Le Dantec Gallardo Cristián Gabriel

Tres de ellos fueron recientemente ascendidos de general de Brigada a general de División. En agosto de 1973 fueron 36 los subtenientes que egresaron de la Escuela Militar destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo.

Cuatro son los generales en servicio activo que figuran entre la lista de los 36 subtenientes que en agosto de 1973 egresaron de la Escuela Militar y fueron destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo, a la que pertenecen quienes en 1973 asesinaron a los campesinos de Paine. Tres de ellos fueron recientemente ascendidos de general de Brigada a general de División.

Se trata del general de División Guillermo Castro Muñoz, comandante de la II División del Ejército de la Región Metropolitana, quien ya fue interrogado por el juez Héctor Solís en la búsqueda de los otros dos subtenientes que en octubre de 1973 participaron junto al entonces subteniente Andrés Magaña, en la masacre de 22 campesinos en Paine.

También está el general de División Cristián Le Dantec Gallardo, actual director de Finanzas del Ejército. El otro general de División es Julio Baeza von Bohlen, actual director de Logística de la institución.

El cuarto es el general de Brigada Eduardo Ludovico Aldunate Hermann, actual comandante de la División Escuelas del Ejército. Aldunate fue mencionado por un ex agente como integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, mientras era el segundo comandante de la fuerzas de Naciones Unidas en Haití.

El ministro del proceso Paine, Héctor Solís, indaga para conocer la identidad de los otros dos subtenientes que acompañaron a Magaña. 

Hasta ahora esos dos nombres permanecen bajo una férrea protección en un pacto de silencio entre los inculpados y procesados de la matanza del 16 de octubre de 1973 en Paine.

Coincidentemente con la aparición de la información de prensa del interrogatorio del general Castro, el Ejército sacó hace unos días de su página electrónica institucional la lista con el alto mando.

Las fotos de los cuatro generales que se publican en este artículo aparecen en la revista de la Escuela Militar "Cien Aguilas" del año 1973.

El peso de una estrella

Cinco de los nueve generales de División que actualmente conforman la cabeza del alto mando del Ejército están cuestionados. El fantasma por su posible participación en causas de lesa humanidad los vuelve a perseguir ahora que están en el momento más álgido de sus carreras. Cerca del 30% de los oficiales de las FFAA y de Orden por sobre el rango de mayor hoy en servicio activo formaron parte de las huestes de la CNI, lo que podría generar nuevas interrogantes y conflictos a 18 años del fin de la dictadura.

De Castro, Aldunate, Baeza y Le Dantec, son parte de los 39 subtenientes que en agosto de 1973 fueron destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo, unidad responsable de la matanza ocurrida en Paine, en octubre de ese año.

Se sentaron frente al juez y se mostraron los dientes. Habían asesinado juntos, pero esta vez el conductor del camión que transportó a los 22 campesinos prisioneros de Paine a la muerte le faltó el respeto.

Juan Quintanilla Jerez, uno de los civiles que participó en el operativo, tenía al frente a quien fue su jefe en la masacre, el ahora coronel retirado Andrés Magaña Bau.

Esa noche de octubre de 1973, Quintanilla condujo por caminos ocultos hasta hallar la quebrada que serviría de paredón. Ahora, más de tres décadas después, confrontados ambos ante el juez Héctor Solís, surgió un antecedente relevante: habían matado de día “con el sol en la cara de los detenidos”, declaró el civil.

Y aunque siempre los soldados contaron a la justicia que actuaron de noche, alumbrados tan sólo por los focos del camión y algunas linternas, fue esa la presunta penumbra donde se escudaron para asegurar que nunca pudieron distinguir los rostros de sus superiores.

Quintanilla no tenía dudas de que junto a él, en la cabina amplia del camión iban, además de Magaña, otros dos oficiales jóvenes con el grado de subteniente.

Son los militares que ahora busca el juez. O, mejor dicho, los dos “fantasmas”, porque, extrañamente, nadie recuerda sus nombres. Según los querellantes están atados por un “pacto de silencio” que por más de 34 años han conservado como el mayor secreto de familia.

Dos fantasmas a los que no sólo vio Quintanilla, sino también varios de los conscriptos que fueron obligados a disparar, entre ellos Carlos Lazo Santibáñez y Víctor Sandoval Muñoz, tal como lo confesaron al magistrado.

El pelotón de la Escuela de Infantería de San Bernardo que actuó aquel amanecer contaba con unos 30 efectivos. Todos comienzan ahora a recordar que el sol ya brillaba por el este cuando apretaron el gatillo y escondieron los cuerpos.

Pero el coronel Magaña se mantuvo estoico en su negativa frente a Quintanilla y el juez. “¡Jamás hubo otros dos subtenientes!”. Quintanilla insistió y lo agredió verbalmente: “Usted me obligó a disparar, diciéndome que si no lo hacía, también iba a parar al fondo de la quebrada junto al resto”.

Los dos subtenientes que viajaban en la cabina junto a Magaña, según quienes los vieron, no se quedaron dentro del camión. Descendieron y ninguno llevaba el rostro cubierto cuando el sol brillaba.

Quintanilla entregó otro dato preciado. Interrumpiendo a Magaña, que seguía negando, dijo: “Eran dos subtenientes recién egresados de la Escuela Militar”.

¿Cómo conocía aquel detalle certero?

Unos pocos meses después, hacia fines de 2007, el impenetrable Magaña, vuelto a ser interrogado por el magistrado acerca de los dos jóvenes fantasmas, cometió un desliz, tal vez involuntario: “Si hubiesen viajado otros oficiales, debieron ser subtenientes recién egresados de la Escuela Militar, en agosto de 1973”. Pero súbitamente volvió a recuperar su línea y siguió negando.

Había deslizado exactamente el mismo antecedente que entregó Quintanilla: subtenientes recién egresados en agosto de 1973 de la Escuela Militar, destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo.

EL NUDO FANTASMAL

Guillermo Castro Muñoz, Eduardo Aldunate Hermann, Julio Baeza von Bohlen y Cristián Le Dantec Gallardo, son los nombres de los cuatro generales en servicio activo que irrumpieron en la prensa este verano ardiente, haciendo sonar las alarmas en el edificio de calle Zenteno, sede de las FFAA.

Forman parte de los 39 subtenientes egresados en agosto de 1973 de la Escuela Militar que fueron destinados a la Escuela de Infantería y que hoy son sospechosos de haber acompañado a Magaña ese triste amanecer de octubre.

Ahí está el nudo del conflicto para ellos, porque, aunque quizás sean inocentes, entraron en el universo acotado donde el juez busca identificar a los dos subtenientes que nadie quiere revelar.

Una lista de 1984 enviada por el entonces ministro de Defensa, Patricio Carvajal, a la justicia militar (ver entrevista a Pamela Pereira) con todos los oficiales y suboficiales que servían en la Escuela de Infantería en esa fecha, incluye a Castro, Baeza y Le Dantec.

La nómina identifica a 39 subtenientes. Aldunate no figura, pero altas fuentes militares dicen que fue destinado también a ese cuartel en agosto de ese año.

Su foto resalta en la revista de la Escuela Militar “Cien Águilas” de 1973, dentro de los destinados a Infantería junto a los otros tres generales en servicio activo. Ahora, el juez Solís trabaja con esa publicación, para descubrir la identidad de los otros dos subtenientes de Paine.

En entrevista concedida en 2005 a La Nación, Aldunate reconoció que estuvo destinado en la CNI algunos meses y que sólo realizó labores de seguridad para visitas extranjeras. Sin embargo, LND tuvo acceso a información que lo vincula al organismo por lo menos hasta 1982, siendo visto en al menos dos cuarteles.

Nadie menciona hasta ahora en el proceso a Aldunate, Baeza y Le Dantec como los posibles subtenientes que junto a Magaña al mando del grupo por antigüedad tomaron parte en los crímenes.

Pero el recientemente retirado prefecto de Investigaciones, Rafael Castillo, sí nombra a Castro. “El señor Magaña deja entrever que uno de los subtenientes involucrados en estos hechos es el señor Castro, que actualmente sería un general en servicio activo. No tengo problemas en carearme con Magaña”, afirmó Castillo al juez relatando parte de su investigación.

Por cierto, Magaña negó en el careo entre ambos, realizado el pasado 15 de enero, haberle entregado algún nombre.

CASTRO EN CERRO CHENA

En su declaración judicial del pasado 14 de enero en calidad de “inculpado” ante el juez Solís, el general Castro negó haber actuado junto a Magaña. Pero admitió algo que, a juicio de los querellantes, es grave: sirvió en una compañía de fusileros adscrita al “Cuartel Dos”, nombre con que se conocía el otro estamento de la Escuela de Infantería ubicado en cerro Chena.

“Pero allí nunca vi detenidos, sólo supe después por la prensa que los hubo”, se adelantó a decir al juez. Sin embargo, el mismo coronel Magaña declaró: “Yo quería fusilar a los detenidos en el campo de prisioneros que tenía la escuela en cerro Chena”, pero sostiene que sus superiores no le aceptaron la propuesta esa noche.

El general Castro agrega en su declaración judicial a otro subteniente a la ya larga lista que indaga el juez. “Cuando fui asignado en octubre de 1973 a la Compañía de Fusileros que estuvo en el Cuartel [Dos], ésta era comandada por el capitán Rojas, y también la integraba el subteniente Benjamín Ovalle”, declaró.

En la ya citada revista “Cien Águilas” aparece junto a los cuatro futuros generales un subteniente destinado a Infantería: “Benjamín Ovalle Maturana”. Tampoco éste figura en la lista de Carvajal de 1984.

CAMINO DIFÍCIL

La tensión producida por la aparición de los nombres de generales activos mencionados en casos de violaciones de los derechos humanos nuevamente volvió a generar las reuniones extraordinarias entre representantes políticos y castrenses.

El propio Comité Político de la Presidenta Bachelet trató el tema y se vio enfrascado en una breve pero fuerte diferencia de opiniones entre los ministros secretario general de Gobierno y de Presidencia, Francisco Vidal y José Antonio Viera-Gallo (ver página 10).

La semana pasada, el comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, debió postergar sus vacaciones para reunirse con los abogados Pamela Pereira y Luciano Fouilloux.

Ambos tienen una trayectoria íntimamente ligada a casos de violaciones de derechos humanos, no tan sólo por ser querellantes de las víctimas del caso Paine, sino porque ambos integraron la Mesa de Diálogo, intento fallido para dar con el paradero de miles de detenidos desaparecidos.

Trascendió que en dicha reunión el jefe castrense, que estaba acompañado por el auditor general, Juan Arab, comprometió toda su voluntad para colaborar con la justicia y aclarar presuntas responsabilidades.

Sin duda que el más afectado por esta disposición es el general Gonzalo Santelices, actual jefe de la Guarnición de Santiago, involucrado en un caso que nada tiene que ver con Paine.

En una nota entregada durante la semana al Ejército, el Gobierno sugirió la necesidad de que Santelices sea separado de sus funciones lo antes posible. Y casi al mismo tiempo, Izurieta habría manifestado a su Estado Mayor que resolvería este tema en marzo, aunque no se descarta que sea reasignado a otras funciones mientras la justicia determina si se lo somete a proceso o si queda libre por falta de méritos.

Hace más de cinco años que el militar reconoció judicialmente que participó en la comitiva que trasladó a 14 prisioneros políticos de Calama, que posteriormente fueron fusilados por la Caravana de la Muerte. Bastó que se recordara este hecho en La Nación y que el abogado Hugo Gutiérrez solicitara que declarara en el proceso que instruye el ministro Víctor Montiglio como “inculpado”, para que su suerte quedara aparentemente sellada. Su alejamiento o traslado de la guarnición sería inminente.

La generación de generales mencionados eran subtenientes en 1973. Tanto Pereira como Fouilloux critican que no se informara oportunamente acerca de sus pasadas destinaciones, especialmente aquellas que podían haberlos expuesto a delitos de lesa humanidad.

Pero no es la única información que no se ha entregado. ¿Hay más miembros de las FFAA, Carabineros o Investigaciones en servicio activo que hayan tenido un mínimo de participación, desconocida hasta hoy, en los organismos represivos de la dictadura? ¿Qué debiera suceder con ellos? (ver recuadro de Investigaciones)

En el Gobierno reconocen que en todas las ramas de las FFAA aún se encuentran en servicio activo ex agentes que pasaron por el temido organismo represor. Sólo el Ejército conformaba el 70% de la dotación de la CNI y destinaba cada año cerca de 250 efectivos.

Al interior del actual alto mando, se dice que la principal defensa en el Ejército para enfrentar esta situación es que la diferencia radical con generaciones anteriores es que se trata de oficiales y suboficiales que no cumplieron labores operativas antisubversivas, violentas, ni funciones que actualmente sean objeto de investigaciones judiciales.

“La CNI era un organismo muy grande. Tenía una de las dotaciones más numerosas y las funciones que se cumplían ahí eran múltiples”, comenta un alto oficial militar que pide mantener su anonimato.

Estimaciones realizadas por el propio Ejército calculan que entre un 30 ó 40% de los oficiales pasó por los cuarteles de la CNI. Se trata de oficiales que actualmente ostentan los grados de mayor, coronel y general.

Sólo a finales del 2005, cuando Izurieta asumió la Comandancia en Jefe, 13 de los 30 generales que se encontraban en servicio activo habían pasado por la CNI.

Durante la administración del ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Izurieta, se sentó un precedente claro para los casos de militares involucrados en causas de derechos humanos: si algún juez los procesaba, inmediatamente se les cursaba el retiro. Uno de los casos que inició dicha doctrina fue el procesamiento del general Hernán Ramírez Hald, por el caso Tucapel Jiménez.

Sin embargo, la situación que actualmente enfrenta el general Santelices podría cambiar radicalmente este panorama, ya que el solo reconocimiento por su parte de la participación en un hecho delictivo, probablemente se traducirá en su alejamiento de la institución, tal como lo recomendó el Gobierno, no obstante que Izurieta pidió esperar a su regreso de vacaciones para resolver.

En momentos en que los tribunales se encuentran en plena fase de condenas en los casos de DDHH, los funcionarios que por cualquier motivo pasaron o vivieron una situación cercana a hechos relativos a delitos de lesa humanidad se escudan en la jerarquía institucional para invocar en su defensa la obediencia debida.

Pero más allá de eso, la abogada Pamela Pereira cuestiona que no se transparente la información de modo que el Gobierno tome una mejor decisión en torno a quiénes componen el alto mando.

“No puede ser que se sostenga que aquí hay antecedentes que se omiten para que no nos enteremos y no se produzca el impacto que produce el saber este tipo de información. Ésta debe ser real y no se pueden omitir datos para que entonces no se haga la vinculación entre determinados hechos con determinadas personas”, sostiene.

Por su parte, Luciano Fouilloux dice que el general Izurieta ha manifestado su intención de colaborar en torno al esclarecimiento de las violaciones de los DDHH. “Hay un compromiso público, dicho en una reunión con él, de que no van a repetirse actitudes de secretismo legal ante los tribunales de justicia y que se va a entregar toda la información que se posea”, dice.

Más allá de quienes son investigados por la justicia y aquellos que por azar les tocó pasar por organismos represivos o estar cerca de lugares donde ocurrieron hechos de sangre, la actual situación pone el principal acento en el proceso que debe concluir con el nombramiento del sucesor del general Izurieta en la Comandancia en Jefe del Ejército, que debe salir de los actuales generales en activo, para que el nominado tenga una hoja de vida impecable.

Por otro lado, los organismos defensores de los DDHH aspiran a que el bicentenario traiga consigo, por primera vez desde el retorno a la democracia, un alto mando libre de toda sospecha

El organismo señala que Le Dantec figura en la lista de imputados por el asesinato de 22 campesinos de Paine en 1973, por lo que está moralmente inhabilitado para ejercer dicho cargo.

La reciente designación del general Cristian Le Dantec Gallardo como jefe del Estado Mayor Conjunto, ha motivado el malestar de organizaciones de derechos humanos como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, argumentando que el militar está implicado en la muerte de campesinos.

La AFDD señala que el caso de Le Dantec no cumple con la premisa de que este nuevo cargo sea asumida con autoridad moral, ya que “él es uno de los cuatro generales del Ejército que figuran en la lista de imputados por el asesinato de 22 campesinos de Paine el año 1973”.

La agrupación precisa que el general tuvo que prestar declaración ante el ministro en Visita de la Corte de San Miguel, Héctor Solís, por el crimen de los 22 campesinos, lo cual lo inhabilita moralmente para se Jefe del Estado Mayor.

El juez Solís aún indaga para conocer la identidad de otros dos oficiales que, según testigos, participaron en los hechos junto a Andrés Magaña, quien ya está procesado.

“Uno de ellos sería Le Dantec y en tanto esta sospecha de participación no sea resuelta Le Dantec simplemente no puede asumir la responsabilidad que le ha sido asignada. Si su nombre es objeto de sospecha de un asesinato vil y alevoso, mal puede asumir tan alta investidura”, sostiene.

La AFDD menciona que tan grave como la designación es el hecho de que existiendo los antecedentes judiciales, se haya mantenido como director de finanzas del Ejército y que tanto el Ministerio de Defensa como la Presidenta de la República hayan obviado los hechos que lo inhabilitan, designándolo como jefe del Estado Mayor.

Los cuatro ofíciales sospechosos, entre los que se encuentra Le Dantec, declararon ante el Juez Solís luego que se conociera públicamente que en 1973, cuando eran subtenientes, pasaron por la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar del operativo que concluyó con los fusilamientos de los 22 campesinos en una quebrada próxima al Lago Rapel.

Por tal motivo, la AFDD exige a las autoridades pertinentes que esta designación sea revisada a luz de los antecedentes judiciales existentes y “Le Dantec sea cesado de esta función, reiterando que quién esté involucrado o sea sospechoso de haber participado de violaciones a los derechos humanos no puede ocupar cargo alguno y debe ser removido de las filas de las instituciones armadas”.

Los presidentes de los partidos de la Concertación respaldaron la designación del general Cristián Le Dantec como jefe del Estado Mayor Conjunto, luego de que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos criticara su nombramiento por su posible implicancia en un caso por violación de los derechos humanos en 1973.

Tras el nombramiento realizado por Michelle Bachelet, Fulvio Rossi, actual presidente del Partido Socialista (PS), aseguró que "la Presidenta de la República tuvo que ser muy rigurosa a la hora de analizar los antecedentes antes de hacer un nombramiento tan importante".

Bajo esta misma línea, el vicepresidente de la Democracia Cristiana (DC), Renán Fuentealba, aseguró que "a una persona que lo citan a declarar, que puede estar en calidad de 'colaborante', de testigo, en una disposición de contribuir al esclarecimiento de los hechos, no se le puede catalogar de que esté involucrado en asuntos de DD.HH".

Pese a lo anterior, la agrupación liderada por Mireya García insistió en que la Presidenta Bachelet debe reevaluar el nombramiento del militar.

ACLARACIÓN

Ante las consultas de los medios de comunicación, respecto de la situación del general Le Dantec, respecto del proceso Rol N° 04-02-F "Paine", el Ministro de la Corte de San Miguel, Héctor Solís informó que "el 13 de mayo de 2003, compareció a estrados Cristian Gabriel Le Dantec Gallardo, quien declaró en relación a los hechos investigados en la mencionada causa, juramentado a decir verdad".

Posteriormente, "el 5 de febrero de 2008, el tribunal se constituyó en dependencias de la Auditoría General del Ejército, a petición de la persona, y procedió a tomar nueva declaración también bajo juramento. Hasta la fecha no se ha dictado ninguna resolución que signifique tenerlo como parte en este proceso. La investigación se encuentra en etapa de sumario, con diversas diligencias pendientes", aclaró el comunicado de la Corte de San Miguel.

La Agrupación de Detenidos Desaparecidos, la Agrupación de Ex Presos Políticos y la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, pidieron al Gobierno de Michelle Bachelet la remoción del recientemente designado como jefe del Estado Mayor Conjunto el general Cristian Le Dantec Gallardo, por ser imputado en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.

El viernes pasado fue designado Le Dantec como Jefe del Estado Mayor Conjunto entre 18 generales del Ejército de Aviación y vicealmirantes

Para las organizaciones humanitarias de inmediato “surgen las interrogantes que deberán dilucidarse prontamente para que esta nueva responsabilidad sea sumida con la autoridad moral que un cargo de esta naturaleza requiere”.

Según la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, “Le Dantec no se cumple con esta premisa, ya que el es uno de los cuatro generales del Ejército que figuran en la lista de imputados por el asesinato de 22 campesinos de Paine el año 1973”.

La AFDD, sostiene que: “Este solo antecedente sumado a la declaración que tuvo que prestar Le Dantec ante el Ministro en Visita de la Corte de San Miguel, Héctor Solís, por el asesinato de los 22 campesinos, lo inhabilita moralmente para se Jefe del Estado Mayor”.

Cabe recordar que el juez Solís aún indaga para conocer la identidad de otros dos oficiales que, según testigos, participaron en los hechos junto a Andrés Magaña, quien ya está procesado. Uno de ellos sería Le Dantec y en tanto esta sospecha de participación no sea resuelta “Le Dantec simplemente no puede asumir la responsabilidad que le ha sido asignada. Si su nombre es objeto de sospecha de un asesinato vil y alevoso, mal puede asumir tan alta investidura”, subraya la AFDD.

“Tan grave como la designación es el hecho de que existiendo los antecedentes judiciales se haya mantenido como director de finanzas del Ejército y que tanto el Ministerio de Defensa como la Presidenta de la República hayan obviado los hechos que lo inhabilitan, designándolo como jefe del Estado Mayor”, apunta la organización humanitaria.
Los cuatro ofíciales sospechosos, entre los que se encuentra Le Dantec, declararon ante el Juez Solís luego que se conociera públicamente que en 1973, cuando eran subtenientes, pasaron por la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar del operativo que concluyó con los fusilamientos de los 22 campesinos en una quebrada próxima al Lago Rapel.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, “exige a las autoridades pertinentes que esta designación sea revisada a luz de los antecedentes judiciales existentes y Le Dantec sea cesado de esta función, reiterando que quién esté involucrado o sea sospechoso de haber participado de violaciones a los derechos humanos no puede ocupar cargo alguno y debe ser removido de las filas de las instituciones armadas”.
En tanto, el presidente de la Agrupación de Ex presos Políticos de Chile, ANEXPP, Héctor Cataldo calificó la designación del alto oficial de Ejército como “una afrenta a la memoria de los familiares de las víctimas y en espacial a los sobrevientas de la prisión política”.
“No debemos olvidar que en los cuarteles del Ejército, la Marina, la Aviación y Carabineros, se detuvo, torturó y asesino a miles de opositores al régimen de Pinochet. En esos lugares hubo oficiales de menor rango implicados y que hoy son altos oficiales de las cuatro ramas”, recordó Cataldo.
Agregó que en Chile, “la justicia ha podido avanzar muy poco en estos 20 años en poder esclarecer estos hechos”, y que los responsables han “sido los gobiernos de la Concertación con su nefasta política de los acuerdos que han permitido que la justicia no lleve a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos a la justicia”

LA CUT
María Eugenia Puelma, encargada de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, dijo que la designación del general Cristian Le Dantec Gallardo como Jefe del Estado Mayor Conjunto deja “a la democracia chilena en muy mal pie ante la comunidad internacional. Chile, ha dicho en todas las latitudes que la justicia funciona y que cualquier militar en servicio activo Proyecto Internacional de que esté implicado a las violaciones de los derechos humanos no será promovido”.
“La exigencia de verdad, justicia y reparación es un anhelo de todos y todas las chilenas. La designación de Le Dantac va en contra del deseo mayoritario de los trabajadores y la nación”, finalizó Puelma.

¿Quién es Le Dantec?

La labor del jefe del Estado Mayor Conjunto será liderar el trabajo que apunte a preservar la paz y conduzca -en caso de que quebrantamiento de la paz- las operaciones militares en medio de un conflicto.

El General de División, Cristian Le Dantec Gallardo, nació en la ciudad de Valparaíso. Realizó sus estudios básicos y medios en diversos colegios de Viña del Mar, ingresando a la Escuela Militar el año 1969, graduándose como Subteniente de Infantería en 1973. Entre los años 1974 y 1980 desarrolló los cursos de Capacitación Pedagógica en la Escuela Militar, de Instructor Militar de Montaña y de Aplicación de Comandantes de Unidades Fundamentales en la Escuela de Infantería. En el año 1981, es destinado a Brasil para desempeñarse como alumno del Curso de Perfeccionamiento para Oficiales de Infantería en el Ejército de ese país.

Entre sus destinaciones destacan: en 1974 al Regimiento de Infantería Nº 3 Yungay desde donde es destinado a la Escuela de Suboficiales. En 1981 cumple comisión de Servicio en Brasil.

A su regreso presta servicios en la Escuela de Infantería, desde la cual postula a la Academia de Guerra. En el año 1986, egresado de la Academia de Guerra como Oficial de Estado Mayor es destinado al Comando de Institutos Militares, en 1988 a la Dirección de Operaciones, en 1989 a la Vice Comandancia en Jefe del Ejército, para ser destinado en 1993 como Profesor a la Academia de Guerra.

El año 1996 fue nombrado Comandante del Regimiento de Infantería Nº 5 Carampangue en la Guarnición de Ejército de Baquedano.
Al finalizar su mando, es destinado al Centro de Estudios e Investigaciones Militares (CESIM), desde donde es designado en 1998 como primer Agregado Militar en representación de la Defensa Nacional, en la Misión de Chile ante Naciones Unidas con sede en Nueva York.
A su regreso al país en el año 2000, es destinado a la Comandancia en Jefe del Ejército, asumiendo en paralelo la responsabilidad de dirigir y ejecutar el proyecto del Centro de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz.

Durante los años 2002 y 2003 se desempeña como Director de la Academia de Guerra. En el 2003 es ascendido al grado de General de Brigada recibiéndose del mando de la III y IV Divisiones de Ejército, debiendo refundirlas para en el año 2004 desempeñarse como Comandante en Jefe de la III División de Ejército y de la Guarnición General de Ejército de las Regiones VIII, IX y X.

El año 2005 es designado Comandante del Comando de Infraestructura, para el 2006 ser nombrado Director de Finanzas del Ejército.
En el año 2007 es ascendido al grado de General de División.

El 2008 es designado Comandante de Apoyo a la Fuerza y Comandante de Industria Militar e Ingeniería.
Actualmente es Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

La Agrupación de Detenidos Desaparecidos advirtió que la justicia aún no se ha pronunciado sobre la posible responsabilidad del jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. en el crimen perpetrado en 1973, por lo que considera que el militar está inhabilitado “éticamente” para ejercer el cargo. Frente a ello, el ministro Héctor Solís señaló en un comunicado que "hasta la fecha no se ha dictado ninguna resolución que signifique tenerlo como parte en este proceso".

El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, descartó este lunes que el nombre del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Christian Le Dantec Gallardo, no forma parte del proceso en el caso del asesinato de 22 campesinos en Paine tras el golpe militar de 1973.

El magistrado se refirió así a los cuestionamientos de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) contra el oficial, a quien acusa de estar inhabilitado ” moralmente” para desempeñar el nuevo cargo, en el cual fue designado por la Presidenta Michelle Bachelet, ya que aseguran en la entidad, la justicia aún no ha descartado de plano que sea uno de los imputados en este caso emblemático de violaciones a los Derechos Humanos.
Solís detalló que el 13 de diciembre de 2008 Le Dantec declaró en relación a los hechos investigados y que el 5 de febrero del mismo año, el tribunal a petición del general, se constituyó en dependencias de la Auditoría General del Ejército, ocasión en que nuevamente entregó su testimonio.
Junto con esto, el ministro afirmó que “hasta la fecha no se ha dictado ninguna resolución que signifique tenerlo como parte en este proceso y que la investigación actualmente se encuentra en etapa de sumario, con diversas diligencias pendientes”, expresó en un comunicado enviado por el Poder Judicial.
Le Dantec fue nombrado el pasado viernes por la jefa de Estado como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cargo creado por una ley recientemente promulgada, dirigida a modernizar el Ministerio de Defensa.

El Ejército estimó que el nuevo cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto requería de una vivienda acorde con “la dignidad del cargo”, lo que incluía una larga lista de comodidades. Eso explica el alto monto solicitado para la compra: $534 millones, es decir, más de US$ 1 millón. Sin embargo, la Contraloría rechazó la compra por no ajustarse a derecho.

Sala de lavado y planchado, living separado del comedor, además de un comedor de diario y una salita de estar, calefacción central, piscina y jardín con riego automático, eran algunas de las exigencias hechas por el Ejército para la vivienda que planeaba comprar para el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El cargo fue creado por la última reforma hecha a la institucionalidad del Ministerio de Defensa, que estableció que el Estado Mayor Conjunto sería un organismo de trabajo y asesoría permanente de esa cartera. La Contraloría hizo notar que su jefatura no necesariamente recaerá en un funcionario del Ejército –también puede pertenecer a la Armada o a la Fuerza Aérea– por lo tanto no corresponde que esa rama de las Fuerzas Armadas sea la que compre una vivienda. Además, el cargo no depende del Ejército, sino del Ministerio de Defensa. Su rango y sueldo son equivalentes al de un comandante en jefe de una de las ramas de las FF.AA.

El primero en ocupar ese puesto es el general de Ejército Cristián Le Dantec, quien fue nombrado en febrero de 2010 y para quien estaba destinada la vivienda cuya adquisición fue cuestionada.

La compra del inmueble sería hecha a través del Comando de Ingenieros del Ejército, del Comando de Apoyo a la Fuerza, que a través de su resolución Nº 221 de 2010 aprobó las bases administrativas para la adquisición. Y se fundamentó en que el nombramiento de un alto oficial de Ejército como jefe de Estado de Mayor Conjunto requería la compra de una vivienda “acorde con la dignidad del cargo”.

Pero la Contraloría miró con otros ojos la resolución militar. El 31 de diciembre, el contralor Ramiro Mendoza se abstuvo de dar curso a la resolución por estimar que la compra no se ajustaba a derecho. La ley invocada para la adquisición era la N° 17.174, que permite que los fondos recibidos por la enajenación de bienes fiscales de las Fuerzas Armadas sean invertidos en la compra de inmuebles para las mismas instituciones.

El contralor también cuestionó las “comodidades” explicitadas en las bases: “en relación a los requisitos del inmueble especificados en el Anexo N° 1 -pieza de servicio con baño, sala de lavado y planchado, living separado del comedor, comedor principal y comedor de diario, piscina, sala de estar distinta del living, jardín con sistema de riego automático, sistema de calefacción central, entre otras- se hace presente que, atendidos los principios de libre concurrencia y de transparencia que inspiran los actos de la Administración, no se advierte la justificación para estimar indispensable su cumplimiento, sin perjuicio de señalar que tales requerimientos puedan ser considerados como criterios de evaluación”.

Además, Mendoza hizo notar que si bien el valor explicitado como máximo a pagar según las bases era de $534 millones, el certificado de disponibilidad de fondos ascendía a $530 millones.

¿Para qué tipo de vivienda alcanza con ese monto? Una rápida búsqueda en un portal de compra venta de viviendas arroja una casa por $534 millones en el exclusivo barrio de Santa María de Manquehue, en la comuna de Vitacura. El inmueble tiene 500 metros cuadrados construidos, sobre un terreno de 900 metros. Sus cinco habitaciones son en suite, tiene comedor de diario, sala de estar, sala de cine, sistema de riego y calefacción central. Tal como la casa que buscaba el Ejército para el general Le Dantec.

Las Fuerzas Armadas arrastran una historia de cuestionamientos a sus manejos inmobiliarios desde la época de la dictadura. El más escandaloso fue la construcción de una mansión en Lo Curro destinada a Augusto Pinochet, lo que hizo pasar casi inadvertido que en paralelo, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea se había hecho construir otra lujosa vivienda para su exclusivo uso.

Ya en democracia, los beneficios extraordinarios a los que estaban acostumbrados los altos oficiales quedaron en evidencia cuando se descubrió que el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Rojas Vender, había importado como pertrechos militares muebles de rattán para su uso personal.

Una querella interpuesta contra quienes resulten responsables del delito de fraude al Fisco en el proceso de adquisición del puente mecano para reemplazar al Puente Bío-Bío (Puente Viejo), tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En el texto de 25 páginas se relata la trama de la compra del puente a la empresa estadounidense Acrow Corporation, cuestionada por la británica Mabey Bridge Limited, y que derivó en una investigación de la Contraloría luego que se acusara un sobreprecio de unos US$ 5 millones.

La información fue publicada el martes en The Clinic Online y en la querella se revela una serie de actas y sumarios que apuntan a esclarecer el rol del ex ministro de Defensa, Jaime Ravinet – quien dejó su cargo en enero del 2011, luego de que tildara al puente de "callampa" en una sesión de la comisión de Defensa de la Cámara baja, en enero pasado- y del general (r) Cristián Le Dantec , ex jefe del Estado Mayor Conjunto.

Según el escrito, "en las actas número 2 y 3 del Comité Permanente de Adquisiciones del Ejército, de mayo de 2010, consta que el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de División don Guillermo Castro, fue llamado en más de una oportunidad por el jefe del Estado Mayor Conjunto, por expresa disposición del ministro de Defensa nacional, a fin de pedir celeridad en el proceso de adquisición del puente". Según dice la querella, ello "demuestra el ejercicio de presiones indebidas por parte de ambas autoridades".

Esos no son los únicos cuestionamientos con que el libelo apunta al rol de Ravinet y Le Dantec. Más adelante, se sostiene que "la conducta del general Le Dantec -de acuerdo a sus propios dichos- por instrucciones del ex ministro de Defensa Nacional Sr. Ravinet, en orden a acelerar el proceso de adjudicación a favor de la empresa Acrow, sin consideración de otras ofertas más favorables, aparece como injustificada y perjudicial a los intereses del Fisco de Chile". «La Segunda» intentó comunicarse con Ravinet y Le Dantec, pero no fue posible.

La presentación del CDE también apunta a lo establecido en el sumario administrativo instruido por Defensa, que en una resolución fechada el 3 de febrero del 2011 afirma que se dan "por establecidas faltas administrativas", que expresamente "las imputa a don Jaime Ravinet de la Fuente, al general don Cristián Le Dantec Gallardo, al Comité Permanente de Adquisiciones del Ejército, al Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas Subrogante de la Región del Bíobío, al Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región del Bíobío, al Ejército de Chile y al Ministerio de Obras Públicas".

El escrito también solicita al Ministerio Público una serie de diligencias que incluye que la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones "ubique y tome declaración" a Ravinet, Le Dantec y el general de Brigada, comandante de Apoyo a las Fuerzas Antonio Cordero.

La Agrupación de Detenidos Desaparecidos, la Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos y DDHH de laCentral Unitaria de Trabajadores de Chile, pidieron al Gobierno de Michelle Bachelet la remoción del recientemente designado como jefe del Estado Mayor Conjunto el general Cristian Le Dantec Gallardo, por ser imputado en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.

El viernes pasado fue designado Le Dantec como Jefe del Estado Mayor Conjunto entre 18 generales del Ejército de Aviación y vicealmirantes

Para las organizaciones humanitarias de inmediato “surgen las interrogantes que deberán dilucidarse prontamente para que esta nueva responsabilidad sea sumida con la autoridad moral que un cargo de esta naturaleza requiere”.

Según la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, “Le Dantec no se cumple con esta premisa, ya que el es uno de los cuatro generales del Ejército que figuran en la lista de imputados por el asesinato de 22 campesinos de Paine el año 1973”.

La AFDD, sostiene que: “Este solo antecedente sumado a la declaración que tuvo que prestar Le Dantec ante el Ministro en Visita de la Corte de San Miguel, Héctor Solís, por el asesinato de los 22 campesinos, lo inhabilita moralmente para se Jefe del Estado Mayor”.

Cabe recordar que el juez Solís aún indaga para conocer la identidad de otros dos oficiales que, según testigos, participaron en los hechos junto a Andrés Magaña, quien ya está procesado. Uno de ellos sería Le Dantec y en tanto esta sospecha de participación no sea resuelta “Le Dantec simplemente no puede asumir la responsabilidad que le ha sido asignada. Si su nombre es objeto de sospecha de un asesinato vil y alevoso, mal puede asumir tan alta investidura”, subraya la AFDD.

“Tan grave como la designación es el hecho de que existiendo los antecedentes judiciales se haya mantenido como director de finanzas del Ejército y que tanto el Ministerio de Defensa como la Presidenta de la República hayan obviado los hechos que lo inhabilitan, designándolo como jefe del Estado Mayor”, apunta la organización humanitaria.

Los cuatro ofíciales sospechosos, entre los que se encuentra Le Dantec, declararon ante el Juez Solís luego que se conociera públicamente que en 1973, cuando eran subtenientes, pasaron por la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar del operativo que concluyó con los fusilamientos de los 22 campesinos en una quebrada próxima al Lago Rapel.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, “exige a las autoridades pertinentes que esta designación sea revisada a luz de los antecedentes judiciales existentes y Le Dantec sea cesado de esta función, reiterando que quién esté involucrado o sea sospechoso de haber participado de violaciones a los derechos humanos no puede ocupar cargo alguno y debe ser removido de las filas de las instituciones armadas”.

En tanto, el presidente de la Agrupación Nacional de Ex presos Políticos de Chile, ANEXPP, Héctor Cataldo calificó la designación del alto oficial de Ejército como “una afrenta a la memoria de los familiares de las víctimas y en espacial a los sobrevientas de la prisión política”.

“No debemos olvidar que en los cuarteles del Ejército, la Marina, la Aviación y Carabineros, se detuvo, torturó y asesino a miles de opositores al régimen de Pinochet. En esos lugares hubo oficiales de menor rango implicados y que hoy son altos oficiales de las cuatro ramas”, recordó Cataldo.

Agregó que en Chile, “la justicia ha podido avanzar muy poco en estos 20 años en poder esclarecer estos hechos”, y que los responsables han “sido los gobiernos de la Concertación con su nefasta política de los acuerdos que han permitido que la justicia no lleve a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos a la justicia”
 

María Eugenia Puelma, encargada de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, dijo que la designación del general Cristian Le Dantec Gallardo como Jefe del Estado Mayor Conjunto deja “a la democracia chilena en muy mal pie ante la comunidad internacional. Chile, ha dicho en todas las latitudes que la justicia funciona y que cualquier militar en servicio activo que esté implicado a las violaciones de los derechos humanos no será promovido”.

“La exigencia de verdad, justicia y reparación es un anhelo de todos y todas las chilenas. La designación de Le Dantac va en contra del deseo mayoritario de los trabajadores y la nación”, finalizó Puelma.

La labor del jefe del Estado Mayor Conjunto será liderar el trabajo que apunte a preservar la paz y conduzca -en caso de que quebrantamiento de la paz- las operaciones militares en medio de un conflicto.

¿Quién es Le Dante ?

El General de División, Cristian Le Dantec Gallardo, nació en la ciudad de Valparaíso. Realizó sus estudios básicos y medios en diversos colegios de Viña del Mar, ingresando a la Escuela Militar el año 1969, graduándose como Subteniente de Infantería en 1973.

Entre los años 1974 y 1980 desarrolló los cursos de Capacitación Pedagógica en la Escuela Militar, de Instructor Militar de Montaña y de Aplicación de Comandantes de Unidades Fundamentales en la Escuela de Infantería. En el año 1981, es destinado a Brasil para desempeñarse como alumno del Curso de Perfeccionamiento para Oficiales de Infantería en el Ejército de ese país.

Entre sus destinaciones destacan: en 1974 al Regimiento de Infantería Nº3 Yungay desde donde es destinado a la Escuela de Suboficiales. En 1981 cumple comisión de Servicio en Brasil.

A su regreso presta servicios en la Escuela de Infantería, desde la cual postula a la Academia de Guerra. En el año 1986, egresado de la Academia de Guerra como Oficial de Estado Mayor es destinado al Comando de Institutos Militares, en 1988 a la Dirección de Operaciones, en 1989 a la Vice Comandancia en Jefe del Ejército, para ser destinado en 1993 como Profesor a la Academia de Guerra.

El año 1996 fue nombrado Comandante del Regimiento de Infantería Nº5 Carampangue en la Guarnición de Ejército de Baquedano.- Iquique

Al finalizar su mando, es destinado al Centro de Estudios e Investigaciones Militares (CESIM), desde donde es designado en 1998 como primer Agregado Militar en representación de la Defensa Nacional, en la Misión de Chile ante Naciones Unidas con sede en Nueva York.
A su regreso al país en el año 2000, es destinado a la Comandancia en Jefe del Ejército, asumiendo en paralelo la responsabilidad de dirigir y ejecutar el proyecto del Centro de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz.

Durante los años 2002 y 2003 se desempeña como Director de la Academia de Guerra. En el 2003 es ascendido al grado de General de Brigada recibiéndose del mando de la III y IV Divisiones de Ejército, debiendo refundirlas para en el año 2004 desempeñarse como Comandante en Jefe de la III División de Ejército y de la Guarnición General de Ejército de las Regiones VIII, IX y X.

El año 2005 es designado Comandante del Comando de Infraestructura, para el 2006 ser nombrado Director de Finanzas del Ejército.

En el año 2007 es ascendido al grado de General de División.

El 2008 es designado Comandante de Apoyo a la Fuerza y Comandante de Industria Militar e Ingeniería.

Actualmente es Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

El Consejo Regional Metropolitano que preside el intendente Claudio Orrego, está pronto a decidir cuál de cuatro cerros de Santiago se transformará en un nuevo Parque Metropolitano que secundará al San Cristóbal. Los cerros que postulan son: Blanco de Recoleta, Cerro Renca, Chena de San Bernardo y Las Cabras de Puente Alto. Todos sus alcaldes hacen el lobby de rigor para llevarse el premio. El Cerro Chena fue un campo de detención, torturas y exterminio bajo la dictadura cívico-militar, donde se instaló el llamado “Cuartel Dos” de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

El ganador saldrá beneficiado con cuantiosos recursos para instalar miradores, campos deportivos, rutas turísticas, juegos infantiles, restoranes y cafeterías. Pero uno de ellos, el Cerro Chena, tiene una historia siniestra hasta hoy muy poco conocida y que el Ejército ha negado reiteradamente ante los jueces que investigan los crímenes ocurridos en la zona.

El Cerro Chena fue un campo de detención, torturas y exterminio bajo la dictadura cívico-militar, donde se instaló el llamado “Cuartel Dos” de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Allí fueron asesinados varios prisioneros y todos sufrieron el rigor de la tortura. Desde ese cerro salieron, por ejemplo, los 15 campesinos asesinados el 2 de octubre de 1973 por un convoy militar en la Cuesta Chada, y otros 22 campesinos masacrados en la Quebrada Los Quillayes en Rapel el 16 de octubre de 1973. Entre el 27 y 28 de septiembre de 1973, al interior de ese mismo cuartel son asesinados once obreros de la Maestranza de San Bernardo, bajo un falso “intento de fuga”.

Varios años demoró en conocerse la dramática historia del “Cuartel Dos” de Cerro Chena. Fue durante la investigación por los crímenes de los 22 campesinos de Paine del ya fallecido ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, donde por primera vez quedó irrebatiblemente establecida la existencia de este centro de tortura y exterminio.

Pero según lo dijo el propio magistrado en varias de sus resoluciones, hasta ahora el Ejército jamás ha reconocido la existencia de este campo de prisioneros, que nada tiene que envidiar a la brutalidad ocurrida en la Escuela de Artillería de Linares, y al mismo Cuartel Simón Bolívar, donde el Grupo Delfín de la Brigada Lautaro de la DINA exterminó en 1976 a las dirigencias clandestinas del Partido Comunista.

El coronel Andrés Magaña Bau, los generales Guillermo Castro Muñoz, Juan Carlos Salgado Brocal, Cristián Le Dantec Gallardo, Eduardo Aldunate Hermann, Julio Baeza von Bohlen, Julio Cerda Carrasco, Juan Carlos Nielsen Stambuck y Luis Cortés Villa; el brigadier Víctor Pinto Pérez; los coroneles Jorge Romero Campos y el ex subdirector de la Escuela de Infantería de San Bernardo, Pedro Montalva Calvo; el ex jefe de la Sección de Inteligencia de la Escuela de Infantería, teniente coronel Alfonso Faúndez Norambuena, todos estos actualmente en calidad de retirados, así como el ex conscripto de iniciales A.G.B., estuvieron en el “Cuartel Dos” de Cerro Chena.

No todos están acusados de asesinar y torturar prisioneros en ese lugar. De estos nombres los principales acusados son Magaña Bau, que condujo los operativos de Cuesta Chada y Quebrada Los Quillayes, y Pinto Pérez, quien está condenado por los once obreros de la Maestranza de San Bernardo.

De los otros, algunos admitieron judicialmente haber estado en este campo de prisioneros, como Castro Muñoz, quien reconoció –en sus declaraciones judiciales de 19 de junio de 2003 y 14 de enero de 2008– que “fui comandante de una compañía de fusileros en Cerro Chena”, después de lo cual integró el Estado Mayor de la CNI. Otros dijeron que sí estuvieron pero que sólo se enteraron “por la prensa” que ese fue un centro de prisión, tortura y exterminio.

Magaña fue uno de los más explícitos en reconocer lo que sucedió en Cerro Chena.

En la investigación judicial en el caso Paine dijo que fue desde el “Cuartel Dos” de Cerro Chena desde donde sacaron tanto a los 15 campesinos asesinados en la Cuesta Chada, como a los 22 ejecutados en la Quebrada Los Quillayes. “Siempre fuimos los mismos que integramos esas caravanas porque ya teníamos experiencia”, declaró. Él estuvo al mando cada vez.

Quien tampoco ocultó la siniestra función del “Cuartel Dos” fue el subdirector de la Escuela de Infantería, Pedro Montalva Calvo, quien ya en 1979 declaró al juez Humberto Espejo que “los detenidos que eran internados en el campo de Cerro Chena se hacían por orden del coronel Leonel König Altermann, director de la Escuela de Infantería de San Bernardo”.

El ex conscripto A.G.B. declaró que “mataron a mucha gente en Cerro Chena, y después escondieron sus cuerpos en una mina de cal por ahí cerca. Yo conviví con los prisioneros, amarrados de pies y manos todo el día, tirados en el suelo”. El ex conscripto fue hecho prisionero en 1973 por pertenecer a las Juventudes Comunistas. Su nombre quedó en reserva cuando el 17 de febrero de 2008 concedió una entrevista a la desaparecida La Nación Domingo.

Mientras el Cerro Chena ocultó al “Cuartel Dos” de la Escuela de Infantería de San Bernardo, fue visitado por los integrantes de la Caravana de la Muerte.

“Un día que estaba de guardia antes de mi detención, debió ser en noviembre de 1973, llegaron el general Sergio Arellano Stark, el mayor Pedro Espinoza y el teniente Armando Fernández Larios. Se metieron donde estaban los prisioneros. Después de su visita se intensificaron la tortura y asesinatos. No sé si habrá sido el último episodio de la Caravana de la Muerte”, dijo en la mencionada entrevista el ex conscripto comunista.

Cerro Chena ha pasado a integrar la larga lista de centros del infierno en el país, donde la dictadura de Augusto Pinochet cometió los crímenes de lesa humanidad durante los 17 años del Terrorismo de Estado tras el golpe militar de 1973.

Fuente: El Mostrador

Inauguran memorial a las víctimas de la cuesta de Chada en Paine

Corporación Paine “un lugar para la memoria”, conjuntamente con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, invitan a la inauguración del Memorial en homenaje a los 17 campesinos ejecutados en el Cerro Redondo, cuesta de Chada, el año 1973.

Esta ceremonia se llevará a efecto el día sábado 30 de agosto 2014 a las 12:00 horas en el Cementerio La Rana, ubicado en Camino Padre Hurtado, Huelquén.

Esperamos contar con su presencia en esta emotiva ceremonia. Para información sobre como llegar, puedes escribirnos a corporacion@memorialpaine.org o directamente desde el sitio web.

Esta actividad cuenta con el apoyo y el patrocinio del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y la Ilustre Municipalidad de Paine.

La noticia corre: radios y periódicos aceptados por el establecimiento chileno, la dicen ahora: El flamante Comandante de este nuevo Estado Mayor Conjunto, General Cristián Le Dantec Gallardo ha sido vetado por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Una nueva estructura -innecesaria y carísima- se viene a sumar a las ya muchas existentes en la FFAA's. Es poco probable que vaya a ser significativa para un país que debería tratar mejor a su pueblo, cuando la selección de su jefe se hace del modo "tradicional". Es decir, olvidando los principios para una buena democracia. Lo hecho por la presidenta no es distinto de poner, por ejemplo, a la cabeza del Intituto de Derechos Humanos, también recién creado, al Subsecretario del Interior, cuando históricamente ese ministerio ha sido más parte del problema que de la solución de dichos problemas. Para muestra… el botón del Sr. Patricio Rosende quien se desgañita criminalizando al pueblo mapuche, que es lo que Naciones Unidas viene criticando de la actitud del gobierno de Chile por muchos años… y sin resultados reales. Van ya 22 muertos mapuches a manos de la represión, un niño desaparecido, cientos de presos políticos mapuches, reciclados en las cárceles, torturados muchos. Todo esto desde que hemos vuelto a ser "democracia" con una constitución dictatorial que todo lo permite.

Este nuevo Jefe, el general Cristián Le Dantec Gallardo tiene antecedentes de haber sido testigo de los crímenes de la zona de Paine. Paine es donde proporcionalmente más crímenes hubo en todo el país al inicio de la dictadura. Él fue testigo. Y fue a declarar "voluntariamente" sólo en el 2008. Es decir, nos indica la noticia de que se quedó callado, siendo un oficial recién recibido, de esos horrendos crímenes. Recordemos: él fue testigo, es decir, estaba allí cuando ocurrió. El haber sido testigo de esos crímenes y solamente haber esperado declarar hasta en 2008 es poco digno: habla muy mal de este, hoy, general y que en aquellos años fuese oficial de baja graduación. Son los silencios culposos y culpables que cubren el oportunismo ya conocido. Seguir "haciendo méritos" en el silencio institucional de un crimen mayor y haberse quedado callado por décadas no demuestra capacidad de liderazgo para un avance hacia la democracia ni un verdadero apoyo a un estado de derecho que, hay que repetirlo, implica el respeto de los derechos de la población y no de unas leyes mal habidas y represivas como las de la actual Constitución. Faltó al principio central del respeto a los derechos humanos y a lo que se espera de quien dice tener como función central defender a su pueblo. Probablemente eso no era lo que tenía en su mente entonces y por varias décadas.  

No es la primera vez que sucede esta "falta de memoria": hace unos meses, para sólo recordar un nombramiento adicional, tuvimos el nombramiento de otro general envuelto en la Caravana de la Muerte. Nos dice El Mercurio, el 6 de noviembre del 2009, sin crítica alguna de su parte por supuesto, que "la presidenta designó al general Juan Miguel Fuente-Alba Poblete para suceder al general Óscar Izurieta como comandante en Jefe del Ejército a partir del 10 de marzo de 2010". Este tipo de errores nos hace dudar de cómo irá a sesgarse el trabajo del Museo de la Memoria cuando su designada directora será la misma que ha cursado estos nombramientos…  Ser parte del establecimiento parece llevar a crear enormes hoyos, tipo queso Gruyère suizo, en las cabezas cooptadas por el sistema y los co-gobiernos post-dictadura.

El rechazo por los grupos de DDHH’s de este nuevo jefe militar es merecido. También lo fueron varios anteriores con similares antecedentes. Si no intentaron denunciar los crímenes, cuando ocurrieron y ellos estaban allí, dada la posición que tenían, fueron, por lo menos, cómplices. Negar esto no es aceptable: deben ellos mismos presentarse como voluntarios para ser juzgados y no quedar como lo que es evidente: instrumentos del blanqueo y de la impunidad que aún existe. Esto es un crimen de lesa humanidad.  

Malos vientos se vienen cuando sabemos que el presidente electo y su presidente del senado ya piden a los cuatro puntos cardinales impunidad y olvido. No basta pretender ser demócrata y respetuoso de los DDHH's: hay que demostrarlo. Esperamos una demostración de genuina auto-crítica para las víctimas, de una reparación y del juicio de los que siguen siendo impunes, cupados con condenas remitidas o tantos escondidos que siguen saliendo a flote en gloria y majestad por muchos lados.  
 
Por José Venturelli