Lillo Merodio Nelson Byron Víctor

“Yo torturé y maté a tu hijo” 
(Nelson Lillo, 5 de Agosto de 1975)

“Mi hermano, Raúl Jaime Olivares Jorquera, era militante del Partido Socialista e integrante del Grupo de Seguridad del Presidente Salvador Allende (GAP) a la fecha del golpe.

Hasta el 11 de septiembre de 1973 trabajaba en el Departamento de Ejecución de la Corporación de la Vivienda (CORVI), de donde fue inmediatamente despedido por su militancia política.

A consecuencia de ello, mi hermano se vio obligado a trabajar utilizando un jeep marca Land Rover de su propiedad, el cual arrendaba a la Compañía Minera Disputada de las Condes, prestando servicios de transporte para el casino”.“El 1 de agosto de 1975, 

Raúl Jaime Olivares Jorquera fue detenido junto a José Hernández Manzano en el cine California. Mi hermano murió ese mismo día a los 27 años de edad, como resultado de la brutal y despiadada tortura de que fue objeto”.

Georgina Jorquera, la madre de Jaime, desecha por la muerte de su hijo, se armó de entereza y fue hasta el Cuartel de Investigaciones de la calle Zañartu, en Ñuñoa, a efectos de dejar constancia de la propiedad de su hijo sobre diversos bienes que los efectivos policiales con?scaron, entre ellos un jeep de marca Land Rover que Jaime arrendaba a la Compañía Minera Disputada de Las Condes.

Enviada a hablar con el detective Nelson Lillo Merodio en la actualidad Subprefecto en Retiro de la Policía de Investigaciones- éste la atendió en forma prepotente y grosera, gritándole: “yo torturé y maté a tu hijo”

Impactada, Georgina no supo qué responder y salió llorando de ese recinto policial.

Luis Gubler Herrera

El hijo mayor de Luis Gubler Díaz -el empresario que alguna vez fue detenido y luego liberado en el caso de los Psicópatas de Viña- nunca había querido referirse a los hechos que remecieron a su familia en 1982. Ni en privado ni en público. Pero tras ver un documental que volvía sobre la culpabilidad de su padre, decidió romper el pacto de silencio que mantuvo durante 31 años. Esta es su verdad.  

 Antes de ponerse a hablar, antes siquiera de sentarse, Luis Eugenio Gubler Herrera, 45 años, ingeniero comercial, dueño de una empresa de software, revuelve los papeles esparcidos sobre la mesa, levanta un par de cuadernos, busca con la mirada a izquierda y derecha y se palpa los bolsillos buscando un lápiz, como si de ello dependiera su decisión de escarbar y remover sus recuerdos.-Yo hablo dibujando -se disculpa cuando al fin tiene un bic en sus manos-.

Piensa que yo recién puedo hablar de esto 31 años después. Recién me siento con la capacidad emocional de emprender este camino. No porque no se me hubiera ocurrido, sino porque en mi familia estábamos todos quebrados emocionalmente. En adelante, mientras vaya contando su historia, jugará con el lápiz, lo tapará y destapará, hará líneas sueltas en un papel, se afirmará en él, lo dejará y lo volverá a tomar.

Si una cámara solo enfocara sus manos, revelaría a una persona nerviosa, incómoda con esta situación, como si quisiera arrancar. Pero si así fuera, no sería extraño.

Desde que en 1982, cuando su padre Luis Gubler Díaz fuera detenido y acusado de ser el psicópata de Viña del Mar, su vida cambió para siempre, y nunca, ni entonces, ni después, ni cuando la justicia lo liberó por falta de méritos, ni cuando se determinó que los culpables eran otros, ni cuando la gente sospechaba y rumoreaba y hablaba y especulaba, ni cuando años después se seguía recordando el caso en programas de TV, ni cuando se continuaba nombrando a su familia, ni menos cuando murió su padre en 2005, nunca Luis Gubler hijo dijo nada públicamente. Ni siquiera en privado, como si eso, no mencionarlo, no hablarlo con nadie, mantener un tácito pacto de silencio durante tantos años, aclarara y sepultara de una vez el capítulo más duro de la familia Gubler.

Pero para él, el mayor de tres hermanos, todos sus recuerdos, los que vivió y los que no quiso vivir, comenzaron a buscar una salida a mediados del año pasado, cuando se animó a ver el documental Pena de muerte, de Tevo Díaz, que ganó el Festival de Cine de Viña del Mar en 2012, y donde Nelson Lillo Merodio, el ex detective que encabezó la investigación del caso, insiste en su teoría de la culpabilidad de Luis Gubler Díaz.-Ahí dije basta, no más, no puedo, se acabó.

El caso de los Psicópatas de Viña, uno de los más importantes de la historia criminal chilena, terminó con 10 asesinatos y cuatro violaciones entre 1980 y 1982 (ver recuadro en página siguiente). Remeció no solo al país, sino que a la familia Gubler, conocida y respetada en la Quinta Región. Luis Gubler Díaz era director del Banco Nacional y empresario de la construcción. Su padre era presidente de la Compañía Sudamericana de Vapores. Y su suegro había sido alcalde de Viña. 

En esa época Luis Gubler Herrera tenía 13 años y un futuro prácticamente asegurado. Era alumno del Colegio Mackay, pero los primeros meses de 1982, mientras Carabineros e Investigaciones no lograban resolver la serie de crímenes y el gobierno presionaba por resultados y la prensa publicaba detalles todos los días y la gente ya no salía de sus casas, el niño no sabía que el mundo, tal como lo conocía, estaba a dos segundos de desaparecer.

-Yo tengo una nebulosa por lo fuerte de algunas situaciones. Muchas imágenes se me quedaron grabadas y otras las he descubierto recientemente. Pero el primer recuerdo que tengo del caso es en mi casa, durante el allanamiento que hace Investigaciones. Mi papá no había llegado hace dos o tres días. Estaba detenido, pero yo no lo sabía. Mi familia no me contaba para protegerme, pero obviamente yo leía y percibía que algo ocurría. Como mi papá no llegaba, mi mamá interpuso un recurso de amparo a favor de él, cosa que vine a saber ahora."El nivel de tensión en mi casa esos días era brutal. Entonces mi abuelo materno abre la puerta y le pide al policía la orden de allanamiento, pero este señor, con sus dos brazos, le da un empujón y lo tira al piso. En esa época mi abuelo tenía un cáncer terminal, estaba muy flaco, no estaba en condiciones físicas para imponerse ni defenderse. Ese policía era Nelson Lillo. Fue la primera y única vez que lo vi, pero esa imagen no se me ha olvidado nunca."Mi papá había sido detenido de una forma bastante peculiar. Nosotros decimos que fue secuestrado, porque no hubo una orden de los tribunales, sino que un decreto exento emitido por el Ministerio del Interior, que se usaba para casos políticos y que se firmó posterior a la detención de mi padre y horas después del asesinato de Tucapel Jiménez.

"Tras su detención, lo primero que hizo Investigaciones fue torturarlo por cinco días seguidos. Sufrió simulacro de ajusticiamiento, estuvo colgado en barras, le aplicaron electricidad. Todo está en el expediente.

"Tras el allanamiento, a mi madre se la llevaron sin orden de ningún tipo, solo invocando este decreto exento. La trasladaron hasta un cuartel. Estuvo ocho horas allí. Las primeras tres horas la dejaron sola en una sala. En una situación así, no sabes qué viene, qué te van a hacer. Ella es pintora y me cuenta que para bajar su nerviosismo comenzó a concentrarse en la luz que se filtraba por la persiana. Después dice que llegó Lillo y la interrogó, tratando de que firmara un documento que inculpaba a mi padre, cosa que ella no hizo. Dice que Lillo la presionó y que incluso la amenazó. Tengo la gran suerte de que tanto mi madre como mi padre eran personas muy fuertes y no se dejaron avasallar".

Pasaron tres décadas para que Luis Gubler Herrera, ahí, en su departamento, sentado frente al televisor, viendo el documental, volviera a ver a Lillo. Gubler Herrera es egresado de la PUC, con un MBA en finanzas de la UCLA, elegido como mejor analista de telecomunicaciones de Latinoamérica por las revistas Latin Finance y Global Finance.

Creó el portal financiero Latinvestor.com, cuya propiedad la adquirió una revista en 2000. También trabajó como asesor del Banco Mundial en África, con sede en Johannesburgo. Hoy es dueño de Movilaris, una empresa de software.

-Es difícil de creer, pero dejé de ver televisión chilena hace 31 años por el trauma que fue ver lo que vi cuando tenía 13. Por eso, a mí me hablan de las noticias, de tal programa, de tal telenovela, y no sé, estoy completamente desconectado.

Dejé de ver, porque al principio me llevaba muchos malos ratos, hasta que llegó un momento, en el período más álgido del 82, en que decidí no ver más. Las pocas veces que he puesto TV chilena ha sido para un partido de la selección nacional.

Obviamente sé que no hay programas sobre el caso todo el tiempo, pero ha sido por tranquilidad mental. Tal vez hoy no suene tan lógico, pero fue algo con lo que quedé.-¿Por qué vio ese documental, entonces?-Fue muy fuerte.

No haber visto nada y de repente ¡paf!… Lo que me motivó fue que era un documental hecho después de que mi padre ya había fallecido. Me avisó un tío de Viña que lo había visto. Yo decía: ¡cómo siguen injuriando a mi padre! Mi tío quería que demandara, pero el problema con demandar es que es un desgaste emocional gigantesco. Nosotros no hemos tomado acciones legales contra medios desde 1982 por eso mismo, no porque estemos de acuerdo con muchas cosas que se dicen.-Pero, en cambio, demandó a Nelson Lillo.

Hay que decir que Gubler Herrera, a través de los abogados Álvaro Varela y Héctor Salazar, interpuso hace dos semanas una demanda de indemnización por daño moral en contra del ex comisario de Investigaciones ante el 20° Juzgado Civil de Santiago.-Y estoy contento por haberlo hecho -dice-. Cuando vi el documental, mi principal sentimiento fue de injusticia. ¡Cómo esta persona puede aparecer diciendo cosas que claramente no son verdad! Mi primera reacción fue crear una carpeta en internet donde escribí que no entendía por qué mi familia no tenía derecho a la honra en Chile.

Luego empecé a buscar información sobre Lillo, a leer sobre él, a investigarlo. No tenía claro lo que tenía que hacer, pero sí sabía que no podía seguir evadiendo el tema. Nunca he conversado sobre el caso con mis amigos, solo con un par de pololas. Ni siquiera con mis amigos más íntimos. Ellos no me han tocado el tema por respeto, no porque no lo conozcan. Y eso se los agradezco mucho. Mientras habla, Gubler despeja los documentos que tiene sobre la mesa, y de una carpeta plástica saca con cuidado, como si fuera un papel a punto de hacerse polvo, un recorte del diario Fortín Mapocho del 2 de diciembre de 1985.

-Mi tío lo tenía guardado y me lo pasó. Ha sido clave para mí. Bajo el título "Jefes de investigaciones involucrados en el caso Covema", se menciona a Lillo como una de las cabezas del Comando Vengadores de Mártires (Covema), implicado en el secuestro y asesinato del periodista Eduardo Jara en 1980.

Dice que cuando lo leyó, su sensación de injusticia aumentó, pero reconoce que se sintió más acompañado. En adelante, contactó a Cecilia Alzamora, ex pareja de Jara, y buscó por internet otros casos que mencionaran al ex detective. Encontró cuatro denuncias más: tortura y asesinato de Jaime Olivares (caso incluido en el Informe Rettig, con una querella contra quienes resulten responsables), torturas a Marcel Carrasco y a Elba Blamey, entonces menor de edad, hermana de una miembro del MIR (ambos casos incorporados en la Comisión Valech, cada uno con una querella presentada en 2001 contra quienes resulten responsables), y montaje para encubrir el asesinato de Luis Colombo en 1970 (caso prescrito, pero con una demanda contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de DD.HH y una reciente querella contra Nelson Lillo y quienes resulten responsables).

El caso Covema, en tanto, que forma parte del Informe Rettig, fue reabierto y está a cargo del ministro Mario Carroza.-Pero Lillo no ha sido procesado por ningún caso de derechos humanos.-No, ha pasado colado. Por eso contacté a las víctimas o sus familiares, porque para ellos y para mí es una injusticia muy grande. Los llamé porque mi idea fue hacer un documental y todos quisieron participar.

Ellos querían dar su testimonio, pero hasta ese momento nadie los escuchaba. En la pantalla de su computador muestra el trailer del documental. Lo dirige Alfredo Silva. Dice que hay 25 horas de grabación para editar

.-¿Considera que su padre fue víctima de violación a los derechos humanos en la dictadura?-Absolutamente.-

¿Qué espera de Lillo?-Para mí esto, el documental, la demanda, es una forma de hacer justicia. No me interesa la plata, sino que la gente sepa quién es. Después de que todo ocurriera, de que su padre fuera detenido y luego liberado por falta de pruebas, Luis Gubler Herrera estuvo en terapia durante dos años para enfrentar lo que posiblemente iba a venir. Ese inicio de 1982 recuerda haber entrado a octavo básico más tarde que el resto de sus compañeros. Debe haber sido en abril, dice, y el rector del Mackay aprovechó su ausencia para citar a una asamblea a todo el colegio y explicarles el caso.-Todo esto lo supe después. El rector les pidió a todos que tuvieran humanidad conmigo.-

¿No sufrió bullying en esa época por la situación de su padre? -En el colegio no, lo que siempre voy a agradecer, pero afuera sí. En la calle, en las tiendas. Mi casa fue apedreada varias veces y había gente afuera esperando a que saliéramos para insultarnos… Vivir en Viña no era bueno.-Se vinieron para Santiago.-Sí, al año siguiente.

-¿La situación mejoró?-Sí. Entré al Grange en primero medio, pero ahí fue diferente. Nadie me conocía, no tenía amigos, no se justificaba que el rector pidiera que tuvieran humanidad conmigo, por lo tanto allí hubo más bullying, no de mis compañeros de curso, sino que principalmente de los alumnos mayores. Con los de mi generación hice buenos amigos y tengo un cariñoso recuerdo de ellos. Pero los más grandes decían cosas.-

¿Cómo lo enfrentaba?-No sé cómo describirlo…A veces, Gubler detiene una frase a medias, se queda pegado en una vocal por varios segundos, vuelve sobre lo mismo, se enreda, pide disculpas, dice que está nervioso, pregunta en qué iba y sigue:-No fue un período fácil de mi vida.. Los niños son crueles. Pero después, en la universidad, cambió todo radicalmente, no recuerdo ni siquiera un episodio de bullying. Allí renací.-Se dijo que su padre había abandonado Chile tras el caso.-Mi padre nunca vivió fuera de Chile después del caso. Mi padre se refugió y vivió para su familia, sus hijos, su señora, sus hermanos, sus sobrinos, todos los cuales vivíamos en Chile.-Posteriormente sus padres se separaron.

¿Cómo vivió ese proceso?-Fue una separación amistosa, donde mantuvieron una muy buena relación; mi madre ha sido siempre una de las grandes defensoras de la inocencia de mi padre, cosa que a muchas personas les ha llamado la atención. Ambos se volvieron a casar. Mi padre tuvo un tercer hijo en su segundo matrimonio, que hoy tiene 20 años.-Su padre pudo rehacer su vida, entonces.-Sí. Lamentablemente murió muy joven, de un cáncer al pulmón. Era fumador, pero había dejado el cigarro cinco años antes. Algo de eso le pasó la cuenta, aunque mi impresión es que fue consecuencia de lo que tuvo que vivir. Yo no hubiera podido soportar todo por lo que él tuvo que pasar. Cuando fue torturado era menor de lo que yo soy ahora. Y lo que vino después de su detención fue peor que la detención misma

.-¿Cree que la gente aún asocia el caso de los psicópatas de Viña con su padre?-No sé, habría que preguntárselo a la gente. Porque, como te digo, este es un tema que yo he tratado de obviar. Mi familia no lo ha hablado desde que ocurrió, por lo tanto le hemos dejado el micrófono a Lillo, así que no es de extrañar que la versión de él se haya mantenido en el tiempo.

-¿Su padre le contó alguna vez por lo que pasó?-No, él siempre nos protegió. Del tema de la tortura nunca nos habló. Recuerdo que él volvió con la mano inmovilizada. Yo le pregunté y no me contó ningún detalle. Pero yo leía diarios. Incluso en una entrevista que leí ese tiempo, mi papá decía, "mira, no quiero entrar en más detalles, porque no quiero que mis hijos lean esto". Pero los detalles están en el expediente del caso y eso lo leí ahora en el archivo judicial de Viña y Valparaíso. Son 3 mil 500 páginas muy fuertes. Cada 100 páginas paraba y quedaba inhabilitado de seguir leyendo por un día más. Le dedicaba dos horas al día en la mañana, porque si lo leía de noche me costaba mucho dormir. La parte más difícil de leer fue esa donde mi padre describe las torturas: nunca me imaginé que hubieran sido con tal grado de brutalidad. Leer el detalle literalmente me enfermó. Pero tenía la intención de terminar de leerlo.

-Con todo lo que pasó, ¿qué es lo que más recuerda de su padre?-A ver… antes de que ocurriera todo, y después, tuve una muy linda relación con él. Mi papá siempre estuvo ahí para mí. La fortaleza de mi papá nos ayudó a salir adelante. Chuta, si a él le pasó todo esto y sigue en pie, yo, que no me ha pasado nada, tengo que hacer lo mismo. Fue un ejemplo para mí. No me imagino cómo pudo salir adelante, con lo fuerte que fue todo. Pero lo hizo. Sé que siempre, siempre, siempre voy a contar con él, a cualquier hora, por cualquier tema, en cualquier situación. La entereza de mi papá fue la razón para que yo y mi hermana pudiéramos entrar a un buen colegio, ir a la universidad, sacar una carrera y que esto nos dañara lo menos posible. Porque si hubiéramos tenido un papá destruido, en la cama, no habríamos ido ni al colegio. Él nos protegió. De hecho, a través de un amigo suyo, me enteré hace poco de algo que yo no sabía: que Laura Soto, la ex diputada, vino a Santiago y armó una funa fuera de la oficina de mi padre. Le gritaron psicópata… Lo que vivió mi papá no tiene nombre. Cada tanto, Gubler se para, desaparece del living, sigue hablando desde otra pieza y regresa con otro documento, otro libro u otra foto para respaldar lo que va diciendo.-Desde que empecé con este tema no he parado. No ha habido un día en este último año en que no haya estado trabajando por esto, investigando, reuniéndome con los abogados, leyendo los expedientes, haciendo el documental.

-¿Cómo ha vivido el resto de su familia?-Lo que nos salvó fue tener una familia unida, pero el caso nos quebró emocionalmente a todos. A mis tíos, a mi padre, a mi madre, a mi hermana, a mí, a todos.

-¿Por qué nunca hablaron antes públicamente?-Si la justicia liberó a mi padre de todo cargo y lo declaró inocente, si después determinó que los verdaderos culpables eran Sagredo y Topp Collins, si mi padre ganó una querella por la publicación de noticias incorrectas, qué más íbamos a hacer. Nosotros pensamos que todo eso iba a ayudar a establecer la verdad. Pero vi el documental y dije, no más. Ni por este ni por ningún otro documental, serie o teleserie. Lo dice porque hay otra preocupación que le ronda: la serie nocturna que prepara Canal 13, Secretos en el jardín, basada en el caso Psicópatas. Ha leído entrevistas a los actores, tiene algunas recortadas sobre la mesa y levanta la voz cuando dice que Francisco Pérez-Bannen hará del comisario Lillo.

-No sé el tenor del guión. Pero ya puedo imaginarme si está ese personaje considerado. Gubler ahora intentará comunicarse con ellos y contarles su verdad.-

¿Lo deja más tranquilo todo lo que está haciendo? Hay tantos segundos de silencio que le siguen a la pregunta, que parece que Gubler hubiera decidido no responder.

-Absolutamente -dice al fin-. Estaba buscando una palabra más fuerte que absolutamente. En términos emocionales ha sido muy, muy fuerte, aunque también es una catarsis. Y ver cómo gente se ha sumado al documental y a la demanda, gente que se ha dado cuenta de la injusticia que se cometió en el caso de mi padre… Ha sido duro, pero una terapia para mí. La única forma para que deje de hacer esto es que me maten. "Nunca he conversado sobre el caso ni con mis amigos más íntimos.

Ellos no me han tocado el tema por respeto, no porque no lo conozcan" "Es difícil de creer, pero dejé de ver televisión chilena hace 31 años por el trauma que fue ver lo que vi cuando tenía 13" "Yo no hubiera podido soportar todo por lo que él tuvo que pasar. Y lo que vino después de su detención fue peor que la detención misma" Pena de muerte La madrugada del 29 de enero de 1985, un pelotón de 16 fusileros ingresó hasta la cancha de la cárcel de Quillota y ejecutó a Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Topp Collins, los "psicópatas de Viña del Mar".

Ambos ex carabineros fueron encontrados culpables por el asesinato de 10 personas y la violación de cuatro mujeres entre 1980 y 1982. Los crímenes sembraron el pánico entre los habitantes de Viña, acabó con la vida nocturna en la ciudad, bajó el turismo y hasta afectó al Festival de la Canción.

Tras ser detenidos, Sagredo y Topp Collins confesaron, aunque este último se retractó posteriormente. Un día antes de la ejecución, el indulto presidencial fue rechazado por Augusto Pinochet. Fue la última vez que se aplicó la pena de muerte en Chile, antes de ser derogada en 2001.

Policía retirado insiste en acusarlo de crímenes.  
Una demanda de indemnización por daño moral en contra del ex comisario de Investigaciones Nelson Lillo Merodio, interpuso ayer ante el 20° Juzgado Civil de Santiago Luis Gubler Herrera, hijo del fallecido empresario Luis Eugenio Gubler Díaz, quien fuera erróneamente sindicado como autor de una seguidilla de crímenes ocurridos a comienzos de los 80 en Viña del Mar, caso conocido como "Sicópatas de Viña".

Finalmente, los culpables, que fueron arrestados, procesados, condenados a muerte y fusilados, resultaron ser los ex carabineros Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Topp Collins, quienes fueron capturados por funcionarios de OS-7 de la institución y puestos a disposición de los tribunales.

Luego de comprobarse el fracaso de la investigación, Lillo Merodio, que encabezó un grupo especial destinado por Investigaciones para indagar estos hechos, se retiró de la policía civil. El entonces director general, Fernando Paredes, hizo una crítica interna a través de la revista institucional, convocando a sus integrantes a que "comprendan la trascendencia de sus actuaciones y lo delicado de su deficiencia", según escribió.

Sin embargo, el abogado Héctor Salazar, patrocinante de la demanda junto al abogado Álvaro Varela, explicó que se decidió acudir a esta instancia porque el ex policía dio declaraciones a un documental de cine insistiendo en su teoría de la culpabilidad de Luis Gubler, en circunstancias que ningún juez de la época avaló esa afirmación.

Además, Lillo estaría asesorando a un canal de televisión en la realización de una teleserie que abordaría el caso y temen que dicha teoría, "que probadamente, y en todas las instancias judiciales, se confirmó que era falsa", dijo el abogado, se repita en el libreto del programa televisivo.

"Luis Gubler Díaz fue secuestrado por este policía, fue torturado, fue acusado falsamente de ser autor de una serie de asesinatos. Y los tribunales confirmaron que él no tenía nada que ver en este tema", dijo. Pero, sin embargo, quedó el estigma sobre él y su familia con relación a una supuesta culpabilidad, que hoy revive Nelson Lillo con estas nuevas declaraciones, dijo el abogado. La demanda es por $200 millones, "pero lo central no es la indemnización, sino que este señor sea condenado", dijo.

FALLECIDO Luis Eugenio Gubler Díaz falleció el 25 de abril de 2005, a los 65 años de edad. 

El ministro en visita Mario Carroza dictó procesamiento en contra de 11 integrantes de la Policía de Investigaciones -en retiro-  por el homicidio calificado del estudiante de periodismo José Eduardo Jara Aravena en el denominado "Caso Covema".

El magistrado encausó a Erick Concha Arias, Manuel Hernández Fernández, Domingo Pinto Arratia, Mario Escárate Escárate, Eduardo Rodríguez Zamora, Gabriel Bravo Serrá, Jaime Cifuentes del Campo, David Mesa Fuentes, Wilfredo Indo Etchegaray, Juana Moreno Arellano y Nelson Lillo Merodio como autores del homicidio perpetrado el 2 de agosto de 1980.

La investigación hasta ahora  logró determinar que: "A raíz de la muerte del director de Inteligencia del Ejército, teniente coronel Roger Vergara Campos, evento ocurrido en la mañana del 15 de julio de 1980, en Avda. Manuel Montt de la comuna de Ñuñoa, el Segundo Juzgado Militar de Santiago ordenó una investigación a objeto de dar con el paradero de o los responsables de ese hecho, para lo cual se designa en su cumplimiento a la Policía de Investigaciones, quienes conformaron un equipo, con la aprobación del alto mando de la institución, para encargarse formalmente de la investigación".

"Paralelamente –continúa la resolución- a ese grupo de funcionarios, la Brigada de Homicidios, Brigada de Asaltos y otras unidades de la misma institución, conformaron otro dispositivo, para dar con el paradero de los autores del crimen del teniente coronel, quienes se autodenominaron "Covema" "Comando de Vengadores Mártires"; bajo el mando de los comisarios de la Brigada de Homicidio y Asalto, José Laureano Opazo (fallecido) y Nelson Byron Víctor Lillo Merodio e integrado por los funcionarios de la Brigada de Homicidios Erick Antonio Concha Arias, Manuel Segundo Hernández Fernández, Domingo Acricio Pinto Arratia, Mario Wilfredo Escárate Escárate, Jaime Rodrigo Cifuentes del Campo y David Igal Mesa Fuentes; los funcionarios de la Brigada de Asaltos Eduardo Segundo Rodríguez Zamora, Gabriel Antonio Bravo Serrá, Wilfredo Manuel Indo Etchegaray; y la funcionaria de la  Brigada de Delitos Económicos, Juana del Carmen Moreno Arellano, y éstos procedieron a realizar acciones enmarcadas a dicho objetivo, como averiguaciones, recopilación de datos, interrogatorios y detención de personas, sin contar para ello con la autorización judicial correspondiente"
 

"En este contexto  -agrega además el procesamiento- , al mediodía del 23 de julio de 1980,  José Jara Aravena, en compañía de Cecilia Alzamora Vejares, se trasladaban al interior de un taxi colectivo por Avda. Eliodoro Yáñez con Los Leones de la comuna de Providencia, momentos en que una camioneta se cruza en su camino y desde ella, descienden un grupo de hombres vestidos de civil, armados, quienes proceden a detenerles, ante la presencia del conductor y pasajeros del taxi colectivo, luego los suben a una camioneta, les vendan la vista y los trasladan hasta el Cuartel Borgoño, luego a una casa de seguridad ubicada en calle Obispo Orrego Nº 241 de Ñuñoa, en ese entonces perteneciente a Investigaciones de Chile, donde en cautiverio son interrogados, golpeados y consultados acercad de sus actividades políticas, en especial a Eduardo Jara, a quien mientras se le somete a los interrogatorios era duramente golpeado, hecho que fue constatado por su amiga Cecilia, quien escuchaba sus lamentos, quejidos y súplicas que este efectuaba a sus captores para que se detuvieran y lo auxiliaran finalmente (…)  finalmente el 2 de agosto de 1980, cerca de las 04:45 horas, Alzamora  Vejares y José Eduardo Jara Aravena, son retirados del lugar con su vista vendada por un grupo de funcionarios y subidos a un vehículo conducido por el funcionario Wilfredo Manuel  Indo Etchegaray, y llevados a un sitio eriazo del sector alto de la comuna de La Reina, donde son liberados, instante en que Cecilia Alzamora al quitarse la venda de los ojos observa la deplorable condición de salud en la cual se encontraba su amigo José Jara, y ambos logran llegar por sus propios medios, hasta un domicilio del sector con el fin de solicitar que sus moradores llamaran una ambulancia, la que finalmente los traslada hasta la Posta 4.  En el centro asistencial, el médico de turno constata la muerte de José Jara Aravena, acaecida a las 08:15 horas de ese día 2 de agosto de 1980".

“Esto es 100% ficción. Del caso real de los psicópatas y de las personas reales no tomamos nada”, señaló Matías Ovalle, productor de la nueva serie nocturna ‘Secretos en el Jardín’ que será estrenada hoy por la estación de Luksic y se afirma publicitariamente en uno de los casos más impactantes de la década de los 80. Pero la explicación no parece haber sido suficiente para las víctimas del ex detective de la PDI Nelson Lillo Merodio, en cuya figura se inspira el personaje principal de ‘Ramiro Opazo’ interpretado por Francisco Pérez-Bannen, un miembro “destacado de la policía” que resalta “por su profesionalismo, cumpliendo con rectitud y rigor los trabajos que toma”, según describe una reseña del sitio web de Canal 13. Sin embargo, la verdad es muy distinta. Por de pronto, Lillo formó parte del COVEMA, una agrupación clandestina que asesinó al estudiante de periodismo, Eduardo Jara, entre otros.

En la década de los ochenta, Lillo estuvo a cargo de investigar el polémico caso de los “psicópatas de Viña del Mar” que es llevado ahora a la televisión. Su carrera policial terminó en 1983 cuando fue expulsado de la institución a la luz de un sumario interno.

Entre sus crímenes se cuenta haber conformado junto al entonces jefe de la Brigada de Homicidios, José Opazo, el clandestino Comando de Vengadores Mártires (COVEMA), grupo que asesinó al estudiante de periodismo Eduardo Jara y secuestró a más de 14 personas en 1980. La Comisión Rettig llegó a la convicción de que Jara falleció producto de las torturas que recibió durante su secuestro.

El prontuario imputado a este policía también incluye el asesinato, a sangre fría, del militante socialista y miembro del Grupo de Seguridad de Salvador Allende (GAP), Raúl Olivares Jorquera.

“Yo torture y maté a tu hijo”, habría confesado Lillo a la madre de Raúl, Georgina Jorquera, el 5 de agosto de 1975.

Lillo es además sindicado como “uno de los gestores del complot” para encubrir el crimen del comisario de la PDI Luis Colombo Morales, hecho acaecido en 1970 y que se mantiene en la impunidad caratulado como un ‘suicidio’.

En dicha oportunidad, el retirado subprefecto de la Brigada Antipsicópatas fue el primero en llegar al sitio del suceso.

Según ha expresado Milton Colombo, autor del libro ‘Mis investigaciones contra la mafia’ e hijo del funcionario asesinado, Lillo formaría parte de una red de encubrimiento que protege los negocios sucios del Alto Mando de la PDI, en concomitancia con jueces y miembros de la masonería.

Por este caso ya se encuentra en avance una demanda contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La impunidad de Lillo se entrelaza con la del actual subdirector de la PDI, Juan Baeza Maturana, conocido por haber integrado un grupo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que secuestró a cuatro estudiantes desde un vehículo diplomático de Holanda, en septiembre de 1986.

Baeza tampoco ha respondido por sus vínculos con un narcotraficante apodado El Condorito”, a quien prestaba protección siendo jefe de la Comisaría Investigadora de Asaltos de San Miguel (CINA) en la década de los noventa.

 Nelson Lillo Merodio, Comisario de la Policía de Investigaciones, encabezó la Brigada Móvil en 1976, pasó a la Brigada de Asaltos en 1978 y asume como Comisario de La Florida desde 1980.

Participa de las torturas en contra del ex dirigente sindical y militante del Partido Socialista Marcel Carrasco Valdivia, reconoce frente a la madre del integrante del GAP Raúl Jaime Olivares que había participado en su tortura y asesinato, así mismo encabeza las torturas contra Elba Blamey Vásquez, en ese momento menor de edad, interrogándola sobre su hermano dirigente del MIR.

Fue condenado por el ministro Mario Carroza por la aplicación de torturas en contra de Cecilia Alzamora Véjares y las torturas y asesinato de José Eduardo Jara Aravena en el denominado Caso COVEMA.

El Comando Vengadores de Mártires, surge desde la Policía de Investigaciones en 1980 publicando un inserto en el diario La Segunda, donde señalan “Señores, ante la incapacidad de las fuerzas de seguridad y de policía, con esta fecha hemos formado el “Comando Vengadores de Mártires” (Covema). Asumimos las responsabilidades que ustedes y la sociedad han eludido”.

El 23 de julio de 1980, Eduardo Jara y Cecilia Alzamora se trasladaban en un taxi hacia la casa central de la Universidad Católica cuando fueron interceptados en Eliodoro Yáñez con Los Leones por un grupo de civiles armados, quienes los obligaron a subirse a una camioneta. Fueron trasladados vendados hasta el Cuartel Borgoño y luego a una casa de seguridad de la Investigaciones, ubicada en calle Obispo Orrego N°241, Ñuñoa.

Nelson Lillo encabezó las sesiones de tortura a las que fueron sometidos durante más de una semana, para ser luego tirados en un sitio eriazo de la comuna de La Reina. Cecilia Alzamora lograría sobrevivir a diferencia de Eduardo Jara, que terminaría muerto.

Lillo Merodio fue dado de baja de Investigaciones tras su mala conducción del caso de los Psicópatas de Viña.

Por Comisión Funa

Desde hace más de 20 años que la Comisión Funa busca a violadores de derechos humanos en libertad para hacer lo evidente: funarlos. Van a sus casas, a sus trabajos, y empapelan con información todo y a todos los que se les atraviesen. Aquí una crónica de la primera acción de septiembre, mes en que se cumplen 45 años del golpe de Estado.

La Comisión se instaló frente a la casa del torturador. Con dos megáfonos gritaron: Nelson Lillo Merodio, torturador Covema; vive en John Jackson, La Reina; si no hay justicia, hay funa.

Luego, con la misma intensidad siguieron con los antecedentes: Lillo fue Comisario de Investigaciones, encabezó la Brigada Móvil en 1976, pasó a la Brigada de Asaltos en 1978; y asumió como Comisario de La Florida en 1980; participó de las torturas contra el ex dirigente sindical y militante del Partido Socialista, Marcel Carrasco; reconoció frente a la madre del integrante del GAP, Raúl Jaime Olivares, que había participado en la tortura y asesinato de su hijo; encabezó las torturas contra Elba Blamey Vásquez, en ese momento menor de edad; fue condenado por el ministro Mario Carroza a 541 días de presidio menor por la aplicación de torturas en contra de Cecilia Alzamora Véjares; y a cinco años y un día de presidio mayor por el asesinato de José Eduardo Jara Aravena; ambos interceptados por un grupo de civiles armados, que los llevaron, primero, hasta el Cuartel Borgoño, y después a una casa de seguridad en Ñuñoa; espera segunda instancia del proceso judicial en libertad; fue dado de baja de la PDI por su ineficiencia en el caso conocido como los “psicópatas de Viña” (1980).

Pero antes que la funa tomara lugar, Juan Saravia se subió a “El Soviet” (como le llama al destartalado Opel rojo que maneja) para hacer un recorrido de reconocimiento.

Aún no eran las 11:30 del domingo cuando se alejó del la estación de metro Príncipe de Gales, en La Reina, donde comenzaba a tomar forma la “Comisión Funa” de la jornada: el grupo de personas que desde hace más o menos 20 años van a las casas u oficinas de quienes violaron derechos humanos en dictadura y que hoy están libres o esperando procesos judiciales. El objetivo es que el barrio sepa qué hizo el vecino al que la comisión apunta.

Saravia, vocero del grupo, era de los pocos que sabían del funado. Tratan de trabajar así, sin que se mencione siquiera el nombre por teléfono, al menos hasta que comiencen a caminar hacia el lugar. Hacerlo sería poner en riesgo a los convocados (familias enteras, jóvenes, niños, adultos mayores). Pero Juan conocía el nombre, el RUT, lo que el sujeto había hecho en dictadura, y la dirección donde hoy vive. Fueron, por lo bajo, dos años de investigación, y dos meses de estudio de sus hábitos. Sabiendo eso, se subió a su auto y manejó por Tobalaba hacia el oriente, dobló a la izquierda por La Cañada, y siguió por Ramón Laval hasta Príncipe de Gales, que los domingos funciona como Ciclorecreovia. Y allí, mientras esperaba la luz verde para avanzar, vio cómo del portón en calle John Jackson, salía una camioneta gris.

-Ahí está. ¡Ahí está!, toma, graba con el teléfono -dijo Saravia inquieto, a la vez que sacaba su celular del bolsillo-. ¡Grábalo, grábalo! -repitió extasiado.

Avanzó lento. Pudo verlo desde atrás: pelo gris y corto. En el asiento del pasajero, una mujer. En la curva obligada de Jack Johnson, Saravia giró en U, mientras la camioneta gris lo adelantaba hacia el oriente.

-No importa si no está en su casa -dijo Juan Saravia después-: nosotros queremos que sepan del asesino que está en el barrio.

Volvió rápido hasta estación Príncipe de Gales. Bajó del auto, le contó a unos pocos lo que había visto, mencionó que alcanzó a grabarlo, y esperó hasta 12:02 para subir a una banca y dar agradecimientos a los asistentes, al Colectivo La Mecha (comparsa de vientos y percusiones); y las medidas de seguridad.

Contaron 105 personas. Todas escucharon, primero a Saravia, y después a Julio Oliva, otro vocero de la Comisión que dio instrucciones:

-El lienzo de la funa va adelante – Y entonces, mientras se desplegaba el lienzo, aparecía en grandes letras rojas el nombre del funado: Nelson Lillo Merodio. Después, en color azul, se leía COVEMA (Comando Vengadores de Mártires) y TORTURADOR. A la izquierda del papel, una estrella roja y la firma: Comisión Funa.

Pasado el mediodía el grupo empezó a caminar. De algunas mochilas salieron folletos informativos en blanco y negro: nombre, rut y dirección de Nelson Lillo, y algo de lo que había hecho.

Un equipo de avanzada pegaba los papeles en paraderos y árboles, los dejaba en los autos, y los repartía entre automovilistas y transeúntes que pasaban o se asomaban curiosos. De fondo sonaba: “¿Qué dirá el Santo Padre / que vive en roma / que le están degollando / a sus palomas?”.

12:30. La Comisión, a la altura de The Grange School, comenzó a ser seguida de cerca por tres policías en bicicleta. Cinco minutos después, las más de 100 personas llegaban a la esquina de Príncipe de Gales con John Jackson. Al unísono cantaban: “Alerta, alerta, alerta vecino / al lado de su casa vive un asesino”. Y todos los que estaban en sus casas salieron a mirar, excepto Lillo.

Mientras la mayoría leía, otro grupo pegaba rápido el lienzo principal en la casa de Lillo, además de otros 84 folletos en todo el frontis; también volaron aviones de papel hacia el techo y antejardín. Alejandro, vecino que se asomó a ver lo que pasaba, dijo no saber mucho de él, que siempre lo veía lejano, con poca conversación barrial.

-Debe ser por eso, quizás la culpa no lo deja -contó antes de pegar él mismo uno de los papeles en la casa.

En total, la intervención duró poco más de 10 minutos. Con el mismo ánimo, el bloque caminó por Príncipe de Gales hacia el poniente. Cuando finalmente llegaron a la estación de Metro, Julio Oliva reflexionó con voz pausada:

–Si la justicia existiera, nosotros no existiríamos. Pero existimos, y quiero que demos un fuerte aplauso por todos los que ya no están.

Entonces el grupo aplaudió, y la funa se acabó.

Dos oficiales retirados de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile fueron sentenciados hoy a prisión por el homicidio de un estudiante de periodismo y torturar a una alumna de la misma carrera en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, informaron hoy fuentes judiciales.

En un fallo de primera instancia, el juez especial Mario Carroza condenó a cinco años y un día de prisión al prefecto de la PDI Nelson Lillo Merodio y al oficial Eduardo Rodríguez Zamora por el homicidio de José Eduardo Jara, estudiante de periodismo de la Universidad Católica y torturar a Cecilia Alzamora, alumna de la misma carrera.

Otros ocho antiguos detectives fueron absueltos al no acreditarse su participación en los delitos.

En julio de 1980, tras un atentado cometido el día 15, supuestamente por el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) en el que murió el coronel Roger Vergara, jefe de Inteligencia del Ejército, un grupo de detectives dirigidos por Lillo y el fallecido José Laureano Opazo formaron el "Comando de Vengadores de Mártires" (Covema), que secuestraron a una quincena de personas.

Entre los secuestrados estaban los dos estudiantes y varios periodistas de medios opositores a la dictadura que fueron torturados para tratar de obtener una confesión.

El 2 de agosto, Jara, militante del MIR, y Alzamora fueron abandonados en una calle del sector santiaguino de La Reina y el joven, ya agónico a consecuencias de las torturas, murió ese mismo día en un centro hospitalario.

Durante su detención, según señala el expediente del caso, Jara fue sometido a diversas torturas, golpes en todo el cuerpo, aplicación de electricidad y otras que le produjeron evidentes y graves consecuencias físicas, heridas profundas en las muñecas, quemaduras en los tobillos y labios, contusiones en la frente y en la nariz.

En la parte civil, el juez condenó al fisco chileno a pagar una indemnización de cincuenta millones de pesos (unos 83.300 dólares) al padre de Eduardo Jara y una suma similar a Cecilia Alzamora.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos y otros 33.000 fueron encarcelados y torturados por razones políticas.

Ministro en visita condenó a Nelson Lillo Merodio y Eduardo Rodríguez a penas de 5 años y un día y 541 días de presidio, como autores de los delitos de homicidio y apremios ilegítimos de los estudiantes de periodismo, respectivamente.

El Ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza Espinosa, condenó a dos miembros de la Policía de Investigaciones en retiro, por su responsabilidad en el delito de homicidio Jara Aravena, y la aplicación de tormentos a Cecilia Alzamora Vejares, ilícitos perpetrados entre el 23 de julio y el 2 de agosto de 1980.

El Ministro condenó a los ex detectives Nelson Lillo Merodio y Eduardo Rodríguez a penas 5 años y un día y 541 días de presidio, como autores de los delitos de homicidio y apremios ilegítimos de los estudiantes de periodismo, respectivamente.
A su vez, absolvió a los ex miembros de la policía civil Jaime Cifuentes del Campo, David Mesa Fuentes, Wilfredo Indo Etchegaray, Juana Moreno Arellano, Eric Concha Arias, María Escárate Escobedo, Domingo Pinto Arratia y Manuel Hernández Fernández, por no acreditarse participación en los hechos.

En la etapa de investigación, el Ministro en visita logró establecer que, tras el homicidio del teniente coronel del Ejército Roger Vergara Campos, ocurrido el 15 de julio de 1980, se creó un grupo especial en la Policía de Investigaciones para indagar los hechos.

La resolución sostiene que no obstante la señalada exclusividad de este grupo especial y el alto número de funcionarios de élite, liderado por los jefes de las Brigadas de Homicidios y Asalto, resuelven iniciar por cuenta propia acciones operativas reñidas con los procedimientos institucionales y al margen de la legalidad, más violentas y vulneradoras de Derechos Fundamentales, con el sólo propósito de dar rápidamente con el paradero de los autores del crimen del teniente coronel Roger Vergara Campos.

A continuación, la sentencia agrega que en este afán irreflexivo de obtener resultados sin importar los costos de tales iniciativas, el grupo de funcionarios aludidos efectuaron diversas diligencias para recopilar datos del homicidio de Roger Vergara, en los que presumían estarían involucrados personas vinculadas al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, a quienes no trepidaron en buscan, secuestrar, encerrar sin derecho e interrogarlos bajo tortura.

Se recuerda que el 23 de julio de 1980, Cecilia Alzamora Vejares viajaba junto a su compañero de periodismo, José Eduardo Jara Aravena, en un taxi colectivo por avenida Eliodoro Yáñez con Los Leones de la comuna de Providencia, y una camioneta particular les obstruye el camino y detienen el vehículo de alquiler, luego de ella descienden un grupo de hombres vestidos de civil fuertemente armados, que en forma rápida proceden a sacarlos del vehículo ante la presencia del conductor y pasajeros del taxi colectivo, y los suben a una camioneta marca Chevrolet C-10, luego les vendan la vista y los trasladan hasta el entonces Cuartel General de la Policía de Investigaciones ubicado en calle General Mackenna.

Enseguida se concluye que este grupo de funcionarios del equipo operativo designado en la investigación principal, procedieron a interrogarles mediante la aplicación de tormentos y solamente lo anterior concluye, cuando se informa que un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago concurrirá al edificio institucional de Investigaciones, situación que les lleva a modificar el lugar de encierro y tortura, trasladándolos a una casa ubicada en calle Obispo Orrego N° 241 de la comuna de Ñuñoa, que en ese entonces pertenecía a Investigaciones de Chile, y allí vuelven al cautiverio y continúan los interrogatorios con apremios físicos y psicológicos, para consultarles acerca de sus actividades políticas, en especial a Eduardo Jara, cuestión que pudo comprobar su amiga Cecilia Isabel Alzamora Vejares, de 23 años de edad.

En el aspecto civil, el Ministro Carroza condenó al Fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 al padre de Eduardo Jara Aravena, y de $50.000.000 a Cecilia Alzamora Vejares.

La Corte determinó elevar las penas de los dos detectives en retiro de la PDI, condenados por el homicidio calificado de José Eduardo Jara, quien murió a causa de los golpes y torturas que recibió.

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó este viernes a 10 años y un día las penas que deberán purgar los detectives en retiro condenados por el homicidio del estudiante de periodismo José Eduardo Jara Aravena, cometido en 1980.

Se trata de los exefectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) Eduardo Segundo Rodríguez Zamora y Nelson Byron Víctor Lillo Merodio, señalados como autores del delito consumado de homicidio calificado de Jara Aravena, quien falleció a consecuencia de los golpes y torturas que recibió mientras permaneció en poder de sus captores, entre el 23 de julio y el 2 de agosto de 1980.

En fallo unánime, la Novena Sala del tribunal de alzada confirmó el fallo recurrido, en la parte que condenó, además, a Rodríguez Zamora y Lillo Merodio a 541 días de presidio, como autores del delito de aplicación de tormentos a la compañera de estudios de Jara Aravena, Cecilia Isabel Alzamora Vejares.

Alevosía

La Corte de Santiago aumentó la pena por la muerte del joven Jara Aravena, tras establecer que los hechos acreditados en la causa, configuran el delito el delito de homicidio calificado y no simple, como consideró el fallo en alzada.

“En este caso, la calificante aplicada es la alevosía, esto es, obrar a traición o sobre seguro, la que se debe tomar en su segunda acepción, ya que, como es evidente, se da la concurrencia de situaciones que aseguraron tanto la ejecución del homicidio como la integridad del sujeto activo”, indica el fallo.

La corte estableció que la víctima estaba detenida en un recinto clandestino, “con claros signos de presentar problemas de salud graves, producto de los interrogatorios a los que fue sometido, de hecho, es reconocido por otras víctimas de secuestro por sus constantes quejidos de dolor”.

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Según el tribunal, en el recinto “estaba constantemente custodiado y no se le prestó auxilio en ningún momento, pese a su evidente y deteriorado estado de salud; a lo anterior corresponde resaltar que una vez que fue liberado, fue dejado en un lugar alejado para asegurar la impunidad de los sujetos activos. Tal comportamiento, atendido su gravísimo estado de salud, impidió que recibiera de manera oportuna atención de parte de personal médico”.

La resolución agrega que: “dadas las circunstancias en que se encontraba la víctima, no es posible que los hechores no se hayan representado el resultado de muerte de aquella. Necesariamente, atento el lugar apartado donde fue arrojada aquella y su condición extrema de salud, la muerte era una probabilidad cierta de ocurrir, de lo que se desprende que el sitio elegido para abandonarlo, permitiría un rápido desenlace fatal, tal como en definitiva ocurrió”.

En el aspecto civil, el tribunal elevó la indemnización que los condenados deberán pagar solidariamente a cada uno de los demandantes, monto que fijó en $100.000.000 (cien millones de pesos) para el hijo de Jara Aravena y la misma cifra para la víctima sobreviviente.