Lillo Gutiérrez Raúl Diego

La jueza del sexto juzgado del crimen de Santiago, Olga Pérez Meza, que investiga el asesinato del ex químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo, puso bajo arresto a dos oficiales del Ejército.

Según informa el sitio web de Televisión Nacional de Chile, los mayores (r) Raúl Lillo y Arturo Silva están detenidos desde el martes y podrían quedar en libertad condicional en los próximos días.

TVN.cl afirma además que ambos ex oficiales estuvieron involucrados además en el proceso judicial por el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez. "Lillo, como agente de la CNI en 1982, y Silva, en los años 90 al participar de la operación para sacar del país al mayor Carlos Herrera Jiménez, autor material del asesinato del dirigente de la ANEF".

En todo caso, se dijo que es probable que en los próximos días los dos detenidos queden en libertad condicional y que sólo habrían sido citados a declarar para aclarar algunos puntos de la investigación.

Casos Frei y Soria

En 1995, en el balneario uruguayo de El Pinar, apareció el cadáver de Eugenio Berríos, quien había sido sacado del país por efectivos del Ejército, en una operación que apuntaba a eludir su citación a declarar en la causa por el crimen del ex canciller Orlando Letelier.

A Berríos se le vincula además con la investigación por la muerte del funcionario de la Cepal Carmelo Soria y, presuntamente, en las razones que causaron el deceso del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Esto último, según lo ha manifestado Carmen Frei, hija del ex mandatario y actual senadora DC.

Hace algunos días, la magistrada había solicitado a la Corte de Apelaciones de Santiago que la autorizara a viajar a Uruguay para interiorizarse personalmente de la investigación que realizó en ese pais el titular del Juzgado en Primera Instancia en lo Penal uruguayo, Alvaro González González.

Asimismo, la Corte Suprema dio curso a través de su Sala en lo Penal a la solicitud de la justicia uruguaya respecto a identificar y tomar declaraciones a un grupo de seis oficiales del Ejército que estarían involucrados en el crimen de Berríos, hecho ocurrido entre 1991 y 1992.

La jueza del sexto juzgado del crimen de Santiago, Olga Pérez Meza, que investiga el asesinato del ex químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo, puso bajo arresto a dos oficiales del Ejército.

Según informa el sitio web de Televisión Nacional de Chile, los mayores (r) Raúl Lillo y Arturo Silva están detenidos desde el martes y podrían quedar en libertad condicional en los próximos días.

TVN.cl afirma además que ambos ex oficiales estuvieron involucrados además en el proceso judicial por el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez. "Lillo, como agente de la CNI en 1982, y Silva, en los años 90 al participar de la operación para sacar del país al mayor Carlos Herrera Jiménez, autor material del asesinato del dirigente de la ANEF".

En todo caso, se dijo que es probable que en los próximos días los dos detenidos queden en libertad condicional y que sólo habrían sido citados a declarar para aclarar algunos puntos de la investigación.

Casos Frei y Soria

En 1995, en el balneario uruguayo de El Pinar, apareció el cadáver de Eugenio Berríos, quien había sido sacado del país por efectivos del Ejército, en una operación que apuntaba a eludir su citación a declarar en la causa por el crimen del ex canciller Orlando Letelier.

A Berríos se le vincula además con la investigación por la muerte del funcionario de la Cepal Carmelo Soria y, presuntamente, en las razones que causaron el deceso del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Esto último, según lo ha manifestado Carmen Frei, hija del ex mandatario y actual senadora DC.

Hace algunos días, la magistrada había solicitado a la Corte de Apelaciones de Santiago que la autorizara a viajar a Uruguay para interiorizarse personalmente de la investigación que realizó en ese pais el titular del Juzgado en Primera Instancia en lo Penal uruguayo, Alvaro González González.

Asimismo, la Corte Suprema dio curso a través de su Sala en lo Penal a la solicitud de la justicia uruguaya respecto a identificar y tomar declaraciones a un grupo de seis oficiales del Ejército que estarían involucrados en el crimen de Berríos, hecho ocurrido entre 1991 y 1992.

Caso Berríos: jueza deja detenido a mayor (r) del Ejército

Mientras que el teniente Coronel Pablo Rodríguez Márquez -en servicio activo- quedó en libertad con arraigo. Ambos habrían participado en la operación para sacar de Chile al ex químico de la Dina.

 La jueza del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, Olga Pérez Meza, decidió mantener en calidad de detenido al mayor (r) Raúl Lillo Gutiérrez por el caso sobre el homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo.

Mientras, al teniente coronel Pablo Rodríguez Márquez -en servicio activo- se le otorgó la libertad con arraigo.

Según el informe policial, ambos habrían participado en la operación para sacar a Berríos de Chile, con el objetivo de evitar que prestara declaración en el proceso por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, sustanciado entonces por el ministro Sergio Bañados.

Lillo y Rodríguez habrían sido apoyados en esta tarea por Arturo Silva Valdés, Jaime Torres Gacitúa y Mario Cisternas.

Continúa la investigación

La magistrada indicó que "la investigación ya está prácticamente lista, casi cerrada, faltan detalles todavía" Además, manifestó que la tercera parte de las pesquisas, relacionadas con el homicidio del químico, son las más difíciles.

La jueza llamó a declarar a otras dos personas por el caso, un civil y un funcionario del Ejército en retiro, ambos presuntamente como testigos del caso.

Otros casos

Lillo Gutiérrez integró la Brigada Laboral de la Central Nacional de Informaciones y estuvo procesado como cómplice del homicidio del presidente de la Anef, Tucapel Jiménez, al imputársele participación en los seguimientos al sindicalista.

A Rodríguez, en tanto, se le intentó procesar por el encubrimiento de este asesinato, mientras estuvo en la Dirección de Inteligencia del Ejército, pero su encausamiento fue rechazado en ambas instancias.

La jueza Pérez indicó que pasado el mediodía entregará más información sobre el futuro judicial de los dos detenidos. 

El ministro en visita Alejandro Madrid pedirá la extradición de tres militares uruguayos por su presunta responsabilidad en el asesinato del ex agente de la DINA, Eugenio Berríos. La resolución afecta a los oficiales del Ejército uruguayo Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli.

Los tres fueron procesados por el juez Madrid junto a militares chilenos por el delito de asociación ilícita, que se suma a los de secuestro y homicidio por los que ya están encausados algunos oficiales chilenos.

Los nuevos encausamientos apuntan a los generales Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales Juan Pérez Santillán y Marcelo Sandoval y el suboficial Nelson Román, estos tres últimos en servicio activo.

Además, los civiles Nelson Hernández, Raúl Lillo Gutiérrez y la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva, y los ex mayores enjuiciados también como autores Arturo Silva y Jaime Torres.

Los chilenos procesados enfrentan además cargos por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.

Eugenio Berríos, de profesión químico, trabajó para la DINA en la fabricación de gas sarín, y se presume que intervino en la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, en 1982.

Asimismo, su nombre ha sido vinculado al secuestro y asesinato del diplomático español de Naciones Unidas Carmelo Soria, en 1976.

En 1991, cuando debía declarar en el proceso por el crimen del ex canciller Orlando Letelier, Berríos fue sacado subrepticiamente de Chile y llevado a Uruguay, donde fue visto por última vez en noviembre de 1992, cuando se presentó en una comisaría para denunciar que estaba secuestrado.

El agente fue entregado por los policías a unos militares que llegaron tras él y nada más se supo hasta abril de 1995, cuando su cadáver, atado y con disparos en el cráneo, fue encontrado en una playa cercana a Montevideo.

En el juicio en Chile están procesados como autores los ex mayores Arturo Silva y Jaime Torres, y por obstrucción de la justicia varios otros oficiales, entre ellos los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubvias, ambos ex jefes de la Dirección de Inteligencia (DINE) del Ejército.

En julio pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago recomendó al juez Madrid una serie de diligencias, entre las que se incluía el eventual desafuero del ex Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet y la responsabilidad de otros 18 militares, entre ellos el general retirado Fernando Torres, ex auditor general del Ejército.

La abogada Fabiola Letelier, querellante en el caso, afirmó que la resolución se basa en la certeza del juez sobre la existencia de una asociación ilícita formada al interior de la DINE con el objetivo de secuestrar y asesinar a Eugenio Berríos.

Letelier, hermana de Orlando Letelier, el ex canciller que fue asesinado en Washington en 1976, agregó que una vez que estudie la resolución decidirá si solicita la reapertura de la investigación del crimen de su hermano.

Por esa muerte cumplieron condenas de siete y seis años de prisión, respectivamente, el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, su segundo al mando de esa organización.

En tanto, otro de los abogados querellantes en la causa, Tomás Ehrenfeld, señaló que el dictamen es "aplaudible" y "una acción de toda justicia".

El jurista indicó que con esta resolución se está entrando en la "obra gruesa de lo que significó esta operación para matar a Berríos y obstruir la justicia”

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó hoy la libertad bajo fianza otorgada en primera instancia al ex agente civil de la DINA, Raúl Lillo, involucrado en el causa de secuestro y homicidio del químico Eugenio Berríos.

El juez Alejandro Madrid, a cargo del caso, había otorgado el beneficio a Lillo, pero el Tribunal de Alzada modificó esa decisión por considerarlo un peligro para la sociedad.

En el caso Berríos, Lillo está encausado, junto a ex militares chilenos y uruguayos, por los delitos de asociación ilícita para obstruir la justicia y secuestro.

La abogada querellante Fabiola Letelier valoró la decisión al estimar que los antecedentes de la investigación acreditan que Lillo tuvo una participación decisiva en la operación que permitió sacar a Berríos con destino a Uruguay, donde fue asesinado en 1995.

Según la profesional, las declaraciones de Lillo además podrían resultar claves para resolver el asesinato de su hermano, el ex Canciller Orlando Letelier, perpetrado en Washington, en 1976.

Asociación ilícita secuestró y asesinó a Berríos

El ministro Alejandro Madrid estableció que una asociación ilícita, integrada por funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Ejército de principios de los 90 planeó y ejecutó el secuestro y homicidio del químico Eugenio Berríos.

El magistrado procesó, el pasado 29 de diciembre, a 13 ex uniformados y civiles, entre ellos tres uruguayos, por asociación ilícita perpetrada entre 1991 -cuando Berríos salió del país- y 1995, luego que su cadáver fuera hallado en el balneario de Canelones, en las afueras de Montevideo. La resolución amplió además el procesamiento por secuestro a nueve ex altos oficiales del Ejército chileno y del uruguayo.

Los otros encausados por asociación ilícita son los ex jefes máximos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), generales (r) Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, y el teniente coronel Pablo Rodríguez Márquez. Otros encausados por la asociación ilícita son los ex oficiales uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli. Los mayores (r) Arturo Silva y Jaime Torres engruesan la nómina de los procesados por asociación ilícita. Silva enfrenta cargos como autor del secuestro y homicidio de Berríos, y Torres, sólo por el secuestro.

También fueron sometidos a proceso por no denunciar la asociación ilícita, pese a estar en conocimiento de su operación, el oficial Mario Cisternas Orellana; los suboficiales Marcelo Sandoval Durán, Nelson Román Vargas y Nelson Hernández Franco, y los ex empleados civiles de la institución castrense Raúl Lillo y Erika Silva, secretaria.

En tanto, por el secuestro del químico fueron encausados el general (r) Ramírez Rurange, el teniente coronel Rodríguez Márquez, el suboficial Manuel Pérez Santillán y los ex uniformados uruguayos Casella, Radaelli y Sarli.

Como encubridores, el ministro sometió a proceso al ex jefe policial uruguayo Ramón Rivas (secuestro) y al general (r) Covarrubias (secuestro con homicidio).

En tanto, por obstrucción a la justicia fue sometido a proceso el ex agregado cultural chileno en Montevideo Emilio Rojas Gómez, quien se desempeñó entre 1990 y 1993.

Médico jefe del Hospital Militar está entre los encausados como autores del homicidio además del chofer del ex Presidente. Encubridores son médicos de la UC

Un total de 6 personas, ente ellos el jefe del Departamento de Contraloría del Hospital Militar, doctor Patricio Silva Garín, fueron procesados en distintos grados por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María.

El Ministro en visita del caso, Alejandro Madrid, encausó y ordenó el arresto como autores del homicidio a Silva Garín, Luis Alberto Becerra Arancibia y Raúl Lillo Guitérrez.

En calidad de cómplice fue procesado Pedro Samuel Valdivia Soto, mientras que como encubridores quedaron en la misma condición Helmar Rosenberg y Sergio González.

De acuerdo a un informe emitido esta mañana por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, el primero que confirma oficialmente el caso, los procesados quedaron recluidos en distintos recintos.

El doctor Silva Garín es coronel de sanidad del Ejercito en retiro y actualmente ejerce como  jefe del Departamento de Contraloría de Hospital Militar. Becerra, en tanto, era chofer y funcionario de confianza del ex Mandatario y a su vez informante que el Dine tenía para espiar a Frei.

Lillo Guitérrez, que también está acusado por el crimen del químico Eugenio Berríos, fue agente de la DINA, la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejercito (Dine).  Era el que manejaba el contacto con Becerra.

Valdivia Soto es un ex agente de la DINA, médico de la Clínica Santa María. Helmar Rosenberg y Sergio González que son los médicos del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital de la Universidad Católica que hicieron la autopsia.

Los implicados, de acuerdo a los informes extraoficiales, fueron trasladados por personal especial de la Policía de Investigaciones (PDI) al tribunal de Avenida España, donde fueron notificados por el magistrado.

El sábado 28 de noviembre, el juez Madrid cumplió las dos últimas diligencias para reconstituir los momentos antes de la muerte de Frei Montalva y la misteriosa autopsia realizada en la misma habitación donde falleció y que fue ocultada por 20 años en el archivo del Anatomía del Hospital de la UC

Juez Madrid: “Sustancias tóxicas” en crimen de Frei

El Ministro en visita Alejandro Madrid detalló esta tarde que el asesinato de Eduardo Frei Montalva, por el que hoy dictó 6 procesamientos, fue provocado por “sustancias tóxicas” que los autores le introdujeron en la Clínica Santa María.

“El fallecimiento fue ocasionado por la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales, por la aplicación de productos farmacológicos no autorizados y por la ocurrencia de situaciones anómalas que fueron disimuladas y que deterioraron su sistema inmunológico”, dijo el magistrado en su primera declaración luego de la notificación y arresto del grupo.

Precisó que el tipo de sustancia que le fue inyectada al ex Mandatario y que le provocó el deceso el 22 de enero de 1982, luego de ser internado por una hernia, hacía, hasta ahora, “imperceptible la intervención de terceros en su fallecimiento”.

Respecto de la presencia de cercanos como autores del crimen, como el chofer de Frei Montalva, Luis Becerra, y su ex subsecretario de Salud, el médico Patricio Silva Garín, dijo que “justamente la cercanía a veces hace que sea la manera de cómo se actúa”.

Respecto de los roles del mismo Becerra y Raúl Lillo Gutiérrez, apuntó que tienen “el papel de seguimiento, de tener informantes pagados, de coordinar todas las intervenciones telefónicas para tener al ex presidente en una condición de control absoluto”.

Médico jefe del Hospital Militar está entre los encausados como autores del homicidio además del chofer del ex Presidente. Encubridores son médicos de la UC

Un total de 6 personas, ente ellos el jefe del Departamento de Contraloría del Hospital Militar, doctor Patricio Silva Garín, fueron procesados en distintos grados por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María.

El Ministro en visita del caso, Alejandro Madrid, encausó y ordenó el arresto como autores del homicidio a Silva Garín, Luis Alberto Becerra Arancibia y Raúl Lillo Guitérrez.

En calidad de cómplice fue procesado Pedro Samuel Valdivia Soto, mientras que como encubridores quedaron en la misma condición Helmar Rosenberg y Sergio González.

De acuerdo a un informe emitido esta mañana por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, el primero que confirma oficialmente el caso, los procesados quedaron recluidos en distintos recintos.

El doctor Silva Garín es coronel de sanidad del Ejercito en retiro y actualmente ejerce como  jefe del Departamento de Contraloría de Hospital Militar. Becerra, en tanto, era chofer y funcionario de confianza del ex Mandatario y a su vez informante que el Dine tenía para espiar a Frei.

Lillo Guitérrez, que también está acusado por el crimen del químico Eugenio Berríos, fue agente de la DINA, la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejercito (Dine).  Era el que manejaba el contacto con Becerra.

Valdivia Soto es un ex agente de la DINA, médico de la Clínica Santa María. Helmar Rosenberg y Sergio González que son los médicos del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital de la Universidad Católica que hicieron la autopsia.

Los implicados, de acuerdo a los informes extraoficiales, fueron trasladados por personal especial de la Policía de Investigaciones (PDI) al tribunal de Avenida España, donde fueron notificados por el magistrado.

El sábado 28 de noviembre, el juez Madrid cumplió las dos últimas diligencias para reconstituir los momentos antes de la muerte de Frei Montalva y la misteriosa autopsia realizada en la misma habitación donde falleció y que fue ocultada por 20 años en el archivo del Anatomía del Hospital de la UC

Juez Madrid: “Sustancias tóxicas” en crimen de Frei

El Ministro en visita Alejandro Madrid detalló esta tarde que el asesinato de Eduardo Frei Montalva, por el que hoy dictó 6 procesamientos, fue provocado por “sustancias tóxicas” que los autores le introdujeron en la Clínica Santa María.

“El fallecimiento fue ocasionado por la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales, por la aplicación de productos farmacológicos no autorizados y por la ocurrencia de situaciones anómalas que fueron disimuladas y que deterioraron su sistema inmunológico”, dijo el magistrado en su primera declaración luego de la notificación y arresto del grupo.

Precisó que el tipo de sustancia que le fue inyectada al ex Mandatario y que le provocó el deceso el 22 de enero de 1982, luego de ser internado por una hernia, hacía, hasta ahora, “imperceptible la intervención de terceros en su fallecimiento”.

Respecto de la presencia de cercanos como autores del crimen, como el chofer de Frei Montalva, Luis Becerra, y su ex subsecretario de Salud, el médico Patricio Silva Garín, dijo que “justamente la cercanía a veces hace que sea la manera de cómo se actúa”.

Respecto de los roles del mismo Becerra y Raúl Lillo Gutiérrez, apuntó que tienen “el papel de seguimiento, de tener informantes pagados, de coordinar todas las intervenciones telefónicas para tener al ex presidente en una condición de control absoluto”.

El ex agente, en una declaración que consta a fojas 6.710 a 6.714 del tomo XIX del expediente, relató que fue el propio químico de la DINA quien le contó cómo había envenenado con gas sarín al ex diplomático español Carmelo Soria y al ex conservador de Bienes Raíces Renato León; y con toxina botulínica en 1981 a un grupo de militantes del MIR detenidos en la ex Cárcel Pública. El investigador de estos hechos es el propio juez Madrid.

Desde que el ministro Alejandro Madrid sometió a proceso la semana pasada a seis personas por el homicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, su resolución ha sufrido una serie de cuestionamientos públicos. Ya sea desde los propios diarios, hasta los abogados defensores de los encausados. Las dudas han apuntado principalmente a una supuesta falta de pruebas para sostener su convicción de que fue envenenado con Talio y Gas Mostaza en la Clínica Santa María, donde falleció en 1982, luego de ser operado en varias oportunidades de una hernia al hiato.

Sin embargo, en el expediente, existe una prueba clave que apunta nada menos que al químico de la DINA Eugenio Berríos, como el sujeto que usó pócimas creadas en laboratorios para deshacerse de los indeseables para la dictadura militar. Este hecho confirma en parte lo que ha venido sosteniendo la familia Frei, en el sentido que Berrios -quien fue asesinado en Uruguay en 1993 por agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) (link)- pudo haber sido quien ingresó al centro asistencial para aniquilar al ex Presidente.

La confesión la entrega nada menos que el jefe del equipo que siguió, espió e infiltró al círculo más cercano de Frei, el ex agente de la Brigada Político Sindical de la CNI, Raúl Lillo Gutiérrez. Este último, y por eso cobran relevancia sus dichos, fue procesado por el ministro Madrid en calidad de autor del crimen.

Lillo Gutiérrez aseguró, en una declaración que consta a fojas 6.710 a 6.714 del tomo XIX del expediente al que tuvo acceso El Mostrador, que fue el propio Berríos quien le contó cómo había envenenado al ex diplomático español Carmelo Soria, al ex conservador de Bienes Raíces Renato León –ambos con gas Sarín a mediados de los 70- y a un grupo de militantes del MIR con toxina Botulínica en 1981 cuando estaban detenidos en la ex Cárcel Pública. Y el investigador de estos tres hechos es precisamente el propio Madrid. “Él le inoculó esa sustancia capaz de producir envenenamiento”, declaró Lillo Gutiérrez.

Un hombre, muchas historias

Este ex CNI es un sujeto que cruza la historia chilena reciente de lado a lado. Trabajó en la DINA, luego en la CNI, principalmente espiando a la DC y luego, en 1990, pasó a formar parte de la llamada Unidad Especial de la DINE, la misma que sacó de Chile a Berríos en octubre de 1991 y lo llevó a Uruguay con identidad falsa, con el fin de evitar que declarara en el caso Letelier, por la producción de venenos en un laboratorio de Vía Naranja en Lo Curro junto al norteamericano Michael Townley.

La revelación de Berríos, entonces, Lillo la obtuvo cuando “cuidaba” a Berríos en Uruguay, y se la entregó a Madrid en uno de los tantos interrogatorios a los que fue sometido en el caso por la muerte del químico, donde espera condena como autor de secuestro y asociación ilícita por el homicidio de Frei.

“Berríos se explayaba bastante conmigo, tenía una afinidad con mi persona que no la tenía con nadie de la Unidad Especial de la DINE que le cuidaba en Uruguay”, dijo.

En el marco de esta última causa, se reveló que Lillo reclutó como informante pagado a Luis Becerra, quien fuera un hombre muy cercano a la familia Frei, de quien llegó a ser su chofer, previo paso como colaborador de la inteligencia naval tras el golpe militar del 73, según relató en su declaración ante Madrid.

La concatenación de hechos para el magistrado, entonces, es lógica: si Lillo lo reclutó como informante y los datos que entregaba eran valiosos en términos de los movimientos del ex Mandatario, además de las decisiones políticas y familiares, cobra sentido entonces que fue parte de un “concierto” de acciones que terminaron con el envenenamiento. Por esta razón es que Becerra también está procesado en calidad de autor, al igual que Lillo.

Células invisibles

Cabe recordar que la fabricación de venenos que está en la mira del ministro Madrid, comienza en junio de 1981, cuando llega a Chile en una valija diplomática un paquete con toxina botulínica (la misma que produce el botulismo) al Bacteriológico, hoy Instituto de Salud Pública (ISP

De allí pasó en julio del mismo año al Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército que se ubicaba en Carmen 339, hoy sede del Archivo Judicial, donde fue “liofilizada”, es decir, convertida en polvo.

El salto de tiempo es corto. Por que en diciembre los miristas Ricardo y Elizardo Aguilera, Guillermo Rodríguez Morales -“El Ronco”- y Adalberto Muñoz Jara tuvieron que ser sacados de la Cárcel Pública y gracias a la ayuda internacional se salvaron de morir por botulismo. No tuvieron la misma suerte otros reos comunes con quienes compartían celda. En una orden de investigar que consta en el expediente, la detective Palmira Mella hizo una relación de hechos que se explica por sí misma.

“Es dable señalar la fecha 7 de diciembre de 1981, día en que se intoxicaron cuatro reos comunes y cuatro reos subversivos -miristas- en la ex Cárcel Pública de Santiago por toxina botulínica, es el mismo en que el ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, sufrió una grave infección, donde fue intervenido nuevamente con diagnóstico de peritonitis aguda”. Ese mismo día, Madrid dictó los procesamientos que hoy tienen a Lillo y Becerra en prisión y a sus abogados -Jorge Balmaceda y Carlos Fairlie- peleando un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones con el fin de revertir los procesamientos dictados por Madrid.

Todo lo anterior está relatado en el Capítulo 17 del libro Crimen Imperfecto publicado por el autor de esta nota en 2002.

Junto a Lillo y Becerra, otro encausado como autor es el doctor y ex subsecretario del gobierno de Frei Montalva, Patricio Silva Garín. En tanto, en calidad de cómplice, está el ex médico de la DINA, Pedro Valdivia; y en calidad de encubridores los patólogos de la UC Helmar Rosenberg y Sergio González, por esconder y modificar la autopsia hecha al ex Mandatario, que permaneció oculta por más de veinte años en el archivo del centro asistencial universitario

 La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago analizará hoy la “admisibilidad” de la recusación, presentada por el abogado Claudio Feller, quien representa el ex médico de la DINA, Pedro Valdivia, procesado en calidad de cómplice por el juez Madrid.

 El trámite es clave para saber si el magistrado sigue o no a cargo de la causa, ya que de acogerse, debe pasar a una sala del tribunal de alzada que resolverá el fondo del asunto: es decir si aplicarle una sanción o eventualmente inhabilitarlo para que siga viendo el caso. Básicamente el argumento esgrimido por Feller es que Madrid, el 7 de noviembre pasado, cuando dictó los procesamientos, hizo una conferencia de prensa, donde habría emitido opinión más allá de su envestidura.

En tanto, ayer la misma sala pidió las declaraciones de Raúl Lillo que constan en el expediente para resolver el amparo que presentó a través de su abogado Jorge Balmaceda.

El 21 de septiembre se cumplen 35 años del olvidado asesinato de Orlando Letelier en Washington. Aunque hay varios libros sobre el crimen del ex Canciller, ex ministro de Defensa y ex embajador en Estados Unidos del gobierno de Salvador Allende, esos textos sólo abordan la investigación realizada por la justicia del país del norte. En esta entrevista, su hermana –la abogada Fabiola Letelier– se queja de que todavía se desconozcan los pormenores del juicio que ella sacó adelante en Chile para procesar a los principales autores intelectuales y materiales del asesinato de su hermano. Los culpables resultaron condenados a penas irrisorias: 7 años para el ex general Manuel Contreras, el jefe de la DINA, y 6 años para su adlátere, el ex coronel Pedro Espinoza. Todavía está pendiente la sentencia definitiva del “Caso Berríos”, ramificación del juicio principal del “Caso Letelier”, que condujo a la extradición sin precedentes y prisión en Chile a tres altos oficiales del Ejército de Uruguay implicados en el secuestro y asesinato del químico civil de la DINA Eugenio Berríos Sagredo, apodado “Hermes”.

Hace más de un año, el 10 de septiembre de 2010, el magistrado Alejandro Madrid Crohare, “ministro en visita extraordinaria”, emitió su extenso fallo de casi 500 páginas para un proceso que técnicamente comenzó con una denuncia del gobierno de Patricio Aylwin, elevada a la justicia el 15 de junio de 1993, por “presunta desgracia del ciudadano chileno Eugenio Berríos Sagredo, quién se encuentra desaparecido de su domicilio desde hace varios meses a la fecha, sin que se sepa su actual paradero”.

El juez Madrid estableció que Berríos terminó sus días asesinado en Uruguay y sentenció a los culpables chilenos y uruguayos, pero estos apelaron ante la corte superior y la sentencia de primera instancia de Madrid está entrampada en la Fiscalía chilena desde el 19 de Agosto de 2011, a la espera del inicio del trámite de apelación que daría curso a la vista de la causa. En otras palabras, la Fiscalía debe poner el caso en tablas para que la sentencia sea ratificada o modificada por la Corte de Apelaciones.

La abogada de derechos humanos Fabiola Letelier participa tesoneramente en numerosos procesos cuya tramitación tarda años en los tribunales chilenos. Entre muchas otras cusas en curso busca justicia para el joven periodista estadounidense Charles Horman, asesinado por el Ejército el 18 de septiembre de 1973 y cuyo caso inspiró la película “Missing” (1982), de Costa Gavras, jamás exhibida –hasta hoy- en salas de cine de Chile. Esta entrevista está centrada en el “Caso Berríos”, uno de los entretelones desconocidos del “Caso Letelier” en Chile, juicio iniciado por Fabiola Letelier cuando Pinochet todavía era temido y mantenía una importante cuota del “poder fáctico” del Estado como comandante en jefe del Ejército, bajo gobiernos civiles elegidos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle.

Berríos fabricó el gas sarín que serviría para matar a Letelier en un plan que después fue descartado por la DINA y en 1991, en plena “democracia”, Pinochet ordenó que fuera sacado del país para impedir que declarara ante los tribunales que investigaron el asesinato del ex Canciller de Allende. Berríos terminó sus días asesinado en Uruguay a manos de militares chilenos y de ese país.

–“El Caso Letelier en Chile”, ¿ése sería el título de ese libro que falta?

–Quiero dar a conocer en este país -sobre todo a los socialistas que han sido unos malos compañeros con Orlando Letelier- lo que fue el proceso Letelier en Chile. Nadie lo conoce. Todos saben lo que pasó en EEUU porque se han escrito libros muy importantes: “Laberinto”, del ex fiscal Eugene Propper y el escritor Taylor Branch; y sobre todo “Asesinato en Washington”, de John Dinges y Saul Landau. Este libro ha sido premiado y reconocido en todos lados, pero ese texto relata lo que fue el crimen de Orlando Letelier, que ocurrió en EEUU el 21 de septiembre del año 1976, y describe la labor de investigación que efectuó el gobierno estadounidense. De 1976 a 1978 investigaron el crimen de Orlando Letelier hasta que deciden mandar a la Corte Suprema una solicitud de extradición de Manuel Contreras [ex general, jefe de la DINA], Pedro Espinoza [coronel secuaz de Contreras] y Armando Fernández Larios [teniente de la Caravana de la Muerte enviado también a Estados Unidos con documentación falsa para preparar el asesinato de Letelier].

–¿Cómo se origina el juicio en Chile por el asesinato de Orlando Letelier?

–La Corte Suprema, presidida entonces por Israel Bohórquez, rechaza el pedido de extradición. Y como se habían fabricado pasaportes para poder hacer misiones preparando este ilícito en Estados Unidos, es sólo entonces que mandan el expediente a la justicia militar. Y ahí intervengo yo. Me hago parte ante la justicia militar. Estoy 10 años investigando con Jaime Castillo Velasco [abogado PDC de DDHH, fallecido en 2003] y, después, cuando ya viene la transición, ahí pasa a un ministro de la Corte Suprema [Adolfo Bañados Cuadra], quien investiga hasta dictar la sentencia.

Pero este caso, esa investigación de Orlando Letelier en Chile, ha estado absolutamente encubierta; no sale publicada, ni nada. Nada más aparece lo final, que fue la primera vez que se condenó a Contreras y a Espinoza, pero con unas condenas que son absolutamente inadecuadas, porque fueron 7 y 6 años, respectivamente. Pero todo lo del asesinato de Orlando fue una operación de inteligencia que se ideó y se planificó en Chile y en la que, por tanto, participaron –en número muy importante– elementos del Ejército y, fundamentalmente, de los servicios de inteligencia –de la DINA–, para llevar a cabo esta acción de terrorismo internacional en Estados Unidos. Entonces, ése es un compromiso que yo tengo, que no puedo dejarlo y lo voy a hacer… Espero tener vida para eso.

Caso Berríos: “Proyecto Andrea”

–¿Cómo emerge el “Caso Berríos?

–De la investigación del crimen de Orlando surgieron otros casos, como el de Eugenio Berríos. El proceso que falló el ministro Madrid se refiere al secuestro y homicidio de Eugenio Antonio Berríos Sagredo.

–¿Quién era Berríos Sagredo?

–Era un químico que fue integrante y agente de la DINA, quien levantó un laboratorio químico en Lo Curro [Vía Naranja N° 4925] en la casa en que Michael Townley vivía con Marina Callejas, un inmueble comprado por el general Contreras con fondos públicos. Allí vivía la familia de Townley, pero una parte de ese edificio estaba destinado a laboratorio químico, clandestino por supuesto, que se habilitó después de varios viajes de Townley a países europeos para comprar elementos que, por supuesto, ingresaron a Chile sin los pagos y revisiones aduaneras correspondientes.

–¿Qué hacían en ese laboratorio?

–El laboratorio químico tenía por finalidad la creación y elaboración del gas sarín, y otros elementos de tipo toxicológico, que fueron desarrollados por la DINA con la finalidad de obtener un arma química moderna que le permitiera llevar adelante casos de eliminación. Este es el “Proyecto Andrea”.

–¿Y arma para probables guerras que se manejaban en la época?

–Por supuesto. En ese tiempo había una posibilidad de guerra con Argentina y, evidentemente, se veía con mucho interés. Además, Berríos era un químico, que igual que Townley y Mariana Callejas, perteneció al Movimiento Patria y Libertad. Allí Townley y Berríos habían hecho una buena amistad. Y Berríos, que había estudiado en Concepción como químico, sin duda era una persona bastante especializada y capacitada en materias químicas y había hecho una memoria especial sobre la “boldina”, una sustancia extraída del boldo [Peumus boldus].

Berríos es un hombre que, por ser parte de Patria y Libertad, aparece vinculado con Townley y gente de la DINA y entra en este proyecto. A la casa donde estaba en Lo Curro había ido varias veces Manuel Contreras, o sea, es un elemento que sabe exactamente…

–¿Y allí fabrica el gas sarín?

–Ahí elabora el gas sarín e incluso este gas fue enviado en estado líquido a EEUU, en un frasco de perfume Chanel. En un momento Townley lo lleva a EEUU [se presume que para utilizarlo en un “plan B” contra Letelier] y se sostiene que habría sido usado en Chile como elemento represivo letal de la DINA en algunos casos. Incluso se menciona a un conservador de bienes raíces [Renato León Zenteno], quien había muerto por aplicación del gas sarín en 1976, y no por la profesión de Zenteno, sino porque habría sido homosexual y habría tenido algún problema de ese tipo… Lo habrían eliminado. Y, por supuesto, hay otros casos que se han mencionado mucho, entre otras personas el de Camilo Soria [ciudadano español, funcionario internacional y editor de libros], que fue muerto por la DINA en una operación que se hizo ahí en Lo Curro y algunos han sostenido que se le habría aplicado también el gas sarín. Y otros, como el suboficial de Ejército Manuel Leyton Robles, que en un momento habría sustraído un automóvil que pertenecía a una persona de izquierda [Daniel Palma] y que él se lo habría apropiado, etcétera. Bueno, hay casos que demuestran que este gas sarín sí se aplicó, pero fundamentalmente era un arma letal que tenía en sus manos la DINA, un arma que podría utilizarse en un conflicto, incluso con otros países de América Latina.

–¿Tenía ayudantes Berrios?

–Entonces Berríos no trabaja solo sino que tiene la colaboración de otro chileno, Francisco José Oyarzún Sjoberg, hijo de un funcionario de Relaciones Exteriores, que secunda a Townley ahí en Lo Curro. Pero cuando sale a la luz la situación de Townley, cuando éste iba a ser detenido, etcétera, etcétera, Oyarzún se va a Europa y nunca más se supo de él, aunque están todos los antecedentes. Ahí se fabrica ese gas.

–Ahora, ¿cómo aparece Berríos?

–Lo cierto es que Berríos, aparece en la investigación que hace el ministro AdolfoBañados Cuadra. Por los antecedentes que él tiene en el proceso, lo llama a declarar. Berríos no comparece. Vuelve a reiterar la citación…

–¿Quién es el ministro Bañados?

–Bañados es el ministro de la Corte Suprema que llevó el proceso en Chile después que le fueron remitidos los antecedentes desde el tribunal militar. Entonces, él toma el caso y en el año 2005, la Corte Suprema dicta el fallo final y se condena a Contreras a 7 años y a 6 años a Espinoza. En eso tengo el honor de haber participado…, en el primer proceso importante contra la DINA que termina con la sentencia definitiva y después de eso…

–¿Este proceso fue motivado por…?

–Se transmitió por televisión a todo el país…

–Sí, pero el motivo ¿fue el caso de Orlando…?

–Fue el crimen de Orlando, el 21 de septiembre de 1976, en la ciudad de Washington, con una bomba explosiva que fue colocada en el automóvil, bajo el asiento de la persona que manejaba, que era Orlando, y que también causó la muerte de una ciudadana norteamericana, la Ronni Karpen Moffit…

–En este proceso de investigación, ¿el ministro Bañados…?

–Después de pasar por el tribunal militar y pasar a la Corte Suprema, él hace la investigación…

–Y el descubre… porque estamos hablando de Berríos, ¿no

–El ministro considera que es importante que Berríos concurra ante él a declarar su relación y su incumbencia en este caso, ya que por otros antecedentes aparecía que él era un químico que fabricaba compuestos en una propiedad que pertenecía a la DINA. No concurre. Por lo tanto, el ministro, en el momento en que ya está dispuesto a dictar orden de detención, para que Berríos concurra…

–¿Por qué era tan importante Berríos?

–¿Por qué todo esto? Porque Berríos era civil, no era militar. Porque él había participado con Townley, que es uno de los ejecutores principales del crimen de Orlando. Entonces, era de la DINA, había participado en la DINA, conocía Lo Curro, el lugar al que concurrían varios altos miembros de la DINA, esta metido, precisamente, en todo este accionar represivo e ilícito de la DINA.

Bueno, resulta que Berríos no concurre y, entonces, ahí se realiza una operación de inteligencia del Ejército de Chile, y estamos hablando del año 1991 [bajo el gobierno de Patricio Aylwin y con Pinochet como comandante en Jefe del Ejército], fraguada por las más altas autoridades de la DINE, que es la Dirección de Inteligencia del Ejército. Ya no existen DINA, ni CNI, ni nada. Está la DINE, que es conducida por un general del Ejército llamado Hernán Ramírez Rurange. Esta Dirección de Inteligencia del Ejército decide, después de una entrevista que tiene Berríos con el general Hernán Ramírez Rurange, decide ordenar que a Berríos se le saque de Chile para evitar que concurra a declarar ante el ministro de la Corte Suprema que llevaba el caso de Orlando Letelier.

“Operación Control de Bajas” + Operación Cóndor II

–¿Cómo lo hacen?

–Primero lo esconden, y lo tienen más o menos 15 a 20 días en lo que se conoce como Batallón de Inteligencia del Ejército, BIE [García Reyes N° 12, Santiago]. Y ahí permanece como un civil, en un subterráneo donde le proporciona alimentos y se preocupa de su subsistencia el comandante de esa institución militar, el entonces coronel Manuel Provis Carrasco. Todo esto no aparece en investigaciones, reuniones, etcétera. Lo cierto es que Berríos permanece ahí mientras se organiza este operativo de inteligencia para sacarlo del país con un nombre falso, con la identidad de "Manuel Morales Jara". Al mayor Arturo Rodrigo Silva Valdés [conocido como El Príncipe y jefe de la seguridad privada de Agustín Edwards, servicio proporcionado bajo cuerda al dueño de El Mercurio] le encomiendan la dirección de esta operación, en la que participan otros militares, entre ellos el entonces capitán Pablo Marcelo Rodríguez Márquez y un civil que trabajaba para la DINE llamado Raúl Lillo Gutiérrez.

La operación, denominada “Control de Bajas”,coordina el traslado de Berríos a Punta Arenas. Desde allí, Lillo Gutiérrez, Rodríguez Márquez y su hermano [exteniente de Carabineros]Jorge Alejandro GuillermoRodríguez Márquez, lo trasladan en un vehículo a Argentina, el 26 de octubre de 1991, por el paso Monte Aymond, y en Río Gallego Berríos y Lillo abordan un avión rumbo a Buenos Aires, donde son recibidos por Silva Valdés y se quedan dos días, y desde la capital argentina siguen por vía fluvial a Colonia, Uruguay. O sea, hacen toda una tremenda vuelta y, por supuesto, con nombres falsos, y Berríos va acompañado de militares que lo custodian.

Al llegar al Uruguay, evidentemente comienzan a aparecer los uniformados uruguayos, que son tres: el coronel Tomás Ventura Casella Santos, que es el más importante, Eduardo Ernesto Radaelli Copolla y Wellington Sarli Pose. Esos son los tres, más otro, al que se le pidió la extradición, pero estos son los tres cuya extradición fue solicitada por nosotros, a través de la Corte Suprema chilena, aprobada por la Corte Suprema del Uruguay. ¿Por qué estos tres militares? Porque ellos intervienen en la custodia, en el encuentro con Berríos, en su encubrimiento y después también intervienen en lo que es la muerte del químico. Es muy larga esta historia…

–¿Cómo termina?

–En definitiva, estos militares uruguayos trabajan coordinadamente con los chilenos enviados por el Dine, para poder arrendarle un departamento a Berríos. Después Berríos se pone demasiado complicado… -era alcohólico-, se pone muy…, era una persona difícil de manejar… Entonces, al final lo llevan a una playa, a la casa de un familiar de Radaelli. O sea, todo es perfectamente sincronizado y allí, estando en esa playa, que se llama Parque del Plata, un día se les escapa y va al comisario y ahí aparece toda esta historia que termina en una sesión secreta del Senado uruguayo, a puertas cerradas. El presidente del Uruguay; Luis Alberto Lacalle, que en ese tiempo andaba en Europa, se devuelve… Todo lo que pasa es un escándalo tremendo.

Todo esto financiado absolutamente con fondos públicos de los dos países. El tribunal de la Corte Suprema de Uruguay, para dar lugar a la extradición, preparó una carpeta entera, analiza, intervienen los defensores públicos, analizan bien si darla o no darla, se consideran las normas internacionales, cuáles deben regir o no regir y, finalmente, acceden y entregan a estos tres militares a Chile. Por primera vez, militares latinoamericanos son extraditados de su país, por una petición de la Corte Suprema chilena por cargos de haber participado en una violación grave de derechos humanos.

–¿Cuál es la conexión con el “Caso Letelier”?

–Todo esto forma parte del crimen de Orlando. Eso es lo que está en el proceso, el primer elemento en este caso, en el asesinato de Orlando Letelier, el crimen ocurrido en Washington el 21 de septiembre de 1976, un chileno que se llama Eugenio Antonio Berríos Sagredo, químico, que desafió a la justicia chilena y no compareció para entregar elementos relacionados con el crimen de Orlando Letelier. Y por eso yo estoy metida en esta historia desde hace 9 años. Así son de largos mis casos. En el de Orlando fueron 15.

–¿Qué pasa entonces?

–Hacen la presión ante el comisario, que como Berríos se había arrancado y había llegado diciendo que lo perseguían, el comisario lo manda a un examen médico. El examen dice que está nervioso pero que es una persona normal y en eso, los que estaban en la casa, arreglando no sé qué en el techo, bajan los militares uruguayos y llegan todos adonde el comisario, y ahí, Tomás Casella, que es uno de los extraditados, hace presión sobre Berríos y le dice que no, que retire la denuncia, y lo hace retirar la denuncia. Y Berríos se va con Tomás Casella. Ése es el último momento de la vida de Berríos que se conoce, junto a este uruguayo. Y ahí desaparece a fines de 1992 y después de mucho tiempo, o sea, un año, creo que en abril de 1995, por una casualidad, una persona que va a una playa llamada El Pinar, en ese lugar de balneario Parque del Plata encuentra un elemento, no sé qué, lo sacan y ahí está Berríos. Asesinado, con dos balas en la cabeza. Su data de muerte está definida entre enero y junio de 1993.

–¿En ese tiempo también va Pinochet a Uruguay?

–Va Pinochet a Uruguay, evidentemente. Hace un paseo al Uruguay y hay incluso una fotografía en que creo que está con Tomás Casella. Ah, pero lo más importante son las declaraciones del general del DINE, Ramírez Rurange ante el ministro que investiga, Alejandro Madrid, un ministro de corte extraordinario, encargado de este caso. Ahí, en una declaración judicial, Ramírez Rurange dice que efectivamente no fue él quien dio la orden de sacar a Berríos del país, sino que la orden de sacar a Berríos de Chile la dio Pinochet, entonces comandante en jefe del Ejército. Y hay todo un tomo que registra cómo se investiga esta situación, porque Ramírez Rurange dice que la orden para sacar a Berríos de Chile se la dio Pinochet en un almuerzo o comida que tuvo en su casa, donde había otros generales. Todos fueron citados a declarar y, por supuesto, niegan haber oído esto, pero lo cierto es que Ramírez Rurange mantiene firme que fue orden recibida del general Pinochet y por eso que Berríos llega al DINE a hablar con el general y ahí se arma toda la operación. Esa es la historia.

–¿Lo mataron a balazos?

–Hay una versión que dice que a Berríos lo enterraron con la cabeza abajo, como mueren los traidores creo que dicen, pero lo cierto es que se encontraron balas, elementos de balas. Y hay toda una investigación criminológica bastante significativa. Ahora, el proceso, como tú ves, mira todos esos tomos [señala pilas de volúmenes de documentos judiciales], no está completo acá, faltan los últimos…

–¿Cuántos años lleva este proceso?

–Desde el 2002 al 2011…

–Nueve años…

–Nueve.

–¿Y cuántas fojas son, más o menos?

–En este momento yo te diría que, por lo menos, tengo aquí conmigo, y me faltan fojas… –el ministro Alejandro Madrid es un magistrado extraordinariamente eficaz–, nueve mil, más las últimas…

–No, es un dato general nada más…

–Te digo que de todas maneras son más de 10.000 fojas, tomo treinta y tanto: más de 30 tomos…

–Este juicio ¿es para esclarecer la muerte de Berríos…?

–El secuestro, el homicidio y la asociación ilícita, que es lo que a mí me importa.

–Usted está involucrada en este proceso como…

–Como abogada querellante… Y también se hizo parte en este juicio mi sobrino José Ignacio Letelier Morel, hijo de Orlando que reside en Isla de Pascua.

–Entonces, ¿el “Caso Berríos” es una derivación…?

–Del “Caso Letelier”. ¡Claro! Ésa es la importancia de esta causa, por la relevancia de Berríos… Tengo un libro que escribió un uruguayo sobre el caso, que por lo menos es algo… El libro del periodista Samuel Blixen.

–Cuando se conozca la sentencia definitiva quizás sólo aparezcan unas pocas líneas en los grandes medios y no se conectará el “Caso Berríos” al “Caso Letelier…

–…Si es que algo sale… Y sólo se hablará de Berríos, no de Letelier, y nadie sabrá que tiene que ver Berríos con el “Caso Letelier”. Además, estamos hablando de ejércitos y de oficiales que todos, todos siguieron sus carreras, ascendieron de grado y categoría, ahora son brigadieres, generales, porque son muchos los que están involucrados

– La causa la instruyó el magistrado Alejandro Madrid…

–Del 6° Juzgado del Crimen. O sea, el es ministro extraordinario nombrado por la Corte de Apelaciones para investigar el secuestro y el homicidio de Berríos

–Me imagino que la familia de Berríos está interesada en este juicio.

–Mira, Berríos se casó con una mujer muy bonita, que se llama Gladys Schmeisser, que era bailarina, y qué se yo, quien tiene una historia bastante complicada, aunque yo no me meto en las vidas personales, pero también Berríos vivía con una tía que tenía una pastelería, donde había instalado un laboratorio químico para estudiar la boldina, todo esto además de ser miembro de la DINA

–Y la boldina la comercializaba…

–Claro, está en el expediente, todo lo que fue la tesis de grado que él hizo sobre la boldina, que francamente es…

–…una infusión de la hoja de boldo.

–De la hoja de boldo, que tiene propiedades medicinales. Francamente, él era un químico de alto vuelo, digamos.

–Que tiene propiedades medicinales para conservar la vida y después se puso a investigar en productos para hacer todo lo contrario: quitar la vida.

–Quitar la vida. ¡Exactamente! Y esta investigación ha tomado muchos años, en que el ministro Madrid ha realizado diligencias de investigación muy importantes acerca de cuál fue la participación de los oficiales y miembros del Ejército –son todos del Ejército– que participan en este delito. Y por supuesto, en la sentencia vamos a tener condenados no solamente a Ramírez Rurange, pues él se retiró, sino también a quien siguió a cargo, que es un general llamado Adrián Covarrubias, quien también está involucrado porque tuvo pleno conocimiento de lo que pasaba con Berríos. Y además, está también involucrado uno de apellido Provis, que era el comandante del Batallón de Inteligencia, donde Berríos estuvo viviendo 15 días, protegido en un establecimiento militar. Y se demuestra que tú no puedes ingresar a un establecimiento militar para vivir allí, a residir en el subterráneo con el apoyo del comandante Provis, sin autorización del Ejército, evidemente. Entonces, en toda la investigación del ministro Madrid se demuestra que en todo esto estuvieron efectivamente coludidos Provis, el general del DINE y otros. Este proceso demuestra cómo el Ejército de Chile, después de terminada la dictadura, siguió actuando en forma coordinada para llevar a cabo esta operación, porque Berríos tampoco fue el único que fue sacado del país para impedir que declarara ante la justicia. Hay otros dos casos más en la llamada “Operación Control de Bajas”. Uno es el ex mayor Carlos Herrera Jiménez, a quien también sacaron del país [se declaró culpable de los asesinatos de Tucapel Jiménez, ex presidente de la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales), bajo las órdenes de la DINE, y del carpintero Juan Alegría Mundaca, por cuenta de la Central Nacional de Información, CNI]. El otro es el ex capitán de Ejército CNI Luis Arturo Sanhueza Ross. Son tres los miembros del Ejército que por estar involucrados en violaciones de los derechos humanos fueron sacados de Chile por orden de las más altas jerarquías del Ejército, para evitar su concurrencia a los tribunales en la investigación de otros crímenes. Los tres estuvieron en Argentina y Uruguay protegidos por el Ejército para evitar su comparecencia por otros crímenes, como el caso de Tucapel Jiménez.

Pero, además, y esto es importante, también al ministro Madrid la familia Frei le ha presentado y, fundamentalmente, la ex senadora Carmen Frei, una demanda, una acción o una querella, para que investigue si efectivamente el ex Presidente de Chile Eduardo Frei Montalva fue o no muerto en la Clínica Santa María de Santiago mediante un producto químico de este tipo, en cuya fabricación también habría participado Berríos. ¿Entiendes?

–Estos tres hombres fueron sacados de Chile en democracia, financiados con dineros del Estado…

–Los anteriores fueron sacados antes…

–En Uruguay también hubo una contraparte, el Ejército de ese país, que hizo exactamente lo mismo y prestó toda la infraestructura, asumió gastos con cargo al Fisco… 

–¡Claro!

–Y también bajo un régimen democrático, ¿no?

–Exactamente…

–Gobernaba Luis Alberto Lacalle…

–Claro. Y cuando se produce el escándalo de la huida de Berríos, del balneario donde estaba, ahí el Presidente Lacalle andaba en Europa cuando se le comunica que se ha producido este alboroto y que ha llegado, por una comunicación anónima al Senado, el hecho de que uruguayos estuvieran coludidos en este crimen, el primer mandatario regresa a su país y prácticamente tratando de mantener todo encubierto.

El “Caso Frei Montalva” 

–El juez Madrid también investiga la muerte de Frei Montalva…

–La investigación de Madrid ha sido tan extraordinaria porque el “Caso Berríos” no sólo está conectado al asesinato de Orlando –a través de la parte que le toca a este químico–, sino que está vinculado a la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Y ésa es otra enorme cantidad de investigaciones y de pruebas que han tenido mucha prensa, que ha suscitado adhesiones del Senado, de la Cámara de Diputados y todo lo demás, y que es una gran preocupación. Creo que será difícil para el ministro Madrid –no sé qué dirá la sentencia definitiva– probar que estando el presidente Eduardo Frei Montalva en la Clínica Santa María, cómo pudieron introducirle, haya sido Berríos o alguno de esos personajes, inocularle un elemento toxicológico que causará su muerte.

–¿Cuál es su impresión personal sobre ese caso?

–Espero que todo lo que han establecido con gran esfuerzo y con mucho apoyo económico –han ido al Uruguay, han nombrado abogados y qué sé yo– ojalá lo pueda probar el ministro Madrid, pero es un proceso muy complejo que el magistrado ha mantenido permanentemente en reserva.

–¿Cuál será el próximo paso en el “Caso Berríos?

–La designación del relator. Y el relator se va a demorar, porque tiene que conocer todos los expedientes…

–La sentencia ¿ya está en la Corte de Apelaciones…?

–Pero tienen que nombrar un relator y en ese proceso están. Y el relator, para poder entrar a alegar en la sala de la Corte de Apelaciones que se determine, donde tienen que llegar estas querellas, va a tomarse su tiempo. El relator tiene que narrar los acontecimientos, las pruebas y todo, así que se va a demorar. Eso me permite a mí poder, efectivamente, estudiar bien toda la documentación, porque yo soy la querellante, para poder alegar, sea yo, o Sergio Corvalán, quien es un gran abogado a quien le he dado representación para que los dos podamos seguir este proceso.

 

Las sentencias de primera instancia

? Arturo Rodrigo Silva Valdés, ex mayor del Ejército chileno, fue condenado a 10 años y un día de prisión en su grado medio "por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio de Eugenio Berríos Sagredo, descrito en el inciso final del artículo 141 del Código Penal, perpetrado en la localidad de Parque del Plata, Departamento de Canelones, Uruguay, en fecha no determinada que medió entre el 15 de noviembre de 1992 y el mes de abril de 1993".

"Asimismo, se le condena a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena por su responsabilidad como co-autor del delito de asociación ilícita descrito en el artículo 292 y sancionada en el artículo 293 del Código Penal, y que fuera formada en esta ciudad [Santiago de Chile], a partir del mes de octubre de 1991".

? Hernán Ramírez Rurange, ex general chileno, fue condenado a 5 años y un día, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, más 3 años y un día, más inhabilitación perpetua, como co-autor de asociación ilícita.

? Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela, ex general chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 541 días, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita.

? Manuel Jorge Provis Carrasco, exz brigadier chileno, 5 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 3 años y un día, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita.

? Jaime Fernando Torres Gacitúa, ex mayor chileno, 5 años y un día e inhabilitación perpetúa por secuestro, y 3 años y un día, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita.

? Raúl Diego Lillo Gutiérrez, civil chileno DINE, 5 años y un día más inhabilitación perpetua, y otros 100 días por asociación ilícita.

? Pablo Marcelo Rodríguez Márquez, teniente coronel chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro, más 70 días por asociación ilícita.

? Tomas Ventura Casella Santos, ex coronel de Ejército de Uruguay, 5 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 3 años y un día, más inhabilitación perpetua por asociación ilícita.

? Eduardo Ernesto Radaelli Copolla, ex capitán de Ejército de Uruguay, 5 años y un día más inhabilitación perpetua por secuestro, y 70 días por asociación ilícita.

? Wellington Sarli Pose, ex coronel de Ejército de Uruguay, 3 años y un día más inhabilitación perpetua por secuestro, y 60 días por asociación ilícita.

? Manuel Antonio Pérez Santillán, ex coronel del Ejército chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por complicidad en secuestro.

? Juan Fernando Alfredo Torres Silva, ex general, ex auditor del Ejército chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por asociación ilícita

? Nelson Williams Román Vargas, suboficial del Ejército chileno, 3 años y un día, más inhabilitación perpetua por secuestro, y 60 días por asociación ilícita.

? Marcelo Ariel Sandoval Durán, suboficial de Ejército chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro, más 60 días por asociación ilícita.

 

Absoluciones y cargos rechazados

? Gines Emilio Rojas Gómez, civil chileno, se rechaza acusación del Consejo de Defensa del Estado como cómplice de secuestro y cargos de obstrucción a la justicia.

? Enrique Gabriel Ibarra Chamorro, ex coronel del Ejército chileno, se desestima su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

? Mario Enrique Cisternas Orellana (teniente coronel del Ejército chileno), Nelson Edison Hernández Franco (cabo del Ejército chileno, DINE) y Erika Silva Morales (secretaria de la DINE), fueron absueltos del cargo de autores del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

La sentencia también incluye indemnizaciones y reparaciones económicas en favor de los querellantes Fabiola Letelier del Solar, Gladys Schmeisser –la viuda de Berríos– y Gonzalo Berríos Sagredo, a cargo del Estado y de los condenados, quienes –además– deberán financiar las costas judiciales.

SERIE: Avances de la investigación a 30 años de la muerte del ex Mandatario. General (r) relató que la división de Computación e Informática estaba dividida en las zonas Alfa, Microficha y Archivo Físico… en esta última figuraban los nombres de quienes podían "dañar" al país: El juez busca justamente la carpeta asociada al ex Mandatario.

La búsqueda, al parecer infructuosa aún, de la carpeta que los organismos de inteligencia mantenían del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, es una de las tareas a las cuales ha destinado tiempo el magistrado Alejandro Madrid, según los antecedentes a los cuales accedió «La Segunda». Sólo tendría en su poder un pequeño trozo de ella.

Ayer relatamos cómo el juez determinó la existencia de todo un sistema desplegado por la Central Nacional de Inteligencia (CNI) para realizar escuchas telefónicas, aunque también la dificultad de dar con lo realizado en el entorno de Frei Montalva.

El magistrado trabaja bajo la tesis de homicidio y por ello procesó en 2009 a seis personas. Revisamos qué ha hecho Madrid desde ese hito hasta la actualidad por aclarar la muerte. El material de inteligencia acumulado por el gobierno militar podría ayudar a afirmar esta hipótesis.

"Alfa, Microficha y Registro Físico"

En junio pasado, el general (r) Osvaldo Ramón Palacios Mery dio una pista al juez, que indicaría que posiblemente esa carpeta estaba en un lugar especial: "La División de Computación e Informática estaba en el mismo cuartel donde estaba el Estado Mayor de la CNI y este departamento contaba con 3 áreas: Alfa, que era el registro de información en disco; Microficha, y la tercera Registro Físico , donde se guardaba antecedentes relativos a personas que pudieran ser consideradas como peligrosas para la seguridad del país ", apuntó.

Es ahí, dicen cercanos al proceso, que se sospecha pudo estar, al menos durante un tiempo, la carpeta Frei.

"A cargo de esta última sección (Registro Físico) estaba un detective jubilado Barrios", dijo Palacios, quien en octubre de 1981 fue nombrado jefe de la División de Computación e Informática.

"Es evidente que se llevaba"

Por lo que se sabe, los intentos por dar con la ficha de Frei son, hasta el momento, vanos: " Respecto a la carpeta de Frei no la recuerdo con exactitud, pero es evidente que se llevaba por la importancia" , dijo a los investigadores quien fuera el jefe del Estado Mayor de la CNI entre 1981 y 1983, el general de brigada (r) Sergio Mario Urrutia Francke .

En diciembre de 2009 el equipo policial de la causa dio con el coronel (r) que pudo manejar el expediente. René Osvaldo González Fuentes , quien trabajó en la CNI entre 1980 y 1982, declaró:"Es muy posible que (la carpeta Frei) haya estado bajo mi dependencia… no la recuerdo" .

Pero aunque no forma parte de sus últimos avances, trascendió que una parte del expediente fue entregada hace años a Madrid, con detalles de quiénes entraban y salían de la casa del ex Mandatario con frecuencia, a través de información conseguida por agentes identificados a través de códigos .

Matrimonio en la red

Justamente nada contra Frei hubiese sido posible sin un equipo de espías en terreno… idealmente de la DC.

Antes de los procesamientos de 2009, Madrid dejó a firme el trabajo desarrollado por la Brigada Purén de la Dina, dando pasos sustantivos para configurar el mismo comportamiento con su sucesora, la CNI.

U no de los últimos informes policiales sostiene que la ex secretaria de la DC en la época del plebiscito del 88, Hilda Clementina Navarro Varas, estuvo casada con Genaro Cerda Weber, militante que murió en 2007 y que dio sus primeros pasos en la JDC en los 60.

"Su esposo era militante del PDC y pagado por la CNI a través de Raúl Diego Lillo Gutiérrez, jefe de la Unidad Operativa de la Agrupación Ciervo, encargada de contactar, penetrar e infiltrar agentes del PDC , con el fin de conocer sus actividades en el gobierno militar", señala el escrito.

La mujer confirmó que a su casa iba Lillo Gutiérrez. "Sabía que mi marido le entregaba información a Lillo y que por ello era retribuido económicamente", dijo, pero negó haber espiado.

Su esposo habría entregado datos de los movimientos de Frei Montalva, al igual que supuestamente lo habría hecho su procesado ex chofer, Luis Alberto Becerra Arancibia.

Existe constancia de que la DC tenía otros informantes pagados por la CNI, como Ricardo de la Castilleja Terraza , sin que exista constancia respecto de si sirvieron para el presunto complot contra Frei.

 Abogado de agente clave: Lillo Gutiérrez está con una salud siquiátrica "deplorable"

"No lo he visto últimamente. Estuvo mucho tiempo en el Hospital Militar, pero en la sección siquiátrica, donde no puede tener contacto con otros pacientes del lugar, con una salud deplorable", indicó Jorge Balmaceda, abogado de Raúl Lillo Gutiérrez, el agente civil de la DINA y de la CNI, que hizo de jefe de la Unidad Operativa de la Agrupación Ciervo (de la Brigada Purén de la Dina), encargada de infiltrar la DC.

Según el defensor, Lillo Gutiérrez desarrolló una esquizofrenia y rasgos paranoides y aseguró que su cliente es totalmente inocente, porque, según su parecer, Frei Montalva murió de manera natural por las complicaciones de la operación de hernia al hiato a la que fue sometida a fines de 1981 y no por envenenamiento.

Según un informe del SML fechado el 19 de abril de 2010, el ex agente "presenta depresión mayor, dependencia a benzodiazepinas, deterioro psicorgánico leve y un deterioro conyugal y familiar prolongado".

Este domingo se cumplen tres décadas de la muerte por envenenamiento del presidente Frei. Distintas actividades recordarán su muerte. Al momento de morir, Frei Montalva estaba surgiendo como un importante foco de preocupación para la dictadura, ya que se levantaba como el principal líder de la oposición, hasta ese momento, clandestina.

A 30 años de la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva, la verdad total sobre las causas de su fallecimiento siguen un lento camino, pese a los esfuerzos de la familia por llegar a una respuesta concluyente, que permita sacar a la luz a los responsables directos e indirectos del primer y único magnicidio ocurrido en nuestro país.

Pero las cosas no son fáciles. Por ejemplo, el abogado Jorge Balmaceda aseguró que su defendido, el agente de la DINA testigo clave en el caso, tiene una salud siquiátrica "deplorable".

Se trata de Raúl Lillo Gutiérrez, quien fuera jefe de la unidad operativa de la Agrupación Ciervo, en la Brigada Purén, que se encargaba de infiltrar a personas al interior de la Democracia Cristiana, según publicó La Segunda. El abogado afirmó que últimamente no ha visto a Raúl Lillo. "Estuvo mucho tiempo en el Hospital Militar, pero en la sección siquiátrica, donde no puede tener contacto con otros pacientes del lugar, con una salud deplorable".

Además según un informe del Servicio Médico Legal (SML), realizado el 19 de abril de 2010, se confirmó que el ex agente civil de la DINA y posteriormente de la CNI "presenta depresión mayor, dependencia a benzodiazepinas, deterioro sicorgánico leve y un deterioro conyugal y familiar prolongado".

Cabe recordar que Lillo se contactaba con Genaro Cerda Weber, ex militante de la DC y esposo de la secretaria del partido en la época del plebiscito de 1988, Hilda Navarro Varas. Según el informe policial, Cerda Weber "era militante del PDC y pagado por la CNI a través de Raúl Lillo Gutiérrez"

El año 2007, Hilda Navarro reconoció el contacto entre Lillo y su esposo, sin embargo, rechazó que Genaro Cerda hubiera espiado al partido. Según una investigación, "su esposo habría entregado datos de los movimientos de Frei Montalva, al igual que lo habría hecho otro procesado, el ex chofer del presidente Frei y del actual senador Andrés Zaldívar, Luis Alberto Becerra Arancibia".

Ministro en visita con dedicación exclusiva

El ministro en visita que investiga la muerte de Frei Montalva, Alejandro Madrid, es quien revisaba ocho causas relacionadas con crímenes de la dictadura, entre los que se cuentan el caso de Víctor Jara, el homicidio de Litre Quiroga, el secuestro de Fernando Olivares, los casos de los desaparecidos en La Moneda, el Comando Conjunto, la Operación Colombo y Operación Cóndor. Sin embargo, tras la solicitud de la familia Frei de solicitar dedicación exclusiva al caso, la Corte Suprema accedió a dicha petición.

El juez señaló en su momento que "avances existen, lo que pasa es que no se han traducido en resoluciones, porque no existen los antecedentes suficientes para decretar una resolución en particular".

Ya han transcurrido ocho años desde que comenzaron las investigaciones. Hace dos se procesó a seis personas que fueron asociadas al supuesto "homicidio" del ex presidente. Participantes del proceso judicial reconocen que la indagación del ministro en visita Alejandro Madrid, tiene varios déficits. Revisando el expediente del caso, se puede ver como el magistrado ha intentado reconstruir el espionaje de la CNI hacia Frei, ya sea con escuchas telefónicas, e intenta encontrar la carpeta que supuestamente existía del ex mandatario.

Por su parte el abogado de la familia Frei, Juan Pablo Hermosilla, es uno de los más férreos defensores de las labores del ministro Madrid. Señala que es necesario investigar sobre todo de personajes que no están procesados y que habrían tomado decisiones para ejecutar el crimen.

La muerte de Eduardo Frei Montalva

Eduardo Frei Montalva fue uno de los personajes políticos más relevantes de Chile en el siglo XX. Forjador de la Falange Nacional, hoy Democracia Cristiana. Presidente de la República y al momento de producirse el golpe militar de 1973 era Presidente del Senado, es decir, la segunda autoridad de la República.

Bajo su mandato Chile avanzó hacia el desarrollo gracias a la reforma agraria, la chilenización del cobre y la reforma educacional, entre otras grandes líneas que impulsaba su llamada "Revolución en Libertad".

En 1980, Frei convocó a los chilenos a votar por el "No" en contra de la Constitución que había ideado Pinochet para asegurar una legalidad a su régimen. La dictadura había llamado a un plebiscito para aprobar esta Constitución.

El acto electoral estuvo reñido con todos los elementos que requieren de transparencia en una votación. No existió información, los líderes políticos fueron arrestados, hubo represión, muertes, asesinatos, exilio, relegaciones de opositores a lugares remotos del país y un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Contra ese acto electoral, Frei se levantó y se opuso duramente.

Bajo ese clima, se origina el famoso "Caupolicanazo" que organizó en 1980 en contra de Pinochet y que su hijo, el ex presidente y senador Eduardo Frei Ruíz-Tagle señaló que ahí fue donde su padre firmó su acta de muerte por oponerse a la dictadura. El acto se realizó en el Teatro Caupolicán y fue el primer acto de carácter político en plena dictadura.

De una simple operación a su muerte por septicemia

En diciembre de 1981, Frei se sometió a una cirugía de carácter simple producto de una molesta hernia al hiato, hospitalizándose en la Clínica Santa María de Santiago.

Según diversos testimonios, el ex presidente no aceptó seguir el consejo de muchos de sus cercanos: era más seguro operarse en el extranjero, dadas las condiciones políticas imperantes, plena dictadura de Augusto Pinochet y donde había sido declarado enemigo número uno del dictador. Se afirma que rechazó la idea por considerar que se tomaría como una cobardía o como un privilegio que no podía ni quería aceptar.

Luego de tener un post operatorio dentro de los parámetros normales para un hombre de su edad, a los pocos días su condición empeoró y debió sufrir otra intervención. Allí los médicos habrían descubierto la presencia de un daño intestinal que en la primera cirugía no estaba presente.

Su condición empeoró drásticamente y falleció a las 17 horas del 22 de enero de 1982, a la edad de 71 años.

Oficialmente se informó que el deceso se produjo por una infección bacteriana que originó una peritonitis aguda y un posterior shock séptico.

Como era de esperarse, su muerte originó sospechas y no pocos pensaron en un asesinato, si bien la forma en que se perpetró no comenzó a descubrirse hasta tiempo después.

Al momento de morir, Frei Montalva estaba surgiendo como el más importante foco de preocupación para la dictadura, ya que se levantaba como el principal líder de la oposición, hasta ese momento, clandestina. Frei aparecía como el único dirigente democrático capaz de enfrentar, sin violencia, al régimen de Pinochet.

Su familia no descansará hasta saber la verdad

Tras el regreso a la democracia, la familia inició los trámites judiciales para determinar con exactitud las causas de la muerte, quedando a cargo del ministro Alejandro Madrid.

En enero de 2005, Michael Townley, un antiguo agente de la DINA, que había participado en los crímenes del ex canciller Letelier y del asesinato del general Prats y su esposa, confirmó la relación entre esa entidad con Eugenio Berríos, químico especialista en armas biológicas destinadas a ser usadas en el asesinato de opositores políticos.

Singularmente, cuando la justicia se acercaba a Berrios para que declarase, y en plena democracia, el Ejército y Pinochet sacan a este químico de Chile en una gran operación de inteligencia y se lo llevan a una casa de seguridad en las cercanías de Montevideo, Uruguay. Recordemos que Eugenio Berrios es sacado en pleno gobierno democrático del presidente Aylwin, el 26 octubre de 1991, por militares chilenos desde el aeropuerto de Pudahuel a la capital uruguaya.

Luego de estar "retenido" por un buen tiempo, Berrios intenta huir y señala en una estación de policía uruguaya que "está secuestrado". La versión agrega que Berrios fue entregado por policías uruguayos a militares chilenos. Dos días después el agente de la DINA aparece muerto en una playa uruguaya con tres tiros en la nuca.

Diez años antes, el 8 de diciembre de 1981, Berríos ingresó a la Cárcel Pública de Santiago para intentar matar a los militantes del MIR Ricardo y Elizardo Aguilera, Guillermo Rodríguez Morales y Adalberto Muñoz Jara. Ellos resultaron envenenados con una toxina, pero salvaron con vida. Sin embargo, dos reos comunes que compartían las comidas con los miristas Víctor Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz murieron intoxicados. Ya era conocido que la policía secreta de Pinochet estaba "experimentando" sus macabras operaciones de envenenamientos con seres humanos. Y se aprestaban a cometer un crimen de magnitud.

Por ello, la participación de Berríos en este crimen frustrado, así como su vínculo con el envenenamiento del ex presidente Frei Montalva, lograron ser igualmente establecidos en el proceso por el ministro Madrid y el equipo de la Policía de Investigaciones que le colabora.

Por su parte, la hija del Mandatario, la ex senadora Carmen Frei, denunció que luego de la muerte de su padre, ella una hora después fue donde estaba su cuerpo y se encontró con una imagen impactante: los restos de Eduardo Frei colgaban de una especie de escalera.

Los médicos que, según la misma Carmen Frei, no estaban autorizados para realizar una autopsia le dijeron que era para "sacar los fluidos del cuerpo ya que sus restos iban a estar expuestos varios días" para que los chilenos le dieran su despedida. Frei murió a fines de enero y las temperaturas promedio eran de 30 grados.

Conmemoración a 30 años de la muerte de Eduardo Frei Montalva

Con motivo de la conmemoración de los 30 años de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, Fundación Eduardo Frei y el Partido Demócrata Cristiano realizarán un acto en el Cementerio General de Santiago este domingo 22 de enero a partir de las 11:00 hrs.

El acto será encabezado por el actual Senador y ex Presidente, Eduardo Frei Ruiz -Tagle, el Presidente del Partido Demócrata Cristiano, Ignacio Walker, y el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar, quienes serán los oradores de la ceremonia.

El ex presidente Frei Ruiz- Tagle señaló que "confiamos en que estamos muy cerca de que se esclarezca la verdad frente a este caso, invitamos a recordar el trascendente significado de la vida e inesperada muerte de uno de los líderes políticos y sociales más importantes de la historia de Chile".

El ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones aumentó las condenas de los autores del secuestro con posterior homicidio del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos, y a quienes conformaron una asociación ilícita con el fin de asesinarlo, en 1992 en Uruguay.

En fallo dividido, los ministros de la Quinta Sala del tribunal de alzada Carlos Cerda, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Teresa Álvarez confirmaron, en el aspecto de penal, la sentencia del ministro Madrid, y aumentaron los períodos de presidio.

Así el mayor (r) Arturo Silva Valdés fue condenado a una pena efectiva de 15 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio y 5 años y un día por asociación ilícita.

El ex jefe de la DINE general (r) Hernán Ramírez Rurange recibió una pena efectiva de 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro; 10  años y un día por asociación ilícita, y absuelto de obstrucción a la justicia, mientras que el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

En el aspecto civil, la sala revocó la resolución que había acogido la demanda de indemnizaciones a favor de Fabiola Letelier del Solar y Gladys Schmeisser, pero mantuvo el pago de $20.000.000 para la sucesión representada por el querellante Gonzalo Berríos Sagredo.

El resto de las condenas de la Corte

Eugenio Covarrubias Valenzuela: 10 años y un día por su responsabilidad como autor de del delito de secuestro; 5 años y 1 día por asociación ilícita, y absuelto de su participación como encubridor de secuestro con homicidio y obstrucción a la justicia. Sin beneficios.

Jaime Torres Gacitúa: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.

Manuel Provis Carrasco: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.

Pablo Rodríguez Márquez: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

Raúl Lillo Gutiérrez: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por  asociación ilícita. Absuelto del cargo de obstrucción a la justicia. Sin beneficios.

Manuel Pérez Santillán: 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice del delito de secuestro y absuelto del cargo asociación ilícita. Sin beneficios.

Tomás Casella Santos (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día asociación ilícita. Sin beneficios.

Eduardo Radaelli Copolla (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

Wellington Sarli Pose (militar uruguayo): 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice del delito de secuestro y 60 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

Marcelo Sandoval Durán: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto por infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.

Nelson Román Vargas: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto del cargo de infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.

Enrique Ibarra Chamorro: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

Mario Cisternas Orellana: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

Nelson Hernández Franco: absuelto por  su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

Erika Silva Morales: absuelta por  su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

Emilio Rojas Gómez: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de obstrucción a la justicia

A eso apuntan las actuales investigaciones del Ministro en Visita, al cumplirse este domingo 20 de enero, 31 años del asesinato por envenenamiento del líder democratacristiano y Presidente de Chile entre 1964 y 1970. La orden de eliminar a Frei Montalva habría sido dada directamente por Augusto Pinochet.

Más de 50 nuevas diligencias dispuso el juez para que sean pesquisadas, tanto por la Fuerza de Tareas de Investigaciones Reservadas (FTIR) y la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, como por otras entidades requeridas especialmente.

Este domingo 20 de enero la familia Frei y la comunidad DC conmemoran en el Cementerio General el 31 aniversario de la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva.

El magistrado investigador del magnicidio, Alejandro Madrid Croharé, cumple a su vez diez años en esta tarea. Contra lo que suponen sectores interesados en echarle tierra al caso, el ministro en visita ha ordenado nuevas diligencias.

“Operación Especial”

Lo más relevante en los últimos meses ha sido que Madrid estaría llegando al convencimiento de que la muerte de Frei Montalva fue planificada en el marco de una “Operación Especial de Inteligencia de Eliminación Física”, como codifican los organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas el asesinato de agentes enemigos o de personas relevantes.

Este rumbo podría tener en lo sucesivo la investigación del envenenamiento que afectó a Frei. Lo señalado estaría por materializarse.

En el marco de esta relevante hipótesis –aseguraron fuentes calificadas a Cambio21-, el ministro en visita “dispuso más de 50 nuevas diligencias, para que sean pesquisadas tanto por detectives de la Fuerza de Tareas de Investigaciones Reservadas (FTIR) y la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, así como por otras entidades requeridas especialmente”.

Del resultado de tales indagaciones dependerá el nuevo curso del proceso. Madrid resolvió no dar conocimiento a las partes del conjunto de las diligencias en ejecución, por necesidades propias de esta crucial etapa, la que “se encuadra perfectamente” con la orden que el miércoles 30 de diciembre de 2009 le dio la Segunda Sala de la Corte Suprema.

En esa ocasión, se ratificaron los procesamientos de los médicos Patricio Silva Garín, Pedro Samuel Valdivia Soto, Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardieri, y los agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Raúl Diego Lillo Gutiérrez y Luis Alberto Becerra Arancibia.

En dicha resolución se le instruye que “oriente el curso de las pesquisas hacia la comprobación de una eventual asociación ilícita para la perpetración del delito contra la vida de que se trata”, reza textualmente el mandato redactado por el ministro Jaime Rodríguez.

La hipótesis en ejecución se sustenta -dijo la misma fuente calificada- “en suficiente información” acopiada últimamente en la investigación. Nuestro informante hizo ver el “clima muy positivo” que ronda el proceso y la necesidad que Cambio 21 no publique “los antecedentes fundamentales” para el éxito de la investigación y con ello evitar grave daño, lo cual por cierto constituye un imperativo ético que se respeta.

No obstante, la fuente calificada aceptó que ocupásemos “la analogía correcta”, en beneficio de la necesidad de información a la ciudadanía. Esto es que los autores y ejecutores del magnicidio serían agentes de cuerpos de inteligencia, que actuaron en el marco de una “Operación Especial de Inteligencia de Eliminación Física, de Carácter no Convencional”.

Esta hipótesis desploma el supuesto de una “conjura” en contra del presidente Frei Montalva, en un plan de civiles mezclados con políticos, empresarios y sicarios. Por tanto –fundamentó la fuente calificada- “los modelos paradigmáticos en esta clase de crímenes (como el de Frei Montalva) son los del líder gremial Tucapel Jiménez Alfaro y el bioquímico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo”.

Plan de eliminación

A la luz de los hechos de sangre que rodearon “los modelos paradigmáticos”, es decir Jiménez y Berríos, surgen dos consideraciones relevantes: La primera es que los autores y ejecutores, en aquellos sucesos, son agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). La segunda, es que en las “bases del plan de eliminación” del ex mandatario se le habría situado en la condición de enemigo, “de amenaza para la Defensa y seguridad nacional”, desde el punto de vista de la lógica de la seguridad nacional.

Para entender esta trama criminal, hay que remitirse a la investigación del caso Tucapel Jiménez, donde el juez Sergio Muñoz develó toda la operación contra el dirigente y la metodología empleada por los aparatos de Inteligencia. Este magistrado estableció que, en la lógica de la dictadura militar, “las labores de Inteligencia, para la ‘adopción de medidas resguardadoras de la seguridad nacional’, eran consustanciales al ejercicio del poder”.
O, según el Reglamento de Inteligencia del Ejército de Chile, “es una función primaria del mando”, aplicable a todos los campos de acción interno y externo –económico, diplomático y bélico-, y con repercusiones en el desarrollo industrial y comercial.

Misterios a develar
Aterrizando todos estos hechos dados por verdaderos por la Justicia, el ministro en visita Alejandro Madrid tendría el desafío de lograr probar su eventual hipótesis, develando los siguientes misterios:

1.- ¿Quién habría sido la Autoridad Competente en la Operación Especial de Inteligencia de Eliminación Física de Eduardo Frei Montalva?

2.- ¿Quién el autor mediato del plan, los ejecutores directos, cómplices y encubridores del mismo plan?

3.- ¿Qué papel desempeñaron en el operativo los 6 inculpados: Médicos Patricio Silva Garín, coronel (S) de Ejército; Pedro Samuel Valdivia Soto, agente de la Clínica London de la DINA; Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardieri, patólogos de la Universidad Católica; Raúl Diego Lillo Gutiérrez, teniente del Ejército, agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE); y Luis Alberto Becerra Arancibia, empleado civil de la DINE?

Utilizan a medios de comunicación para dar pistas falsas

Varias falsas pistas se han divulgado en los medios para desprestigiar la investigación o para distraer al juez Alejandro Madrid.

La primera de ellas surgió con una destacada publicación de la revista “Qué Pasa”, el 10 de noviembre de 1995, bajo el título “Las Pistas Ocultas”. En este reportaje se señala que el coronel Gerardo Huber desmanteló el laboratorio del químico de la DINA Eugenio Berríos y participó en la elaboración del gas Sarín.

Dicho oficial fue jefe del Departamento de Logística del Ejército y hallado muerto el 20 de febrero de 1992 cerca del río Maipo. En efecto, Huber fue jefe del Complejo Químico del Ejército, donde fue empleado Eugenio Berríos; fue asesinado por sus compañeros de armas, a la vez que Berríos desapareció en noviembre de 1991.

Por ello, el abogado querellante Alvaro Varela presentó al juez investigador los antecedentes y solicitó indagar todo ello, dada la vinculación con el tema que cruza todo la investigación suya, que es la producción de gases letales y en ello Berríos es protagonista.

Los detectives tomaron declaración al director y al editor del semanario, y luego al autor del reportaje, consultándole por el origen de su información. El reportero aseveró que “nadie le entregó los datos, porque él los tomó de otras publicaciones que leyó”.

Periódico “El Siglo”

Un segundo hecho de esta naturaleza afectó al periódico “El Siglo”, del Partido Comunista. En la edición N°1.456 del viernes 5 junio de 2009, publicó en portada y varias páginas interiores lo que llamó “Documentos Secretos de la CIA. Impresionantes revelaciones sobre el asesinato de Frei Montalva. Las vinculaciones de Agustín Edwards y la Empresa El Mercurio”, etc.

En resumen, publicó documentos supuestamente elaborados por la oficina de la CIA en Santiago, con antecedentes sobre una denominada Operación Walkiria, para asesinar a Frei.

Tras cartón, el periódico “La Nación”, el domingo 7 de junio de 2009, le dio patente de verídico, sin comprobar datos. Ante esto, el juez Madrid pide a sus detectives tomar declaración al director del semanario, el periodista Francisco Herreros, quien el 8 de junio indica que el informante es Ricardo León Servanti.

Esta persona resultó ser amigo y empleado del abogado Fidel Reyes Castillo, histórico defensor del general Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA. Contreras conocía con antelación el material que recibió Herreros.

En WikiLeaks

Fue tal el grado de desinformación que se echó a correr que hasta la Embajada de Estados Unidos en Santiago pudo haber sido sorprendida.

El lunes 7 de febrero de 2011, el diario español “El País”, publicó documentos filtrados por el sitio web WikiLeaks, que revelaron el contenido de un cable del embajador Paul Simons, donde decía: “La trágica historia reciente de Chile continúa dividiendo a su gente, y la muerte de este emblemático Presidente (Frei Montalva) parece destinada a ser un área más en que la verdad completa nunca será conocida”.

Según WikiLeaks, este cable referido al crimen fue enviado a Washington el 11 de diciembre de 2009, es decir cuatro días después que el juez Alejandro Madrid incriminara a cuatro médicos y dos agentes DINA-DINE, estableciendo con rigor científico el uso de sustancias químicas en la consumación del magnicidio.

El Mercurio y la sustracción del peritaje

La Fiscalía Centro Norte tiene en su poder los antecedentes de lo publicado por El Mercurio los días 20 y 21 de diciembre de 2010, restando validez a los peritajes que informaron del hallazgo de talio y gas mostaza en el organismo de Frei Montalva.

En distinto grado, participaron en ello los médicos de la UC Ignacio Sánchez (entonces, decano de Medicina, hoy rector de la PUC) y el pediatra Enrique Paris, además del neurofisiólogo Fernando Orrego, profesor en la Universidad de Los Andes, reconocido integrante del Opus Dei.

A pesar de que ninguno de estos facultativos son expertos en toxicología forense –como afirmaron a Cambio21 profesionales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile-, los médicos Paris y Orrego, entrevistados por El Mercurio, restaron valor al peritaje de las doctoras Laura Börgel y Carmen Cerda, las cuales confirmaron la presencia de talio y gas mostaza en el cuerpo de Frei.

El periódico, además, publicó detalles del referido informe, por lo que las periodistas Cynthia Carvajal y Pilar Molina debieron declarar ante la policía y ante el propio juez Madrid. La segunda, para explicar la sustracción y posterior divulgación de una pieza secreta del sumario. Los interrogatorios se llevaron a cabo en diciembre de 2009 en el caso de Carvajal y en enero y octubre de 2010 respecto de Molina.

También debieron concurrir al tribunal los médicos Sánchez, Paris y Orrego en octubre de 2010. El primero por autorizar a su subordinado Paris a conceder la entrevista y los segundos por cómo obtuvieron el peritaje que estaba bajo recaudo judicial, por lo que su utilización indebida se considera un delito.

Molina confirmó a este semanario su comparecencia ante la justicia, pero descartó la tesis del desprestigio, señalando que sólo fue responsable de indagatorias periodísticas inherentes a la actividad y que Madrid no la ha vuelto a citar.

La publicación del peritaje y declaraciones de los médicos Orrego y Paris fue los días 20 y 21 de diciembre de 2009, justo una semana después de la primera vuelta de la elección presidencial, en que Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Sebastián Piñera resultaron con las primeras mayorías relativas para ir al balotaje en enero 2010.

Esta sucesión de hechos no es casual, sostienen los defensores de la tesis de una maniobra política y mediática destinada a restar credibilidad a la investigación del juez Madrid. Por ello, todos los antecedentes hoy están en la Fiscalía Centro Norte.

Durante la madrugada de este viernes comenzaron hacer ingreso al penal Punta Peuco los condenados por el crimen del ex químico de la disuelta DINA, Eugenio Berríos, para cumplir sus respectivas penas.

Los oficiales (r) Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo Gutiérrez, Manuel Pérez, Nelson Roman Vargas y los uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli Copolla y Wellington Sarli Pose llegaron hasta el recinto.

Así también, hasta la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones llegó el general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela y el ex fiscal militar y ex auditor del Ejército Fernando Torres Silva, quien fue condenado a 10 años y un día de prisión, sin beneficios.

Torres Silva, que fue sentenciado como autor del delito de asociación ilícita y conocido como uno de los fiscales favoritos de Augusto Pinochet, vestía un chaquetón grueso y cargaba un maletín en cada mano y fue acompañado por un escolta.

El rápido cumplimiento de las condenas se produjo luego del suicidio del general (r) Hernán Ramírez Rurange, quien falleció ayer jueves.

El ex uniformado se quitó la vida con un disparo en la cabeza mientras se encontraba en su domicilio en compañía de su mujer, ubicado en Américo Vespucio Norte 767 departamento 123.

Ramírez Rurange había sido condenado a 20 años de presidio; 10 años y un día por su responsabilidad como autor de los delitos de secuestro, 10 años y un día por asociación ilícita y absuelto de  obstrucción a la justicia. Sin beneficios.

Se trata de:
 
PABLO MARCELO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, oficial en retiro del Ejército, condenado en causa ROL N° 7981, a una pena de 10 años 1 día, por el delito de secuestro; y 800 días por el delito de asociación ilícita.
 
EDUARDO ERNESTO RADELLI COPOLLA, oficial en retiro del ejército uruguayo, condenado en causa ROL N° 7981, a la pena de 10 años 1 día, por el delito de secuestro; y 800 días por el delito de asociación ilícita.
 
RAÚL DIEGO LILLO GUTIÉRREZ, ex empleado civil del Ejército, condenado en causa ROL N° 7981, a la pena de 10 años 1 día, por el delito de secuestro; y 800 días por el delito de asociación ilícita.
 
TOMÁS VENTURA CASELLA SANTOS, oficial en retiro del ejército uruguayo, condenado en causa ROL N° 7981, a la pena de 10 años 1 día, por el delito de secuestro; y 5 años 1 día por el delito de asociación ilícita.
 
NELSON WILLIAMS ROMÁN VARGAS, suboficial mayor del Ejército en servicio activo, condenado en causa ROL N° 7981, a la pena de 10 años 1 día, por el delito de secuestro; y 800 días por el delito de asociación ilícita.
 
WELLINGTON SARLI POSE, oficial en retiro del ejército uruguayo, condenado en causa ROL N° 7981, a la pena de 5 años 1 día por el delito de secuestro.
 
EUGENIO ADRIÁN COBARRUVIAS VALENZUELA, oficial en retiro del Ejército, condenado en causa ROL N° 7981, a la pena de 10 años y un día, como autor de secuestro; y 5 años y 1 día por asociación ilícita.
 
MANUEL ANTONIO PÉREZ SANTILLÁN, oficial en retiro del Ejército, condenado en causa ROL N° 7981, a la pena de 5 años y un día, como autor de secuestro.
 
JUAN FERNANDO ALFREDO TORRES SILVA, oficial en retiro del Ejército, condenado en causa ROL N° 7981, a la pena de 10 años y un día, por el delito de asociación ilícita.-

La muerte del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, calificada como homicidio por el ministro en visita Alejandro Madrid, luego de más de 15 años de investigaciones y a 35 años de ocurrido el hecho, es un crimen de Estado. Con las agravantes políticas de ser el primer asesinato de alguien que ejerció la Presidencia de la República, y la extrema indiferencia moral de la institución responsable directa del hecho: el Ejército de Chile. La decisión del magistrado de acusar a varias personas por homicidio, viene a llenar un vacío de años dejado por la omisión de vastos sectores institucionales y de opinión del país, ante un hecho que para la memoria de la ciudadanía fue siempre una verdad evidente: que Frei Montalva fue asesinado por ser opositor a la dictadura militar.

Luego de cincuenta tomos de expediente judicial con investigaciones, declaraciones, careos y extensos peritajes, el ministro Madrid resolvió cerrar el sumario (el juicio, por su antigüedad, se tramita en el antiguo procedimiento penal) y enjuiciar a seis personas como autores, cómplice y encubridores del delito de homicidio en la persona del ex Presidente: Patricio Silva Garín, Raúl Diego Lillo Gutiérrez y Luis Alberto Becerra Arancibia como autores directos; Pedro Samuel Valdivia Soto como cómplice; y Helmar Egon Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere como encubridores.

El magistrado basó su decisión en el mérito probatorio de los elementos reunidos en la causa, que en resumen expresa que se encuentra legalmente acreditado que, con motivo del plebiscito que dio origen a la Constitución de 1980, Eduardo Frei Montalva empezó a encabezar la disidencia política al proceso, considerándolo ilegal por la inexistencia de registros electorales y de un tribunal electoral imparcial. Además que, en la misma época, las fuerzas políticas y gremiales opositoras habían iniciado un proceso de unidad para instar por el término de la dictadura y por una transición gradual que fijara plazos a la realización de elecciones libres, con destacada participación del ex Mandatario y de líderes gremiales agrupados en la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), que encabezaba Manuel Bustos. Y que, dado el reconocido prestigio que en Chile y el exterior tenía Frei y el aislamiento y dificultades que manifestaba la dictadura, él se transformaba en un peligroso adversario, capaz de encabezar un movimiento de reconstitución democrática con amplio apoyo interno e internacional.

Vastamente conocidos por la opinión pública –y que el expediente confirma– son los pormenores de la estrecha vigilancia e infiltración de sus círculos íntimos a que se vio sometido el ex Presidente, todo llevado a cabo por los servicios secretos de la dictadura. También se conocen las circunstancias de su enfermedad y el tratamiento médico, el cual, desde el punto de vista quirúrgico, no revestía ningún riesgo médico que pudiera hacer temer por mayores complicaciones, como luego ocurrió. La ingenuidad del entorno familiar y del propio ex Mandatario, les impidió calibrar la determinación criminal del Gobierno y el hecho cierto de que el ex Presidente había sido puesto en la mira como un opositor peligroso al que se debía eliminar. La confabulación práctica para hacerlo encontró su oportunidad propicia cuando se internó en la Clínica Santa María para una operación, momento que aprovecharon los mandos de los servicios secretos para destacar un equipo operativo de médicos, enfermeras y agentes, que terminaron con su vida.

Las complicaciones de salud sobrevinientes a la operación quirúrgica, causadas por la intervención homicida de agentes del Estado, ha sido confirmada ahora, luego de años de ardua investigación, y debidamente aclaradas por los peritajes. De ellos quedó en evidencia que Frei fue sometido a un envenenamiento sostenido y paulatino en medio de su tratamiento médico, que lo llevó a una crisis inmunológica sistémica en el tiempo transcurrido entre sus dos internaciones en la Clínica Santa María. A su vez, las acuciosas investigaciones determinaron que los agentes que le vigilaron estrechamente y luego lo envenenaron tuvieron dependencia y órdenes del mando militar del Ejército en su actuación y que, dadas las características y circunstancias de los hechos, fue un acto de carácter institucional.

Indiferencia moral

De ahí que es dable afirmar como agravante la indiferencia moral del Ejército, brazo operativo del asesinato, así como de las autoridades políticas y  militares de la dictadura. Pues no solo arbitraron medidas para el mayor secreto, sigilo y encubrimiento de los hechos sino que, hasta el día de hoy, el Ejército tampoco ha entregado toda la información de que dispone, como insistentemente han sostenido los familiares y querellantes. Un ejemplo es el llamado caso Berríos, referido al homicidio del químico agente de la Dina y el CNI, cuya fuga del país bajo el amparo de círculos de inteligencia militar y su posterior asesinato en Uruguay, ocurrió en plena democracia, en la década de los 90, del siglo pasado, bajo la comandancia en Jefe de Augusto Pinochet. El hecho permitió coger una hebra investigativa que develó de manera fehaciente el uso de gases tóxicos y bacterias para asesinar a opositores a la dictadura, entre los que se encontraba Eduardo Frei Montalva. Pese a las dificultades investigativas, el caso Berríos permitió reconstruir el modus operandi seguido por los homicidas del ex Presidente, como consta en la acusación del ministro Madrid.

“Ningún crimen de Estado se comete sin ensayar un discurso justificante”, sostiene Raúl Zaffaroni, catedrático argentino, experto en derecho penal y derechos humanos. Siempre  el o los responsables de la decisión y los autores materiales directos actúan  bajo la convicción de tener el justificativo de un interés público, que les permite idealizar como acto heroico la eliminación de alguien calificado como un enemigo del Estado. Las admoniciones del dictador Augusto Pinochet sobre la traición a la patria de “aquellos que errando su camino vuelven a pactar con el marxismo internacional”, en alusión directa a Eduardo Frei, explicitaban pocas semanas antes del asesinato el despliegue ideológico que la dictadura hizo para cerrar filas entre sus adherentes, y los esfuerzos por generar la traición en los círculos íntimos del ex Presidente, para controlarlo y eliminarlo.

Particularmente clarificadores son los literales h) y j) del auto acusatorio del ministro Madrid: “Los partícipes se vieron favorecidos por una serie de circunstancias provocadas intencionalmente con anterioridad a la perpetración del delito, tales como, la desprotección de la seguridad del ex mandatario por parte de la autoridad gubernamental y policial, la intervención telefónica y seguimientos de que era objeto permanentemente, los hostigamientos realizados tanto a su persona como a su familia en su domicilio particular y, sobre todo, la infiltración en su círculo más cercano de personas que obedecían a los citados organismos de seguridad del régimen militar y otros que formaban parte activa del Ejército de Chile y que naturalmente, dada la estructura de esa institución no podían menos que estar subordinados a las órdenes provenientes de sus mandos superiores; (j) (…) también es necesario precisar que dentro del staff de médicos que prestaban servicios en el establecimiento asistencial antes señalado, existían algunos que paralelamente se desempeñaban en los servicios de seguridad del Gobierno, específicamente en la Clínica LONDON, que dependía de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y, resulta del caso señalar que precisamente uno de ellos ha reconocido haber ingresado a la habitación del ex Presidente FREI, el día 08 de diciembre de 1981, cuando sufrió el shock séptico que motivó su internación en la UCI y posteriormente fue visto en forma reiterada en las dependencias últimamente mencionadas, no obstante no desempeñar labores en ella”, se lee en el documento.

“El crimen de Estado es un delito altamente organizado y jerarquizado, quizás la manifestación de criminalidad realmente organizada por excelencia”, sostiene Zaffaroni. Pero los criminales de Estado también desarrollan técnicas de neutralización frente a los hechos, que les permiten configurar la convicción de no responsabilidad y la negación absoluta de la realidad del delito, por fuera de los valores que creen encarnar y que los motivaron al crimen.

Poco se ha debatido en el país sobre cuáles fueron y cómo se implantaron esas técnicas de neutralización que han permitido que la institución castrense viva, durante todos estos años, la indiferencia moral frente a ese crimen, y a otros múltiples vinculados a las violaciones de derechos humanos. Es preocupante, porque tal actitud daña el centro mismo de su declarada doctrina de honor y verdad, transformándola en algo meramente formal o de escasa convicción ética.

"No me atrevería a llamar la atención y a molestar con este clamor de justicia a los miembros de esta Comisión Internacional de Derechos Humanos, si no fuera absolutamente inocente de todas y cada una de las acusaciones". Así, a través de un escrito de nueve carillas, el exagente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Raúl Lillo Gutiérrez, condenado a siete años de presidio por el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva, pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "requiera antecedentes al Estado de Chile sobre la forma y condiciones en las que el juez Alejandro Madrid ha llevado la causa".

En el documento requirió, asimismo, "que se solicite un nuevo proceso penal conducido de acuerdo con las garantías del justo y debido proceso, permitiendo que no sea un juez quien procese, acuse y condene, ya que una facultad de estas características se presta para (…) ilegalidades".

Según el exagente -quien cumple una condena de 10 años en Punta Peuco por secuestro y asociación ilícita en la muerte del exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) Eugenio Berríos-, "la posibilidad de que la muerte del expresidente haya obedecido a un homicidio ha sido creada sobre bases ficticias y es el resultado de una imposición a la fuerza del poder político y de un juez obcecado".

En ese sentido, apuntó a una "condena anticipada" por parte de autoridades políticas. Entre ellas cuestionó a Michelle Bachelet, quien cuando era mandataria escribió en Twitter que "la justicia está avanzando a quienes asesinaron al presidente Frei Montalva". Del mismo modo fustigó al actual Jefe de Estado, Sebastián Piñera, "que también emitió juicios condenatorios sobre un caso que está en pleno desarrollo". Con esto, dijo, se atropella su presunción de inocencia "en condiciones de enorme desigualdad y, además, vulnerando el principio de que no hay condena sin sentencia firme".

De esta forma, señaló Lillo, "en un país como el mío nadie pensaría que las opiniones condenatorias (…) no tengan repercusión en el ánimo y las decisiones de un juez que, si tiene aspiraciones de ascender, dependerá del apoyo que reciba de las autoridades mencionadas". Según el exintegrante de la CNI, esta situación vulnera garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. "Resulta innegable que en este proceso me encuentro en una situación de escandalosa desigualdad en cuanto a garantías, derechos, recursos y medios", dijo.

En la misma línea, insistió en que "ha existido una grave y persistente vulneración del debido proceso", y apuntó que Madrid "ha hecho permanecer en forma ilegal bajo reserva (…) información absolutamente relevante para las defensas, incluso información exculpatoria".

El exagente argumentó que se le diagnosticó una "depresión severa" y que "lo obrado en mi contra por altas autoridades del Estado (…) constituye un trato cruel, inhumano y profundamente degradante".

La petición a la CIDH será presentada por el abogado Raúl Meza el 12 de febrero en Washington. El profesional dijo que se sumará a la defensa de Lillo en la causa penal. "Confiamos en que nuestra denuncia internacional sea acogida y que dicha instancia exija al Estado chileno una explicación sobre las razones jurídicas y constitucionales que justifican la aplicación de un sistema procesal penal inquisitivo solo a los militares".

Este martes se conoció la decisión del Fiscal de la Corte deApelaciones de Santiago, Jorge Norambuena, que analizó los recursos de casación y de apelaciones de los acusados de cometer el crimen del exPresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, cuyo deceso se produjo el 22 de enero de 1982.

El Fiscal señala que Frei fue asesinado con Talio y Gas Mostaza que le fue inoculado de manera sigilosa por agentes de la CNI, la policía política de Pinochet. El mandatario permanecía internado en la clínica Santa María de Santiago, luego de operarse de una simple hernia.

La investigación del magistrado Alejandro Madrid se extendió durante 16 años.

Patricio Silva Garín fue condenado a 10 años de cárcel por el crimen del ex Mandatario.

La muerte de Eduardo Frei Montalva fue un homicidio, concluyó la indagatoria judicial

El ministro en visita Alejandro Madrid condenó a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo al médico Patricio Silva Garín, como autor del homicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

En sentencia de primera instancia, el juez además condenó al chofer del ex mandatario e informante de la policía de Pinochet, Luis Becerra Arancibia y al agente civil de la CNI, Raúl Lillo Gutiérrez a la pena efectiva de siete años de presidio mayor en su grado mínimo.

También fue sentenciado el médico Pedro Valdivia Soto a una pena efectiva de cinco años de presidio menor en su grado máximo por ser cómplice del crimen.

Finalmente, fueron condenados los tanatólogos Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere a tres años de presidio menor en su grado medio, en calidad de encubridores y que podrán cumplir mediante remisión condicional.

El fallo, además, cuestiona el rol del actual subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien cuando se desempeñaba como director médico del Hospital Clínico de la Universidad Católica supo que restos del ex Presidente estaban en dicho recinto de salud, sin embargo, no notificó a la familia de ello y sólo ordenó esperar a que ésta solicitara los restos oficial o judicialmente.

Ministro Alejandro Madrid dicta sentencia por homicidio de ex presidente Eduardo Frei Montalva 

El abogado Luciano Fouillioux, querellante en el caso Frei, explicó a Cooperativa que si bien solo han "digerido" las conclusiones de la sentencia, por su extensión que supera las 800 páginas, "es un fallo extraordinariamente importante para la Justicia y para la democracia".

El profesional añadió que el encubrimiento posterior a este magnicidio era necesario, "porque la magnitud del hecho no se midió en su mérito, como no se midió en el caso del general Prats, del canciller Letelier o del atentado de Bernardo Leighton, etcétera. Fue una cultura de hacer las cosas, de autodefenderse".

Además, resaltó que este caso configura el primer magnicidio en Chile. 

 "Constituye un hecho inédito la configuración efectivamente de un magnicidio. Hoy, para la historia del país queda asentado que Frei Montalva fue asesinado. La vuleneración del círculo íntimo del Presidente, tanto por su chofer, o como por su ex subsecretario, más la conciliación de ellos con los agentes del Estado que participaron en esta operación, otros médicos, particularmente, y agentes informantes han permitido configurar la veracidad de los hechos", añadió.

Los condenados por el crimen de Frei Montalva

 

Patricio Silva Garín, médico, sentenciado a 10 años de presidio, como autor del delito de homicidio.

 

Luis Becerra Arancibia, chofer del ex Presidente e informante de la CNI, condenado a 7 años de cárcel, como coautor del homicidio.

 

Raúl Lillo Gutiérrez, agente de la CNI, condenado a 7 años de presidio, como coautor del homicidio.

 

Pedro Valdivia Soto, médico, condenado a 5 años de cárcel como cómplice de homicidio.

 

Helmar Rosenberg Gómez, tanatólogo, sentenciado a 3 años de presidio, como encubridor.

 

Sergio González Bombardiere, tanatólogo, condenado a 3 años de cárcel, como encubridor.

 

Zaldívar: La justicia tarda pero llega

Por su parte, el senador y ex ministro de Hacienda en el gobierno de Frei Montalva, Andrés Zaldívar (DC), indicó que previo a esta sentencia "para mí era una convicción personal, pero hoy se confirma en un fallo después de 15 años de investigación que realmente la muerte de don Eduardo fue un magnicidio".

"Como dice el dicho popular, 'la justicia tarda pero llega'", afirmó el parlamentario.

El ex secretario de Estado recuerda que previo a la intervención fatal del ex mandatario le advirtió que no se la realizara en el país: "Cuando don Eduardo me dijo que se iba a operar en Chile, yo le dije 'no se opere en Chile, no puede confiarse allá'".

"Incluso me comprometí a hablar en Europa y en Estados Unidos para que se interviniera allá, pero él estaba absolutamente confiado. Nunca pensó en la magnitud de la maldad con la cual el régimen de Pinochet procedía en contra de sus oponentes", expresó Zaldívar.

Respecto al futuro de este caso en el poder judicial, el parlamentario señaló que "hay que seguir confiando en la justicia".

"Este es un fallo en primera instancia, tiene dos instancias más, seguramente apelaciones y llegará a la Corte Suprema. Es un tema que no va a quedar resuelto hoy, pero se ha dado un paso muy trascendente e importante", recalcó.

Esta tarde la sede de la DC se encuentra adornada con fotografías del ex presidente a la llegada de gran parte de personajes importantes del partido como la senadora Carolina Goic y el jefe de bancada, Matías Walker, al recinto de la Alameda.

Una delegación del Partido Socialista encabezada por la senadora Isabel Allende también hizo ingreso, mientras que se ha convocado a una velatón en el monumento de Frei Montalva en la Plaza de la Constitución.

Amediados de 1981 el general Augusto Pinochet dio la orden para que la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, al mando del general Arturo Álvarez Scoglia, asesinara a Tucapel Jiménez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, que se había erigido en el principal líder sindical chileno y planificaba, junto a otros líderes opositores, un gran paro nacional en contra del gobierno militar.

Álvarez Scoglia creó un grupo especial para que cumpliera la misión y designó a tres oficiales como integrantes del comando ejecutor. No obstante, los agentes mostraron una evidente “falta de compromiso” con la tarea encomendada y el mando del DINE debió reemplazarlos acudiendo a dos oficiales que habían sido miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, y ese año 1981 estaban adscritos a la Central Nacional de Informaciones, CNI, creada en 1977 para suceder a la DINA. Se trataba del teniente coronel Maximiliano Ferrer Lima y del capitán Carlos Herrera Jiménez, alias “Mauro” o “Bocaccio”.

Ambos oficiales se instalaron a comienzos de noviembre en las dependencias de la Unidad de Contraespionaje, dependiente del Departamento II de Contrainteligencia del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, CIE, ubicadas en la avenida Echeñique 5995, en la comuna de La Reina. Aquella unidad formaba parte de la intrincada y muy secreta estructura de la DINE, a cargo del comandante Víctor Pinto Pérez., Ferrer Lima y Herrera Jiménez, junto a dos equipos de agentes a su cargo, se abocaron entonces a preparar cada detalle del plan para asesinar a Tucapel Jiménez.  En eso estaban cuando los diversos servicios de la comunidad de inteligencia de la dictadura militar se enteraron de que el ex presidente Eduardo Frei Montalva había decidido internarse en la clínica Santa María para operarse de una molesta hernia al hiato.

 

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Al iniciarse la primavera de 1981, la CNI tuvo la certeza de que la tan temida unidad sindical opositora se estaba consiguiendo rápidamente y que el principal forjador de ella era Tucapel Jiménez. El asunto era aún más grave pues Jiménez también sostenía conversaciones con varios de los principales líderes políticos de la disidencia, entre ellos Eduardo Frei Montalva. El líder de la ANEF y el ex mandatario se habían reunido ya en la Vicaría de la Pastoral Obrera junto a algunos dignatarios de la iglesia católica. Los analistas de la CNI llegaron a la conclusión de que se preparaba un amplio paro nacional de impredecibles consecuencias, con el apoyo, además, de numerosas instancias y gobiernos del mundo entero.

La tarea de la CNI

Desde sus inicios, la CNI ejerció una estrecha vigilancia sobre el mundo sindical a través de la Brigada del Trabajo o Brigada Político Sindical, que dependía directamente de la División de Inteligencia Metropolitana, al mando del coronel de Ejército Roberto Schmied Zanzi. El jefe de la brigada desde 1979 fue el capitán de Carabineros Miguel Eugenio Hernández Oyarzo (“Felipe Bascur”), quien había cumplido funciones similares en la DINA, en 1977, desde el cuartel “Ollagüe”, ubicado en la calle José Domingo Cañas, en la comuna de Ñuñoa.

Al promediar 1979, la brigada se trasladó a un nuevo cuartel secreto en calle Agustinas y se dividió en cuatro grupos, cada uno de ellos al mando del capitán de Ejército Raúl Lillo Gutiérrez (“Manolo Arriagada”), de Héctor Lira (“Julián Reyes”), de Nelson Fernández Franco (“Carlos Santander” y de Jorge Ramírez Romero (“Carlos de la Fuente”), respectivamente.

La Brigada del Trabajo obtuvo un importante logro cuando logró captar para sus tareas a Luis Becerra, chofer de Frei Montalva, un hombre que, además, era de absoluta confianza del ex mandatario. 

Entre los agentes figuraban Pedro Alfaro Fernández, Juan Araos Araos, Carlos Asalgado Martínez, Edmundo Alberto Asenjo Gálvez, Daniel Cancino Varas, Gustavo Caruman Soto, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Germán Erazo Ahumada, Ricardo Erazo Ahumada,  Héctor Alfredo Flores Vergara, Segundo Gangas Godoy, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Gutiérrez Uribe, Guido Jara Brevis, Jaime Márquez Campos, Luis Mora Cerda, José Mora Diocares, José Muñoz Leal, Enrique Naranjo Muñoz, Nelson Ortiz Vignolo, Manuel Poblete Vergara, Luis Tomás Rojas Torres, Manuel Tapia Tapia y Rudeslindo Urrutia Jorquera.

La Brigada del Trabajo obtuvo un importante logro cuando logró captar para sus tareas a Luis Becerra, chofer de Frei Montalva, un hombre que, además, era de absoluta confianza del ex mandatario y conocía muy de cerca las actividades y el círculo de mayor confianza del líder demócrata cristiano. 

En 1977 el Ministerio Secretaría General de Gobierno creó, bajo la dependencia de la Dirección de Organizaciones Civiles, la Secretaría Nacional de los Gremios y puso al frente de ella a Misael Galleguillos, un profesor de Matemáticas de la sede Valparaíso de la Universidad de Chile, activo militante de Patria y Libertad en el gobierno de la Unidad Popular. Su misión aparente era formar dirigentes sindicales gobiernistas, pero en verdad su papel principal consistió en vigilar e infiltrar a las dirigencias sindicales opositoras y traspasar toda esa información a la CNI.

Una de las acciones con mayor repercusión pública de Galleguillos, quien dirigía, además, el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, MRNS, fue el boicot a una conferencia de prensa de la ANEF, en la que Guillermo Henríquez, Jorge Salazar Hojman, Genaro Pozo y Jorge Baldrich Camus irrumpieron gritando “traidor” y “vende patria” a Tucapel Jiménez.

Al día siguiente Baldrich apareció fotografiado en El Mercurio. Declaró más tarde que la orden se la había dado el entonces ministro secretario general de Gobierno, el general Sergio Badiola Brodeg, a quien secundaba el subsecretario de la cartera, el abogado Jovino Novoa Vásquez.

Galleguillos también contaba con un secreto informante entre los opositores que le anticipaba todas las actividades del Grupo de los Diez. Era Federico Mujica Canales, un hombre bajito, de origen radical, constante fumador de pipa, que presidía la Confederación de Empleados Particulares de Chile, Cepch.

Muy pronto la CNI afinó sus métodos de seguimiento, vigilancia, escucha y penetración. Los antecedentes recabados se incorporaban a carpetas individuales y sus contenidos eran periódicamente replicados y las copias enviadas al cuartel central en la calle República. Allí las recibía Mirtha Espinoza Caamaño, la secretaria del coronel Roberto Schmied, jefe del Departamento Interior, quien luego fue nombrado comandante de la División de Inteligencia Metropolitana, donde se ubicaban las diversas brigadas antisubversivas. Bajo el mando directo de Schmied estaban el mayor Zanelli y el capitán Álvaro Corbalán Castilla, encargados de las tareas operativas.

Uno de los más secretos soplones a sueldo que mantuvo el organismo represivo en los ámbitos dirigentes del sindicalismo opositor sólo pudo ser identificado el primer semestre de 2009. Se trataba del socialista Víctor Hugo Gac, miembro del comité ejecutivo de la CNS, un hombre entonces muy cercano a Arturo Martínez.

La secretaria registraba la información en libros de control, con la fecha de ingreso, la unidad de procedencia y una breve descripción del contenido. Se empleaban siglas y códigos según las respectivas unidades y secciones. Así, por ejemplo, F.1.1, correspondía al jefe de la división; F-1.2, al subjefe y así sucesivamente, según las diversas reparticiones en que se dividía la CNI.
Dirigentes como Tucapel Jiménez, Eduardo Ríos, Ernesto Vogel y Manuel Bustos, entre otros, tenían sus teléfonos intervenidos y se revisaba, en la unidad que mantenía la CNI en Correos, toda la correspondencia que se les enviaban a ellos y a sus familiares desde el exterior e interior. Se llevaba una carpeta de cada uno con sus antecedentes personales, laborales y familiares, además de sus redes de contactos.

En 1976, un agente de la CNI, apodado “Omar” reclutó como informante al empleado que laboraba como auxiliar de la ANEF, en su sede de tres pisos ubicada en Alameda con Riquelme. El “junior” se llamaba Julio Olivares Silva y era hijo de una amiga de Tucapel Jiménez. Dos veces a la semana el muchacho entregaba sus informes en el cuartel de la Brigada del Trabajo, donde a cambio recibía un pago en efectivo. En 1977 Olivares Silva fue incorporado a la planta de la CNI bajo la chapa de “Gabriel Carrasco González”, aunque todos le llamaban “Barnabás”.

Valericio Orrego, por su parte, se transformó también en colaborador a sueldo de la CNI. Infiltró a Carlos Santa María, dirigente del Grupo de los Diez, reclutando a un empleado de éste en un negocio que tenía en Bandera con General Mackenna. El informante se llamaba Patricio Pezoa y debía rendir cuentas periódicamente a “Manolo” o “Carlos de la Fuente”, sus agentes de control en la CNI.

Uno de los más secretos soplones a sueldo que mantuvo el organismo represivo en los ámbitos dirigentes del sindicalismo opositor sólo pudo ser identificado el primer semestre de 2009. Se trataba del socialista Víctor Hugo Gac, miembro del comité ejecutivo de la CNS, un hombre entonces muy cercano a Arturo Martínez.

El duro camino a la unidad

A fines de mayo de 1976 diez importantes dirigentes sindicales, nueve de ellos vinculados al PDC, que afirmaban representar a 400 sindicatos y más de 600 mil trabajadores, enviaron un documento al gobierno militar donde reclamaron por la nueva legislación laboral que se estaba imponiendo y la marginación de los trabajadores de las decisiones políticas. Los firmantes eran Tucapel Jiménez (ANEF), Ernesto Mellado (campesinos), Pedro Cifuentes (Iansa), Antonio del Campo (bancarios), Guillermo Santana (Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC), Manuel Bustos (textiles), Ernesto Vogel, (Fifch), Federico Mujica (Cepch), Antonio Mimiza (petróleo) y Eduardo Díaz (ComaCh). Desde ese momento fueron conocidos como el Grupo de los Diez y muy pronto se le sumaron otras importantes organizaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores del Plástico, la Federación de Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional de Salud y la Federación de Sindicatos del Banco Español.

A fines del verano de 1978 ingresó clandestinamente al país la ex diputada Gladys Marín y luego Manuel Cantero Prado, ambos integrantes de la comisión política. Dos meses después, en mayo, se constituyó el nuevo Equipo de Dirección Interior (EDI), encabezado por Marín, junto a Cantero (“Miguel”), Oscar Riquelme (“El viejo Pablo”) y Nicasio Farías (“Héctor”), quien se hizo cargo del Frente de Infraestructura, encomendado de todo el trabajo logístico y de la búsqueda de recursos y materiales para las tareas clandestinas. “Mariana”, en tanto, debió asumir el delicado manejo de las finanzas del partido.

Una de las principales tareas del EDI fue rearmar las estructuras internas y, en particular, el tejido sindical. Para ello, Moisés Labraña, responsable de ese sector en las JJ.CC., fue promovido a encargado sindical del partido e integrado al EDI. Labraña contaba con un decidido equipo en el que destacaban Héctor Cuevas, Alamiro Guzmán y José Lecaros, entre otros. Los sindicalistas del PC consiguieron afinar vínculos con los principales dirigentes laborales de la Democracia Cristiana, donde figuraban Manuel Bustos, de los textiles; Eduardo Ríos, de los marítimos; y, Ernesto Vogel, de los ferroviarios; y con otros históricos, como el octogenario Clotario Blest. 

El sindicalismo de izquierda se agrupó, en tanto, en la Coordinadora Nacional Sindical, CNS, creada al alero del Centro de Estudios Laborales, dependiente de la Fundación Cardijn, que a su vez estaba estrechamente vinculada a la Iglesia católica. La CNS apareció públicamente en 1978, representando, según sostenía, a unos 400 sindicatos de base, principalmente industriales, de la pequeña y mediana minería y del campesinado. Entre los integrantes destacaban la Confederación Minera, Fensimet, Fenamex, Fiemec, Ranquil, UOC, Asociación de Pensionados, Obreros de Obras Sanitarias, la Federación de la Pintura y el Sindicato Gráfico.

También existía el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, pequeña formación de sindicalistas cristianos, dirigidos por Carlos Frez, presidente destituido del Sindicato de Portuarios, ligado desde mucho antes a la Juventud Obrero Católica y al Movimiento Obrero de Acción Católica.

Así, más de tres mil trabajadores de estos tres referentes sindicales, convergieron el 1° de mayo de 1978 hacia la plaza Almagro, pocas cuadras al sur de La Moneda, para conmemorar el Día del Trabajo. Carabineros los obligó a dispersarse, pero se reagruparon a pocas cuadras de allí, en la iglesia de San Francisco, junto a la Alameda Bernardo O’Higgins, donde nuevamente fueron ahuyentados. Al promediar la tarde, piquetes de trabajadores seguían gritando consignas en diversos lugares del centro de Santiago. Al anochecer, el balance de las manifestaciones indicaba cerca de 400 detenidos, varios extranjeros y religiosos entre ellos. La dictadura militar y la prensa oficialista se vieron obligadas a reconocer, por primera vez, las manifestaciones callejeras disidentes.

Ni el PC ni los otros partidos de izquierda ni tampoco la democracia cristiana percibieron bien los efectos que el Plan Laboral diseñado por el ministro Piñera provocaría entre los trabajadores.

El 22 de mayo, familiares de detenidos desaparecidos ocuparon simultáneamente las oficinas de la Unicef y las parroquias de Jesús Obrero, en General Velásquez, en el sector poniente de la capital; La Estampa, en Independencia, a escasos metros de la plaza Chacabuco, en el sector norte; y Don Bosco, en Gran Avenida, en la zona sur. Allí se quedaron hasta el 7 de junio, exigiendo saber el destino de sus parientes. Ni la CNI ni las policías se atrevieron a desalojarlos pues estaba involucrada la iglesia católica y, además, la manifestación coincidió con la llegada al país de cinco altos representantes de la sindical estadounidense AFL-CIO y con una visita del fiscal Eugene Propper, quien investigaba en Washington el asesinato de Orlando Letelier.

El 7 de junio se efectuaron dos sorpresivas marchas por las calles céntricas de Santiago en solidaridad con los familiares de los desaparecidos. Se hizo frecuente por esos días la presencia de panfletos disidentes en lugares de gran concurrencia y empezaron a multiplicarse los rayados en murallas en los barrios y en las principales avenidas de la ciudad. En las sedes universitarias surgieron los mítines relámpagos y se multiplicaron las peñas folclóricas al alero de recintos religiosos y de algunos locales nocturnos. En las barriadas obreras, en tanto, empezaron a crearse todo tipo de organizaciones poblacionales y en las fábricas, lentamente, los trabajadores se atrevieron a reunirse para balbucear sus reclamos.

En agosto, en la división Chuquicamata de Codelco, junto a la ciudad de Calama, los mineros del cobre decidieron acudir a los casinos a la hora de almuerzo con sus “loncheras” vacías. El prolongado movimiento de protesta por demandas laborales recibió el nombre de “viandazo”.

A principios de septiembre, sorprendido y ofuscado por los síntomas de malestar sindical, la dictadura decretó el estado de Sitio en el grado de conmoción interior. Se limitó el recurso de amparo ante los tribunales de justicia, se autorizó el arresto y la relegación de personas, la cancelación de la nacionalidad y el procesamiento de los detenidos en los tribunales militares. Casi un mes después, el 20 de octubre de 1978, se decretó la ilegalidad de las principales entidades que conformaban la CNS, se allanaron sedes sindicales, se confiscaron bienes y cuentas bancarias y se detuvo a numerosos dirigentes. Al mismo tiempo se decretó también la renovación de dirigentes sindicales en el sector privado y muchos empresarios aprovecharon de despedir a los trabajadores opositores que podían resultar electos. En las semanas siguientes se renovaron unos nueve mil dirigentes laborales.

Intervinieron entonces varias de las principales organizaciones sindicales mundiales y la poderosa estadounidense AFL-CIO amenazó con un boicot a las exportaciones chilenas a partir de los inicios de 1979. Alarmado, el gobierno militar anunció el nombramiento de un nuevo ministro del Trabajo, el economista José Piñera, quien asumió el 26 de diciembre, se comprometió a normalizar las relaciones laborales y anunció la promulgación a mediados del 79 de un Plan Laboral que pondría fin a los problemas.

Pérez Zujovic, Frei, Jaime Castillo y Modesto Collados

Ni el PC ni los otros partidos de izquierda ni tampoco la democracia cristiana percibieron bien los efectos que el Plan Laboral diseñado por el ministro Piñera provocaría entre los trabajadores. En julio de 1979 se promulgaron los principales decretos que impusieron la nueva institucionalidad laboral: la afiliación a los sindicatos dejó de ser obligatoria y se autorizó la formación de varios sindicatos en la misma empresa; la negociación colectiva pasó a ser por empresa y no por rama productiva, se autorizó el despido de trabajadores “por necesidades de la empresa”, se restringió el derecho a huelga hasta los 60 días, pudiéndose reemplazar a los trabajadores luego de ese plazo y se postergó la jubilación de 60 a 65 años en caso de los hombres y de 55 a 60 entre las mujeres, entre otras medidas. Aquellas disposiciones fueron demoledoras; se debilitó en extremo al movimiento sindical y se impuso el miedo “a perder la pega”.

En 1980 y 1981, pese a las protestas de los dirigentes sindicales, se consolidó el Plan Laboral de Piñera. El Grupo de los Diez se transformó en la Unión Democrática de Trabajadores, UDT, aunque sin varios dirigentes demócrata cristianos que fueron marginados, como Manuel Bustos, quien se transformó en el líder de la nueva Coordinadora Nacional Sindical, CNS. 

La hora de los ejecutores

Cuando el plan para asesinar a Tucapel Jiménez ya estaba en marcha y la dictadura militar se enteró de que Frei Montalva se internaría para operarse, aparentemente se activó una operación paralela para eliminar al ex presidente y encubrir el homicidio en una serie de complicaciones postquirúrgicas. No obstante, el juez Alejandro Madrid no logró precisar los detalles de la conspiración.

Condenó al ex capitán Raúl Lillo Gutiérrez, ex miembro de la CNI y más tarde de la DINE y al chofer Luis Becerra, pero no pudo esclarecer de qué instancia de la dictadura militar provino la orden para asesinarlo. Lillo Gutiérrez era el agente que controlaba a Becerra y a Genaro Cerda Weber, militante de la DC y esposo de Hilda Navarro Varas, secretaria de ese mismo partido. Lillo, trasladado a fines de los años 80 a la DINE, participó en el asesinato en Uruguay del químico Eugenio Berríos y por ese crimen fue condenado en agosto de 2013 a diez años y un día de presidio.

Durante muchos años se presumió que el químico Berríos era quien había inoculado al ex presidente con algún veneno u otra sustancia tóxica mientras estaba en la clínica. De hecho, el ex director de la Policía de Investigaciones, PDI, Nelson Mery, aseguró en el proceso que Berríos fue asesinado para evitar que hablara sobre el asesinato de Frei Montalva.

El juez Madrid también condenó a cuatro médicos, uno –el cirujano gástrico Patricio Silva Garín- como el principal autor; otro –Pedro Valdivia Soto, ex miembro de la DINA- como cómplice; y los dos restantes –los tanatólogos Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere- como encubridores. El magistrado tampoco logró establecer si estos médicos se confabularon entre ellos para el crimen y/o obedecieron órdenes para cometerlo.

Abogados de derechos humanos, muy cercanos al PDC, que pidieron reserva de sus nombres, dijeron a INTERFERENCIA que consideraban muy débil el fallo de más de 800 páginas y que, en su opinión, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema deberán hacer ingentes esfuerzos para redactar una nueva y mejor resolución.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió revocar el fallo del 30 de enero de 2019 que había condenado a Patricio Silva Garín, Raúl Diego Lillo Gutiérrez, Luis Alberto Becerra Arancibia, Pedro Samuel Valdivia Soto, Helmar Egon Rosenberg Gómez y Sergio Javier González Bombardiere.

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por la muerte del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, quien falleció el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María de la comuna de Providencia, y absolvió a los seis condenados por el ministro Alejandro Madrid. También descartó un homicidio.

En la sentencia, la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jaime Balmaceda, Paola Plaza y Guillermo de la Barra– resolvió revocar el fallo de 30 de enero de 2019 que había condenado a Patricio Silva Garín, Raúl Diego Lillo Gutiérrez, Luis Alberto Becerra Arancibia, Pedro Samuel Valdivia Soto, Helmar Egon Rosenberg Gómez y Sergio Javier González Bombardiere.

El ministro en visita Alejandro Madrid había condenado a Silva Marín como autor, como coautores a Lillo Gutiérrez y Becerra Arancibia, como cómplice a Valdivia Soto y como encubridores a Rosenberg Gómez y González Bombardiere. Sin embargo, la corte resolvió que “se les absuelve de la acusación formulada en su contra”.

PRUEBA INSUFICIENTE

El fallo sostiene que “los hechos que se ha tenido por acreditados en los motivos que anteceden no resultan subsumibles en la descripción típica del delito de homicidio por el que se formuló acusación a los encausados, en ninguna de las formas que contempla el artículo 391 del Código Penal, pues la prueba reunida durante la tramitación del proceso, valorada en conformidad a la ley, no ha logrado demostrar que el fallecimiento del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva sea imputable a alguna acción dolosa o culposa de uno o más terceros, como tampoco a alguna omisión atribuible a quienes en su condición de médicos se hallaban en posición de garante de su vida atendido su estado de salud”.

Añade que “la totalidad de los antecedentes probatorios que en esta sentencia han sido valorados y que en el entender del fallo que se revisa y de los acusadores particulares permitirían sostener la tesis de un homicidio, simple o calificado, no tienen la virtud de formar la convicción que exige el artículo 456 bis del citado Código de que realmente se cometió un ilícito penal. Los hechos que se obtienen de estos antecedentes poseen una justificación lógica que torna más que plausible aquélla conforme a la cual Eduardo Frei Montalva no fue víctima de homicidio, sino que falleció como consecuencia de complicaciones médicas”.

En sus fundamentos, la Novena Sala señala que “lo expuesto en los motivos anteriores conduce a concluir que la intervención quirúrgica a que fue sometido el ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva el 6 de diciembre de 1981 en la Clínica Santa María, fue necesaria y correctamente ejecutada o, a lo menos, que no es posible formular a quienes participaron en ella o decidieron el momento de su ejecución, reproche jurídico penal alguno, al no haberse comprobado infracciones dolosas ni culposas a la lex artis médica”.

En relación al empleo de veneno para causar la muerte del ex mandatario que fue planteado por las partes querellantes y el Consejo de Defensa del Estado, agrega el fallo que “no es posible asignar mérito probatorio alguno al único antecedente en que se sostuvo la imputación de haberse utilizado veneno para provocar la muerte de Eduardo Frei Montalva. La fuerza de convicción que se atribuyó en su momento a estas pericias ciertamente fue decayendo durante el curso del proceso, a tal punto que la sentencia de primer grado abandona la tesis del envenenamiento que se había tenido por justificado en el auto procesamiento y que sólo se afirmó como posible en la acusación”.

MEDICAMENTO EXPERIMENTAL

Respecto del uso de un medicamento en fase experimental y que fue parte de la argumentación del ministro Madrid, el fallo de la Corte de Apelaciones señala que “no existe en el proceso antecedente alguno que permita siquiera presumir que tanto la adquisición del transfer factor, gestionada a través de una clínica estadounidense ubicada en la ciudad de San Francisco, como su administración a un destinatario que tenía la calidad de ex Presidente de la República en grave estado de salud, haya tenido otro propósito que no fuera procurar revertir una situación médica que a la época de adoptarse tal determinación parecía irreversible, acudiéndose a este medicamento como una suerte de último recurso, de modo tal que atribuirle a su obtención y suministro alguna significación criminal o que el hecho de habérselo proporcionado haya contribuido a la muerte de Eduardo Frei Montalva, carece de todo asidero”.

Asimismo, se hace cargo el fallo del tratamiento del cuerpo del ex Presidente en las horas posteriores a su muerte señalando que “la realización del procedimiento de conservación del cuerpo del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y el retiro de sus vísceras, no se realizó de manera reservada, oculta ni clandestina o de un modo que evitara su conocimiento, desde que se efectuó inmediatamente tras su deceso en horas de la tarde de ese día viernes 22 de enero, dentro de la misma habitación que ocupaba en la Clínica Santa María, siendo dicha intervención conocida por integrantes del cuerpo médico de ese centro asistencial, enterándose otros miembros del personal horas después, con numerosos familiares, amigos y adherentes en los pasillos de la clínica y, especialmente, porque no existió obstáculo alguno para que el equipo médico que había atendido al paciente fuese testigo de lo que se estaba haciendo”.

Finaliza la resolución indicando que “en razón de todo lo antes expuesto la conclusión que se impone, al tenor de lo anunciado en el primer párrafo del motivo Décimo Séptimo, es que la prueba reunida durante la substanciación del proceso, valorada con estricta sujeción a los preceptos legales que prevé el ordenamiento, no permite tener por acreditados los hechos que se atribuyó a los encausados en la acusación judicial ni aquéllos que se les imputó en las acusaciones particulares de las partes querellantes, de manera tal que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, deberá decidirse la absolución de Patricio Silva Garín, Raúl Diego Lillo Gutiérrez, Luis Alberto Becerra Arancibia, Pedro Samuel Valdivia Soto, Helmar Egon Rosenberg Gómez y Sergio Javier González Bombardiere”.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por la muerte del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, ocurrida el 25 enero de 1982 en la Clínica Santa María de Santiago.

La Segunda Sala de la Corte Suprema descartó el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva, quien murió el 25 de enero de 1982 en la Clínica Santa María de Santiago.

En 2019, el juez Alejandro Madrid condenó al doctor Patricio Silva Garín como autor del homicidio del demócrata cristiano.

Asimismo, otras cinco personas fueron halladas culpables como coautores, cómplices y encubridores del hecho ocurrido en 1982.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió a todos los involucrados en 2021.

En ese sentido, la familia de Frei Montalva pretendía impugnar esta última sentencia.

Ahora, en la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier- acogió solo parcialmente los recursos de casación en aquella parte en la que se pronunció sobre las absoluciones de Patricio Silva Garín, Helmar Rosenberg Gomez y Sergio González Bombardiere, quienes fallecieron durante la tramitación del proceso

Además, en el fallo se absolvió a Raúl Lillo Gutiérrez y Luis Becerra Arancibia, condenados en primera instancia como autores, y Pedro Valdivia Soto, condenado en primera instancia como cómplice.

En lo restante, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación en contra de la sentencia que absolvió a los condenados de primera instancia al considerar que no existen antecedentes que permitan probar el homicidio del exjefe de Estado y eventuales maniobras para ocultar su envenenamiento.

Muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva

Cabe mencionar que ayer, en el programa “Elegidos, 50 años en primera persona” de Mega, Eduardo Frei Ruiz-Tagle se refirió a los momentos previos a la cirugía de su padre. “Con mucha emoción, recuerdo que antes de que se dirigiera a la clínica, estaba con él en su escritorio. Insistía sobre todo lo que estaba pasando y cuestionaba su decisión de operarse en ese lugar”, precisó el exjefe de Estado.

Así también manifestó que “me arrepiento de no haber tenido la fuerza y convicción para convencer a mi padre de que se operara fuera de Chile. Fue un error”.