López Cofre Nelson Roberto

Los 12 oficiales en retiro de la Armada y Carabineros que ayer fueron procesados por la jueza Eliana Quezada por el delito de secuestro y tortura contra ex presos políticos tras el golpe de Estado de 1973 en el buque escuela Esmeralda, fueron arrestados esta mañana por efectivos de la Brigada de Asuntos Especiales y de Derechos Humanos, encabezados por el comisario Sandro Gaete.

Los encausados son los vicealmirantes Juan Mackay Barriga y Sergio Barra von Kretschmann, el capitán de navío Ricardo Riesco Cornejo, el coronel de Carabineros Nelson López Cofré.

Además fueron procesados los suboficiales de la Armada Bertalino Castillo Soto, Jorge Leiva Cordero, Jaime Lazo Pérez, Reginaldo Rebolledo López, Manuel Leiva Valdivieso, Juan Reyes Bausar, Luis Cabezón Cattanzano y Alejo Esparza Martínez.

Todos fueron llevados al cuartel de la PDI de Viña del Mar, para luego, a eso de las 11:30, ser derivados a los tribunales de Valparaíso para comparecer ante la ministra en visita.

La jueza deberá disponer a que recinto naval y de Carabineros serán ingresados los acusados.

La resolución fue dictada por el arresto ilegal y tormentos de María Eliana Comeném, Alberto Neumann Lagos, Claudina Moreno Cortés, María y Rosa Huerta Sánchez, y María Isabel Vásquez Pezoa

En el transcurso de la mañana la brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) inició el traslado hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso de los últimos 14 procesados por la desaparición del sacerdote ingles Miguel Woodward, quien también fue torturado a bordo del Buque Escuela Esmeralda de la Armada de Chile y luego desapareció.
Cabe señalar que el 26 de agosto pasado, la ministra María Eliana Quezada decretó el procesamiento de estos catorce ex uniformados. Los hechos se remontan a los primeros días de la dictadura militar, cuando la Armada de Chile implantó el Plan Cochayuyo, ideado para reprimir a las organizaciones sociales y controlar la zona, después del golpe militar.
Pasadas las 11:00 horas, empezaron a llegar a la Corte de Apelaciones de la Quinta región los funcionarios en retiro de Carabineros y de la Armada involucrados en este caso de derechos humanos para que la magistrada les notifique del procesamiento y de la prisión preventiva.
Los procesados son los Carabineros en retiro Héctor Tapia Olivares, Ángel Lorca Fuenzalida y Enrique Corrales Díaz, todos coroneles; además del mayor Luis Araya Maureira, el capitán Nelson López Cofré y el sargento segundo Jorge Leiva Cordero.
Además fueron procesados los ex oficiales de la Armada, Pedro Abregó Diamanti, capitán de navío; los suboficiales de Infantería de Marina, Manuel Leiva Valdivieso, Juan de Dios Reyes Basaur, Jaime Lazo Pérez, Bertalino Castillo Soto, Alejo Esparza Martínez, Carlos Líbano Riquelme y Sergio Hevia Fabres, todos en retiro.
Con este hecho suman 33 los procesados por este caso, emblemático en materia de derechos humanos en Valparaíso

El juez Julio Miranda Lillo responsabilizó en diez oficiales y suboficiales de Armada la desaparición del sacerdote chileno británico Miguel Woodward, de quien se perdió rastro físico pocos días después de su detención en septiembre de 1973.
Miguel Woodward Iriberry fue un sacerdote chileno-británico que luego del golpe militar se refugió en distintas casas de amigos, temiendo por su vida ante un arresto por parte de oficiales del Ejército. El 18 de septiembre de 1973 regresó a su domicilio en Cerro Placeres, donde fue interceptado por oficiales marinos que lo condujeron por distintos puntos de interrogatorio hasta perder su rastro físico.
Este miércoles, el juez Julio Miranda Lillo presentó una acusación en contra de diez marinos por su presunta responsabilidad en la desaparición de Woodward. Se trata de oficiales y suboficiales de la Armada que son individualizados en los cargos presentados en el marco del Caso Woodward.
Los marinos procesados son Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José Manuel García Reyes, Marcos Cristián Silva Bravo, Nelson
Roberto López Cofre, Jorge Leiva Cordero, Manuel Atilio Leiva Valdivieso, Bertalino Segundo Castillo Soto y Héctor Fernando Palomino López.
El juez Miranda argumentó que “los hechos antes reseñados configuran la existencia del delito de secuestro seguido de grave daño (posiblemente falleciendo) en la persona de Michael Roy
Woodward Iribery, que contempla el artículo 141 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, reuniéndose todos los requisitos que lo configuran, pues fue privado de su libertad de
desplazamiento sin derecho, manteniéndosele bajo detención o encierro en recintos de la Armada, lo que se ha prolongado desde el mes de septiembre de 1973 en adelante, sin que se conozca su paradero o sus restos hayan sido encontrados”.
Miguel Woodward fue conducido hasta la Universidad Santa María para luego ser derivado al buque escuela Esmeralda, lugar emblemático de las fuerzas armadas chilenas utilizado como centro de detención y tortura en dictadura. Ante el deterioro experimentado por Woodward luego de los interrogatorios, fue trasladado hasta el Hospital Naval, sin que se tenga registro físico luego de ello.
Si bien un médico naval extendió un certificado de defunción del sacerdote, nunca fue posible dar con el paradero de su cuerpo. Las últimas diligencias se realizaron en la fosa común del cementerio de Valparaíso, sin resultados positivos. 
La acusación será notificada a los querellantes y luego a la defensas de los procesados, para luego dar inicio a la etapa de plenario, previa a la dictación de condena de primera instancia.

Valparaíso / Armada no se pronunció aunque dijo que ha prestado toda la colaboración.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda Lillo, dictó acusación en la investigación por el caso de secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward Iribery, ocurrido en septiembre de 1973.

El magistrado formuló cargos en contra de los procesados Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José Manuel García Reyes, Marcos Cristián Silva Bravo, Nelson Roberto López Cofre, Jorge Leiva Cordero, Manuel Atilio Leiva Valdivieso, Bertalino Segundo Castillo Soto y Héctor Fernando Palomino López, como autores del ilícito.

En la acusación, el ministro Julio Miranda estableció que "luego de un fuerte interrogatorio y aplicación de tormentos, Woodward es llevado en grave estado hasta el Buque Escuela Esmeralda, nave que la Marina había destinado como Centro de Detención e Interrogatorio, donde fue examinado por un médico y atendido en la Enfermería, situación de la que se pone en conocimiento de la superioridad respectiva, ordenándose su traslado al Hospital Naval donde se pierde su rastro físicamente, toda vez que un médico de la Armada que se desempeñaba en dicho nosocomio, extendió un certificado médico de defunción".

A juicio del ministro en visita, "los hechos antes reseñados configuran la existencia del delito de Secuestro seguido de grave daño (posiblemente falleciendo) en la persona de Michael Roy Woodward Iribery, que contempla el artículo 141 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, reuniéndose todos los requisitos que lo configuran, pues fue privado de su libertad de desplazamiento sin derecho, manteniéndosele bajo detención o encierro en recintos de la Armada, lo que se ha prolongado desde el mes de septiembre de 1973 en adelante, sin que se conozca su paradero o sus restos hayan sido encontrados".

La Armada, en tanto, manifestó ayer que "por tratarse de un tema estrictamente judicial que se encuentra aún en curso, no corresponde que la Institución comente o emita opinión respecto de las resoluciones de los tribunales de justicia". Se indicó que Durante el desarrollo de la causa, la Armada entregó todas las facilidades para que el Poder Judicial pudiera cumplir con todas sus diligencias

El fallo del ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda, establece una verdad jurídica que fue secreto a voces por años en Chile. A bordo del buque insignia de nuestra Marina, se torturaba y violaba de manera despiadada, también se asesinó. Las condenas fueron una nueva bofetada. Tres años y un día a dos suboficiales. En total sólo estarán 19 días presos.

La sentencia recayó en la causa criminal Rol Nº 943-2007, donde se investigó el delito de secuestro de María Eliana Comené Hidalgo, Alberto Enrique Neumann, Claudina Rosa Moreno Cortes, María Elvira Huerta Sánchez, María Isabel Vásquez Pezoa y Rosa Angélica Huerta Sánchez.

Los suboficiales Bertalino Segundo Castillo Soto y Jaime Segundo Lazo Pérez, resultaron responsables y condenados a tres años y un día de cárcel, a la que nunca irán, pues se les conmutó la pena.

Eso obtuvieron por secuestrar y luego torturar a 6 personas a bordo del buque escuela Esmeralda. Sólo dos suboficiales, sin que nadie más resultara culpable, en un buque con centenas de marinos, con oficiales a cargo… sólo 2 culpables. Algunos otros fueron eximidos de responsabilidad, por haber muerto o habérseles declarado dementes.

"Quédense quietos tenemos órdenes de disparar"

Consta en la hoja (fojas) 2.573 del expediente "que el día 11 de septiembre del año 1973, se encontraban reunidas un grupo de personas en el Cerro La Cruz, convocado por un dirigente de la CUT, de nombre Manuel Solís. Transcurridas unas horas llegaron a dicho lugar, dos camiones de la Armada siendo rodeada la casa por personal de dicha repartición. Los hicieron acostarse en el suelo con las manos en la cabeza y las piernas separadas, comenzaron a insultarlos y descalificarlos, dando golpes de pies y con las culatas de los fusiles que portaban".

Luego los subieron a un transporte, tendidos boca abajo y trasladaron al molo de abrigo, en dicho sector los colocaron en la pared, sus captores, un grupo de marinos simuló fusilamientos. Más tarde fueron todos llevados a bordo del "Buque Escuela Esmeralda". La bienvenida que les dieron, consistía en insultos y golpes de culatazos.

Las torturas comenzaron más tarde. "Recuerda una testigo: "el día 13 de septiembre, fui violentada por un grupo compuesto por ocho marinos al interior de un baño, donde entre golpes debí sacarme la ropa interior para ver si tenía algo oculto al interior de mi cuerpo". No fue la única vez ni la única que sufrió esas crueldades.

Otra testigo cuya declaración consta de fojas 2575, recuerda haber identificado entre los detenidos a Sergio Vuskovic, Alcalde de Valparaíso de la época, Alberto Neumann, María Eliana Comené, las hermanas María y Rosa Huerta, entre otros. Recuerda que todos los días la interrogaba el personal de la Armada, en los cuales la agredían de golpe y puño, además de los malos tratos, durante toda la permanencia en el "Buque Esmeralda", las hacían escuchar las golpizas que eran objetos los demás, "nos maltrataban por diversión", señala.

La violencia incluía aplicación de electricidad, golpes con cualquier objeto contundente que dispusieran los torturadores, puños y pies y, desde luego, violaciones colectivas a las mujeres. Los detenidos ilegalmente eran trasladados desde la Esmeralda al buque Lebu y desde allí al Maipo, todos anclados en Valparaíso. También eran algunos trasladados ocasionalmente a tierra a una unidad de carabineros.

El Plan Cochayuyo

Justamente un miembro de carabineros declaró en el proceso: "k) Declaración de Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, de fojas 326, ratificada a fojas 536 y fojas 1.181, en la que señala que el día 12 o 13 de septiembre de 1973, se le ordenó que debía presentarse en el "Buque Escuela Esmeralda", lugar donde fue notificado que debía proceder a la custodia de todas las personas que llegaban al Buque y de todas las personas que ya estaban recluidas".

Continúa señalando: "los detenidos eran interrogados al interior del Buque Escuela, específicamente, en la cámara o comedor de los guardiamarinas, por un grupo de personas externas, a la nave llegaban vestidos de civil y estaban a cargo del Capitán de Fragata Jaime Román (fallecido). Según se entera, el personal interrogador pertenecía a Carabineros de Chile, ignorando sus nombres.

Agrega que en una ocasión presenció un interrogatorio, en donde se utilizó la aplicación de corriente eléctrica para que el detenido confesara más rápido".

Según los propios torturadores, participaban de los interrogatorios, entre otros: los Sargentos Alejo Esparza, Jaime Lazo, Bertalino Castillo, apodado "El Choro", Francisco Prado Espejo, Valentín Riquelme, apodado "Gerónimo", Francisco Lagos, y Héctor Santibáñez y Juan de Dios Reyes Bazeur. El plan destinado a apresar contrarios al régimen en la V región, se denominaba "Cochayuyo".

En el Lebu las mujeres, Maipo a Pisagua y la Esmeralda el centro de tortura.

Según la declaración de Rafael Guillermo Mac-Kay Backler, de fojas 373, 1.061 y judicial 1.284, ratificada a fojas 1.287, "al llegar a Valparaíso el día 11 de septiembre de 1973, desde Talcahuano, se enteró del pronunciamiento militar. El Comandante de la Esmeralda Capitán de Navío Jorge Sabugo, le comunicó a los guardiamarinas que al Molo de Abrigo llegarían personas en calidad de detenidas, debiendo proceder a guiarlos desde el momento que bajaran de los camiones hasta el Buque Lebu o Maipo".

"Comenzaron a llegar gran cantidad de personas entre hombres, mujeres y algunos extranjeros, situación que se daba de día y noche". Manifiesta Mac-Kay.

Otros guardias de la Esmeralda declararon que "los prisioneros estaban recluidos las 24 horas del día en el entrepuente de la guardiamarina, donde aproximadamente había cinco corridas de literas dobles, recuerda, que en ocasiones eran sacados del lugar por un acceso restringido, al cual no tenía acceso, algunos detenidos llegaban quejándose del dolor, ante lo que les suministraba dipirona". Agregan que, "los detenidos al interior del Buque Escuela eran de sexo masculino, pero recuerda que había una mujer extranjera que estuvo por poco tiempo, las mujeres eran recluidas al interior del Buque Lebu".

Entre mil y mil 500 detenidos sólo en el maipo

Se estima por un carcelero, que al interior del Maipo hubo entre mil y mil 500 detenidos después del golpe. La declaración judicial de Augusto Pedreros Silva, de fojas 565, es clara: "a partir del día 11 de septiembre de 1973, me correspondió la labor de guardia de mar, lo que realizaba en la puerta de entrada del edificio de la ACANAV, a fin de controlar el ingreso del personal". Recuerda que "el ingreso de los detenidos civiles era por el Cuartel Silva Palma y desde allí eran llevados por los Infantes de Marina hasta el tercer piso, lugar habilitado para el interrogatorio en la ACANAV".

Y continúa: "Los detenidos eran formados uno tras otro, con un brazo apoyado en el que le antecedía, iban encapuchados. Agrega, que uno de los interrogadores durante el primer tiempo era el Oficial Jaime Román Figueroa, quien había sido profesor de la Academia. Posteriormente, comenzaron a cumplir dicha función un grupo de Infantes de Marina, cuyo jefe era un Suboficial de apellido Leiva. Señala que los interrogatorios eran acompañados de torturas, pues se escuchaban los gritos de los detenidos, la que consistía, entre otras, en aplicar corriente, esto lo afirma por haber visto, en ocasiones, a funcionarios de Investigaciones llevar en sus manos magnetos. Por último, señala que en el recinto había personal de Carabineros, recordando, en especial, a una Teniente apodada "La Paloma", la que correspondería a la Teniente Patricia Orellana Alvarado, a quien veía pasar a las salas de interrogatorios".

Placas de electricidad a las detenidas

Una testigo señaló a fojas 2.588: "Me llevaron con una especie de bolsa de un género duro en su cabeza, luego, en una oficina donde habían tres oficiales, me sacaron la bolsa y esposas, uno de nombre Cristian Gantes y Jaime Román Figueroa, allí fui interrogada".

"No recuerdo si al día siguiente o en horas después de ese hecho, me volvieron a cubrir la cabeza con una bolsa y me llevaron a un piso superior, llegando a una especie de calabozo, allí me ataron de espalda a un palo de madera, con unas esposas, me sacaron la ropa de la cintura hacia arriba, en el interrogatorio me preguntaban por las armas, a la vez que me ponían unas placas con electricidad y para que no me desmayara me tiraban agua en forma violenta o se tiraban sobre mi bruscamente, dicho interrogatorio se repitió varias veces consecutivas y era dirigido por Jaime Román Figueroa a quien podía identificar por su perfume y voz. Por último, -agrega-, en la Esmeralda estuvo hasta el día 18 de septiembre de 1973".

Lo que declaró uno de los condenados

Fojas 2600: "Que prestando declaración indagatoria y probatoria el acusado Bertalino Segundo Castillo Soto, a fojas 192, 340 y 1.033, señala (…) Respecto de los detenidos que interrogaban, éstos llegaban a la Academia de Guerra trasladados por Carabineros de Chile y Gendarmería de Chile. (…) Señala además, que debía vestir de civil al momento de interrogar a una persona, cubriendo su rostro con pasa montaña para que no lo reconocieran, a fin de prevenir futuros atentados o represalias personales o familiares.

Manifiesta que las técnicas de interrogatorio eran solamente de diálogo, solo preguntaba y ellos respondían, no había golpes, tortura ni tratos degradantes o inhumanos, como tampoco aplicación de corriente eléctrica o tormento de otro tipo".

Condenas constituyen una nueva bofetada a las víctimas

Las declaraciones son de un cinismo que irrita, por lo que el magistrado en visita las desechó por no estar conforme con la realidad de los hechos. Sin embargo, habiendo transcurrido tanto tiempo, se les absolvió de las violaciones, pues el tribunal no las pudo tener por acreditadas, y aunque ellas acontecieron, no logró tampoco el juez convencerse que los condenados fueron los que violaron a las mujeres. Tres años y un día la condena. Sumados los beneficios, nunca estarán presos por las aberraciones que cometieron.

Sólo los 19 días al ser detenidos por primera vez.

Se estima por organizaciones de Derechos Humanos en 500 los detenidos políticos que estuvieron en la Esmeralda, 1000 en el Buque Maipo y 4000 en el Buque Lebu. Por el Estadio de Valparaíso pasaron cerca de 3000 mil personas, por la Academia de Guerra y el Cuartel Silva Palma, 4000, todos los cuales fueron torturados y varios de ellos, asesinados.

Un testimonio cruento

María Eliana, estudiante de castellano relata: "Ellos estaban pegados en todas las paredes, yo conté ocho infantes de marina, algunos encapuchados y otros con las caras pintadas de negro. Me dicen que me desnude. Yo empecé a desnudarme y me dejé puesta mi parte de abajo, porque tenía puesto el apósito de la menstruación. Entonces, cuando me obligaron incluso a sacarme el calzón yo dije que no podía, porque estaba indispuesta. Me obligaron a hacerlo y ahí ya viene toda la rebeldía femenina, la rebeldía del luchador, por mucho que nos quisieran hacer sentir como animales llegaba el momento en que la dignidad del ser humano se rebelaba contra todo eso. Y fue tal mi ira, la indignación, que me saqué los calzones, tomé el apósito con sangre y se lo puse en el rostro al teniente que estaba dirigiendo el grupo".

No fue suficiente: "Luego de eso, todavía desnuda, por orden del teniente, dos infantes de marina por detrás, me tomaron los glúteos y se agacharon para mirar por el ano". Seguramente fueron los mismos que violaron mujeres para demostrar su poder y rebajar la dignidad de las detenidas. Cubrían sus rostros con gorros pasamontañas y ocultaban sus grados. "En la Esmeralda, -recuerda María Eliana-, había violencia las 24 horas del día, sacaban a los compañeros, los golpeaban, los torturaban, volvían morados y vomitando sangre".

"Cuando me trasladaron al Lebu estábamos separados de los compañeros quienes se encontraban en las bodegas. Nosotras estábamos en los camarotes y éramos tantas que no podíamos respirar, teníamos que dormir sentadas en el suelo. Nos daban de comer una sola vez al día, a las 9 de la mañana. Eran unos porotos que hasta gusanos tenían, una vez que reclamamos nos dijeron burlándose que para qué nos quejábamos si nos daban carne'".

El trato fue realmente inhumano y cruel. Entre los torturadores también hubo civiles y carabineros. En una oportunidad -relata María Eliana- "me llevaron a un camarote que había sido habilitado como sala de interrogatorios y allí estaba un teniente que me comienza a manosear y a gritar diciendo: ¡defiéndete ahora, pos, huevona! Me corrió mano de una manera espantosa, fue más de una hora de sólo eso".

El horror de la Academia de Guerra Naval

Por la Academia de Guerra Naval, en el cerro Playa Ancha, pasó también María Eliana. "Allí estuve como cuatro semanas, me sacaban todas las noches para interrogarme, me golpeaban los oídos con las manos, me ponían corriente en la lengua, en la vagina. Nos sacaban para divertirse con nosotros, para abusar sexualmente. Fueron violaciones masivas. Al final una se desconecta, trata de subliminar lo que está pasando, pero es imposible de olvidar, de hecho, cuando ya me encontraba en la cárcel, hice una seria infección, con vómitos y fiebre".

"Me enviaron al Hospital Naval y ahí dijeron que era sólo un ataque de vesícula y me enviaron de vuelta a la cárcel. No obstante, era algo mucho más serio. Era gonorrea, y era imposible saber cómo y dónde la había contraído, ¿en la Esmeralda, en el Lebu, en la Academia? Lo único claro es que quedé con el endometrio total y absolutamente destruido", termina relatando.

El sacerdote Miguel R. Woodward

Se calculan en unas 40 las mujeres detenidas que estaban en la Esmeralda, las cuales fueron sometidas a todo tipo de maltratos, torturas, vejaciones y violaciones. Entre los detenidos cabe destacar la presencia del sacerdote católico chileno-británico, Miguel R. Woodward, quien falleció a consecuencia de las torturas cuando el 22 de septiembre de 1973 se le llevó al Hospital Naval de Valparaíso por indicación de un médico de la misma Armada. Aunque la Iglesia Católica reclamó su cuerpo, nunca le fue entregado y se lo sepultó en una fosa común sobre la cual posteriormente se construyó un camino.

Sentencia en la Causa del Padre Miguel Woodward, asesinado por la Armada de Chile en septiembre de 1973

Declaración Tras el Fallo de Sentencia en la Causa del Padre Miguel Woodward, Torturado y Asesinado por la Armada de Chile en septiembre de 1973-

La Sentencia:

El 8 de mayo de 2013, el Ministro Julio Miranda dictó sentencia en la causa criminal por la tortura y asesinato del Padre Miguel Woodward a manos de la Armada de Chile. La querella de Patricia Woodward, hermana del sacerdote, se había presentado 11 años antes en 2002 y fue investigada por tres Ministros sucesivamente.

Las sentencias dictadas contra los 10 acusados son las siguientes:

  José Manuel García Reyes y Héctor Palomino López por los delitos de secuestro con grave daño (muerte): tres años y un día, con lo cual quedan libres inmediatamente

  Carlos Miño, Marcos Silva, Guillermo Inostroza, Luis Pinda y Bertalino Castillo: absueltos

  Manuel Leiva: absuelto (por demencia)

  Nelson López y Jorge Leiva Cordero: no se emiten pronunciamientos (por fallecimiento)

Será apelada la sentencia ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y, en su caso, ante la Corte Suprema.

Además, se hace lugar a la demanda civil por reparaciones, reducida de los 500.000.000 pesos pedidos a 50.000.000. Esta cantidad, si es confirmada en las cortes de alza, será dedicada en un 20% a recuperar los gastos de viaje de la querellante entre España (donde reside) y Chile.

Conclusiones

Se ha revelado la verdad sobre la muerte de Miguel y se han refutado las calumnias dirigidas contra él. Se lamenta que el cuerpo de Miguel, ocultado por la Armada, aún no haya sido encontrado.

Se requiere que el Presidente de la Nación, su Gobierno y el Parlamento emprendan con urgencia una reforma del sistema judicial de Chile en lo que se refiere a las causas de violaciones de derechos humanos y la Armada. Se requiere, además, que se comprometan a realizar tales reformas los candidatos a la Presidencia y al Parlamento en las elecciones de noviembre.

Se agradece el apoyo prestado por:

  Algunas entidades del Gobierno de Chile, en particular el Programa de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, y la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la PDI

  Sucesivos Embajadores británicos y miembros de sucesivos Gobiernos británicos, un miembro de la familia real británica, y miembros de ambas cámaras del Parlamento británico

  La Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y del Principado de Gales

  Las Comunidades Cristianas de la Iglesia Católica en Chile

  Los abogados que han trabajado en el caso, la mayoría pro bono

  Los medios de comunicación

  Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos

  Los miembros de la organización “Amigos de Miguel”

  Innumerables personas más

La Historia Tergiversada:

La historia de la muerte de Miguel contada en la Sentencia dista mucho de los hechos descritos por testigos presenciales en el Expediente de la causa:

En la Sentencia, uno de los testigos de la Universidad Federico Santa María dio fe de las torturas que Miguel sufrió a manos de: "….un Infante de Marina, de apellido García, [que] se le sumergió y sacaba constantemente de la piscina con agua, con la finalidad de que hablara".

Otro testigo dijo: "estaba con sus manos apoyadas en la pared y con las piernas abiertas, junto a él estaba el Teniente Montenegro y escuché que le preguntaba sobre su condición de sacerdote, sobre su novia y cuántas puntas tiene una cruz. Al contestar que cuatro, el Teniente Montenegro ordena darle cuatro culatazos…".

Sin embargo, el Ministro parece dar poca importancia a la responsabilidad de los altos mandos en estos hechos criminales ocurridos en la Universidad Santa María. A este respecto resulta significativo el testimonio del Capitán Sergio Valverde (inculpado por la Ministro Quezada y sobreseído por el Ministro Miranda), responsable de la unidad naval que ocupaba la Universidad.

Dijo que se enteró al día siguiente de lo que había pasado a Miguel allí e informó al entonces Jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval, Capitán Aldoney (inculpado por la Ministro Quezada y sobreseído por el Ministro Miranda). Éste le dijo que no se preocupara y que trasladara a Miguel a la Academia de Guerra Naval -donde él mismo tenía su oficina-.

Sobre lo que le pasó a Miguel en la Academia de Guerra Naval, una testigo, que había sido detenida y llevada allí, dijo de Miguel (a quien reconoció en una foto años más tarde) que le había visto en el patio de la Academia "con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda, con los pies descalzos, y era obligado a mantenerse en un cuadrado del cual no podía salir, porque era golpeado con la culata de un fusil….".

Más tarde, Miguel fue visto por el Teniente de Carabineros Nelson López. Cuando estaba cerca de las salas de interrogatorios, abrió la puerta de una de ellas, viendo que en su interior se encontraba un detenido varón "con un torso desnudo y encapuchado….estaba de pie y era interrogado por un grupo de personas entre ellos gente de Carabineros y al parecer algunos Oficiales…".

El Ministro no menciona otros antecedentes que constan en el Expediente sobre cómo, según el Tte. Nelson Jofre, los oficiales navales que presenciaron -y podrían haber participado en las torturas (según da a entender el Tte. Nelson López)- incluían al Capitán (hoy Almirante en retiro) Juan Mackay y al Tte. (hoy Capitán de Navío en retiro) Ricardo Riesco. Ambos fueron inculpados por la Ministro Quezada y sobreseídos posteriormente por el Ministro Miranda.

Sobre la Esmeralda, el Ministro dice escuetamente en su Sentencia que Miguel fue "llevado al Buque Escuela Esmeralda, para ser examinado por un médico".

Sin embargo, en el Expediente los enfermeros del buque testificaron que el médico del buque no estaba a bordo ese día. Tal era el sufrimiento de Miguel que un testigo, también preso en la Esmeralda, dijo de él "…al mirarlo pudo observar que estaba en muy malas condiciones físicas, se quejaba mucho, era un quejido agónico, estaba muy mal tratado, sus manos estaban muy rojas, al parecer con sus dedos quebrados, incluso, uno de sus dedos hinchado de color negruzco".

Sobre lo que le había pasado a Miguel, el Capitán MacCawley, ex Director del Hospital Naval, dijo que Aldoney le había comentado que "el ex sacerdote jamás fue detenido en el buque Esmeralda, ni menos sometido a torturas y solo fue llevado equivocadamente en busca de auxilio médico".

Por su parte, el Almirante Adolfo Walbaum, Jefe de la I Zona Naval e Intendente de Valparaíso en 1973, dijo que Aldoney le había hablado de que "un cura de origen Británico, de apellido Woodward, había fallecido y que su muerte había ocurrido, al parecer, en un tiroteo".

En todo caso, el Ministro no hace referencia alguna en su Sentencia al hecho de que Miguel murió mientras estaba en la Esmeralda. Pero así testificó el Segundo Comandante del buque, Eduardo Barrison, en dos ocasiones ante la Ministro Quezada.

En cuanto a lo que pasó en el Hospital Naval, el Ministro dice que, desde la Esmeralda, Miguel fue trasladado (vivo) al Hospital Naval, "toda vez que un médico de la Armada que se desempeñaba en dicho recinto, extendió un certificado médico de defunción".

Sin embargo, este médico, el Dr. Costa Canessa, testificó ante la Ministro Quezada que le habían ordenado firmar un certificado parcialmente rellenado afirmando que Miguel había muerto de un "paro cardio-respiratorio" tras haber sido encontrado en "la vía pública". En realidad, según el Dr. Costa, Miguel podría haber sufrido una caída y la caída "puede haberse provocado por golpes violentos, tal vez puños, culatazos…".

Además, dijo que sus superiores ni siquiera le permitieron ver el cuerpo de Miguel. Por fin, en una declaración verbal ante la Policía -que luego retiró- el Dr. Costa Canessa dijo creer que la persona que le había entregado el certificado parcialmente rellenado era el médico del Latorre, el Tte. (posteriormente Almirante en retiro) Kenneth Gleiser.

El Falso Final de la Historia:

Llama poderosamente la atención que la Sentencia del Ministro Miranda deje la historia de Miguel en los momentos en que fue trasladado al Hospital Naval, donde se emitió un certificado de defunción. La historia real -como la detallamos en una Memoria que estamos finalizando- es muy distinta. En su mayor parte fue relatada ante la Ministro y la Policía por testigos presenciales.

Miguel había llegado, en estado comatoso, en una furgoneta manchada de su sangre al muelle donde estaba atracada la Esmeralda. No se sabe por qué le llevaron a la Esmeralda, donde no había un médico en ese momento, y no directamente al Hospital Naval, que estaba más cerca de la Academia de Guerra (quizás era para torturarle más).

En el muelle Prat, donde estaba atracado el buque, le atendió un médico del crucero Latorre, quien le pronunció moribundo, probablemente por los fuertes golpes que habían destrozado sus órganos internos. Fue llevado a bordo en una camilla a pesar de las protestas del Segundo Comandante que quería que le llevasen ya al Hospital Naval. Al parecer el médico le acompañó a bordo de la Esmeralda, donde fue atendido por enfermeros.

Tras la muerte de Miguel en la Esmeralda, su cuerpo, acompañado por cuatro Infantes de Marina, se llevó directamente a la morgue del Hospital Naval. Un marino que custodiaba la morgue ese día declaró ante la Ministro Quezada que luego le ordenaron llevar el cuerpo de Miguel al Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar. Allí lo depositó en otra morgue, en la que yacían ya unos 15 cuerpos de personas asesinadas por la Armada. Allí sí que se pierde la pista.

El 25 de septiembre subió una furgoneta al Cementerio Playa Ancha de Valparaíso con dos marinos. Al Administrador le dijeron que llevaban el cuerpo de un cura extranjero, pero nadie lo vio a cara descubierta por estar envuelto en una mortaja. En presencia del Administrador lo enterraron en una sepultura sin lápida.

Más tarde, Patricia asistió a un intento de exhumación en el sitio indicado por el Administrador. Desde ahí Patricia hizo un llamamiento público para más información. Unas semanas más tarde se presentó un Diácono de la Iglesia que había sido sepulturero en el Cementerio en 1973.

Por entonces, según dijo, el Cementerio había sido tomado por la Armada, que lo aprovechaba para enterrar de forma clandestina los cuerpos de asesinados. Una noche le tocó a ese sepulturero enterrar tres cuerpos, con marinos que le apuntaban con metralletas.

Los tres eran de hombres altos y delgados (como era Miguel) y uno tenía en el pecho una herida, aún sangrando, de bala. El sepulturero y dos de sus compañeros fueron obligados a enterrar los tres cuerpos juntos en una sola sepultura.

La Ministro ordenó otra exhumación, de nuevo sin éxito. Alguien le dijo a Patricia que se había hecho una “limpieza” general en esa zona por fines de los 80, tirándose los restos al mar o incinerándoselos.

Ésa es la historia real de lo que le pasó a Miguel al final de su vida. El antiguo responsable de la Universidad Federico Santa María, donde Miguel sufrió “tortura por agua” (en la piscina), fue inculpado durante el sumario pero luego sobreseído. El Jefe del Estado Mayor de la Zona Naval, Capitán de Navío Guillermo Aldoney, ascendió a Almirante y fue responsable de la seguridad personal del Papa Juan Pablo II cuando visitó Chile en 1987.

Antes de esa visita informamos a Su Santidad de la muerte de Miguel y denunciamos la connivencia con la Armada de la jerarquía católica de Valparaíso. El Nuncio Apostólico en España nos confirmó que el Papa había recibido nuestra carta, pero aún así el pontífice fue fotografiado dando el Sacramento de la Comunión al General Pinochet, personaje que, en aquel momento, estaba excomulgado ipso facto por un decreto de la Conferencia Episcopal contra la tortura.

Luego el Almirante Aldoney fue nombrado para presidir una empresa de aceros, privatizada por el régimen militar.

El médico del crucero Latorre que había atendido a Miguel fue ascendido a Almirante, y presidió los servicios de salud de la Armada.

El Capitán Barison fue el Segundo Comandante de la Esmeralda, buque que sirvió, con su conocimiento, para la tortura de más de cien presos. Ni siquiera fue imputado.

Apelaciones:

Se apelará la sentencia por razón de:

  La extremada clemencia de las sentencias dictadas contra los dos únicos condenados 
  El hecho de que, de las 33 personas inculpadas por la Ministro Quezada (incluidos cuatro Almirantes en retiro), solo 7 fueron “acusados” (ningún oficial entre ellos) 
  La obstrucción a la Justicia, hasta los tiempos actuales, por parte de algunos miembros del Alto Mando de la Armada, entre ellos dos Comandantes en Jefe que fueron implicados por el testimonio del Auditor General de la Armada (no habiendo sido ni siquiera inculpados)

Patricia Woodward

Fred Bennetts

El ministro en visita Julio Miranda, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, dictó este miércoles acusación en contra de 10 personas por las torturas y el secuestro calificado del sacerdote anglo-chileno Miguel Woodward Iriberry.

Woodward fue detenido el 18 de septiembre de 1973  en su casa del Cerro Placeres por una patrulla naval.

Los encausados quienes son oficiales y suboficiales de la Armada contra los cuales la justicia levantó cargos son  los procesados Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José Manuel García Reyes, Marcos Cristián Silva Bravo,   Nelson Roberto López Cofre, Jorge Leiva Cordero, Manuel Atilio Leiva Valdivieso, Bertalino Segundo Castillo Soto y Héctor Fernando Palomino López.

A todos ellos el magistrado Miranda los acusa como autores de la desaparición del religioso.

Tras la investigación, reabierta en el marco de los procesos por violaciones a los derechos humanos, se logró determinar, según consta en el proceso:

“ I.- Que la Academia de Guerra Naval  ubicada en la ciudad de Valparaíso, luego del 11 de septiembre de 1973, suspendió las labores de educación que le eran propias, instalándose en dicho recinto el Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior de la Primera Zona Naval denominado SICAJSI, organismo jerarquizado del cual dependían diferentes grupos, formados principalmente por personal de la Armada, y en menor escala de Carabineros y Policía de Investigaciones. La función principal era la de desbaratar los grupos contrarios al régimen militar instaurado en el país, procediendo para ello a ordenar la captura de personas militantes o afines a algún partido político o movimiento de centro, izquierda  o revolucionario, y su  posterior traslado a Unidades de la Armada habilitados como Centros de Detención e Interrogatorio, en los que actuaban diferentes grupos de interrogadores.

II.-  Que a fin de obtener información sobre las actividades de los contrarios al régimen imperante, los capturados eran sometidos a múltiples sesiones de interrogatorio con aplicación de tormento físico y psíquico de variada índole. Es así que dentro del marco antes descrito, días después del 11 de septiembre de 1973,  y encontrándose dentro de las personas buscadas por los organismos de Inteligencia, el sacerdote Miguel Roy Woodward Iriberry, luego de haberse escondido por algunos días en casas de amigos, regresó en horas de la noche a su domicilio ubicado en el Cerro Placeres N°1, donde fue apresado por un grupo de Infantes de marina que lo condujo a la Universidad Santa María y luego a la Academia de Guerra Naval , sin orden administrativa o judicial que lo justificase.

III.-  Que luego de un fuerte interrogatorio y aplicación de tormentos, Woodward es llevado en grave estado de salud hasta el Buque Escuela Esmeralda, nave que la Marina había destinado como Centro de Detención e Interrogatorio, donde fue examinado por un médico y atendido en la Enfermería, situación de la que se pone en conocimiento de la Superioridad respectiva, ordenándose su traslado al Hospital Naval  donde se pierde su rastro físicamente, toda vez que un médico de la Armada que se desempeñaba en dicho nosocomio, extendió un certificado médico de defunción.

IV.-  Que por otra parte, también existe una anotación en el Registro de Sepultación del Cementerio N°3 de Playa Ancha, sin embargo no obstante haberse realizado una extensa diligencia de excavación en el lugar que determinaban los antecedentes, ésta concluyó sin resultado”.

A  juicio del ministro en visita, “los hechos antes reseñados configuran la existencia del delito de  Secuestro seguido de grave daño (posiblemente falleciendo) en la persona de Michael Roy Woodward Iribery, que contempla el artículo 141 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, reuniéndose todos los requisitos que lo configuran, pues fue privado de su libertad de desplazamiento sin derecho, manteniéndosele bajo detención o encierro en recintos de la Armada, lo que se ha prolongado desde el mes de septiembre de 1973 en adelante, sin que se conozca su paradero o sus restos hayan sido encontrados”.

Máximo tribunal respaldó decisión de Corte de Apelaciones porteña que determinó el sobreseimiento de 19 personas en la investigación por el secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward, ocurrido a partir de septiembre de 1973.

La Corte Suprema rechazó los recursos de queja presentados en contra de las resoluciones del ministro en visita Julio Miranda Lillo y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que determinaron el sobreseimiento de 19 personas en la investigación por el secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward.

En fallo unánime, los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Alberto Chaigneau, rechazaron las presentaciones hechas por el Ministerio del Interior, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los querellantesn que pretendían anular ambos fallos.

La sentencia de la Corte Suprema determina que los jueces recurridos no cometieron falta o abuso grave al dictar el sobreseimiento, al considerar que no se encontraba probada la participación en el delito, ocurrido a partir de septiembre de 1973.

El 12 de mayo pasado, el ministro en visita Julio Miranda Lillo declaró cerrado el sumario en la investigación por el secuestro del sacerdote Miguel Woodward, dictando dos resoluciones en el proceso.

En la primera, acusó a Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José Manuel García Reyes, Marcos Cristián Silva Bravo, Nelson Roberto López Cofre, Jorge Leiva Cordero, Manuel Atilio Leiva Valdivieso, Bertalino Segundo Castillo Soto y Héctor Fernando Palomino López, como autores del ilícito.

En tanto, en la segunda, decretó el sobreseimiento parcial y temporal a favor de Guillermo Aldoney Hansen, Juan Mackay Barriga, Ricardo Riesco Cornejo, Carlos Costa Canessa, Víctor Valverde Stelenlen, José Yañez Riveros, Pedro Vidal Miranda, Alfredo Mondaca Salamanca, Claudio Cerezo Valencia, Héctor Tapia Olivares, Ángel Lorca Fuenzalida, Enrique Corrales Díaz, Luis Araya Maureira, Pedro Abregó Diamantti, Juan de Dios Reyes Basaur, Jaime Lazo Pérez, Alejo Esparza Martínez, Carlos Líbano Riquelme y Sergio Hevia Febres.