Lepe Orellana Jaime Enrique

Una carrera militar "congelada" o su retiro del Ejército son las opciones que le quedan al brigadier Jaime Lepe Orellana. La medida fue el fruto de la reacción emprendida por familiares de Carmelo Soria y sostenida por dirigentes de la Concertación.

El Presidente de la República, Eduardo Frei, rechazó la proposición de ascenso al grado de brigadier general al brigadier de Ejército Jaime Lepe Orellana, incluido dentro del alto mando considerado por esa institución castrense para el año 1998.

La determinación se fundó, según expresó ayer en un comunicado oficial el ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, en la existencia de "situaciones públicas y notorias que involucren a la persona, de índole tal como para afectar negativamente tanto su imagen ante el país o ante sectores importantes de la ciudadanía, así como las armoniosas relaciones que deben existir entre ésta y las Fuerzas Armadas".

Lo anterior alude a que el brigadier Lepe es mencionado en el proceso por el secuestro, tortura y muerte del diplomático español Carmelo Soria, quien fue asesinado en 1976 por agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

No obstante, Pérez Yoma se refirió al brigadier Jaime Lepe como "un oficial que ha sido siempre calificado en lista uno y recomendado por el cuerpo de generales del Ejército para su ascenso; no hay antecedentes judicialmente válidos en su contra emanados de tribunales chilenos competentes y provistos de jurisdicción y no se le conocen comportamientos públicos de desacato o menoscabo a la autoridad". En definitiva, la explicación oficial del ministro de Defensa apuntó a no entorpecer un clima de armonía entre las Fuerzas Armadas y el mundo civil, especialmente el político demostrada sobre todo al conocerse el nombre del futuro comandante en jefe.

A pesar de lo anterior, en una entrevista a La Tercera el ministro Pérez Yoma había negado la posibilidad de cualquier veto al ascenso de Lepe, al afirmar que no existía razón para impedir su ascenso: "El coronel Jaime Lepe no ha estado ni está sometido a proceso por casos de derechos humanos y en el Ministerio de Defensa no consta una denuncia formal en ese sentido".

La hija del funcionario de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), Carmen, fue la primera en cuestionar el ascenso y, de hecho, ayer en la tarde llevó al ministro copias del expediente del caso por el asesinato de su padre, que incluye la declaración en contra del brigadier hecha por el ex agente DINA Michael Townley.

La propuesta de ascenso fue criticada por la Concertación casi apenas conocida, el jueves 30, por la participación del brigadier Lepe Orellana en la Brigada Mulchén de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) acusada del asesinato del diplomático español Carmelo Soria, en julio de 1976.

Congelado
La decisión presidencial de vetar el ascenso de Lepe fue censurada por algunos senadores designados y personeros de la oposición, como el senador Bruno Siebert (RN), quien calificó el hecho como una "afrenta" al Ejército.
Sin embargo, la determinación de Frei se basó en el artículo séptimo de la ley orgánica constitucional de la Fuerzas Armadas, según cuyo inciso primero "los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales se efectuarán por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Defensa Nacional, a proposición del respectivo comandante en jefe institucional".

Lo que ocurre en el caso del brigadier Lepe es que el Jefe de Estado no va a firmar el decreto que dispone su ascenso. De este modo, Lepe permanece congelado en su actual situación de brigadier, a la espera de las resoluciones que sobre él puedan adoptar el actual comandante en jefe o quienes le sucedan.

Sin embargo, en coherencia con la ley orgánica, su destino siempre pasará por un decreto supremo del Mandatario que esté en funciones. Lo que no puede hacer el Presidente es, por sí mismo, llamarlo a retiro, pues siempre precisa de la voluntad del comandante en jefe institucional.

En teoría, según fuentes gubernamentales, Lepe podría permanecer congelado como brigadier hasta que cumpla el plazo máximo de permanencia en el Ejército, que es de 38 años. Las fuentes informaron que Lepe tiene aún "poco menos de 30 años" de carrera.

Un alto funcionario de gobierno se encontró, hace un tiempo, a boca de jarro con un vehículo que viajaba campante contra el tráfico por la comuna de La Reina. Como llevaba chofer, el funcionario creyó que se trataba de un auto oficial y pensó en las críticas que el hecho podría desatar. Anotó la patente y planeó reprochar a quien fuera el díscolo su mal comportamiento.

Pero el auto no pertenecía a La Moneda, sino al Ejército.

Según una investigación periodística de La Nación, el pasajero anónimo era el brigadier (R) Jaime Lepe Orellana, el ex secretario general del Ejército y mano derecha del general Pinochet, quien ha sido contratado como civil por la institución, a pesar de que pasó a retiro en una tormentosa polémica por su vinculación con el homicidio del español Carmelo Soria, ocurrido en 1976.

La recontratación de Lepe fue confirmada por una alta fuente del Ministerio de Defensa, quien pidió reserva de su identidad.

No es el único caso. La fuente ratificó que en el mismo caso se encuentra el brigadier (R) Miguel Krassnoff Marchenko, procesado por la desaparición de varios presos políticos en Villa Grimaldi.

Lepe Orellana se desempeña como asesor en el Comando de Industria Militar, mientras que Krassnoff es todavía el gerente del Hotel Militar de Oficiales, ubicado en Providencia 1219, aunque actualmente está suspendido pues está detenido por orden judicial en el Comando de Telecomunicaciones desde noviembre del año pasado.

Ante consultas sobre las nuevas funciones de Lepe y Krassnoff, el Ministerio de Defensa reveló el viernes pasado que ambos prestan servicios a contrata y como civiles para la institución.

"Se le ha manifestado al Ejército la inconveniencia de que esta situación se mantenga", dijo la fuente consultada en el Ministerio. "El Ejército expresó comprensión hacia nuestro punto de vista". Por lo tanto, esa repartición espera que se "tomen medidas".

De acuerdo con la fuente consultada la contratación de ambos es legal "pero constituye una incoherencia con el espíritu de colaboración en materia de derechos humanos que el Ejército ha demostrado a través de la mesa de diálogo".

El Departamento de Relaciones Públicas del Ejército declinó entregar información o comentar estos hechos. La práctica de contratar como civiles a los uniformados que jubilan les permite a estos mejorar su pensión con un segundo ingreso.

Nada extraordinario

Según una persona de gran cercanía con Miguel Krassnoff -quien habla a condición del anonimato- el oficial en retiro espera reintegrarse a su trabajo en el hotel en cuanto se le conceda la libertad provisional que ha solicitado repetidamente al Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, donde se investiga la desaparición de Manuel Cortés Joo.

Ese expediente acaba de pasar a las manos del ministro de fuero Juan Guzmán. El magistrado también procesó a Krassnoff por la desaparición de varios presos políticos en Villa Grimaldi, pero le concedió el derecho a la libertad provisional.

"Miguel Krassnoff no es el único oficial involucrado en este tipo de casos que presta servicios como civil en el Ejército. Es una situación generalizada", afirma la fuente cercana al militar.

Es común que los uniformados que pasan a retiro por razón del servicio sean recontratados como civiles por su institución y estar vinculado a juicios por violaciones a los derechos humanos no es un impedimento, revela.

"No hay nada cuestionable en ello. No se trata de personas per sé sádicas, fascistas, crueles o como quiera llamárseles. Se trata de oficiales obedientes que cuando ocurrieron estos hechos tenían algo más de 20 años. Ellos sólo cumplieron órdenes y, por lo demás, desarrollaron una carrera impecable. Es normal que el Ejército quiera continuar contando con sus servicios", explica.

Lepe, en tanto, nunca fue procesado, pues el juicio en que se investigaba la muerte de Carmelo Soria fue amnistiado por la Corte Suprema, pero el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle vetó su ascenso al cuerpo de generales en 1997, en medio de una agria polémica pública.

Así, el hombre que llevaba la agenda del general Augusto Pinochet, se convirtió en un brigadier sin destinación hasta septiembre del 2000 cuando se acogió a retiro. En esa oportunidad el ministro del Interior, José Miguel Insulza, alabó su partida.

Carmen Soria recordó que según consta en las investigaciones judiciales y en los testimonios de los ex agentes José Ríos San Martin y Michael Townley, Lepe se disfrazó como carabinero para secuestrar a su padre y luego habría participado en las sesiones de tortura que se le practicaron.

"Los exonerados políticos, que no cometieron ningún crimen salvo pensar distinto, no pudieron nunca más trabajar en la administración pública", opina. "Y sin embargo, estas personas que están vinculadas a crímenes atroces, continúan gozando de privilegios a costa de todos los contribuyentes. Es una burla y una atrocidad".

No sólo en el Ejército

Entre los antecedentes surgidos en el proceso por el crimen de Tucapel Jiménez figura que dos ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, prestaban servicios en el Ejército a honorarios hasta que, en virtud del auto de procesamiento que les afecta, quedaron en prisión preventiva.

Según fuentes cercanas a su defensa, sus servicios "eran necesarios pues se trata de personal de inteligencia y servicio secreto. No hay que volar muy alto para suponer que hay cierta información y contactos que se mantienen a pesar de haber salido a retiro". No obstante, la fuente desmiente información extraoficial en cuanto a que continuarían colaborando en forma esporádica desde la reclusión.

De acuerdo con los antecedentes, no sólo en el Ejército personal implicado en acusaciones por violaciones a los derechos humanos ha sido recontratado.

En la Aviación, el ex agente de la DINA, coronel (R) Mario Jahn Barrera, es el director del Museo Aeronáutico y del Espacio, dependiente de la Dirección de Aeronáutica Civil, desde que pasó a retiro a mediados de los años 80. Jahn Barrera fue en los años 70 uno de los jefes de la DINA que, usando el seudónimo de Luis Gutiérrez, se convirtió en el "embajador itinerante" entre los países que conformaron la red de cooperación en labores represivas conocida como "Operación Cóndor", de acuerdo con los antecedentes surgidos de los llamados "archivos del terror" de la dictadura de Alfredo Stroessner y que forman parte de la querella interpuesta en su contra ante el ministro de fuero Juan Guzmán. Barrera no figura, sin embargo, como procesado en esta causa.

Uno de los pilotos de la "Caravana de la muerte", Emilio Robert de la Mahotiere, se desempeña desde 1996 en Seguridad Operacional de la Dirección de Aeronáutica, en un contrato que se le renueva en forma anual. En su caso, si bien su participación como el piloto militar que transportaba al grupo comandado por Sergio Arellano está demostrada en el proceso, el ministro Juan Guzmán no lo consideró merecedor de castigo penal.

El Departamento comunicacional de la Dirección de Aeronática respondió que "no entregamos información sobre el detalle de la planta de nustra institución".

Fach da explicaciones por recontratación de oficiales implicados en casos de DD.HH.

La Fuerza Aérea de Chile (Fach) respondió esta mañana por distintos cauces que no existe impedimento legal, "ni se puede discriminar" en la recontratación de personal retirado, en respuesta a denuncias de que oficiales implicados en violaciones de Derechos Humanos durante el régimen militar habían vuelto a esa institución.

También sobre este tema, el Ejército declinó referirse sobre los empleos dados los brigadieres (R) Miguel Krassnoff y Jaime Lepe.

Si bien la institución declinó entregar una versión oficial, una alta fuente declaró que "mientras no exista una resolución judicial condenatoria no se puede discriminar a una persona".

A su vez, el Departamento Comunicacional de la Fach aclaró que, uno de los ex oficiales cuestionados, el coronel (R) Mario Jahn Barrera, fue recontratado como director del Museo Aeronáutico y como tal no depende de la Institución directamente, sino que de la Dirección Nacional de Aeronáutica civil.

En tanto, el abogado de la Fach Jorge Balmaceda aclaró que el DFL1 o Estatuto de las Fuerzas Armadas, permite el llamado a servicio activo y la contratación de personal antiguo, por lo que no existe impedimento legal. "El hecho de que se hayan cometido o no delitos, es de carácter personal, por lo que los tribunales de justicia deben pronunciarse a través de un debido proceso de derecho, no por especulación o simples declaraciones", señaló el profesional.

Ejército

El Ejército no hará ningún tipo de referencia al tema sobre la recontratación de personal en retiro que participó en la ex DINA -casos de los brigadieres Miguel Krassnoff y Jaime Lepe- y que estaría involucrado en violaciones a los derechos humanos.

Se informó que se trata de materias ya conocidas y que las autoridades que pueden referirse al tema se encuentra en gira con el comandante en jefe de la institución, teniente general Juan Emilio Cheyre

Luego de casi 13 años, el secreto mejor guardado del proceso por el homicidio del diplomático español Carmelo Soria ocurrido el 14 de julio de 1976- llegó a su fin. Y el principal articulador de la verdad es el ministro en visita Alejandro Madrid, quien sustancia la causa por el secuestro y homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos.

El magistrado, junto al detective Nelson Jofré, establecieron que el principal testigo confeso de haber participado en el crimen de Soria, el suboficial mayor (R) José Remigio Ríos San Martín, fue seguido y detenido en 1993 por agentes del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) para que modificara la declaración que había prestado ante Investigaciones. Pero no es todo. Madrid aclaró que la orden provino del entonces secretario general del Ejército,

brigadier (R) Jaime Lepe, quien precisamente era el imputado activo con mayor preponderancia en el caso. Este último fue vetado para ascender a general por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1997, tras las protestas de Carmen Soria, hija del asesinado diplomático español.

Pero Lepe participó además en una reunión secreta junto al comandante (R) Patricio Quilhot, otro de los imputados de este proceso. En el encuentro, realizado en el restaurante “La casa vieja” de calle Chile-España Nº 249 se tejió toda la conspiración en contra de Ríos San Martín y la acción de la justicia, cuyos detalles los entregó el propio equipo operativo del BIE encargado de montar el anillo de seguridad para el encuentro.

Debido a estos hechos, que en su momento no fueron conocidos por la justicia, ni menos por el Estado español que vanamente intentó que se juzgara a los implicados, la Corte Suprema aplicó la ley de amnistía y los responsables quedaron sin castigo, al menos hasta ahora.

La búsqueda

La operación se realizó porque la inteligencia militar de la época sabía que Ríos San Martín estaba colaborando con la ministra en visita a cargo del caso, Violeta Guzmán, y que entre los antecedentes que había entregado en su confesión a los detectives no sólo mencionaba a Lepe, sino también a otros ex DINA.

Este hecho preocupó no sólo al entonces brigadier, sino también a Pinochet, ya que el primero era muy cercano al ex dictador y uno de sus preferidos en la institución.

Las declaraciones de los agentes que destaparon este hecho histórico se encuentran en el tomo XVI del proceso sustanciado por Madrid.

Uno de los primeros en confesar esta historia fue el ex jefe de la Unidad de Contraespionaje del BIE, el mayor (R) Patricio Belmar Hoyos.

“Estando de jefe del BIE el comandante Fernán González, recibí una orden para ubicar a José Ríos San Martín que estaba involucrado en el homicidio de Carmelo Soria y al cabo de algunos días, con mi gente, entre ellos “el Gitano”, el suboficial Roa Vera, lo ubicamos en un sector de Santiago y procedí a dar cuenta de su domicilio”, dijo Belmar Hoyos en una se sus declaraciones policiales a fojas 5.981 del expediente.

La información, sin embargo, no fue entregada directamente a Fernán González, sino a la comandancia en Jefe del Ejército, puntualmente al brigadier Lepe.

“Recuerdo haber concurrido a la comandancia en Jefe a hablar con el comandante Jaime Lepe Orellana que me dio las instrucciones para ubicar a San Martín.

Después me correspondió ubicarlo en distintas oportunidades. En una de ellas para comunicarle que Jaime Lepe y el comandante que ya se había retirado, Patricio Quilhot, querían conversar con él”, sigue el relato judicial.

Varios fueron los encuentros entre Ríos San Martín, Quilhot y Lepe, pero hubo uno más importante que los anteriores.

“En una oportunidad se concretó una reunión entre Lepe y San Martín en el restaurante “La Casa Vieja”, donde me correspondió junto a mi personal dar protección con un anillo de seguridad, donde me enteré que Lepe le ofreció una camioneta que se le entregó después”, declaró Belmar Hoyos.

El hombre invisible

Otra confirmación la entregó el suboficial (R) Manuel Carreño Arriaza, quien relató cómo la operación tuvo un error que la develó. “… Se me dio instrucciones de realizar un seguimiento a esta persona por varios días y por 24 horas, pero en una oportunidad Ríos San Martín se percató que era seguido

por nosotros y enfrentó a uno de mi grupo, al cabo Cornejo, a quien lo increpó”, dijo a la policía.

Ríos San Martín era comando, paracaidista, perteneció a la brigada Mulchén de la DINA, autora del crimen de Soria y, de acuerdo al testimonio del ex agente del servicio secreto, suboficial mayor (R) Luis Herrera Mansilla, cambió abruptamente de personalidad.

“Después que pasó a retiro, como tenía mujer y conviviente, ellas le quitaron todo el desahucio con el que pretendía comprarse un taxi, pero quedó sin ningún peso e hizo una especie de voto de pobreza, prácticamente no comía, vivía en lugares marginales y frecuentaba la capilla de Las Ánimas y librerías de calle San Diego”.

Para los agentes fue muy difícil seguir a Ríos San Martín. Así se ve reflejado en el testimonio del mayor (R) Juan Vladilo Villalobos que también participó en la operación.

“Este seguimiento era una situación bastante rara, ya que Ríos San Martín supo de inmediato lo que sucedía. Se metía a calles sin salida y desaparecía, se subía y bajaba de las micros y circulaba por distintos sectores de la ciudad”, dijo.

Crimen emblemático

El crimen de Carmelo Soria es uno de los casos emblemáticos de las violaciones de los derechos humanos y la declaración que Ríos San Martín prestó ante la policía en 1993 fue clave para tratar de establecer judicialmente los hechos.

El ex DINA testimonió que los miembros de la brigada Mulchén estaban dirigidos por el entonces capitán Guillermo Salinas Torre. Este último ordenó a los oficiales del Ejército Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbé, Juan Delmás Ramírez y el suboficial Pedro Aqueveque que se disfrazaran de carabineros para interceptar el auto Volkswagen en el que viajaba Soria la tarde del 14 de julio de 1976.

La DINA sospechaba que Soria pertenecía al Partido Comunista (PC). De ahí la decisión de detenerlo. Una vez en la casa de Vía Naranja en el sector de Lo Curro (la misma de Townley), fue torturado y, como nunca entregó información, le aplicaron gas Sarín. Luego, lo “destestuzaron”, dijo Ríos San Martín,

haciendo palanca contra un escaño por medio de la torsión de la cerviz.

De esta manera el testimonio entregado por el ex agente de la DINA, Michael Townley en Estados Unidos a fines de 1992 quedó confirmado con una segunda declaración. Entonces fue que se desató la máquina de la justicia militar y la inteligencia del Ejército para encubrir los hechos, porque además de los seguimientos y la reunión relatada arriba, Ríos San Martín también fue llevado

a la justicia militar.

En noviembre de 1993 la Segunda Fiscalía Militar, a cargo de Sergio Cea Cienfuegos, trabó una contienda de competencia, siendo esta resuelta el 16 del mismo mes por la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema a favor de la justicia castrense. Dos días más tarde, el mismo Cea decretó la prohibición de no informar a los medios de comunicación.

El gobierno de la época tenía pleno conocimiento de la declaración de Ríos San Martín y Carmen Soria, hija del diplomático español, presionaba junto a la Embajada de España para que la causa quedara en la justicia civil y se nombrara un ministro instructor de la Corte Suprema.

El contexto se complicaba, pero el desaparecido diario “La Época”, en su edición del 22 de noviembre de 1993, rompió la prohibición y publicó, aunque sin nombre, los antecedentes entregados por Ríos San Martín. La fiscalía militar requisó una serie de ejemplares para evitar su difusión.

El tema se zanjó el 3 de diciembre de 1993, cuando el máximo tribunal desechó nombrar a un magistrado especial para el caso en una estrecha votación de siete votos contra seis. El 6 del mismo el juez militar de Santiago, Hernán Ramírez, aplicó la amnistía. El 10, la Corte Suprema revirtió todo y nombró al ministro marcos Libedinsky para llevar el caso. El 30 de diciembre, sin embargo, el magistrado nuevamente amnistió el caso.

Sigue la batalla

Pero la pelea no quedó allí, porque el 7 de abril de 1994 el proceso fue reabierto por la Primera Sala de la Corte Suprema y se decretaron cinco diligencias: careos, declaración del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, exhorto al ultraderechista cubano Virgilio Paz, reconstitución de escena y, la más importante, un informe siquiátrico a Ríos San Martín. En esta última pesquisa estaba la mano del BIE y la principal estrategia castrense:

inhabilitar al testigo clave.

Días más tarde, el abogado querellante de la familia Soria, Alfonso Insunza, presentó a Libedinsky una recusación amistosa, la que éste último aceptó. La Suprema quedó entonces en posición de nombrar a un nuevo magistrado. Y así fue: la responsabilidad recayó en Eleodoro Ortiz, recientemente fallecido.

La investigación de Ortiz se extendió hasta mayo de 1995. El 25 de ese mes la sala penal de la Suprema sometió a proceso al mayor (R) Guillermo Salinas y a Ríos San Martín. Uno de los votos disidentes fue del ministro Roberto Dávila, otrora auditor del Ejército y sin carrera en el Poder Judicial, quien señaló en su voto que no había elementos de ninguna especie para encausarlos.

Paralelamente, la inteligencia militar de la época seguía hostigando a los oficiales de Investigaciones que llevaban éste y otros casos de violaciones de los derechos humanos.

Un hecho relatado por el detective Nelson Jofré Cabello en una orden de investigar contenida a fojas 6.003 es elocuente: “El 8 de septiembre de 1995, oportunidad en que oficiales policiales de la Brigada de Homicidios trasladaban a una testigo relevante para el caso Berríos, se percataron que eran seguidos por el agente del BIE, dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Víctor Rojas Zúñiga, quien conducía un vehículo marca Peugeot 605 de propiedad de la institución castrense, de cargo

del director de la DINE, general Eugenio Covarrubias, el que resultó involucrado en una triple colisión en la esquina de Alameda con avenida España, tomando el procedimiento Carabineros y agentes del BIE que rodearon el

lugar, logrando los detectives trasladar a la testigo a pie hasta el Sexto Juzgado del Crimen, donde declaró”, declaró el policía.

Pese a estos hechos, el 5 de junio de 1996 Ortiz volvió a aplicar la amnistía.

El 24 de agosto, como era de esperarse, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la decisión. La batalla de los Soria estaba perdida, al menos en Chile.

Lo que siguió

La decisión judicial provocó una acusación constitucional contra los ministros de la Suprema que resolvieron el fallo de la amnistía, una demanda contra el Estado de la familia Soria por 2 mil 700 millones de pesos y el compromiso del gobierno de Eduardo Frei, secundado por España, para entregar una reparación a la familia del diplomático español.

Lepe siguió en el Ejército como secretario general, pero ya había cumplido el tiempo de brigadier y debía ser ascendido a general. Así el 5 de noviembre de 1997, Frei vetó el ascenso de Lepe. Así se creó un nuevo criterio para los ascensos: “las situaciones públicas y notorias que involucren a la persona de índole tal como para afectar negativamente su imagen ante el país o ante

sectores importantes de la ciudadanía”.

Lepe anunció querellas contra los medios junto a su abogado Jorge Balmaceda.

Este último además envió una carta al diario “La Época”, donde aseguró que el otrora testigo clave del caso Soria, el suboficial (R) Ríos San Martín, modificó su declaración policial ante el ministro Eleodoro Ortiz, durante la reconstitución de escena. Éste, nunca reconoció a Lepe. Además un informe del Servicio Médico Legal establecía que tenía “una personalidad anormal”.

“Que en relación a mis declaraciones de fojas 737 y siguientes, ellas nos las ratifico en su totalidad, por cuanto estimo que fui influenciado por personal de Investigaciones a través de orientaciones”, declaró el propio Ríos San Martín, eso sí, después de las reuniones con Lepe.

Balmaceda llegó al paroxismo en su escrito ante el desaparecido matutino, cuando señaló que “para los abogados no puede pasar inadvertido y que refleja la totalidad tranquilidad del brigadier Lepe en su no participación en los hechos… ya que habiendo sido investigados por cinco jueces … ninguno de ellos lo acusó… en consecuencia es absolutamente falso que existan pruebas que lo inculpen en cualquier otra calidad procesal en el homicidio de Carmelo Soria”.

En 1997 aún existía el delito de obstrucción a la justicia y la lógica de cualquier juez investigador habría colegido que la conducta de Lepe y los agentes del BIE algo buscaban esconder.

Quizás Balmaceda no supo de la reunión ni de los seguimientos, pero el secreto que Lepe guardó por tantos años, indica que su participación en la muerte de Carmelo Soria fue tan importante como la cantidad de medios que usó para encubrirla

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

A lo largo de unas 60 fojas el ministro Carlos Cerda asestó un duro golpe al círculo íntimo del fallecido dictador Augusto Pinochet, procesando a 23 personas, entre ellos sus familiares, por el delito de malversación de caudales públicos.

El magistrado ordenó la detención y procesamiento inmediato de:

1.- Augusto Osvaldo Pinochet Hiriart, hijo de Pinochet.
2.- Inés Lucía Pinochet Hiriart, hija de Pinochet.
3.- Marco Antonio Pinochet Hiriart, hijo de Pinochet.
4.- Jacqueline Marie Pinochet Hiriart, hija de Pinochet.
5.- María Verónica Pinochet Hiriart, hija de Pinochet.
6.- María Lucía Hiriart Rodríguez, viuda de Pinochet.
7.- Oscar Custodio Aitken Lavanchy, ex albacea de Pinochet.
8.- Mónica Victoria Ananías Kuncar, ex secretaria de Pinochet.
9.- Jorge Ballerino Sandford, general en retiro del Ejército.
10.- Ramón Castro Ivanovic.
11.- Guillermo Garín Aguirre, ex vicecomandante en jefe del Ejército.
12.- Gustavo Collao Mira.
13.- Gabriel Vergara Cifuentes.
14.- Juan Ricardo Mac-Lean Vergara.
15.- Eduardo Fernando Castillo Cádiz.
16.- Sergio Marcelo Moreno Saravia.
17.- Jaime Enrique Lepe Orellana.
18.- Patricio Salvador Madariaga Gutiérrez.
19.- Mortimer Humberto Jofré Azuaya.
20.- Héctor Guillermo Letelier Skinner.
21.- José Hernán Sobarzo Pobrete.
22.- Juan Fernando Romero Riquelme.
23.- Ambrosio Rodríguez Quirós.

Justamente, Lucía Pinochet Hiriart y su hermano Marco Antonio, además de Mónica Ananías, quien fuera secretaria personal del ociso, y Patricio Madariaga, hermano de la ex ministra de Justicia, Mónica Madariaga, fueron los primeros en ser llevados al cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones en donde serán notificados de sus respectivas encargatorias de reo.

Las pesquisas del magistrado surgieron de la investigación que se inició por el hallazgo de una cuenta secreta del ex uniformado en el banco Riggs de Estados Unidos. A raíz de este dato el juez Cerda comenzó a verificar el origen de la fortuna del clan Pinochet y también el eventual uso irregular de recursos desde la Casa Militar.

En el dictamen señala: “Un grupo de personas que durante años tuvo a su cargo fondos de gastos reservados pertenecientes al erario nacional, en depósito, los sustrajo, conducta sancionada por los artículos 233 N 3 y 238 inciso segundo del Código Penal, con la pena de presidio mayor en su grado medio, multa, inhabilitación absoluta temporal e inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos”.

Sobresee el magistrado su muerte a Augusto Pinochet, pero no así a quienes incurrieron en estos ilícitos.

Es decir: se acabó eso que les daban.

Resolución fue adoptada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Madrid.

El ministro en visita Alejando Madrid procesó a ex integrantes de la DINA por su presunta responsabilidad en el homicidio de quien fuera funcionario de la Cepal en Chile, Carmelo Soria, ocurrido en 1976.

En la investigación, el magistrado encausó a Jaime Enrique Lepe Orellana; Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela y Rene Patricio Quilhot Palma, como coautores de asociación ilícita contemplado en artículo 293 inciso 1° del Código Penal.

Además, sometió a proceso a Leonardo Quilodrán Burgos y Fernán Ruy González Fernández, como co-autores del delito de asociación ilícita, descrito y sancionado en el artículo 294 del Código Penal.

Asimismo, procesó a Jaime Lepe Orellana y Sergio Lautaro Cea Cienfuegos como co-autores del delito de falsificación de instrumento público contemplado en el artículo 193 del Código Penal, y a Héctor Jaime Zúñiga Cadenasso y Leonardo René García Pérez como cómplices del mismo ilícito.

Además, como coautores del delito contemplado en el artículo 212 del Código Penal, esto es presentación de testigos o documentos falsos en juicio criminal, se encausó Jaime Enrique Lepe Orellana, a Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela y como cómplices del mismo a Rene Patricio Quilhot Palma, a Leonardo Quilodrán Burgos y a Fernán Ruy González Fernández.

Los procesados quedaron detenidos en el Regimiento de Policía Militar Nº 1 “Santiago”, ubicado en la comuna de Peñalolén. En el caso de Eugenio Covarrubias Valenzuela se mantiene la libertad provisional otorgada en el marco de la investigación del episodio Berríos y Huber con la misma fianza rendida; en tanto, en el caso de Zúñiga Cadenasso y García Pérez se le concedió la libertad bajo fianza previo pago de $ 200.000 y $ 100.000, respectivamente.

El ministro en visita Alejandro Madrid sometió a proceso este lunes a tres oficiales retirados del Ejército por el delito de asociación ilícita en torno al asesinato, el 16 de junio de 1976, del diplomático español Carmelo Soria.

Aunque se trata de un caso que fue amnistiado, el magistrado dictó los encausamientos considerando que los involucrados se organizaron en 1993 para obstruir a la justicia, entregándole dinero e incluso un vehículo al suboficial mayor en retiro José Ríos San Martín para que cambiara su versión de los hechos.

Es así como en su primer testimonio, este último acusó al brigadier del Ejército Jaime Lepe Orellana de orquestar a través de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) un plan para terminar con la vida de Soria, versión que más tarde modificó. Además de Lepe, también fueron procesados por asociación ilícita el oficial (r) René Patricio Quilhot Palma, y como coautores del mismo delito a Leonardo Quilodrán Burgos y Fernán Ruy González Fernández.

Asimismo, Lepe y Quilhot, además del coronel (r) y ex fiscal militar Sergio Cea fueron sometidos a proceso como coautores del delito de falsificación de instrumento público, siendo cómplices del mismo los ex actuarios Héctor Zúñiga Cadenasso y Leonardo García Pérez.

Finalmente, se indicó que los oficiales, con excepción de Cea, enfrentan también el cargo de presentación de testigos o documentos falsos en juicio criminal.

Los procesados quedaron detenidos en el Regimiento de Policía Militar Nº 1 "Santiago" ubicado en la comuna de Peñalolén.

En el caso de Eugenio Covarrubias Valenzuela, se mantiene la libertad provisional otorgada en el marco de la investigación del episodio Berríos y Huber con la misma fianza rendida y, en el caso de Zúñiga Cadenasso y García Pérez, se le concedió la libertad bajo fianza previo pago de 200.000 pesos y 100.000 pesos, respectivamente.

En tanto, en declaraciones a la radio Bío Bío la hija del diplomático español muerto hace 33 años, Carmen Soria, dijo tras ser notificada de la decisión de Madrid en el Palacio de los Tribunales que este "es un gran momento para que el Gobierno pida la reapertura del juicio".

A su juicio eso es posible, ya que pese a que el caso fue amnistiado "hay nuevos antecedentes, que es lo que se está dando, y existiendo nuevos antecedentes yo creo que el Gobierno haciendo caso de las peticiones de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) debe reabrir el caso".

El caso Soria

De acuerdo a la información recogida por el informe Rettig, Carmelo Soria, de profesión economista, funcionario de las Naciones Unidas y militante del Partido Socialista, fue detenido el 15 de julio de 1976 y asesinado al día siguiente por agentes de la DINA.

Su automóvil fue arrojado dentro del canal El Carmen, en el sector de La Pirámide, con las llaves en el contacto, sus puertas cerradas, algunos vidrios quebrados, sin la radio ni los asientos del mismo, salvo el del conductor, y una botella de pisco para simular un accidente. En el mismo canal fue arrojado el cadáver del afectado, el cual fue hallado el día 17 de julio a un kilómetro del lugar en que se encontró el vehículo.

Una orden de detención contra el ex jefe de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda y otros seis agentes solicitó ayer la Fiscalía Nacional de España al juez Baltasar Garzón en el marco de la investigación abierta, en ese país, por el secuestro y crimen del diplomático español Carmelo Soria ocurrido en julio de 1976, bajo el régimen de Augusto Pinochet.

El fiscal Vicente González Mota hizo el requerimiento debido a que tramita la querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince ex uniformados.

A su juicio, Contreras Sepúlveda es "la persona que indiciariamente ordenó el secuestro, detención y asesinato" del entonces funcionario de la Comisión Económica de la ONU para América Latina y Caribe (Cepal), reseñan agencias de noticias españolas.

Las otras órdenes de aprehensión apuntan a los ex miembros de la Brigada Mulchén de la DINA: el capitán Juan Delmas Ramírez (muerto en 1982), el brigadier (R) Jaime Enrique Lepe Orellana; el suboficial mayor (R) José Ríos San Martín, y los coroneles (R) Guillermo Salinas, Pablo Belber y teniente coronel (R) Patricio Quilhot Palma.

Sobre el ellos, el fiscal estima que hay antecedentes suficientes para atribuirles participación en los hechos a diferencia de otros querellados, como el ex ministro de Defensa chileno Hernán Julio Brady Roche, contra quien aún no se reúnen las pruebas necesarias. Sin embargo, no se descarta actuar contra ellos si se acredita su intervención en el crimen.

En Chile, en enero de este año, el ministro Alejandro Madrid dictó procesamientos contra Lepe y Quilhot por el crimen del diplomático.

La indagación se reabrió luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendara a las autoridades chilenas sancionar a los culpables del homicidio de Soria pese a que en 1996 se había aplicado la amnistía al caso.

Los generales (R) del Ejército de Chile Hermán Brady Roche, Cesar Raúl Benavides Escobar, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Jaime Enrique Lepe, Raúl Eduardo Iturriaga Neuman Orellana; el ex Subsecretario del Interior, Capitán de Navío Enrique Montero Marx; los oficiales Jorge Remigio Rios San Martín; Guillermo Humberto Salinas Torres; Pablo Belmar Labbé; René Patricio Quilhot Palma; Rolf Wenderoth Pozo; Ricardo Lawrence Mires, han sido procesados por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de España por su participación, mediata o inmediata, en el secuestro, tortura y asesinato del diplomático D. Carmelo Soria.

En el Auto de 17 de noviembre de 2009, que próximamente publicará integro EL CLARIN en la sección “Caso Pinochet”, el Juez y el Ministerio Fiscal han aceptado la ampliación de querella formulada el 23 de enero de 2007 por la Fundación Presidente Allende-España y la viuda de D. Carmelo Soria. Estos habían solicitado, asimismo, el procesamiento del Ministro del Interior, Sergio Fernández, y de la Ministra de Justicia, Mónica Madariaga, por haber firmado en 1978 el Decreto de Amnistía en cuya aplicación la Corte Suprema de Chile ha ordenado en 1996 que este crimen no fuera enjuiciado en Chile. El Juez español ha denegado el procesamiento de estos Ministros de la Dictadura “en este momento, por cuanto resulta insuficiente para hacerlo el hecho de que hubiesen firmado el Decreto de Amnistía en 1978 que sirvió para conferir impunidad a los autores, cómplices y encubridores, porque por tal razón también tendrían que serlo los demás miembros del gobierno y todos aquellos que aplicaron la norma posteriormente, máxime después del pronunciamiento sobre tal tipo de normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, y ientras no se acredite una participación diferente en los hechos no puede admitirse a trámite la querella contra estas dos personas”.

El Auto de 17 de noviembre de 2009 acuerda, entre otras Diligencias, poner en conocimiento del Sr. Secretario General de Naciones Unidas, en aplicación del artículo 11 del Convenio sobre prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas de 14 de diciembre de 1973, la admisión de la querella contra los presuntos culpables de la tortura y asesinato de D. Carmelo Soria Espinoza y que en su día se comunicará el resultado final.

España asume la competencia para enjuiciar este delito en virtud de los principios de jurisdicción universal y de evitar la impunidad, después que la Corte Suprema ha acordado que no puede serlo en Chile, país cuya jurisdicción España considera preferente en virtud del principio de territorialidad.

El ministro en visita Alejandro Madrid dictó este miércoles sentencia de primera instancia en el proceso abierto por diversos delitos descubiertos durante la investigación por el homicidio del ciudadano y diplomático español Carmelo Soria Espinoza, y que se tramitó en la década de los noventa. Fue así como el integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó en esta arista al general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela a 3 años de presidio por su responsabilidad como autor el delito de asociación ilícita.

En tanto, el brigadier (r) Jaime Lepe Orellana a cumplir 3 años de presidio como autor del delito de asociación ilícita; 61 días por su responsabilidad en la falsificación de instrumento público; además de 60 días de presidio y multa de 20 UTM por su responsabilidad como autor del delito presentación de testigos falsos en juicio.
Asimismo, se condenó al coronel de Justicia (r) Sergio Cea Cienfuegos a 3 años de presidio por su responsabilidad como autor del delito de falsificación de instrumento público y al teniente coronel (r) René Quilhot Palma a 541 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.
Junto con ello, el suboficial (r) Leonardo Quilodrán Burgos fue condenado a 60 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita y Leonardo García Pérez a 60 días de cárcel como cómplice del delito de falsificación de instrumento público.

Finalmente, el juez Madrid determinó absolver al coronel (r) Fernán González Fernández por falta de participación en los delitos indagados.

"Como durante el año 1993 se procedió a reactivar la causa criminal seguida en el Tercer Juzgado del Crimen de esta ciudad en la que se investigaba el homicidio del funcionario internacional señor Carmelo Soria Espinoza (…) en ella consta la declaración del sub oficial mayor de Ejército señor Remigio Ríos San Martín, quién confiesa su participación en el referido crimen y menciona como co-partícipes a oficiales del Ejército pertenecientes a la DINA", dice parte del fallo.

El Quinto Juzgado de la Audiencia Nacional de España envió una solicitud de extradición por el delito de genocidio a varios integrantes de la DINA, entre ellos su ex director.

En el tribunal se instruye la causa por el crimen del diplomático de ese país, Carmelo Soria, ocurrido en Chile el 16 de julio de 1976.

La petición llegó a la Corte Suprema, la que procedió a designar a uno de sus ministros, Juan Araya, como juez instructor del procedimiento.

Además de Contreras, la justicia española solicitó la extradición de los ex agentes de la DINA, José Remigio Ríos San Martín, Jaime Enrique Lepe Orellana, Pablo Fernando Belmar Labbe, Guillermo Humberto Salinas Torres y René Patricio Quilhot Palma.

El 21 de enero pasado la Corte Suprema reabrió en nuestro país el caso del crimen de Soria, que se encontraba cerrado desde 1996, cuando un fallo determinó que se debía aplicar la ley de Amnistía.

Se designó al ministro Lamberto Cisterna, para que analice la viabilidad de la petición de los familiares de la víctima que apunta a que se identifique a otros responsables del homicidio.

El ministro instructor de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, condenó ayer a cuatro oficiales en retiro del Ejército, quienes pertenecían a la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), como coautores del homicidio calificado cometido contra el exfuncionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) Carmelo Soria Espinoza, ocurrido el 14 de julio de 1976.

Se trata de Pedro Octavio Espinoza Bravo (86), brigadier en retiro, actualmente recluido en Punta Peuco; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (80), ex director de la Dina, en la actualidad en Punta Peuco; Jaime Enrique Lepe Orellana (71), brigadier en retiro, con domicilio en Las Condes, y Juan Hernán Morales Salgado (76), coronel en retiro, actualmente en Punta Peuco.

Mientras que el ex fiscal militar Sergio Lautaro Cea Cienfuegos (63), coronel (r) de Justicia del Ejército, fue condenado a 600 días de presidio menor por falsificación de instrumento público; y Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela (67), general (r) del Ejército, a cuatro años como autor del delito de infracción al artículo 212 del Código Penal. En la actualidad, el artículo 207, que se refiere a la presentación de pruebas falsas en juicio.

Para argumentar la resolución el juez reunió en 16 tomos partes policiales, autopsias, y declaraciones judiciales, entre otros elementos probatorios.

Con esto, dio por justificado que el 14 de julio de 1976, Soria fue detenido por individuos que pertenecían a la Dina que lo trasladaron en su propio vehículo Volkswagen a un inmueble en calle Vía Naranja N° 4925, Lo Curro. Una vez en el lugar, "fue sometido a interrogatorios, apremios físicos y, posteriormente, ya muerto a consecuencia de la violencia ejercida, los autores, buscando la impunidad del delito, simularon un desbarrancamiento del referido automóvil, causando a la víctima además y previamente un forzado estado de ebriedad", reseña el fallo.

Respecto del delito de falsificación de instrumento público, el magistrado indica que la causa "quedó a cargo del titular de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago Sergio Cea" y que se realizaron diversas diligencias en su momento. Y agrega que a raíz de las investigaciones efectuadas, con resultados en 2015, "aparece que las nuevas declaraciones del exfuncionario del Ejército José Remigio Ríos San Martín, de fecha 25 de noviembre de 1993, fueron prestadas mediante dádivas; y, que el testimonio prestado en ese mismo período por el suboficial Jorge Vial Collao es falso, por cuanto la firma que aparece al final de este no corresponde a la suya ni tampoco el contenido de su declaración se ajusta a la verdad, actuando como actuario en ellas y autorizándolas como secretario el -a la fecha- empleado civil del Ejército, Leonardo René García Pérez". Lo mismo con el testimonio de José Lagos Ruiz, obtenido "mediante coacción", consigna la sentencia.

"Tales hechos -advierte el ministro- importan que dolosamente se pretendió modificar las declaraciones prestadas en la causa judicial seguida ante este tribunal, con el objeto preciso de obstruir la búsqueda de la verdad, que constituye la finalidad primordial de todo sumario criminal, al contrahacer la rúbrica de uno de los testigos, al suponer la intervención de un testigo que nunca, según declara, se presentó en dicha Fiscalía Militar y atribuyendo a otro testigo dichos distintos a los por él expresados".

Sin "convicción" de una asociación ilícita

Sin embargo, respecto del homicidio calificado, "este sentenciador no logra formarse la convicción" de una asociación ilícita. "Ello, por cuanto la jerarquización, grados, permanencia en el tiempo, distribución de tareas y otros que se establecen tradicionalmente como características para que una organización pueda clasificarse como tal, de conformidad al artículo 292 del código del ramo, y que pueden observarse en la forma en que operó la Dirección de Inteligencia Nacional cuando se produjeron estos hechos, son en este caso las propias de una organización militar creada y dependiente del Estado como lo fue la Dina", establece el fallo.

Por eso, se agrega que "así las cosas, las características indicadas de una asociación ilícita, que presentaba la Dina, no obedecen a un acuerdo o concierto, ni expresa ni tácitamente manifestado por quienes en distintas épocas la integraron, sobre el modo de operar y perpetrar un número indeterminado de delitos, sino que responden a la estructura de la organización militar a la que fueron destinados como miembros de las Fuerzas de la Defensa Nacional".

Por homicidio calificado fueron absueltos René Patricio Quilhot Palma, Fernando Belmar Labbé y Guillermo Humberto Salinas Torres. En tanto que por presentación de pruebas falsas fueron absueltos Leonardo Quilodrán Burgos y Fernando Ruy González Fernández.

Mientras que por asociación ilícita fueron absueltos Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga, Guillermo Salinas, Jaime Lepe, René Quilhot, Pablo Belmar, Eugenio Covarrubias, Leonardo Quilodrán, Fernán González, María Alejandra Damiani, Ricardo Muñoz y Carlos Sáez.

A seis añosfueron condenados los cuatro uniformados en retiro por la muerte de Soria.

"En ese recinto, Carmelo Soria Espinoza fue sometido a interrogatorios, apremios físicos y, posteriormente, ya muerto a consecuencia de la violencia ejercida, los autores, buscando la impunidad del delito, simularon un desbarrancamiento del referido automóvil".
Extracto del fallo

La Corte Suprema sometió a proceso a 15 ex integrantes de la Dirección de Inteligencia (DINA) por los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado del funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) Carmelo Soria Espinoza, ilícito perpetrado el 14 de julio de 1976, en Santiago.

En fallo dividido la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Gloria Ana Chevesich, Carlos Aránguiz, Andrea Muñoz y Carlos Cerda- revocó hoy, miércoles 19 de agosto, la resolución del ministro instructor del máximo tribunal Lamberto Cisternas, que rechazó los procesamientos.

La Sala Penal de la Corte Suprema sometió a proceso como autores de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita, a los agentes: Pedro Octavio Espinoza Bravo, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Guillermo Humberto Salinas Torres, Jaime Enrique Lepe Orellana, René Patricio Quilhot Palma, Pablo Fernando Belmar Labbé, Michael Vernon Townley, Armando Fernández Larios, Virgilio Paz Romero y Juan Morales Salgado.

En tanto, como autores de asociación ilícita, fueron encausados: Mariana Callejas Honores, María Damiani Serrano, Ricardo Muñoz Cerda y Carlos Sáez Sanhueza. Y en calidad de cómplice del delito de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, se procesóa José Lagos Ruiz

Según la resolución de la Corte el día 14 de Julio de 1976, Carmelo Soria Espinoza, ciudadano español, que también gozaba de nacionalidad chilena, y que trabajaba en Chile en calidad de Jefe del Departamento Editorial del Centro Latinoamericano de Demografía, organismo perteneciente a la Comisión Económica para América Latina, dependientes ambos de la Organización de Naciones Unidas, fue detenido por un grupo de individuos pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, que lo trasladó en su vehículo Volkswagen a un inmueble ubicado en vía Naranjo N° 4925, Lo Curro. En este lugar los esperaban o se les unieron durante su permanencia ahí, otros miembros también pertenecientes a la DINA.

En ese recinto Carmelo Soria Espinoza fue sometido a interrogatorios, apremios físicos y, posteriormente, ya muerto a consecuencia de la violencia ejercida, los autores buscan la impunidad del delito simulando un desbarrancamiento del referido automóvil Volkswagen, para lo cual, además, causaron en la víctima un forzado estado de ebriedad.

La detención ilegal y muerte de Carmelo Soria Espinoza, así como los actos posteriores destinados a ocultar las reales circunstancias en que ello ocurrió, fueron planificados y ejecutados en cumplimiento de las órdenes dadas por quienes se desempeñaron como jefes o superiores jerárquicos de la DINA, entre ellos, Juan Manuel Guillermo Contreras Espinoza y Pedro Octavio Espinoza Brazo, organización que fue creada y operó con el objeto de perseguir, detener y asesinar sistemática y clandestinamente a opositores políticos del gobierno de la época y a quienes colaboraban con ellos, como lo estimaron era el caso de Carmelo Soria Espinoza, finalidad que se encubría en aparentes actividades estatales de inteligencia, policía y seguridad.

La DINA, entre los años 1973 y 1977 en que operó bajo esa denominación, mantuvo una estructura, funcionalidad y organización jerárquica paralela a la de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y se conformó con miembros de estas instituciones destinados en comisión para ese efecto así como con civiles que igualmente adscribieron a sus fines y métodos criminales.

El ministro en vista de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Madrid, cerró la investigación en el proceso por asociación ilícita y falsificación de instrumento público relacionado con la investigación por el homicidio del diplomático español, Carmelo Soria González.

El magistrado adoptó hoy la decisión luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara el procesamiento contra Héctor Zúñiga Cadenasso.

Esta investigación se refiere a la conspiración efectuada para que la justicia no aclarara el crimen de Carmelo Osorio y que tiene que ver con irregularidades efectuadas por miembros del ejército para falsificar información que sería remitida a la justicia como también presiones para evitar que testigos declararan en la investigación por el homicidio ocurrido el 14 de julio de 1976.

En el proceso se encuentran encausados los ex oficiales del ejército: Jaime Enrique Lepe Orellana; Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela; René Patricio Quilhot Palma. Leonardo Quilodrán Burgos, y Fernán Ruy González Fernández, como coautores del delito de asociación ilícita.

Asimismo, procesó a Jaime Lepe Orellana y Sergio Lautaro Cea Cienfuegos como coautores del delito de falsificación de instrumento público y Leonardo René García Pérez como cómplice del mismo ilícito.

Además, como coautores del delito contemplado en el artículo 212 del Código Penal, esto es presentación de testigos o documentos falsos en juicio criminal, encausó a Jaime Enrique Lepe Orellana y Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela, y como cómplices a René Patricio Quilhot Palma, Leonardo Quilodrán Burgos y Fernán Ruy González Fernández.

En un fallo sorpresivo, la Corte Suprema revocó la resolución de primera instancia del ministro Lamberto Cisternas, y sometió a proceso a 15 ex integrantes de la Dirección de Inteligencia (DINA) por los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado del funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Carmelo Soria Espinoza, perpetrado el 14 de julio de 1976, en el domicilio de Michael Townley. Esta es la cuarta oportunidad en que la Corte Suprema revoca decisiones de tribunales inferiores, empeñados en amnistiar el caso, como efectivamente sucedió en 1996…hasta ahora. En el expediente aparece acreditada la participación del ex mayor Juan Delmás Ramirez, aparentemente suicidado en el nunca esclarecido caso Calama. Precisamente, uno de los mayores méritos de la decisión de la Corte Suprema radica en que deja abierta la investigación de la siniestra brigada Mulchén, una de las más secretas de la DINA, que estuvo detrás del asalto al Banco del Estado de Calama, en 1981, el cual e terminó con dos cajeros del banco dinamitados, un agente presuntamente suicidado, y dos de los autores, presuntamente fusilados, caso que recordamos en reportaje adjunto.

En fallo dividido (causa rol 8547-2014), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Gloria Ana Chevesich, Carlos Aránguiz, Andrea Muñoz y Carlos Cerda- revocó hoy, miércoles 19 de agosto, la resolución del ministro instructor del máximo tribunal Lamberto Cisternas, que rechazó los procesamientos.

La Sala Penal de la Corte Suprema sometió a proceso como autores de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita, a los agentes: Pedro Octavio Espinoza Bravo, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Guillermo Humberto Salinas Torres, Jaime Enrique Lepe Orellana, René Patricio Quilhot Palma, Pablo Fernando Belmar Labbé, Michael Vernon Townley, Armando Fernández Larios, Virgilio Paz Romero y Juan Morales Salgado.

En tanto, como autores de asociación ilícita, fueron encausados: Mariana Callejas Honores, María Damiani Serrano, Ricardo Muñoz Cerda y Carlos Sáez Sanhueza. Y en calidad de cómplice del delito de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, se procesóa José Lagos Ruiz

La resolución de la Corte Suprema determinó los siguientes hechos:

A) El día 14 de Julio de 1976, Carmelo Soria Espinoza, ciudadano español, que también gozaba de nacionalidad chilena, y que trabajaba en Chile en calidad de Jefe del Departamento Editorial del Centro Latinoamericano de Demografía, organismo perteneciente a la Comisión Económica para América Latina, dependientes ambos de la Organización de Naciones Unidas, fue detenido por un grupo de individuos pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, que lo trasladó en su vehículo Volkswagen a un inmueble ubicado en vía Naranjo N° 4925, Lo Curro. En este lugar los esperaban o se les unieron durante su permanencia ahí, otros miembros también pertenecientes a la DINA.

En ese recinto Carmelo Soria Espinoza fue sometido a interrogatorios, apremios físicos y, posteriormente, ya muerto a consecuencia de la violencia ejercida, los autores buscan la impunidad del delito simulando un desbarrancamiento del referido automóvil Volkswagen, para lo cual, además, causaron en la víctima un forzado estado de ebriedad.

B) La detención ilegal y muerte de Carmelo Soria Espinoza, así como los actos posteriores destinados a ocultar las reales circunstancias en que ello ocurrió, fueron planificados y ejecutados en cumplimiento de las órdenes dadas por quienes se desempeñaron como jefes o superiores jerárquicos de la DINA, entre ellos, Juan Manuel Guillermo Contreras Espinoza y Pedro Octavio Espinoza Brazo, organización que fue creada y operó con el objeto de perseguir, detener y asesinar sistemática y clandestinamente a opositores políticos del gobierno de la época y a quienes colaboraban con ellos, como lo estimaron era el caso de Carmelo Soria Espinoza, finalidad que se encubría en aparentes actividades estatales de inteligencia, policía y seguridad. La DINA, entre los años 1973 y 1977 en que operó bajo esa denominación, mantuvo una estructura, funcionalidad y organización jerárquica paralela a la de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y se conformó con miembros de estas instituciones destinados en comisión para ese efecto así como con civiles que igualmente adscribieron a sus fines y métodos criminales.

La resolución deja constancia que si bien se han reunido antecedentes suficientes para presumir fundadamente la participación de Juan Manuel Contreras Sepúlveda como autor de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita, se determinó «no someterlo a proceso al ser de público conocimiento su reciente deceso»; mismo criterio aplicado a José Ríos San
Martín, Juan Delmás Ramírez y Eduardo Díaz Darrigrandi.

La participación de Delmás Ramírez constituye la conexión con el caso Calama, pero no menos cinemátrográfico es el papel que desempeñó el ex suboficial José Ríos San Martín, como recuerda la siguiente crónica de época.

El último secreto del crimen de Soria abre la puerta para condenar a brigadier (R) Lepe

Luego de casi 13 años, el secreto mejor guardado del proceso por el homicidio del diplomático español Carmelo Soria ocurrido el 14 de julio de 1976- llegó a su fin. Y el principal articulador de la verdad es el ministro en visita Alejandro Madrid, quien sustancia la causa por el secuestro y homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos.

El magistrado, junto al detective Nelson Jofré, establecieron que el principal testigo confeso de haber participado en el crimen de Soria, el suboficial mayor (R) José Remigio Ríos San Martín, fue seguido y detenido en 1993 por agentes del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) para que modificara la declaración que había prestado ante Investigaciones.

Pero no es todo. Madrid aclaró que la orden provino del entonces secretario general del Ejército, brigadier (R) Jaime Lepe, quien precisamente era el imputado activo con mayor preponderancia en el caso. Este último fue vetado para ascender a general por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1997, tras las protestas de Carmen Soria, hija del asesinado diplomático español.