Alfonso Suazo Jaque, Pedro Ernesto Caamaño Medina, Pedro Juan Zambrano Uribe y José Hernando Alvarado Alvarado, a la pena de 4 años, más 60 días de presidio cada uno.

Los también condenados Antonio Benedicto Quiros Reyes y Miguel Arturo Estay Reyno, fallecieron en el curso del proceso.

En la investigación judicial y fallo de primera instancia el ministro Miguel Vásquez Plaza estableció que existió una agrupación de hecho que operó clandestinamente entre los años 1975 y 1976, conformado principalmente por agentes que pertenecieron a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, además de Carabineros Chile, Marina y Ejército, con la colaboración de civiles, cuyo objetivo principal fue la represión de la Juventud del Partido Comunista, para lo cual procedían a la detención de varios de ellos.

Esta agrupación, denominada Comando Conjunto, utilizó para las detenciones y torturas diversas instalaciones: Hangar de Cerrillos; Nido 20, recinto secreto de detención y tortura ubicado en calle Santa Teresa N° 037, paradero 20 de Gran Avenida; Nido 18, recinto secreto ubicado en calle Perú N° 9053, La Florida, Santiago, que fue empleado exclusivamente para la tortura; La Prevención o Remo Cero, que eran calabozos ubicados al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, todo esto durante el año 1975; La Firma, a principios del año 1976, dicho grupo traslada sus operaciones a la parte posterior del inmueble a cargo de Carabineros de Chile, ubicado en calle Dieciocho, frente al N° 229, que perteneció al ex diario Clarín, denominándosele La Firma.

El actuar operativo de la agrupación, consistía en detener a las personas con la modalidad de secuestro, mantenerlos cautivos en recintos secretos, y someterlos a interrogatorios y torturas, física y psicológica, para obtener información y doblegar su voluntad, logrando la colaboración de alguno de ellos, hasta el punto que algunos fueron asimilados como agentes operativos del grupo, lo que proporcionó una mayor efectividad en la detención de militantes comunistas en cadena, a los cuales se les hizo desaparecer; de algunos de ellos, en el curso de los años, se encontró parte de sus restos.

El día 7 de noviembre de 1975, aproximadamente a las 22.00 horas, fue detenido en su domicilio de calle Río Maule en la Comuna de Recoleta, Ricardo Manuel Welbel Navarrete, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fueron encontradas sus osamentas en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue.

El día 20 de octubre de 1975, en horas de la madrugada fue detenido en su domicilio de pasaje Tokio en la Población Juanita Aguirre, comuna de Conchalí, Santiago, Luis Desiderio Moraga Cruz, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele recluido en el Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, en cuyo interior se encontraba el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, siendo éste el último lugar en que se le vio con vida.

El día 4 de diciembre de 1975, en horas de la madrugada, fue detenido en su domicilio de calle Soberanía de la comuna de Santiago, Ignacio Orlando González Espinoza, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fue ejecutado en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue, donde fueron encontradas sus osamentas.

El día 8 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, Luis Emilio Gerardo Maturana González se reunió con Juan René Orellana Catalán, ambos militantes de la Juventud Comunista en la clandestinidad debido a la persecución política de que eran objeto, con el propósito de entregarle dinero del partido a Orellana Catalán para sí y para que a su vez lo entregara a otros militantes del partido ya que Maturana González estaba encargado de distribuirlo; momento en que son detenidos por agentes operativos del referido Comando Conjunto, manteniéndoseles recluidos en el recinto denominado La Firma, desde donde se pierde su rastro. Posteriormente, Orellana Catalán fue ejecutado en la Cuesta Barriga, donde se encontró restos de su persona