Lizárraga Arias Víctor Federico

A sólo seis meses de producirse el retiro del general Augusto Pinochet, el ejército chileno está llevando a cabo un proceso de retiros y ascensos que significa la salida de sus filas de los más prominentes oficiales políticos del pinochetismo. Fue el primero de octubre, mes marcado en la agenda de este país por la crisis desatada con el arresto del ex dictador en Londres, que el nuevo comandante en jefe del ejército,

Ricardo Izurieta, informó la nómina de los diez nuevos brigadieres que ascendían al generalato. Izurieta, un militar con fama de profesional y una foja de servicio limpia en cuanto a violaciones a los derechos humanos, era el hombre que el presidente Eduardo Frei quería al frente del ejército, un general alejado del pinochetismo. Inclusive, el ex presidente de facto se resistió a aceptarlo como su sucesor.

Fuentes militares señalaron a Clarín que la primera señal de los nuevos vientos que soplan en las filas castrenses fue que entre los elegidos no figuraban algunos de los oficiales más prominentes que ocuparon cargos durante la dictadura. El general Luis Cortés Villa, un leal al ex comandante del ejército y pasado a retiro en marzo pasado junto a Pinochet, pareció vislumbrar los tiempos de cambio:

Cuando la Cámara de los Lores emita su fallo sobre mi general Pinochet, Chile ya no volverá a ser el mismo, dijo hace pocos días con marcada preocupación. Es así como fue obligado al retiro el brigadier José García Ferlice, quien fue jefe de Comunicaciones del ejército y comandante del influyente Regimiento de Infantería Buin, dos altos cargos reservados sólo para los escogidos por el propio Pinochet. Tampoco ascendió el brigadier Germán García Arriagada, que al igual que el ex director de la Academia de Guerra, brigadier Jaime García Covarrubias, fueron subsecretarios del régimen de Pinochet. Si los ascensos y exclusiones no provocaron polémica -ni siquiera que fuera ascendido el brigadier Orlando Carter, yerno del ex jefe de la policía secreta del régimen militar (DINA), Manuel Contreras- los retiros de este año, que ya están en la mesa de los anuncios, sí lo serán.

Esta vez pasarán a retiro entre 11 a 12 generales entre los que figuran hombres que ocuparon los cargos más cercanos al ex comandante en jefe. El más relevante es sin duda el mayor general Sergio Moreno Saravia, actualmente el segundo hombre del ejército. Su relación con Pinochet se profundizó cuando el ex dictador lo escogió como su edecán, a principios de los 80.Cuando Pinochet deja el gobierno, es Moreno quien asume el rol más delicado de su entorno: jefe de la Casa Militar. En 1994 asumió el mando más importante de tropas: jefe de Institutos Militares.

Otro de los que se marchará de la fuerza es Jaime Izarnotegui, tercero en antigüedad del ejército, ex director de la Academia de Guerra, quien se destacó por sus declaraciones políticas entre 1987 1988, en la campaña del plebiscito de octubre del 88, que sepultó las esperanzas de Pinochet de perpetuarse en el poder. También pasará a retiro el general Víctor Lizárraga Arias, quien fuera director de Inteligencia y jefe del Comité de Asesoría Presidencial en tiempos de Pinochet. Fue gobernador en San Antonio, director de la Compañía de Teléfonos (cuando era estatal) y agregado militar en Israel. Supo mover los hilos en las sombras y sabía mucho de la trama del poder de Pinochet.

En cuanto al general Emilio Timmermann, ex director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, su retiro es emblemático. Es considerado uno de los más duros jefes militares. Para capear el temporal que provocará en los más fieles seguidores de Pinochet estos retiros, ya se tiene una carta. Es el ascenso a mayor general del general Sergio Espinoza, actual jefe de la Misión de Paz en Pakistán de la ONU, y cuyo retiro ha sido exigido por su participación en los Consejos de Guerra en el campo de detenidos de Pisagua en 1973, que significó la muerte de altos dirigentes socialistas, cuyos cuerpos no fueron entregados.

Ese ascenso sería ratificado por el presidente Frei, en una señal de apoyo a Izurieta y de independencia de los sectores socialistas de su gobierno. 

Roto el pacto de silencio en la inteligencia militar

La investigación judicial sobre el asesinato del coronel Gerardo Huber Olivares, ocurrido en misteriosas circunstancias a comienzos de 1992, está dejando entrever la existencia de una organización criminal encargada de proteger el secreto de diversas operaciones comerciales ilícitas y otros delitos cometidos por miembros de la inteligencia militar, subordinados al general Augusto Pinochet.

El coronel Gerardo Huber egresó de la Escuela Militar en 1964, con la especialidad de ingeniero. Diez años más tarde se incorporó a la DINA y fue enviado a Argentina para infiltrar a grupos que apoyaban al MIR chileno en su lucha contra la dictadura de Pinochet. Luego, de retorno en Chile, trabajó con el estadounidense Michael Townley en la creación de armas químicas para la “guerra antisubversiva”.

Al promediar los años 80, Huber fue destinado al complejo químico que el ejército tiene en Talagante, provincia de la cual llegó a ser gobernador entre 1987 y 1989. En marzo de 1991, Huber se trasladó a la Dirección de Logística donde se hizo cargo de la compra y venta de armamentos en el exterior. Dos meses después, al promediar mayo -según ha afirmado su viuda, Adriana Polloni, hija de un ex jefe de inteligencia del ejército- el coronel Huber se entrevistó con el general Pinochet para darle a conocer diversas irregularidades en Logística. La viuda sostiene que Pinochet lo mandó al Hospital Militar para que lo viera un siquiatra.

ARMAS PARA CROACIA

A mediados de octubre de 1991 llegó a Chile Ives Marziale, representante de Ivi Finance & Managment Incorporated, empresa dirigida por el alemán Gunther Leinthauser. Su objetivo era adquirir armas de segunda mano para el ejército croata, que preparaba la defensa de Bosnia ante la ofensiva serbia para conquistar Sarajevo.

Marziale contaba con la asesoría de Sidney Edwards, ex oficial de la Real Fuerza Aérea británica, quien en el mes de abril había establecido contactos con dos ejecutivos de la Fábrica y Maestranza del Ejército (Famae), el coronel David Fuenzalida y José Sobarzo Poblete, para sondear las posibilidades del complicado negocio dada la prohibición de Naciones Unidas de vender armas a los bandos en conflicto en la ex Yugoslavia. Sidney Edwards era un viejo conocido de la Fuerza Aérea de Chile pues actuó como contacto de los ingleses con las fuerzas armadas chilenas durante la guerra de las Malvinas.

El 19 de noviembre, Marziale y Edwards, acompañados por el capitán (r) de la Fach Patricio Pérez, llegaron a Famae a cerrar el trato por 370 toneladas de armas en una transacción que superaba los seis millones de dólares. El destino encubierto sería Sri Lanka. El cargamento incluía fusiles SG-542, lanzadores y misiles Blow Pipe y Mamba, cohetes Low, morteros y granadas, además de una gran cantidad de munición 7.62.

Los detalles de la operación se realizaron sin sobresaltos, salvo por un detalle: el transporte aéreo de la carga. Tras fracasar un primer contacto con la empresa Southern, pidieron ayuda al general (r) de la Fach Vicente Rodríguez, ex jefe de Inteligencia de esa institución y representante de Enaer para América Latina. Rodríguez contactó a la empresa Main Cargo, de Antonio Sahd y del agente de aduanas Sergio Pollmann, quienes iniciaron apresurada búsqueda de un avión que llevara las armas a Europa.

Solicitaron ayuda a un connotado especialista en carga aérea, de militancia democratacristiana, quien a su vez recurrió a diversas agencias. Finalmente consiguieron un avión de la empresa Florida West, utilizada con frecuencia por la CIA. Paralelamente, decidieron pedir la colaboración de un experto en problemas de embarque, el empleado civil Ramón Pérez Orellana, funcionario de Exportaciones e Importaciones de la Dirección de Logística.

El general Carlos Krumm, director de Logística, llamó al coronel Huber, jefe de Pérez Orellana, y lo instruyó para que pusiera a ese funcionario a disposición del general Guillermo Letelier, director de Famae. Ese es el aparente único nexo del coronel Huber con la operación clandestina destinada a llevar armas a Croacia.

El 29 de noviembre salió del aeropuerto de Pudahuel el cargamento de muestra, de once toneladas por un valor superior a 200 mil dólares. El 1° de diciembre el avión aterrizó en Budapest, Hungría, donde fue allanado por la policía y confiscado el cargamento, cuyas cajas estaban rotuladas como ayuda humanitaria del Hospital Militar chileno. El día 7 un periódico húngaro publicó la información y en La Moneda el escándalo estalló en las horas siguientes como una granada de fragmentación.

El 2 de enero de 1992 fue destituido el director de Famae, brigadier general Héctor Guillermo Letelier. Dos días más tarde, a petición del ministro de Defensa, Patricio Rojas, la Corte Suprema designó al juez Hernán Correa de la Cerda como ministro en visita para investigar el caso.

El magistrado citó a declarar al coronel Gerardo Huber, quien aseguró haber recibido una orden verbal del entonces director de Logística del Ejército, general Carlos Krumm, para que diera curso a la exportación de las armas. El ministro Correa decretó orden de arraigo para Huber.

UNA NOCHE OSCURA

El miércoles 29 de enero de 1992, el coronel Huber decidió pasar unos días de descanso junto a su familia en la casa de su compadre Erwin Tapia, en San Alfonso, Cajón del Maipo. Había presentado un certificado médico aduciendo mareos debido a un fuerte estrés y depresión. Cerca del mediodía, el oficial salió junto a su hijo menor -José Ignacio, de seis años- a caminar por las riberas del río Maipo. En la noche, sus amigos y su familia decidieron dar un paseo por el sector. Huber, en cambio, prefirió quedarse solo viendo televisión. En la casa no había teléfonos y en el lugar los celulares no funcionan. Sólo un equipo de radio permitía comunicarse.

Al terminar el paseo, cerca de las diez de la noche, la familia del militar y sus amigos regresaron a la casa y advirtieron que el coronel había desaparecido. Pasada la medianoche, la esposa del oficial y su hijo mayor, cada vez más inquietos, decidieron salir a buscarlo. La noche estaba oscura, no había luna ni tampoco disponían de linternas. Sólo podían utilizar los focos de un automóvil. Una y otra vez, haciendo sonar la bocina del vehículo, recorrieron el sector de San Alfonso. Finalmente, cerca de las tres de la madrugada, ubicaron el automóvil marca Nissan de color gris del coronel Huber. Estaba a un costado del puente El Toyo, seis kilómetros al poniente de San Alfonso. La puerta del conductor estaba abierta y en el asiento las llaves. Pero no había rastros del coronel. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué había motivado al militar a salir de la casa? ¿Se había reunido con alguien? ¿Había sido secuestrado? Las dudas se agolparon en la mente de Adriana Polloni.

Esa misma noche miembros del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), iniciaron la búsqueda del coronel Huber. Al día siguiente la prensa dio cuenta de la desaparición del militar.

Diecinueve días después, el cuerpo de Huber, con el cráneo destrozado, fue hallado en un islote del río Maipo, 27 kilómetros más abajo del puente El Toyo.

Se dijo que una profunda depresión lo había llevado a tomar la decisión de quitarse la vida. Adriana Polloni llevaba más de veinte años junto a su esposo y sabía que no era de los hombres que se suicidan.

Más de tres años después, en septiembre de 1995, el caso tuvo un espectacular vuelco. El cuerpo fue exhumado y peritos de Investigaciones afirmaron que existían indicios para suponer que el coronel Huber había sido asesinado.

CRECEN LAS DUDAS

La investigación de la muerte de Huber recayó en la jueza María Soledad Espina (hermana del senador Alberto Espina), titular del Segundo Juzgado de Letras de Puente Alto.

La autopsia efectuada en febrero de 1992 en el Instituto Médico Legal por la doctora Myriam Gallo estableció que la causa de muerte era un traumatismo encéfalo craneano e inmersión en el agua, “que tiene características pre mortem y que basándose en la presencia de cieno y arenilla en el aparato respiratorio, estómago y primera porción del duodeno bien pudo ocurrir en estado agónico”.

Hasta 1996 la incógnita era si el coronel Huber pudo haberse disparado. La jueza Espina intentó resolverla con una serie de peritajes balísticos encargados al Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Se utilizaron más de veinte cráneos humanos reconstituidos, recubiertos con plastilina para simular cuero cabelludo y piel. También se emplearon cabezas de cordero, ya que son las más parecidas a las humanas. Además se buscó una pistola 7.65 de las mismas características que la que tenía Huber, ya que la que siempre llevaba consigo no había aparecido.

Los peritajes del Labocar descartaron por completo que el coronel Huber se hubiese autoinferido una lesión, al menos con su pistola. Meses más tarde la jueza Espina ordenó nuevos experimentos con fusiles disparados a diferentes distancias. Se utilizó armamento calibre 5.56 y 7.62 para comparar luego las lesiones en los cráneos. Por otra parte, las pruebas de nitrato y carbono en las manos del cadáver del coronel arrojaron resultados negativos, no tenían residuos de pólvora. Todo indicaba entonces que el coronel había sido asesinado.

La jueza se constituyó en el puente El Toyo y aseguró que era casi imposible que alguien cayera accidentalmente. Descartó también que el militar se pegara un tiro arriba del puente o que le hubiesen disparado en ese lugar: era absolutamente imposible que se precipitara al río sin que quedaran restos de sangre en la baranda y pavimento del puente.

“Suponer que él se hubiera suicidado con su pistola, que hasta el momento no es la que le habría causado la lesión, resulta también imposible, porque significaría que para no dejar rastros de sangre el coronel tendría que haberse colgado de la baranda con una mano y con la otra haberse pegado el disparo”, señaló la jueza María Soledad Espina en 1996.

LA HORA DELA VERDAD

Sin embargo, la causa durmió durante trece años caratulada en los tribunales como suicidio, hasta que el juez Claudio Pavez asumió el caso en septiembre de 2005 y decidió caracterizarla como homicidio calificado. Investigador acucioso, Pavez inició nuevos interrogatorios y recabó antecedentes de otros procesos donde se describen las formas de operar de los servicios de inteligencia a fines de los 80 y comienzos de los 90. Muy pronto pudo elaborar una larga lista de presunciones que le permitieron aproximarse a lo que verdaderamente ocurrió a comienzos de 1992.

Así, el 7 de marzo pasado el juez Claudio Pavez sometió a proceso a cinco altos oficiales en retiro como autores de asociación ilícita para ocultar el asesinato del coronel Gerardo Huber. Ellos son el general (r) Eugenio Covarrubias, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) en 1992; el general (r) Víctor Lizárraga Arias, subdirector de la Dine en la misma época; el general (r) Carlos Krumm, ex director de Logística; el brigadier (r) Manuel Provis Carrasco, ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE); y el capitán Julio Muñoz, amigo de Huber y ex miembro del BIE.

María Inés Horvitz, abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), declaró poco después que “todo apunta a la intervención bastante directa de Víctor Lizárraga y Manuel Provis”, como autores materiales de la muerte del coronel Huber.

Según antecedentes que han trascendido, que se acumulan en los siete libros de la causa, medio centenar de oficiales y suboficiales de la Dine y el BIE juraron incondicional lealtad a Pinochet en 1996. Algunos de ellos se confabularon para evitar que el coronel Huber revelara a los tribunales o a la prensa lo que sabía acerca del comercio ilícito de armas y sustancias químicas, emprendido desde diversas instancias castrenses en búsqueda de lucro para un pequeño número de altos mandos.

El juez Pavez tuvo a la vista, por ejemplo, una declaración del 30 de noviembre de 2003 tomada en Holanda por dos detectives al ex suboficial Rodrigo Peña González, integrante en 1989 del Batallón de Mantenimiento de Material Blindado y Artillería, quien afirmó que el coronel Huber le entregó documentos sobre tráfico de armas y una nueva droga mortal elaborada por el ex químico de la Dina Eugenio Berríos. Peña González declaró en el marco de las investigaciones realizadas por el ministro Hugo Dolmestch para esclarecer la desaparición de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez luego del secuestro del comandante Carlos Carreño, en septiembre de 1988.

Según Peña, el coronel Huber pensaba entregar esos documentos al periodista británico Jonathan Moyle, iniciativa que se vio frustrada cuando el reportero apareció muerto en su habitación del Hotel Carrera, comprobándose más tarde que había sido asesinado. Ese homicidio hasta hoy permanece en penumbras. Peña, quien pidió asilo político en Holanda en 2001, relató que Huber le entregó otros documentos con antecedentes sobre compra de armas a Israel y ventas a países árabes.

Según las presunciones del juez Pavez, el coronel Huber habría sido secuestrado por agentes del BIE y conducido a un recinto secreto de la Escuela de Inteligencia del Ejército (EIE) en Nos, donde también funcionaba el Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, que en 1992 dependía del director de la Dine, el general Eugenio Covarrubias. Este oficial junto a Manuel Provis mantuvieron secuestrado al químico Eugenio Berríos en septiembre de 1991, antes de que fuera sacado -en octubre- hacia Argentina y luego a Uruguay, donde finalmente fue asesinado por los servicios de inteligencia chileno y uruguayo.

CAREOS Y CONTRADICCIONES

El 15 de febrero de 1992 el general Lizárraga y el brigadier Provis viajaron a Linares a buscar al hijo menor de Huber, que estaba con su tía Clina Polloni. Provis ha sostenido ante el juez Pavez que fueron a buscar a una vidente para intentar dar con el paradero del oficial desaparecido. Lizárraga, por su parte, ha dicho que eso es mentira. Una de las presunciones del magistrado es que viajaron para traer al niño de seis años y usarlo para presionar a Huber, propósito que falló al negarse la tía a entregar al muchacho.

Otro dilema que busca esclarecer el juez Pavez es saber cómo los secuestradores se enteraron de que Huber estaría solo aquella noche de enero de 1992 en San Alfonso. Una presunción es que les avisó un nieto de Pinochet, Hernán García Pinochet, que estaba presente como yerno a la sazón del dueño de casa.

El magistrado también logró ubicar e incautar la pistola Walter PPK calibre 7.65 mm. que portaba Huber y que ahora tiene el número de serie adulterado. Se mantiene en reserva la identidad de quien guardaba el arma.

Lizárraga y Covarrubias afirmaron ante el juez que Pinochet dirigía personalmente el Batallón de Inteligencia del Ejército. El anciano ex dictador, que también declaró en el proceso, sostuvo, como es habitual, que no recuerda nada.

En tanto, la investigación del magistrado avanza rápidamente. El Mercurio sostuvo el sábado 18 de marzo que el presunto autor material del asesinato del coronel Huber sería un militar activo, destinado en un regimiento del sur del país y con nexos con un ex agente de la CNI.

Manuel Provis, sindicado como uno de los principales sospechosos, trabajó codo a codo con el mayor (r) Alvaro Corbalán en el cuartel Borgoño de la CNI, y surge hoy como uno de los principales operadores de la inteligencia militar tras el retorno de la democracia en 1990. El estaba al mando del Batallón de Inteligencia del Ejército -cuya base estaba en un cuartel ubicado en la calle García Reyes de Santiago-, sindicado como brazo operativo de la Dine, en estrecho contacto con la Central de Información y Coordinación, unidad que tenía a cargo las escucha y recolección de datos provenientes de las comunicaciones policiales internas.

Del director del BIE, hoy inexistente en la estructura del ejército, dependían siete departamentos: Dirección Metropolitana de Inteligencia Política, Brigadas Regionales de Inteligencia, Departamento de Inteligencia de Telecomunicaciones, Departamento Sicopolítico, Departamento de Inteligencia Externa, Departamento de Seguridad y Departamento de Apoyo Logístico y Administrativo.

El Departamento de Inteligencia de Telecomunicaciones era el encargado de las escuchas telefónicas.

En aquellos primeros meses del retorno a la democracia, desde el Ministerio del Interior se solicitó la colaboración de expertos en contrainteligencia de España, Israel y Estados Unidos para rastrear la presencia de micrófonos ocultos en La Moneda. Se encontró un dispositivo de escucha oculto en el escritorio del titular de Interior, Enrique Krauss, sumiendo en la inquietud a los funcionarios del palacio.

ESCUCHA AL CONGRESO

El cuartel de escucha que el BIE mantenía en Viña del Mar se ubicaba en calle Alvarez. Allí, en un bungalow de dos pisos, protegido por un portón de fierro y frondosos árboles, funcionó durante más de un año un equipo de agentes dedicados a captar comunicaciones telefónicas. Metros más allá, otro grupo de agentes, encubiertos en un local que aparentaba ser una compraventa de automóviles, desarrollaban tareas de apoyo.

La vigilancia electrónica sobre el Congreso era apoyada por camionetas que se estacionaban en sectores cercanos al edificio. Esos vehículos se estacionaban ocasionalmente también en el cuartel central del BIE, en calle García Reyes de Santiago.

Una camioneta Volkswagen cerrada, de color crema, perteneciente también al Departamento de Inteligencia de Comunicaciones, frecuentemente se estacionaba en la Plaza O’Higgins, vecina al Congreso Nacional. En ella, un complejo equipo de escucha no dejaba de funcionar. Este trabajo era apoyado por agentes encubiertos que frecuentaban la sede del Legislativo. Uno de ellos, un hombre alto y de bigotes, asistía a la sesiones y recogía fotocopias de documentos considerados importantes que le entregaba un anónimo contacto en el corazón del Parlamento.

Toda esa información era procesada y clasificada por un equipo de a lo menos ocho hombres, varios de ellos civiles, que actuaban como analistas de inteligencia. Uno de ellos era sobrino del general (r) Hugo Salas Wenzel, ex director de la CNI.

OPERACIONES ESPECIALES

En un ámbito del BIE muy difuso aún, conocido por algunos como G-4 y dirigido por un capitán, existía una unidad confidencial que realizaba operaciones especiales. Probablemente una de ellas haya sido el denominado “Sistema de Control de Bajas”, que algunos oficiales han revelado al juez Claudio Pavez, y que consistía en una estructura destinada a sacar del país a los agentes en peligro de quedar expuestos ante la justicia o que mostraban debilitamiento en su lealtad a Pinochet y sus adláteres.

Esa unidad se vinculaba con el Departamento de Servicio Secreto de la Dine y con algunas instancias de la justicia militar para dar protección a los agentes que estaban apareciendo involucrados en numerosos procesos por derechos humanos que se activaron con fuerza tras el retorno de la democracia. Gracias a esta estructura pudieron eludir la justicia durante largo tiempo agentes como el “Guatón” Osvaldo Romo, el “Fanta” Miguel Estay Reyno, el “Mauro” Carlos Herrera Jimenez, el “Huiro” Arturo Sanhueza Ross y el químico Eugenio Berríos, entre otros.

Cada uno de ellos tiene una vasta carrera delictiva bajo la cubierta de agentes de los servicios de inteligencia y seguridad. Sanhueza Ross, por ejemplo, se inició persiguiendo a los guerrilleros del MIR en Neltume. Entonces era teniente. Hizo méritos para ser incorporado a la Dine y fue destinado al equipo de ejecutores, que llevó a cabo asesinatos como los del 7 de septiembre de 1983 en las calles Fuenteovejuna 1330, de Las Condes, y Janequeo 5707, de Quinta Normal, que costaron la vida a cinco dirigentes y militantes del MIR. El 4 de septiembre de 1989, el ahora capitán Sanhueza Ross participó en el asesinato del dirigente mirista Jecar Nehgme Cristi. Hoy se conoce que ese equipo de ejecución de la Dine tenía un objetivo alternativo a Nehgme: el periodista Manuel Cabieses Donoso, director de Punto Final. Tanto Jecar Nehgme como el director de PF (la revista había reaparecido en agosto de ese año), fueron sometidos a seguimientos y controles encubiertos a fin de conocer exactamente sus movimientos y elegir el momento y lugar del atentado.

La investigación del juez Pavez ha comenzado a abrir una nueva Caja de Pandora que podría conducir a la aclaración de muchos procesos judiciales pendientes, algunos de los cuales languidecen en los tribunales. Entre ellos, por ejemplo, el del espionaje telefónico que sepultó en 1992 las aspiraciones presidenciales de Sebastián Piñera; el del asesinato en Montevideo del químico Eugenio Berríos y su presunta participación en la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva y en la creación de un revolucionario sistema para refinar cocaína; el por el asesinato del periodista británico Jonathan Moyle; y por las redes ocultas del tráfico de armas, que aparentemente benefició al general Augusto Pinochet.

No parece casualidad que en el tráfico de armas a Croacia, que costó la vida al coronel Gerardo Huber, uno de los implicados, José Sobarzo Poblete, jefe de Presupuesto de Famae en el momento de negociarse la transacción, fuera también gerente de Belview, una firma a través de la cual Pinochet lavó dinero en Estados Unidos, Europa y Chile.

  El ministro en visita Claudio Pavez mantiene procesados y acusado a los generales Eugenio Covarrubias, Víctor Lizárraga Arias, Carlos Krumm y el brigadier Manuel Provis Carrasco, por asociación ilícita y el asesinato del coronel Carlos Huber, muerto hace 17 años.

Fuentes judiciales confirmaron que el ministro en visita Claudio Pavez citó para mañana a la Corte de Apelaciones de San Miguel, al mediodía, a los abogados de los ex altos uniformados que se encuentran procesados por asesinato calificado y asociación ilícita por el asesinato del coronel Gerardo Huber, hecho ocurrido hace 17 años.

Dicha muerte pretendía encubrir el contrabando de armas del ejército hacia Croacia, que en ese momento se encontraba en plena guerra civil y que poseía un embargo de armas decretado por la ONU.

Huber, jefe del Departamento de Logística del Ejército, fue encontrado muerto el 20 de febrero de 1992 cerca del río Maipo, en el sector de La Obra, pero el juez determinó que el 29 de enero, mientras se encontraba escondido en San Alfonso, fue llevado bajo engaño al puente El Toyo y fue asesinado por un tiro de larga distancia, presuntamente por un francotirador, según detalla el expediente.

El juez mantiene procesados y acusado a los generales Eugenio Covarrubias, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército; Víctor Lizárraga Arias, ex director de la DINE; Carlos Krumm, ex jefe de la Dirección de Logística, y el brigadier Manuel Provis Carrasco, ex jefe del Batallón de Inteligencia.

También como miembro de esta asociación ilícita y como encubridor del asesinato está Julio Muñoz, amigo del coronel Huber.

El abogado Ciro Colombara, abogado de la viuda e hijos de la víctima, espera conseguir que los inculpados posean altas penas. "Nos parece que una investigación tan acuciosa, como la que ha llevado el ministro Claudio Pavez adelante, que ha permitido aclarar un caso que ha estado durante tantos años en las penumbras, necesariamente va a terminar en una sentencia condenatoria respecto de los responsables", declaró a radio Bío Bío.

"Confiamos en que esa sentencia va a establecer la culpabilidad de las personas, altos oficiales del Ejército, que han sido procesados", añadió.

Los inculpados mantienen su libertad provisional y tendrán 15 días para apelar y recurrir al tribunal de alzada de San Miguel.

El coronel Gerardo Huber Olivares fue asesinado mientras se desempeñaba como jefe de adquisiciones de la Dirección de Logística del Ejército. Huber estuvo desaparecido 22 días en el verano de 1992. El oficial fue requerido por el ministro Hernán Correa de la Cerda, por la investigación judicial que intentaba aclarar el tráfico de armas, por parte de la Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae). Tras declarar, Huber decidió descansar en casa de un amigo, Elwin Tapia, en el Cajón del Maipo.

El 20 de febrero de ese año el cuerpo de Huber fue hallado, flotando en la ribera del río, con el cráneo destrozado al parecer por un proyectil de alto impacto.

El proceso se caratuló durante 13 años como suicidio, hasta que el juez Claudio Pavez lo cambió a homicidio calificado, a pocas semanas de asumir la causa, en septiembre de 2005.

BREVE CRONOLOGÍA

1 Diciembre 1991. Se descubre en Budapest un cargamento de 11,5 toneladas de material bélico chileno destinado a Croacia, en medio de la Guerra de los Balcanes. Declara el coronel Gerardo Huber, jefe de Adquisiciones de Logística. 20 de Febrero de 1992. Tras 22 días de desaparición, el cuerpo de Huber es encontrado en el río Maipo. Caso se investigó sin resultados hasta ser reabierto en 2005. 
1 de Septiembre de 2005. Se designa a Claudio Pavez como ministro en visita, por petición del CDE. 
6 de Marzo de 2006. El ministro procesa a cinco militares por asociación ilícita.

GERARDO HUBER O.

Ex coronel del Ejército. Se desempeñaba como jefe de Adquisiciones de la Fábrica y Maestranza del Ejército (Famae). Su cuerpo fue encontrado el 21 de febrero de 1992 en el Cajón del Maipo, 22 días después de su desaparición. También perteneció a la DINA. 

VÍCTOR LIZARRAGA A.

Ex secretario coordinador de la Dine. Se le involucra en el caso, dado que el día de la desaparición de Huber, no estaba trabajando. Lizárraga declaró que fue al fundo de Linares para llevar al hijo de Huber al funeral de su padre, pese a que su cuerpo aún no aparecía, lo que sólo ocurrió el 20 de febrero. En su segunda declaración, sostuvo que en realidad había ido a buscar a un sobrino de Huber que, según entendía, podía manejar antecedentes, pero que al llegar al sitio se había dado cuenta que sólo era un niño. 

JULIO MUÑOZ

Ex coronel del Ejército. Afirman que mientras el mayor sostiene que viajó a Linares junto a Provis buscando al hijo menor de Huber por orden de su madre, Adriana Polloni, la cuñada del coronel afirma que éste usó la excusa del hijo como una amenaza velada a la familia. Lo acusa de haberla presionado para que dijera que Huber se había suicidado aun antes de que apareciera el cuerpo del oficial. 

CARLOS KRUMM

General (R) del Ejército. Fue el superior del coronel Gerardo Huber en la división de Logística del Ejército, en la que este último ocupaba la jefatura del departamento de adquisiciones en el exterior. Krumm fue quien le pidió a Huber que pusiera a disposición de la Fábrica de Maestranza del Ejército (Famae) un despachador de aduanas para que materializara la transacción de pertrechos a Sri Lanka y que resultó ser Croacia.

EUGENIO COVARRUBIAS

General (R) del Ejército. Ex director de Inteligencia del Ejército (Dine). En sus declaraciones desligó cualquier responsabilidad que pudiera existir de la entidad que él dirigía por la muerte del coronel Gerardo Huber, en su inferior jerárquico, el general Víctor Lizárraga Arias. Está procesado además en la causa que lleva el ministro Alejandro Madrid, quien investiga lamuerte del químico Eugenio Berríos, como autor del delito de obstrucción a la justicia, encubridor del secuestro con resultado de homicidio y autor de asociación ilícita

En febrero de 1992 y tras 20 días desaparecido en el Cajón del Maipo, el entonces jefe del Departamento de Exportaciones del Ejército, coronel Gerardo Huber, fue encontrado sin vida en un montículo del río Maipo y con un disparo en su cabeza. Tres meses antes del hecho se detectó el armamento exportado ilegalmente a Croacia.

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por el homicidio del coronel de Ejército Gerardo Huber Olivares.

El abogado Ciro Colombara, se mostró medianamente satisfecho con la sentencia mientras la viuda del malogrado coronel Huber, Adriana Polloni, dijo estar satisfecha con las condenas, pero a su juicio, aún queda por encontrar al autor material del homicidio. "Estamos tranquilos porque son 18 años de espera, pero se ha hecho justicia".

En conversación con Cambio21 reconoció que aún falta lo que dictamine la Corte Suprema, "por eso estamos más tranquilos porque queremos llegar al final de todo esto".

Agregó estar contenta con el trabajo de la justicia, "porque nosotros desde un principio siempre supimos que fue un asesinato y no un suicidio como decían".

En esa línea indicó que "hemos esperado tanto tiempo por la verdad que poco a poco está saliendo a la luz, sé que aún falta quién tramó todo esto, pero nunca vamos a perder las esperanzas".

"Esperamos que alguien noble se dé cuenta del daño que hicieron y que pueda relatar lo que sucedió ese día y por qué le hicieron eso a mi esposo", sentenció la viuda.

Los condenados

Los condenados son el general (R) Víctor Lizárraga Arias, ex subdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), sentenciado a cinco años de cárcel por homicidio calificado y otros cinco por asociación ilícita, y  el brigadier (R) Manuel Provis Carrasco, sentenciado a cuatro años por el homicidio y cuatro por integrar la asociación ilícita.

Fueron absueltos el ex jefe de la DINE, general (R) Eugenio Covarrubias y el ex director de Logística del Ejército y jefe de Huber, general (R) Carlos Krumm. Por su parte, el coronel Julio Muñoz Bustamante fue condenado a 300 días de prisión como encubridor y fue absuelto de la asociación ilícita.

En febrero de 1992 y tras 20 días desaparecido en el Cajón del Maipo, el entonces jefe del Departamento de Exportaciones del Ejército, coronel Gerardo Huber, fue encontrado sin vida en un montículo del río Maipo y con un disparo en su cabeza. Tres meses antes del hecho se había detectado el armamento exportado ilegalmente por Famae a Croacia.

Cómo fue el crimen de Huber y por qué

El coronel (R) y ex agente no operativo de la DINA Gerardo Huber Olivares fue asesinado a distancia con un tiro en la cabeza por un "sniper" o francotirador altamente capacitado,  utilizando un rifle de alto poder y precisión. Para ello fue convencido mediante "engaño" -el 29 de enero de 1992- que concurriera al puente El Toyo en el sector de San Alfonso del Cajón del Maipo.

Su asesinato correspondió a una "conspiración" en la que participaron altos oficiales en servicio activo del Ejército en ese entonces, con el fin de "neutralizar a Huber como si fuese un enemigo" para proteger a "generales de su institución" involucrados en el tráfico de armas a Croacia descubierto en diciembre de 1991.

Desde su cargo, el oficial tuvo conocimiento de la operación encubierta para sacar armamento institucional por orden del dictador Augusto Pinochet y enviarlo a Croacia a través de traficantes internacionales y la colaboración de la Fábrica de Armamento y Maestranza del Ejército (Famae).

Al comprobar Huber que era acosado con intenciones de hacerlo desaparecer por su disposición para colaborar en el proceso por este tráfico de armas, se ocultó en una casa del sector de San Alfonso. En la investigación se estableció que la operación para eliminar a Huber correspondió a aquellas ocurridas durante la década de los noventa dirigidas desde la inteligencia del Ejército.

El autor material del crimen nunca ha logrado ser identificado.

Los antecedentes fueron establecidos por el juez Claudio Pavez en el auto de procesamiento por el homicidio de Huber dictado en contra de tres generales, un brigadier y un coronel, todos en retiro.

q.- Declaración del coimputado Pedro Araneda Araneda, quien en su indagatoria manifiesta refiriéndose a Londres 38 “habían otras oficinas que estaban a mano derecha de la oficina del mayor Moren, una que era ocupada por varios oficiales, entre ellos recuerdo a los capitanes Urrich, Castillo Lizagarra y Carevic y el teniente Krassnoff y los capitán de Carabineros Ciró Torré y los tenientes Lawrence y Godoy …” y que “En Londres N°38, funcionaban los oficiales Marcelo Moren Brito, Urrich, Castillo, Lizagarra, Krassnoff, Lawrence, Ciró Torré y Godoy, quienes a su vez tenían a su orden a un grupo de agentes….”

CENTESIMO: Que el inculpado Luis René Torres Méndez en su indagatoria de fojas 671 y 3709, indica que en diciembre de 1973, fue destinado a la DINA, siendo el jefe Manuel Contreras Sepúlveda, prestando servicios a principios del año 1974, en el Cuartel Londres N° 38, a mediados de 1974, fue trasladado al cuartel de Villa Grimaldi donde estuve hasta el año 1977. Respecto al cuartel de Londres N° 38, puede señalar que el jefe era Marcelo Moren Brito y a principios de 1974 estaba en una agrupación que estaba al mando el capitán Lizagarra del Ejército y las funciones eran de búsqueda y verificación de información referidas a personas contrarias al Gobierno . Trabajaba en ese recinto Miguel Krassnoff Martchenko, Ricardo Lawrence Mires, Basclay Zapata Reyes no recuerdo haber visto a Osvaldo Romo Mena. También quiero En Londres N° 38 habían detenidos de partidos políticos entre ellos recuerda a Luz Arce Sandoval, no recuerda a persona que se le exhibe en fotografía en este acto a fs. 19, y que se le indica se llamaría María Angélica Andreoli Bravo.

La Corte de Apelaciones de Santiago anuló el la fallo del Tercer Tribunal Oral en lo Penal que en junio pasado absolvió al general (r) Víctor Lizárraga de los delitos de soborno por los que la Fiscalía Oriente lo llevó a juicio.

Ello, tras acoger el recurso de nulidad presentado por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, y por el Consejo de Defensa del Estado -querellante en la causa- que buscaban invalidar la resolución de primera instancia y buscar condenas en contra el uniformado. De esta manera, ahora Lizárraga deberá enfrentar un nuevo proceso con las mismas pruebas reunidas en su contra, pero ante un tribunal diferente. Ello solo podrá ser anulado una vez más, en caso que en el segundo juicio los sentenciadores lo declaren culpable y sea su defensa la que solicite anular el nuevo fallo.

Sin embargo, si en la próxima instancia el tribunal nuevamente llega a la convicción respecto a la inexistencia de evidencias que permitan derribar su presunción de inocencia, el fallo queda inmediatamente a firme y ejecutoriado. Lizárraga fue acusado por presuntos delitos soborno respecto de un funcionario público extranjero, específicamente, de un diplomático coreano, en el marco de la arista Famae del caso Fragatas.

Según la investigación de la Fiscalía, Lizárraga habría pagado 30 millones de pesos al extranjero para concretar un millonario contrato con una empresa coreana que benefició a la firma del fallecido Guillermo Ibieta, al adjudicarle un negocio de 3 millones de dólares con la compañía Hanwa.

Extracto:  (paginas7-8)

Londres 38 en el contexto represivo El cuartel ubicado en la calle Londres N°38 de la capital chilena, también conocido como Cuartel Yucatán, fue utilizado por la DINA desde fines de 1973 hasta septiembre de 1974, aunque también hay informaciones que indican que fue usado hasta fines de 1975. Se trata de un recinto determinante en el diseño de lo que serían los patrones de represión, tortura, asesinato, exterminio y desaparición de personas opositoras a la dictadura utilizados por el aparato criminal de dictadura cívico-militar, específicamente por parte de la DINA, por tratarse del primer recinto ilegal de detención que tuvo dicho organismo. 13 Por ello, a diferencia de lo que ocurrió en recintos como los estadios y campos de prisioneros el año 1973, todos los agentes que se desempeñaron en Londres 38, eran agentes de la DINA, quienes habían sido seleccionados para conformar dicho organismo represor, habían cursado exitosamente el curso de inteligencia en las Rocas de Santo Domingo y se encontraban encasillados en brigadas y agrupaciones, y siguieron cumpliendo labores en la DINA al cierre del recinto e incluso en la CNI. Como consecuencia de esto, los practicas criminales que caracterizaron las estructuras, tareas y los modos en que los agentes de la DINA cumplían sus funciones al interior y desde Londres 38, fueron repetidas y perfeccionadas en los recintos de Irán con los Plátanos, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. En Londres 38, el mando estaba conformado por Marcelo MOREN BRITO, Eduardo Guy NECKELMAN SCHUTZ, Sergio Pinta GONZÁLEZ, Víctor Federico LIZARRAGA ARIAS, Miguel KRASSNOFF MARTCHENKO, Ricardo LAWRENCE MIRES, Gerardo Ernesto URRICH GONZÁLEZ, Ciro Ernesto TORRÉ SAEZ, Gerardo GODOY GARCÍA. En Londres 38, un número aún no determinado de personas permaneció detenido y fue sometido a torturas y, hasta donde se ha podido establecer, desde allí la DINA hizo desaparecer a más de 90 personas. A fines de agosto o principios de septiembre de 1974, y por motivos de que éste cuartel ya había sido identificado por la población como un lugar clandestino de detención y además de la circunstancia que se aproximaba una visita de un organismo internacional (Cruz Roja o CIDH), la DINA procedió al cierre de este recinto. Respecto al destino de las víctimas que desaparecieron desde Londres 38, según informa la PDI, “no se tiene certeza plena de los lugares hacia donde eran derivados una vez finalizado su paso por YUCATAN, pero es posible inferir que eran trasladados al recinto de Cuatro Álamos o bien a la Escuela de Ingenieros Militares ‘Tejas Verdes’, dejando abierta la posibilidad a que otros recintos también hayan cumplido con esa función”

La pensión por vejez promedio de las AFP es de $192 mil. La cifra contrasta con los $2,3 millones -también en promedio- que reciben los oficiales en retiro de las FF.AA., a través de Capredena. Entre 2011-2015 este sistema privilegiado le significó al Estado un gasto de $3,8 billones. CIPER obtuvo una lista de 3.090 oficiales en retiro y encontró a 38 procesados o con condenas por delitos de derechos humanos o fraudes cuyas pensiones le cuestan al Estado $1.200 millones anuales. Al menos media docena de ex DINA y CNI fueron contratados por el Ejército, luego de jubilar, para funciones docentes.

2016 marcó un hito para Codelco. No fue uno de esos que sacan aplausos. Por primera vez en su historia, y producto de la baja sostenida del precio del cobre, la principal empresa estatal tuvo que endeudarse para cumplir con sus compromisos financieros. Uno de ellos es la entrega de US$707 millones  a las FF.AA. –monto registrado a septiembre de 2016– en virtud de la Ley del Cobre (que ya no es reservada).

El hito no hizo más que graficar hasta qué punto la Ley del Cobre se ha transformado en una camisa de fuerza para Codelco. Al obligar a la cuprera a entregar el 10% de sus ventas a las FF.AA., se despoja al Estado de un caudal importante para políticas públicas. Basta mirar las cifras para cuantificar el desvío legal de recursos que se impuso bajo dictadura (al cambiar el 10% de las utilidades por el 10% de las ventas de cobre): en 2015, unos US$858 millones fueron a parar a las Fuerzas Armadas (ver nota de El Mercurio).

A la mascada que le sacan las FF.AA. al Estado por la Ley del Cobre, se suma la otra fuga de capitales que le significa al Fisco el que los uniformados haya sido el único sector que mantuviera el privilegio del antiguo sistema de pensiones, cuando en 1980 entraron en vigencia las AFP.

Según información entregada por Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), a la comisión de la Cámara de Diputados que investiga irregularidades en las jubilaciones de las FF.AA. y de Orden, en 2015 Capredena repartió $911 mil millones en pensiones. El 94% de esa cifra es aporte fiscal y solo el 6% restante corresponde a las cotizaciones de los uniformados. Entre 2011-2015, el Estado ha desembolsado en total cerca de $3,8 billones (millones de millones de pesos) para solventar el fondo de retiro de Capredena. La cifra equivale a 119 teletones (según recaudación 2016) o al costo de construcción de 42 hospitales con equipamiento de última generación, como el que se inauguró en Rancagua en abril de 2016 ($90 mil millones).

Con los dineros de todos los chilenos se financia un sistema que atiende a casi 107 mil ex funcionarios  de las Fuerzas Armadas (y sus familias a través de pensiones y montepíos). Todos ellos gozan de privilegios que desnudan las carencias del sistema de capitalización individual que rige para el resto de la población, donde a noviembre de este año la pensión promedio por vejez no supera los $192 mil, según la Superintendencia de Pensiones 

CIPER tuvo acceso a la nómina de ex oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (FACH) que pasaron a retiro en el periodo 2006-2016 y que reciben pensiones de Capredena. Son 3.090 casos que representan el 13% –el estamento más alto– de los beneficiarios de este sistema.

El promedio de pensiones de los oficiales de las FF.AA. roza los $2,3 millones.  En la lista de oficiales pensionados de Capredena destacan 17 ex miembros de las Fuerzas Armadas con pensiones por sobre los $4 millones. La más alta corresponde a la del ex general de brigada de la FACH Patricio Franjola Buigley, quien pasó a retiro en julio de 2012 con una pensión de $5,9 millones. Debido a que por norma las pensiones de Capredena se reajustan en un 100% de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que hoy recibe Franjola a cuatro años y medio de su retiro son $6,8 millones.

El monto de las pensiones de los oficiales de las Fuerzas Armadas, en contraste con las del mundo civil, no es lo único que salta a la vista de la nómina de más de tres mil ex oficiales revisada por CIPER. Los ingentes recursos que el Estado inyecta para sostener ese sistema previsional –un 0,9% del PIB nacional en 2012, según la Comisión Bravo– también son destinados a cubrir millonarias pensiones para ex uniformados condenados o que están siendo procesados por violaciones a los derechos humanos y por fraudes de distinto tipo. El promedio de pensiones que recibe mensualmente este grupo de 38 uniformados en retiro asciende a $2,7 millones.

En los más de tres mil casos revisados aparecen, por ejemplo, altos oficiales condenados por homicidio y secuestro calificado en el Campo de Prisioneros de Pisagua; un teniente coronel sometido a doble proceso por el homicidio calificado de cinco dirigentes del MIR en calles Janequeo y Fuente Ovejuna; un coronel involucrado en la desaparición de 14 campesinos en Paine, otro en el asesinato del cantautor Víctor Jara y un tercero en el brutal ataque contra Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana (“Caso Quemados”).

También figura un médico y coronel–sometido a proceso en 2002– acusado  de vigilar torturas y drogar a prisioneros cuyos paraderos aún se desconocen; secretarios privados de Pinochet condenados por malversación de caudales públicos en el “Caso Riggs”; una decena de uniformados involucrados en actos de corrupción como el “Caso Fragatas”, el “Caso Mirage” o el “Milicogate”; y hasta un capitán que se convirtió en uno de los mayores capos del narcotráfico en Chile.

Según los cálculos de CIPER, el monto anual de las pensiones que paga Capredena a estos 38 uniformados involucrados en ilícitos y que pasaron a retiro entre 2006 y 2016, asciende a más de $1.200 millones.

En la nómina de estos pensionados, CIPER identificó, además, a más de 20 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismos represores del régimen de Augusto Pinochet. Sus pensiones alcanzan en promedio $2,5 millones. Lo grave es que algunos continúan ligados a las Fuerzas Armadas, principalmente en labores de educación en distintas unidades del Ejército.

La indagación de CIPER detectó al menos media docena de ex agentes de la CNI y la DINA que figuran recontratados en la Academia de Guerra y también en la Escuela Militar como Personal a Contrata (PAC) o Profesores Civiles (PC). Eso significa que todos ellos reciben importantes remuneraciones además de sus pensiones.

Un documento interno del Ejército obtenido por CIPER da cuenta que un militar retirado con rango de general puede recibir $2,5 millones si es recontratado para cumplir labores como PAC en la institución. Un monto que se suma al de su jubilación, que para los generales en retiro se empina en promedio por sobre los $3,2 millones.

PENSIONES Y DERECHOS HUMANOS

Entre fines de septiembre de 1973 y junio de 1974 fueron ejecutadas 26 personas en el Campo de Prisioneros de Pisagua (Región de Tarapacá). Entre ellos se encontraba el joven conscripto y militante del PC, Miguel Nash Sáez, quien se opuso a reprimir a la población y fue acribillado por la espalda. Su cuerpo aún no aparece.

En enero de 2009, el coronel (r) del Ejército Roberto Ampuero Alarcón fue procesado como coautor del secuestro y homicidio calificado de Nash y otros prisioneros de Pisagua. Ampuero había pasado a retiro 10 meses antes, en marzo de 2008, con una pensión de $2,6 millones. En agosto de 2016, Ampuero fue condenado a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autor del delito reiterado de secuestro calificado de Nash, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal. También como autor del homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Alberto Lizardi Lizardi.

A la fecha, la pensión reajustada de Ampuero roza los $3,6 millones. En esos delitos también estuvo involucrado el coronel (r) Gabriel Guerrero Reeve, quien pasó a retiro en enero de 2010 con una pensión de $2,1 millones. Guerrero, también condenado en agosto pasado a 15 años y un día, recibe hoy una pensión de casi $2,6 millones. El 26 de diciembre pasado, la causa en la que están involucrados Ampuero y  Guerrero, se elevó a la Corte de Apelaciones de Santiago para su conocimiento.

En agosto de 2016 fue condenado el coronel (r) del Ejército Pedro Collado Martí, como autor del secuestro calificado de los militantes socialistas Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza, ambos detenidos en septiembre de 1973, en Iquique. Collado, procesado en 2008 y condenado a 10 años y un día, recibe una pensión de $2,6 millones. Actualmente, el tribunal está cerrando el trámite de notificación del fallo a los condenados en esta causa.

El coronel (r) Carlos Durán Low, fue condenado en febrero de 2016 junto a otros cinco ex agentes de la CNI a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el homicidio calificado del profesor y miembro del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, en septiembre de 1979, en Santiago. Durán jubiló en marzo de 2007 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones. En abril de 2016, el fallo fue apelado y la Corte ordenó nuevas diligencias.

El general (r) y ex miembro del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), Julio Cerda Carrasco, fue condenado a cinco años y un día como cómplice de los secuestros calificados de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) perpetrados en septiembre de 1987. Cerda, procesado desde mayo de 2007, pasó a retiro en marzo de ese mismo año y hoy goza de una pensión de $3,1 millones.  La sentencia en esta causa –en la que están involucrados  33 ex agentes de la CNI–, fue ratificada por la Corte de Apelaciones en junio de 2015 y hoy se encuentra en el máximo tribunal.

El coronel (r) de Ejército Osvaldo Andrés Magaña Bau, fue sometido a proceso en julio de 2015 por el secuestro calificado de 14 campesinos del Asentamiento Villa el Escorial de Paine, todos ellos ejecutados entre septiembre y octubre de 1973 (Cuesta Chada). En coronel pasó a retiro en febrero de 2007 y hoy tiene una pensión de $2,6 millones. Cifra similar a la de la pensión que recibe el coronel (r) de Ejército Jorge Smith Gumucio, acusado en julio de 2015 de ser uno de los autores del secuestro y homicidio calificado de Víctor Jara y del ex director de Gendarmería, Littré Quiroga.

Fue en el mismo 2015 que la justicia procesó al coronel en servicio activo Julio Castañer González, por su presunta responsabilidad en la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri  y por las graves lesiones que sufrió Carmen Gloria Quintana, luego de que fueran quemados vivos en julio de 1986, en Santiago. Castañer fue acusado por un ex conscripto de ser quien encendió los cuerpos de De Negri y Quintana, luego de que fueran rociados con bencina. El coronel pasó a retiro en enero de 2016, con una pensión de $2,8 millones. En octubre de 2016, los abogados de los acusados pidieron el sobreseimiento de la causa, el que fue denegado. Se decretaron, además, nuevas diligencias.

El doctor y coronel (r) de Aviación Alejandro Forero Álvarez ha hecho una brillante carrera como cardiólogo en la Clínica Indisa. Su hoja de vida tiene un punto negro. Está acusado de ser uno de los médicos que prestó servicios al llamado “Comando Conjunto” supervisando torturas y drogando a prisioneros hoy desaparecidos. Forero fue sometido a proceso en 2002 junto a una veintena de integrantes de ese organismo represor, por asociación ilícita y la detención ilegal del militante comunista Víctor Vega Riquelme (enero de 1976). En mayo de 2002, la justicia revocó esos procesamientos, pero no porque fueran inocentes sino porque los delitos estaban prescritos. Forero pasó a retiro en agosto de 2014 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones.

En la lista de pensionados de Capredena que obtuvo CIPER, también figura el general (r) de Ejército Víctor Lizárraga Arias, un importante oficial de la BIE. En 2010 fue condenado por integrar la asociación ilícita que participó en el asesinato del coronel y entonces jefe de adquisiciones de la Dirección de Logística del Ejército, Gerardo Huber (1992). El 18 de noviembre pasado, Lizárraga –que hoy recibe una pensión de $3,1 millones– fue condenado a 205 días de presidio efectivo como autor de cinco delitos reiterados de cohecho en el llamado “Caso Fragatas”. A Lizárraga se le acusó de sobornar a un funcionario público coreano para que la empresa de intermediación de armamento que el oficial representaba obtuviera comisiones por ventas de dispositivos bélicos al Ejército. Los ilícitos fueron cometidos entre 2007 y 2008, cuando el general ya estaba siendo procesado por el crimen de Huber.

DEL CASO MIRAGE AL MILICOGATE

El general (r) de la FACH, Florencio Dublé Pizarro, fue procesado a comienzos de 2009 como cómplice de malversación de caudales públicos en el polémico juicio por las coimas en la compra de 25 aviones Mirage. La investigación del ministro Omar Astudillo determinó que en la transacción se habrían destinado US$15 millones al pago de comisiones ilícitas y que Dublé recibió al menos una transferencia bancaria por US$60 mil. Florencio Dublé se acogió a retiro en diciembre de 2006 y hoy percibe una pensión de $3,1 millones. La sentencia de la causa debiera conocerse en los próximos días.

El nombre del coronel (r) de Ejército Clovis Montero Barra saltó a la palestra en marzo de 2015 tras estallar el último de los grandes escándalos al interior del Ejército: el fraude de casi $5.500 millones perpetrado por militares con los fondos de la Ley del Cobre (“Milicogate”).

En febrero de 2016, Montero fue procesado por el ministro Omar Astudillo como autor del delito reiterado de fraude al fisco y falsedad documental. Montero, además, está querellado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), por delito tributario. El coronel –pasó a retiro en mayo de 2015 y recibe una pensión de $2,5 millones– está acusado de obtener de un proveedor más de 160 facturas por cerca de $980 millones por servicios o adquisiciones inexistentes.

En esta misma causa está procesado el coronel (r) Jorge Frez Ramírez, quien se desempeñó como jefe del departamento de Finanzas de Tesorería del Ejército. Fue el propio Montero quien declaró que Frez conocía la falsedad de los documentos, acusándolo además de recibir dinero por la tramitación y el pago de las facturas falsas. Frez –quien está preso en el Regimiento de Policía Militar N°1 de Peñalolén– pasó a retiro en febrero de 2015 con una pensión de $2,5 millones.

En la nómina a la que tuvo acceso CIPER aparecen también dos altos oficiales condenados en una de las aristas del “Caso Riggs” (el fallo se encuentra en apelación). Son dos de los oficiales que fueron secretarios privados de Augusto Pinochet: los coroneles (r) Gabriel Vergara Cifuentes y Juan Mac-Lean Vergara, ambos condenados en primera instancia a cuatro años de libertad vigilada por malversación de caudales públicos. Mac-Lean pasó a retiro en abril de 2009 y hoy recibe $2,9 millones de pensión. Vergara, en tanto, lo hizo en julio de 20011 y su pensión asciende a $2,6 millones.

En julio de 2009, el capitán de Fragata (r) Jesús Sáez Luna pasó a retiro y hoy recibe una pensión de $2,1 millones. Tres años más tarde, a Sáez le incautaron 150 kilos de cocaína y pasta base en un domicilio en Valparaíso. La Fiscalía estableció que Sáez era el jefe operativo de la banda: “Es el imputado de mayor categoría que hemos logrado capturar, porque el sujeto era un verdadero capo de la mafia”, señaló el fiscal a cargo de la investigación.

La salida de Sáez de la Armada no fue con honores. Poco antes de su retiro, fue acusado del robo de una cámara hiperbárica.

LA SOMBRA DE LA DICTADURA

En diciembre de 2006, el general de Ejército Ricardo Hargreaves Butrón, fue dado de baja de la institución. A mediados de ese mes, días después de la muerte de Augusto Pinochet, en entrevista con la Prensa Austral de Punta Arenas, Hargreaves (comandante en Jefe de la V División, Región de Magallanes) se refirió al dictador en los siguientes términos: “Yo fui partícipe de la causa de Pinochet y la sigo compartiendo (…) le debemos muchas cosas, no solamente como Ejército, sino como país”.

El comandante en Jefe del Ejército de la época, Óscar Izurieta, le pidió la renuncia. Fue una señal clara de los nuevos tiempos que corrían en la institución castrense, la que se vio reforzada en 2009, cuando Izurieta le puso término a los contratos de honorarios que mantenía un grupo de ex agentes de la DINA y CNI involucrados en juicios de derechos humanos. Se habló entonces de una limpieza al interior de la institución.

Pero la baja de Hargreaves no significó su salida del Ejército. Continuó ligado a la institución como gerente de Asuntos Corporativos de la Fábrica y Maestranzas del Ejército de Chile, FAMAE, y también como profesor de la Escuela Militar. Según la nómina de Capredena, Hargreaves pasó a retiro recién en agosto de 2014 y hoy percibe una pensión de $3,5 millones. A ese monto se agregan sus honorarios por labores académicas. Al menos hasta noviembre del año pasado, el general en retiro era presidente del Centro de Profesores de la Escuela Militar.

AL ABRIGO DE LA ACADEMIA

La Academia de Guerra del Ejército también es refugio para muchos uniformados que, una vez retirados, siguen vinculados a la institución en calidad de Personal a Contrata (PAC) o Profesor Civil (PC). Ello les permite sumar ingresos regulares a sus jubilaciones o incluso, luego de al menos tres años de servicio, reliquidar sus pensiones al alza.

Un documento reservado del Ejército al que tuvo acceso CIPER, indica que un oficial en retiro con grado de coronel o general contratado como PAC, puede ganar entre $1,5 millón y $2,5 millones mensuales. Para los generales de brigada, el sueldo como PAC, al margen de la jubilación que reciben, alcanza $2.526.910. El de un coronel, teniente coronel o mayor, llega a $1.458.112

Un ex funcionario civil del Ejército que pidió reserva de su identidad, definió a la Academia de Guerra como una “caja pagadora de favores” y como una “red de protección” entre ex uniformados.

–Hay militares retirados contratados como PAC en la Academia de Guerra para labores administrativas y que, además, hacen clases y tienen contrato como profesores civiles (PC) hasta por 12 horas. Es imposible que cumplan con las funciones de los dos contratos. El sistema de control es un libro de firmas que nadie fiscaliza– señaló a CIPER un ex uniformado que conoce el funcionamiento de la Academia de Guerra.

Otro uniformado refirió a CIPER que tanto en la Academia de Guerra como en la Escuela Militar aún imparten clases o ejercen labores administrativas (en calidad de PC y PAC) ex oficiales vinculados a organismos represores de la dictadura, varios de los cuales gozan de suculentas pensiones. La indagación de CIPER detectó en las nóminas oficiales a al menos media docena de ex uniformados en esa situación.

Uno de ellos es el coronel (r) Rodolfo Ortega Prado, quien fue jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1985 y 1989 (usaba la chapa de “Rodrigo”). El 29 de febrero de 2004, La Nación Domingo publicó un reportaje titulado “Un CNI en Madrid”. Allí Ortega aparece involucrado en la muerte en 1988 de la joven socialista de 23 años Susana Ovando Coñué, en Punta Arenas. Cuando apareció el reportaje, en el que se dice que al menos 10 ex agentes de la CNI lo identificaron como su jefe en Punta Arenas el mismo año del asesinato de Ovando, Ortega era agregado militar de Chile en la embajada de Madrid. En marzo de 2004, el coronel en retiro compareció ante la justicia como testigo por este caso.

Esta fue la versión que el coronel le entregó a La Nación sobre la muerte de Susana Ovando: “La CNI en Punta Arenas era una mínima oficina encargada de asuntos administrativos, sin capacidad operativa para detener. En el periodo que yo estuve como jefe de la CNI en Punta Arenas, nunca se detuvo a nadie”.

Ortega pasó a retiro en febrero de 2007 y su pensión asciende a casi $2,6 millones. Pero el ex jefe de la CNI en Punta Arenas ha seguido ligado al Ejército recibiendo otros altos honorarios. Es director del magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico de la Academia de Guerra. CIPER tuvo acceso a la nómina de académicos que impartirán asignaturas en la Academia de Guerra en 2017. En esa planilla Excel aparecen los nombres de los profesores, los módulos y las horas académicas contempladas para cada curso. Allí, el coronel (r) Ortega –que posee un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid– figura como profesor en las asignaturas de “Ejecución JGS (Juegos de Guerra)” y “Geoestrategia”, las que se imparten en los módulos “Mando y Asesoría II”, “Mando y Asesoría III” y “Estrategia II”.

Otro ex CNI que también figura en la planilla de profesores de la Academia de Guerra para 2017, es el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz: como Profesor Civil (PC) en labores de “investigación y publicación”. Castro es, además, presidente del Centro de Graduados de la Academia de Guerra.

El general Castro perteneció a la Central Nacional de Informaciones entre 1979 y 1982. Fue él mismo quien lo reconoció en una declaración judicial de 2003 (como testigo) en el juicio por la masacre de 22 campesinos en Paine (octubre de 1973). En enero de 2008, Castro prestó una segunda declaración en la que admitió que formó parte de una compañía de fusileros en el “Cuartel Dos” de la Escuela de Infantería de San Bernardo, utilizado como centro de detención (Cerro Chena), dotación que participó en los asesinatos de los 22 campesinos. Y afirmó que en ese cuartel nunca vio detenidos y que solo se enteró tiempo después por la prensa que sí los hubo. El general Castro no ha sido procesado por la justicia.

En junio de 2015 pasó a retiro el coronel Carl Marowski Pilowsky, quien aparece en la nómina de miembros de la CNI que el Ejército le envió al hoy ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, cuando investigaba el crimen de Tucapel Jiménez. Son varias las labores que actualmente sigue cumpliendo Marowski en el Ejército y que le permiten abultar su pensión de $2,8 millones.

Fuentes consultadas por CIPER, señalaron que el coronel en retiro estaría contratado como PAC en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército (División de Educación). Marowski se desempeña además como académico del Diplomado de Educación Superior Militar de la Academia de Guerra y aparece en la nómina de 2017 como “Profesor Civil” (PC) con labores de “investigación y publicación”.

En septiembre de 2016, Carl Marowski asistió a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Lo hizo en calidad de “secretario general de la Academia de Guerra”.

Otro de los militares en retiro ligados a la Academia de Guerra y que perteneció al grupo escolta de Pinochet que le dio origen a la Brigada Mulchén de la DINA, es el general (r) Eduardo Ludovico Aldunate Hermann. En la planilla de profesores 2017, Aldunate –quien jubiló en julio de 2009 y hoy recibe una pensión de $3 millones– aparece con honorarios por labores de “investigación estratégica”. Aldunate fue también jefe de las tropas de Chile en Haití antes de pasar a retiro.

El coronel (r) José Francisco Enberg Castro también integró la CNI. Jubiló en febrero de 2014 y actualmente recibe una pensión de $2,8 millones. En la planilla de asignaturas que impartirá la Academia de Guerra en 2017, Enberg figura como “Profesor Civil” (PC) en “gestión docente”.

En junio de 2013 se filtró a la prensa una nómina con 1.500 uniformados y civiles ex agentes de la DINA. En esa lista, aparece el nombre del general (r) Enrique Slater Escanilla, quien pasó a retiro en septiembre de 2010.

En una nota publicada en la página web de la Escuela Militar en octubre de 2015, Slater figura como Profesor Civil (lleva más de 10 años haciendo clases en la Escuela Militar) y también como jefe del Departamento Académico de la institución. Slater, cuya pensión es hoy de $3,2 millones, aparece además como asesor (entre marzo y agosto de 2016) de la División de Educación del Ejército. Su labor: “brindar asesoría de axiología para la redacción del reglamento Ethos del Ejército de Chile”.

Leer la sentencia 16.379-2005 sobre el crimen de Víctor Jara y de Littré Quiroga del Ministro en Visita Miguel Vásquez de más de 345 hojas estremece. Con ambos, unas verdaderas bestias humanas usando el uniforme del Ejército se ensañaron y violentaron los tres días en que estuvieron detenidos en el Estadio Chile, hoy Víctor Jara.

El afamado autor de "Te recuerdo Amanda", "Luchín", "El derecho de vivir en paz" había llegado detenido alli desde la Universidad Técnica, hoy Universidad de Santiago donde hacia clases de Teatro. Littré Quiroga, Director de Prisiones hoy Gendarmeria, había sido llevado ahí desde el ministerio de Defensa donde se presentó voluntariamente.

En las próximas páginas digitales encontrará la sentencia y como ocurrieron los hechos. Es un verdadro documento de las violaciones a los derechos básicos de las personas y como un grupo de criminales decidió la vida y la muerte de compatriotas por sólo pensar distinto.

Leer que antes de rematar de 44 tiros a Víctor Jara, el cantaautor fue asesinado por el entonces Teniente Pedro Pablo Barrientos de un disparo en su cabeza es a lo menos indignante. Este oficial está fugado en Estados Unidos, y varios testigos lo inculpan: Barrientos "decidió jugar a la ruleta rusa con Víctor Jara, así que sacó su arma corta, acercándose a éste que estaba de pie, con sus manos en la espalda, ya que estaba esposado, haciendo girar la pistola, poniéndosela en la nuca y disparándole, por lo que cayó al suelo, pidiéndose ayuda por radio y concurriendo de inmediato personal paramédico, quienes lo pusieron en una camilla y se lo llevaron". Textual

Luego ya en el suelo, y boca arriba -lo más probable moribundo-, Víctor Jara es rematado en el piso de 44 disparos. Valientes soldados, que es lo más probable que pedirán indulgencia al Jefe de Estado.

En la primera parte de la sentencia aparecen los criminales, sus rangos con que jubilaron y sus edades. Van desde los 90 años y el más joven hoy tiene 68 años. Y fueron jubilados desde Teniente hasta un Brigadier. Y la mayoria viven en Vitacura y Las Condes y ya debieran haber ingresado a Punta Peuco.

Entre los sentenciados no hay conscriptos. Sólo oficiales. Y 9 de ellos maltrataron y se ensañaron con el artista. Los dedos y las manos fueron fracturados con las culatas de sus fusiles y con un linchaco, arma que usan los karatecas. Incluso, estos militares le pasaron una guitarra a Víctor Jara y le dijeron "canta ahora". Y uno de ellos, un abogado con rango de Coronel, Rolando Melo, encubrió el crimen y a los criminales. Pero 45 años después se conoce la verdad.

Dentro de toda esta maldad, hay rasgos de humanidad: Víctor Jara fue encontrado muerto por pobladores de lo que hoy es la comuna de Lo Espejo, cerca del cementerio Metropolitano donde lo botaron esos militares y fue llevado a la morgue. Alli, arriesgando su vida, un funcionario del Registro Civil, Héctor Herrera, lo reconoce y "guarda" su cadáver entre los más de 300 cuerpos que estaban en la morgue. Y se contacta con Joan Jara, su mujer a quién no conocía. Se juntan secretamente y deciden sacar el cuerpo rápidamente de la morgue. Incluso caminan con el féretro y con un carrito desde la morgue al Cementerio General donde Víctor Jara está sepultado actualmente. Si no es por esta acción, el afamado cantaautor podría estar entre los detenidos desaparecidos.

Extracto: 

138.- Declaraciones extrajudiciales de foja 5093 y 4750, y judicial de foja 4802, de Víctor Federico Lizárraga Arias, en el que el 11 de septiembre de 1973 tenía el grado de Capitán al mando de la Tercera Compañía de Combate del Regimiento Tejas Verdes, siendo enviado como parte de un contingente a Santiago el indicado día a realizar, diversos patrullajes y allanamientos en lugares cercanos al Ministerio de Defensa, alojando en el Diario El Clarín, precisando que se le  encomendó ir con su tropa al sector oriente, donde estuvieron desde el 15 de septiembre hasta el mes de diciembre, y que parte de la fuerzas de Tejas Verdes, la Segunda Compañía, estuvo destinada a custodiar el Estadio Chile;

211.- Declaraciones policiales de foja 4640 y 5081, y judiciales de foja 1345 y 4653, de Jorge Eduardo Smith Gumucio, quien dijo que el 11 de septiembre de 1973, estaba encuadrado en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes como Comandante de una Sección de la Tercera Compañía, y que también comandaban otras Secciones de esa Unidad, el Teniente Pedro Barrientos Núñez, y los Subtenientes Rodrigo Rodríguez Fuschloger y Fernando del Valle, siendo enviados a Santiago, en un contingente bajo las órdenes del Mayor Rodríguez Fainé, llegando a Arsenales de Guerra, y siendo enviado junto a la Compañía del Capitán Lizárraga al sector de Ministerio de Defensa para realizar guardias, y a los pocos días después, efectuó patrullajes en diversos sectores de Santiago, funciones que cumplió hasta el mes de diciembre de 1973, época en que retorna a la Escuela de Ingenieros, precisando que regresó solo y que su Sección se quedó bajo el mando de otro Oficial en Santiago, y que no estuvo en el Estadio Chile, enterándose que al Subteniente Rodríguez Fuschloger con su Sección, le correspondió esa misión los días posteriores al 11 de septiembre, desconociendo las funciones que cumplieron los otros Tenientes del Regimiento Tejas Verdes.

En foja 4656, ratifica sus dichos anteriores, añadiendo que en su calidad de Teniente perteneciente a la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes en septiembre de 1973, no se encontraba encuadrado en ninguna Compañía, ya que reitera, por su calidad de Ayudante del Subdirector, el Comandante López, realizando clases de Táctica y Motores a los alumnos o soldados de la Secretaría de Estudios. El día 11 de septiembre de 1973 fue enviado por el Comandante López, junto a un grupo de soldados, a custodiar un Servicio Público ubicado en San Antonio o Llolleo y que al día siguiente, siguió cumpliendo sus funciones habituales de Ayudantía, siempre bajo las órdenes del Comandante López, que no se trasladó a Santiago. Respecto del armamento que utilizó en esos días, fue una pistola marca STEYR, aun cuando todos los Oficiales tenían además, a cargo, un fusil SIG. Declara desconocer qué Compañías del Batallón se trasladaron a Santiago, pero se acuerda que se habrían quedado en ese período en la Escuela de Ingenieros, los Tenientes Ricardo Soto y Langer; los Capitanes Eugenio Videla y Alejandro Martín, y reitera que no estuvo en Santiago en esa época. Añade, entre los Oficiales que si fueron en estas misiones en los días posteriores al 11 de septiembre de 1973, a los Capitanes Montero y Lizárraga y al Teniente Barrientos, no recuerda si los Tenientes Smith, del Valle y Rodríguez Fushloger viajaron o no a Santiago.

En fallo unánime, la Corte Suprema rechazó recurso de nulidad y confirmó la sentencia que condenó a Víctor Federico Lizárraga Arias a cumplir cinco penas de 41 días de presidio, al pago de cinco multas de $600.000 cada una, y a la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos, como autor de cinco delitos reiterados de cohecho, ilícitos perpetrados en 2007 y 2008.
La sentencia sostiene que en este caso, no se ha acreditado una vulneración sustancial al debido proceso de modo alguno, puesto que el contenido de la formalización permitió poner sobre aviso al acusado y su apoderado del período que sería abarcado por la investigación y durante el cual el Ministerio Público consideraba que se habían girado cheques en favor de Pak Lee, permitiéndoles de ese modo llevar adelante adecuadamente su defensa. Concordantemente, lo que el inciso final del artículo 259 del Código Procesal Penal proscribe es que la acusación se refiera a hechos y personas no incluidos en la formalización de la investigación, defecto que en la especie no se observa como se ha razonado, lo que conduce al rechazo de este primer motivo de esta causal.
Asimismo, el máximo Tribunal estableció que no hubo infracción de ley en la determinación de la sanción a aplicar en el caso. Que frente a tal panorama, entonces, sólo resta determinar cuál precepto debe calificarse como la norma penal más favorable, habiendo acertadamente resuelto la sentencia impugnada que ello correspondía a la primera disposición, dada la menor penalidad asignada al autor, afirma el fallo sobre este punto.
Por último, concluye que no está de más recordar que a la misma solución, por razones análogas, ha arribado esta Corte en la causa Rol N° 4975-04 de 17 de octubre de 2006, frente a la alegación de que el artículo 10 N° 2 letra e) de la Ley N° 19.738 publicada el 19 de junio de 2001, derogó tácitamente el delito de fraude aduanero haciéndolo desaparecer en los términos del artículo 179 letra e) de la Ordenanza de Aduanas. También, así en las sentencias dictadas en las causas Rol N° 5-05 de 28 de septiembre de 2006, Rol N° 1564-06 de 9 de abril de 2007, Rol N° 227-07 de 18 de abril de 2007, Rol N° 2420-08 de 8 de octubre de 2008, Rol N° 8121-08 de 18 de marzo de 2010 y Rol Nº 1308-09 de 7 de diciembre de 2010.

El general retirado Víctor Lizárraga Arias, ex subdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita en el caso del asesinato del coronel Gerardo Huber, en el fallo de primera instancia, según dictaminó el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Claudio Pavez.

Junto con Lizárraga, también fue condenado por los mismos delitos, a ocho años de prisión, el brigadier (r) Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército.

También fueron condenados el ex jefe de logística, general Carlos Krumm, por asociación ilícita, a 541 días de presidio, mientras que el coronel Julio Muñoz, amigo de la víctima y que lo llevó hasta el lugar de su muerte, fue condenado por cómplice de ambos delitos mencionados a 600 días.

Por su parte, el director de la DINE de esa época, el general Eugenio Covarrubias, fue absuelto de todo cargo, mientras los castigados apelarán al tribunal de alzada.

En tanto, el juez Claudio Pavez indicó que "llama la atención que el autor material, pese a toda investigación, no fue posible determinarlo, pero fue posible determinar quienes fueron los autores mediatos de esta situación. 

Antes, la viuda del malogrado coronel, Adriana Poloni, se acercó al tribunal para conocer el dictamen y dijo estar satisfecha con las condenas, pero a su juicio, aún queda por encontrar al autor material del homicidio. "Estamos tranquilos porque son 18 años de espera, pero se ha hecho justicia", dijo.

A su turno, el condenado brigadier Provis se mostró sorprendido por la condena que recibió, pues manifestó que él sólo salió a buscar a Huber después que supo que estaba desaparecido.

"Esa es toda mi participación, estamos todos locos en este país. Confío en la justicia, vine a las dos instancias y las voy aprovechar", añadió.

Antecedentes del caso

El militar desapareció en enero de 1992 y su cadáver apareció el 20 de febrero en un montículo en el río Maipo, con el cráneo mostrando un impacto de bala a larga distancia.

Según la investigación, Huber fue llevado bajo engaño desde una vivienda en San Alfonso -donde permanecía escondido- hasta en el sector de La Obra del río Maipo, en donde francotiradores dispararon a larga distancia un tiro a su cabeza.

En esos momentos, el coronel se preparaba a prestar declaración al juez Hernán Correa de la Cerda por el caso de tráfico de armas a Croacia, ocurrido durante el conflicto de los Balcanes y que involucraba a altos funcionarios.