Leyton Robles Manuel Jesús

Manuel Jesús Leyton Robles murió a las 1:25 horas ese día, según acredita su Certificado de Defunción. De acuerdo a un informe del Director de la Clínica Centro Médico London, institución dependiente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la causa de su muerte fue asfixia por aspiración de vómitos, paro cardiorespiratorio secundario.

El 24 de marzo de 1977, Manuel Leyton, integrante de la Brigada Lautaro de la DINA, había sido detenido en su domicilio conjuntamente con otras dos personas, por funcionarios de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos Motorizados de la Prefectura de Radio Patrullas de Carabineros, en una pesquisa por el robo de un automóvil. Al momento de la detención, los carabineros habían constatado que Manuel Robles mantenía en su poder dos vehículos ajenos, uno de los cuales aparecía registrado en sus archivos a nombre del detenido desaparecido Daniel Palma Robledo.

El día 25 de marzo de 1977, Carabineros, en atención a que Manuel Leyton y otro de los detenidos eran efectivos en servicio del Ejército y a que se habían identificado como miembros de la DINA, informó al Ministerio de Defensa Nacional que los mantenía privados de libertad por robo de vehículos. Los antecedentes fueron remitidos al Segundo Juzgado Militar a fin de que se instruyera la respectiva investigación. A ésta fue citado a declarar en forma inmediata Manuel Leyton, pero Carabineros no pudo cumplir esta orden debido a que, ese mismo día, según informó mediante oficio, por exigencias del Director de la DINA, debió entregar los detenidos a funcionarios de la DINA.

Durante la mañana del día 26 de marzo de 1977, de acuerdo con lo declarado por la cónyuge de Manuel Leyton, éste llegó al hogar común, donde permaneció hasta el día siguiente, cuando miembros de la DINA lo fueron a buscar, ahora, para internarlo en la Clínica Centro Médico London, a pesar que se encontraba en condiciones físicas normales. Cuando a la cónyugue lo fue a visitar a la clínica, al día siguiente, M. Leyton le manifestó preocupación por los exámenes médicos a que lo estaban sometiendo y por la cantidad de medicamentos que le estaban suministrando. En la madrugada del 29 de marzo, un agente de la DINA concurrió a su domicilio para informarle del fallecimiento de su marido.

El mismo día 29 de marzo de 1977, según consta de un oficio agregado a la investigación del Juzgado Militar, el Director de la DINA informa del fallecimiento de Manuel Leyton. El oficio agrega que Manuel Leyton había ingresado al Centro Médico London el 28 de marzo de 1977, a las 11:00 horas, con contusiones múltiples, derrame pleural y deshidratación moderada, y que al mediodía su situación de salud había empeorado, y que su fallecimiento se había producido en la madrugada del día 29. En atención a este antecedente la investigación fue sobreseida.

En el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, se consigna que Daniel Palma Robledo fue declarado víctima de violación de derechos humanos, por cuanto se comprobó que fue detenido el 4 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes de la DINA, y que desapareció junto a su automóvil, el que posteriormente fue encontrado por Carabineros en poder de la DINA.

Según un ex agente de la DINA que declaró judicialmente en otro proceso, Manuel Leyton falleció producto de la aplicación de gas Sarín, elemento altamente venenoso y cuyos efectos pueden ser confundidos con un ataque cardíaco.

Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Manuel Jesús Leyton Robles fue ejecutado al margen de proceso legal por agentes del Estado. Por tal razón, lo declaró víctima de violación de derechos humanos,

4.-) Parte Policial N° 165 de 15 de noviembre de 1993 que evacuando la orden de investigar, concluye en la afectividad de la denuncia sobre su detención y desaparecimiento , se entrevistó a parientes y se empadronando como testigos a Érica Henning Cepeda , Evelyn Merino Vega, Luz Arce Sandoval, Ramón Berceló Olave: Se identifica como inculpados a Osvaldo Romo Mena, Basclay Zapata Reyes, Miguel Krassnoff Martchenko , Gerardo Godoy García, Ricardo Lawrence Mires, el tal Mario Leyton y un tal “El Paz” Y “El Fuentes”

34.-) Declaración del agente de la Dina Luis Burgos Jofré a fojas 6332, quien sostuvo que como guardia que a él le correspondió realizar en Londres N°38, junto a Soto, Sepúlveda, Leyton y Carrasco, era de seguridad de instalación, tanto externa como interna, ya que había que subir a la azotea para vigilar el perímetro del cuartel. Entre los jefes de guardia recuerdo a Pedro Araneda, Juan Duarte Gallegos, Molina Astete, Hormazabal, Guido Jara Brevis y otros que no recuerdo. Los turnos de guardia eran de 24.00 horas por 24.00 horas más un día disponible en el cuartel.

o.- Declaración del coimputado Orlando Torrejón Gatica, quien en su indagatoria manifiesta “Estuve un par de meses en estas funciones y me destinaron, aproximadamente en marzo de 1974 al cuartel Londres 38. Lo que sucedió fue Urrich con su gente se fue a Londres 38. En este cuartel estaban Urrich, Manuel Carevic, Vásquez Chahuán, Manuel Leyton, Heriberto Acevedo, Claudio Pacheco, apodado el “Gigio”, Carlos Rinaldi Suárez, Juvenal Piña Garrido, apodado el Elefante, entre otros”, agrega “A mí me tiene que haber tocado haber detenido a más de alguna persona con mi equipo, los que no eran fijos, en cumplimiento a órdenes del comandante de la agrupación el señor Urrich, alias Don Claudio. En esas oportunidades eran interrogados por nuestros jefes Urrich y Carevic. Yo no me acuerdo del número de personas que llevamos detenidas” y que “En Londres 38 estuve unos cuatro o cinco meses. Es decir, más menos hasta agosto o septiembre de 1974, fecha en que fui destinado solo a una enfermería de la DINA ubicada en Rinconada de Maipú, donde actualmente se encuentra la Escuela de Suboficiales. La orden me la dio mi jefe Urrich, porque a él le tiene que haber llegado una orden superior, ya que, como yo era enfermero debería irme a una enfermería”.

Leyton era un funcionario de la DINA y la policía de Carabineros encontró en su hogar el vehículo de un detenido desaparecido que había sido encargado por robo. Fue detenido y en el cuartel policial contó cómo operaba el organismo represor, lo que le costó la vida.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Madrid, dictó condena en la investigación por el homicidio del cabo del Ejército Manuel Leyton Robles, perpetrado en marzo de 1977.

En la resolución condenó a los ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Vianel Valdivieso Cervantes, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires a penas de 15 años de presidio, como como autores del delito de homicidio, además de 3 años y un día por su responsabilidad como autores en el delito de secuestro, más 541 días por el delito de asociación ilícita.

En tanto, el agente Hernán Sovino Maturana fue condenado a 10 años y un día, en calidad de cómplice en el delito de homicidio; 3 años y un día, como autor en el delito de secuestro, y 541 días por asociación ilícita. En el caso del agente Vittorio Orvietto Tiplitzky, el magistrado Madrid lo condenó a 5 años y un día de presidio, como autor del delito de asociación ilícita.

Los agentes Pedro Valdivia Soto y Gladys Calderón Carreño recibieron condenas de 5 años de presidio por su responsabilidad como encubridores del delito de homicidio; en tanto, Hernán Taricco Durán y Carlotta Bolumburu Tabaoda fueron condenados a penas de 3 años y un día de presidio como encubridores del homicidio. A Valdivia Soto y Bolumburu Taboada se les concedió el beneficio de la libertad vigilada, y al agente Taricco Durán, el beneficio de la remisión condicional.

En la investigación, el ministro Madrid acreditó que “durante el mes de marzo del año 1977, dos funcionarios pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) procedieron, en primer término a sustraer un vehículo Renoleta perteneciente al profesor Sr. Daniel Palma Robledo –detenido desaparecido– y, posteriormente, cometieron un robo de otro vehículo de similares características perteneciente al comerciante de pinturas Sr. Marcel Jean Duhalde Garat, a quien luego de sustraerle el móvil en que se desplazaba por el sector centro de esta ciudad, procedieron a dejarlo abandonado en el sector de Las Vizcachas”.

Relata a Carabineros los procedimientos de la DINA

“Posteriormente, al tomar conocimiento de estos hechos, funcionarios de Carabineros de Chile pertenecientes a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), a cargo del Teniente Alfonso Denecken Alberti, realizaron un allanamiento al domicilio particular del cabo de Ejército Sr. Manuel Leyton Robles quien prestaba en esa fecha servicios a la DINA, ubicado en calle Los Pioneros de la comuna de La Florida, lugar en el que también se encontraban los dos vehículos sustraídos, procediendo a detener al militar antes nombrado y posteriormente a otro funcionario de DINA de nombre Heriberto del Carmen Acevedo”, precisa la resolución.

“Luego los detenidos antes nombrados fueron trasladados al cuartel de la SIAT ubicado en calle Rodrigo de Araya, comuna de Ñuñoa, lugar donde fueron interrogados, señalando el cabo Manuel Leyton Robles, diversas actuaciones realizadas por el equipo de DINA al que pertenecía y que se encontraba bajo el mando del Capitán de Ejército Sr. Germán Barriga Muñoz. Debido a lo anterior el Director de la DINA, Coronel Sr. Manuel Contreras Sepúlveda ordenó a funcionarios de su dependencia que concurrieran a ese cuartel policial y procedieran a hacer las gestiones pertinentes para obtener la liberación de los detenidos pertenecientes a la organización bajo su mando”, agrega el magistrado.

“Como resulta que a los funcionarios de DINA privados de libertad se les imputaba la comisión de delitos y se encontraban siendo interrogados, debían, además, ser confeccionados los respectivos partes policiales para ser remitidos a la Fiscalía Militar del Ejército, por ello, no fue posible que se pudiera obtener en forma inmediata la liberación solicitada”, puntualiza el fallo.

Lo trasladan al Cuartel Simón Bolívar y la Clínica London

“Como, tomaron conocimiento de la situación producida altas autoridades de la época -añade el juez- tales como, el Ministro de Defensa Nacional, General (R) Herman Brady Roche, el Prefecto de Carabineros de Santiago General Sr. German Campos, el Comandante en Jefe del Ejército, el Jefe del Estado Mayor de la referida institución y el integrante de la Junta de Gobierno en representación de Carabineros, General Director Sr. César Mendoza Duran, se dispuso la entrega de los detenidos a la DINA”.

“Una vez obtenido el egreso de los detenidos, el cabo Manuel Leyton Robles fue trasladado al Cuartel de la calle Simón Bolívar a cargo del Mayor de Ejército Juan Morales Salgado y, posteriormente, llevado a la Clínica London, ubicada en la calle Almirante Barroso de esta ciudad, lugar donde permaneció privado de su libertad, vigilado permanentemente e interrogado acerca de las declaraciones que prestó mientras se encontraba detenido en el cuartel policial antes mencionado, por las cuales habría indicado el destino sufrido por algunos de los detenidos que se encontraban en el cuartel ubicado en la calle Simón Bolivar de esta ciudad”, expresa el dictamen.

“Luego de permanecer varios días en las condiciones precedentemente mencionadas, el nombrado Leyton sufrió un paro cardiorespiratorio y, por tal razón fue trasladado a una dependencia de la señalada clínica, siendo atendido por médicos y enfermeras de ese establecimiento, falleciendo el día 29 de mes de marzo de 1977”, puntualiza.

Pericias concluyen que lo asesinaron con gas sarín

“Luego de producido su deceso, funcionarios de la DINA procedieron a comunicar lo anterior a familiares del occiso, con el objeto que procedieran al retiro del cadáver y, mientras se verificaba el velatorio en su domicilio particular, por orden del Director Nacional de la referida organización, se retiró el cuerpo para ser trasladado al Instituto Médico Legal, donde luego de haberse efectuado una reunión entre un oficial de DINA y el Director de ese Instituto, a este último se le señaló la necesidad que no ocurriese ninguna dificultad que pudiera incriminar a directivos del organismo últimamente mencionado, procediéndose a realizar el señalado procedimiento, especificándose como causa de la muerte aspiración de contenido gástrico”, manifiesta el ministro Madrid.

“La causa últimamente señalada constituye sólo un síntoma producido por el cese de las funciones vitales de un individuo, tal como indica el doctor José Belleti a fojas 2.303, el hecho del fallecimiento de la víctima, de acuerdo a los antecedentes que fluyen de la investigación sólo ha podido producirse por la inoculación de una sustancia tóxica, tal como lo señala, como una de las posibilidades factibles, la autopsia médico legal agregada a fojas 1.087, realizada por el doctor Tomás Tobar Pinochet, y como en la referida pericia no pudo determinarse la presencia del agente químico denominado gas sarín, por las razones antes expuestas, tampoco es posible determinar que no haya sido utilizado y, por el contrario, los elementos de juicio analizados en el fundamento primero, permiten concluir que su muerte sólo se pudo producir por la inoculación del referido elemento químico», concluye la sentencia judicial.

Documentos desclasificados, informes de prensa y declaraciones indican que el archivo de Contreras está en alguna parte, quizá en el sur de Chile.

Con su muerte, Manuel Contreras se llevó consigo la clave a una serie de enigmas que aún rodean a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y que, de un modo u otro, podrían haber servido para solucionar casos de violaciones a los Derechos Humanos que se encuentran pendientes.

Quizá el principal de esos enigmas es la ubicación de los archivos de la DINA. Además de la caja fuerte con documentación que Contreras manejaba en su oficina del cuartel Belgrano de la DINA, la ex militante del PS y luego agente de la policía secreta de Pinochet, Luz Arce, relata en su libro El Infierno que existía un archivo llamado “LIDES”, sigla en realidad muy sencilla: “LIsta de DESaparecidos”. Por cierto, hace algunos años, en la época del Informe Valech, Contreras entregó un listado con cerca de 500 nombres y las supuestas ubicaciones de los cadáveres, pero, como se comprobó, muchos de los antecedentes eran falsos.

La verdadera “LIDES” no se sabe dónde está, pero su destino es bastante lógico: “Yo creo que Manuel Contreras se llevó esa información cuando entregó el mando de la CNI”, opinaba Luz Arce en su biografía, en la cual agregaría un dato clave: quien manejaba el “LIDES” para Contreras era un suboficial de su absoluta confianza, Manuel Lucero Lobos.

No obstante, es imposible saber algo más al respecto, pues en una declaración prestada en 2004 ante el ministro en visita Jorge Zepeda, Arce relata que Lucero “murió misteriosamente”, lo mismo que sucedió a varios miembros de la DINA, como el agente Miguel Ángel Becerra, quien trató de desertar de la Colonia Dignidad, donde estaba recluido, y como el cabo de la DINA Manuel Leyton, ambos asesinados con gas sarín.

Los bultos

En 1978, cuando la dictadura era objeto de una fuerte presión por parte de Estados Unidos para que extraditara a los implicados en el crimen de Orlando Letelier en Washington (partiendo por Contreras), apareció una curiosa nota en el vespertino La Segunda, dirigido en aquel entonces por Hermógenes Pérez de Arce. Según recuerda un cable desclasificado del Departamento de Estado (DE) de Estados Unidos, dicho diario informó que en abril de ese año Contreras había enviado 12 contenedores “de documentos” por barco, desde Punta Arenas. En una nota posterior, del 10 de noviembre, La Segunda informó sobre otros tres paquetes que habían sido enviados por Contreras a Europa, entre el 22 y el 25 de mayo.

De acuerdo a lo que relataba el periódico, la CIA se habría enterado de ello y habría pasado el dato al FBI, que supuestamente interceptó los paquetes en Nueva York, realizando copias de algunos de los documentos.

Luego de la publicación, prosigue el cable norteamericano, el abogado de Manuel Contreras, Sergio Miranda Carrington, salió a desmentir a La Segunda, aseverando que si bien el ex jefe de la DINA había estado en Punta Arenas en abril de 1978, sólo lo había hecho para saludar a su viejo amigo Pedro Espinoza, que por ese entonces residía allá y cuya cabeza también era exigida por la Casa Blanca.

Pese al desmentido, el periódico persistió en su versión, afirmando que sus fuentes incluso habían precisado que los documentos enviados en mayo se referían al caso Letelier. Según esta versión, los paquetes habían sido embarcados en un vuelo Branniff, con destino a Alemania y con escala en Nueva York. Siempre en función de la misma fuente, La Segunda afirmaba que los paquetes se encontraban en algún lugar de Europa.

El cable estaba firmado por George Landau, el entonces embajador de EE.UU. en Chile. Este comentaba al final que no tenía antecedentes sobre la veracidad de estas informaciones e incluso preguntaba si el Departamento de Justicia de Estados Unidos podía arrojar alguna luz al respecto. Para finalizar, decía que era conocida la amistad entre Manuel Contreras y Hermógenes Pérez de Arce (lo que este ha desmentido en los últimos días) y por lo mismo especulaba con que “puede ser que Contreras esté desperdigando estas historias para desconcertar a Pinochet y otros líderes gubernamentales”.

Al respecto, el periodista Manuel Salazar precisa en su libro Contreras, historia de un intocable que el 20 de abril de 1978 había zarpado desde Punta Arenas el buque alemán Badenstein, llevando a bordo 23 maletas con documentos de la DINA, embarcados por el general Manuel Contreras, todo lo cual tenía por destino el puerto de Hamburgo.

De acuerdo a Salazar, ello se produjo sólo 12 días después de que Michael Townley fuera abruptamente extraditado a EE.UU. por el crimen de Letelier. Precisa en el mismo libro que “otros bultos misteriosos los envió a través de Lufthansa con destino Nueva York-Frankfurt”, agregando que “versiones posteriores indicaron que la carga que iba en Lufthansa fue transferida a Braniff e interceptada en Nueva York por el FBI. Sobre su contenido, nada se ha sabido”.

Muchas veces se ha especulado con que el destino final de los archivos era Sieburg, la pequeña ciudad donde funcionaba la matriz de Colonia Dignidad en Alemania, país que Contreras había visitado ya entre 1975 y 1976 junto al traficante de armas Gerhard Mertins, un ex oficial de las SS, amigo íntimo de Paul Schäfer y creador de los “círculos de amigos de Colonia Dignidad”, el enclave neonazi que Contreras utilizó como de sus ejes en la comisión de violaciones a los Derechos Humanos.

Los tentáculos de Contreras

Para los norteamericanos, el asunto de los archivos secretos de Contreras era algo mucho más concreto que una supuesta maniobra de desinformación, como especulaba Landau, pues un documento secreto de ese país señala que los bultos existieron y que había dos copias de ellos, además del original.

Se trata de un cable perteneciente a la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), el órgano de inteligencia del Departamento de Defensa, que por lo general poseía información muy exacta, dadas las fuentes de información que mantenía dentro de diversos ejércitos, entre ellos el chileno. El texto, titulado “Los tentáculos de Contreras”, aparentemente constaba de seis páginas, pero tras ser desclasificado solo quedaron tres (dos y media, en realidad, pues la primera página del documento está tachada casi por completo). La fecha del texto sería el 1 de enero de 1989.

El reporte indica que “el general chileno en retiro Manuel Contreras, ex director de la DINA y figura clave en el asesinato Letelier-Moffit, ha tomado extremas precauciones para proteger al presidente Pinochet de un involucramiento directo en la decisión-concreción/proceso de autorización de ese asesinato. (Tachado). Todos los archivos gubernamentales relativos al asesinato Letelier-Moffit en Washington, en 1976, así como los del homicidio del predecesor de Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa, en Buenos Aires; y el atentado en contra de la vida del opositor del régimen Bernardo Leighton, en Roma, en 1975, fueron removidos por Contreras de los archivos de la DINA”.

Asimismo, el informe de la CIA afirma que “además de documentos internos de la DINA, los archivos incluyen todos los archivos/reuniones al nivel ministerial y del Consejo de Seguridad Nacional sobre los tres incidentes”.

De acuerdo al autor del informe, “Contreras hizo dos copias de cada documento, enviando una a Alemania y otra a Paraguay, para guardarlas en cajas fuertes, mientras que el material restante lo retiene almacenado bajo su control, en el sur de Chile”.

Los alemanes

¿Se referían con ello a Colonia Dignidad?  Es lo más probable, dada la cercanía de Contreras con Paul Schäfer y la gigantesca extensión del fundo principal de la colonia en Parral (17 mil hectáreas), en el cual aún no son hallados los restos de las cerca de 30 prisioneros políticos que diversos colonos reconocen que fueron asesinados allí (los cuales habrían sido cremados y lanzados al río Perquilauquén en los años 80) ni tampoco otras evidencias, pues como lo señaló el fallo por asociación ilícita dictado el año pasado en contra de Manuel Contreras y los jerarcas de Dignidad, al interior de ese recinto y “con el fin de ocultar las actividades delictivas, el superior de la villa y sus colaboradores más cercanos, procedieron a ocultar en el predio todo rastro de las víctimas, esconder las armas y a enterrar varios vehículos que desaparecieron junto con ellas”.

Cabe recordar que en el año 2005, cuando fue hallado el arsenal de Schäfer, tanto en Parral como en el recinto que poseen en Bulnes se encontraron además las cajas que contienen las 45 mil fichas que el juez Jorge Zepeda desclasificó el año pasado. Junto a esos documentos, que eran confeccionados por Gerd Seewald, jefe de inteligencia de la colonia, y compartidos con el jefe de la Brigada Regional Sur de la DINA, Fernando Gómez Segovia, se hallaron cientos de carpetas y sobres vacíos, con referencias a otras fichas que nunca han sido halladas.

Varias de ellas, según diversos testimonios, como el del ex colono Franz Bäar, fueron quemadas en la fábrica de ladrillos hacia 1997, pero es difícil que las hayan eliminado todas y, especialmente, que se hayan deshecho de la información más sensible.

Al respecto, el abogado Hernán Fernández, que comenzó a perseguir judicialmente a Schäfer en 1996, señala que es muy probable que Contreras haya dejado en manos de Dignidad todo o parte de sus archivos, pues “lo que se ha encontrado hasta ahora es una parte ínfima y muy parcial de las informaciones que Colonia Dignidad almacenó por décadas y en medio de una época en que existió una asociación extremadamente cercana entre Contreras y Schäfer”.

El personal que trabajó en las clínicas creadas por la DINA -Santa Lucía, London y El Golf-, figura en una arista judicial que permanece archivada. Solo hay cinco médicos condenados en procesos por crímenes del organismo represivo. Según la investigación del juez Alejandro Solís, algunos doctores controlaban a los detenidos mientras eran torturados. CIPER accedió a documentos judiciales con testimonios de trabajadores de las clínicas sobre el rol de los profesionales. En esa revisión contabilizamos al menos 31 personas (26 médicos y cinco enfermeros) que trabajaron en las clínicas. No todos participaron en torturas, pero ninguno desconoce haberse puesto al servicio de la DINA. Siete continúan ejerciendo y tres esperan fallos de la Corte Suprema.

El 1 de junio de 2007, un carabinero en retiro y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el organismo represivo de los primeros años de la dictadura, compareció ante un juez. Lo interrogaron por el asesinato del cabo Manuel Leyton Robles, ocurrido en 1977, a quien la DINA eliminó en la Clínica London. Leyton tenía en su poder un auto encargado por robo -había pertenecido a un detenido desaparecido- y por eso fue arrestado por Carabineros. En el cuartel policial explicó a qué se dedicaba y mencionó las detenciones ilegales que realizaban los agentes de la dictadura. Quedó libre. Pero, para la cúpula de la DINA, había hablado más de lo aconsejable. Lo condujeron a un chequeo médico en la Clínica London -uno de los tres recintos asistenciales creados por la DINA- donde, a pesar de su buena condición física, sufrió un paro cardiorrespiratorio fatal. 

El interrogatorio al exagente, cuya identidad CIPER mantiene en reserva, derivó en una detallada descripción de las tres clínicas de la DINA: Santa Lucía, London y El Golf. A estas alturas, la justicia ha establecido que el organismo de seguridad reclutó a un grupo de médicos que ayudaron a la DINA con el control, reanimación y, en algunos casos, hasta homicidio de detenidos. El exagente declaró que cuando en un cuartel había un detenido que no podía proporcionar más información, los doctores cumplían un rol: “Se mandaba a llamar a un médico de la DINA, quien iba y atendía al detenido. No recuerdo quiénes eran, pero eran de la clínica (Santa Lucía). Estos médicos estaban para eso, era su función y para lo que fue creado dicho centro asistencial”, afirmó. 

Los esfuerzos periodísticos por revelar el funcionamiento de lo que la prensa denominó “la brigada sanitaria” de la DINA, no han sido pocos. Lo hizo Chilevisión en 2014, cuando encaró a seis médicos que están en la nómina de los profesionales que prestaron estos servicios y reveló sus lugares de trabajo: entre ellos el oftalmólogo Vittorio Orvieto Tiplitzky, el otorrinolaringólogo Eugenio Fantuzzi Alliende y el fallecido Manfred Jürgensen Caesar.

Años antes, la periodista Mónica González, fundadora de CIPER, ya había publicado la existencia de estos centros asistenciales en reportajes que contenían una lista de doctores de la Clínica London. Y para su libro “El despertar de los Cuervos”, el periodista Javier Rebolledo accedió a las declaraciones hechas por el personal de salud de estas clínicas en la investigación del ministro Alejandro Solís, expediente que se encuentra archivado. CIPER pudo revisar esos y otros testimonios que dieron forma a este artículo y constató que al menos siete médicos continúan ejercicio en el sector privado. Para este reportaje se contactó a los siete, a objeto de incorporar sus versiones, pero solo una doctora accedió a que su testimonio fuera publicado.  

DOCTORES INVESTIGADOS POR EL JUEZ SOLÍS

La nómina de 31 profesionales elaborada por CIPER solo incluye a aquellos que formaron parte de las clínicas que investigó el juez Alejandro Solís. De ellos, solo cinco han sido condenados en causas de derechos humanos. En ese listado se incluye al fallecido Manfred Jürgensen, hermano del exconvencional Harry Jürgensen (RN), que fue sentenciado a ocho años de presidio mayor como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Otros tres están a la espera del fallo de la Corte Suprema.

Las declaraciones a las que tuvo acceso CIPER, con acusaciones y relatos de torturas, fueron entregadas, en su mayoría, por extrabajadores de las clínicas. Algunos de esos archivos fueron integrados a “Papeles de la Dictadura”, una plataforma con más de 4 mil documentos en línea desarrollada por CIPER con la colaboración del CIP-UDP (vea acá la plataforma “Papeles de la Dictadura”). En esos registros, los datos sensibles de las víctimas y de los trabajadores de las clínicas que formularon las denuncias fueron tarjados. 

De acuerdo a la investigación judicial, al menos 13 médicos habrían egresado de la Universidad de Chile. No es extraño. En esa época, el coronel de la FACH, Dámaso González Espinosa, quien lideró el área dental de la Clínica Santa Lucía, ejercía como profesor en esa universidad y se encargó de reclutar a una parte del personal. Así lo señalaron a CIPER algunos médicos contactados. 

En las declaraciones se menciona a tres personas a cargo de estos establecimientos: el cardiólogo de la FACH, Werner Zanghellini Martínez, el pediatra Hernán Horacio Taricco Lavín y la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Toboada. El pasado mes de marzo, la Corte Suprema condenó, por primera vez, a Werner Zanghellini a una pena de cárcel. Los otros dos están procesados y con una sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la investigación por el homicidio del cabo Leyton, causa que debe revisar la Corte Suprema. 

Un sargento (r) de Carabineros testificó que fue en la Clínica Santa Lucía donde vio más agentes con prisioneros: “Efectivamente, vi llegar personas a ese recinto, las cuales al parecer habían sido recién detenidos por agentes, se les curaba, pero inmediatamente eran trasladados por los mismos agentes que los habían llevado”.  Un enfermero que trabajó en el lugar declaró que “los médicos de la Clínica Santa Lucía frecuentemente eran solicitados en Villa Grimaldi para examinar a los detenidos, y siempre eran acompañados por un enfermero”. La villa era un cuartel secreto de la DINA donde se torturaba y asesinaba a detenidos. “En mi caso, recuerdo haber conversado con los detenidos que el médico examinaba, animándolos para que cooperaran en la información que se les solicitaba”, prosigue la misma declaración. 

Los centros asistenciales fueron creados supuestamente para atender a los agentes civiles y sus familias, que no tenían cobertura en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, en ellos también se dispensaba atención médica y dental. Una declaración del odontólogo Pablo César Oyanguren Plaza aseguró que en la Clínica London “incluso el presidente Pinochet se atendió en alguna oportunidad”. Otros relatos dicen que también lo hizo Manuel Contreras.

La declaración de un suboficial (r) del Ejército que fue enfermero en la Clínica Santa Lucía, es estremecedora: “Era sabido que en Villa Grimaldi se le pasaban autos por encima del cuerpo a los detenidos y que a veces se les pasaba la mano y llegaban moribundos a la (clínica) Santa Lucía. Cuando no había remedio se les tenía que dar muerte con pentotal. Desconozco qué pasaba con los detenidos a los que se les aplicaba pentotal, pero se comentaba que había otra brigada que se hacía cargo de ellos para lanzarlos al mar”. 

LA SEÑORITA ELIANA

“Había una clave en la Clínica Santa Lucía, que era un aviso: viene paquete. Significaba que venía un detenido y uno entendía que no debía involucrarse. Lo ingresaban a una sala y luego le suministraban algo y después el paciente salía fallecido. Escuché por conversiones de estos médicos y la señorita Eliana, que suministraban ocho miligramos de pentotal, lo que ocasionaba una arritmia seguido de un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en la clínica. Y como a la medianoche, lo sacaban ‘camuflado’, cubierto de una frazada”. 

El párrafo anterior es parte de la declaración extrajudicial de un exempleado de la DINA, fechada el 29 de junio de 2005. Su testimonio es uno de los más detallados dentro de la investigación del ministro Solís. A quien denomina “señorita Eliana”, es la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada. En la Clínica Santa Lucía ejerció la jefatura de los enfermeros, incluso por sobre aquellos con rango militar. Al revisar las declaraciones del proceso judicial queda claro que jugó un rol fundamental en ese recinto, pese a que su nombre no resuene con el mismo impacto que el de otros profesionales que prestaron servicio a los aparatos represivos. 

En 2015, Eliana Bolumburú fue condenada, en primera instancia, a tres años y un día, además de la inhabilitación de la profesión, como encubridora del homicidio del cabo Manuel Leyton. Pero el tribunal decidió otorgarle el beneficio de la libertad vigilada intensiva por el mismo periodo. Esa sentencia fue ratificada en 2020 por la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente está en espera del fallo de la Corte Suprema. 

Las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas aseguran que Bolumburú estaba al tanto del trato que daba la DINA a los detenidos. Hay testimonios que la señalan como conocedora y cooperadora de los interrogatorios y del uso de pentotal, un anestésico conocido como “el suero de la verdad”, porque, suministrado en bajas dosis, provoca que los pacientes entren en un estado de somnolencia en que pueden seguir respondiendo preguntas. La aplicación de pentotal no ha sido probada por la justicia y la exenfermera se encuentra solo procesada en la investigación por el homicidio del cabo Leyton. 

En una declaración policial de junio de 2005, un enfermero recordó el momento en que se encontró con Bolumburú cuando venía llegando en ambulancia de la Clínica London junto a un paciente en camilla. “Al que reconocí de inmediato, se trataba del cabo de Ejército Manuel Leyton Robles”, aseguró el enfermero. También agregó que, al volver a la clínica por la noche, se encontró con una señora a la entrada llorando: “Y le pregunté qué le sucedía, manifestando que había fallecido su esposo de un infarto, enterándome que se trataba del cabo Manuel Leyton”. 

Más de un exfuncionario de la Clínica Santa Lucía apuntó a Bolumburú como una de las personas que controlaba el personal médico. En las declaraciones también se dice que hizo los mismo, por un corto periodo, en la London. “Debido a su cargo, estaba en conocimiento de todo lo que allí ocurría”, señaló un exenfermero del Ejército. Otro extrabajador contó que en una oportunidad acompañó a Bolumburú a Villa Grimaldi y que ella “se conectaba directamente y se conocía con los jefes. Pude apreciar las salas de interrogatorios a través de esta enfermera que tenía acceso directo a estas dependencias”. 

En 2005 un suboficial (r) del Ejército declaró ante la PDI de Valdivia que hubo médicos de la Santa Lucía involucrados “secretamente en hechos de muerte de detenidos”. Entregó tres nombres: el doctor Werner Zanghellini, el anestesiólogo Osvaldo Leyton y la enfermera Bolumbrú Taboada. 

Dos años más tarde el suboficial se encontró con Bolumburú en un careo. La enfermera fue tajante: “Yo estaba a cargo de comprar y suministrar los medicamentos que eran para el tratamiento del personal. Nunca supe del pentotal (…). Respecto a que había médicos involucrados en hechos de muerte en la clínica, es una calumnia, no sé qué pudo haberlo motivado a decir una mentira así”, enfatizó.

La primera vez que Eliana Bolumburú declaró, según los registros de este expediente, fue el 17 de junio de 2003, en la Oficina Central Nacional de la Interpol. Entonces sostenía que en las clínicas de la DINA no hubo situaciones irregulares. En 2005 declaró: “Nunca se atendieron personas detenidas. Además, debo asegurar que no conocí otros recintos de detención de la DINA”.

En 2006 su versión cambió. Esta vez confesó haber sabido de detenidos en la Clínica Santa Lucía. Según su nuevo relato, al recinto asistencial llegó una vez Marcelo Moren, exagente de la DINA que falleció en 2015 mientras cumplía una condena de más de 300 años. En esa oportunidad, contó Bolumburú, Moren apareció junto al agente Osvaldo Pincetti. Preguntaban por un detenido: “Yo sabía que había una persona que estaba en una cama del segundo piso, presumo que se trataba de un detenido político, pero de esta persona no supe su nombre, aunque vi que estaba con sus muñecas quemadas”, dijo la enfermera. 

Eliana Bolumburú trabajó en la Clínica Santa Lucía y luego en la London. Se retiró a mediados de 1977, período en que se casó con el oficial y agente de la DINA, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, uno de los hombres más cercanos al jefe del organismo represivo, Manuel Contreras.

Eliana Bolumburú fue contactada por CIPER el pasado lunes 28 de agosto, pero no respondió a los mensajes. A través de su abogado, Hernán Aladín, señaló inicialmente que podría atender a nuestras consultas el jueves 31 de agosto. Pero ese mismo día su abogado explicó que, por razones de salud, no podría contestar nuestras preguntas hasta después del 20 de septiembre. CIPER ya había retrasado la publicación de este artículo ante la posibilidad de reunirse con ella, pero no se logró acordar una entrevista previa al cierre de este artículo.

EL DOCTOR TARICCO

Médico cirujano con especialidad en pediatría. Su residencia en Lo Barnechea, propiedad que según el Servicio de Impuestos Internos tiene un avalúo fiscal de más de $672 millones, figura a nombre de Inversiones Santo Domingo. Esa sociedad -constituida en 2013 e integrada por el médico y su familia- también es dueña del auto que estaba aparcado en su domicilio cuando CIPER intentó contactarlo, un Mercedes Benz de 2022. 

En 2014 el programa de canal 13 “En su propia Trampa”, lo encaró por ofrecer en su consulta privada “Red Médica Tabancura” un falso tratamiento de láser que prometía curar trastornos psiquiátricos, además de adicciones como el tabaquismo y alcoholismo.

Al igual que Bolumburú, en 2015 Taricco Lavín fue condenado en primera instancia en el caso del cabo Leyton. El tribunal lo sentenció a tres años y un día como encubridor del homicidio, pero le otorgó la remisión condicional. En 2020, la Corte de Apelaciones redujo esa condena a 541 días, sin dictaminar la inhabilitación de la profesión. El médico interpuso un recurso de casación: alega que no participó en los hechos. Está a la espera del dictamen de la Suprema. 

Taricco Lavín firmó el informe donde se aseguraba que la causa de muerte de Leyton habría sido por asfixia, debido a la aspiración de vómito, con un paro cardiorrespiratorio. Pero, en una declaración policial, el exagente de la DINA, Michael Townley, relató que recibió la orden “de proporcionar (gas) sarín para eliminar al cabo Leyton y que el autor material que aplicó el sarín fue un teniente del Ejército”. 

En junio de 2003, Taricco negó su participación en el falso informe: “Nunca tuve el cargo de director de la Clínica London.  Con respecto al informe que en estos momentos acabo de leer, el cual tiene mi firma, se trata de un informe técnico, que por una situación puntual y por ser un oficial de sanidad, se me pidió que pusiera el pie de firma como director, cargo que yo no tenía”.

Otro médico de la clínica, Luis Hernán Santibáñez Santelices, uno de los que examinó al suboficial del Ejército, declaró que vio a Taricco Lavín “confeccionando un Informe al Servicio Médico Legal, de un paciente que había fallecido, desconociendo más detalles, ya que no pregunté ni me comentaron que había sucedido con el paciente que había atendido anteriormente”. 

Además, en el expediente judicial son varias las declaraciones que señalan a Taricco como uno de los jefes de la Clínica London. En 2003 la enfermera Bolumburú aseguró que “el doctor Taricco reemplazaba al doctor Zanghellini cuando éste se ausentaba en su puesto de director general”. 

A través de su abogado, Leonardo Battaglia, el médico Hernán Taricco declinó responder las preguntas de CIPER. 

EL DOCTOR LEYTON

El 27 de junio de 2003, Osvaldo Leyton declaró que fue debido a un ofrecimiento que llegó a la Clínica Santa Lucía en 1974. Mencionó que, llegando a la dirección que le habían señalado se enteró “que se trataba de un cuartel de la DINA y no de la Fuerza Aérea. En este lugar me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar para ellos, lo que acepté por necesidades económicas”.

En julio de 2005, el anestesiólogo declaró en dependencias de la Interpol. Allí, aseguró que sí tuvo conocimiento que en ocasiones llegaban agentes de la DINA con detenidos: “Efectivamente, tuve que concurrir en varias oportunidades a los centros de detención como Villa Grimaldi y Cuatro Álamos”. Leyton, fue señalado en la declaración de un enfermero del Ejército como parte de los médicos involucrados en episodios que terminaron con la muerte de detenidos. No obstante, Leyton Bahamondes no registra condenas, aunque en 2007 fue procesado por la muerte del cabo Manuel Leyton. 

Para esta investigación, el anestesiólogo fue contactado por CIPER en su consulta privada en Providencia, pero declinó responder.  

Leyton Bahamondes también declaró ante la policía el 17 de noviembre de 2006. En esa ocasión lo interrogaron por la ficha clínica del cabo Leyton. Tenía su letra. “No tengo explicación del porqué aparece mi letra en la parte que se refiere a la atención brindada durante el día, elucubrando un poco, puede que si lo hice fue debido a una orden que necesariamente debió haber venido de la jefatura médica, que en ese período correspondía, aparentemente, al doctor Taricco o bien a una autoridad militar superior”. 

Santiago Alfredo Matteo Galleguillos

Trabajó como enfermero del Ejército en la Clínica Santa Lucía y varios de quienes declararon lo recuerdan por un solo detalle: el detector de mentiras. El 10 de noviembre de 2005 un enfermero declaró: “Tanto Osvaldo Leyton como Zanghellini eran cardiólogos, y este último utilizaba un denominado PC1 o PC2, que era un detector de mentiras, que actuaba asesorado por el enfermero Santiago Matteo, que manejaba este equipo y que estaba guardado en una oficina chica de la London”.

Santiago Matteo Galleguillos también fue procesado en la investigación por el asesinato del cabo Leyton por presuntamente encubrir el homicidio. Pero su participación no pudo ser probada y fue absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en 2020. 

En 2010, Matteo Galleguillos prestó declaración extrajudicial. En esa oportunidad, contó que había viajado a Miami junto al doctor Zanghellini en 1975 a un curso sobre el uso del detector de mentiras o polígrafo. Pero, agregó que nunca había usado esa máquina. Un enfermero del Ejército contó que en la misma clínica había un equipo que interrogaba detenidos con un detector de mentiras que era manejado -según relató- por los enfermeros más antiguos, Matteo Galleguillos y Lorenzo Toro Olivares. 

VISITAS A CENTROS DE DETENCIÓN

Entre los médicos que han sido condenados por crímenes relacionados con la DINA está el exdirector de la Clínica Santa Lucía, el cardiólogo Werner Zanghellini, sentenciado a 10 años y un día en una investigación por el secuestro calificado de dos personas, en el marco de la Operación Colombo. También el oftalmólogo Vittorio Orvieto, sentenciado en varias causas relacionadas con el campamento de prisioneros Tejas Verdes. Lo mismo ocurrió con Manfred Jürgensen, que falleció luego de ser capturado en Argentina. 

Jürgensen se encontraba prófugo de la justicia luego de ser condenado por la Corte Suprema, en enero de este año, a ocho años de presidio como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Junto a él, fue sentenciado el reumatólogo Luis Alberto Losada, en calidad de encubridor, a dos años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional. Ambos asistieron a Álvarez Santibáñez en el Cuartel Borgoño, cerca de la Estación Mapocho. 

El enfermero Orlando Jesús Torrejón Gatica se encuentra condenado en múltiples causas asociadas a víctimas de la Operación Colombo y en el proceso por el asesinato de la profesora Marta Ugarte Román.

Orlando Torrejón Gatica, aparece descrito en las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas de la DINA. Un enfermero declaró que “el término paquete se refiere a los detenidos que estaban muertos, por lo general se decía ‘salió paquete’ y los que constantemente hablaban con ese término eran Torrejón o Muñoz”. Un sargento (r) de Carabineros que trabajó como enfermero, señaló que “la atención a los detenidos las realizaba personal específico para ellos, por ejemplo, recuerdo a Orlando Torrejón”. 

A esos nombres se suma, pero solo condenado en primera instancia como encubridor en el caso del cabo Leyton, el cirujano Pedro Valdivia Soto. Al igual que Bolumburú y Taricco, Valdivia se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema. 

En los expedientes, también hay declaraciones que acusan a otros médicos de haber acudido a centros de detención. En 2005, un ex trabajador de estas clínicas afirmó haber acompañado a los médicos Sergio Virgilio Bocaz, Enrique Silva Peralta, Christian Emhart Araya, Eugenio Fantuzzi Alliende y Luis Cárcamo Díaz. “Debo señalar que varios de estos eran médicos recién egresados”, aseguró. 

De ese listado, Luis Felipe Cárcamo Díaz, otorrinolaringólogo, es el único que continúa en funciones: lo hace en su consulta privada en Temuco. A través de una persona que trabaja ahí, Cárcamo declinó responder consultas para este artículo.  

Entre los doctores que continúan ejerciendo también se encuentra Luis Santibáñez Santelices, que actualmente atiende en Integramédica. Santibáñez declaró en el caso Leyton y aparte de detallar que atendió al fallecido suboficial, señaló: “Comencé a trabajar en el verano del año 1977, a pedido del doctor Werner Zanghellini, también médico de la Fuerza Aérea. El motivo fue que se pretendía implementar una Unidad de Cuidados Intensivos en ella, ya que se presumía algunos atentados contra la DINA y autoridades militares. Duré poco tiempo, casi a fines de marzo de ese mismo año presenté mi renuncia, no alcanzando a ejercer tres meses en la Clínica London. Recuerdo que el director en esa fecha era Horacio Taricco Lavín”.

Contactado por CIPER, Santibáñez rechazó atender consultas sobre su participación en la Clínica London. 

Camilo Azar Saba es uno de los doctores que revisó las lesiones del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Así lo señaló ante la justicia: “Por orden del general Mena debía recertificar las lesiones que presentaban dos personas que habían sido detenidas por Carabineros y luego traspasadas a la CNI (…) Una de estas personas posteriormente falleció en la Posta Central, un profesor llamado Federico Álvarez Santibáñez”. 

El doctor Jorge Manlio Fantini Valenzuela aparece en una declaración prestada por un exempleado civil de la DINA: “Era el que tenía que estar más atento cuando se hacían operativos y detenciones. Le gustaba estar vinculado”. En 1982 Fantini contrajo matrimonio con la enfermera Isabel Margarita Jarpa Riveros, quien prestó servicios en la Clínica London.

LOS GINECÓLOGOS

Una de las aristas que guio la investigación sobre las clínicas de la DINA, fue el presunto aborto a causa de las torturas que sufrió una detenida que había llegado a la Clínica Santa Lucía con ocho meses de embarazo. En un informe policial se consigna el testimonio de una prisionera que en 1975 fue detenida por la DINA. Según su relato, estuvo recluida en Colonia Dignidad y Villa Grimaldi. El informe sostiene que “fue en Villa Grimaldi donde pudo ver una detenida en malas condiciones físicas debido a las torturas recibidas, y que venía de una clínica ubicada cerca del cerro Santa Lucía, donde habían asesinado a su hijo de ocho meses, cuando se encontraba en su vientre”. 

De acuerdo con las declaraciones revisadas por CIPER, en reiteradas ocasiones los médicos y enfermeros fueron interrogados sobre el paso de una mujer embarazada por la Clínica Santa Lucía. El Ministerio del Interior, querellante en la causa, solicitó al ministro Solís que oficiara a la Vicaría de la Solidaridad para que remitiera los antecedentes de tres mujeres que habrían dado a luz mientras se encontraban detenidas por la DINA. El 6 de julio de 2009, Solís dio lugar a la solicitud. 

Por la Clínica Santa Lucía pasaron dos ginecólogos: Juan Pablo Figueroa Yáñez y Eduardo Francisco Contreras Valcarce.  

Fue el primero quien alguna vez declaró que recordaba una oportunidad en que le solicitaron atender a una detenida embarazada: “A esa petición me negué a efectuar la auscultación a la embarazada, y posteriormente me lo solicitaron como un favor personal, accediendo a examinarla, no encontrando problemas en su embarazo. Recuerdo que mientras realizaba dicho examen, se encontraba presente el señor Marcelo Moren Brito”. Figueroa dijo no recordar el nombre de esa mujer. 

Eduardo Francisco Contreras Valcarce falleció en 2016. Según una declaración del médico Eugenio Fantuzzi Alliende, Contreras Valcarce llegó a la clínica como otros compañeros de su promoción, por ofrecimiento de Zanghellini. Su nombre suele confundirse con el de su hermano, Enrique Eduardo Contreras Valcarce, médico cirujano. Pero mientras el primero prestó servicios en clínicas de la DINA, el segundo sufrió la represión de la “Caravana de la Muerte” y, según la versión de sus familiares, incluso fue prisionero en un recinto del norte. 

OTROS MÉDICOS MENCIONADOS

En la investigación se señala a una serie de médicos, dentistas y personal sanitario que formaron parte de la Clínica Santa Lucía. Según los archivos, fueron contratados a honorarios, en su mayoría recién egresados de la universidad. Los relatos de testigos coinciden en que en el primer piso se encontraba la clínica dental y que en el tercero se concentraba el cuerpo médico destinado a mantener con vida a detenidos que habían sido torturados. 

Los dentistas del primer piso aseguran que nunca vieron a pacientes detenidos y que no supieron de abortos. El jefe de ese departamento era el dentista Dámaso Luis Augusto González, quien todavía atiende su consulta en Providencia. Según explicaron otros médicos de clínicas de la DINA, fue él quien reclutó a alumnos de la Universidad de Chile -donde hacía clases- para integrarse a la Clínica Santa Lucía. Y, según consta en el expediente, en ocasiones quedaba a cargo de la clínica. 

CIPER se comunicó con la consulta del médico. Su secretaria señaló que estaba fuera de Santiago y que ella le daría nuestro mensaje. Al cierre de este reportaje, no había respuesta.   

Sergio Muñoz Bonta, también es señalado como un cirujano dentista que tenía jefatura en la Clínica London. Un enfermero declaró: “Al doctor Sergio Muñoz Bonta, que era un odontólogo que provenía de la Academia de Guerra, lo llevó el coronel (Manuel) Contreras para la Clínica London”. Muñoz Bonta falleció en 2005.

Los dentistas Carlos Rodolfo Ullrich Dunner y Milena Cecilia Zulic Lolic declararon en 2010 que trabajaron en la Clínica Santa Lucía. Ullrich lo hizo en el resto de las clínicas montadas por la DINA y hasta el retorno a la democracia en 1989.  A solo cuadras de distancia, en Las Condes, ambos tienen en la actualidad sus consultas dentales y los dos negaron ante la justicia haber visto o atendido a pacientes torturados. 

Zulic -quien estuvo casada con Ullrich- dijo a CIPER que tiene la conciencia tranquila: “Yo nunca tuve ni tengo nada que ocultar (…). Trabajé en la clínica. Estaba recién recibida y estaba buscando pega. Yo era súper buena alumna y no era de izquierda. Nunca he militado en un partido, pero me siento libre pensadora, pero no estaba para nada de acuerdo con lo que pasaba en ese minuto (la Unidad Popular). Pero, independiente de la cosa política, nunca se nos dijo que era para trabajar en la DINA ni que se iban a hacer detenidos y cosas, nada. Cuando me contactaron me dijeron que era para que atendiera a los hijos de funcionarios”. Cuenta que le pagaban bien, que estuvo ahí varios meses y que, cuando ya estaba trabajando en ese lugar, supo que estaba relacionado con la DINA. 

Consultada por CIPER si se fue de ese trabajo por reparos éticos, tras enterarse de que la DINA estaba detrás de la clínica, respondió: “No, porque yo en ese tiempo era un pájaro (…). Ahí no sabía nada de lo que estaba pasando”. 

Mario Augusto Hernández Cáceres es otro médico mencionado en el expediente que niega haber participado en hechos vinculados a violaciones de derechos humanos. Prestó declaración extrajudicial en 2010. Ese mismo año, el odontólogo Gonzalo Luarte Romo señaló ante la justicia haber trabajado sólo para la Clínica London y que tampoco vio ni supo nada.  Falleció el 10 de julio de este año.  

En el equipo de dentistas, también figuraba Pablo César Oyanguren Plaza, quien fue profesor de la Universidad Mayor hasta 2019. En el proceso dijo que fue Dámaso González quien lo reclutó. También declaró que formó parte de la clínica de la CNI, que le dieron una cédula de identidad con el nombre de Cicerón Videla para votar en el Plebiscito de 1988 y una tarjeta que se usaba como “rompe filas”.  

La lista de menciones también incluye a médicos de otras especialidades: al psiquiatra Roberto Emilio Lailhacar Chávez. Él declaró en 2010 que solo estuvo en Clínica El Golf, pero que prestaba servicios a la DINA desde antes: “Yo ingrese a la DINA como empleado civil (…). Probablemente durante el año 1973”. Además, explicó que trabajó con Lucía Hiriart cuando todavía Augusto Pinochet estaba en el poder. Aseguró que nunca atendió a personas heridas ni participó en interrogatorios. Consultado por CIPER, declinó referirse al detalle de lo que presenció e hizo en la clínica de la DINA. 

El cardiólogo Sergio Pliscoff Marovich trabajó en las clínicas London y El Golf. Declaró en 2010 y señaló que nunca visitó a personas detenidas: “Carezco de todo tipo de información”, dijo. Falleció en 2016.  

(*) En este reportaje colaboraron Valentina Valenzuela y Soledad López Figueroa.

(**) Los antecedentes expuestos en este artículo incluyen procesos judiciales en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.

Traición, brutalidad y horror. Eso evoca el nombre de Osvaldo Romo. Murió en 2007, preso en Punta Peuco, acosado por la diabetes, problemas cardíacos y su historial de crímenes en la DINA. Dejó varios procesos judiciales abiertos y una caja de cartón con 48 cuadernos en los que puso sus recuerdos, fantasmas y obsesiones. Desde 2012 esos textos están bajo custodia de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Debido a que Romo incurrió en falsedades e inexactitudes, incorporó crudos detalles de torturas y utilizó un relato en que él pareciera no tener culpa, el acceso a los textos es restringido para evitar la difusión de antecedentes que puedan revictimizar. Por la misma razón, aunque CIPER tuvo a la vista las más de 2.500 páginas, no las publicará. No obstante, los cuadernos tienen un valor: muestran en detalle el complejo sistema de terror de la dictadura. A 50 años del golpe, eso es lo que recoge este artículo.

“¿Saben? Yo estoy haciendo esto porque quiero hoy decirles a todos que todo esto obedece a un pedido de un joven que era macho combatido (sic), que era una visita de mi casa por años. Tengo que agregar y además decir que era un joven bastante estudioso, un buen alumno (…). 

“Recuerdo que un día llegué y, al entrar al cuartel de la DINA, un guardia que no era estable, un pelao que venía determinados días, me dijo que un joven elemento había llegado baleado y herido de muerte desde la clínica a la que llevaban a los detenidos, la Santa Lucía. Que quería verme y hablar conmigo. Fui adentro y había un guardia cuidando al detenido herido, frente a la sala de parrilla. Él estaba en una camilla que era baja, en la entrada del cuartel de la famosa y triste Villa Grimaldi (…) había sido baleado por personal del equipo Águila, todos funcionarios de Carabineros (…) Recuerdo que fue él quien me hizo este pedido, moribundo y con lágrimas en los ojos. Me dijo: ‘Negro, trata de escribir todo esto para que no quede en el olvido. Tú lo puedes hacer, mi viejo, porque a ti te gusta escribir. Hazlo, mi viejo querido, cómo ha pasado todo esto, cómo sucedió; escríbelo como es, por favor. Yo recuerdo cuando escribiste del Colo Colo del año 1941, que fue invicto campeón’.

“Me acuerdo de que esto fue antes de que a él lo mataran adentro de la Villa Grimaldi. Fueron los últimos días en que el jefe del sector era don César Manríquez Bravo, quien poco después le dio la orden al cabo de Ejército don Mario Leyton Roble, que era del Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto, de eliminar a ese joven que era del MIR. Estaban también ese día detenidas la señora Amanda (sic) Jeria y la hija de ella, Michelle Bachelet Jeria”.

Osvaldo Romo Mena, el torturador, el traidor que se cambió de bando y se convirtió en uno de los más brutales ejecutores de los horrores de la dictadura de Augusto Pinochet, escribe esto a mano y con lápiz pasta negro en un cuaderno universitario, mezclando fantasías y datos reales, mientras pasa sus días en la cárcel de Punta Peuco. Es febrero de 2003, a meses de cumplirse 30 años del Golpe de Estado, o al menos esa es la fecha que anotó en la parte interna de la tapa. El relato lleva por título “Pienso que es bueno recordar, porque esto es volver a vivir”. 

Allí también cuenta muy escuetamente que el ’73 vivía una época tranquila y feliz con su esposa y cinco hijos en la Población La Faena, frente a Lo Hermida, en Peñalolén. Aunque dice que “todo era respuesta ‘no hay’, nada para comer”, asegura que le daba para “vivir mucho más de lo normal”. Y que el 11 de septiembre de ese año fue un día triste. Que al par de semanas cayó detenido y que lo llevaron a distintos lugares, que lo torturaron y que así estuvo hasta diciembre. Que en mayo del ’74 se puso a trabajar con el Ejército a pedido del teniente coronel Roger Vergara Campos, entonces director de la Escuela de Inteligencia. Que trabajaba con tranquilidad, “muy compartimentado y también sigiloso”, juntando datos sobre todo lo que conocía y sabía del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Era un delator, un sapo. 

En sus cuadernos asegura que tenía un supuesto informante y que en mayo del ’74, cuando éste cayó detenido en el cuartel de Londres 38, llegó a la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA. Cuenta que ese día, a inicios de 1975, fue emboscado por el equipo Águila, un grupo operativo de la DINA a cargo del entonces capitán de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, también conocido como el “Cachete Grande”. En la interna, a ese grupo le decían “Los Gordos”.       

El relato es sólo uno de muchos que Osvaldo “el Guatón” Romo escribió en 48 cuadernos, algunos incompletos o con apenas algunas hojas, a modo de memorias. Lo hizo en los últimos años que estuvo en prisión, hasta su muerte en el Hospital Penitenciario la madrugada del 4 de julio de 2007 por su insuficiencia cardiaca y diabetes. Al igual que su cadáver, que nadie reclamó, los archivos quedaron arrumbados en la caja de cartón junto a otros documentos en la oficina del exmagistrado Alejandro Solís, quien investigaba causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas en Villa Grimaldi. El contenido de la caja era conocido entre los actuarios como “los cachureos del Guatón Romo” y así los presentó un reportaje de CIPER, el primero sobre los cuadernos, de 2012 . Ese mismo año, los escritos fueron cedidos íntegramente en comodato por el Poder Judicial a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, para su resguardo y protección. 

La corporación estableció un protocolo para la consulta de los textos, debido a que su contenido puede provocar la revictimización de los familiares de los asesinados, porque los cuadernos contienen datos no comprobados, inexactitudes y falsedades, además de que su autor relata los hechos casi como un espectador que se desliga de su responsabilidad en los crímenes. Por la misma razón, CIPER, aunque tuvo acceso a estos archivos, no los incorporó a la plataforma de búsqueda de documentos “Papeles de la Dictadura”. Sin embargo, los cuadernos de Romo tienen un valor periodístico y de interés público: constituyen un relato sobre el interior del complejo sistema represivo, donde la tortura y la desaparición de las víctimas fueron usadas de manera sistemática, financiado por la dictadura. 

Son más de 2.500 páginas escritas a mano, colmadas de faltas de ortografía y casi sin usar puntos o comas, aprovechando cada espacio del papel. Su redacción es muy detallada pero enredada, errática; va y vuelve una y otra vez sobre las mismas ideas, con varios errores históricos e imprecisiones, como si los pensamientos y recuerdos de Romo se atropellaran en un intento por salir a borbotones, por intentar ordenarse en un relato coherente y conveniente sobre sí mismo y el papel que jugó en la historia. Por supuesto, una historia en la que él pareciera no tener ninguna culpa. 

Como no contienen información sobre el paradero de detenidos desaparecidos, judicialmente los cuadernos y otros escritos fueron desestimados. Sin embargo, la información que contienen permite reconstruir los fantasmas y obsesiones que persiguieron a Romo en su cabeza hasta su muerte. Le escribe a un lector que no existe, a veces dirigiéndose a sus propias víctimas o a quienes delató, no tanto para pedirles perdón sino, más bien, comprensión. 

Arma una y otra y otra vez las listas de los integrantes del MIR que traicionó y que ayudó a capturar, torturar y hacer desaparecer. Cuenta de sus relaciones con algunos de ellos previas al golpe y arma los perfiles de cada uno, destacando en ellos su valor militante, como un soldado –que nunca fue– que alaba la valentía y entereza de sus adversarios después de la batalla. Se refiere a ellos como “mis niños” o “mis muchachos”, como “buenos elementos” que “lamentablemente” fueron masacrados. También bosqueja una a una las historias –según él, “verdaderas”– de los 119 asesinados cuyas muertes intentaron ser encubiertas con la Operación Colombo. 

De sus compañeros en la DINA, describe en detalle roles y cadenas de mando para los distintos grupos operativos que funcionaban en los cuarteles de Villa Grimaldi, Londres 38 y Venda Sexy. Él mismo era parte del grupo Halcón I, bajo el mando del brigadier Miguel Krassnoff Martchencko (aunque Romo nunca lo explicita). A todos los delata, hablando de “ellos” como un grupo caprichoso que buscaba demostrar su superioridad a través de la venganza y el ensañamiento, incluso especificando casos de torturas, pero nunca situándose activamente allí, como si no hubiese sido más que un espectador. Es más: los define como “dementes con cabeza de músculo”. 

Sobre sus propias responsabilidades y acciones, es claro en decir que son mentiras y blasfemias, y su autopercepción podría resumirse con el título que abre el relato en otro de sus cuadernos: “Señores, no soy torturador ni paria ni leproso, soy un patriota a mi manera«.

ROMO SEGÚN ROMO

Si bien hay versiones que dicen que Romo ya era un infiltrado y un traidor antes del golpe de Estado, no hay pruebas de aquello. Lo que sí se sabe es que, cuando llegó ese día, el “Guatón” ya era un reconocido dirigente poblacional de izquierda en Lo Hermida, en lo que en esa época aún era Ñuñoa (hoy Peñalolén). Militaba en la Unión Socialista Popular (USOPO), de la cual incluso fue candidato a diputado en las parlamentarias de marzo de ese año. Con menos del 1%, fue el menos votado de su papeleta. Trabajaba en la planta que Madeco tenía en San Miguel. Tenía 35 años, estaba casado hacía 13 y la menor de sus cinco hijos tenía apenas unos meses.

En sus escritos, se ensalza a sí mismo como el líder de una toma de terreno que movilizó a unas 650 familias, y lo hace en tercera persona: “Todos llevaban las ansias y el corazón y tenían la confianza de que la persona que los guiaba era Romo. Había en la época una seguridad con este nombre que era una garantía bastante buena. La gente confiaba en él porque se las jugaba; había conseguido llevar una cantidad de [personas] sin casa a Lo Arrieta, La Faena y las partes alta y baja de Lo Hermida”.   

Se tomó calles junto a los pobladores, irrumpió en la Municipalidad de Ñuñoa e incluso intervino en actos en los que estaba el Presidente Eduardo Frei Montalva, siempre de forma vistosa. Todo aquello le dio visibilidad a fines de los ’60 y en los años de la Unidad Popular (UP), lo que le permitió establecer contactos cercanos con dirigentes del MIR. De eso escribió en un cuaderno en el que detalla su participación en el primer Congreso de Campamentos Revolucionarios, realizado en la Población La Bandera a fines de enero de 1969. “Yo nunca fui mirista, pero sí era muy amigo de todos por asuntos políticos poblacionales”, escribió. Y en otra página agregó: “Me recuerdo que yo siempre les decía que el MIR llevaría al precipicio al gobierno”. 

Cuenta que en su última asamblea con los pobladores, el 9 de septiembre del ’73, anticipó que se venía un golpe militar, aunque “no podía decirles todo lo que vendría, por respeto a la gente. Ese día me fui a mi casa y fue una noche triste para mí. Después del 11 no fui nunca más al lugar”.

Pasaron 15 días y cayó detenido, según él mismo escribió, supuestamente delatado por un integrante del movimiento Cristianos por el Socialismo. Recuerda que un comando de Institutos Militares, al mando del director de la Escuela de Suboficiales del Ejército, Julio Canessa, lo fue a buscar a su casa después de haber asistido al programa de televisión Los Guantes de Oro, que se grababa en un gimnasio junto a la Plaza Ñuñoa. Lo llevaron en un camión a la Escuela Militar. “Debo decir que en aquel lugar pasé los días más tristes de mi vida”, escribió. 

Cuatro días –relata– lo tuvieron sin comer. A diario lo sometían a interrogatorios, hasta que un día lo subieron a una liebre verde rumbo al Cuartel Central de la Policía de Investigaciones, donde asegura que lo habrían torturado de forma sistemática. Así lo describió: “En este lugar sufrí las bajezas más horribles que podía recibir el cuerpo humano. Me desnudaron, me sentaron en una silla que estaba presa en el suelo, me aplicaron corriente”.        

Lo que no cuadra en su relato es que el supuesto motivo de su detención era una orden pendiente previa al golpe, por ofensas y desacato al Presidente Allende durante un acto en el Cementerio General en agosto del año anterior, cuando le quitó el micrófono en protesta por el asesinato de un joven poblador. Él mismo escribe que le pareció “curioso”. Según su versión, habría pasado los siguientes cuatro meses en el calabozo subterráneo conocido como “La Patilla” y salió libre recién dos días antes de Navidad, ayudado por un coronel del Ejército quien lo contactó con otro militar destinado como interventor de Industrias Madeco, donde Romo volvió a trabajar para hacerse cargo de la seguridad patrimonial, es decir, de evitar “robos, hurtos, espionaje, sabotajes y política contingente” en la empresa.

A los pocos meses vino el paso definitivo para ubicarse en el otro bando.

“Créamelo que todo esto para mí fue bastante feo y difícil, pero tenía que tomar una determinación. Me decidí porque todo esto me llegó en una etapa difícil que era el final de una serie de cosas que se fueron desarrollando. (…) Cierto día en marzo de 1974 llegó hasta la puerta de la empresa a hablar conmigo el coronel del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), Horacio Oteíza, que en el momento estaba en la Academia de Guerra (AGA), en Las Condes. Yo lo conocí en el viaje al sur de Chile en 1971, acompañando al chacal del Caribe que era Fidel Alejandro Castro Ruz, cuando estuvo de visita en el país al comienzo del gobierno del Presidente Allende. (…) Hoy recuerdo que en ese viaje él siempre conversaba conmigo y me preguntaba de todo lo que era el esquema del MIR. Ese día me conversó un poco de todo, y de repente me dijo que le habían llegado los detenidos políticos de la Isla Dawson y que precisaba encuadrar (armar un organigrama con nombres y cargos) de forma específica, porque a algunos de ellos no los ubicaba”.

Así explica Osvaldo Romo su primer contacto para colaborar con los organismos represivos de la dictadura. A los dos días, relata, fue a la AGA e hizo lo que se le pidió: reconocer y delatar. Ya estaba al otro lado; ya era un sapo.

A los 15 días llegó a buscarlo a su trabajo el teniente coronel Roger Vergara Campos, jefe de la Escuela de Inteligencia del Ejército, a quien también había conocido tiempo atrás. Le pidió que lo acompañara al Hospital Militar. Una vez allá, subieron al tercer piso y, según cuenta Romo, había unos diez oficiales esperándolo para identificar a un hombre que tenían herido de bala en una camilla. 

“Cuando vi quién era, tenía que decirles la verdad, y me di cuenta de que no conocían al MIR. Todos me preguntaron en coro quién era el herido, pero yo les respondí y les dije que no es el que ustedes creen, porque ustedes quieren y piensan que es el Miguel Enríquez Espinoza. No es el Miguel, pero les puedo decir que es el ‘Coño’ Aguilar, el jefe de la Fuerzas Centrales (del MIR); se llama Arturo Vilavella Araujo, es ingeniero, pero hay que ir con bastante cuidado porque tiene vínculos muy familiares con la Embajada de España. En ese momento hablé con el coronel Vergara, pero logré escuchar lo que todos dijeron en coro: este es el hombre que tiene que estar trabajando con nosotros”.      

Dice que partió en la Academia de Guerra del Ejército, yendo todos los días después de su jornada en Madeco. Lo iban a buscar y lo iban a dejar. Tenía una pieza aislada para él, donde con la ayuda de un “joven y una dama” habría reconstruido los cuadros políticos del MIR. A mediados de mayo del ’74, Vergara habló con él y le dio instrucciones: que vaya cierto día a las 9:30 afuera del local de Almacenes París del centro, que se lustrara los zapatos (debían ser negros) y usara calcetines tipo bizcocho. Un hombre se acercaría y le diría “buenos días”. Debía seguirlo. Y así lo hizo llegado el momento. Dice que fue el 18 de mayo. Cruzaron la Alameda, pasaron por la Iglesia San Francisco y entraron por calle Londres. Romo conocía el lugar, pues ahí, en Londres 38, había antes una sede del Partido Socialista, ahora en manos del régimen, convertido en un centro secreto de detención, tortura y exterminio: el Cuartel Yucatán. Una vez adentro, conoció al entonces teniente Miguel Krassnoff Martchencko, jefe de uno de los cuatro grupos operativos de la Brigada Caupolicán.    

Pasaron dos días y Romo se integró formalmente a la DINA, que estaba bajo el comando del teniente coronel Manuel “Mamo” Contreras y el control directo de Pinochet. Se integró al grupo de Krassnoff. Y recién entonces, según su versión, partió la cacería.        

A LA CAZA DEL MIR

“Ahora me quiero referir a qué es lo que era el MIR. En general, era un grupo de jóvenes idealistas que habían copiado algo de la política chilena y buscaban la manera de avanzar sin transar, porque es justicia popular para todo el pueblo de Chile. Ellos comenzaron educando al pueblo y muy bien; tenían personal que eran educadores de la política de una extraordinaria calidad”.

La anterior es sólo una de las cientos de referencias que Romo hace del MIR en sus escritos. Hay páginas y páginas llenas de anotaciones, fichas, listas, historias, anécdotas y recuerdos que demuestran el nivel de obsesión que sentía por el grupo subversivo. Una mezcla extraña de admiración, cariño y respeto, con resentimiento, rabia y desprecio. 

Para él, la caída de Allende y la UP tenía dos grandes culpables, y así lo detalla en uno de los cuadernos en los que se refiere a varios hechos previos al Golpe. Por una parte ponía a los socialistas radicalizados que se plegaron a Arnoldo Camú y otros dirigentes para seguir la senda guerrillera del Che Guevara y el Ejército de Liberación Nacional Boliviano (ELN), los llamados “Elenos”; y por la otra, los miristas. A ellos achaca “errores tras errores” que “perjudicaron al gobierno de Allende”. También menciona las «fechorías que fueron cometiendo los hombres que eran de confianza del gobierno«. Se refiere a actos de corrupción, sabotaje, atentados y delincuencia política ocurridos a inicios de los ‘70. A los viajes a Cuba para instruirse y traer la revolución a Chile, a las escuelas de guerrilla instaladas en Guayacán (Cajón del Maipo) y Chaihuín (Valdivia), al asesinato de militares y carabineros, al robo e ingreso de armamento desde el extranjero e incluso al supuesto Plan Zeta. Pero aclara explícitamente que, para él, los socialistas o los comunistas no eran prioridad. Su rol en la DINA era –escribe– uno sólo: el “encuadramiento” del MIR.           

Son varios los cuadernos en los que Romo intenta reconstruir la historia del MIR desde sus inicios en Concepción a mediados de los ’60 y, de paso, la de sus grupos paramilitares y principales dirigentes, a quienes él dice haber conocido muy cercanamente. Sobre quiénes eran, de sus relaciones y de su proceso de búsqueda y aniquilación. En algunos dice que participó, en otros no. De Luciano Cruz Aguayo, cofundador del MIR que murió en 1971, dice que se reunían constantemente a conversar en un banco del Parque Forestal. También hizo una biografía de Juan Bautista van Schouwen, el “Baucha”, detenido en diciembre del ’73 y “perdido hasta hoy”; otra de Edgardo “Pollo” Enríquez; de Humberto Sotomayor; de Andrés Pascal Allende; de Arturo Vilavella; de Sybila Arredondo y de varios más.       

De Miguel Enríquez, fundador y primer secretario general del grupo paramilitar, escribe desde sus inicios en el Movimiento Universitario de Izquierda (MUI). Relata que cuando fue estudiante tuvo “muchas lindas mujeres de muy buena familia” que lo acosaban por “su buena elegante postura, también por su formación intelectual de un buen nacido”. Cuenta que la periodista Manuela Gumucio fue su amiga, compañera y su amor. Dice de él que era un “elemento muy calculista” y meticuloso, ordenado y sigiloso; “un guapo de los buenos que de verdad sentía lo que decía”.

Romo relata un episodio que supuestamente habría ocurrido en mayo del ’74: cuando él aún estaba en la Academia de Guerra, a poco de convertirse en agente civil de la DINA, le encomendaron reunirse personalmente con Enríquez, uno de los hombres más buscados por la dictadura, para pedirle que dejara las armas y se fuera del país. Asegura que la cita fue en un confesionario de la Iglesia de La Gratitud Nacional. Enríquez, cuenta, se negó. Romo dice que volvió y de inmediato se lo reportó al coronel Vergara: “Esto lo realicé con dolor y pena (…). Tengo que decir que quedé intranquilo, porque presentía que tendría que morir mucha gente después de esa conversa”.

Su rol sería identificar a esas personas, ubicarlas y asegurarse de que fueran eliminadas.

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Romo cuenta que tenía en la DINA un cabo de Carabineros designado como chofer y que, al principio, lo iba a buscar todos los días en una camioneta Chevrolet C-10 de distinto color. Y que su primera jornada, el 20 de mayo de 1974, lo llevó también a su primer operativo. El lugar: Maipú. El objetivo: Álvaro Vallejos Villagrán, el “Loro Matías”, estudiante de medicina de 25 años, militante del MIR, casado y con un hijo. La jefatura, relata, quería “conversar” con él.

Por supuesto, no señala lo que hoy se sabe que realmente ocurrió: que al “Loro Matías” lo encerraron y torturaron, que también se llevaron a su esposa, le vendaron los ojos, la insultaron y amenazaron para presionarlo. Que le allanaron su casa y le robaron todo lo que tenía algún valor. Que lo tuvieron secuestrado por dos meses en Londres 38 y que el 29 de julio de 1974 lo llevaron de vuelta a la casa de sus padres para hacerlo gozar de una libertad que duró apenas un cuarto de hora. Que llegó otro vehículo a buscarlo y se lo llevaron de nuevo, ahora con destino a Cuatro Álamos y luego a Colonia Dignidad, y que después de eso ya nadie nunca lo volvió a ver.

En sus cuadernos, Romo presenta una versión edulcorada que oculta y tergiversa su participación en la detención, tortura y desaparición de Vallejos. Un relato que vuelve a golpear a la familia que aún no sabe cuál fue el destino del joven estudiante:

“Su casa (de Álvaro Vallejos) estaba en una población militar, porque era hijo de un suboficial del Ejército que trabajaba en el Ministerio de Defensa. Había que traerlo sin escándalo. (…) Lo curioso fue que al llegar a la casa del personaje, era mi amigo, el famoso ‘Loro Matías’, uno de los más completos elementos del MIR que yo conocí, secretario general de organización del regional Santiago. (…) Me recuerdo que al entrar en la casa, nos saludamos con un abrazo.

–Qué tal, Vicho, ¿cómo estás? ¿Tu familia, tus hijos? –me dijo.

–Y a ti, ¿cómo te va, viejo León? –le respondí, pero después le dije– Ahora, ¿sabes por qué estoy aquí? Fíjate que el jefe quiere hablar contigo.

–Claro, voy al momento.

Se despidió de su hermana después de decirle ‘mira quién me viene a buscar’. Partimos y nos vinimos conversando de todo un poco, pero cuando pasamos frente al Ministerio de Defensa, me preguntó si no íbamos para allá. Le dije que no, que íbamos al cuartel de la DINA. Él no iba vendado ni esposado, porque sufría un problema en los huesos. Debo decir que él ese año se recibía de médico. Llegando al cuartel [Londres 38], él fue llevado donde el jefe, que era el mayor de Ejército Marcelo Moren Brito”.

Ahí se corta el relato.

***

El siguiente en caer fue Jorge Arturo Grez Aburto, el “Conejo Grez”. Era artesano en cueros y tenía 28 años. Romo cuenta que a él lo conocía bastante bien. Asegura desconocer quién lo secuestró y elucubra posibles destinos. Dice que no lo vio en cuarteles de la DINA, aunque hay testimonios que lo ubican en Londres 38 y el Estadio Chile. Aún no hay pistas de su paradero.

Tampoco las hay de Agustín Reyes González; de Carlos Cubillos Gálvez; ni de Eduardo Ziede Gómez, Jorge Espinoza Méndez, Artemio Gutiérrez Ávila, Pedro Poblete Córdova y otros tantos mencionados en los escritos de Romo. 

En otro cuaderno, se refiere a 10 casos de gente que fue detenida y que luego despareció; “un crimen mancomunado”, lo llamó. Algunos, como Juan Bautista van Schouwen y Patricio Munita Castillo ya habían sido eliminados a fines del ’73, cuando él aún estaba recluido en La Patilla, el sótano del Cuartel Central de la PDI. Pero otros sí cayeron por su labor de “encuadramiento”, y hubo un especial ensañamiento con quienes tenían algún tipo de parentesco con el mundo de las Fuerzas Armadas. 

Jaqueline Binfa Contreras era estudiante universitaria, militante del MIR, y había trabajado con Romo en el frente poblacional. La detuvieron en agosto del ’74 y se reencontraron en Londres 38. Aunque el ex agente de la DINA dice que era hija de un general del Ejército, eso no es efectivo: su padre era un comerciante que murió cuando ella era una niña. Después de eso, desapareció. Igual destino tuvo David Silberman Gurovich, comunista y ex gerente general de Cobre Chuqui, que estaba preso desde septiembre del ’73, procesado y condenado por un Consejo de Guerra. La DINA falsificó documentos para sacarlo de la Penitenciaría, llevarlo al cuartel de José Domingo Cañas y Cuatro Álamos, y luego hacerlo desaparecer.

También están en esa lista Miguel Ángel Sandoval, el “Pablito” del MIR, exescolta del Presidente Allende, que según Romo era sobrino de un general del Ejército; Jorge “el Trosko” Fuentes Alarcón, que cayó preso en Paraguay a comienzos del ’75 y luego traído de vuelta a Chile y entregado a la DINA; y, entre otros, Alan Bruce Catalán, un fusilero de las fuerzas centrales del MIR. Él ya había sido detenido el ’73, y después, según cuenta Romo, su tío, el jefe de la Brigada Caupolicán, Marcelo Moren Brito, le habría dicho que si volvía a caer “era hombre muerto”. 

El 13 de febrero de 1975, fue el mismo Moren Brito quien lo capturó, lo llevó a Villa Grimaldi, lo torturó y nunca más se volvió a saber de él.     

"ALGO DE VERDAD DE LOS 119"

Es julio de 1975. Durante el último año, la dictadura de Augusto Pinochet ha hecho desaparecer a más de 270 personas, principalmente del MIR. El trabajo de “encuadramiento” que Osvaldo “el Guatón” Romo ha hecho para la DINA ha sido clave para ello. Pero las denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos humanos crecen tanto en Chile como en el extranjero, la presión internacional aumenta; algo había que hacer, y la vía elegida fue engañar y manipular, aplicar las técnicas de la guerra psicológica para hacer una limpieza de imagen a través de la propaganda y los montajes para así esconder a los muertos y desparecidos de la represión. 

Una investigación de Anfibia Chile y la Universidad Alberto Hurtado reveló que detrás de esa estrategia estaba la mente del director de la oficina de Asuntos Públicos del régimen, Álvaro Puga, en conjunto con la DINA del “Mamo” Contreras. Y el producto de aquello es lo que después se conocería como la Operación Colombo o el Caso de los 119.

Se montaron puntos de prensa con dirigentes del MIR que se declaraban derrotados y pedían a sus camaradas deponer las armas, por supuesto, obligados bajo tortura. Inventaron publicaciones de supuestas revistas en Brasil y Argentina que llevaban, en sus únicas ediciones, reportajes que denunciaban la muerte de extremistas chilenos, hombres y mujeres, en enfrentamientos en la cordillera. 59 habrían caído en combate “con fuerzas del gobierno argentino en Salta”, mientras que otros 60 habrían sido aniquilados por sus propios compañeros de armas. Los principales medios chilenos replicaron la información, quedando por siempre en el imaginario nacional el nefasto titular de La Segunda: “Exterminados como ratones”.

Poco después, el 5 de octubre de 1975, un grupo de agentes de la DINA, entre los que estaban Moren Brito, Krassnoff y Romo, llegó repartido en tres vehículos a la casa de seguridad de San Miguel en la que estaban Miguel Enríquez, su pareja embarazada Carmen Castillo, y los dirigentes del MIR Humberto Sotomayor y José Bordaz. Llegó también contingente de Carabineros por tierra y aire. Fue una emboscada que pronto terminó en desastre. Enríquez, el fundador y principal líder del MIR, fue abatido a balazos. Castillo quedó herida por las esquirlas de una granada. Los otros dos lograron huir por los techos. 

El operativo fue tan importante que incluso llegó Contreras. Romo escribió en sus cuadernos que él le confirmó que se trataba de Enríquez. Y luego dedica palabras al principal líder del MIR:    

“Bueno, Miguel, tú luchaste como guapo, pero ayer cuando te vi en Avenida Grecia con Obispo Orrego, donde está la bomba de bencina, encontré que no estabas bien, porque tú no errabas para nada; donde ponías el ojo ponías la bala. Pero ahora fue diferente, viejo. Lástima que los otros te dejaron botado a la suerte”, escribió.

Tras ese golpe, vino otro el 16 de octubre, cuando la DINA dio con una parcela de Malloco en la que estaba la directiva clandestina del MIR. Hubo un nuevo enfrentamiento en el que murieron el dirigente Dagoberto Pérez Vargas y la empleada doméstica que nada tenía que ver con política ni subversión, Enriqueta Reyes Valerio. 

Romo asegura que dejó ese mismo día la DINA, que tomó a su familia, sus cosas y se fue del país. Dice que no salió arrancando y que se fue “por la puerta” del aeropuerto de Pudahuel, que tomó un avión de Lan Chile y se fue a Río de Janeiro. Pero, lo cierto es que allá ingresó con nombre y papeles falsos y se mantuvo clandestino. Osvaldo Andrés Henríquez Mena, se llamaría desde entonces. Su esposa ya no sería Raquel González, sino que Raquel Rojas. Y sus cinco hijos mantendrían sus nombres de pila, pero ya no serían los Romo González, sino la familia Henríquez Rojas. Y así fue como se les perdió la pista por los siguientes 17 años.

Con el retorno de la democracia, se empezaron a abrir y movilizar investigaciones judiciales para perseguir los horrores y atropellos a los derechos humanos, y en ese contexto, el de Romo empezó a ser uno de los nombres más demandados entre los criminales de la dictadura. La jueza Dobra Lusic, que investigaba la desaparición forzada del mirista Alfonso Chanfreau Oyarce –uno de los 119–, dio con el paradero de Romo en Mogi Guaçu, una ciudad ubicada al noreste de Sao Paulo. En 1992, la magistrada logró que el ex agente fuera extraditado y volviera a Chile a enfrentar la justicia desde una celda en la Cárcel de Colina. 

Y entonces volvió a hacer lo que siempre había hecho y se le daba bien: delatar a los suyos.              

***

Si bien no fue algo inmediato, con el tiempo, Osvaldo Romo empezó a hablar. Primero, fue en 1995, cuando dio desde la cárcel una polémica entrevista a Univisión, en la que reconoció y detalló las formas en que aplicaba torturas. Dijo que “lo volvería a hacer igual y peor”, que no dejaría “periquito vivo, todo el mundo a la jaula”; que el mar chileno no era un mar para tirar cadáveres por lo torrentoso y violento, que era mejor lanzarlos “al cráter de un volcán”; y que no había violado ni matado a nadie, aunque quizás sí a Dagoberto Pérez ese último día que estuvo en la DINA, pues todos disparaban y él estaba más cerca.

Romo sentía rabia contra los militares, pues lo habían dejado solo. Tenía ya una condena a 10 años por el secuestro del mirista Manuel Cortez Joo y otra de cinco años y un día por el de Ofelio Lazo, ambos, al igual que Chanfreau y varios más, incluidos en la nómina de los 119. Y estaba procesado por varias otras causas. Su diabetes y su insuficiencia cardiaca empeoraban y no quería morir en prisión. Así que decidió colaborar con la justicia y se convirtió en pieza clave para la persecución judicial de la cúpula de la DINA.

Así como alguna vez “encuadró” a los integrantes del MIR, a fines de los ’90 comenzó a entregar cargos, roles, fechas, lugares y hechos en sus declaraciones judiciales. Explicó toda la estructura operativa del aparato represor y sus acciones tanto en Londres 38 como en Villa Grimaldi y Venda Sexy. De las brigadas, grupos operativos y mandos. Y todo eso lo empezó a volcar también a sus cuadernos cuando en el 2000 fue trasladado al penal de Punta Peuco.

“Ante tanto problema y daño, quiero dejar en el papel todo lo que fue o es un engaño sobre esto que fue planificado, organizado y siniestramente finiquitado por gente que era dueña de hacer y deshacer, que eran un peligro para hacer y demostrar que ellos eran superiores a todos los grados, eliminando gente que estaba detenida en manos de los servicios de inteligencia de todo Chile”, escribió.     

Agrega que ahora cree que todo se trató de una “burda y torpe venganza” y que “ellos, los de la DINA, los fueron eliminando uno a uno”, que se ensañaron más con los detenidos que eran familiares de uniformados y que fue un “capricho que se tomaron como misión”.

Respecto al Caso de los 119, intentó reconstruir una a una las historias de las personas desaparecidas que la DINA trató de ocultar con el montaje de la Operación Colombo: “Todo esto no existió, es una farsa, una mentira. Sí me atrevo a decir que ellos (la DINA) pueden haberles quitado la vida (a los 119), eliminando a una parte en la cordillera, pero quiero decir que estos 119 estaban detenidos en los más diferentes cuarteles de la DINA y en diferentes épocas”.

Pero al final, en los cuadernos de Romo los autores del horror siempre son “ellos”. A pesar de las decenas de testimonios que lo sitúan en secuestros y torturas, después de esa entrevista de 1995 a Univisión nunca más volvió a reconocer explícitamente su rol en los crímenes. En sus escritos solo acepta que hizo los “encuadramientos políticos”. Dice que todas las acusaciones en su contra no son más que “canalladas, gente que habla tanta cosa sucia de las personas porque hay que tirarle mierda al que está caído”. Y que tanto jueces como periodistas y víctimas, lo quieren perjudicar. Sostiene que las acusaciones se debían a órdenes del partido, del MIR, aunque esa organización ya estaba completamente desarticulada, y que era “una táctica que nace del socialismo”. Y sostuvo ese delirio hasta el día en que se murió.