Lawrence Mires Ricardo Víctor

Información entregada por la Funa: FUNADO RICARDO "CACHETE" LAWRENCE,

Al mediodía del sábado 28 de abril más de trescientas personas se reunieron en la plazoleta ubicada en las esquinas de Avenida Las Condes con Tabancura para funar a uno de los altos jefes de la DINA. Desde temprano circulaban por el sector patrullas y motos de Carabineros, junto a dos micros con personal de Fuerzas Especiales, mientras un cuidado especial tenían con la distribuidora de camarones "Kamaron Bay" que, además de protección policial, tapaba con toscos cartones los letreros que señalaban su nombre y dirección y una paleta publicitaria que se encontraba en la vereda. Al parecer ya habían sido alertados por su empleado de la posible visita.

Antes de iniciar la marcha se realizó un homenaje al joven Carlos Cid, militante de la Surda y miembro de la Comisión FUNA, fallecido en un accidente automovilístico pocos días antes. Con la fuerza y la alegría de su recuerdo, los cientos de jóvenes se encaminaron a Tabancura 1382 tomándose la calle y siguiendo luego por una ancha vereda para evitar problemas con carabineros. Frente a Kamaron Bay, que lucía un letrero de cerrado, su primer piso totalmente desocupado y mientras algunos ojos espiaban desde atrás de una persianas del segundo piso, se desarrolló una performance simulando la tortura, habló una dirigenta de los ex presos políticos y se leyó el prontuario de Lawrence Mires. Luego se recorrió el sector entregando volantes a vecinos y automovilistas para volver al lugar cuando ya habían instalado sus vehículos los dueños de la distribuidora y finalmente regresar, al ritmo del "ole ola", a a plazoleta para dar por finalizada esta primera funa en el corazón del barrio alto.

UNO DE LOS MAS SINIESTROS

Junto con Miguel Krassnoff Martchenko, Ricardo Lawrence Mires es uno de los más siniestros personajes de la DINA de Manuel Contreras. El hoy distribuidor de camarones "Ricardo Flores", era conocido en la DINA como "teniente Cachete Grande" cuando ejercía como jefe de la Agrupación Halcón. Como oficial de Carabineros, durante el gobierno de la Unidad Popular integró el Grupo Móvil. Ya con grado de teniente, en 1974, es uno de los fundadores de la DINA, ejerciendo funciones en los centros de tortura de Londres 38, Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y Venecia, del que fue jefe.

Sus propios subalternos lo consideraban cruel, pues sólo suspendía la tortura a un detenido cuando éste sufría un paro cardíaco o se desmayaba. Sobrevivientes recuerdan que a una detenida, que había sufrido más de cuatro horas de parrillazos eléctricos, le puso un jugoso pedazo de sandía delante suyo. Todos sabían que si la mujer lo ingería le provocaría un estallido de sus vísceras. En su testimonio, la ex agente Luz Arce asegura que fue él quien, bajo amenaza de muerte, la obligó a colaborar.

Está involucrado en el secuestro, tortura, muerte y desaparición de cientos de chilenos, entre ellos se encuentra Alfonso Chanfreau Oyarce, militante del MIR y profesor de Filosofía, de 23 años, casado y padre de una hija, detenido en su casa el 30 de julio de 1974 y aun desaparecido. 
En José Domingo Cañas estaba a cargo de Miguel Krassnoff, Ricardo Lawrence y Marcelo Moren Brito, la detenida Lumi Videla Moya, militante del MIR, estudiante de Filosofía de 26 años, casada y madre de Dago Perez Videla, integrante de Gondwana, quien murió a causa de las torturas y luego fue arrojada a la Embajada de Italia. Su compañero, Sergio Pérez, se encuentra desaparecido. 

En la misma celda de Lumi se encontraba detenida la joven María Cristina López Stewart, estudiante de pedagogía en historia y militante del MIR. Tenia 21 años cuando fue detenida el 22 de septiembre de 1974. María Cristina está desaparecida.

El 15 de julio de 1976, Carmelo Soria, funcionario internacional chileno-español, fue detenido por agentes de la DINA. Al día siguiente, su cadáver fue encontrado junto a su automóvil en el canal El Carmen, en Santiago. Testigos afirman que "Ricardo Lawrence llego un día a visitar a Wenderoth. Entro mofándose y diciendo: 'despachamos al compadre'. Señaló que a esa persona le hablan metido una botella entera de pisco y después 'lo metimos en el auto y lo despachamos'. Lawrence agregó que alguien se subió al lado del detenido en el auto y cuando este cobró cierta velocidad el acompañante se lanzo y el auto siguió camino hasta chocar o desbarrancar".

En enero de 1975 se produjo un operativo masivo en el que participaron las Agrupaciones Caupolicán y Purén con apoyo aéreo, de helicópteros de la Aviación y del Ejercito. El objetivo era detener a Dagoberto Pérez Vargas, quien vivía en calle Venecia, junto a Nelson Gutiérrez; ambos dirigentes del MIR. La casa quedaba a la altura del 1.700 entre Freirina y Quezada Acharán. El operativo fracasó pero la DINA tomó posesión del inmueble. Ricardo Lawrence era jefe de ese cuartel cuando, en 1977, un joven vecino del sector que era enfermo mental fue violado en forma reiterada por un agente de la DlNA. El escándalo les obligó a abandonar el lugar.

Lawrence Mires actualmente está siendo procesado por el secuestro y desaparición de la dirección del Partido Comunista que fue detenida en el operativo conocido como "la ratonera de Calle Conferencia". Producto de esa operación están desaparecidos Mario Zamorano Donoso, Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Donato Avendaño, Elisa Escobar Cepeda, Fernando Lara Rojas, Lenin Díaz Silva, Marcelo Concha Bascuñán, Víctor Díaz López, Eliana Espinoza Fernández y César Cerda Cuevas.
 También vinculado a este operativo se encuentra la detención y desaparición de Bernardo Araya Zuleta y María Flores Barraza, quienes fueron vistos en el cuartel Venecia. 
Hace algunos años la ex agente Ingrid Olderock, también proveniente de Carabineros, acusó a Lawrence de un atentado contra su vida.

Ricardo Víctor Lawrence Mires, cuya cédula de identidad es la 5.392.869-2 y que además aparece involucrado en la constitución de la empresa de fachada Pedro Diet Lobos de la DINA, en 1988 era comisario de la Tercera Comisaría de Santiago y en 1989 fue trasladado a Los Andes. Pasó a retiro en 1990 con el grado de Teniente Coronel y hoy trabaja en la empresa distribuidora de camarones "Kamaron Bay", donde usa el alias de "Ricardo Flores" en su contacto con dueños de numerosos restaurantes de Santiago.

LOS CLIENTES DE "RICARDO FLORES"

Ricardo Lawrence usa en su trabajo como distribuidor de los camarones en los mejores restaurantes de Santiago, la chapa de "Ricardo Flores". 
Con este nombre atiende, entre otros, al Club de la Unión, al Club de Golf de Presidente Riesco 3700, al Bali Hai de Colón 5146, Le Due Torri de Providencia (Isidora Goyenechea 2908) y Santiago Centro, Alfa de Manuel Montt 1526, Mar Verde de Hermanos Cabot 7058, Ají Verde de Constitución 284, Eladio de Pío Nono 251, Venezzia de Pío Nono 200, Rib's de Vitacura 9875, Gatsby de Providencia 1984, Borde Río de Monseñor Escribá de Balaguer 6400, los hoteles Sheraton y Hyatt, el Gioggia, Aquí está Coco, San Frutoso, El Otro Sitio de Antonia Lope de Bello 53, Paseo San Damían de Las Condes 11271, Mariscogar de Dr. Roberto del Río 1654, Océano de Los Militares 5225 oficina 1904, Picoroco de Ernesto Pinto Lagarrigue 123, Mare Nostrum de La Concepción 281 y Todo Fresco de Antonia Lope de Bello 61.
 Kamaron Bay, de propiedad de Rodrigo Izquierdo del Villar, tiene además otras sucursales en Santiago, en Alameda 1146 oficina 12 y en Pío XI 1290, y en Puerto Varas.

Una de las primeras reacciones de sus clientes fue la que provino de un grupo de restaurantes del barrio Bellavista, encabezados por el Galindo, que dejaron de comprar a la distribuidora una cantidad cercana a los 20 millones de pesos mensuales.
(Comisión Funa)

Un total de nueve procesamientos más fueron dictados por violaciones de los derechos humanos, en un contexto donde crecen las expectativas para conocer por dónde la derecha, independientemente de mejorar la indemnización a familiares de las víctimas, abordará una propuesta legislativa que intentaría poner fin a los juicios contra militares a 30 años desde ocurrido el golpe militar.

En una resolución dictada por el ministro Juan Guzmán Tapia, fueron ayer procesados como autores del delito de secuestro en 1976 de nueve militantes comunistas los ex integrantes de la DINA coronel (R) Carlos López Tapia, brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko, coronel (R) Germán Barriga Muñoz, coronel (R) de Carabineros Ricardo Lawrence Mires y el médico Osvaldo Pincetti.

Los encausamientos fueron dictados por la desaparición del ex diputado Bernardo Araya y su esposa, María Olga Flores, y de los integrantes de la dirección clandestina del PC, todos desaparecidos a la fecha, Mario Zamorano, Jorge Muñoz (esposo de la hoy presidenta del PC, Gladys Marín), Elisa Escobar, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Lenín Díaz y Víctor Díaz. Este último era padre de la ex presidenta de la AFDD, Viviana Díaz. La desaparición de la primera dirección clandestina del PC se conoce como el caso de calle Conferencia, porque en una casa de esta arteria, en Santiago Poniente, la DINA montó una ratonera para capturar a la cúpula del PC.

Estas víctimas están incluidas en la primera querella contra Augusto Pinochet y otros militares (R), que presentó el 12 de enero de 1998 Gladys Marín.

El abogado querellante, Eduardo Contreras, destacó que “esto demuestra que se puede seguir haciendo verdad y justicia, a diferencia de lo que quiere la UDI”. Contreras subrayó también “la valentía y la condición ética del juez Guzmán, que, sin inhabilitarse en el caso, procesó a un familiar suyo tan directo”.

Efectivamente, Carlos López Tapia, primo del juez Guzmán, fue el jefe del centro clandestino Villa Grimaldi en 1976, lugar donde fueron llevados y desaparecieron los detenidos del PC. López integró también la Caravana de la Muerte en su primera gira por el sur y, según sus propias declaraciones en el proceso, asistió la noche del 3 de octubre de 1973 en Valdivia a la ejecución extrajudicial del líder del MIR en la zona de la precordillera de la hoy Décima Región, José Liendo Vera, más conocido como el “comandante Pepe”.
Ayer Guzmán admitió que la medida “fue difícil, porque los jueces somos seres humanos”.

Otros Cuatro

En tanto, el juez Jorge Zepeda sometió a proceso al oficial de Ejército (R) Claudio Lecaros Canales, al suboficial (R) José Muñoz Pozo, y al suboficial (R) de Carabineros Omar Mella Lillo. El encausamiento fue dictado como autores del homicidio de Rubén Acevedo Gutiérrez y del secuestro de Vidal Riquelme Ibáñez y Cesáreo Soto.

Las tres víctimas se presentaron el 15 de septiembre de 1973 al retén El Melosal de San Javier, en la hoy Séptima Región, desde donde fueron retirados por militares de la Escuela de Artillería de Linares, conducidos al puente Loncomilla y ejecutados. Sólo apareció el cuerpo de Acevedo.
A su turno, el ministro Daniel Calvo procesó al coronel (R) de la FACH Guillermo Gómez Aguilar, como autor del secuestro de Gabriel Marfull González. Este fue detenido el 13 de septiembre de 1973 y llevado a la Base Aérea El Bosque. Allí fue ejecutado y su cuerpo trasladado hasta la Cuesta Barriga, donde fue abandonado.

En ambas causas actúa como querellante en representación de las familias el abogado del Fasic Nelson Caucoto, que valoró ayer la investigación instruida hasta ahora por los dos magistrados.

LA CAÍDA DEL PC

En la calle Conferencia, ubicada en la zona poniente de la comuna de Santiago, la DINA montó en mayo de 1976 una “ratonera”: agentes del organismo represivo esperaron durante varios días la llegada de la dirigencia del PC que trabajaba en la rearticulación del partido y los fueron capturando para luego hacerlos desaparecer.
En diciembre del mismo año, la DINA volvió a golpear y esta vez sus agentes detuvieron a integrantes de una nueva dirección del PC, en lo que se conoce como el “caso de los trece”. En esta segunda oleada represiva cayó Waldo Pizarro, esposo de Sola Sierra y padre de la hoy presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro.

La brigada Lautaro de la DINA era la unidad de exterminio montada por Manuel Contreras y dirigida por el Mayor de ejercito Juan Morales Salgado.
Esta brigada operaba desde el desconocido cuartel de Calle Simón Bolívar 8630.

Las acciones hasta ahora conocidas de este grupo de agentes DINA seria la captura de la dirección del partido comunista en 1976.

La brigada funcionaba con un contingente de mas de 70 miembros, de los cuales sus miembros operativos ejecutaban la recopilación de información, detenciones, interrogatorios/tortura, ejecución y desaparecimiento de cuerpos de los detenidos.

Para estos efectos constaban con acceso a una gran infraestructura, que aparte del cuartel en si, tenían un variado numero de vehículos a su disposición, además del acceso a los helicópteros Puma, del Comando de Aviación del Ejército (CAE) que operaba desde Peldehue.
Los miembros de la Brigada lautaro provenían de las cuatro ramas de las FFAA, además de contar con algunos agentes civiles adscritos a las diversas ramas, su conformación era mayoritariamente de sub oficiales, El hecho de que en esta brigada existían a lo menos siete agentes provenientes de la Armada, deja de claro que la institución miente cuando declaro que la Armada retiró a todo su personal de la DINA en 1975.
Otra de las características de la brigada Lautaro, es que contaba con un gran numero de mujeres, las que como se ha ido descubriendo, se caracterizaban por su frialdad y crueldad ante los crímenes. Varias de ellas, por sus conocimientos de medicina y enfermería, cooperaban en los experimentos que se ejecutaban en el laboratorio químico de la casa de Michael Townley, en Lo Curro. Townley asistía constantemente al cuartel de Calle Simón Bolívar para experimentar en los detenidos con el gas que fabricaba el químico Eugenio Berrios.

La información que se ha logrado rescatar hasta agosto 2007, aparece después de la investigación del caso “calle conferencia” llevada a cabo por el Juez Víctor Montiglio quien ha logrado establecer la suerte corrida por un numero de detenidos de la dirección del partido comunista, entre ellos el secretario general del PC en la clandestinidad, Víctor Manuel Díaz López, además de Bernardo Araya Zuleta, María Olga Flores Barraza, Mario Zamorano Donoso, Onofre Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortés, Jaime Patricio Donato Avendaño, Elisa Escobar Cepeda, Lenín Adán Díaz Silva, Eliana Espinoza Fernández y Marta Lidia Ugarte Román.

Hasta hoy se ha establecido que Víctor Manuel Díaz López fue detenido la madrugada del 12 de mayo de 1976 en la casa ubicada en calle Bello Horizonte Nº 979, de la Comuna de Las Condes, días después de la detención de varios dirigentes del PC detenidos en el operativo conocido como la “Ratonera” en Calle Conferencia No1587.

Víctor Díaz fue llevado al centro de torturas de Villa Grimaldi, y posteriormente trasladado a “Casa de Piedra”, otro centro de torturas de la DINA ubicado en el Cajón del Maipo, lugar donde es sabido que Augusto Pinochet habría visitado a Víctor Díaz y a otros dirigentes PC ahí detenidos.
A principios de 1977 Manuel Contreras le da la orden a Juan Morales Salgado, de eliminar a Víctor Díaz, y en cumplimiento de esa orden, los agentes Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro sacan a Díaz de un celda y le amarraron una bolsa plástica en la cabeza asfixiándolo, mientras la teniente (enfermera) de ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño le inyectó cianuro. Posteriormente procedieron a introducir el cuerpo en bolsas plásticas, atarlo y adosarle un trozo de riel e introducirlo en sacos papero para luego atarlo con alambre y asegurarse que no se abran las amarras.

El cuerpo fue trasladado en vehículos hasta el regimiento del Ejercito en Peldehue, donde tenían otros ejecutados traídos desde Villa Grimaldi y atados de la misma forma que Víctor Díaz. Cargaron los cuerpos en el helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejercito y partieron con rumbo a la costa de la Quinta Región para lanzar los cuerpos al mar.
Este modo de operar de los agentes de la brigada Lautaro demuestra la brutalidad y deshumanización de todos sus miembros.
 
Lista de algunos de los agentes de la Brigada Lautaro.
 1 Acevedo Acevedo, Heriberto del Carmen Carabineros Suboficial (R)
2 Ahumada Despouy, Joyce Ana Ejército Suboficial (R)
3 Altamirano Sanhueza, Orlando del Tránsito Armada Suboficial (R)
4 Alvarez Droguett, Victor Manuel Ejército Suboficial (R)
5 Alvarez Vega, Hiro Ejército Suboficial (R)
6 Arriagada Mora, Jorge Hugo FACH   Empleado civil (R)
7 Aspe Rojas, Celinda Angélica Armada Suboficial (R)
8 Benavides Escobar, César Raúl Ejército General (R)
9 Bermúdez Méndez, Carlos Justo Ejército Suboficial (R)
10 Bitterlich Jaramillo, Pedro Segundo Ejército Suboficial (R)
11 Cabezas Mardones, Eduardo Patricio FACH Suboficial (R)
12 Calderón Carreño, Gladys de las Mercedes Ejército Oficial (R) y enfermera
13 Castro Andrade, Sergio Hernán Carabineros Suboficial (R)
14 Chaigneau Sepúlveda, Federico Humberto Ejército Teniente Coronel (R)
15 Daza Navarro, Bernardo del Rosario Armada Suboficial (R)
16 Díaz Radulovich, Jorge Iván FACH Suboficial (R)
17 Díaz Ramírez, Guillermo Eduardo FACH Suboficial (R)
18 Escalona Acuña, Sergio Orlando Armada Suboficial (R)
19 Escobar Fuentes, Jorge Marcelo Ejército Brigadier (R)
20 Ferrán Martínez, Guillermo Jesús Ejército Suboficial (R)
21 Garea Guzmán, Eduardo Ejército Empleado civil (R)
22 Guerrero Aguilera, Gustavo Enrique Carabineros Suboficial (R)
23 Guerrero Soto, María Angélica Ejército Suboficial (R)
24 Gutiérrez Valdés, Pedro Antonio Ejército Suboficial (R)
25 Jaime Astorga, Rufino Eduardo Carabineros Suboficial (R)
26 Jímenez Escobar, Berta Yolanda Armada Suboficial (R)
27 Krassnoff Martchenko, Miguel Ejército Brigadier (R)
28 Lagos Yañez, Luis Alberto FACH Empleado civil (R)
29 Lawrence Mires, Ricardo Víctor Carabineros Teniente Coronel (R)
30 López Tapia, Carlos José Ejército Coronel (R) y Prof. Ejér.
31 Magna Astudillo, Elisa del Carmen Ejército Oficial (R)
32 Manríquez Manterola, Jorge Lientur Armada Suboficial (R)
33 Marcos Muñoz, Carlos Segundo Civil adscrito al Ejército
34 Meza Serrano, José Miguel Armada Suboficial (R)
35 Montre Méndez, Manuel Antonio Carabineros Suboficial (R)
36 Morales Salgado, Juan Hernán Ejército Coronel (R) y Prof. Ejér.
37 Navarro Navarro, Teresa del Carmen Armada Suboficial (R)
38 Obreque Henríquez, Manuel Jesús Ejército Suboficial (R)
39 Ojeda Obando, José Alfonso Carabineros Suboficial (R)
40 Orellana de la Pinta, Claudio Orlando Carabineros Suboficial (R)
41 Oyarce Riquelme, Eduardo Alejandro Ejército Suboficial (R)
42 Pacheco Fernández, Claudio Enrique Carabineros Suboficial (R)
43 Pichunmán Curiqueo, Jorge Segundo Carabineros Suboficial (R)
44 Piña Garrido, Juvenal Alfonso Ejército Suboficial (R)
45 Reyes Lagos, Eduardo Antonio Ejército Suboficial (R)
46 Rinaldi Suárez, Carlos Ramón Ejército Suboficial (R)
47 Rivas González, Adriana Elcira FACH Suboficial (R)
48 Riveros Valderrama, René Miguel Ejército Oficial (R)
49 Saavedra Vásquez, Orfa Yolanda  Ejército Suboficial (R)
50 Sagardía Monje, Jorge Laureano Carabineros Suboficial (R)
51 Sarmiento Sotelo, José Manuel Carabineros Suboficial (R)
52 Silva Vergara, Marilin Melahani Carabineros Suboficial (R)
53 Sovino Maturana, Hernán Luis Ejército Capitán (R)
54 Torrejón Gatica, Orlando Jesús Ejército Suboficial (R)
55 Troncoso Vivallos, Emilio Hernán Carabineros Suboficial (R)
56 Urrutia Acuña, Luis Arturo Carabineros Suboficial (R)
57 Vacarella Gilio, Italia Donata Carabineros Suboficial (R)
58 Valdebenito Araya, Héctor Manuel Carabineros Suboficial (R)
59 Vilches Muñoz, Ana del Carmen FACH Empleada civil (R)

Ministro en visita Víctor Montiglio procesó a siete ex uniformados por secuestro y homicidio del padre de la dirigenta de la AFDD Viviana Díaz.
Siete ex uniformados fueron procesados este viernes por su responsabilidad en el secuestro del ex dirigente comunista Víctor Díaz Osorio, padre de la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Viviana Díaz.

La decisión fue adoptada por el ministro en visita del caso Calle Conferencia, Víctor Montligio, luego de que los imputados confesaran su participación en el secuestro y posterior homicidio del miembro de la cúpula del Partido Comunista (PC).
La resolución afecta al coronel Juan Morales Salgado, al oficial Guillermo Ferrán Martínez, la teniente Gladys Calderón y la suboficial Eliana Magna Astudillo, todos en calidad de retiro del Ejército.
También fueron encausados por el magistrado el ex teniente de Carabineros Ricardo Lawrence, y los marinos en retiro Sergio Escobar y Bernardo Daza Navarro.

Todos los encausados continuarán en prisión en distintas unidades militares, a las que habían ingresado a mediados de esta semana por disposición del juez Montiglio.

En el marco de esta investigación, Lawrence había reconocido que Díaz fue visitado por el fallecido ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, mientras el primero permanecía recluido en un centro de detención conocido como "la casa de piedra" en el Cajón del Maipo.
El caso Calle Conferencia se refiere al operativo en el cual los órganos represores de la régimen militar desmantelaron la cúpula del PC, que se desempeñaba en la clandestinidad.
En la acción efectuada los primeros días de mayo de 1976, se detuvo al ingeniero Jorge Muñoz –entonces marido de la fallecida líder comunista Gladys Marín-, Mario Zamorano, Uldarico Donaire, Jaime Donato y Díaz, quienes desde entonces permanecen desaparecidos.

Juez Madrid encausó a trece personas, entre ellas los facultativos Horacio Taricco, Pedro Valdivia, Osvaldo Leyton, Vittorio Orvietto y la enfermera Eliana Bolumburu, develando las oscuras actividades de profesionales de la salud al servicio de la dictadura. Fallo, al que accedió en exclusiva El Mostrador.cl, acreditó que deceso de Leyton estuvo asociado al gas sarín.

La no despreciable cantidad de 35 procesamientos contra 13 personas –entre los que destacan cuatro doctores y una enfermera- dictó el ministro Alejandro Madrid Crohare, en el proceso que sustancia por el homicidio y secuestro del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton, quien murió en marzo de 1977 por aplicación de torturas y gas sarín en la clínica London del organismo represivo.
Esta es la primera vez que un magistrado logra identificar la orgánica del recinto que la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) usó para aplicar tormentos y venenos a opositores de la dictadura, como también quiénes formaban parte del personal médico y auxiliar que ayudaron a llevar a cabo estas prácticas.

El Mostrador.cl accedió a una copia íntegra del procesamiento dictado por Madrid, a través de una alta fuente judicial.
Los encausamientos dictados por Madrid se dividen en los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y asociación ilícita y afectan a 13 personas que tuvieron distintas participaciones en los hechos investigados.
Por asociación ilícita, en calidad de co-autores, fueron procesados los médicos Hernán Horacio Taricco Lavín, Pedro Samuel Valdivia Soto, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Tiplitzky y la enfermera jefe de la clínica London Eliana Carlota Bolumburu Tabeada.
Esta última es prima de Ana María Borumburu, quien laboraba en la Universidad Católica, cerca de los doctores Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, quienes realizaron la autopsia no autorizada al ex Presidente Eduardo Frei.

Bajo los mismos cargos, el ministro procesó a los ex militares Ricardo Víctor Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Luís Sovino Maturana (jefe de seguridad de la clínica), al suboficial mayor (R) Santiago Alfredo Matteo Galleguillos; al coronel (R) Juan Morales Salgado (recién procesado en el caso Prats); al comandante (R) del Ejército y miembro de la brigada Lautaro de la DINA Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (procesado en el caso Conferencia); la teniente del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño (también encausada en Conferencia), conocida en la DINA por su crueldad, ya que fue quien inyectaba cianuro a los detenidos; y al empleado civil Lorenzo Omar Toro Olivares.
De acuerdo a la resolución del magistrado, los coautores del homicidio calificado, es decir, quienes participaron directamente en la muerte de Leyton, fueron el médico Taricco Lavín, y los ex uniformados Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes y Morales Salgado. Sus cómplices, en tanto, fueron Sovino Maturana y Toro Olivares

Los encubridores del homicidio, según el procesamiento, son los doctores Leyton Bahamondes, Valdivia Soto, la enfermera Bolumburu Taboada y los ex uniformados Matteo Galleguillos, Chaigneau Sepúlveda y la teniente Calderón Carreño.
Finalmente, como coautores de secuestro fueron procesados los doctores Taricco Lavín, Leyton Bahamondes, la enfermera Bolumburu Taboada, y los ex militares Lawrence Mires, Vianel Valdivieso, Sovino Maturana, Morales Salgado y Toro Olivares.
Papeles mentirosos

Madrid no escatimó detalles en su investigación y también encausó en calidad de co-autores de falsificación de instrumento público al médico Leyton Bahamondes y la enfermera Bolumburu Taboada.
Estos últimos fueron quienes elaboraron la documentación para que la muerte de Leyton apareciera asociada a un ataque cardíaco provocado por una enfermedad, y no por los efectos de la aplicación del gas sarín.
De hecho, en la resolución dictada por Madrid queda acreditada que los directivos del Servicio Médico Legal (SML) de la época fueron presionados para cambiar la historia clínica y las causas de muerte.
Estos procesamientos se suman a los dictados el lunes por el mismo juez contra el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva y quien fuera su mano derecha, el coronel (R) de justicia Enrique Ibarra Chamorro, en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del ex agente de la DINA Eugenio Berríos.

La historia que acreditó Madrid
La muerte del cabo Leyton Robles es lo que podría llamarse una vendetta mafiosa para quien traiciona el código del silencio. Y para el ex director de la DINA Manuel Contreras la palabra traición era sencillamente un vocablo impronunciable.
La historia acreditada por el juez es que Leyton Robles, junto a otros agentes, buscaban repuestos para reparar una renoleta con la que trabajaba la DINA. Sin embargo, los fondos con los que contaba el organismo represivo ya eran exiguos y, por lo tanto, no se podía arreglar el vehículo.
El cabo decidió resolver el tema por sí mismo robó un automóvil similar al francés Marcel Duhalde. El ciudadano europeo denunció el hecho ante Carabineros, cuyos efectivos detuvieron a Leyton Robles y al agente Heriberto Acevedo y los llevaron a una comisaría.
Entre tiras y aflojas entre la DINA y la policía uniformada, se llegó al punto máximo de que la unidad fue rodeada por efectivos del organismo encabezado por Manuel Contreras.

Sin embargo, Leyton ya había revelado en el interrogatorio que el vehículo en cuestión pertenecía a un detenido desaparecido y que éstos eran lanzados al mar, como una forma de hacerles ver a los policías que su detención era casi un asunto de seguridad nacional.
El cabo fue finalmente liberado. Pero la DINA lo detuvo nuevamente en el recinto de Simón Bolívar. Días más tarde falleció de un misterioso ataque cardíaco, cuando sólo tenía 24 años.

Tras la muerte de Leyton, el círculo de hierro de la DINA se hizo presente en el lugar: Vianel Valdivieso y el entonces mayor Morales Salgado. Ellos se llevaron el cadáver. De eso han pasado poco más de 20 años.

Entre los encausados, todos en retiro, hay ocho coroneles y 23 suboficiales de Ejército, 40 oficiales y suboficiales de Carabineros, dos ex agentes de la FACH, una ex agente de la Armada, y siete ex agentes de la Policía de Investigaciones.

El mayor golpe a la represión de la dictadura de Augusto Pinochet dio ayer el ministro Víctor Montiglio, al procesar a 98 ex agentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones por 42 víctimas de la Operación Colombo.

Se trata de la resolución más numerosa dictada entre las casi 400 causas por violaciones de los derechos humanos que se instruyen en el país. Incluso superó a los 67 ex agentes encausados por el mismo juez Montiglio en 2007 por los crímenes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín en el cuartel Simón Bolívar.

Entre los encausados por Colombo hay ocho coroneles de Ejército (R), seis de los cuales no habían procesados antes en ninguna causa. También fueron declarados reos 23 suboficiales de Ejército (R) de los cuales al menos el 50 por ciento aparecen por primera vez en este tipo de causas.
Entre estos suboficiales figura Juvenal Piña, alias "El Elefante", ex agente de la Brigada Lautaro, que fue quien asfixió al jefe comunista en la clandestinidad (1976) Víctor Díaz, con una bolsa plástica en su cabeza, previo a que le inyectaran cianuro.

Además el magistrado encausó a 40 ex agentes oficiales y suboficiales de Carabineros, entre los que están Ricardo Lawrence, Heriberto Acevedo, Claudio Pacheco y José Mora, todos ex integrantes de la misma Brigada. Entre los procesados hay también ex agentes que pertenecían a la Policía de Investigaciones. El único civil (Ejército) es Juan Suárez.
De la lista total, al menos trece ya se encuentran cumpliendo condena por otras causas (ver lista).
Hasta el cierre de esta edición los procesados seguían siendo detenidos para ser internados en distintos lugares, como el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Entre las 42 víctimas por las cuales el ministró dictó su resolución, están María Angélica Andreolli, Miguel Acuña Castillo, Juan Carlos Perelmann Ide, Juan Chacón Olivares, Jorge Müller Silva, Luis Guendelmann Wisniak, Mario Calderón Tapia y Carmen Bueno Cifuentes.
La Operación Colombo y los medios
La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA.

La Operación Colombo fue parte de la Operación Cóndor, y consistió en un montaje de la dictadura para hacer creer a la población que 119 detenidos que se encontraban desaparecidos, habían salido clandestinamente a Argentina y allí murieron enfrentados con fuerzas policiales y del Ejército durante la fase previa al golpe militar de 1976 en Argentina.

Algunos de esos nombres aparecieron como militantes "asesinados" en Buenos Aires y alrededores, con carteles en sus cuerpos que decía que habían sido ejecutados por sus propios compañeros por ajuste de cuenta por rencillas internas. Sin embargo, ello también resultó un montaje.
La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA en el extranjero y tuvieron una única edición.
En Chile la prensa pro dictadura como los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y La Segunda, reprodujeron el montaje de los servicios de inteligencia. En el recuerdo quedó el titular del vespertino que informó "Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina". Ellos formaron parte de la lista de los 119 desaparecidos de Colombo.
El ex prófugo Raúl Iturriaga, quien era uno de los encargados del departamento exterior de la DINA, fue quien primero dio luces en Buenos Aires de este operativo.

Según el ex agente civil Enrique Arancibia Clavel, condenado en Buenos Aires por el crimen del general Carlos Prat y su esposa, fue Iturriaga quien a comienzos de 1975 se juntó con él para pedirle que preparara lo necesario porque "hay que hacer aparecer a unos muertos de la Operación Colombo".
Se trataba de preparar la aparición de los supuestos cuerpos de Jaime Robotham y Luis Guendelmann como parte del montaje.
Lista de procesados

Ejército (todos en retiro):
Víctor Molina Astete (coronel); Sergio Castillo González (crl); Eduardo Guerra Guajardo (crl); Víctor San Martín Jiménez (crl); José Fuentes Torres (crl); Manuel Carevic Cubillos (crl); Jaime Paris Ramos (crl); César Manríquez Bravo (crl); Raúl Toro Montes (suboficial); Eduardo Reyes Lagos (sub); Orlando Torrejón Gatica (sub); Osvaldo Tapia Alvarez (sub. Suicidado); Juvenal Piña Garrido (sub. “El Elefante”); Juan Suárez Delgado (civil); Nelson Paz Bustamante (sub); José Aravena Ruiz (sub); Luis Torres Méndez (sub); Raúl Soto Pérez (sub); Jorge Andrade Gómez (sub); Juan Escobar Valenzuela (sub); Rolando Concha Rodríguez (sub); Gustavo Apablaza Meneses (sub); Hiro Alvarez Vega (sub); Víctor Alvarez Droguett (sub); Jorge Venegas Silva (sub); Carlos Rinaldi Suazo (sub); Carlos Letelier Verdugo (sub); Reinaldo Concha Orellana (sub); Máximo Aliaga Soto (sub); Hugo Clavería Leiva (sub); Samuel Fuenzalida Devia (sub)

Investigaciones
Juan Urbina Cáceres; Hugo Hernández; Manuel Rivas Díaz; Herman Alfaro; Eugenio Fieldhouse; Osvaldo Castillo

Carabineros (oficiales y suboficiales todos en retiro)

Gerardo Godoy García; Ciro Torres Sáez, Alejandro Molina Cisternas; Camilo Torres Negrier; Héctor Lira Aravena; José Fritz Esparza; Claudio Pacheco Fernández; Jorge Sagardia Monge; Sergio Castro Andrade; Luis Villarroel Gutiérrez; Armando Cofré Gómez; Fernando Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Enrique Gutiérrez Rubilar; Luis Mora Cerda; José Muñoz Leal; Juan Duarte Gallegos; Carlos Miranda Meza; Rufino Jaime Astorga; Luis Urrutia Acuña; Luis Zúñiga Ovalle; Pedro Alfaro Hernández; Orlando Inostroza Lagos; Rosa Ramos Hernández; Gustavo Caruvan Soto; Héctor Valdebenito Araya; Manuel Avendaño González; José Mora Diocares; Guido Jara Brevis; Nelson Ortiz Vignolo; Ruderlindo Urrutia Jorquera; Héctor Flores Vergara; Jerónimo Neira Méndez; Manuel Montré Méndez; Heriberto del Carmen Acevedo; Claudio Orerllana de la Pinta; Nelson Iturriaga Cortés; Luis Gutiérrez Uribe; José Ojeda Obando

Fuerza Aérea
Delia Gajardo Cortés; Hernán Avalos Muñoz

Armada
Teresa Navarro Osorio;

Procesados que ya cumplen condena
Manuel Contreras Sepúlveda; Pedro Espinoza Bravo; Raúl Iturriaga Neumann; Marcelo Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko; Ricardo Lawrence Mires; Basclay Zapata Reyes; Conrado Pacheco; Francisco Ferrer Lima; Gerardo Urrich; Orlando Manzo Durán; Rizier Altez España; Fernando Lauriani Maturana

Además el ministro en vista de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Eduardo Fuentes Belmar condenó a los también ex integrantes de la DINA Marcelo Moren Brito a 3 años de presidio efectivo y a Ricardo Lawrence Mires a 3 años de presidio con beneficio de remisión condicional.
El ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, fue condenado a 5 años y un día de presidio efectivo por su responsabilidad en el secuestro calificado de Ariel Danton Santibáñez Estay, ocurrido en noviembre de 1974 en la comuna de Santiago.

La condena de primera instancia la dictó el ministro en vista de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Eduardo Fuentes Belmar.
Asimismo fueron condenados los también ex integrantes de la DINA Marcelo Moren Brito a 3 años de presidio efectivo y a Ricardo Lawrence Mires a 3 años de presidio con beneficio de remisión condicional.
Esta es la segunda condena dictada por el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar durante el año 2008 y la décimo quinta desde el año 2005 en causas por investigaciones de violaciones a los derechos humanos.
Del total de 61 procesos que recibió el magistrado en 2005 por violaciones a los derechos humanos que tramitaban los antiguos juzgados del crimen de Santiago, sólo quedan 21 pendientes.

Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes de la DINA, todos en situación de retiro, que fueron procesados el martes pasado por el ministro Víctor Montiglio en los casos Operación Colombo, Cóndor y Calle Conferencia 1587.
Entre ellos figura la oficial de Ejército Gladys Calderón Carreño, quien inyectaba cianuro para matar a los detenidos en el cuartel de avenida Simón Bolívar, en la comuna de La Reina, donde operó la Brigada Lautaro.

También aparece el suboficial de Infantería de Marina Sergio Escalona Acuña, quien con un alicate extraía a los cuerpos de los prisioneros ya muertos, las piezas dentales que contenían oro.

Esta operación la realizaba antes de que los cadáveres fueran ensacados para ser arrojados al mar.
De la misma manera, otros de los procesados son los suboficiales de Carabineros Jorge Pichunmán Curiqueo y Claudio Pacheco Fernández, quienes se encargaban en ese cuartel clandestino de desfigurar los rostros de los detenidos y quemar sus huellas dactilares, utilizando un soplete.
Entre los 150 ex agentes encausados por los casos Colombo y Conferencia, existe un total de 21 oficiales. (Ver lista).
A ello hay que sumar los cerca de 50 procesados por víctimas de la Operación Cóndor, lo que podría hacer crecer la cifra total de encausados por sobre los 165, dado que la mayoría de estos cerca de 50 nombres se repiten en las resoluciones dictadas por Colombo y Conferencia.
La mayoría de los procesados pertenecen al Ejército, pero también hay integrantes de la Fuerza Aérea, Armada, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería.

Hoy viernes debe terminar la maratónica operación para que todos los procesados queden arrestados e ingresados a los distintos lugares de reclusión preventiva, según la institución a la que pertenecen.
En el caso del Ejército, todos deberán quedar detenidos en el Batallón de Policía Militar en la Avenida José Arrieta, en la comuna de Peñalolén

Lista de oficiales (R)
1.- César Manríquez Bravo (coronel Ejército)
2.- Ciro Torré Sáez (crl. Carabineros)
3.- Fernando Lauriani Maturana (brigadier Ej.)
4.- Gerardo Godoy García (tte.crl. Carab.)
5.- Gerardo Urrich González (crl. Ej.)
6.- Jaime Paris Ramos (crl. Ej.)
7.- José Fuentes Torres (crl. Ej.)
8.- Manuel Contreras Sepúlveda (gral. Ej.)
9.- Manuel Carevic Cubillos (crl. Ej.)
10.- Marcelo Moren Brito (crl. Ej.)
11.- Miguel Krassnoff (brig. Ej.)
12.- Orlando Manzo Durán (crl. Gendarmería)
13.- Pedro Espinoza Bravo (brig. Ej.)
14.- Raúl Iturriaga Neumann (gral. Ej.)
15.- Ricardo Lawrence Mires (crl. Carab.)
16.- Sergio Castillo González (crl. Ej.)
17.- Víctor Molina Astete (crl. Ej.)
18.- Víctor San Martín Jiménez (crl. Ej.)
19.- Gladys Calderón Carreño (cap. Ej.)
20.- Federico Chaigneau Sepúlveda (tte. crl. Ej.)
21.- Juan Morales Salgado (crl. Ej.)

Los generales (R) del Ejército de Chile Hermán Brady Roche, Cesar Raúl Benavides Escobar, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Jaime Enrique Lepe, Raúl Eduardo Iturriaga Neuman Orellana; el ex Subsecretario del Interior, Capitán de Navío Enrique Montero Marx; los oficiales Jorge Remigio Rios San Martín; Guillermo Humberto Salinas Torres; Pablo Belmar Labbé; René Patricio Quilhot Palma; Rolf Wenderoth Pozo; Ricardo Lawrence Mires, han sido procesados por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de España por su participación, mediata o inmediata, en el secuestro, tortura y asesinato del diplomático D. Carmelo Soria.

En el Auto de 17 de noviembre de 2009, que próximamente publicará integro EL CLARIN en la sección “Caso Pinochet”, el Juez y el Ministerio Fiscal han aceptado la ampliación de querella formulada el 23 de enero de 2007 por la Fundación Presidente Allende-España y la viuda de D. Carmelo Soria. Estos habían solicitado, asimismo, el procesamiento del Ministro del Interior, Sergio Fernández, y de la Ministra de Justicia, Mónica Madariaga, por haber firmado en 1978 el Decreto de Amnistía en cuya aplicación la Corte Suprema de Chile ha ordenado en 1996 que este crimen no fuera enjuiciado en Chile. El Juez español ha denegado el procesamiento de estos Ministros de la Dictadura “en este momento, por cuanto resulta insuficiente para hacerlo el hecho de que hubiesen firmado el Decreto de Amnistía en 1978 que sirvió para conferir impunidad a los autores, cómplices y encubridores, porque por tal razón también tendrían que serlo los demás miembros del gobierno y todos aquellos que aplicaron la norma posteriormente, máxime después del pronunciamiento sobre tal tipo de normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, y ientras no se acredite una participación diferente en los hechos no puede admitirse a trámite la querella contra estas dos personas”.

El Auto de 17 de noviembre de 2009 acuerda, entre otras Diligencias, poner en conocimiento del Sr. Secretario General de Naciones Unidas, en aplicación del artículo 11 del Convenio sobre prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas de 14 de diciembre de 1973, la admisión de la querella contra los presuntos culpables de la tortura y asesinato de D. Carmelo Soria Espinoza y que en su día se comunicará el resultado final.
 España asume la competencia para enjuiciar este delito en virtud de los principios de jurisdicción universal y de evitar la impunidad, después que la Corte Suprema ha acordado que no puede serlo en Chile, país cuya jurisdicción España considera preferente en virtud del principio de territorialidad.

La Corte Suprema dictó este martes nuevas sentencias en contra de los integrantes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a raíz de la investigación instruida por el secuestro calificado de Ariel Danton Santibáñez, ocurrido en noviembre de 1974.
Los ministros de la Sala Penal del máximo tribunal, en fallo dividido acogieron, las condenas establecidas tras la indagatoria del ministro en visita Juan Eduardo Fuentes Belmar.
Según consta en el fallo se condenó al general y otrora líder del organismo represor de la dictadura militar, general (r) Manuel Contreras, a la pena de tres años de presidio, pero se le concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena; en tanto el coronel en retiro Marcelo Morel Brito y el teniente coronel Ricardo Lawrence fueron condenados también a tres años de cárcel con el beneficio de la remisión condicional.

La "justicia en la medida de lo posible" permite que muchos ex represores, incluso condenados por graves crímenes, circulen en libertad. Es el caso de Ricardo Lawrence Mires, quien concentra varias condenas judiciales pero que está en libertad. En estas semanas incluso ha estado en el Palacio de los Tribunales para asistir a la vista de los alegatos por el secuestro y desaparición de Alfonso Chanfreau.

La "libertad provisional bajo fianza" de Lawrence -uno de los más reconocidos ex agentes de la DINA que tuvo su base de operaciones en Londres 38, Villa Grimaldi, José Domingo Cañas e incluso en el cuartel de exterminio de Simón Bolívar- obedece a una decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, adoptada por una de sus salas de verano. Desde que el ministro Leopoldo Llanos le había impuesto la prisión preventiva en las causas de Villa Grimaldi, los abogados de derechos humanos concurrieron a la Corte de Apelaciones para que este ex represor permaneciera en prisión dado que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad. La Corte, sin embargo, le dio la libertad provisional bajo fianza.

Hace menos de un mes, el ministro Hernán Crisosto volvió a condenar a Lawrence Mires -junto a otros 74 ex agentes de la DINA-, ahora por la desaparición de Jorge Grez Aburto, y le dio una pena de 10 años de prisión efectiva, sin beneficios. Pero la causa ahora inicia su etapa de apelaciones.

Erika Hennings, querellante en la causa por el secuestro y desaparición de su esposo Alfonso Chanfreau, relató así su encuentro con Lawrence:

"Salí muy temprano esta mañana, caminé lento, como normalmente me cuesta hacerlo, sumida en mis reflexiones y emociones, caminando hacia adelante y también queriendo dar pasos hacia atrás, no a las memorias, si no al refugio de mi casita en Ñuñoa, pero mis pasos lentos iban avanzando -paradojalmente- hacia la memoria, hacia la posibilidad de entrar a la sala que haría -que hará!- Justicia (migajas claro…) casi al llegar, el abogado me envía mensaje diciendo que se suspendía nuevamente la causa, quedé detenida a dos pasos de la puerta de entrada, con sentimiento de enojo, de desconcierto, ¿dónde ir?, ¿a la Corte igualmente?, ¿a mi trabajo? Decidí entrar a la Corte, encontré a "mis abogados", pregunté si se encontraba Lawrence, el agente de la DINA, jefe de Grupo Operativo Águila. Solo tenía claro que fotos le debía sacar, mi funa. Me indicaron donde se encontraba, me trataron de persuadir, para no arriesgarme, mi objetivo era claro, se encontraba a unos 50 metros, estaba con Ibarra y Humberto Unda, sendos abogados de todos los agentes de la DINA y otros culpables de las FFAA, caminé decidida, con mi celular como si fuese escribiendo, pero la cámara preparada, y así empecé a sacarle fotos, justo se pusieron de pie, no me detuve, saqué y saqué fotos, lo encontré de frente, se asustó, su cara era de alguien asustado, el abogado me trató de correr, pero seguí sacando fotos. Le dije simplemente: eres muy care raja (:-( ) vino otro abogado, preguntando porque le sacaba fotos, se lo dije.. Unda le dijo a Lawrence: métete a esa sala… me volví donde "mis abogados" temblaba claro, pero espero que los criminales, salvo para declarar, no vuelvan tan impunemente a los Tribunales".

El magistrado Leopoldo Llanos encausó a los ex agentes de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes, en calidad de autores de los homicidios de Pedro Cortés Jelves y Manuel Reyes Garrido y procesó también como encubridor al ex agente de la DINA Ricardo Lawrence Mires.

Según la investigación, Reyes Garrido y Cortés Jelves fueron víctimas de una operación de montaje realizada por la DINA para hacer aparecer como muertos en un enfrentamiento a un total de 6 personas vinculadas al MIR y al Partido Comunista, las que habían sido detenidas y torturadas en el centro de detención de Villa Grimaldi.

Según consta en el fallo, Manuel Lautaro Reyes Garrido, militante del MIR, y Pedro Blas Cortés Jelves, militante del Partido Comunista, fueron ejecutados el 19 de noviembre de 1975. Todo partió el 17 de noviembre de 1975, cuando se produjo un enfrentamiento en calle Biobío en el cual resultó muerto un militar y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno. Al día siguiente, el 18 de noviembre, fueron detenidos en sus domicilios todos los integrantes de la familia Gallardo y conducidos luego hasta el Cuartel de Investigaciones de calle General Mackenna donde fueron interrogados y torturados.

"En la madrugada del 19 de noviembre fueron liberados algunos de los miembros de la familia, a excepción de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, quienes fueron puestos a disposición de la DINA y trasladados hasta el recinto de Villa Grimaldi", señala el fallo.

La resolución agrega: "La madrugada del 19 de noviembre, fue detenida Ester Torres junto a tres de sus hijos, Renato, Mauricio y Francisco Javier Ganga, por agentes de la DINA que buscaban a su hijo mayor Luis Andrés Ganga y fueron llevados a Villa Grimaldi; después de ser torturados e interrogados se obtuvo el dato del paradero de Luis Andrés, quien fue aprehendido momentos más tarde y conducido a ese recinto, donde fue torturado. Testigos que se encontraban detenidos en Villa Grimaldi declaran que esa fue la peor de todas las noches, describen un gran movimiento de autos, escucharon a los agentes pidiendo agua y aceite caliente y gritos de lamento de los torturados. Al otro día se observó en el patio, tirados en el suelo, varios cadáveres y en una pieza a dos mujeres, Catalina y Mónica, en muy malas condiciones físicas".

Ese mismo día, los cadáveres de Mónica Pacheco Sánchez, Catalina Gallardo Moreno, Alberto Gallardo Pacheco, Luis Andrés Gangas Torres, Pedro Blas Cortés Jeldres y Manuel Lautaro Reyes Garrido, "fueron trasladados desde Villa Grimaldi, por personal de la DINA al mando del capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz y del capitán de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, hasta el recinto denominado Rinconada de Maipú, con la finalidad de aparentar un enfrentamiento entre estos detenidos y personal de la DINA".

En la tarde del 19 de noviembre, un comunicado de prensa del Gobierno dio cuenta de "un enfrentamiento" en los cerros de la Rinconada de Maipú, en el que habrían muerto Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, Luis Andrés Ganga y otros dos hombres".
La falsa información fue abordada por los medios de la época quienes la comunicaron en sendas portadas y en noticieros de televisión como hechos reales. Los medios escritos de la época y los noticieros de TVN y Canal 13 daban cuenta de este montaje.

En el caso de la TV, la cobertura tuvo consecuencias a nivel gremial ya que el Tribunal Regional de Ética y Disciplina (TRED) del Consejo Metropolitano (Santiago) del Colegio de Periodistas, determinó en ese tiempo suspender por un año, con censura pública, a Julio López Blanco, Claudio Sánchez Venegas, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán, quienes colaboraron con la dictadura desde sus cargos en Televisión Nacional (TVN), y Canal 13 (en ese tiempo, Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica).

MONTAJE HISTÓRICO
El comunicado emitido por los organismos oficiales señalaba textual: "(…) Hoy 19 de noviembre, a las 12:00 horas en los cerros de Rinconada de Maipú, se registró un violento enfrentamiento a tiros de más de treinta minutos de duración entre las fuerzas de la DINA e Investigaciones y el grupo de extremistas que se parapetó fuertemente armado en ese cerro. Resultando muertos 6 extremistas, huyendo uno de ellos. Al mismo tiempo fueron heridos dos funcionarios de los servicios de inteligencia y seguridad con diagnóstico, uno grave y el otro menos grave. Se ha podido arribar a las siguientes conclusiones, los extremistas muertos son Mónica Pacheco Sánchez alias Myriam, del MIR… casada con Roberto Gallardo Moreno alias Juan, del MIR, quien resultó muerto en el tiroteo registrado en la escuela N° 51 el lunes pasado. Catalina Gallardo Moreno del MIR…. Manuel Lautaro Reyes Garrido, perteneciente al MIR, Alberto Gallardo Pacheco perteneciente al MIR, Luis Andrés Gangas Torres alias Jaime o Lucho Cárcamo del MIR y Pedro Blas Cortés Jeldes del partido comunista, alias 'Marcos'".

"En realidad, se realizó un "montaje" para impedir su descubrimiento, destinado a ocultar los hechos, efectivamente, ocurridos, torturas y muertes de víctimas desvalidas y los efectos utilizados para la comisión de los mismos, existiendo, además, favorecimiento personal, por existir conocimiento de las circunstancias de los ilícitos, para lograr la impunidad de los autores de los mismos, miembros de la DINA", señala el documento judicial.

El ministro en visita Leopoldo Llanos condenó a los ex integrantes del grupo represor Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Ricardo Lawrence Mires, a penas únicas y efectivas de 7 años de presidio; en tanto, Basclay Humberto Zapata Reyes y Orlando Manzo Durán deberán purgar 5 años y un día de presidio, sin beneficios.

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por violaciones a los derechos humanos, Leopoldo Llanos Sagristá, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por la aplicación de tormentos (tortura) a 37 víctimas del caso caratulado como: “Villa Grimaldi”, episodio “María Cristina Chacaltana y otros”, detenidos y trasladados al recinto de clandestino en 1975.

En la resolución, dictada el lunes 12 de enero recién pasado, el ministro Llanos condenó en calidad de autores a los ex agentes de la DINA: Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Moren Brito, Miguel Krassnoff  Martchenko, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Ricardo Lawrence Mires, a penas únicas y efectivas de 7 años de presidio; en tanto, Basclay Humberto Zapata Reyes y Orlando Manzo Durán deberán purgar 5 años y un día de presidio, sin beneficios.

En el aspecto civil, el ministro Leopoldo Llanos acogió, “con costas, las demandas interpuestas por 36 de los actores en contra del fisco de Chile, condenándolo a pagar a cada uno de ellos una indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral, ascendente a la suma de 50 millones de pesos“.

Asimismo, condenó a “Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda y Marcelo Luis Manuel Moren Brito al pago solidario, con el fisco, de 50 millones de pesos a cada uno de los  23 de los demandantes que la solicitaron; y a Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Humberto Zapata Reyes, Fernando Eduardo Lauriani Maturana,Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Lawrence Mires, Orlando Manzo Durán y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo yFrancisco Ferrer al pago del mismo monto respecto de 21 actores”.

Fue detenido en julio de 1974 en la comuna de Macul. Numerosos testigos lo vieron en el centro de tortura y exterminio de Londres 38. Es una de las víctimas de la “Operación Colombo”. La Justicia condenó a 78 ex agentes de la DINA por este crimen contra la humanidad.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Hernán Crisosto, dictó sentencia de primera instancia por el secuestro y desaparición de Miguel Angel Acuña Castillo.
El magistrado estableció que el joven, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en las cercanías de su domicilio ubicado en pasaje Talca N° 2033 de la comuna de Macul, por agentes del Estado pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), entre ellos Osvaldo Romo Mena, alias el Guatón Romo.
Su hermana Rosa Acuña Castillo declaró que su padre trató de subirse a la parte trasera de la camioneta con toldo, en momentos en que se lo llevaban, pero fue golpeado en la boca por uno de los sujetos, cayendo al suelo.
Una semana después del secuestro, Romo fue nuevamente a su domicilio y le dijo que su hermano estaba en buenas condiciones junto a Héctor Garay Hermosilla, también desaparecido. Ambos integraron el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), en el Liceo 7 de Ñuñoa.
El juez Crisosto determinó que los agentes de la DINA“lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado “Yucatán” o “Londres 38″.
Acuña Castillo pertenecía a la estructura de estudiantes secundarios del Grupo Político Militar 3 del MIR (GPM3), orgánica que agrupaba a los militantes de la zona oriente de la capital y que era dirigida por Agustín Reyes González, del cual se perdió para siempre su rastro en Londres 38.
Allí “permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA” y, la última vez que fue visto con vida, “ocurrió un día no determinado del mes de julio o agosto de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha”, señala el fallo de primera instancia.
Reían en Londres 38 junto a Héctor Garay Hermosilla
En el Cuartel “Yucatán” fue visto por Erika Hennings, detenida el 30 de julio de 1974. “Puedo decir que era muy joven, creo que le decían El Pampa, aseveró en el proceso. Escuchó que les pasaban lista diaria dos veces al día a los detenidos. El 31 de Julio de 1974, escuchó el nombre de Miguel Angel Acuña Castillo, quien contestaba presente. Luego no volvió a oir que lo llamaran. “Los sacaron de Londres 38 al igual que otros detenidos entre los que recuerda a María Inés Alvarado”, detenida desaparecida de 21 años.
Hugo Chacaltana Silva detenido el 4 de mayo de 1974, ex alumno del Liceo Manuel de Salas y miembro del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), también lo vio en Londres 38. Relató que en la madrugada del 8 al 9 de Julio de 1974 llegaron Miguel Angel Acuña junto a Héctor Garay Hermosilla a quien decían Titín, los pudo ver por un hueco que se formaba entre la nariz y los pómulos de la venda.
Chacaltana señaló que conoció a Castillo en 1971, cuando ambos eran estudiantes secundarios. Ambos coincidieron en reuniones que se efectuaban en la época entre miembros del FER, consigna el dictamen judicial. Recuerda a “Miguel Ángel como un joven de gran capacidad de liderazgo y mucha resistencia física”.
Dejó de verlo el 11 de septiembre de 1973. Lo volvió a encontrar en Londres 38. Llegó junto a Héctor Garay a la misma habitación en que él permanecía acostado en el suelo. “En ese momento no me dirigí a Miguel Ángel”, por el contrario, se hizo el desentendido respecto de su presencia. “Al día siguiente cuando las colchonetas en que nos recostábamos los detenidos fueron retiradas y reemplazadas por sillas, yo me senté y, a uno de los costados observé que aún permanecían sentados. Le llamó la atención que ambos conversaban y se reían, lo que le hizo pensar que ignoraban la magnitud de lo que les esperaba. Miguel Ángel lo abordó en Londres-38 diciéndole “yo te conozco”.
Su madre supo en la peluquería que su hijo estuvo en Londres 38
León Gómez, detenido el 15 de julio de 1974 y trasladado a Londres 38 vio a Miguel Angel junto a Héctor Garay a quien conocía. Alguien le comentó que entre los detenidos estaba Pampino, lo que corroboró al escucharlo “con sus típicas tallas que le hacía a los guardias, como dando la impresión que lo que estaba sucediendo en el lugar no tenía ninguna importancia. Incluso Titín con Pampino sacaban de sus casillas a los guardias. Eran muy irreverentes”.
David Cuevas Sharon detenido el 04 de mayo de 1974 también testimonió haberlo visto. “El Pampino pese a que evidenciaba maltrato se veía con mucha presencia de ánimo, era muy fuerte físicamente”. Compartió con él a lo menos unos cinco días.
Cuando Cuevas salió en libertad Acuña Castillo quedó prisionero. Su abuela materna tenía una peluquería en Ñuñoa y una de sus clientas era la madre de Miguel Angel. En una conversación “se enteró del problema que tenía con un hijo desaparecido. Ante esto mi abuelita le hizo ir a la peluquería en donde conoció a la madre de Pampino y le contó lo que sabía de él, específicamente el lugar en que había estado preso con él”.
Respecto a los tormentos aplicados a los detenidos en Londres 38, entre ellos Miguel Angel, el ministro Crisosto incorporó declaraciones de Osvaldo Romo, quien manifestó que entre otras torturas, se les aplicaba a los detenidos “el submarino seco, que era taparle la respiración con una bolsa de plástico puesta en la cabeza, a los detenidos, se les ponían los ojos como “huevo frito”, les salía sangre por las narices y por los tímpanos. Después de los interrogatorios y apremios los detenidos quedaban extenuados”.
Otro ex agente, Samuel FuenzalidaDevia precisó al respecto que “el trato general a los prisioneros era mantenerlos con la vista cubierta, no se los dejaba asear, no había camas para que durmieran, la alimentación era escasa y eran sometidos a intensos interrogatorios en los cuales se les aplicaba electricidad, especialmente en los órganos genitales y senos. Otra forma de tortura consistía en mantener sentados a los detenidos en las sillas, atados de pies y manos , mientras se les aplicaba corriente con magnetos, aunque también se les aplicaba corriente eléctrica común, por lo cual se quemaba a esas personas, procedimiento en los cuales falleció mucha gente.”
Eugenio Fieldhouse Chávez sostiene que como funcionario de la Policía de Investigaciones a mediados de junio de 1974 fue destinado a ese organismo represor e indicó que los mismos agentes de la DINA que intervenían en la detención e interrogatorio de los detenidos, una vez obtenida la información que se buscaba, eran los encargados de hacerlos desaparecer”, previa orden de la superioridad de la DINA.
El nombre de Miguel Ángel Acuña Castillo, apareció entre los 119 chilenos de la Operación Colombo, en una lista difundida en la prensa nacional, luego que figurara en publicaciones que aparecieron por una sola vez en Brasil y Argentina, “en la que se daba cuenta que Miguel Ángel Acuña Castillo, había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas”.
Las condenas
“Las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Acuña Castillo tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior”, determinó el juez Crisosto, quien condenó a 78 ex agentes de la DINA por su desaparición.
El magistrado dictó sentencia de 13 años de presidio mayor en su grado medio a Manuel Contreras Sepúlveda; César Manríquez Bravo; Pedro Espinoza; Marcelo Luis Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Iturriaga Neumann.
Asimismo condenó a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo a Gerardo Ernesto Urrich González; Gerardo Ernesto Godoy García; Ricardo Víctor Lawrence Mires; Ciro Ernesto Torré Sáez; Sergio Hernán Castillo González; Manuel Andrés Carevic Cubillos; José Nelson FuentealbaSaldías; Basclay Humberto Zapata Reyes; José Enrique Fuentes Torres; José Mario Friz Esparza; Julio José Hoyos Zegarra; Nelson Alberto Paz Bustamante; Claudio Orlando Orellana de la Pinta; Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar; Gustavo GalvarinoCaruman Soto; Hiro Álvarez Vega; José Alfonso Ojeda Obando; Luis Salvador Villarroel Gutiérrez; Olegario Enrique González Moreno; Orlando Jesús Torrejón Gatica; Rudeslindo Urrutia Jorquera; Alfredo Orlando Moya Tejeda; Carlos Alfonso Sáez Sanhueza; Fernando Enrique Guerra Guajardo; Hernán Patricio Valenzuela Salas; Hugo Rubén Delgado Carrasco; Juan Alfredo Villanueva Alvear; Juan Evaristo Duarte Gallegos; Lautaro Eugenio Díaz Espinoza; Leónides Emiliano Méndez Moreno; Pedro Ariel Araneda Araneda; Rafael De Jesús Riveros Frost; Víctor Manuel Molina Astete; Manuel Rivas Díaz; Hugo del Tránsito Hernández Valle; Juan Ángel Urbina Cáceres; Risiere del Prado Altez España; HermonHelec Alfaro Mundaca y Raúl Juan Rodríguez Ponte.
Como cómplices del secuestro y desaparición del joven de 19 años sentenció a 4 años de presidio menor en su grado máximo a Luis Eduardo Mora Cerda; José Jaime Mora Diocares; Camilo Torres Negrier; Carlos Justo Bermúdez Méndez; Claudio Enrique Pacheco Fernández; Fernando Adrián Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Héctor Raúl Valdebenito Araya; Jaime Humberto Paris Ramos; Jorge Laureano Sagardia Monje; José DorohiHormazabal Rodríguez; José Manuel Sarmiento Sotelo; José Stalin Muñoz Leal; Juvenal Alfonso Piña Garrido; Luis René Torres Méndez; Manuel Antonio Montre Méndez; Máximo Ramón Aliaga Soto; Moisés Paulino Campos Figueroa; Nelson Aquiles Ortiz Vignolo; Nelson Eduardo Iturriaga Cortes; Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo; Reinaldo Alfonso Concha Orellana; Sergio Hernán Castro Andrade; Víctor Manuel de la Cruz San Martin Jiménez; Gustavo Humberto Apablaza Meneses; Héctor Carlos Díaz Cabezas; Jorge Antonio Lepileo Barrios; Oscar Belarmino La Flor Flores; Rufino Espinoza Espinoza; Roberto Hernán Rodríguez Manquel; Víctor Manuel Álvarez Droguett; Héctor Manuel Lira Aravena y Sergio Iván Díaz Lara.
Respecto de Víctor Manuel De la Cruz San Martín Jiménez, por haber caído en demencia, se suspende el cumplimiento de la pena, debiendo en su oportunidad ser entregado bajo fianza de custodia a un familiar.

"Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían ‘chupones’, me pusieron ratas. Creo que estuve en Venda Sexy (recinto secreto de la DINA), me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos daban cáscaras de naranjas. Nos despertaban de noche para perder la noción del tiempo".  (Testimonio de una niña de 16 años, secuestrada en la Región Metropolitana, quien luego fue expulsada del país sin su familia.)

El horror se hizo presente para todos los chilenos. Algunos seguirán diciendo que es mentira, que a los sobrevivientes "les pagaron para hablar contra las Fuerzas Armadas", o por último que "se lo merecían". Pero el país ya supo la verdad y hasta una modelo-animadora quiere "saber los nombres de los torturadores". Esa es la idea de este especial: entregar una parte de la verdad que no tiene por qué esperar 50 años para ser conocida.

Esa es una de las tantas críticas que se hace al Informe sobre Prisión Política y Tortura presentado por Ricardo Lagos, en la noche del domingo 28 de noviembre, a través de un discurso pregrabado para la cadena nacional transmitida antes de comenzar los espacios noticiosos de los canales de televisión. Solo, sin víctimas ni familiares a los que mirar a los ojos, el Presidente de la República cumplía con el ritual de informar a sus conciudadanos. No hubo entrega simbólica del texto, no hubo posibilidad de consultar nada, no hubo reconocimiento de los motivos que llevaron a tantos hombres y mujeres a torturar a sus compatriotas, no hubo crítica certera, no hubo nombres de víctimas ni de victimarios, no se entregaron los antecedentes a la Justicia, como se había hecho luego del Informe Rettig y hasta de la Mesa de Diálogo. 

Reacciones desde el odio

Senadores designados y ex uniformados reaccionaron descartando participación en los delitos. El ex almirante Jorge Martínez Bush exigió un "punto final" para terminar con las "mentiras" contra su institución. El otro ex almirante, Jorge Arancibia, negó rotundamente la posibilidad de "dar de baja" a La Esmeralda, "que sólo puede ser dada de baja en combate" y amenazó: "Yo no puedo comprometerme, ni nadie puede hacerlo, a que algo no ocurra nunca más si no sé qué lo origina". Muchos insistieron en la tesis de Hermógenes Pérez de Arce sobre los infundios sin base contra los uniformados y el "gobierno militar", repetidos en boca de los generales y almirantes en retiro.

El senador designado y ex comandante en jefe de la FACH Ramón Vega apoyó la declaración oficial de su institución y agregó que: "las consecuencias hoy día las estamos lamentando y las estamos investigando, pero una planificación de tortura yo por lo menos jamás la escuché, nunca se analizó, ni en la Academia de Guerra ni en la Escuela de Aviación ni en ninguna escuela de instrucción se escuchó nunca la palabra tortura".

Los senadores Rodolfo Stange y Fernando Cordero, ex generales directores de Carabineros, no aceptaron responsabilidad institucional en las torturas y aseguraron que "no hay motivos para que la policía uniformada pida perdón".

Stange criticó el informe sobre tortura "porque raya en lo inconstitucional, poniendo en tela de juicio a las instituciones y no a las personas. Yo participé en la junta de gobierno, pero no hago un mea culpa porque no me siento responsable de ninguna situación extrema como se está indicando en la comisión del obispo Valech", señaló.

Cordero, por su parte, dijo que habría que "completar la tercera pata de la mesa, porque en este minuto la mesa está coja, hay que hacer el mea culpa por lo que se produjo antes del 11 de septiembre del 73, que fue el causante de todas las situaciones que se produjeron con posterioridad".

El actual Director General, Alberto Cienfuegos, también se mostró lejano a la posibilidad de pedir perdón o asumir institucionalmente la responsabilidad, aunque debería responder sobre cuál fue su función, desde el 25 de marzo de 1974, cuando como teniente fue nombrado en comisión de servicio para desempeñarse como Jefe de la Oficina de Informaciones de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, recordada por mucha gente por su sigla: SENDET.

La UDI, Renovación Nacional y Lavín, apostaron por bajarle el perfil, por mostrarse en profunda conmoción, asegurando incluso que su participación en la dictadura era, justamente, para evitar que se cometieran más atropellos y abrir camino a la democracia. Nadie les creyó. Sergio Fernández continuó tratando de descartar su participación en las violaciones a los derechos humanos, pero su compañera de gabinete Mónica Madariaga aseguró que en los centros clandestinos de tortura los agentes lo conocían como "el car’e jote". Pronto deberá iniciar continuas visitas a tribunales, junto a Sergio Onofre Jarpa, Sergio Diez, Ambrosio Rodríguez, entre tantos, para responder a tanta interrogante que surge sobre sus responsabilidades como autoridades civiles. Una nueva avalancha de querellas por torturas, como las que ya han presentado cientos de ex presos políticos, se anuncia tras la entrega del informe. Fernández Fernández deberá responder, por ejemplo, por que negó a la Justicia la existencia de Villa Grimaldi, como lo demuestra el oficio reservado en que responde el 18 de mayo de 1978 a la pregunta del Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago. 

Exigencias desde las organizaciones

La conjunción de organizaciones de ex presos políticos reaccionó al unísono (ver página 2), las agrupaciones de familiares de las víctimas se sumaron a la denuncia. El Partido Comunista anunció nuevas querellas y agregó que "la principal reparación que esperaba el país es la que dice relación con que ésta fuera proporcional al daño causado. Esto implica verdad y justicia plena para todas las víctimas. Demandamos que en aras de esos principios, el Informe se haga público en su totalidad; que los nombres de los torturadores sean entregados a los tribunales de justicia y se inicien todos los procesos judiciales que se requieran; que sus archivos sean desclasificados en forma inmediata y no en 50 años; que sean removidos inmediatamente de las fuerzas armadas y policiales todos los responsables de torturas y vejámenes; que se termine con la doctrina militar cuya matriz es instaurada por el imperialismo norteamericano, y en la cual son y han sido instruidos sistemáticamente los cuadros militares y policiales chilenos, para reprimir a su propio pueblo".

El tema de la reparación monetaria no fue el centro de la polémica, excepto por el intento de Ricardo Lagos de chantajear a los torturados con la amenaza de tener que sacar dineros de los programas sociales para cancelarles la indemnización.

Desde el CODEPU se hizo otra exigencia: "Así como se van abrir nuevos plazos para reconsiderar la calidad de víctimas de las personas que no calificaron, planteamos que por tratarse de un crimen de lesa humanidad no puede existir un plazo excluyente para la calificación. En este sentido, el Estado debe abrir un nuevo plazo, para nuevas presentaciones de personas que por diversas razones no concurrieron al llamado inicial, más cuando el propio Informe señala que los testimonios recogidos ‘sólo representan una muestra parcial del universo total de personas afectadas por dichas violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar’".

Así, ni el mea culpa que intentaron hacer algunos medios de comunicación, como Canal 13, o el "asombro" de algunos funcionarios de la dictadura como Jorge Hevia, han logrado sacar del centro el tema principal: en Chile se torturó. La tortura fue sistemática y organizada, apoyada con toda la infraestructura del Estado convertido en terrorista; cientos de hombres y mujeres fueron adiestrados para someter a las más terribles vejaciones a otros hombres y mujeres. El uso de ratas y perros para agredir sexualmente a los prisioneros, la electricidad en los rincones más delicados de sus cuerpos, los simulacros de fusilamiento, la abstinencia de comida por largos períodos y muchas otra aberraciones, fueron cometidas en contra de quienes consideraban "enemigos", "humanoides" en el decir de uno de los integrantes de la Junta Militar. Lo otro que ha sido claro es que los sobrevivientes han tenido el coraje y la dignidad para relatar lo que sufrieron, para transformarlo en esperanza y ganas de seguir insistiendo en la necesidad de transformar este país, para continuar luchando por hacer realidad los sueños de aquellos que no pudieron acudir a dar su testimonio: los ejecutados y detenidos desaparecidos.

DINA: La mano de Pinochet

"Siempre cumplí (…) conforme a las órdenes que el señor Presidente de la República me daba. Solamente él, como Autoridad Superior de la DINA, podía disponer y ordenar las misiones que se ejecutaran y siempre, en mi calidad de Delegado del Presidente y Director Ejecutivo de la DINA, cumplí estrictamente lo que se me ordenó". (Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA).

En los procesos contra la DINA, mirando la lista de encausados y condenados, pareciera que los únicos que la conformaron eran unos pocos mandos encabezados por su director Juan Manuel Contreras Sepúlveda, de alias "Mamo" y "Mojón". Siempre aparecen Pedro Octavio Espinoza Bravo, alias "Don Rodrigo"; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, alias "Don Elías" y "Luis Gutiérrez"; Miguel Krassnoff Martchenko, alias "caballo loco"; y los operativos Gerardo Godoy García, Basclay Zapata Reyes y Osvaldo Romo Mena. Pero los torturadores fueron muchos más.

Brigada Caupolicán

Mayor Marcelo Luis Manuel Moren Brito, jefe de Brigada Caupolicán. Alias "coronta", "ronco" y "oso".

Teniente Coronel Vianel Valdivieso Cervantes, alias "Víctor". Jefe del Departamento de Operaciones Psicológicas. Mantenía contacto con los periodistas que ejercían servicios para la DINA, como Roberto Araya, Julio López Blanco, Claudio Sánchez, Pablo Honorato, Ricardo Coya y Beatriz Undurraga, y el publicista Manfredo Mayol. Pasó a retiro en 1987 y se instaló en Temuco con una empresa privada.

Capitán de Corbeta Sergio José Peñaloza Marusic, agente operativo.

Capitán de Corbeta Alejandro Paulino Campos Rehbein, alias "Antolín". C.I. 3.704.573-K. Agente operativo. Luego se integra a la Subdirección de Inteligencia Exterior.

Capitán Francisco Maximiliano Ferrer Lima. Alias "Max Lenoux". Jefe del centro clandestino de torturas conocido como José Domingo Cañas, reemplazando a Ciro Torré. Socio de "Pedro Diet Lobos" e instructor de la Escuela Nacional de Inteligencia impartiendo los cursos de "servicio secreto y observación". Continuó su labor en la CNI y se mantuvo en servicio activo, al menos, hasta principios de los 90 con el grado de coronel.

Teniente Fernando Eduardo Laureani Maturana, alias "teniente Pablo". Agente Brigada Caupolicán y jefe del grupo Aguila, conocido como "los guatones". Hasta principios de los 90 continuaba en servicio activo, con el grado de coronel, como Jefe de Estado Mayor de la 3ª División de Ejército en Concepción.

Teniente de Carabineros Jaime Gustavo López Abarca, agente de Londres 38 y Cuatro Alamos. C.I. 1.822.793-2. Involucrado en la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo.

Cabo de Carabineros Emilio Hernán Troncoso Vivallos. C.I. 4.236.940-3. Involucrado en las desapariciones de Juan Bautista y Washington Maturana Pérez, Mario Juica Vega, Gabriel Castillo y Daniel Palma Robledo.

Cabo de Carabineros Heriberto del Carmen Acevedo Acevedo.

Teniente de Ejército Jorge Claudio Andrade Gómez, C.I. 5.293.833-3. En los primeros días del golpe participa en la masacre del complejo maderero Panguipulli. Actúa bajo el mando directo de Krassnoff en el cuartel Terranova (Villa Grimaldi). En agosto de 1979, ya en la CNI, participó en la aplicación de las torturas que causaron la muerte del profesor Federico Alvarez Santibáñez. En 1991 era mayor en la Guarnición General Metropolitana y miembro del DINE.

Cabo de Carabineros José Aravena Ruiz, alias "muñeca del diablo" y "cucharita", este último sobrenombre se lo pusieron los prisioneros pues acostumbraba golpearles los nudillos de las manos con una cuchara después de la tortura. Fue funado en diciembre de 1999 en su casa de Alfonso Leng 5569-0, en la Villa Santa Elena de Macul, sitio que abandonó poco después.

Conscripto del Ejército Samuel Enrique Fuenzalida Devia, alias "gato".

Emilio Iribarren Ledermann, alias "Joel". Pasó de militante del MIR a ser agente de la DINA.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias "Barba". Pasó de militante del MIR a ser agente, primero del Comando Conjunto y luego de la DINA. Por estos días está siendo procesado en varios casos de torturas y desapariciones.

Capitán de Carabineros Egladio Salgado Torres, agente destinado al Cuartel General de Belgrano, pero también con funciones operativas en secuestros y torturas en Villa Grimaldi. En 1980 retornó a su institución, integrándose a la DICAR. Pasó a retiro con el grado de coronel.

Sergio Bernardino Ortega Parada, alias "gil culiao".

Capitán de corbeta Sergio José Peñaloza Marusic. C.I. 4.782.486-9. Agente operativo de la DINA hasta su disolución.

Cabo de Carabineros José Avelino Yévenes Vergara, alias "Quico" o "Daniel Cáceres". Integrante del grupo Halcón II, con labores de torturador en Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Al finalizar la DINA pasó a la CNI y luego al DINE. Fue funado en su casa de Calle B 5266, Villa San Luis de Macul, comuna de Peñalolén.

Brigada Purén

Capitán de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena, Jefe de Brigada Purén. C.I. 5.454.077-1. El 11 de septiembre se desempeñaba en la Escuela de Infantería de San Bernardo participando en las ejecuciones y desapariciones Paine y Cerro Chena. Continuó su labor en la CNI. Tras el fin de la dictadura se radicó en Talca, donde tiene una empresa que provee de forraje y granos al Ejército.

Coronel de Ejército Manuel Andrés Carevic Cubillos, alias "Raúl" y "Claudio". Segundo en el mando de la Brigada Purén. Continuó su labor en la CNI y, en 1989, fue designado Jefe de Plaza en el distrito de La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipú. Hasta principios de los 90 formó parte del DINE con el grado de coronel.

Mayor de Carabineros Eduardo Víctor Espinoza Paiella. C.I. 3.662.969-K. Agente del Departamento Economía. Pasó a retiro junto con Manuel Contreras.

Capitán Carabineros Germán Jorge Barriga Muñoz, alias "Don Jaime". C.I. 5.060.938-3. Integrante de la Brigada Purén y luego de la CNI. Con el grado de coronel, Barriga cumplía en 1991 funciones en la Dirección Nacional de Movilización. Fue funado en su domicilio de Irarrázaval 2061, departamento 105, lugar que abandonó presurosamente. Hoy es jefe de seguridad de los supermercados Lider.

Teniente Manuel Abraham Vásquez Chahuán, alias "teniente Manuel". C.I. 5.090.309-K. Responsable en las desapariciones y ejecuciones de Paine y Cerro Chena. Continuó en la CNI y en 1989 fue designado comandante del Batallón Logístico de Concepción.

Cabo de Ejército Basclay Humberto Zapata Reyes, alias "el troglo". Con fama de ser muy cruel en las torturas y violar a las mujeres detenidas. Procesado por múltiples casos de desaparición, ejecuciones y torturas. Hasta principios de los 90 se mantuvo como instructor en la Escuela de Suboficiales "Daniel Rebolledo" y con labores operativas en el DINE.

Oficial de Carabineros Gerardo Urrich González, alias "mano negra". Instructor en Tejas Verdes. Responsable de una serie de ejecuciones en el sector conocido como Barrancas, hoy mayoritariamente comuna de Pudahuel. Fue funado en su oficina de "Servicios de Seguridad Alcázar", ubicada en Ahumada 236, oficina 408.

Teniente de Ejército Manuel Jorge Provis Carrasco. Como integrante de la Escuela de Infantería de San Bernardo participó en los crímenes de Paine y Cerro Chena. Continuó en tareas represivas y fue comandante del cuartel de la CNI de calle Borgoño, participando en la Operación Albania. A fines de 1989 regresa de un viaje profesional que hace a Israel. Hasta 1991 era teniente coronel en la Brigada de inteligencia del Ejército.

Teniente de Ejército Marco Antonio Sáez Saavedra. C.I. 5.795.624-0. Especialista en la represión al Partido Comunista y Partido Socialista. En 1991 era teniente coronel y desempeñaba sus labores en la Dirección de Operaciones del Ejército. Cuñado del mayor de la CNI Joaquín Molina, asesinado por Manuel Contreras Valdebenito.

Teniente de Ejército Manuel Rolando Mosqueira Jarpa.

Detective Manuel Gregorio Chirinos Ramírez.

Detective Jorge Lander Cabezas.

Detective Francisco Aladino Caamaño Díaz.

Detective Arturo Patricio Vargas Cid.

Inspector de Investigaciones Juan Saldías Valdés, alias "Harry el sucio".

Inspector de Investigaciones Risiere del Prado Altes España, alias "Pedro".

Otros mandos y agentes

Teniente Coronel de Ejército Jerónimo Luzberto Pantoja Hernández, Subdirector de la DINA y la CNI. C.I. 2.095.044-7. Responsable de la masacre de Chihuío como vicecomandante del Regimiento Maturana de Valdivia. En 1990 fue arrestado por su participación en la financiera ilegal conocida como "La Cutufa".

Teniente Coronel de Ejército Alberto Elissalde Muller, Encargado Departamento de Economía. C.I. 3.118.465-7. Como encargado de la Subdirección de Personal paga los salarios de los agentes a través de las empresas de fachada "Villar y Reyes" y "Elissalde y Poblete". Al menos hasta fines de los 90 vivió en uno de sus extensos predios en la zona sur del país.

Mayor Carlos Rafael Parera Silva, Alias "Luis Gutiérrez", C.I. 3.090.193-2. Jefe Departamento Exterior (sucesor de Iturriaga Neumann). En 1973 era Segundo Comandante de Boinas Negras en Peldehue. Cuando se disolvió la DINA se reincorporó al Ejercito y fue destinado como Comandante del Regimiento Dolores, Director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, y en 1985 agregado militar en Francia. En el gobierno de Patricio Aylwin fue Agregado Militar en la embajada chilena en Sudáfrica.

Andrés Terrise Castro. Agente del Departamento de Operaciones Sicológicas, donde cumplía funciones de encubrimiento de crímenes y preparación de campañas de propaganda. Continuó en la CNI y el DINE como agente civil. Hoy aparece como empresario de una firma de publicidad con sede en la Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Mayor Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, jefe de Villa Grimaldi. C.I. 3.870.222-K. Era el jefe y amante de Luz Arce. En 1985 fue agregado militar en la República Federal Alemana, pasando a retiro en 1987 para irse al sur, donde muchos altos jerarcas de la DINA tienen extensas zonas de tierra.

Mayor Julio Cerda Carrasco, Jefe de Seguridad del Cuartel Central (Belgrano). Responsable de desapariciones y ejecuciones en el Cerro Chena. Pasó a retiro en diciembre de 2002 como Comandante en Jefe de la IV División del Ejército.

Capitán de Ejército Eugenio Armando Videla Valdebenito, agente operativo. C.I. 4.209.466-8. Participó en los cursos de Tejas Verdes antes de pertenecer a la DINA. Fue director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y gobernador de San Antonio. En servicio activo hasta principios de los 90, llegó a integrar el Estado Mayor del Ejército.

Teniente de Ejército Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, C.I. 3.704.546-2. Agente Departamento Exterior. En 1973 se desempeñaba en el comando de aviación y fue uno de los pilotos que acompaño al sur y norte del país al General Arellano Stark, en la "Caravana de la Muerte". El año 1974 pasó a formar parte de la DINA. Funado en su domicilio en Avenida El Bosque Norte y su trabajo en la empresa minera Kvaerner-Chile, de origen holandés.

Teniente Ricardo Víctor Lawrence Mires, 5.392.869-2, Jefe Brigada Halcón 1. Alias "cachete grande". Procesado por numerosos casos de secuestros, ejecuciones y torturas, entre ellos la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo que se encontraba en avanzado estado de embarazo. Fue funado en Tabancura 1382, su lugar de trabajo en la distribuidora de camarones "Kamaron Bay", donde usa el alias de "Ricardo Flores" en su contacto con dueños de numerosos restaurantes de Santiago.

Teniente de Carabineros Emilio Patricio Sajuria Alvear, socio de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos. C.I. 5.122.525-2. Funado en Telefónica, donde se desempeñaba en su Departamento Jurídico. Hoy ejerce como abogado de empresas turísticas.

Subteniente de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Jefe Grupo de Apoyo Tucán y Jefe de la Venda Sexy. Alias "cachete chico". Hasta marzo de 1991, con el grado de mayor, era jefe de la comisaría de Ancud. Después de esa fecha fue trasladado a Santiago. Hoy condenado por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, debiendo ser trasladado a Punta Peuco II, aunque aún se le ve por su casa de La Reina.

Oficial de Carabineros Gerardo Alejandro Aravena Longa, agente operativo. C.I. 4.567.685-4. Involucrado en la ejecución de cinco prisioneros políticos en Cuesta Barriga y en la desaparición de José Guillermo Barrera. Al terminar la DINA pasó a la CNI y en 1985 volvió a Carabineros, pasando a retiro como comandante. Hoy es Gerente General de Radio Santiago.

Oficial de Ejército Mario Alejandro Jara Seguel. C.I. 3.319.824-8. Jefe del cuartel de la DINA en la IV Región, con asiento en Coquimbo. En otro momento estuvo al mando de la brigada que operaba en Rocas de Santo Domingo. Amigo personal de Manuel Contreras. Adquirió una parcela entre Coquimbo y La Serena en la que viviría con su ex secretaria, de nombre Nancy. 

Comando Conjunto

El terrorismo desde la FACH

El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión a la denominada Fuerza Central del MIR, y a los comités centrales del Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70.

El CC estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad. 

Los inicios en la AGA

Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus torturadores, entre otros, a los generales Orlando Gutiérrez Bravo y Juan Soler Manfredini; los comandantes Sergio Lizasoaín Mitrano, Edgar Cevallos Jones, Jaime Lavín Fariña, Carlos Godoy Avendaño, Juan Bautista González, Ramón Cáceres Jorquera y Humberto Velásquez Estay; el coronel y médico FACH Humberto Berg Fontecilla; los coroneles Sergio Sanhueza López y Javier Lopetegui Torres; los capitanes León Duffey Treskoff (quien llegó hasta general al interior de la FACH), Alberto Waschtendorf, Juan Carlos Sandoval, Alvaro Gutiérrez (residiendo actualmente en Melipilla), Jaime Lemus, Víctor Mattig Guzmán, Florencio Dublé, Contreras y Hernán Fucshlogher (jefe de guardia permanente); el abogado Julio Tapia Falk (cerebro del consejo de guerra y asesor principal del general Leigh. Rector designado en la U. de Chile, abogado de Manuel Contreras cuando intentó refugiarse en el Hospital Naval de Talcahuano y, últimamente, querellante en contra de la obra "Arturo Prat". Trabaja en su estudio privado de abogado en la comuna de Providencia, en calle Santa Magdalena), los asesores legales Cristián Rodríguez, Jaime Cruzat Corvera (que tiene su oficina en pleno Paseo Huérfanos) y Víctor Barahona; los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, José García Huidobro, Franklin Bello y Gonzalo Pérez Canto; el sargento Hugo "chuncho" Lizana, el suboficial Juan Normabuena, el cabo Eduardo Cartagena y el cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre). 

Los más siniestros

Sergio Manuel Barra Von Kretschmann (C.I. 1.614.559-9), jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia (José Antonio Ríos 6). Capitán de fragata al momento del golpe de Estado, parte de la dirección de la DINA en 1974 y subdirector en 1975. En 1976 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal y del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira por el ministro Cerda.

Freddy Enrique Ruiz Bunger, general (r) de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, por el secuestro de Víctor Vega y la desaparición y muerte de Juan Luis Rivera Matus. También por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana, Ricardo Weibel, Alonso Gahona Chávez y Miguel Rodríguez Gallardo, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Velasco.

Mario H. Vivero Avila, general (r) de la FACH, juez de Aviación y comandante de la guarnición de Santiago en 1976. Procesado como encubridor de la asociación ilícita y de la desaparición de Víctor Vega.

Edgar Benjamín Cevallos Jones, coronel (r) de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aérea y jefe de Roberto Fuentes Morrison en el CC. Alias "Inspector Cabezas". C.I. 2.895.236-8. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, y por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante (r) de la FACH. Vicecomandante del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina en el que funcionó el centro de tortura "Remo Cero". Procesado como autor de asociación ilícita criminal, del secuestro de Víctor Vega y Juan Luis Rivera Matus.

Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, teniente (r) de la Armada (C.I. 4.638.149-1). Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, alias "Lalo". C.I. 5.083.760. Suboficial (r) de la FACH. Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la disolución de este organismo pasó a integrar el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA). Su último domicilio conocido es Del Rey 394, Maipú, donde fue denunciado por la Comisión FUNA. Lo más probable es que esté viviendo en la zona del litoral central.

Miguel Arturo Estay Reyno, alias "El Fanta". C.I. 6.446.545-7. Ex militante comunista, pasó de delator a agente tras ser detenido en 1975 por miembros del Comando Conjunto.

Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibáñez, hoy cumple condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales comunistas y es procesado por la desaparición de Víctor Vega.

César Luis Palma Ramírez, alias "El Fifo". C.I. 6.387.372-1. Como militante de Patria y Libertad participa en numerosos atentados terroristas contra el gobierno de la UP, fue detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum. Amigo de Fuentes Morrison, quien lo lleva al CC, pasa a ser su mano derecha en la ejecución de las tareas represivas. Su última dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias "El Barba". C.I. 5.521.250-3. Ex militante del MIR, agente. Acusado por numerosos sobrevivientes de haber participado en su detención y tortura en la Academia de Guerra Aérea. Luego pasaría a integrar la brigada que se dedicó a reprimir al MIR en la DINA. Procesado por torturas y secuestro permanente en, al menos, dos juzgados de Santiago. Su último domicilio conocido es Las Hualtatas 4966, fono 2633546, Vitacura.

Roberto Alfonso Flores Cisterna, alias "El Huaso". C.I. 7.767.975-8. Soldado (R) de la FACH. El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aérea El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. En 1975 pasa a formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparación de decenas de militantes comunistas. Hasta mediados de los ‘90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñándose en el rubro del comercio. Su último domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo.

Otto Silvio Trujillo Miranda, agente civil, alias "Colmillo Blanco" en reportaje de La Nación. C.I. 5.684.434-1. Militante DC en su juventud, luego se incorporó a Patria y Libertad donde conoce al "Wally", quien lo llevaría al CC. Participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda hasta su expulsión por el incidente con la DINA. Tras una larga permanencia en el Hospital Penitenciario se le ha visto circular por la comuna de La Florida.

Guillermo Antonio Urra Carrasco, alias "Willy". C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo (R) de la FACH. Agente operativo del CC desde su formalización en 1975. Fue procesado por el juez Carlos Cerda por su participación en el secuestro, torturas y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Según testigos directos es responsable de la ejecución de prisioneros en el Cajón del Maipo (entre ellos José Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al mar de otros, frente a las costas de Quinteros.. Su última dirección conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes.

Fernando Patricio Zúñiga Canales, Alias "Chirola". C.I. 5.974.807-6. Suboficial (R) de la FACH. Como soldado de la Base Aérea de El Bosque, el 11 de septiembre de 1973, participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Perteneció al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los ‘90.Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolívar 1298, San Bernardo.

Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, teniete de reserva FACH, proveniente de

Patria y Libertad. Alias "Kiko" o "Elefantito" (C.I. 5.890.505-4). Procesado

como autor autor de asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de

Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.

Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario (r) de la Policía de Investigaciones.

Alias "El Zambra". Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal.

Pedro Ernesto Caamaño Medina, Suboficial (r) de la FACH. Alias "Peter"

(C.I. 7.024.319-9). Agente operativo en el centro de torturas "La Firma".

Procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega.

Participa en el secuestro de José Weibel y decenas de militantes de las

Juventudes Comunistas. Su último domicilio conocido es José Miguel

Carrera 424, departamento 702, Santiago Centro, lugar donde fue

denunciado ante sus vecinos por la Comisión FUNA.

Alejandro Fígari Verdugo, alias Luty, proveniente de Patria y Libertad,

segundo al mando en el equipo de detención, luego de "Fifo" Palma (según Otto Trujillo). C.I. 6.693.227-3.

Alex Damián Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh,

Fernando Matthei y Ramón Vega. Alias "Loco Alex" (C.I. 6.243.426-7). Agente

operativo del Comando Conjunto.

Juan Arturo Chávez Sandoval, cabo (r) de la FACH. Alias "Peque", "Rucio" o

"Pol". C.I. 6.476.141-2. Torturador en el AGA y operativo del CC. Procesado

por el secuestro de Víctor Vega.

Raúl Horacio González Fernández, funcionario (r) de la FACH. Alias

"Rodrigo"o "Wally Chico". C.I. 6.519.815-0. Testigos afirman que participó en la detención de José Weibel. Funado en Puerto Montt, en octubre de 2002, frente a la empresa de radio taxis Volcanes ubicada en calle Doctor Marín 459, teléfonos 313131 y 313989, desde la que ofrecía servicios a los diarios El Mercurio y El Llanquihue, y a la filial local de la Coca-Cola. Procesado como cómplice de la detención ilegal de Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen.

Antonio Benedicto Quiros Reyes, C.I. 3.189.349-6. Coronel (r) de la FACH y

jefe del Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado

por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Andrés Pablo Potin Lailhacar, agente civil del CC. Alias "Yerko". C.I.

5.390.709-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbún como participante del secuestro de Víctor Vega. Figura como empresario en el rubro computacional con una oficina en Américo Vespucio Norte 2506.

Robinson Alfonso Suazo Jaque, soldado (r) de la FACH. Alias "Jonathan". C.I. 7.641.894-2. Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Pedro Juan Zambrano Uribe, funcionario de la Fach. Alias "Chino". C.I. 6.969.320-2. Procesado por el ministro Hazbún como autor del secuestro de Víctor Vega.

Franklin Bello Calderón, teniente (r) de la FACH, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Otros torturadores del Comando Conjunto

Miguel Angel Perucca López, reservista de la FACH.

Víctor Misael Robles Mella, oficial (r) de la FACH.

Luis Eduardo Rojas Campillay, funcionario de la FACH.

Patricio Eugenio Saavedra Rojas, comandante (r) de la FACH.

Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, 5.934.129-4.

Alberto Roque Badilla Grillo, C.I. 5.164.080-2.

Tito Alejandro Figarí Verdugo, C.I. 6.693.227-3.

Angel Gabriel Valdivia Pérez, C.I. 3.277.893-3.

Lénin Figueroa Sánchez, C.I. 4.633.329-2.

Enrique Augusto Werner Haase, 4.086.322-2.

Santiago Segundo San Martín Riquelme, C.I. 4.530.448-5.

Angel Segundo Valdivia Pérez, C.I. 3.996.083-4.

José Florentino Fuentes Castro, C.I. 5.340.552-5.

Francisco Hidalgo García, 2.633.797-6.

Francisco Segundo Illanes Miranda, C.I. 4.294.918-3.

Ernesto Arturo Lobos Gálvez, C.I. 5.082.345-8.

Jorge Aníbal Osses Novoa, C.I. 4.818.025-6.

Los médicos: Rompiendo el Juramento de Hipócrates

"Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento… Llevaré adelante este régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa… Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro…". Parte del Juramento Hipocrático

Darwin Arriagada.Médico, dirigente del Colegio Médico de Chile en 1973.

Fue nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud. Participó en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a presos políticos.

Entregó a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados.

Camilo Azar Saba. Médico de la CNI. Fue suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI. Implicado en caso de Federico Alvarez Santibáñez.

Guillermo Aranda. Médico de Punta Arenas, Cardiólogo. Aplicó sus conocimientos para la tortura de presos en esta ciudad.

Alejandro Babaich Schmith. Director Hospital "Cirujano Guzmán" de Punta Arenas. Asesor en torturas contra prisioneros políticos.

Gregorio Burgos. Médico del Regimiento de Los Angeles. Asesoró a agentes de la DINA en buscar formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Víctor Carcuro Correa. Médico de la CNI. Este doctor fue suspendido de sus derechos en el Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena, en octubre de 1984.

Raúl Díaz Doll. Médico, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud. Integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

Guido Mario Félix Díaz Paci. Medico del Ejército y de la CNI. Oficial de sanidad militar del Ejército que participa de los hechos que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena. Las causas de la muerte de Fernández López fueron las torturas sufridas en el cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984.

Cuando Mario Fernández debió ser trasladado al Hospital de La Serena, Díaz Paci mintió a los doctores de turno del Hospital, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido. Una vez fallecido Fernández, el médico y agente CNI intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso. Por todas estas razones Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico. En 1974 participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción aseguró que la mujer se había dinamitado.

José María Fuentealba Suazo.Médico del Ejército. El 27 de octubre de 1973 José Fuentealba participa en la comitiva que viaja a Río Mayo, en Argentina, para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería argentina cuando escaparon en busca de refugio político. La comitiva iba al mando del Capitán Joaquín Molina Fuenzalida (asesinado por el hijo de Manuel Contreras) y también la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, pero nunca llegaron a destino. En abril del 2002, el juez del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, Luis Sepúlveda, sometió a proceso a Fuentealba Suazo y al suboficial (R) de Carabineros Evaldo Reidlich Hains.

Alejandro Jorge Forero Alvarez. Cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K.

Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del Comando Conjunto, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer.

Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura. Por estos días ha vuelto a ser requerido en nuevos procesos del Comando Conjunto.

Werner Gálvez. Médico pediatra, Coronel de Sanidad en Iquique. A comienzos del régimen militar aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios en esta ciudad.

Fernando Jara de la Maza. Médico traumatólogo de Valdivia. En los días posteriores al golpe militar participó directamente en la aplicación de tortura a detenidos.

Manfred Jurgensen Caesar. Médico de la CNI. Este médico, a la vez agente de la CNI, fue expulsado del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles clandestinos de este organismo represivo. Implicado en muerte de Federico Alvarez Santibáñez.

Luis Losada Fuenzalida. Médico de la CNI. También fue expulsado del Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez. Una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez, torturado en agosto de 1979 durante siete días en cuarteles secretos de la CNI en Santiago, firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas.

Minoletti. Médico de Carabineros, provincia de Concepción.

Asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende los certificados por muerte natural para encubrir los crímenes.

Vittorio Orvieto Teplizky. Médico del Ejército. Cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de Tejas Verdes. También participa en la Brigada de Salubridad de la DINA como director de la Clínica Santa Lucía.

América González Figueroa. Contratada en dictadura para ejercer funciones en el Servicio Médico Legal, donde falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos. Entre los casos en que está implicada aparecen la muerte a causa de torturas de Carlos Godoy Echegoyen, que hizo aparecer como "muerte súbita", el asesinato de Cecilia Magni Camino, afirmando que se habría ahogado y ocultando los vestigios de tortura en su cuerpo, y el crimen del dirigente estudiantil DC Mario Martínez, que apareció en las costas de las Rocas de Santo Domingo luego de que fuera secuestrado en Santiago. Otro "servicio a la patria" fue su participación en los exámenes que culminaron con el fraude de la demencia de Pinochet. En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de Tanatología y directora subrogante del servicio. El 21 de diciembre de 2000, poco después de que se comprobara su responsabilidad en la entrega equivocada de los cuerpos de tres jóvenes quemados al interior de la Cárcel de San Miguel, recibió una anotación de mérito en su hoja de vida firmada por el ministro de Justicia José Antonio Gómez, militante radical.

Jorge León Alessandrini. Dentista, agente civil de la DINE, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro.

Osvaldo Leyton Bahamondes. Médico de la DINA. Implicado en la muerte por torturas de Manuel Leyton Robles, agente de la DINA que fue asesinado por sus "colegas" al verse involucrado públicamente en el robo de una renoleta, trabajo encargado por su superior Germán Barriga Muñoz. El doctor Leyton Bahamondes firmó un certificado en el que el agente aparece como fallecido a causa de una crisis epiléptica y arritmia cardiaca en Almirante Barroso 76, ubicación de la clínica clandestina London.

Bernardo Pulto. Medico radiólogo de Melipilla. Junto al Fiscal militar de Melipilla tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a prisioneros.

Luis Hernán Santibáñez Santelices. Médico DINA. Integrante de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London (Almirante Barroso). Implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés.

Hernán Horacio Taricco Lavín. Médico DINA. Jefe de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London. Implicado en la muerte del agente DINA Manuel Jesús Leyton Robles.

Hernán Twane. Psicólogo que aplicó Pentotal Sódico a los prisioneros para que éstos fueran interrogados por el Servicio de Investigaciones. Mantiene una consulta compartida en las inmediaciones del edificio Diego Portales.

Werner Zanghellini Martínez. Director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976. Es acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia a Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido. Fue funado en su clínica particular de Galvarino Gallardo 1983, Providencia, y al día siguiente se cambió a una oficina cercana perteneciente a un familiar.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz. Médico de la Brigada de Salubridad de la DINA, con labores en la clínica clandestina Santa Lucía, que continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI. Marcia Merino dice haberlo visto en publicidad de café y financieras.

Brigada de Salubridad de la DINA. Compuesta entre otros por los doctores Vittorio Orvietto, Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure.

Sus direcciones actuales

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago.

Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299. Su última dirección conocida es Américo Vespucio Norte 1303, departamento 71, Vitacura. Teléfono 2069147.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago. Su última dirección conocida es Tupungato 10.279, Vitacura. Teléfono 2154768.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 450 8563. Su última dirección conocida es en Tabancura 1278, teléfonos 2433425 y 2433444.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. Atiende público en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. Ex presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual. Atiende en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405. Su última dirección conocida es Los Ranchos 8763, Vitacura, teléfono 3262178.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

Consulta particular Hernando de Aguirre 194, oficina 301.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116. Su última dirección conocida es Camino La brisa 14.199-2, Lo Barnechea. Teléfono 2161253. Registro de Colegio Médico 9580-K

Guido Díaz Paci, Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes. Mantiene consulta particular en esta ciudad.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo. Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576. Su última dirección conocida es Echeñique 8801-B (interior). Teléfonos 3265277 – 3265294

Vitorio Orvieto Tiplizki, Oftalmólogo. Atiende en los centros Integramedica de Maipú, Av. Pajaritos 1605, teléfono 6366500, y en el de Plaza Oeste, ubicado en Américo Vespucio 1501, Cerrillos, teléfono 6367200.

Luis Santibáñez Santelices, Broncopulmonar. Atiende en Integramedica Las Condes, ubicada en el mall Alto Las Condes, Av. Kennedy 9001, tercer piso. Teléfono 6796500.

El "escalafón femenino" de la tortura

Junto a los torturadores consumados, entre los agentes más crueles en la sala de torturas aparecen las mujeres que se pusieron al servicio del terror. Un número muy importante estuvo en labores administrativas que permitieron el funcionamiento de los aparatos represivos, pero también las hubo en funciones operativas directas, en secuestros, torturas, ejecuciones y desaparición de prisioneros. Esta es una muestra.

El importante caso del secuestro de Miguel Angel Sandoval se une al conocido como "de los 119", por el número de quienes se intentó hacer aparecer como muertos en riñas internas en Argentina en la denominada "Operación Colombo". Testigos del secuestro de Sandoval relatan haberlo visto en Villa Grimaldi hasta el 10 de febrero de 1975, día en que es sacado junto a María Isabel Joui Petersen, María Teresa Eltit Contreras, Renato Sepúlveda Guajardo, Jorge Herrera Jofré y Claudio Silva Peralta, todos desaparecidos.

El testimonio de María Isabel Matamala entrega otro dato: fue detenida por Osvaldo Romo y llevada a Villa Grimaldi, torturada durante 15 días por el mismo Romo y Basclay Zapata, e interrogada por Moren, Krassnoff, Laureani, Ricardo Lawrence, Ferrer y una mujer apodada "la comandante", cuyo nombre era Rosa Humilde Ramos.

Las torturadoras de la DINA

La sobreviviente María Salinas Farfán señala que vio a muchos detenidos que hoy están desaparecidos y que, entre los agentes, puede reconocer a Romo, Laureani, Krassnoff, Moren Brito, Luz Arce, Marcia Merino y Alicia Gómez (María Alicia Uribe Gómez), "la Carola".

Osvaldo Romo reconoce que entre los torturadores de Villa Grimaldi estaban César Manríquez, Wenderot y Palmira Almuna. Basclay Zapata, alias "el Troglo", declara que "en 1975 se casó con Teresa Osorio Navarro, también funcionaria del organismo" y que salía junto a Luz Arce a "porotear" en un vehículo por las calles de Santiago. Teresa Osorio dice haber "ingresado como empleada civil de la Armada en 1974, siendo destinada a trabajar en la DINA, en el cuartel de Villa Grimaldi, como secretaria de Krassnoff. Supo que los agentes de la DINA estaban divididos en grupos, denominados ‘Halcón’, ‘Purén’, ‘Aguila’ y otros, llamándose ‘Caupolicán’ el conjunto de éstos. Reitera sus dichos en careo con Eugenio Fieldhouse (también agente), insistiendo que ella no salía a detener".

Fieldhouse, proveniente de Investigaciones, admite que entre los agentes de Villa Grimaldi se encontraban Teresa Osorio, Rosa Humilde Ramos y Palmira Almuna. Mientras que el sobreviviente Raúl Flores Castillo relata que fue detenido "por sujetos armados, uno de los cuales se identificó como Osvaldo Romo, lo subieron a un vehículo en el que había más personas, una mujer a la que le decían ‘la negra’ (Teresa Osorio) y un sujeto al que llamaban ‘el Troglo’".

Si bien muchas de las mujeres que pertenecieron a la DINA realizaron labores administrativas, existe un equipo que ha sido catalogado por los sobrevivientes como "las más sádicas y crueles". Entre ellas destacó la subteniente de Carabineros Ingrid Felicitas Olderock Oelckers, quien fuera instructora de torturadores ya en la escuela inicial de Tejas Verdes. Como integrante de la Brigada Purén fue adiestradora de los perros usados en las vejaciones sexuales cometidas contra hombres y mujeres en el cuartel secreto "Venda Sexy".

También subteniente de Carabineros, Palmira Isabel Almuna Guzmán, alias "la Pepa", fue integrante de la Brigada Purén y torturadora en José Domingo Cañas bajo las órdenes de Ciro Torré Sáez, posteriormente trabajó bajo las órdenes de Pedro Espinoza Bravo. Era la encargada de seleccionar e instruir a futuras agentes, que eran infiltradas como mujeres frívolas y bonitas en diversos ámbitos de relevancia política nacional. Pasó a la CNI y en 1985 retornó a Carabineros, desempeñándose en un centro correccional de menores en Iquique con el grado de comandante del escalafón femenino. Fue denunciada en su casa de Luis Beltrán 1000, en Pudahuel, el 31 de mayo de 2003, luego de lo cual no se le ha vuelto a ver por el barrio, probablemente viviría en Iquique.

Nélida Gutiérrez Rivera fue secretaria privada y amante de Manuel Contreras. Luego de la detención de su jefe, continuó como su secretaria a media jornada en las oficinas que éste tenía en la calle Ricardo Lyon, el resto del tiempo lo dedicaba a su Boutique "Mané" (Manuel y Nélida) en el caracol de Lyon y Providencia. Si bien no se conoce con certeza el rol que cumplió Viviana Pincetti Barra, que aparece recibiendo sueldos de la DINA y es hija de Osvaldo Pincetti Gac, alias "charla", su padre la llevaba de "visita" a Villa Grimaldi y otros cuarteles del organismo represivo.

Variados testimonios hablan del terrible rol que cumplió Marcia Alejandra Evelyn Merino Vega, alias "la flaca Alejandra", como agente tras ser militante del MIR. Por estos días vive en una zona insular de Chile, desde la que viaja a Santiago para prestar declaraciones en los diversos juicios contra la DINA.

Otra mujer convertida en agente fue Luz Arce Sandoval, quien pasó de militante del PS a la DINA. Sobrevivientes la recuerdan presente en las sesiones de tortura en Villa Grimaldi, Londres 38 y Cuatro Alamos. Continuó su trabajo en la CNI y en 1990 se puso a disposición de los tribunales para declarar en casos de desaparecidos. Hoy vive fuera de Chile y retorna circunstancialmente para aportar datos en procesos judiciales.

María Alicia Uribe Gómez, alias "Carola", de militante del MIR pasó a ser agente de la DINA, luego de la CNI y después de 1990 fue integrada al DINE. Junto a otras colaboradoras efectuaban verdaderos "desfiles de moda" con la ropa de prisioneras asesinadas en los cuarteles de la DINA. Fue vista en Villa Grimaldi, Cuatro Alamos y José Domingo Cañas.

Como "la comandante" era conocida Rosa Humilde Ramos Hernández, torturadora en José Domingo Cañas y Villa Grimaldi e integrante de la Agrupación Aguila de la Brigada Caupolicán. Su recuerdo es imborrable entre los sobrevivientes por su apariencia masculina y el sadismo que aplicaba en las torturas. Cruel es también María Teresa Osorio, alias "Soledad" o "la negra", esposa de Basclay Zapata.

En la Brigada Purén, dedicada a la represión del PS, el PC y la DC, aparecen con funciones la detective Ximena San Juan, Elsa del Tránsito Lagos Salazar, Francisca del Carmen Cerda Galleguillos y Nancy Edulia Vásquez Torrejón, alias "Pelusa".

En la Agrupación Halcón II de la Brigada Caupolicán, grupo que participó en el enfrentamiento con Miguel Enríquez, estaba María Gabriela Ordenes, alias "Marisol", a quien se vio presente en sesiones de tortura.

Agentes en funciones administrativas eran Mirtha Espinoza Caamaño, secretaria de la DINA, que trabajó bajo el mando de Augusto Deitchler en la Subdirección de Inteligencia Interior. María Gabriela Coll Webar, secretaria del staff del Cuartel General. Marta Smock Teixido, secretaria del staff del Cuartel General en la Subdirección de Inteligencia Económica. Sandra Montecinos Sepúlveda, secretaria del staff del Cuartel General. Eliana Quilodrán, alias "Ely", agente de la Dirección de Operaciones que actuaba bajo el mando de Pedro Espinoza Bravo en la sección de Educación e Informática. Teresa Aburto, secretaria de la Sección C-2, que continuó trabajando en la CNI y luego en el DINE. Enriqueta Salazar Contreras, secretaria de la Subdirección de Inteligencia Interior con labores directas con Rolf Wenderoth y que luego sería integrada a Carabineros.

Maribel Maringue Moya, secretaria del Subdirector tras la salida de Wenderoth, y que posteriormente continúa cumpliendo funciones en la dirección de la CNI.

También aparecen Ana María Rubio de la Cruz, alias "Carmen Gutiérrez", Suboficial del Ejército y secretaria de la Subdirección de Inteligencia Exterior, implicada en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa. María Eliana Moncada Prieto, secretaria de la Subdirección de Inteligencia Exterior, que luego se integra al Departamento de Contrainteligencia. Sara Aguila Márquez, asistente social de la Subdirección de Personal.

Carmen Avila Ferrada, Secretaria de Arturo Ureta Siré en la Subdirección de Inteligencia Exterior, posteriormente pasa a cumplir el mismo cargo en la CNI, bajo el mando del Coronel Suau. Alejandra Damián Serrano, que utilizaba el alias "Roxana", era secretaria de Michel Townley.

La enfermera María Eliana Bolumburú Taboada (Bolumburó según la lista de "Elissalde y Poblete") integró la Brigada de Salubridad de la DINA, trabajando en las clínicas clandestinas junto a varios médicos que asesoraban las torturas. El último dato de su paradero la ubicaba trabajando en una empresa farmoquímica de la calle Ejército y viviendo en una villa de Maipú.

La chica del Comando Conjunto

Parece que la única mujer del Comando Conjunto es la famosa Pochi, a quien se le vio vestida de uniforme escolar preguntando por personas que luego serían secuestradas. También estuvo activa en las torturas que se le infligieron a decenas de prisioneros en los centros clandestinos de tortura conocidos como Nido 20 y Nido 18.

Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, fue soldado (r) de la FACH, con destinación a la DIFA y al Comando Conjunto. Esposa del general Patricio Campos Montecinos, Director General de Aeronáutica Civil hasta la denuncia realizada por el diario La Nación. Procesada en dictadura por el ministro Cerda como autora de asociación ilícita criminal y cómplice de la desaparición de Reinalda Pereira y Edrás Pinto, amnistiada por el juez Manuel Silva Ibáñez. Por estos días sigue siendo involucrada en los procesos que se llevan contra el Comando Conjunto.

Por Julio Oliva García

Ricardo Lawrence Mires, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), se entregó este viernes al OS-9 de Carabineros, luego de permanecer cinco años prófugo.

El ex comandante de Carabineros está condenado por diversos crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, entre ellos, la desaparición de Víctor Chanfreau, y el homicidio de Alejandro de la Barra y Ana María Puga, militantes del MIR.

“Vengo a entregarme”, habrían sido las palabras de Lawrence Mires al llegar al OS-9 de Ñuñoa.

Esta misma tarde, el ministro Jaime Balmaceda ordenó cumplir a Lawrence una condena de 10 años y un día por la desaparición de Miguel Acuña Castillo, militante del MIR detenido el 8 de julio de 1974.

El ex uniformado se encuentra, desde ya, en la Cárcel de Colina 1.

Tras cinco años de vivir prófugo de la ley, Ricardo Lawrence Mires se entregó a la justicia en dependencias del Departamento de Organizaciones Criminales (OS9) de Carabineros de Chile. Su entrega cierra un capítulo de su terrorífica historia, pero reabre la interrogante sobre cómo pudo burlar por tantos años a sus persecutores y quienes integraron la red que le brindó apoyo. 

Lawrence Mires, ex oficial de Carabineros, es uno de los fundadores de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), participando en varias de sus unidades de cacería, tortura y exterminio y desempeñándose en a los menos tres cuarteles secretos, entre ellos Villa Grimaldi. Uno de los crímenes de los cuales es responsable y el  que más llama la atención de la prensa en estos momentos es el secuestro, tortura y desaparición del estudiante de filosofía Alfonso Chanfreau, abuelo de Víctor Chanfreau, actual vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), organización que lidera la lucha de los secundarios en contra del sistema de selección universitaria. 

Pero el secuestro y desaparición del estudiante de filosofía no es el único crimen asociado a la figura del ‘teniente Cachete grande’. También le cabe responsabilidad en la tortura y asesinato de la dirigenta del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Lumi Videla, cuyo cadáver fue lanzado al interior de la Embajada de Italia en noviembre de 1974, en la desaparición del esposo de Videla, Sergio Pérez, en el montaje y asesinato de la familia Gallardo en Rinconada de Maipú y en el asesinato del funcionario internacional chileno-español Carmelo Soria. También el torturador está involucrado en el caso denominado ‘Calle Conferencia’ desde donde son secuestrados y desaparecidos los dirigentes comunistas Mario Zamorano Donoso, Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Donato Avendaño, Elisa Escobar Cepeda, Fernando Lara Rojas, Lenin Díaz Silva, Marcelo Concha Bascuñán, Víctor Díaz López, Eliana Espinoza Fernández y César Cerda Cuevas.

El prontuario de Lawrence suma al menos un centenar de crímenes y es viva expresión de la impunidad que ha rodeado a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico militar. El ex oficial de Carabineros, luego de su paso por la DINA, continuó ascendiendo en su institución y jubiló en 1990 con el grado de teniente coronel. En abril de 2001 fue detectado trabajando como ejecutivo de una empresa de distribución de camarones, en la cual operaba bajo el nombre de ‘Ricardo Flores’.

Hasta ahora se desconocen las razones que lo impulsaron a entregarse a la justicia, abandonando la vida clandestina que llevó por cinco años. Tampoco se conocen los nombres de las personas que se coludieron para protegerlo y causar un enorme daño a los familiares de sus víctimas y al conjunto de la sociedad chilena, ayudando a burlar a la justicia a  un sujeto tan siniestro.

Más de 400 personas, el sábado 28 de abril, se dieron cita en Av. Las  Condes con Tabancura para "funar" al teniente coronel (r) Ricardo Víctor Lawrence Mires (cédula de identidad 5.392.869-2), uno de los jefes de la DINA. La marcha de la Funa se inició luego de un emotivo homenaje a Carlos Cid, miembro de la Comisión Funa, fallecido en un accidente automovilístico hace algunas semanas. La amplia presencia policial – patrullas, motos, micros de Fuerzas Especiales y agentes civiles.- se debió a que en el sector apaciblemente viven "altos mandos" de la DINA y la CNI, como Gerardo Urrich González (agente de la Brigada de Inteligencia Metropolitana y de la Brigada Purén) y el general (r) Odlanier Mena Salinas (Director de la CNI). La distribuidora de camarones "Kamaron Bay S.A." – donde "trabaja" Lawrence- mantenía también esa "protección policial", además, el frontis y una luminaria de publicidad estaban burdamente tapados con cartones, y un letrero de "cerrado" que cubría la puerta. En el interior del inmueble, en La Empresa "Kamaron Bay" se ubica en Tabancura 1382, teléfono 2170551, fax 2173223, y su actual gerente Rodrigo Izquierdo del Villar -que postula a director en el Club de la Unión- es hijo de Vicente Izquierdo Besa -actual director de éste- y sobrino de político derechista Arturo Alessandri Besa. Otras sucursales de la empresa están en Alameda 1146, sector A, Of. 602 y Pío XI 1290, en Vitacura.

Vecinos -de los numerosos negocios del sector- informaron que en el interior se encontraba desde temprano el gerente y el propio Lawrence. Una cuidada performance llena de sentimiento simuló las torturas que Lawrence infligió adecenas de detenidos, luego se leyó el "prontuario". La marcha continuó por el tranquilo vecindario, entregando volantes a negocios, automovilistas, vecinos, y transeúntes, custodiada en todo momento por Carabineros.

Lawrence se moviliza en furgones Citröen verde oscuro de la empresa, y en un Lada Blanco de su propiedad. Trató de abrir una sucursal en Puerto Varas y Frutillar, hace algunos años. Se le veía asiduamente en el Club Alemán donde hacía "negocios". Tiene una parcela en Talagante, en sitios otorgados por Carabineros, y un departamento en el barrio Esperanza, en Santiago Centro, entre otros. Distribuye camarones ecuatorianos, presentándose en algunos restaurantes -donde desconocen su pasado en la DINA- como "Ricardo Flores", atendiendo otros ligados a ex "compañeros de su antiguo oficio". Atiende, entre otros, al Club de la Unión y Club de Golf Los Leones -sus mejores clientes-, Le Due Torri en Providencia y Santiago Centro, La Cava, El Galindo, Como Agua para Chocolate, La Muñeca Brava – de la familia Arqueros-, San Frutoso, Ibis -donde "cenaron" los Comandantes en Jefe hace algunos meses-, El otro sitio, Ají Verde, Venezia, Borde Río,

Hotel Sheraton, Hotel Hyatt, Gioggia, Aquí está Coco -del chef "Coco" Pacheco- Luego de la Funa, algunos "clientes" del barrio Bellavista, encabezados por el restauran El Galindo, dejaron de comprar a la distribuidora cerca de 20 millones de pesos mensuales. En el Club de la Unión también existe conmoción por la denuncia, que fue difundida por CNN, entre otros medios internacionales.

EL PRONTUARIO DE UN TORTURADOR

Lawrence Mires, alias "Roberto" o "teniente Cachete grande", fue oficial de las FF.EE de Carabineros y durante la UP integró el Grupo Móvil. Actuó en torturas y fusilamientos en el Estadio Nacional. Pasó a la DINA, llegando a ser jefe del grupo "Halcón", dependiente de la Brigada "Caupolicán", ejerciendo funciones en los centros de detención y tortura de Londres 38 ("Yucatán"), Villa Grimaldi ("Terranova"), José Domingo Cañas ("Ollagüe") y Venecia 1722 en Independencia, del que fue jefe, y donde funcionó, además, una clínica. Lawrence ayudó a constituir la empresa de fachada "Pedro Diet Lobos" que financió a la DINA. Fue condecorado por el dictador Pinochet con la "medalla al valor" por su participación en el asesinato de Miguel Enríquez, en octubre de 1974. Fue Comisario de la 1ra Comisaría, y en 1988, de la 3ra Comisaría. En 1989 se le trasladó a Los Andes, siendo dado de baja en 1990 por el general (r) -actual senador UDI- Rodolfo Stange.

Junto con Krassnoff Martchenko, Lawrence es uno de los más siniestros personajes de la DINA. Según testimonios "sus subalternos lo consideraban cruel, pues sólo suspendía la tortura a un detenido cuando éste sufría un paro cardíaco o se desmayaba. Sobrevivientes recuerdan que a una detenida que había sufrido más de cuatro horas de parrillazos, le puso un pedazo de sandía por delante. Todos sabían que si lo ingería le provocaría un estallido de sus vísceras". La ex agente de la DINA Luz Arce asegura que fue él quien, bajo amenaza de muerte, la "obligó a colaborar".

Lawrence está involucrado en el secuestro, tortura, muerte y desaparición de cientos de chilenos, entre ellos el dirigente del MIR Alfonso Chanfreau (23), detenido en julio de 1974; la militante del MIR Lumi Videla (26), que murió a causa de las torturas, y fue luego arrojada a la Embajada de Italia; María Cristina López Stewart (21), militante del MIR, detenida en septiembre de 1974, desaparecida hasta hoy; Carmelo Soria, funcionario internacional español, en julio de 1976. El cadáver de Soria, fue encontrado junto a su automóvil en el canal El Carmen. Testigos afirman que "Lawrence llegó a visitar a Wenderoth. Entró mofándose y diciendo: ‘despachamos al compadre’. Señaló que le habían metido una botella entera de pisco y después ‘lo metimos en el auto y lo despachamos’. Agregó que alguien se subió al lado del detenido en el auto y cuando este cobró cierta velocidad el acompañante se lanzó y el auto siguió camino hasta chocar y desbarrancar".

VENECIA Y CONFERENCIA

En enero de 1975, en un operativo en el que participaron "Caupolicán" y "Purén", con apoyo de helicópteros de la Fach y el Ejército, cuyo objetivo era detener a los dirigentes del MIR Dagoberto Pérez Vargas y Nelson Gutiérrez, la DINA tomó posesión del inmueble de calle Venecia. Lawrence era jefe de ese "cuartel" cuando, en 1977, un joven enfermo mental fue reiteradamente violado por un agente de la DlNA. El "escándalo" obligó a la DINA a abandonar ese lugar.

Actualmente Ricardo Lawrence está procesado por el secuestro y desaparición de la dirección clandestina del Partido Comunista, detenida en "la ratonera" de calle Conferencia. Hasta hoy se encuentran desaparecidos, producto de este operativo de la DINA: Mario Zamorano Donoso, Víctor Díaz López, Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Elisa Escobar Cepeda, Eliana Espinoza Fernández, Fernando Lara Rojas, Jaime Donato Avendaño, Lenín Díaz Silva, César Cerda Cuevas y Marcelo Concha Bascuñan.

Vinculado a este operativo se encuentra la detención y desaparición de Bernardo Araya Zuleta y María Flores Barraza, quienes fueron vistos en el "cuartel" Venecia.

Por este proceso, que sustancia el juez Guzmán, en enero la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones le concedió la libertad a Lawrence, fijándole fianza de un millón de pesos.

IZQUIERDO VILLAR

Los Camarones de la familia Izquierdo. Luego de la Funa al ex agente de la DINA, Ricardo Víctor Lawrence Mires (teniente "Cachete Grande"), en la empresa distribuidora de camarones Kamaron Bay S.A -de propiedad de la familia Izquierdo-, algunos "funeros" fueron blanco de e-mails y llamadas telefónicas amenazantes: "Ustedes han hecho mucho daño… Ahora nos toca a nosotros", dice uno de los mensajes firmados con un acróstico de nombres formando la sigla "DINA".

No es primera vez que la "Comisión Funa" recibe amenazas. En mayo de 2000 las enviaron luego de la "funa" al ex agente de la DINA, Miguel Krassnoff Martchenko, actual gerente del Hotel Militar, ubicado en Avenida Providencia 219, y recientemente procesado por el juez Guzmán en el caso "Villa Grimaldi" por su responsabilidad en once secuestro, un homicidio, y "asociación ilícita".

Las amenazas no resultan sospechosas porque ex miembros de la DINA, sobre todo de la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), continúan en "contacto", incluso haciendo "vida social", visitándose en parcelas de su propiedad en las afueras de la ciudad. El propio Ricardo Lawrence tiene una en Talagante, en terrenos otorgados por Carabineros, donde, además, es vecino del ex general director y senador designado Fernando Cordero Rusque. Lawrence Mires es visitado a menudo por el coronel (r) de ejército Marcelo Morén Brito -entre otras, procesado por los crímenes de la Caravana de la Muerte y Calle Conferencia-, y el ex agente de la Brigada Purén de la DINA, Gerardo Urrich González, quien se jacta de ser experto en computación. Ricardo Lawrence continúa trabajando en Kamaron Bay – ubicada en Tabancura 1382- aunque, según propietarios de negocios vecinos, "después de la Funa, es raro que se le vea… casi no viene".

La familia Izquierdo enfrentó serios problemas con exclusivos restaurantes y clientes que desconocían el pasado de su "distribuidor", quien se presentaba como "Ricardo Flores". Algunos dejaron de adquirir camarones y mariscos, más que nada por evitar el escándalo. Existen otros, como el Casino de Suboficiales de La Reina -ubicado en Alvaro Casanova 311 A- y el Casino de Suboficiales -de Avenida Campos de Deportes 680-, que facturan para Kamaron Bay entre 3 y 4 millones mensuales, de los cuales Lawrence recibe una excelente "comisión".

La pérdida de clientes no fue el único problema. Rodrigo Izquierdo del Villar -actual gerente de Kamaron Bay- postulaba al directorio del Club de la Unión, del que era miembro hasta hace poco su padre, Vicente Izquierdo Besa, y su tío Arturo Alessandri Besa. Izquierdo hijo era "candidato seguro", sin embargo, luego de la Funa comenzaron sus problemas.

La denuncia publicada en medios extranjeros como CNN, impactaron a los "electores del Club", que prefirieron -en su mayoría- "excluir" a Izquierdo, para no tener problemas o arriesgarse a posibles "funas". Fuentes del Club informan que miembros cercanos a la Concertación estaban "consternados con la denuncia". Incluso exigieron que Izquierdo fuera "eliminado de la elección". Sin embargo, la mayoría prefirió solucionar el impasse no votando por él, y así prevenir cualquier bochorno futuro. Se sacó a relucir un antiguo proceso en Fiscalías Militares contra Izquierdo por "porte de armas", en el que fue defendido por el abogado y socio de su padre, Luis Mackenna Shiell, ex ministro de Hacienda en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, gerente general y presidente del Banco Central.

Con el reciente fallecimiento del latifundista y político derechista Domingo Durán -que ocurrió, según su hijo, en "extrañas circunstancias"-, el Club de la Unión deberá llenar la vacante dejada, a la que una vez más postulará Rodrigo Izquierdo del Villar, quien en la lección anterior obtuvo el último lugar.

 Por Arnaldo Pérez Guerra

La Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó a penas de 20 años de presidio a los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) los ex oficiales de ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, Carlos José Leonardo López Tapia, Rolf Arnold Wenderoth Pozo, Juan Hernán Morales Salgado y al ex oficial de carabineros Ricardo Víctor Lawrence Mires, por su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio calificados del ex diputado comunista Vicente Atencio Cortez, ilícitos perpetrado, el primero, a contar del 11 de agosto de 1976, y el segundo entre fines de agosto de 1976 y marzo de 1984.

En fallo unánime (causa rol 26.637-2016), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm- rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia que condenó a los ex agentes de la DINA.

El fallo ratifica la resolución de primera instancia del ministro en visita Leopoldo Llanos, que estableció que el ex parlamentario fue secuestrado y permaneció detenido en los centros de detención clandestina de Villa Grimaldi y Simón Bolívar. Posteriormente, fue inhumado ilegalmente en un recinto militar de Colina, lugar donde sus restos fueron encontrados en 1990. Al respecto la resolución señala:

«I.- El centro clandestino de detención denominado «Cuartel Terranova» o «Villa Grimaldi», ubicado en Avenida José Arrieta N° 8200 de la comuna de Peñalolén de la Región Metropolitana, fue uno de los recintos de la DINA que concentró el mayor número de detenidos. Operaba en este recinto clandestino de detención un grupo de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quienes, con conocimiento del Director del organismo y del Presidente de la Junta de Gobierno y ostentando diversos grados de jerarquía en el mando, ordenaron algunos y ejecutaron otros capturas de personas militantes o afines a partidos políticos o movimientos de izquierda, a quienes encerraban, ilegítimamente, en el lugar, doblegándolos bajo tormento físico, de variada índole, con el objeto de obligarlos a entregar información sobre otras personas de la izquierda política para aprehenderlas.
Los primeros detenidos llegaron a mediados de 1974. En enero de 1975 «Villa Grimaldi» pasó a convertirse en el centro de operaciones de la Brigada de Inteligencia Metropolitana que ejercía represión interna en Santiago. A «Villa Grimaldi» se llevaba a los detenidos para sus primeros interrogatorios y se les aplicaba distintas formas de tortura; también se recluía allí a los prisioneros a quienes ya se les había interrogado y torturado, por largos periodos, a la espera de la decisión sobre su suerte. Se les mantenía ininterrumpidamente vendados, con deficientes condiciones higiénicas y escaso alimento. Los lugares más característicos donde se mantenía a los prisioneros eran los siguientes: «La Torre,» «Casas Chile», «Casas Corvi».

II.- El Cuartel «SIM"N BOLÍVAR», ubicado en calle Simón Bolívar N°8630, comuna de La Reina, era un recinto en que operaba la brigada denominada «Lautaro». Esta brigada era dirigida por el Mayor de Ejército Juan Morales Salgado, bajo la estricta supervisión del Director de la DINA Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, quien, además, era su calificador directo. Se simulaba las actividades de este grupo como de «seguridad» del Director de la DINA y de su familia, en circunstancias que su verdadera función era reprimir a integrantes del diferentes partidos políticos contrarios al Gobierno de la época. Entre los meses de mayo y junio del año 1976 las agrupaciones del Capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz, conocido como «don Silvio» y del Oficial de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, alias «don Julio», las que a esa fecha se habían unido a fin de reprimir al Partido Comunista, se trasladaron al cuartel «Simón Bolívar» a fin de cumplir determinadas funciones, manteniendo su calidad de jefe del cuartel el Mayor Juan Morales Salgado, quien además era superior jerárquico de ambos.

III. Vicente Atencio Cortez, casado, cuatro hijos, dirigente sindical y ex diputado de la República y Alcalde de Arica, dirigente del Partido Comunista, fue detenido el 11 de agosto de 1976 en horas de la mañana, por agentes de la DINA y trasladado hasta la Villa Grimaldi, lugar donde se le vio por varios detenidos. Sus restos fueron encontrados el 21 de marzo de 1990 en una fosa clandestina, junto a los restos de otras dos personas, en el sector ubicado en el fundo «Las Tórtolas» de Colina, terrenos que fueron propiedad del Ejército hasta 1980 (sic);

Que, dicha descripción fáctica antes descrita, se calificó como constitutiva de los delitos de secuestro calificado, que contempla el artículo 141 incisos 1º y 4º del Código Penal; de homicidio calificado, contemplado en el artículo 391 N°1 del Código Penal, cometido con alevosía y premeditación conocida, y del delito de inhumación ilegal, previsto y sancionado en el artículo 320 del Código Penal. Adicionalmente a dicha calificación jurídica, acorde a las normas que contempla nuestro ordenamiento jurídico interno, por establecerse que ellos fueron cometido en un contexto de ataque sistemático o generalizado en contra de la población civil, como lo fundamenta la sentencia de primer grado, se determinó que constituyen crímenes de lesa humanidad, por atentar contra normas ius cogens del Derecho Internacional Humanitario, y por lo mismo, sometidos a dicho estatuto jurídico internacional», consigna el fallo.

Recordemos que Ricardo Lawrence Mires es uno de los tantos agentes de los aparatos criminales de la dictadura que se encuentran prófugos de la justicia luego de haber sido condenados en otras causas por delitos de lesa humanidad; habría que señalar que se declaran curiosamente prófugos de la justicia pero siguen recibiendo sus sueldos de las instituciones uniformadas del estado, lo que deja de manifiesto que la existencia de redes de protección de criminales es una política institucional, amparada por los tribunales y sospechosamente tolerada por los gobernantes.

Jorgelino Vergara, más conocido como “El Mocito” de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), mantuvo silencio durante 30 años hasta que la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) dio con su paradero, en la búsqueda del asesino material del secretario general del Partido Comunista, Víctor Díaz.

En el afán por defender su inocencia, “El Mocito” rompió el pacto de silencio y terminó relatando los macabros episodios de los que fue testigo y también protagonista, desde que a los 16 años llegó a la casa de Manuel Contreras para realizar labores domésticas y luego pasó al cuartel Simón Bolívar, único centro de exterminio de la dictadura conocido hasta ahora gracias a sus declaraciones.

Las confesiones de Jorgelino Vergara al juez Víctor Montiglio facilitaron el procesamiento de 120 agentes de la DINA en 2007, el avance de varios casos de violaciones a los derechos humanos y ahora causan revuelo: primero como parte del documental de Marcela Said y Jean de Certeau, “El Mocito”, y luego como relato conductor del libro “La danza de los cuervos. El Destino final de los detenidos desaparecidos” (Ceibo Ediciones), del periodista Javier Rebolledo.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, Rebolledo se refirió a varios de los capítulos de su investigación que han causado impacto en el país, tanto por la crudeza de sus narraciones como por la denuncia de varios hechos hasta ahora desconocidos.

Javier, ¿te sorprendió la entrevista que dio Jorgelino en la televisión? ¿Lo conversaron? ¿Qué te pareció?
No lo hemos comentado. Yo terminé mi trabajo periodístico con el libro y ahí quedé, pero parece que fue una buena entrevista, porque le preguntaron las cosas fundamentales que quedan abiertas dentro del libro, que podría haber sido un agente y podría haber participado en crímenes de personas. Ese  fue el momento más alto de la entrevista, cuando se lo preguntan tres veces y él responde tres veces lo mismo que había contestado en el libro: “Podría haber sucedido”. Tuvo momentos muy altos, cuando él también dice que no se arrepiente de nada. Fue también duro, duro escucharlo y generó mucha resistencia en el mundo de derechos humanos, quizás con algo de razón. Yo creo que para la gente fue trascendental, porque es un personaje que, en el libro se cuenta, además de haber entregado muchos datos, es muy complejo, despierta por un lado odios y, por otro lado, algo de aceptación debido a su colaboración con las causas de derechos humanos.

“Cuando comenzaron a atrasarse los sueldos, él y otros civiles pidieron explicaciones al encargado de la plana mayor del cuartel. En ese momento era el Viejo Sagardia. Tomó el teléfono delante de ellos y habló con la secretaria de Boxer y Asper. Le decía a ella que por favor le pidiera los sueldos a Don Ricardo Claro (…) El comentario generalizado era ese: Claro los salvaba con dinero, aportes, todo el tiempo” (Capítulo  VIII Cuervos, halcones y águilas)

Uno de los episodios de tu libro que ha causado más revuelo es la colaboración del fallecido empresario Ricardo Claro con la policía secreta de Pinochet ¿qué relación establece Jorgelino con Claro como financista de la DINA?
Él lo reconoce, primero, como una persona que se juntaba con Manuel Contreras, que era su patrón. Que era un hombre multimillonario, que alguna vez vio en la Casa de Piedra, pero como una persona cercana a la familia y como financista de la DINA siempre. Y después, cuando ya él trabaja dentro de la Brigada Lautaro, como buen asistente de mozo, él sabe quién le paga el sueldo, independiente de que no lo vea. Uno sabe quién le da de comer, sobre todo, una persona que ha tenido tantas dificultades para alimentarse y para vivir en toda su vida. Él no tiene ninguna duda de que es Ricardo Claro la persona que le paga el sueldo. En el libro se explica un poco después que hay otro agente que también dice que Claro era financista de la DINA, como dato complementario a lo que Jorgelino señala. Además, Jorgelino, dice que todos los agentes del cuartel sabían que el empresario era el financista, porque llamaban por teléfono a la secretaria para decirle que le pidiera las platas a Ricardo Claro, no era un secreto para ninguno de los que trabajan ahí.

“En el casino les dieron la orden: desde muy temprano debían acudir a las municipalidades de Santiago y votar SÍ (…) Todos fueron en esa ocasión con su documentación verdadera, nada de chapas. Al llegar al primer lugar ingresaron inmediatamente, nadie les pidió que se pusieran en la fila, nada. Los vocales debían haber estado al tanto porque nadie, pero nadie se les interpuso en ese momento. Todos votaron y volvieron a partir. En la siguiente comuna repitieron lo mismo… “(Capítulo XXVIII La Desmemoria)

Mucho se ha comentado también sobre el fraude de la CNI en el plebiscito de 1980 que devela “La danza de los cuervos” ¿cómo te relata este episodio Jorgelino Vergara?
Jorgelino, junto con su brigada, que ya no era la Brigada Lautaro, porque cuando el Cuartel Simón Bolívar se cierra los Delfines se van a al Cuartel Borgoño y una gran parte de los Lautaro se van al Cuartel Loyola y ahí ya pasan a ser CNI. A ellos, en el año 1980, les dan la orden, el jefe del cuartel, entiendo que es Ernesto Ureta Perlas, de acudir a votar en masa a todas las comunas de Santiago. Votan dos veces, hacen todo el recorrido una vez antes de almuerzo, después almuerzan y se repiten el recorrido de todas las comunas de Santiago votando. En este trabajo no solo estaba esta brigada donde estaba Jorgelino, él se encontró con muchos otros agentes realizando la misma labor. Coincidían en los espacios, se cruzaban con gente de otros cuarteles. Eso es lo que uno califica como fraude, por eso Jorgelino dice que para el plebiscito hizo trampa, hicieron trampa.

“Ella estaba sobre la parrilla con los ojos cubiertos por una venda. Giraba la “gigí”, dale que dale; Barriga y Lawrence observando, haciendo preguntas, golpeándola con todo lo que tenían a mano. Por favor, que la mataran, gritaba ella. Estaba hecha pedazos. Así no podría tener a su hijo, no iba a poder nacer con el daño que ella tenía en todo su cuerpo. Estaba segura. Así que, “por favor, mátenme” (…) Y Barriga y Lawrence comenzaron a reír fuerte. “Estaba pidiendo huevadas”. Lawrence fue hasta una cocinita al lado de la oficina. Y volvió con una sartén grande. Comenzó a golpearla en la cabeza, con violencia, una y otra vez. La estaban haciendo papilla” (Capítulo XXV Pidiendo huevadas)

Cuando presentaste el libro, comentaste que una de las reflexiones que te habían surgido luego de escribir sobre el Cuartel Simón Bolívar fue que nadie puede soportar la tortura y, en ese sentido, tampoco hay héroes ni traidores. Cuéntame un poco de eso…
El ser humano no está hecho para soportar la tortura. La tortura está pensada, establecida para quebrar al ser humano y, desde ese punto de vista, el ingenio humano ha sido eficiente, han sabido crear métodos de tortura que otros seres humanos no son capaces de soportar. En algunos casos se hacían transfusiones de sangre para que el detenido no se muriera, no estamos hablando de actos heroicos, donde el detenido puede decir: “¿Saben qué? A mí mátenme, yo me voy a poner una cinta en los ojos, me voy a fumar un cigarro, y ustedes me fusilan”. No es eso, estamos hablando de gente que te tortura durante mucho tiempo hasta llegar al punto de encontrar tu límite. Ese límite, tengo la impresión que si no fue en todos los casos, fue en el 99 por ciento de ellos. El ser humano no está hecho para soportar la tortura y tampoco es dable de ningún partido político ni de nadie en el mundo pedirle a sus militantes y a seres humanos que soporten algo que es inhumano.

“Pero a él no le consta que eso sea verdad. Nunca lo vio colaborando con los agentes de la DINA, siempre estaba en su habitación, como un preso más. Incluso puede decir que lo trataban mal. Y torturas, en más de una ocasión (…)  Los dos hombres de confianza del capitán Morales, Daza y el Negro Escalona, estaban sentados al lado del cadáver del Chino. Aún tenía la bolsa plástica sobre la cabeza. Estaba muerto, totalmente muerto. Lo estaban empaquetando ahí, adentro de su pieza. Los bolsos paperos, el alambre y el riel de tren” (Capítulo XXIV La presa mayor)

Desde ese punto de vista, el secretario general del PC, Víctor Díaz, de quien señalas en tu investigación fue el personaje que mantuvieron más tiempo con vida en Simón Bolívar -6 meses-, ¿colaboró con la DINA?
Seguramente, sí. Pero yo lo contextualizo desde el punto de vista que era la presa mayor, el hombre más importante del Partido Comunista. No sé si lo habrán dejado por eso, como un símbolo, porque colaboró o quizás la combinación de todas las cosas. Pero la forma en que a él lo torturan, la forma en que a él lo matan es aberrante. La gente debería quedarse con eso, con que él es una víctima, da lo mismo si colaboró o no colaboró. Esos argumentos son de los agentes de la DINA que les dicen a muchas de las familias “Tú confesaste en tortura” o les dicen “Tú no confesaste, eres héroe”. No hay que caer en esos dichos. Las víctimas son las víctimas y los victimarios son los victimarios.

¿Qué te parece que el vocero de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, se haya referido a las revelaciones de El Mocito y haya asegurado que las causas están abiertas y se le podría citar a declarar?
Me parece una excelente señal, porque todos sabemos que en un momento se dijo que se estableció, y Dolmetsch lo tocó, que en estos procesos se iba a apurar el cierre de las causas. Él dijo “aquí no se va a parar nada, las causas no se van a cerrar y se va a seguir investigando”. Para mí ese es un dato fundamental, me llamó la atención lo impresionado que estaba Dolmestch con el testimonio de El Mocito, con las revelaciones que está haciendo este hombre, se nota que le tocó.

¿Dónde crees que radica el éxito que ha tenido “La danza de los cuervos”? ¿el tema de los derechos humanos es una herida que aún no se cierra en nuestra sociedad o las revelaciones de la investigación son muy impactantes?
Es una combinación de todas las cosas. Es el episodio más crudo que tenemos registrado en nuestra historia, por lo menos escrito y contado en imágenes de alguna forma. Es  el único centro de exterminio que se conoce hasta ahora en Chile, el mini Auschwitz chileno. Por otro lado, se tiene la historia de este otro personaje -Jorgelino-, que es complejo, ambivalente. Tienes el tema de los fanatismos, por un fanatismo matar y llegar a eso, caer en lo más bajo. El fanatismo de la izquierda o de algún partido de establecer como héroes a personas que pueden resistir torturas, que también causa mucho dolor. Un cóctel de cosas que se suma a una sociedad que está queriendo escuchar, que está queriendo manifestarse, que está perdiendo el miedo a las cosas, está realmente mucho más abierta. Se da toda esta situación que, de todas maneras, no deja de impresionarme, no tengo una explicación lógica para decirte porque este libro tuvo el éxito que tuvo,  creo que me daré cuenta con el tiempo.

Este viernes y en un cuartel del OS-9 de Carabineros se entregó el ex integrante de la DINA, Ricardo Lawrence Mires, quien se encontraba prófugo desde 2014 luego que la Corte Suprema lo condenara por la desaparición del ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Alfonso Chanfreau, en 1974.

Según lo informado por La Tercera, el ex oficial de Carabineros llegó cerca de las 11:00 hasta el recinto policial, ubicado en la comuna de Ñuñoa. No estaba acompañado ni de su abogado ni de familiares.

Ricardo Lawrence, que era uno de los prófugos más buscados por la Policía de Investigaciones (PDI), estuvo en los cuarteles Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Fue investigado por tres casos de tormentos a detenidos, ocho secuestros, cinco homicidios, dos homicidios calificados y una causa de apremios ilegítimos.

El caso de  Chanfreau -quien al momento de su desaparición estudiaba Filosofía en la Universidad de Chile-, tuvo un resurgimiento debido a las recientes apariciones públicas de su nieto, Víctor Chanfreau, quien es vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).

En las próximas horas el ex policía uniformado quedará a disposición de los Tribunales de Justicia para que cumpla su sentencia en el penal de Colina 1, esto debido a que el penal de Punta Peuco ya alcanzó su máxima capacidad de reos.

Mas de 400 personas se dieron cita en Av. Las Condes con Tabancura para "funar" al teniente coronel (r) de Carabineros Ricardo Victor Lawrence Mires, uno de los ex jefes de la Dina. La marcha de la Funa se inicio luego de un emotivo homenaje a Carlos Cid, miembro de la Comision Funa fallecido en un accidente automovilistico hace unas semanas. La amplia presencia policial -patrullas, motos, micros de Fuerzas Especiales y agentes civiles- se debio a que en el sector apaciblemente viven "altos mandos" de la Dina y la CNI, como Gerardo Urrich Gonzolez (agente de la Brigada de Inteligencia Metropolitana y de la Brigada Puren) y el general (r) Odlanier Mena Salinas (ex director de la CNI). La distribuidora de camarones Kamaron Bay S.A. -donde trabaja Lawrence- mantenia tambien esa "proteccion policial". Ademas, el frontis y una luminaria de publicidad estaban burdamente tapados con cartones y un letrero de "cerrado" cubria la puerta. En el interior del inmueble, en el segundo piso, se observaban movimientos.

La empresa Kamaron Bay se ubica en Tabancura 1382, telefono 2170551, fax 2173223, y su actual gerente Rodrigo Izquierdo del Villar -que postula a director en el Club de la Union-, es hijo de Vicente Izquierdo Besa -actual director del Club- y sobrino del politico derechista Arturo Alessandri Besa. Otras sucursales de la empresa estan en Alameda 1146, sector A, Of. 602, y Pio XI 1290, en Vitacura.

Vecinos -de los numerosos negocios del sector- informaron que en el interior se encontraban desde temprano el gerente y el propio Ricardo Lawrence. Una cuidada performance llena de sentimiento simulo las torturas que Lawrence infligia a decenas de detenidos por la Dina y luego se leyo su "prontuario". La marcha continuo por el tranquilo vecindario, entregando volantes a negocios, automovilistas, vecinos y transeuntes, custodiada en todo momento por Carabineros.

Ricardo Lawrence se moviliza en furgones Citroen verde oscuro de la empresa, y en un Lada blanco de su propiedad. Trato de abrir sucursales en Puerto Varas y Frutillar, hace algunos años. Se le veia asiduamente en el Club Aleman donde hacia negocios. Tiene una parcela en Talagante, en sitios otorgados por Carabineros, y un departamento en el barrio Esperanza, en Santiago Centro, entre otros. Distribuye camarones ecuatorianos, presentandose en algunos restaurantes -donde desconocen su pasado en la Dina- como "Ricardo Flores", atendiendo otros ligados a ex companneros de su antiguo oficio de torturador.

Atiende, entre otros, al Club de la Union y al Club de Golf Los Leones -sus mejores clientes-, los restoranes Le Due Torri en Providencia y Santiago Centro, La Cava, El Galindo, Como Agua para Chocolate, La Munneca Brava -de la familia Arque- ros-, San Frutoso, Ibis -donde almorzaron los comandantes en jefe de las FF.AA. hace algunos meses-, El Otro Sitio, Ajo Verde, Venezia, Borde Rio, Hotel Sheraton, Hotel Hyatt, Gioggia, Aqui esta Coco -del chef Coco Pacheco-, Paseo San Damion, Mare Nostrum, Todo Fresco, El Siciliano, El Camaron -de calle Gorbea-, etc.

Luego de la Funa, algunos clientes del barrio Bellavista, encabezados por el restauran El Galindo, dejaron de comprar a la distribuidora cerca de veinte millones de pesos mensuales. En el Club de la Union tambien hay conmocion por la denuncia, que fue difundida por CNN, entre otros medios internacionales.

PRONTUARIO DE UN TORTURADOR

RICARDO Victor Lawrence Mires, conocido como teniente "Cachete Grande" en la Dina. Fue jefe de la agrupacion Halcon.

Ricardo Lawrence Mires, alias "Roberto" o "teniente Cachete grande", fue oficial de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Durante la UP integro el Grupo Movil. Actuo en torturas y fusilamientos en el Estadio Nacional. Paso a la Dina, llegando a ser jefe del grupo "Halcon", dependiente de la Brigada "Caupolican", ejerciendo funciones en los centros de detencion y tortura de Londres 38 ("Yucatan"), Villa Grimaldi ("Terranova"), Joso Domingo Cannas ("Ollagae") y Venecia 1722 en Independencia, del que fue jefe, donde funciono, ademas, una clinica. Lawrence ayudo a constituir la empresa de fachada "Pedro Diet Lobos" que financio a la Dina. Fue condecorado por Pinochet con la "medalla al valor" por su participacion en el asesinato de Miguel Enriquez, en octubre de 1974. Fue comisario de la 1ra Comisaria, y en 1988, de la 3ra Comisaria. En 1989 se le traslado a Los Andes, siendo dado de baja en 1990 por el general (r) -actual senador UDI- Rodolfo Stange.

Junto con Miguel Krassnoff Martchenko, Lawrence es uno de los mas siniestros personajes de la Dina. Segun testimonios sus subalternos lo consideraban cruel, pues solo suspendia la tortura a un detenido cuando este sufria un paro cardiaco o se desmayaba. Sobrevivientes recuerdan que a una detenida que habia sufrido mas de cuatro horas de parrillazos, le puso un pedazo de sandia por delante. Todos sabian que si lo ingeria le provocaria un estallido de las visceras. La ex agente de la Dina Luz Arce asegura que fue el quien, bajo amenaza de muerte, la obligo a colaborar.

La empresa distribuidora Kamaron Bay S.A. en Tabancura 1382. Con cartones intentaron burdamente ocultar su nombre.

Lawrence esta involucrado en el secuestro, tortura, muerte y desaparicion de cientos de chilenos, entre ellos de los dirigentes del MIR Alfonso Chanfreau, detenido en julio de 1974; la militante del MIR Lumi Videla, que murio a causa de las torturas, y fue luego arrojada a la embajada de Italia; Maria Cristina Lopez Stewart, militante del MIR, detenida en septiembre de 1974, desaparecida hasta hoy; Carmelo Soria, funcionario internacional espannol, en julio de 1976. El cadaver de Soria, fue encontrado junto a su automovil en el canal El Carmen. Testigos afirman que Lawrence se mofaba diciendo: 'despachamos al compadre'. Conto que le habian hecho tragar una botella de pisco y despues 'lo metimos en el auto y lo despachamos'.

En enero de 1975, en un operativo en el que participaron las brigadas "Caupolican" y "Puren" de la Dina, con apoyo de helicopteros de la Fach y del ejercito, cuyo objetivo era detener a los dirigentes del MIR Dagoberto Perez Vargas y Nelson Gutiurrez, la Dina asalto un inmueble de calle Venecia y se posesion de la casa. Lawrence era jefe de ese "cuartel" cuando, en 1977, un joven enfermo mental fue reiteradamente violado por un agente de la Dina. El escandalo obligo a la Dina a abandonar ese lugar.

Actualmente Ricardo Lawrence esta procesado por el secuestro y desaparicion de la direccion clandestina del Partido Comunista, en la "ratonera" de calle Conferencia. Hasta hoy se encuentran desaparecidos, producto de ese operativo de la Dina: Mario Zamorano Donoso, Victor Diaz Lopez, Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Elisa Escobar Cepeda, Eliana Espinoza Fernandez, Fernando Lara Rojas, Jaime Donato Avendanno, Lenin Diaz Silva, Cesar Cerda Cuevas y Marcelo Concha Bascuñan.

Vinculado a ese mismo operativo figuran la detencion y desaparicion de Bernardo Araya Zuleta y Maria Flores Barraza, que fueron vistos en el cuartel de calle Venecia.

Por este proceso que sustancia el juez Juan Guzman, en enero la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones le concedió la libertad a Ricardo Lawrence, fijandole una fianza de un millon de pesos

Por Arnaldo Perez Guerra

La existencia de esta unidad de exterminio, que operaba en un cuartel de La Reina, fue un secreto bien guardado por casi 34 años y que recién hoy comienza a develar la investigación del juez Víctor Montiglio. Dueños de una brutalidad inusitada, fueron los agentes encargados de asesinar a la dirección clandestina del PC en 1976.

Fue uno de los mejores secretos guardados del dictador Augusto Pinochet y su hombre en la DINA, Manuel Contreras, tanto que no lo rompieron ni siquiera cuando comenzaron a odiarse. Un pacto de silencio mantenido por casi 34 años. ¿Cómo lograron los hombres y mujeres de la Brigada Lautaro que su misión de exterminio no se conociera sino hasta hace unas pocas semanas? ¿Cómo pudo ocultarse durante tanto tiempo la existencia de la unidad más numerosa de la DINA?

Poco más de un par de meses atrás, medio centenar de ex agentes de la Lautaro hacían sus últimas compras de Navidad y se preparaban para celebrar el Año Nuevo en familia. Cumplían sus labores diarias (algunos con tareas directivas en grandes compañías), visitaban los malls y volvían a casa con los suyos. Pero ninguno sabía lo que se venía encima, ni menos sospechaban que un sencillo ciudadano -a quien, para proteger su identidad, llamaremos "Café para Dos"-, había resuelto contar el horror que había vivido como agente de la represión: la existencia de una unidad especial dedicada a matar comunistas y preparar sus cadáveres para tirarlos al mar.

Poco a poco, con especial discreción, los hombres de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones comenzaron las detenciones durante enero y febrero pasado. Todos fueron llamados a declarar. Todos, por cierto, negaron las acusaciones y alegaron inocencia. Varios, en tono amenazante, protestaron incluso por la "calumnia" que se levantaba en su contra. Pero eso duró algunos días. Pronto, algunos se fueron "ablandando" y empezaron a aportar más y más información al juez Víctor Montiglio.

Reconocieron, por ejemplo, cómo dirigentes y militantes clandestinos del PC habían sido llevados a un cuartel de calle Simón Bolívar 8630, en La Reina, para ser asesinados. Y cómo algunos de ellos estuvieron detenidos durante meses antes de su muerte. Fue el caso de Víctor Díaz, jefe del partido en la clandestinidad hasta mayo de 1976, cuando fue arrestado, y padre de la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz.

LOS OTROS COMUNISTAS

Los nuevos antecedentes indican que en dicho cuartel, de cuya existencia tampoco se tenían noticias, también fueron exterminados otros dirigentes comunistas. Si bien hasta ahora no hay certeza de sus nombres (debido a hermética forma de operar del juez Montiglio), las pistas apuntan a que corresponden a quienes integraron las direcciones clandestinas del PC de mayo y diciembre de 1976.

Entre ellos, Jorge Muñoz, el esposo de Gladys Marín; Fernando Ortiz, padre de Estela Ortiz; la directora de la Junji, y Waldo Pizarro, esposo de la fallecida dirigenta de la AFDD, Sola Sierra, y padre de su actual presidenta, Lorena Pizarro. Las declaraciones de los ex agentes también coinciden con las señas de Reinalda Pereira.

La investigación del juez Montiglio acerca del episodio conocido como Calle Conferencia no está concluida. Hasta donde se sabe, nadie salió de Simón Bolívar vivo para contarlo.

El comando de exterminio estaba integrado por infantes de Marina, agentes civiles de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros -entre ellos varias mujeres-, oficiales y suboficiales del Ejército, y decenas de suboficiales de todas estas ramas. Al mando, el jefe de la seguridad de Manuel Contreras, Juan Morales Salgado, entonces con el grado de mayor de Ejército. Treinta y seis ilustres desconocidos, que hasta ahora nunca habían sido procesados, hoy están encausados o presos. Y la lista aumentará en los próximos días. Son los hombres y mujeres de la Brigada Lautaro, la más numerosa y a la vez la más desconocida de la DINA, y a la luz de lo que se sabe de la indagatoria, tal vez la que usó los métodos más crueles para asesinar.

Sumando a otros siete ex agentes que ya habían sido procesados entre los años 2000 y 2005, además del ex ministro de Interior e integrante de la Junta Militar César Benavides, también imputado, la causa de Calle Conferencia acumula hasta hoy 44 procesados, convirtiéndose en el juicio por violaciones a los derechos humanos que más reos tiene hasta ahora.

Curiosamente, y por esas argucias legales a las que suelen echar mano algunos ministros de corte nostálgicos de la dictadura, Manuel Contreras fue beneficiado con un tecnicismo jurídico conocido como "cosa juzgada" y quedó fuera del proceso.

DEL SARÍN AL CIANURO

La forma de exterminio fue variada. Veamos el caso de Víctor Díaz: primero, los infantes de Marina Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro le amarraron una bolsa plástica en la cabeza para asfixiarlo, mientras una teniente de Ejército, Gladys Calderón Carreño, le inyectaba cianuro en las venas para acelerar su muerte.

Otros murieron bajo los efectos del gas sarín. Un hecho que se ignoraba, puesto que las víctimas de esta macabra técnica de la DINA se contaban, hasta ahora, con los dedos de una mano.

El mismo Michael Townley, responsable del laboratorio químico que el sindicato criminal de Contreras armó en 1976 en una casa de Lo Curro, estuvo en el cuartel de Simón Bolívar ensayando con sarín fabricado por el químico Eugenio Berríos; ahora se sabe, para también matar comunistas. Según confesó uno de los ex agentes al juez Montiglio, un día tuvieron que sacar de ahí a Townley "porque resultó afectado por el gas".

Otros testimonios hablan asimismo de prisioneros asesinados a golpes o con refinadas formas de tortura. Las órdenes de exterminio emanaban directamente de Contreras, jefe operativo de la DINA, y eran transmitidas a Morales Salgado, entonces su leal subordinado y ahora uno de los que comenzó a aportar información del caso.

En la investigación hay antecedentes que, inequívocamente, permiten concluir que cada uno de estos crímenes fue perpetrado con el conocimiento y la anuencia de Augusto Pinochet. Fue el mismísimo dictador el que decidió la suerte de las víctimas de Simón Bolívar, convertido en un cuartel altamente selectivo.

Pinochet, señalan los testimonios, siempre estuvo interesado personalmente en el destino final de los líderes comunistas. Tanto así que, según relató el agente Ricardo Lawrence, visitó personalmente a Víctor Díaz cuando éste estuvo detenido en la Casa de Piedra en el Cajón del Maipo, antes de ser trasladado al cuartel de La Reina.

DEL PUMA AL MAR

Uno de los procesados es el ex comandante del Comando de Aviación del Ejército (CAE) coronel (R) Carlos Mardones Díaz. La razón, que recién ahora sale a la luz, es que los cargamentos con los cuerpos de los prisioneros asesinados que salieron del cuartel de Simón Bolívar tuvieron como su siguiente destino los helicópteros Puma del CAE, que solían operar desde los terrenos de campaña que el Ejército tenía en la zona de Peldehue, al norte de Santiago.

La "preparación" para este último viaje fue la misma que la DINA utilizó cada vez que hizo desaparecer los cadáveres. Los envolvieron con sacos paperos, les amarraron con alambre un trozo de riel al cuerpo, volvieron a ponerlos en sacos -que ataron con más alambre- y los transportaron en camionetas hasta el lugar donde esperaba el helicóptero. Éstos despegaban con su carga macabra, enfilaban hacia la costa de la V Región y se internaban mar adentro para soltar su carga. Así desaparecieron Díaz y el resto de sus compañeros.

Otro de los procesados es el ex piloto de los Puma brigadier (R) Antonio Palomo Contreras, uno de los que condujo los vuelos de la muerte. Soberbio y arrogante, Palomo era el piloto preferido de Pinochet y por largo tiempo condujo el Puma destinado a su uso personal. El 15 de septiembre, Palomo recibió de Pinochet la misión de trasladar en helicóptero al general Carlos Prats hasta la frontera con Argentina, cuando el recién instalado dictador mandó a su antecesor al exilio, antes de ordenar su muerte. También piloteó el Puma de la Caravana de la Muerte, al igual que Luis Felipe Polanco, otro de los procesados

Desde la infancia de Jorgelino Vergara, pasando por su estadía en el único cuartel de exterminio que se conoce en Chile y su posterior vida de descolgado, el periodista Javier Rebolledo revela el episodio más violento registrado en nuestra historia. A partir de los testimonios de otros ex agentes en la causa judicial y la memoria fotográfica de “El mocito”, nos muestra puertas adentro los años en que la DINA ostentaba un poderío absoluto y cómo se produjo el mayor procesamiento en causas de derechos humanos: decenas de ex agentes nunca antes nombrados en caso alguno

En 2007, Jorgelino Vergara, “El mocito”, protagonista del documental de Marcela Said y Jean de Certeau, reveló a la justicia la existencia del único cuartel, conocido hasta ahora, donde se exterminó personas sistemáticamente. Hasta entonces el cuartel Simón Bolívar era una especie de leyenda y la Brigada Lautaro, un grupo de agentes de la DINA cuya función era prestar seguridad a su director, Manuel Contreras, era sin duda el secreto mejor guardado de la dictadura. “Los agentes de la Brigada Lautaro fueron los más malos de los malos. El testimonio de Jorgelino grafica lo que pasó con muchas personas en Chile, pero es muy posible que hayan habido muchos otros grupos de exterminio durante la dictadura”, explica Rebolledo, en cuyo libro Vergara se decidió a hablar de todo. Uno de los episodios más crudos de La Danza de los Cuervos es protagonizado por los entonces tenientes del Ejército, Armando Fernández Larios (vive en EEUU, protegido tras colaborar en el esclarecimiento del crimen de Orlando Letelier) y Juan Chiminelli Fullerton (procesado por la Caravana de la Muerte, también libre). No una, sino tres veces, Jorgelino recordó haber escuchado gritos desgarradores durante una madrugada de agosto de 1976, cuando el cuartel estaba ya vacío, sólo habitado por la guardia y él, que pernoctaba allí. Segundos más tarde, Fernández Larios golpeó el vidrio de su pieza para que se levantara a limpiar la devastación humana que había dejado. Afuera, en la oscuridad, los cuerpos destruidos de los detenidos, y Fernández Larios junto a Chiminelli, con los corvos ensangrentados en sus manos, con los gestos típicos de un consumidor de cocaína. En medio de la noche elegían un detenido, lo sacaban del calabozo, desnudo, vendado y lo llevaban hasta un paredón. Lo acuchillaban ahí mismo. Con una manguera, escoba y paños, Jorgelino debía volver todo a la normalidad. La sangre, las vísceras esparcidas en el piso, nunca las pudo olvidar. Y las caras de los detenidos tampoco. Por cierto no son los únicos horrores recordados en el libro. También se encuentran los episodios protagonizados por el “doctor” Osvaldo Pincetti, conocido por los detenidos de la Villa Grimaldi como el Doctor Tormento, un hipnotizador que hasta antes de la dictadura tenía un programa radial en La Serena, especializado en espiritismo. Jorgelino le llevaba cafecito a Pincetti hasta su oficina dentro del cuartel. En varias ocasiones le tocó ver a los detenidos medio idos, drogados. “El doctor Tormento” los recostaba de espalda sobre una camilla, semi sentados, para interrogarlos mientras se miraban a sí mismos en un espejo puesto en el techo. Les clavaba una aguja en el brazo, de la que colgaba una sonda. Así el detenido veía en el espejo como su sangre caía al piso, acrecentando un charco cada vez más copioso, mientras era interrogado. Los prisioneros quedaban psicológicamente destrozados creyendo desangrarse, pero el mocito dice que pudo ver el truco: otra sonda conectada a una bolsa de sangre escondida bajo la camilla. De otra forma, habrían muerto ahí mismo. Pero más allá de los excesos y las prácticas del “Doctor Tormento”, existía un procedimiento estándar dentro del cuartel, no menos cruel y reconocido por Jorgelino y los demás agentes de Lautaro: Detención, calabozo (camarines) y al final del pasillo, tortura con electricidad sobre una litera de fierro, esa innovación tecnológica conocida como la parrilla. Luego de sacarle la información, traspasarla a hojas y elaborar informes, el detenido era eliminado de la forma que los agentes determinaran. Muchas veces los mataron a golpes, patadas o con palos para aplanar tierra, amarrados en el gimnasio del cuartel o asfixiados con bolsas plásticas en la cabeza. Luego, inyección de cinco miligramos de pentotal de la mano de la enfermera Calderón, para asegurar el deceso. Una vez muerto y antes de ser “empaquetado”, el soplete en el rostro y huellas dactilares. No pocas veces, el robo de tapaduras dentales. Así se va revelando la interna del único centro de exterminio conocido a la fecha, un relato construido íntegramente a base de las declaraciones de Jorgelino Vergara y a las confesiones que los propios agentes -todos procesados pero libres- hicieron al ministro de la Corte de Apelaciones, Víctor Montiglio, por la causa Calle Conferencia, que investiga la desaparición de tres direcciones clandestinas del Partido Comunista entre mayo y diciembre de 1976. El mocito y yo La primera vez que Javier Rebolledo oyó de la Brigada Lautaro, fue iniciando 2007, luego de acceder a la declaración policial de Jorgelino y la de otros ex agentes confesos. La publicó junto a su colega Jorge Escalante en el diario La Nación. En mayo de ese año partió con su cámara de video hasta el número 8630 de la calle Simón Bolívar, en la comuna de La Reina, donde familiares de detenidos desaparecidos realizaban una velatón. Era el portón trasero de un liceo. Ahí captó el momento en que un vecino se acercó a los organizadores a decirles que estaban equivocados, que el cuartel Simón Bolívar quedaba en el 8800, donde hoy se erige un condominio. Una semana después Rebolledo volvió al lugar y tocó un par de citófonos para hablar con algunos residentes. Al condominio le decían el “condemonio”. En las noches se escuchaban gritos, en el día se veían personas detenidas, inanimadas. Muchos vecinos se fueron. Una posibilidad que no tuvo ninguno o quizás solo uno -sabría con los años el periodista- de los prisioneros políticos que atravesaron el portón doble de la antigua parcela. Ese mismo año, poco después que Jorgelino quedara en libertad por ser menor de edad al momento de los crímenes testificados, el periodista viajó al interior de Curicó con los cineastas Marcela Said y Jean De Certeau, quienes querían hacer un documental a partir de la visión singular de un ex agente de la dictadura. Como investigador y asistente de dirección del premiado documental “El mocito”, conoció cara a cara a Jorgelino y junto a los cineastas, ganó su confianza. Fueron cinco años de investigación y 30 horas de entrevistas con Jorgelino en distintos puntos de Ñuñoa. La confesión que hizo Jorgelino sobre los crímenes de la Brigada Lautaro, no provino de un arrepentimiento espontáneo. A fines de 2006, el agente Jorge Díaz Radulovic le dijo a los agentes de la PDI que investigaban Calle Conferencia, que el asesino del secretario general del PC, Víctor Díaz López, era un tal Jorge Vergara. No sospechaba que al pronunciar estas palabras había traído con ellas su propia condena. La policía comenzó entonces la búsqueda de muchos Jorges Vergara. Incluso interrogó al ex dirigente colocolino. Finalmente, en enero de 2007, llegaron al interior de Curicó, cerca del Lago Vichuquén. Jorgelino se dedicaba a la tala de bosques. Con una extensa cicatriz en la frente, la única marca visible de su pasado, vivía precaria pero tranquilamente junto a su mujer en una cabaña. “Los estaba esperando hace mucho tiempo”, les dijo a los agentes de la PDI y partió con ellos a declarar a Curicó. Luego de testificar por cerca de ocho horas, sus dichos resultaron tan gravitantes que el ministro Montiglio, a cargo de Calle Conferencia, suspendió sus vacaciones en la Quinta Región y ordenó que lo trasladaran de inmediato a Santiago para que se lo dijera cara a cara. Sigilosamente, en menos de 3 meses, la PDI detuvo a gran parte de los implicados y los mantuvo incomunicados. En los careos iniciales con “El mocito” casi todos lo negaron, pero dos lo reconocieron: el coronel a cargo de la Brigada Lautaro, Juan Morales Salgado y un subordinado de éste, Jorge Pichunman. Era suficiente. Por su parte, Jorgelino reconoció a cada uno de los agentes con nombre, apellido y chapa. Los amigos del “Mamo” Parte de la vida de Jorgelino se hizo conocida tras el estreno del documental El mocito (2011). En junio de 1974, a los 15 años, sin padre y en situación de pobreza, llegó a servir, desde las cercanía de Curicó, comida a la casa del jefe de la DINA, Manuel “Mamo” Contreras. El responsable fue su hermano José Vicente, quien trabajaba para el general en retiro Galvarino Mandujano, compadre del “Mamo”. En el libro se detalla cómo, con una chaqueta blanca y una humita negra atada al cuello, vivió la intimidad de una familia poco convencional. Con el tiempo se ganó el cariño de todos, sobre todo de “la tía Maruja” (María Teresa Valdebenito, ex esposa de Manuel Contreras). Lo llevaban a veranear al exclusivo balneario Rocas de Santo Domingo. Durante esos años, hizo el desayuno, compró el diario, sacó a pasear al perro Kazán, cargó el maletín y la metralleta del jefe del clan, aprendió artes marciales, el uso de armas largas y cortas y, de a poco, comenzó a sentir la necesidad de serle mucho más útil a su patrón. En el hogar del director de la DINA vio por primera vez al agente Michael Townley, entonces simplemente “el gringo” para él. Estaba a cargo de la tecnología de la casa, sistemas de radio y teléfono de línea cerrada, con comunicación directa a sus unidades y a Pinochet. A veces lo veía enseñándole inglés a Alejandra, la segunda más chica del clan Contreras. También fue testigo de la visita de importantes personalidades a la casa ubicada en Antonio Varas con Pocuro. Ese mismo año le sirvió unas copas a Juan María Bordaberry, dictador uruguayo y colaborador en los crímenes masivos rotulados como “Operación Colombo” y “Operación Cóndor”. Pero más común era ver, con sus familias y bebiendo, a otros miembros del servicio de inteligencia, como Alejandro Burgos De Beer, Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza y Juan Morales Salgado, el jefe la Brigada Lautaro, entonces encargada de su guardia personal. ¿Pinochet? Para el cumpleaños de Contreras en mayo de 1976, Jorgelino dice que aparecieron dos guardaespaldas en un Ford Mercury enviado de regalo por el propio Capitán General. Lo envolvieron con una inmensa cinta de regalos. Cuando el “Mamo llegó”, sin embargo, no le dio mayor importancia. No sonrió y solo dijo algo como “chuta”, recuerda el mocito. Luego leyó la tarjeta sobre el parabrisas y subió a su dormitorio. En ese auto viajó toda la familia a Colonia Dignidad. Jorgelino se fue con los guardaespaldas en caravana. A los colonos los recuerda con “cara de locos” e incluso para él y los agentes de Contreras, ese lugar resultaba extraño. Allí mataron el tiempo jugando carioca. Su relación con la seguridad del “Mamo” se había estrechado. En el libro y según Jorgelino, “El Viejo Valde” (Héctor Valdebenito Araya) decía que “allá los detenidos se iban a dormir con los pescados pero sin órganos”. Y el “Negro” Ortega pensaba que se llevaban las partes a Bélgica. Pero entonces, Jorgelino estaba más preocupado de parecerse a Bruce Lee, hacer bien el ponche con pisco que tomaba el “Mamo” y de las clases de artes marciales y de tiro que la familia le regaló. El chico de 15 años quería algún día llegar a ser un militar, un profesional. Hoy Jorgelino dice que no llegó a sentir amor por la familia, pero sí admiración por el coronel. A esas alturas (entre 1974 y 1976), como Lautaro lo hizo con Pedro de Valdivia, el mocito se había ganado la confianza de su patrón al punto que no solo era conocido como “el regalón del ‘Mamo’ Contreras”, sino que éste lo recomendaría para una nueva misión: formar parte de la Brigada Lautaro. Javier Rebolledo apunta que “es probable que el ‘Mamo’ Contreras no se haya esperado que desde su propia casa viniera tantos años después el mayor testimonio de la DINA”. Su misión sería hacer los cafés, luego guardia y cuidar a los detenidos, con el grupo de agentes de mayor confianza del director de la DINA. Ilusionado, Jorgelino hizo las maletas y partió al cuartel general. Pedro Espinoza lo recibió y anotó su nuevo nombre, para su carné de agente: Alejandro Dal Pozzo Ferretti. Desde ahí en auto a Simón Bolívar 8800. Conejillos de indias Era junio de 1976 y a pesar de su juventud, Jorgelino rápidamente entendió que Simón Bolívar era un centro de exterminio. En promedio ningún detenido duraba más de una semana. Quien entraba allí solo podía salir con un riel amarrado con alambre al cuerpo, envuelto en un bolsa de polietileno y un saco papero, para luego ser dejado en la maleta de un auto con dirección al campo de entrenamiento militar y base aérea de Peldehue. Desde ahí, al mar. Otro destino eran los piques de la Cuesta Barriga. “Los detenidos venían de otros cuarteles a recibir las sesiones de tortura práctica y también la última exprimida de limón o servir a los agentes para darse un gustito. Yo no entiendo qué puede tener que ver en un interrogatorio con electricidad, agarrar a pailazos en la cabeza a una mujer embarazada de cinco meses, como ocurrió con Reinalda Pereira”, cuenta Rebolledo. Se refiere al episodio contado por Vergara para el libro. Pereira, recién detenida, por la Brigada Lautaro fue brutalmente interrogada por Ricardo Lawrence, Germán Barriga y la enfermera Gladys Calderón. La mujer, recuerda Jorgelino, pedía que la mataran. En vez de eso, Lawrence fue a buscar una sartén y la golpeó hasta destruirla. Al mismo tiempo, Barriga efectuaba simulacros de ejecución con una pistola vacía sobre la sien de la mujer. Barriga se suicidó en 2005. Nunca reconoció sus crímenes. Alegaba que no lo dejaban vivir, acosándolo por crímenes inexistentes. Hoy es casi un mártir para los fanáticos de la dictadura. El mocito también fue testigo de los inhumanos últimos días de Daniel Palma. Al dirigente comunista lo atraparon en agosto de 1976 y a pesar de su avanzada edad, los agentes Héctor Valdebenito, Manuel Obreque, Eduardo Oyarce, Bernardo Daza y Juvenal Piña le aplicaron la Gigí (máquina que genera electricidad con una manivela) en sus genitales y debajo de la lengua, como solían hacerlo con todos. La última vez que Jorgelino lo vio, fue en el gimnasio, sentado en una silla, esposado y golpeado por varios agentes con un palo para compactar tierra. El mocito dice que caía, lo levantaban y “le volvían a dar”. Con los huesos quebrados agonizó toda la noche hasta la muerte. En otro episodio, el mocito recordó -y luego también varios de sus ex colegas en el cuartel Simón Bolívar-, que un día de 1976 entró un auto con dos detenidos vendados, custodiados por tres agentes. Eran extranjeros. Nunca supo si se trataba de dos peruanos o de un peruano y un boliviano. De lo que sí está seguro es que se trataba de conejillos de indias. Según relata, apenas pusieron los pies fuera del auto comenzaron a ser interrogados y golpeados por Barriga, Lawrence y Morales, quien con sus tacos pateaba contra el maicillo al primero que cayó. Lo peor estaba por venir. En menos de dos semanas llegaron Contreras, Townley y Chiminelli. En el casino esperaron la llegada de los dos prisioneros esposados y vendados. El mocito hizo café y comenzó la prueba. El coronel tomó en sus manos el nuevo dispositivo inventado por el “Gringo”, una mini Gigí que disparaba un dardo eléctrico activado por control remoto. Entre convulsiones cayeron al piso. Después volverían Contreras y Townley, con un juguetito del químico Eugenio Berríos. Los extranjeros estaban contra el muro del pabellón de solteros donde dormía Jorgelino. El experto en bombas, usando una especie de casco de astronauta, dice en el libro, sacó un tubito con gas sarín y disparó el spray a la nariz de uno de ellos. Murió al instante. Al segundo, nervioso por su destino, los agentes Emilio Troncoso y Jorge Díaz Radulovic, el “Gitano”, debieron sujetarlo para que el asesino del general Prats disparara. Al hacerlo, sin querer roció también al “Gitano”, quien cayó convulsionado. Otro agente partió a buscar leche hasta que lo estabilizaron. Los extranjeros quedaron tendidos en el gimnasio para ser “empaquetados”. “Pruebas con conejillos de indias, solo había escuchado de los campos de concentración nazi”, advierte Rebolledo, “lo mismo que matar a los detenidos a palos, con polines para aplanar tierra. En el tiempo que me tocó investigar causas de Derechos Humanos, no supe de algo más brutal que esto, es el punto más bajo de la dictadura”. El Cuartel operó sistemáticamente haciendo valer su regla de oro: el exterminio. Pero toda regla tiene una excepción. Aparte de quienes sobrevivieron a la inyección letal -Ángel Guerrero Carrillo, joven mirista de 24 años que aún respiraba cuando el agente Bernardo Daza lo desnucó en la Cuesta Barriga, y Marta Ugarte, estrangulada por el agente Emilio Troncoso en un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército antes de lanzarla al mar frente a Los Molles-, en los dominios del capitán Juan Morales Salgado, se cree, hubo solo una persona que logró salir con vida. Jorgelino dice en el libro que fue un joven de 25 años. Lo habían golpeado ya bastante cuando decidieron sacarlo al estacionamiento para embutirle alcohol a la fuerza. Totalmente borracho, lo subieron a un auto e invitaron a Jorgelino a dar un paseo. “El mocito” cuenta que tomaron la carretera y pararon cerca de Graneros, el “Gitano” abrió la puerta y con una patada lo dejó tirado en la berma. Pudo haber sido el hijo de alguien influyente. Los héroes no existen El origen del cuartel Simón Bolívar es la Brigada Lautaro. La unidad fue creada en abril de 1974 para cumplir labores de “inteligencia” y seguridad del director de la DINA. Estuvo a cargo del capitán Juan Morales Salgado, secundado por el teniente Armando Fernández Larios. A principios de 1975, cuando la brigada alcanzaba la veintena de agentes, son trasladados a la parcela de La Reina. Tiempo después sumaban cerca de treinta. Entre mayo y junio de 1976, se le da la orden a Morales de recibir a la Brigada Delfín, liderada por Germán Barriga, capitán de ejército y secundada por Ricardo Lawrence, teniente de Carabineros. Venían de Villa Grimaldi con un cajón manzanero cargado de inyecciones de pentotal (droga de la verdad), y un grupo de cerca de veinte agentes, todos expertos en detención y tortura. Por el centro de exterminio pasaron cerca de 80 militantes del Partido Comunista, incluyendo tres de sus directivas clandestinas completas. “Y probablemente unas 100 o 150 personas que no sabemos quiénes son”, estima el autor del libro. “Pueden ser de otros partidos, gente sin militancia. Jorgelino cuenta que los agentes comentaban la mala suerte de muchos de haber caído bajo sus manos”, agrega. “Cuando se trata de tortura sistemática y brutal, los héroes no existen”, dice Rebolledo en el libro. La frase está en un capítulo llamado La espiral, que pone en contexto un problema clave en el esclarecimiento de las violaciones de los Derechos Humanos. “Un tabú que ha comprometido a las organizaciones y partidos de izquierda de Chile y el mundo: la colaboración de los militantes detenidos para suspender o mitigar los tormentos inhumanos a los que fueron sometidos”, escribió. Fue el caso de Víctor Díaz, subsecretario del Partido Comunista, quien llegó a Simón Bolívar desde Villa Grimaldi en mayo de 1976. A pesar de que los prisioneros tenían las horas contadas, el militante, de avanzada edad entonces, estuvo siete meses en un centro donde máximo alcanzaban las dos semanas y según consigna la historia, los mismos meses en que cayeron tres directivas completas en la clandestinidad. El “Chino” Díaz era “la presa mayor”. Según testificó en 2007 el agente Ricardo Lawrence, Díaz junto a dos dirigentes más, fueron llevados a la Casa de Piedra del Cajón del Maipo, confiscada al ex director del diario El Clarín, Darío Sainte Marie. Estaban con Contreras y Morales cuando entró Pinochet. Conversó principalmente con Díaz, “quien le señala que atacar al Partido Comunista era como sacar agua de la mar con un balde”. Mientras estuvo en Villa Grimaldi, el jefe de la plana mayor de la Brigada Delfín, Alfonso Ojeda Obando, declaró que Víctor Díaz le dijo que colaboraría porque todos sus compañeros estaban cayendo y ya no tenía nada más que hacer. Jorgelino lo recuerda bien. Según cuenta se tenían estima y, por eso, le llevaba agua en un vaso plástico de cumpleaños. Y él se lo agradecía con un golpecito en la mano agachado, por la escotilla. La última vez que lo vio con vida fue la navidad de 1976. Tenía ya la cena servida para los agentes de guardia, cuando sus compañeros salieron rumbo a la casa del “Mamo”. El mocito cuenta que pasó por los calabozos cargando su fusil, abrió la puerta de Díaz y lo llevó hasta el casino. Estaba débil. Luego de sacarle las esposas cenaron sin cruzar una palabra. Entre Navidad y Año Nuevo, Jorgelino vio salir de la celda de Díaz a la enfermera Calderón con su neceser de la muerte. A esas alturas Jorgelino ya hacía guardias, tenía un arma de servicio y colaboraba en el “empaquetamiento” de las víctimas. Juan Morales le dijo a Jorgelino que lo necesitaban adentro. Ahí vio a los agentes Daza y Escalona junto al cadáver con una bolsa plástica en la cabeza. Aunque después de cumplir 18 años, la memoria de Jorgelino “empieza a fallar”, este recuerdo gatilló la caída de la Brigada Lautaro. El 22 de enero de 2007, Juan Morales reconoció la orden de Manuel Contreras de eliminar a Díaz. Ese mismo día su subalterno Guillermo Ferrán lo confirmó y días después Jorge Pichunman aportó nuevos antecedentes: quien asfixió a Díaz fue Juvenal Piña, que el 27 de febrero confesaría el crimen en medio de llantos. Luego, otros agentes reconocieron los asesinatos cometidos ahí y ya no podían ponerse de acuerdo. El pacto de silencio de 30 años se había roto de forma definitiva. Las lucas de Claro y los seguimientos a artistas y futbolistas Las confesiones de Jorgelino Vergara durante las entrevistas para La Danza de los Cuervos, no sólo alcanzan al mundo militar. Uno de los nombres importantes mencionados es el de Ricardo Claro, empresario de reconocida admiración por la dictadura y cuya colaboración con el régimen no se habría limitado a ser coordinador de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. También habría sido financista de la DINA. Según dice Jorgelino en el libro -testimonio utilizado por el periodista Javier Rebolledo en un reportaje para The Clinic hace unos años- fue testigo de una reunión en la casa de piedra del Cajón del Maipo entre Manuel Contreras y Ricardo Claro, quien llegó escoltado por cinco agentes de la DINA. El agente Eduardo Cabezas Mardones confesó hace unos años al ministro Montiglio que fue testigo de otra reunión -“netamente económica”- en la Enoteca del Cerro San Cristóbal, donde también estuvo Arturo Ramírez Labbé, oficial de la Fuerza Aérea encargado de buscar financiamiento. En el capítulo titulado “Alguien tiene que ponerse” se explica cómo Claro cancelaba las remuneraciones de la DINA a través de la empresa pantalla Boxer y Asper Limitada. Cuenta Jorgelino que cuando se atrasaban los sueldos, el encargado de la plana mayor, el “Viejo” Sagardía, llamaba por teléfono a la secretaria de la empresa y le decía que por favor le pidiera los sueldos a don Ricardo Claro. Lo hacía frente a todos. Otros antecedentes que aporta el mocito tienen que ver con seguimientos a artistas opositores. En 1977, con el Partido Comunista muy golpeado y por ende, menos actividad dentro del cuartel, Jorgelino comenzó a asumir labores de inteligencia, infiltrándose en peñas folclóricas y sacando antecedentes de personas en el Registro Civil. De los que recuerda, están el actor Héctor Noguera, la actriz Schlomit Baytelman y el cantante Fernando Ubiergo. En su lista de sospechosos también estaban los futbolistas Carlos Caszely y Leonardo “Pollo” Véliz. Jorgelino recuerda cómo le contaron el procedimiento del Comando de Vengadores de Mártires -formado en 1980 para vengar el asesinato del capitán de Ejército Roger Vergara, a manos del MIR- para incendiar el restaurante Campo Lindo, propiedad de los cracks de la selección chilena.

La danza de los cuervos / el destino final de los detenidos desparecidos Javier Ignacio Rebolledo Junio 2012, 277 páginas.

Entre los encartados hay al menos 60 nuevos ex agentes que hasta ahora no habían caído en las redes de la justicia por delitos de lesa humanidad. Del total de procesados, todos en retiro, 50 son del Ejército y el resto de la FACh, Armada, Investigaciones y Carabineros.

El más masivo procesamiento en la historia de los juicios por violaciones de los derechos humanos, dictó ayer el juez Víctor Montiglio en contra de 120 ex agentes, todos de la DINA.

Entre los encausados hay cerca de 60 nuevos ex represores que hasta ahora no habían sido procesados en algún juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

El magistrado resolvió los nuevos encartamientos por los crímenes cometidos en las llamadas operaciones Colombo, Cóndor y los episodios conocidos como Calle Conferencia I y II.

En estos dos últimos, en 1976, la DINA secuestró e hizo desaparecer a dos direcciones clandestinas completas del entonces encubierto Partido Comunista.

Aunque el juez Montiglio mantuvo la información lejos de la prensa, se conoció que de los 120 procesados, hay al menos 50 que pertenecen al Ejército y el resto a la Fuerza Aérea, Armada, Investigaciones y Carabineros.

Entre los oficiales procesados y ya retirados del Ejército que cumplieron misiones operativas en la DINA, al menos están César Manríquez Bravo, Manuel Carevic Cubillos, Hernán Sovino Novoa, Humberto Chaigneau Sepúlveda y Sergio Castillo González.

Este último es uno de los ex agentes represores que continúan recibiendo un sueldo mensual del Ejército, recontratado como empleado civil, según el reportaje "La DINA a honorarios" publicado en la última edición de La Nación Domingo.

Esta vez el ministro Montiglio incluyó entre los procesados a varios ex agentes que montaron guardia en los recintos clandestinos de detención, pero que también fueron agentes operativos en el traslado de prisioneros para su exterminio y desaparición.
Incluso, no pocos de ellos integraron las brigadas operativas de la DINA deteniendo opositores y participando en las torturas o en golpizas.

El juez Montiglio explicó ayer este masivo encausamiento, manifestando que ello se debe a que "aquí estamos investigando a todos quienes han tenido participación en los cuarteles (de la DINA)".

El magistrado ordenó además el arresto preventivo de una gran parte de los procesados, y aquellos respecto de los cuales no lo decretó, se explica porque ya se encuentran encausados por otros casos y en situación de libertad provisional, esperando condena.

La Operación Cóndor, o Plan Cóndor, fue una coordinación de los servicios de inteligencia del cono sur para reprimir y eliminar a militantes de izquierda, y nació en Santiago el 28 de noviembre de 1975.

A esa reunión, en la que se formó el acta de constitución, asistieron por Chile el jefe de la DINA, coronel Manuel Contreras; por Argentina el capitán de navío Jorge Casas; por Bolivia el mayor de Ejército Carlos Mena; por Uruguay el coronel de Ejército Jorge A. Pons, y por Paraguay el coronel de Ejército Benito Güanes Serrano.

La Operación Colombo fue un montaje preparado por la dictadura entre fines de 1974 y 1975, para hacer creer a la sociedad chilena y los países extranjeros que ya reclamaban por la represión tras el golpe militar de 1973, que los detenidos desaparecidos eran una mentira del "marxismo internacional".

Para ello, inventaron que 119 chilenos que se reclamaban como desaparecidos, habían muerto en Argentina y Brasil, enfrentados entre ellos por rencillas políticas o en intercambio de disparos con las policías o fuerzas militares de esos países.

EL CASO CONFERENCIA
Se conoció como Calle Conferencia, según el nombre de la calle de Santiago con el número 1587 donde se produjeron las primeras detenciones, al episodio por el cual la DINA secuestró e hizo desaparecer en mayo de 1976 a la primera dirección clandestina del Partido Comunista.

Entre ellos cayeron Víctor Díaz López, secretario general del PC en la clandestinidad, además de Jorge Muñoz Poutays, Mario Zamorano Donoso, Uldarico Donaire Cortez, y Jaime Donato Avendaño.

El capítulo conocido como Conferencia II se le llama también "El caso de los 13", por el secuestro y desaparición de 11 integrantes de la segunda dirección clandestina del PC junto a dos militantes del MIR, ocurrido entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976.

La investigación judicial estableció que tanto los miembros de la primera, como la segunda dirección del PC, fueron detenidos por integrantes de la Brigada Lautaro de la DINA, comandada por el capitán de Ejército Juan Morales Salgado, y por los integrantes de dos grupos operativos liderados por Ricardo Lawrence y Germán Barriga, capitán de Carabineros y Ejército, respectivamente.

Santiago Araya Cabrera (MIR) fue detenido el 29 de noviembre de 1976. El 13 de diciembre fue arrestado el dirigente PC Luis Lazo San Martín.

Dos días más tarde fueron secuestrados Horacio Cepeda Marinkovich, Lincoyán Yalú Berríos, Fernando Navarro Allendes, Fernando Ortiz Letelier, Héctor Véliz Ramírez, Reinalda Pereira Plaza y Waldo Pizarro Molina.

El 9 de diciembre fue detenido Armando Portilla, finalizando la operación el 18 de diciembre con Lisandro Cruz Díaz y Carlos Durán González (MIR), y el 20 de ese mes, con el secuestro de Edras Pinto Arroyo.

Sólo en 2007 se conoció judicialmente el infierno que vivieron los detenidos, porque ningún prisionero salió con vida desde el cuartel Simón Bolívar de la Brigada Lautaro.

Respecto del destino de los dirigentes, el testimonio del suboficial de Carabineros (R) Raúl Valdebenito Araya fue decisivo para abrir la causa.

Según él, por esos días, "tres o cuatro" detenidos, todos miembros del PC, fueron llevados hasta el gimnasio del cuartel, para ser interrogados.

No recuerda si fue ese día o al siguiente que vio a las personas "ya ensacadas", aludiendo a que habían sido eliminadas y puestas dentro de sacos paperos.

El mismo Valdebenito se encargó de conducir a la comitiva de automóviles hasta la cuesta Barriga, al poniente Santiago.

"Al llegar nos detuvimos y recuerdo que los vehículos que venían custodiándonos sacaron de sus maleteras unos tres o cuatro bultos, los que fueron trasladados hasta el interior de una cueva", declaró en el sumario.

Según recuerda, "pocos días después", llegaron cinco detenidos más al cuartel Simón Bolívar, también miembros de la dirección del PC, quienes habían sido detenidos por los equipos operativos de Lawrence y Barriga.

Otro agente entregó antecedentes trascendentales para probar la estadía en ese cuartel del profesor Fernando Ortiz, Reinalda Pereira y Lincoyán Berríos.

En el ojo del huracán

Justo cuando el reportaje publicado por La Nación Domingo sobre los ex agentes de la DINA y la CNI, algunos procesados por derechos humanos, que estando en situación de retiro del Ejército, siguen recibiendo sueldos mensuales provocara gran impacto en el mundo político, el juez Víctor Montiglio, uno de los principales candidatos para ascender a la Corte Suprema, dio a conocer ayer este masivo procesamiento a ex agentes de la DINA.

A los autos de procesamientos dictados en 2007 y 2008 por los casos Calle Conferencia I, consistente en la aniquilación de la primera dirección del PC, y el montaje criminal denominado Operación Colombo -ambos hechos ocurridos en 1975 y 1976-, el magistrado procesó ahora a 120 ex agentes de la DINA.

Esta vez se trata del exterminio de los miembros de la segunda dirección del PC. Si bien hasta el cierre de la edición aún no se conocían los nombres de los agentes encausados que serán notificados hoy, se presume que muchos de ellos ya se encuentran procesados por los crímenes cometidos en los casos Calle Conferencia I y Colombo.

Los otros casos del juez

En mayo de 2007, el ministro Víctor Montiglio procesó a 74 ex agentes de la DINA, la mayor parte de ellos hasta ese momento desconocidos, en lo que se conoció como el procesamiento más grande de la historia. De esta forma se daba a conocer la existencia del cuartel Simón Bolívar y de la mortal Brigada Lautaro.

Un año después de ocurridos los crímenes relativos a la primera dirección del PC, se llevó a cabo la Operación Colombo o “Caso de los 119”. La acción perpetrada por la DINA en 1975 en contra de dirigentes del MIR, también fue investigada por Montiglio.
Luego de un concienzudo trabajo, el ministro determinó algunos de los puntos por donde pasaron varios de los detenidos desaparecidos víctimas del montaje, entre los que se encontraba la Brigada Lautaro. Nuevamente dio un golpe. En mayo, pero esta vez de 2008, sometió a proceso a 98 agentes de la DINA.

La brigada de la muerte

Asentados en Simón Bolívar 8800, en la comuna de La Reina, en 2007 la Brigada Lautaro se reveló como el último y más brutal hallazgo respecto de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Originalmente este grupo de agentes tuvo como tarea fundamental la seguridad del director de la DINA, el entonces coronel Manuel Contreras.

Sin embargo, en 1975, cuando el PC se rearticuló, formando una dirección clandestina, esta mortal brigada cambió de rubro dedicándose por completo a la caza de los dirigentes partidistas.

Hasta el lugar llegaron los entonces capitanes Ricardo Lawrence Mires y Germán Barriga. En el lugar también se experimentó con gas sarín sobre los detenidos, estando a la cabeza de este proceso Michael Townley.

Además de darse las torturas más cruentas, nadie salió con vida de Simón Bolívar. La auxiliar de enfermería Gladys Calderón se encargaba de inyectarles una dosis mortal de veneno.

Luego se quemaban los rostros y partes distintivas de los detenidos, se les quitaban las tapaduras de oro, se ensacaban para luego ser trasladados a las minas de cal de Lonquén o lanzados al mar.

Por J. Escalante y J. Rebolledo

El hombre que era uno de los prófugos más buscados por la PDI llegó a las 11 de la mañana de este viernes hasta la calle Exequiel Fernández en Ñuñoa para informarles a los uniformados del 0S-9 de Carabieneros que "vengo a entregarme".

Las redes sociales oficiales de Londres 38 -centro de represión, tortura y exterminio de la dictadura de Pinochet que hoy es un sitio de memoria- confirmaron y calificaron como un “triunfo” que el ex jefe directivo de la DINA, Ricardo Lawrence Mires, se haya entregado a la policía por secuestro, apremios ilegítimos, homicidios y torturas cometidas en la era del tirano.

Por medio de una publicación en Twitter, la organización escribió: “Gracias a la larga lucha de los defensores y defensoras de Derechos Humanos #RicardoLawrence cumplirá condena en la cárcel. Un triunfo para la larga lucha por #TodaLaVerdadTodaLaJusticia“.

Según consignó La Tercera este viernes, el ex comandante de Carabineros, apodado el “Teniente Cachete Grande”, se entregó esta mañana ante el OS-9 de Carabineros.

El hombre que era uno de los prófugos más buscados por la PDI llegó a las 11 de la mañana de este viernes hasta la calle Exequiel Fernández en Ñuñoa para informarles a los uniformados que “vengo a entregarme”.

El medio antes citado consigna que Lawrence contaba con tres casos de tormentos a detenidos, un caso por apremios ilegítimos, dos homicidios calificados, cinco homicidios y ocho secuestros.

Por su lado, el ex DINA fue condenado por la desaparición de Alfonso Chanfreau, estudiante de Filosofía de la Chile, militante del MIR y abuelo del vocero de la ACES, Víctor Chanfreau.

Por ahora, el sujeto se encuentra en Palacio de Tribunales, pero se espera que pronto sea llevado hasta Colina 1.

 Un juez de Chile condenó a 53 exagentes de la policía represiva del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) por su participación en el secuestro y desaparición de siete dirigentes comunistas y por el asesinato del entonces secretario general del Partido Comunista Víctor Díaz, informó el lunes el poder judicial.

Según las autoridades, los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) montaron una “ratonera” al interior de una vivienda en la que sabían se produciría una reunión de altos dirigentes comunistas y los fueron deteniendo a lo largo de varios días a medida que llegaban. Los capturados fueron conducidos al temible cuartel secreto de detención de Villa Grimaldi, conocido por torturas a los presos, que incluían violaciones, aplicación de corriente y colgamientos.

Víctor Díaz logró mantenerse en la clandestinidad desde el mismo día del golpe militar de septiembre de 1973 hasta que fue detenido el 12 de mayo de 1976. Estuvo en manos de la DINA durante ocho meses hasta que decidieron que ya no tenía información que entregar y fue asfixiado con una bolsa plástica y lanzado al mar, dijo el ministro Vázquez.

La práctica de lanzar opositores asesinados al mar se registró desde comienzos de 1974 hasta 1978.

El exagente Ricardo Víctor Lawrence Mires fue condenado a 20 años de presidio por ocho secuestros y a 15 años como coautor del asesinato de Díaz, detenido el 12 de mayo de 1976, dijo un informe del ministro Miguel Vázquez. Por su parte, Juan Hernán Morales Salgado deberá cumplir las penas de 8 años y de 15 años adicionales de presidio como coautor del secuestro de Díaz y por su posterior asesinato. Otros dos exagentes deberán cumplir 20 años de cárcel por el secuestro calificado del grupo de dirigentes comunistas.

El delito de secuestro calificado es usado por los jueces desde hace unos 18 años para referirse al secuestro seguido de desaparecimiento.

Trece exagentes fueron sentenciados a 13 años de presidio como coautores de secuestro calificado de los ocho detenidos. Los restantes fueron condenados a penas que van desde 17 a 3 años de presidio.

Las penas pueden ser apeladas ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.

El juez relata que la DINA habilitó una casona en el barrio de clase media de Ñuñoa, que funcionó como un cuartel de exterminio. Se sabe que no hubo sobrevivientes del penal Simón Bolívar.

La dictadura dejó 40.018 víctimas, incluidas 3.190 asesinados. El resto sobrevivió a las torturas y la prisión política

El manto de silencio de la dictadura sobre la detención de dos importantes militantes del MIR no era casual correspondía a una nueva forma de operar de la represión, a una política dirigida desde el Puesto de Mando del General Pinochet, el piso 22 del edificio Diego Portales, era el ocultamiento de las detenciones que daría paso a la desaparición de Van Schouwen.

A fines de diciembre la dirección del MIR buscaba desesperadamente tener noticias sobre lo ocurrido en la parroquia de Los Capuchinos. Miguel Enríquez le encomienda la misión a un ex seminarista de la Congregación Sagrada Familia y militante de su partido, Germán Cortez [1], que se comunique con el Obispo Fernando Ariztía [2] para que indague sobre lo sucedido en la parroquia de Los Capuchinos.

El Obispo Ariztía atendiendo a la petición que le hace Germán Cortez se dirigió a conversar con los sacerdotes que se encontraban en el convento esperando de ellos la cooperación dada la situación que vivía el país. Los superiores de la congregación Capuchina había tomado una decisión, olvidar lo sucedido, y de nada serviría la visita de el Obispo. La única información que recibió el Obispo Ariztía fue que efectivamente había dos personas alojando en la parroquia transitoriamente y que habían sido detenidas por policías y militares junto al padre Enrique White, quién en ese momento se encontraba fuera del país. La congregación Capuchina había construido una historia oficial, negando incluso a otro sacerdote la información que poseía en ese momento: que Van Schouwen y Munita habían sido asesinados ante los ojos del padre White.

El Gato Valenzuela, conocido por su habilidad para moverse en el mundo de la clandestinidad, también recorría Santiago en busca de información sobre el destino de los dos militantes desaparecidos sin tener mayor suerte, sólo se sabía que habían sido detenidos y que posiblemente estarían en algún lugar clandestino de detención, pero tampoco conocía cuales eran los nuevos lugares destinados al cautiverio de prisioneros.

La pregunta para los dirigentes del MIR era ¿qué hacer para que la dictadura reconociera la detención de Van Schouwen y Munita? o por lo menos que hiciera alguna declaración que pusiera de manifiesto que estaban detenidos en algunos de los sitios hasta ese momento conocidos como Centros de Detenidos por Estado de Sitio. Miguel recurrió a los escasos contactos que quedaban en las Fuerzas Armadas sin tener respuestas. La discusión al interior del MIR era de cómo traspasar esa información a las bases que se encontraban en la clandestinidad viviendo en condiciones difíciles, sin desmoralizarlas.

La comisión exterior del MIR que estaba a cargo de Edgardo Enríquez había tramado una estrategia que podría entregar algunas luces sobre el destino de su amigo y dirigente Bautista Van Schouwen, o por lo menos pensaba que una campaña fuerte en el exterior le salvaría la vida, sin saber que nada de lo que hiciera tendría el resultado que esperaba, ya estaba sin vida y ni la dictadura ni sus verdugos jamás reconocería su asesinato.

La búsqueda de Patricio Munita Castillo.

Lucía Castillo y su familia el día 11 de Septiembre habían celebrado el fin del gobierno de Salvador Allende. Apenas supieron del bombardeo del Palacio Presidencial de La Moneda destaparon unas botellas de champaña y brindaron por el nuevo gobierno que los había salvado del caos y del yugo marxista.

En Octubre, cuando la vida les sonreía, los Munita Castillo decidieron que era tiempo de viajar a los Estados Unidos y lo hicieron en un avión militar directo a Washington. Agradecidos del nuevo gobierno y de sus amistades que les habían facilitado el traslado, llevaron un cargamento del “Libro Blanco” [3] a la embajada de Chile en la capital norteamericana para que lo difundieran entre los republicanos y amigos de la dictadura en los Estados Unidos. Sentían que era la mejor forma de cooperar porque a través de esa publicación se conocería la verdad sobre este nuevo Chile que nacía y así se podría mejorar la imagen de la Junta y bajar la presión de las demandas internacionales por las acusaciones de violaciones a los derechos humanos que se les hacia. Nunca se imaginó que dos meses y medio después su hijo sería una víctima más de la dictadura militar.

El 24 de diciembre Lucía Castillo bajaba del avión alegre de encontrarse nuevamente en casa, venía cargada de regalos que había comprado en Panamá para sus hijos. Lo primero que notó al salir de aduana fue la ausencia de Patricio quién le había pedido expresamente, en su última carta, que no dejara de llegar para la fecha porque quería celebrar en familia su última navidad soltero. La ilusión de tener a sus hijos en la cena no la dejó ver la desesperación que su hijo mayor tenía en el rostro.

Esa noche fue tensa para los hermanos de Patricio, porque Lucía no dejaba de preguntar la razón de la ausencia de su hijo Patricio y ellos no se atrevían a contarle la verdad.

"—El nos había llamado por teléfono, junto con mis otros hijos, para nuestro aniversario de matrimonio el día 8 de diciembre. Nos dijo que lo único que quería era que le avisáramos cuando llegábamos para ir a buscarnos al aeropuerto". “Nosotros llegamos el 24 de diciembre en la mañana, ahí noté que no estaba el niño, estaban todos mis otros hijos y él no.

“Pregunto a mis hijos ¿Donde está el Pato? Ellos me dicen, para no impactarme ellos habían quedado de acuerdo en decirme, que estaba en el fundo de los padres de su novia en el sur. Y la novia estaba desaparecida.

“Mi hijo mayor mientras tanto lo buscaba por todos lados, en la morgue…El director de Investigaciones, que era tío mío, también hacía gestiones y ayudaba como podía. “A mi me ocultaron que Pato estaba desaparecido y yo llegué apurada a arreglar el pesebre; además veníamos con todos los regalos porque habíamos pasado por Panamá y compramos muchísimas cosas. Yo con todo eso, tan tonta, no me di cuenta. Yo estaba ignorante de todo, por eso pensé que el Pato que era tan amistoso se iba a venir del fundo directo para la fiesta. Tenía una pequeña inquietud, pensaba que era raro que no me hubiera llamado cuando él quería que llegáramos a pasar la Pascua juntos.

“Yo le tenía su regalito, él me había pedido un gorro de piel para el invierno porque tenía sinusitis.

“Después de Navidad, en la noche de Navidad, recuerdo recuerdo que cada vez que sonaba la puerta yo me imaginaba que era Pato, pensaba que iba a llegar el niño…Para mí será siempre niño.” [4]

Cuatro días después, el día 28 de diciembre mientras la familia se preparaba para celebrar el nuevo año, Lucía Castillo se enteraba del desaparecimiento de su hijo y comenzaba su tragedia.

Era el día de los inocentes del año 1973 y en la casa de Brown Norte Nº 875 cerca de las cuatro de la tarde suena el teléfono, era la esposa del embajador del Brasil que interrumpía la siesta familiar. Lucía contestó el teléfono y "Kika” le dice que llamaba para invitarlos a celebrar el nuevo año con la familia en la embajada.

Entusiasmada con la idea de estar rodeada de amigos en esa fecha precipitó la respuesta de Lucía, le dijo que sí pero decidió consultar con su marido que se encontraba a su lado escuchando la conversación.

Jamás olvidara la voz angustiada de su marido, ni su respuesta desesperada. “¡Acaso no sabes que está desaparecido el niño!”, refiriéndose a Patricio.

Lucía Castillo se desplomó sobre la cama, por el otro lado del teléfono se escuchaba la voz de su amiga que preguntaba que había pasado. Casi no pudo darle una respuesta, sólo atinó a decir después te llamo “el pato mi niño ha desaparecido”.

Mientras estaba en los Estado Unidos había leído cientos de veces que en Santiago aparecían muertos en la rivera del río Mapocho, también había escuchado de los desaparecidos pero ¿cómo creerle a los marxistas y a su propaganda?

“—En octubre partimos a Estados Unidos -mi marido y yo-. Entonces comenzamos a leer en los diarios que habían detenidos desaparecidos en Chile, pero era cosa ajena a nuestras vidas, así lo veíamos nosotros. Pensábamos que eran revolucionarios que atentaban contra los militares, o cosas así, que merecían que les sucediera eso, que probablemente habían caído en un enfrentamiento.

“Yo había visto tantas cosas de desaparecidos, murió en enfrentamiento, tantas cosas en el diario y yo sin poder creerlo, yo no lo podía creer.

“Nosotros estábamos con los ojos totalmente vendados.” [5]

Sin embargo esa realidad estaba instalada en su propia familia, en su casa y el dolor por la muerte de su joven hijo no desaparecería nunca.

Cuando Lucía cortó el teléfono sintió que su cuerpo le pesaba y que sus piernas no lo resistirían, desesperada comenzó a llorar, no quería saber de nadie, no podía entender que había sucedido a su alrededor que todo se le desmoronaba. A ratos pensaba que Patricio estaba donde los padres de su novia en el sur, puesto que Gabriela tampoco aparecía y nadie sabía de ella. Su hijo era parte de una familia respetable con padres adinerados y con relaciones en los más altos círculos sociales y castrenses, su hijo era bueno había estudiado en colegios católicos, no podía desaparecer de la noche a la mañana, debía haber algún error.

A los pocos minutos de cortar el teléfono llegó Kika para ofrecerle su ayuda personal y la de su embajada que tenía fuertes vínculos con la dictadura chilena. Así comenzó la cadena de relaciones para que su familia lograra encontrar el cuerpo de Patricio Munita. Lucía Castillo no dejó ni una puerta sin golpear, fue a todos los lugares donde le decían que había detenidos, a las postas, hospitales, comisarías.

Lo que no sabía era que nada de lo que hiciera iba a hacer aparecer con vida a su hijo y que el gorro de piel comprado con tanto cariño quedaría sin uso para siempre. Los días que siguieron fueron intensos y dolorosos para la familia Munita Castillo y comenzó el peregrinaje.

“—Recorrimos todo, Fuimos a Tejas Verdes, al Psiquiátrico, porque nos decían que habían adormecido a los locos con inyecciones y que había un patio de detenidos. Fuimos a todos los centros de detenciones, comisarías, carabineros. ¡Uf! fuimos a todas partes.

“También fuimos a Barrancas, a la Cruz Roja. Al Estadio Chile fui con delantal de la Cruz Roja que me prestaron, Después una miembro de la Cruz Roja me acompañó a Tejas Verdes para dejar la fotografía de mi hijo. Incluso esta persona fue delatada por la jefa de la Cruz Roja de Tejas Verde, a quién mi amiga le pasó la foto de Pato para que preguntara entre los presos si lo habían visto o no. Ella fue llamada por el Ministerio de Defensa para que explicara por qué preguntaba por mi hijo.” [6] Mientras tanto el Servicio de Registro Civil e Identificaciones ya conocía a quiénes pertenecían las huellas de los protocolos de autopsia 3950 y 3951 y el día 3 de Enero de 1974, fue informado por teléfono al Cementerio general que las huellas del muerto NN registrado en la autopsia 3951 pertenecían a Bautista Van Schouwen, luego serían informadas por el oficio escrito Nª 62577 [7]. Sin embargo ni el Director del Cementerio hizo la corrección de mandarle a poner nombre a la sepultura, ni el Servicio de Identificación jamás informó a los familiares de Bautista Van Schouwen que los restos de su hijo se encontraban enterrados en el Patio 29; es más, en la tumba rotulada con el Nº2335 jamás fue escrito el nombre del cuerpo que yació en ella, en tanto la familia Munita Castillo tardaría un mes y medio más para encontrar los restos de Patricio Munita. Se conjuraba así la complicidad de los servicios del estado para desaparecer a personas.

La investigación secreta del general Baeza

El General de Ejercito Baeza, un conocido oficial de ejército avezado en las tareas de inteligencia, había sido escogido por el propio General Pinochet para asumir el día 12 de Septiembre como Director Interino de la Policía de Investigaciones, su nombramiento figura en el oficio Reservado Nº1 de la Junta de Gobierno.

“—En la noche del día 11 de septiembre yo quedé con la segunda antigüedad del Ejército en Santiago, porque yo era la cuarta antigüedad en todo el ejército. “Primero estaba el General Pinochet, después venía el General Urbina, después el General Torres de la Cruz y después venía yo.

“Pero al General Urbina lo mandaron a una inspección en el sur, en esos días, y el General Manuel Torres era el comandante de la División de Punta Arenas. Osea que después del General Pinochet, el día 11 de septiembre, venía yo.

“Yo me quedé en el Ministerio tomando contacto y coordinando muchas cosas con el General Pinochet. Entonces el General Bonilla, que se había trasladado con otra gente y el General Pinochet para otro lugar, me llama por la noche después que había pasado todo, incluso el suicidio del Presidente Allende. Me dice Bonilla esa noche por teléfono “Se organizó un gabinete, tú estas nombrado Ministro”. Yo acepté, pero al día siguiente la cosa cambió.

“Al día siguiente Pinochet me pidió que me hiciera cargo de Investigaciones. “Bueno, con el General Pinochet nos conocíamos mucho porque nos había tocado ser tenientes juntos, yo era teniente instructor en la Escuela Militar y él también estaba de teniente en la Escuela Militar. Después hicimos el curso en el grado de Coronel, él había entrado dos años antes que yo a la escuela . El era promoción del año 36 y yo del 38, pero al final se juntan y se van eliminando muchos oficiales y pocos llegan a Coronel, así que se juntan de distintos cursos.

“El General Pinochet llegó la mañana del día 12, al Ministerio de Defensa Nacional, donde yo estaba conversando con el Almirante Carvajal del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Estaba también con otro General de Artillería , el General Nuño, estaba también el Subdirector de la Defensa Nacional, el General de Aviación, General Nicanor Díaz.

“Estabamos todos reunidos conversando todos los problemas que se estaban produciendo o se habían producido el día anterior, y llegó el General Pinochet – como acabo de decir- y dijo “Hay un grave problema: Investigaciones, y hay que designar a una persona que se haga responsable”

“El General Nuño dijo: Aquí está Baeza.” [8]

La misión encomendada a Baeza, por la Junta de Gobierno golpista consistía en purgar la institución que había sido creada el año 1933 durante el gobierno de Arturo Alessandri como policía política para entregar informaciones a los gobiernos, ante posibles situaciones que desestabilizaran la institucionalidad.

Los oficiales golpistas y Pinochet no veían con buenos ojos al único servicio armado que había mantenido la lealtad con el Presidente Allende hasta el último momento. Pinochet tenía información que desde los techos del Cuartel de Investigaciones habían disparado contra los aviones y helicópteros durante los ataques a los Ministerios y La Moneda, que además, en el Palacio de la Moneda los detectives habían acompañado al presidente Allende mientras era cercado y que habían resistido hasta el final, además investigaciones tenía suficiente información sobre las actividades sediciosas de la derecha y pruebas de su participación en los asesinatos de el General Schneider y el Capitán Araya. Pero no era lo único que le importaba a Pinochet, la institución, también, tenía información sobre los grupos políticos de izquierda que había acumulado a través del departamento conocido como “los guatones de la PP”, (Policía Política) y entre esos grupos estaba el MIR, por lo tanto en su interior había un capital que los militares no tenían: información para desarticular a los sectores que trabajaban en la clandestinidad.

No hubo Ministerio para Baeza, el General Pinochet había cambiado de opinión y aceptaba la sugerencia del general Nuño. De esa manera se sacaba de encima al general más apreciado por el Departamento de Estado Norteamericano que había estado involucrado desde sus inicios en la conspiración golpista y que tenía lazos afectivos con la Democracia Cristiana y la derecha política [9]. En pocas palabras podía ser una sombra para sus aspiraciones de “gran dictador”.

La primera tarea de Baeza fue la de sofocar la resistencia de los detectives a la intervención militar representada por él. No era tarea fácil asumir la dirección de una institución armada que se sentía intervenida por el enemigo que había detenido y torturado a queridos miembros de sus filas. Es por eso que más que purgar, lo que hizo Baeza fue bajar el perfil de la institución en materia de represión política, hacer una represión sutil sin grandes despliegues de fuerzas. Luego buscó la forma de sofisticar los métodos usados en los interrogatorios, para disminuir los riesgos de muerte de los detenidos, mandando a algunos detectives a especializarse en técnicas de torturas a Francia, España, Inglaterra, Suiza y los Estados Unidos [10]. Los primeros días de diciembre Baeza advirtió que algo raro estaba pasando en las altas esferas de la junta, su olfato de hombre de Inteligencia no lo engañaba. Por esos días recibió una petición escrita desde la Presidencia de la Junta de Gobierno, osea de Pinochet, donde le exigían que destinara en comisión de servicios a un grupo de hombres de su institución para la DINA [11]. Así se confirmaba su sospecha y se entera por primera vez de la existencia de este cuerpo operativo que está comandado por el propio Presidente de la Junta de Gobierno. Sin más envió a 23 hombres de su institución que pasaron a depender del, entonces, Coronel Manuel Contreras.

En diciembre, también, lo visitó un sobrino lejano, Jorge Munita, acompañado de una amiga, para pedirle ayuda porque su hermano menor, Patricio, se encontraba desaparecido desde mediados de Diciembre. El general le dijo que no podía investigar porque no tenía una orden de los tribunales, pero que haría todo lo posible por saber que había pasado con él. Entre los relatos de su sobrino le dijo que por los días en que Patricio había desaparecido andaba en compañía de Van Schouwen, dirigente del MIR.

A la mañana siguiente Baeza, muy complicado por la petición familiar, decidió destinar a un detective para investigar el destino de Patricio Munita. Segismundo Pavez Toledo era un antiguo detective de la Policía Política, su especialidad eran los partidos de izquierda revolucionaria a los que conocía perfectamente desde mediados de los sesenta esa fue la razón que indujo a Baeza para destinarlo a un caso especial. Era el hombre ideal, sabía como se movían estos grupos de izquierda y debía tener la agudeza para no comprometer a la institución y a su director en la investigación.

Segismundo Pavez entró a la oficina del general Baeza sin saber cual era su cometido. Se saludaron y el Director le pidió que se sentara y comenzó a darle lo que llamaría “una tarea confidencial” que debía de realizarla en secreto sin vincular a la institución y los informes debería entregárselos a nadie más que a él. [12]

Le dijo: se trata de algo familiar, así que espero informes diarios. No quiero que me los entregue escritos, los quiero verbales, en caso que el volumen de información sea muy alto me lo entrega por medio de minutas y sin copias. ¿Le quedó claro inspector?

Como era habitual en la época, Segismundo Pavez, no preguntó nada más; sólo se remitió a la primera fuente de información que le dio Baeza, los padres de Patricio Munita. Lucía Castillo y Jorge Munita.

Se encaminó hasta la residencia familiar en Bronw Norte cerca de Irarrázabal. Allí se presentó como detective enviado por el General Beza. Los desesperados padres lo hicieron pasar a la casa y le dieron la escasa información que tenían, le mostraron una fotografía familiar donde aparecía Patricio, su talla y señas físicas. También le dieron las señas de su novia y la información de una vieja Citroneta que era de su propiedad.

La primera referencia clara por donde podía seguir una pista era la vieja Citroneta. Dedujo que la Citroneta ya debía estar en los archivos de Carabineros donde, efectivamente, se registraba una infracción a la ley de transito. La pista lo llevó hasta el Arrayán alto a una parcela donde se ocultaba de la barbarie una comunidad hippie en la que vivía Brons.

Antes que el inspector Pavez llegara a Brons, la DINA lo había detenido. La segunda pista fue buscar a Gabriela Rozas, quien a esa altura se encontraba en la cárcel de mujeres del Buen Pastor. El encuentro fue breve y traumático. Cuando el detective se presentó y mostró la placa de Investigaciones a la joven, esta comenzó a gritar desesperadamente, el detective se sorprendió sin saber qué hacer, rápidamente fue llamada la madre superiora del Buen Pastor para que calmara a Gabriela. Gabriela había vivido los peores momentos de su vida se encontraba muy delgada producto de las intensas torturas que había vivido.

No aportó mucho a la investigación sólo relató su trasladado a un lugar en el centro de Santiago Londres 38 y los interrogatorios, torturas y vejaciones. También habló

de su traslado en un camión tipo frigorífico cerrado hasta un lugar en la costa cercano a un río -Tejas Verdes-. Las secuelas de lo vivido la habían destrozado y aunque se encontraba en tratamiento psiquiátrico, no podía hacer un relato coherente de cual podía ser la suerte de su novio.

Esa escasa información lo llevó a otra detenida en el mismo lugar, Ana María Moreira, ella tampoco le pudo aportar mucho porque no entendía la razón de su detención, intuía que se trataba algo relacionado con el padre White. Pero no pudo dar información por temor.

Mientras tanto la madre de Patricio Munita, Lucía Castillo, continuaba su peregrinaje de una oficina a otra del edificio Diego Portales donde un grupo de sus amigas pertenecientes al cuerpo diplomático acreditado en Santiago había pasado una fotografía a un coronel de apellido Moreno.

Recuerda que un día entre tanto subir y bajar del Edificio Diego portales se encontró con su viejo amigo, Pedro Ewing que a la fecha era Ministro Secretario de Gobierno, a quién había hecho el favor de llevarle los bultos con el Libro Blanco a Washington. En el pasillo conversó con él y le contó la razón de la visita. No hubo respuesta ni siquiera una mueca en la cara del General que revelara la posibilidad de una ayuda. Ewing provenía de una vieja familia de militares golpistas. Su padre, el alto oficial Alfredo Ewing, había pasado tristemente a la historia un día 11 de septiembre de 1924 tras pertenecer al grupo de oficiales que derrocó a Arturo Alessandri Rodriguez por la vía de un golpe de estado.

Lucía comenzaba a ver que su mundo se le achicaba y se trataba de conformar pensando que a su hijo nada grave podía haberle pasado porque no había ni una orden de detención en su contra y tampoco habían aparecido noticias en los diarios que hablaran de su captura. El mes de enero de 1974 pasó lentamente para la Familia Munita Castillo, las investigaciones a cargo del detective Pavez no arrojaban nuevos indicios sobre la suerte corrida por su hijo y a pesar que la familia había ofrecido dinero por cualquier dato que aportara un rastro sobre lo ocurrido con Patricio, no habían tenido el éxito esperado.

El General Baeza, ya supone cual puede ser la suerte corrida por su sobrino, la intuye desde el principio por la información que habría desaparecido con un alto dirigente de izquierda, además se suma a esa información el conocimiento del surgimiento de la DINA y los poderes que maneja este nuevo aparato represivo, pero prefiere esperar el resultado final del detective encargado de la investigación.

El detective Pavez sigilosamente sigue los últimos pasos de Patricio Munita y se dirige hasta la congregación Capuchina. Allí se entera que a mediados de diciembre fue allanada y sacados de su interior un sacerdote, que por esos días se encontraba fuera de Santiago, acompañado de dos hombres jóvenes que corresponden a las descripciones de Patricio Munita y Bautista Van Schouwen. No le dan ni una otra información que lo conduzca hasta el organismo que hace las detenciones para seguir investigando. Sin embargo sospecha que por el tiempo transcurrido y el silencio sobre las detenciones la posibilidad de encontrar a los detenidos con vida es escasa.

“—Era terrible. Recuerdo una vez que vinieron a mi casa los padres de este joven – Patricio Munita- y estuvieron casi cuatro horas rogándome que les dijera lo que había pasado con su hijo, si es que lo habían lanzado al mar, o si lo habían quemado. La señora me suplicaba que le hiciera una seña con la mano para saber si su hijo estaba muerto o no y yo no podía decirle nada porque el General Baeza me había encargado no decirle a nadie sobre la investigación que yo hacía. Esa vez fue tan terrible que mi mujer, que en paz descanse, se encerró a llorar, ella sentía el dolor de madre y no aguantaba; después se enojó conmigo porque no le di ni una información a los padres de este chiquillo. Pero no podía, tenía que cuidar mi trabajo.” [13]

El último trámite de la investigación del detective Pavez fue ir al Servicio Médico Legal. Allí llegó una calurosa mañana de comienzos de febrero, sabía que lo primero que debía hacer era buscar en el libro de ingreso. Sin identificarse pidió que le mostraran el libro que correspondía a la fecha en que supuestamente había desaparecido Patricio Munita, Se sorprendió al ver la enorme lista de muertos que habían llegado por esos días, buscó por los datos que tenía de estatura, un metro ochenta hacia arriba. y ahí encontró sólo tres cuerpos, dos de ellos de sexo masculino que habían aparecido muertos cerca de Macul. Como los dos cuerpos aparecían como NN pidió que le facilitaran las autopsia para ver si alguno de los dos cuadraba con las descripciones físicas del cuerpo que él buscaba. Le fue imposible obtenerlas la DINA las había hecho desaparecer, así se lo informó personalmente el Director del Servicio Médico Legal Dr. Alfredo Vargas. Pavez le comunicó al General Baeza que debía hablar con el director del Servicio Médico Legal porque él tenía mas información. Así lo hizo el General Baeza y en pocos días confirmaba la suposición, que su sobrino estaba muerto. También se entera que la DINA ha hecho enterrar su cuerpo junto con el de Van Shouwen y que se ha llevado las autopsias para hacerlas desaparecer.

A Baeza le queda claro el peligro de este nuevo servicio de inteligencia que opera sin ninguna norma y que está dirigido por un Coronel que pasa por sobre la jerarquía castrense respondiéndole a un solo hombre, que era su antiguo compañero de la Escuela Militar, Augusto Pinochet. Por eso decide mantener su información en secreto y no comunicársela a su prima Lucía.

“—Yo siempre pensé que debía haber un organismo que trabajara la información, para que informara al gobierno por si había huelgas, que afectaran al país, o subversión. Pero el problema de la DINA fue que no sólo podía hacer eso, sino que cumplía funciones operativas sin tener preparación para eso…eso fue grave.

Usted conocía al entonces Coronel Contreras ¿Qué le parecía él?

“—Si yo lo conocía antes del día 11 y me parecía un soldado más. Pero después se transformó en un Dios, el dependía sólo del Presidente y sólo a él tenía que rendirle cuentas.

“Varios generales tuvieron problemas con él. Yo me encerré en Investigaciones. “Yo no tengo nada que ver con la DINA. Ni me mezclé con la DINA, no cooperé con la DINA, no tuve nada que ver con la DINA.”

¿Cómo veía usted la actuación de la DINA?

“—No me gustaban los procedimientos. Varias veces llegué amarrado por el señor Contreras donde el General Pinochet a reclamarle por estos procedimientos donde se involucraba a Investigaciones.

“Eh, como no estaba de acuerdo en muchas cosas…ni sabía lo que hacían, no quise jamás mezclarme con la DINA o actuar en cooperación con la DINA. Que hagan ellos lo que les ordena la Ley o la autorización que tengan. en fin no sé.

“Lo que pasa es que este organismo era de carácter ejecutivo a la vez, para mi fue el error.”

¿Por qué?

“—Este organismo debía de haber sido de carácter informativo y no ejecutivo.

“Vale decir, que si ellos habían descubierto a alguna persona que había cometido algún delito, tenían que haberlo entregado a la justicia, sea militar o civil, o entregar la información al gobierno. Si era represivo, represivo hasta que extremo, ellos debían entregar a los que hubieran cometido los delitos a los tribunales. Pero no tomarse la justicia por sus propias manos.” [14]

Febrero llega rápido y no hay reconocimiento aún de la detención en la Parroquia de Los Capuchinos. La familia de Bautista también está en conocimiento que su hijo ha sido detenido y en los últimos días de diciembre habían decidido recurrir al General de Aviación Gabriel Van Schouwen, tío directo de Bautista, para que intercediera en los altos círculos castrense por que se informe sobre cual es el lugar donde se encuentra detenido su sobrino o que se reconozca oficialmente su detención. La respuesta del General Van Shouwen fue siempre evasiva. Su primera respuesta al padre de Bautista y hermano de este fue “que estaban en una fecha muy cerca de la Navidad para hacer ese tipo de preguntas porque la gente estaba preocupada de otros asuntos y no de eso”. Un año más tarde en 1974 ante la misma petición el General Van Schouwen respondía a su hermano “que no había orden de detención por parte de ninguna rama de las fuerzas armadas contra su sobrino Bautista Van Schuwen”.

En pocas palabras el alto oficial de las Fuerzas Armadas, General Gabriel Van Schouwen, jamás tuvo la voluntad de hacer algo que le permitiera encontrar respuestas sobre lo ocurrido con su sobrino; a diferencia del General Baeza, que logró saber que había pasado exactamente con Patricio Munita, su sobrino -a pesar que no le informó a la familia el resultado de su investigación- violando, incluso, las atribuciones de su servicio que le impedían investigar sin orden judicial.

Carlota Vassey, madre de Bautista Van Schouwen ha pasado años buscando verdad y justicia para su hijo. Durante años recorrió el mundo buscando ayuda en gobiernos y organizaciones que presionaran a la dictadura para que dijera donde estaba su hijo. Y aún le cuesta aceptar la desaparición de su hijo:

“—No puedo decir que es lo que significó para mi la desaparición de mi hijo. El fue muy buen hijo, yo sé que todas las madres dicen lo mismo, pero yo tengo tres hijos y los tres son buenos, pero Bautista era completo. Era caballeroso, atento, estudioso, buen mozo. Mi hijo era muy lindo.

“Aun recuerdo que el día 21 de diciembre supimos que Bautista había sido detenido. Estabamos en la parcela en Monteaguila con mi esposo, recuerdo que era a fines de diciembre. Mi hijo Jorge llegó en la mañana y salió a pasear con mi esposo por el campo. Yo creía que solo quería conversar y a mi esposo, Bautista, le gustaba pasear por nuestro campo. Pero no, Jorge, estaba muy angustiado porque no sabía nada de su hermano y ahí le contó lo de nuestro hijo. No querían que yo supiera porque todavía no se sabía nada. Después me contaron.

“Jorge mi hijo también había sido detenido y se encontraba con detención domiciliaria, osea no podía salir de Santiago pero estaba tan preocupado por su hermano que violó la prohibición de salir y viajó para que comenzáramos a hacer algo. Ese mismo día mi marido Carlos y yo viajamos a Santiago y comenzamos este vía crucis de buscarlo donde nos decían. Si nos decían que había detenidos en tal lugar, ahí íbamos. Pasábamos días enteros esperando noticias o recorriendo oficinas.

“Nosotros comenzamos recién en febrero los trámites de recurso de amparo ante la justicia, porque antes pensábamos que iba a ser peor y a lo mejor aparecía en alguna cárcel en algún momento. Incluso en la 3ª de la Hora del 12 de enero de

1974 aparecía una declaración del Subsecretario de Relaciones Exteriores refiriéndose a los cables de noticias que llegaban desde afuera, sobre que mi hijo estaría detenido y sometido a torturas, donde contestaba que “los cargos de torturas son infundios del cable” lo que daba por hecho que si estaba preso en algún lugar.

“Cuando apareció en el Mercurio (21 de agosto de 1974) que había sido detenido Bauchi, pusimos la parcela en venta, pensando que lo ibamos a rescatar muy mal de salud y para eso ibamos a necesitar plata para que se repusiera. Pero jamás lo encontramos”.

Las dudas al interior del MIR sobre la detención del Bauchi ya se han esfumado a comienzos de febrero, saben que cayó en manos de algún organismo represivo pero esa es toda la información que poseen. Saben también que no ha entregado ni una información a sus captores por que aún no ha caído ninguna estructura ligada a él. Miguel Enríquez, intentando [15] no desmoralizar a la militancia comienza a planear una estrategia: emitir información al exterior para que rebote a través de las agencias de prensa sobre que Bautista estaría vivo en una cárcel militar y que resistiría a las feroces torturas de manera heroica. Así mataría dos pájaros de un tiro, por un lado obligaría a la dictadura a reconocer su detención, quién intentaría a través de desmentidos descalificar las informaciones y comenzaría a dar pistas sobre los posibles lugares donde podría estar detenido el Bauchi, una vez conocido el lugar de su cautiverio intentarían un rescate con los cuadros especializados, pero, además le serviría para subir la moral a los militantes del MIR que ven en Van Schouwen, un líder muy querido cuyo ejemplo es digno de imitar.

Es así que en recién en Junio de 1974 en el Documento ¡¡A Fortalecer Nuestro Partido!!, “Los Golpes Recientes, Algunas Lecciones y la Organización de las Direcciones”, de la Comisión Política al Comité Central se informa a la militancia del MIR en la clandestinidad que Bautista Van Schouwen ha sido detenido.

“Nuestro partido ha enriquecido la historia del movimiento obrero y revolucionario chileno entregando a numerosos mártires que heroicamente, bajo salvajes torturas, se dejaron despedazar y mutilar antes de hablar nada. En primer lugar, nuestro compañero Bautista Van Schouwen que fuera torturado sanguinariamente durante semanas y meses sin hablar nada, respondiendo a las torturas, como atestiguan compañeros que estaban siendo torturados en salas contiguas, con insulto a los torturadores y con gritos de certeza en la victoria de la revolución obrera y campesina, y aún no sabemos con seguridad si está vivo o está muerto. Ante su heroísmo se inclinan hoy, no sólo públicamente revolucionarios, trabajadores y pueblos del mundo, la izquierda y los revolucionarios chilenos, sino incluso sus torturadores y líderes del gorilaje.” [16]

Es indudable que estas palabras escritas por Miguel Enríquez a su militancia, que se encuentra seriamente cercada y viviendo en difíciles condiciones en la clandestinidad, tiene el sentido de fortalecer la moral y revertir el duro golpe que ha recibido de manos, Tanto de la SIFA que ha detenido a gran parte del Comité Central y los dirigentes Regionales que se encontraban recomponiendo el MIR que había se había diluido en las regiones producto de la fuerte represión en los primeros días del golpe de estado, como de la DINA que comienza a golpear fuertemente en Santiago a las esctructuras que quedan reorganizando la resistencia a la dictadura.

Aparece el cadáver de James

Es febrero y la familia Munita Castillo se encuentra reunida en la casa de Brown Norte. Son cerca de las diez de la noche cuando el teléfono suena. Lucía se sobresalta piensa en su hijo Patricio y no se equivoca. Una voz masculina le dice:

¿Señora Lucía? [17]

Si -contesta nerviosa-.LLamo por lo de su hijo Patricio Munita. Vaya usted mañana a la morgue y busquen el número 3950.

Desesperada le pregunta ¿con quién hablo? un silencio profundo y la llamada se cortó.

Lucía Castillo jamás se imaginó que la búsqueda de su hijo daría la pista que más tarde permitiría saber que en el Patio 29 se enterraron cuerpos de personas asesinadas por la dictadura y que gracias a ella se podrían rescatar a algunos cuerpos y saber que pasó con Bautista Van Schouwen.

Al día siguiente la familia Munita Castillo se levantó temprano para ir a pedir información a la morgue del muerto cuyo protocolo de autopsia era el 3950. Fue la primera desilusión, el lugar de archivo de la autopsia 3950 estaba desocupado, y la 3951 que estaba junto a ella tampoco estaba. El resto del fichero se veía casi completo.

Desesperados fueron a pedir una entrevista con el director del Instituto Médico Legal. Durante varios días esperaron que los atendiera y la respuesta siempre era la misma, vuelvan mañana.

Molestos y cada vez más angustiados por saber de que se trataba la autopsia 3950 se fueron hasta el edificio Diego Portales a conversar con un Fiscal del Ejército en tiempo de guerra de apellido Saavedra. Esperaron nerviosos un rato para que los atendiera, luego la secretaria amablemente los hizo entrar hasta el despacho del fiscal. se saludaron y comenzaron el relato de la razón que los llevaba hasta él.

Sorprendido el Fiscal, les dice que no se preocupen que su problema será resuelto. Toma el teléfono y marca el número del Instituto Médico Legal, pide hablar con el director, le responden que no se encuentra en el momento. Saavedra molesto replica: Dígale a su jefe que quiero para mañana a las 11 AM la autopsia Nº 3950, o si no al mediodía le enviaré un Jeep militar armado y ahí verán.

Tras esa llamada les asegura que al día siguiente vayan a buscar la autopsia para saber de quién se trata.

Esa misma noche el fiscal Militar Saavedra llama a la familia Munita Castillo y les dice que lamenta no poder ayudarlos, que por favor no concurran a la mañana siguiente a su despacho porque la promesa que les había hecho no la puede cumplir. Sin más rodeo les dice que ha sido informado por el director del Instituto Médico Legal, que esas autopsias fueron retiradas por la DINA.

—Yo no puedo hacer nada, ellos tienen mucho poder. La voz del oficial se escucha temerosa y apenada

La familia Munita sin querer se entera de que existe un organismo llamado DINA y del enorme poder que tiene. Que incluso un oficial de tan alto rango como el Fiscal Saavedra queda sin autoridad ante su accionar, menos aún podrán hacer algo sus amistades.

La angustia en la casa de Brown Norte aumenta. Ya de nada les sirven las amistades al interior de la dictadura ni las relaciones con miembros de las embajadas de Brasil y Paraguay, amigas de la Junta de Gobierno. La carta enviada a Lucía Hiriart de Pinochet no ha sido respondida, y no se atreven a molestar nuevamente a su pariente el General Baeza.

En medio de la desesperación una amistad les recomienda que vayan directamente al Cementerio para averiguar si pueden encontrar alguna pista con el número de la autopsia o por lo menos si pueden orientarlos donde buscar la información.

Decidieron seguir el consejo, ya no había nada que perder así que por la mañana temprano partieron con rumbo al Cementerio General.

“—Recuerdo que fue un día domingo, fuimos al Cementerio a preguntar. En ese entonces no era igual que ahora, había un gran mesón con unos libros grandotes donde se consultaba.

“Recuerdo que el libro lo estaba viendo un señor. Empieza a ver el número en el libro y no, no lo encuentra. Nosotros le decimos que acaso no hay otro libro donde pueda ver si está ¡Ah, voy a ver! dijo y sacó de un estantito que tenía ahí un cuaderno. Lo buscó y lo encontró, y dice este muerto búsquenlo en el Patio 29 con el número 2336, ahí lo tengo yo.

“Aún sin saber de que se trataba, porque en el cuaderno donde habían visto el número de protocolo de autopsia no aparecía el nombre del muerto, a pesar que seguramente ya había sido informado por el Servicio de Identificación que el NN con protocolo de autopsia 3950 pertenecía a Patricio Munita; entraron al Cementerio en busca de lo que se llamaba Patio 29.

“Recuerdo que caminamos y caminamos. Era una desolación única, había varias personas deambulando. El patio 29 era de una soledad única, había un silencio tétrico y puras cruces negras.

“Buscamos el número 2336 hasta que encontramos la de mi hijo. Entonces cuando la encontramos yo me intento acercar a la cruz y se cimbra el suelo, las tablas del cajón. Fue tanta la desesperación que yo hago el ademán de rasguñar el suelo para mover la tierra y ver el cajón.

“Entonces una señora que estaba desmalezando me dice: Señora, no vaya a hacer eso, mire que allí está el camión de a DINA. Como ya nos habían hablado de la DINA, como era un organismo así nos asustamos. Esta persona me dijo: No haga eso porque se la llevan, vuelva otro día. Empezamos a tener más susto de la DINA.” [18]

Aurelio Fernández que se encontraba en el lugar y que había visto al matrimonio Munita Castillo pasar varias veces buscando algo, no aguantó más y le preguntó

¿qué buscaban?. Abiertos a recibir cualquier ayuda le dijeron que andaban tras una tumba donde supuestamente habían enterrado a su hijo y le dieron las señas de Patricio. Aurelio reconoció claramente al muerto buscado en uno de los dos muertos llegado la tarde del 14 de diciembre en horas que el cementerio se encontraba cerrado y les indicó donde estaba. Pero también les dijo que la única manera de sacarlo de ahí era consiguiéndose un permiso de Exhumación y Traslado de Cadáver que lo podía conseguir sólo si tenía cuña en el Servicio de Salud, con ese permiso en regla presentarlo a la Dirección del Cementerio y ahí rápidamente le autorizaban sacarlo desde el Cementerio [19].

“—Sus padres andaban de tumba en tumba buscándolo, los vi varias veces, no quise decir nada porque yo sabía, con las indicaciones que daban, cuál era el cadáver que buscaban, pero nosotros teníamos miedo de dar alguna información. No aguanté más, no andaba nadie por ahí, le dije más o menos donde estaba sepultado. La verdad es que yo le di después todas las indicaciones de como tenía que hacerlo para poder recuperarlo.” [20]

Angustiados buscaron ayuda entre las amistades más cercanas, evaluaron la situación y decidieron nuevamente recurrir al general Baeza. Al día siguiente Lucía fue a la oficina de su tío político para contarle que había finalmente encontrado a su hijo, pero que no podía sacarlo del lugar donde lo habían enterrado para trasladarlo al mausoleo familiar del Cementerio Católico porque necesitaba un permiso del Servicio de Salud.

Baeza no pudo quedar indiferente ante las lagrimas de desesperación de su sobrina, se conmovió con las suplicas y luego de pensarlo unos minutos, que fueron eternos para Lucía, prometió ayudarla, pero le dijo que esperara en su casa la llamada para cuando podrían desenterrar el cuerpo de su hijo.

Apenas salió Lucía, el General Baeza tomó el teléfono y llamó a su viejo amigo, el doctor Carlos Aguirre, que en esos momentos era Director del Area Hospitalaria Norte del Ministerio de Salud. Sin contarle nada por teléfono, le dijo que quería conversar con él un asunto reservado. Su amigo aceptó encantado y se juntaron donde solían hacerlo, en el Club de La Unión. Allí Baeza le contó lo sucedido a su pariente y que necesitaba un certificado del Servicio Nacional de Salud para poder llevar a cabo la exhumación y traslado del cadáver de Patricio Munita. [21]

El médico sin saber que esa tumba era celosamente custodiada por la DINA, aceptó hacer el certificado, total nada tan grave podía ser el dar un certificado a una madre para que exhumara y trasladara el cadáver de su hijo al mausoleo familiar, además era un muchacho de buena familia que seguramente por alguna locura lo habían matado y sin identidad lo habían trasladado hasta ese patio común.

Esa misma tarde Baeza llamó a Lucía para comunicarle que debía ir hasta las oficinas del Doctor Carlos Aguirre Nehuaus y decir que iba de parte de él, allí le solucionarían el problema. Lucía no podía esperar hasta el día siguiente así que rápidamente tomó su vehículo y se dirigió hasta el Hospital San José a buscar el papel que liberaría finalmente a su hijo de las manos de la DINA.

El día 15 de febrero de 1974, justo cuando se cumplían dos meses y dos días de la detención del Bauchi y James, fue extendido el certificado de Exhumación y Traslado de Cadáver NN autopsia 3950 foja 176 fallecido a causas de heridas múltiples a balas de Patricio Munita. [22]

Lucía con el certificado en la mano se negaba a creer que Patricio era el que estaba bajo tierra en la tumba 2336, si tan sólo unos meses atrás ella lo había visto feliz entrando y saliendo de su casa haciendo bromas a sus hermanas. Tímidamente sacó de la cartera la foto de su hijo sonriendo con cara de niño, recordó sus vivaces ojos verdes y su pelo castaño claro que le caía a veces sobre la frente. En silencio enjugó sus lagrimas, no dejaba de pensar también en ese solitario cementerio de cruces negras que le había impactado tanto.

Sin más demora, los padres de Patricio, reunieron a toda la familia para partir a desenterrar el cadáver de la cruz negra con números pequeños 2336. A la llegada al Cementerio se dirigieron a las oficinas para entregar el permiso de exhumación y proseguir con el trámite. Lucía se negó a que su marido comprara un ataúd. Era posible, pensaba, que hubiese una equivocación y Patricio estuviera vivo. Su mente se debatía entre la realidad de la documentación que tenía en sus manos y la ilusión de volver a ver a su hijo vivo.

Cuando terminaron los dolorosos trámites legales se dirigieron apresuradamente hasta el Patio 29 [23]. Se pararon frente a la cruz negra con el número indicado y llamaron al amable sepulturero, que les había ayudado días antes a ubicar la tumba, para que les ayudara a desenterrar el cajón. El hombre estaba preocupado por los hombres de civil que merodeaban el lugar, se acercó a la familia tratando de no despertar sospechas y les advirtió que sólo lo haría cuando el camión de la DINA se retirara y eso era a la una de la tarde, hora de almuerzo. [24]

La familia decidió esperar afuera del cementerio y aprovecharon de llamar a algunas amistades para que los acompañaran en los difíciles momentos que estaban viviendo. Pasado de la una de la tarde nuevamente estaban frente a la cruz negra Nº 2336 del Patio 29. El sepulturero, Aurelio Fernández, esperaba a pocos metros, cuando los vio aparecer se acercó y les dijo que debían traer rápidamente el ataúd porque tenían sólo una hora para hacer todo.

Con una rudimentaria pala comenzó a abrir la fosa. A medida que la tierra suelta iba dejando ver el ataúd, Lucía se acercaba para ver si era o no su hijo, la última palada de tierra dejó ver con claridad el humilde cajón de tablas y en su interior la chaqueta café de gamuza de James, ya no había dudas era Patricio Munita el que estaba ahí.

La familia y amigos trataban de detener a Lucía para que no acercara al cajón y viera el dantesco cuadro de los restos de su hijo. El padre más sereno, su hermano y un amigo hicieron el penoso reconocimiento. Patricio tenía las mandíbulas desencajadas y la boca abierta dejaba ver sus tapaduras de oro, también se reconocía claramente su pelo castaño y su figura alta y delgada, junto a sus restos estaba su inseparable chaqueta de gamuza. [25]

Con el cuerpo fuera de la tumba decidieron manguerearlo para sacarle la tierra que se había colado por los huecos del cajón y se había incrustado en los restos de piel. Luego lo metieron rápidamente al ataúd, lo sellaron y se fueron apresuradamente al cementerio Católico.

Cuando Llegaron al Cementerio Católico, los padres se fueron a hablar con el sacerdote de la Capilla para pedirle que dejaran el ataúd por ese día en el velatorio, para darle tiempo a la familia a que hiciera la publicación de un aviso de su defunción en el periódico de la tarde, de ese modo, al día siguiente, los restos de Patricio pudieran estar acompañado de sus amigos en la pequeña misa que se llevaría a cabo en la Capilla del Cementerio Católico. Cuando el sacerdote comenzó a hacer preguntas sobre que le había sucedido y porque llegaban tan apurados hasta ese lugar, los padres le contaron la trágica historia que estaban viviendo, el sacerdote se negó a aceptar tenerlo en el velatorio hasta el día siguiente.

“—No lo haga señora, entiérrelo inmediatamente. Mire que pueden venir a sacarlo. Y pónganle a la tumba una marquita para que no se lo saquen -le dijo el sacerdote-. “A ese extremo habían llegado -la DINA-. Ahí me contaron que de ese cementerio habían sacado algunos cajones… Habían sacado algunos cadáveres. Y para que no nos sucediera lo mismo nos dijeron que le pusiéramos unas marcas a la tumba.” [26]

Así lo hicieron, en silencio y acompañados de 16 personas, familiares y amigos, fue enterrado Patricio Munita en el mausoleo familiar. Ninguno de sus amigos y compañeros de Partido con quienes había compartido los sueños de los últimos años supo que había sido rescatado demasiado tarde de las manos de sus verdugos. Hay que hacer desaparecer un cadáver

El 16 de Febrero era un día soleado como suelen ser los días veraniegos en Santiago. En el Cementerio General se comenzaba una nueva jornada. Aurelio Fernández se levantó temprano como era su costumbre. Ese día se sentía aliviado por haber colaborado, en algo, a calmar tanto dolor escondido bajo la tierra del Patio 29. Su mujer, que también trabajaba de sol a sol en el Cementerio, se sentía orgullosa que “el Lelo” fuera tan valiente y generoso en momentos que se vivía el terror y la desconfianza entre la gente que deambulaba por los Patios del lugar.

Aurelio desayunó con apetito y no pensó que la ayuda que había prestado a la familia Munita Castillo, dándole el lugar donde había sido enterrado secretamente su hijo y después ayudándolos a rescatar el cuerpo mientras los agentes que custodiaban el Patio 29 almorzaban, lo expondría a él a la ira de la DINA. La inocencia de este trabajador le había impedido sospechar que entre los empleados del Cementerio existía gente que colaboraba con la DINA y que ya había sido informada de la ubicación del cuerpo y exhumación de Patricio Munita.

Cerca del medio día los sepultureros del Patio 29 trabajaban arduamente en su tarea de enterrar cuerpos desconocidos. De pronto vieron que dos hombres morenos, altos y barbones se acercaban decididamente hasta donde se encontraban trabajando, un sudor frío corrió por la espalda de Aurelio, pero siguió con la cabeza clavada en la tierra. Los hombres comenzaron a gritar en forma amenazante y preguntaron “quién era el que había informado a la familia Munita que su hijo estaba enterrado en ese lugar”.

Los trabajadores que en innumerables ocasiones habían comentado la posibilidad de sufrir la misma suerte de las personas que a diario encajonaban y enterraban, por tener demasiada información sobre lo que pasaba, se asustaron y callaron. Sin embargo Aurelio decidió enfrentar su suerte y les dijo que él había ayudado a sacar el cuerpo que estaba enterrado en la tumba 2336 para que sus familiares lo trasladaran hasta la tumba familiar, luego les dijo que esa familia traía todos los papeles en regla y por eso lo había hecho.

Los dos hombres lo miraron fijamente y lo empujaron, luego le dieron la primera orden, que les señalara el lugar donde había estado enterrado Patricio Munita. En el lugar los hombres miraron una y otra vez el hueco en la tierra y los obligaron a que comenzaran a cavar las tumbas que estaban cercanas. Uno de los hombres llevaba una foto en la mano la que miraba y cada vez que se abría una tumba hacían que les rociaran agua y comparaban al muerto con la foto.

Fueron cerca de ocho tumbas las que removieron Aurelio Fernández y Holguín, su compañero de tarea. Todas las tumbas que cavaron estaban a los lados de la que había contenido a Patricio Munita.

Finalmente se detuvieron en la que estaba a la derecha de la tumba cavada el día anterior, era la número 2335. Los hombres hicieron que le lanzaran agua a la cara, se quedaron mirándola mientras la contrastaban con la foto que portaban, los hombres se miraron entre si e hicieron sacar el cuerpo. Era finalmente el que buscaba, el mismo que llegó la tarde nublada del 14 de diciembre en un camión de pollos en horas no hábiles, el mismo hombre alto, blanco, de pelo oscuro y ondulado. Era indudablemente Bautista Van Schouwen. [27]

Así lo reconocería Aurelio Fernández una tarde calurosa de noviembre de 1995 cuando vio por primera vez una foto de Bautista Van Schouwen. No quería mirar la foto, luego la tomo y se sentó a la sombra de un árbol. La miró en su conjunto y luego fue cubriendo partes del rostro en la foto, se detuvo un instante en la frente y subió la mirada. Los ojos se le llenaron de lagrimas y se disculpó diciendo que estaba resfriado luego dijo "si este era el otro, el que llegó junto al joven Munita. Yo no podía decir que era Van Schouwen porque yo a él no lo conocía y cuando me preguntaban por él yo no sabía a quién había enterrado. Pero sí al que enterraron y después sacaron para cremar es el señor de esta foto.Ese cadáver que andaban buscando es el que llegó con Munita en el camión de pollos, ese es el cadáver que se llevaron”.

"… Eran unos señores barbones, grandes. Lo hicieron sacar, hicieron abrir un montón digo yo, unas siete u ocho sepulturas, porque no estaban seguros de lo que andaban buscando…y abrían, había que con un tarro con agua echarles agua a los cadáveres en la cara, lo miraban, miraban una foto que andaban trayendo, y a la final se llevaron a uno y lo hicieron incinerar." [28]

Por unos segundos Aurelio Fernández había vuelto al pasado, a esos recuerdos que quisiera borrar de su memoria y que sin embargo lo recuerda a diario porque en el cementerio siguen mandando quienes hicieron sacar cientos de restos humanos el Patio 9 el año 1982.

Una vez que los agentes de la DINA se apropiaron del cajón, les dieron la orden a los dos trabajadores que los transportaran hasta donde el edificio donde está el horno crematorio. Allí se introdujeron violentamente y se enfrentaron a la oposición de el encargado del crematorio, Rodriguez, quién intenta hacer valer las reglas existentes en el lugar, les dice que el ingreso de extraños al lugar está prohibido.

Los hombres de la DINA lo toman y lo llevan a un lugar donde le muestran unas identificaciones pero para que no olvide quienes mandan comienzan a golpearlo hasta dejarlo en el suelo.

Aurelio Fernández y Holguín son obligados a llevar el cajón hasta el horno y les dan la orden que se retiren del lugar, asustados se van rápidamente del lugar. Los hombres de la DINA tienen la orden de quedarse esperando que el cuerpo termine de cremarse, no pueden confiarse de las personas que trabajan en el Cementerio, si ya se supo donde estaba Munita, se podría llegar a saber donde había quedado Van Schouwen y eso no era posible. La orden es hacerlo desaparecer hasta que no quede ni una huella de su cuerpo. [29]

Ese día 17 de febrero es aún desconocida públicamente la detención de Bautista Van Schouwen por muchos de sus compañeros de partido, sin embargo en el piso 22 del edificio Diego Portales se ha tomado la decisión de que su desaparición no demore un día más.

No hubo homenaje para el hombre que había sido líder de miles de jóvenes que habían compartido con él los ideales de una revolución socialista y la construcción de un país donde el progreso significara poner fin a la miseria y la humillación de quienes no hacen parte de los beneficios de la riqueza que producen. Las cenizas de Bautista Van Schouwen Vasey quedaron para siempre esparcidas en la tierra.

En otra parte de la ciudad el General Baeza esa mañana estaba dando una entrevista a una radio, de pronto llega a su manos un sobre que dice “URGENTE” lo abre y dice en su interior “presentarse urgente al despacho del general Pinochet” [30]. El general apresura el término de su entrevista y parte hasta el piso 22 del Edificio Diego Portales. Se hace avisar y entra a la oficina.

Pinochet tenía el semblante encolerizado. Lo saludo y lo hizo sentarse. Luego de unas miradas le dijo “Así que andai buscando muertos ah”. Baeza se sobresaltó, sabía que era Manuel Contreras quién le había informado a Pinochet sobre el descubrimiento en el Patio 29 de su sobrino nieto Patricio Munita. Indignado le respondió “Mira dile al que te informó -por Contreras- que venga y que te lo diga delante de mí, yo no ando buscando ningún muerto”.

Pinochet con más ira le respondió “ándate con cuidaito y déjate de seguir revolviendo la tierra para sacar muertos”

Era una advertencia doble que Pinochet hacía a un General. Por un lado le hacía saber que estaba enterado de todo lo que pasara en el país y de paso le hacía saber que los muertos de la DINA nadie debía encontrarlos.

¿Pero por qué Pinochet se molesta tanto con un General por haber sacado el cuerpo de un pariente del Patio 29? ¿Era tan importante Patricio Munita que Contreras se tomó la molestia de avisarle? o acaso lo que Contreras le informó a Pinochet era que Baeza había encontrado a su pariente que era guardaespalda de Bautista Van Schouwen y ya se sabía que Van Schouwen estaba en el Patio 29 y que había que tomar medidas para que ese otro cuerpo no apareciera nunca.

Lo que si queda claro en las declaraciones el General Baeza, es que el General Pinochet sabía lo que ocurría a diario con los detenidos o por lo menos con los detenidos importantes y que estaba al tanto de las medidas que se adoptaban con esos detenidos. Las versiones dadas por el General Pinochet sobre que Contreras le informaba en términos generales sobre sus actividades como jefe de la DINA, quedan desmentidas porque no resulta creíble que fuera informado por Contreras sólo en el caso de la exhumación de un militante del MIR que era públicamente desconocido.

EPILOGO

El 19 de febrero de 1974 tres días después de que los restos de Bautista Van Schouwen fueran cremados, su familia por intermedio de don Bautista Van Schouwen Figueroa, padre del Bauchi, presentó el primer recurso de amparo por su hijo, Rol Nº 147-74. Indudablemente aún creía que su hijo estaba vivo y detenido en algún lugar del país.

Doña Carlota Vasey recuerda lo difícil que fue para la ellos -sus padres- no creer en la rectitud de las fuerzas militares o presumir tanta maldad entre quienes ostentaban el poder. Y claro era una familia católica acomodada con relaciones familiares directas en las Fuerzas Armadas.

Como solía ocurrir en tiempos de la dictadura el primer recurso no prosperó ante la justicia. El 9 de marzo de 1974 la Corte de Apelaciones recién solicita al Ministro de Defensa Nacional y al Comandante de la Guarnición de Santiago que le informen si el amparado se encuentra privado de libertad por orden de alguna autoridad militar y que informen el lugar y fecha de la detención. También solicita al Ministro del Interior que informe si el amparado se encuentra privado de libertad en virtud de las facultades derivadas del estado de sitio. Le solicita a la Prefectura de Investigaciones (cuyo director sabía de su detención y muerte) que efectúe las diligencias correspondientes para verificar el paradero de Van Schouwen y, finalmente, pide al director del Hospital Militar que informe si se encuentra o si se ha encontrado detenido en ese recinto.

El General de Brigada Sergio Arellano Stark en su calidad de Comandante en Jefe de la II División de Ejército, responde a la corte que “el recurrente no ha sido puesto a disposición de los Tribunales Militares” [31]. El General de División Oscar Bonilla Bradanovic en su calidad de Ministro del Interior responde “Juan Bautista Van Schouwen Vasey no se encuentra detenido o arrestado por orden de alguna autoridad administrativa” [32]. Prefecto Julio Rada Jiménez Jefe de la Prefectura de Santiago y mano derecha del General Ernesto Baeza informa que “funcionarios de esta prefectura, luego de las consultas pertinentes, establecieron que esta persona no ha sido detenida ni se encuentra en tal calidad, ya sea en este Cuartel Central o alguna Unidad dependiente de esta Jefatura” [33]. El Director del Hospital Militar Juan Herrera Díaz no da respuesta sobre si Bautista van Schouwen se encuentra o ha estado detenido en ese lugar aludiendo que esa información debe ser pedida a la Jefatura de Zona de Estado de Sitio de la Provincia de Santiago [34].

Ante estas respuestas por escrito, el 4 de junio de 1974 fue rechazado el primer recurso de amparo en la Corte de Apelaciones. Las causas que esgrimió la corte para rechazar el amparo fueron que los informes emanados de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, del Prefecto de Investigaciones de Santiago, del Ministro del Interior, y del Comandante de la Segunda División del Ejército,” no daban luces acerca de la efectividad de la detención de Van Schouwen Vasey”. [35]

El 20 de junio fue pedido por el abogado Hector Valenzuela que se reconsidere el recurso y que se solicite al Ministerio de Defensa información, porque la Corte reunida en un nuevo pleno había considerado necesario requerir informaciones a este ministerio para dictar sentencia [36]. El 12 de Julio se interpone un segundo Recurso de Amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago y el 18 de agosto de ese mismo año se declara sin lugar por la Corte de Apelaciones. [37]

El 30 de Julio de 1975 el 2º Juzgado del Crimen de Santiago, cierra el sumario y sobresee temporalmente la causa Rol Nº 82.252-5. El 20 de agosto de ese año la Corte de Apelaciones aprueba el sobreseimiento de la causa.

El 30 de marzo de 1978 se presenta un tercer recurso de amparo, el cual es rechazado. Nunca se logró que el recurso de amparo prosperara en la justicia.

El 15 de julio de 1991 se interpone ante el Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago una querella por secuestro agravado, Rol de la causa Nº 143656.

El día 2 de septiembre de 1991 comienza la inhumación de los restos del Patio 29 del Cementerio General. En esa ocasión el gobierno informó a los dirigentes del MIR la posibilidad que aparecieran, finalmente, los restos de Bautista Van Schouwen. La inhumación terminó el día 14 de septiembre lográndo recuperar el Instituto Mádico Legal 125 cuerpos entre los cuales no estaba Bautista Van Schouwen, como lo esperaban sus familiares, amigos y compañeros de partido. De nada sirvieron los datos antropomórficos que fueron anexados a la causa 4449-F del Veintidos Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de inhumación ilegal en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago.

Como hemos visto la historia del caso de Bautista Van Schouwen en la justicia chilena ha sido largo y penoso. Hoy el caso se encuentra en la Fiscalía Militar donde seguramente se amnistiará, después que la Jueza Olga Quijada del Cuarto Juzgado del Crimen se declara incompetente por encontrarse personal militar involucrado, decición que tomó tras las declaraciones hechas por el General ernesto Baeza donde involucra al General Pinochet.

El curso de la vida de Ana María Moreira, fue incierto después de su liberación de la cárcel de mujeres. Recién en Marzo de 1974 a un mes del hallazgo de Patricio Munita y de la determinación de desaparecer a Bauchi, el Padre White se comunicó con ella. Su encuentro fue sorpresivo y breve en una plaza de Santiago. Esa fue la ultima vez que vio al sacerdote.

Ana María a pesar de la dura experiencia vivida durante su detención decidió quedarse en Chile. Un año más tarde es nuevamente detenida por la DINA [38] donde se encuentra nuevamente con sus dos anteriores torturadores: Marcelo Morén Brito y un oficial alto delgado, tez blanca, pelo castaño, ojos claros de quién desconoce su nombre. La descripción entregada a la justicia por Ana María, del oficial que la reconoció y torturó ambas veces, corresponde al Teniente de Carabineros Ricardo Victor Lawrence Mires, agente de la DINA que se destacó en los centros de torturas por su sadismo.

El Sacerdote Enríque White tras su liberación fue sacado de la parroquia y enviado, por su comunidad religiosa, a la zona sur de Chile, con el pretexto de hacerlo que se repusiera de las crueles vivencias. El 1º de Mayo de 1974 viaja en la motonave Verdi trasladado por la Congregación Capuchina a Lima, Perú, allí permanece hasta mediados del año 1975, en esa fecha viene de vista a Chile y lee por primera vez la columna que doña Lucía Castillo escribía en El Mercurio por la muerte de su hijo. A principio de 1977 vuelve definitivamente a Chile y trabaja en las comunidades de Concepción y Viña del Mar. Años después establece contacto con Lucía Castillo y le cuenta la verdad de lo sucedido en la Parroquia de Los Capuchinos. Muere el 9 de Septiembre del año 1983 sin haberse presentado jamás a la justicia a declarar sobre lo ocurrido en su detención, a pesar que pesaba sobre él una orden de presentarse a declarar a la justicia bajo apercibimiento de arresto desde el 8 de julio de 1974. Con la única persona que el sacerdote se atrevió a liberar su conciencia fue con la Sra. Lucía Castillo.

Gabriela Rozas, novia de Patricio Munita, logró ser liberada días antes de la trágica exhumación de Patricio Munita y acompañó a la familia a reconocer el cuerpo de su compañero. Esos momentos vividos en el Cementerio General jamás los podrá olvidar, como tampoco podrá olvidar los casi dos meses que pasó en manos de la DINA. Ella decidió irse de Chile. Ya nada le quedaba en este país, sólo el temor y tristes recuerdos de una ilusión inconclusa.

La madre de Patricio Munita, que nunca se conformó con encontrar a su hijo muerto, intentó conseguir información sobre los detalles que lo habían llevado a su destino fatal escribiendo columnas en los diarios que circulaban en la época donde contaba, cada 13 de diciembre, la terrible muerte de su hijo. Para que lograran pasar la censura impuesta por la dictadura recurrió nuevamente a sus amistades, entre ellas a la embajadora del Paraguay quién le presentó, especialmente, al General Arellano, fue él quién se encargó de visarlos en los primeros años para que el diario El Mercurio aceptara publicarlos.

Fue también, gracias al mismo General Arellano que consiguió por oficio Nº 258 de fecha 19 de Agosto de 1974 de la Segunda Fiscalía Militar se ordenara a doña Eufemia Leyton D., Oficial Jefe de la Circunscripción de Independencia del servicio de Registro Civil e Identificación, dejar constancia que el Certificado de Defunción correspondiente a la inscripción E3488 del 19 de diciembre de 1973 del “Desconocido de sexo masculino que falleció el 14 de diciembre de 1973 y fue encontrado en Americo Vespucio altura 3.600 de 22 años de edad mas o menos; muerto a causa de heridas de balas múltiples “ correspondía a: Patricio Munita Castillo [39]. Este certificado le fue entregado a la familia por el ayudante del General Arellano, el Coronel Ibañez quién les dijo al momento que retiraron el documento “ que era como gran cosa que le entregaban el Certificado de Defunción de su hijo”.

Resulta ignominioso que la entrega de un documento al que tenían todo el derecho a acceder los familiares directos haya sido un beneficio especial del que debían agradecer a las autoridades.

A pesar de la posición privilegiada de la familia Castillo Munita, en la época, jamás logró que hubiera una aclaración por parte de la dictadura sobre cuales habían sido las causas que habían llevado a la muerte a su hijo, tampoco obtuvo información de la identidad de los culpables, lo único que consiguió fue que periodistas extranjeros le publicaran reportajes en los que narraba su largo peregrinaje hasta encontrar finalmente sin vida a su hijo Patricio.

Lucía Castillo, no ha querido reconocer que su hijo fue un activo militante del MIR y que su consecuencia lo llevó a entregar su vida. Ella aún espera que la justicia castigue a los culpables del asesinato de “su niño”, cuya sonrisa quedó congelada a los 23 años en una foto blanco y negro.

La vida le jugó un destino distinto al General Beza quién se mantuvo en el poder hasta el año 1980. Ese año, más precisamente, el 23 de julio de 1980, fueron secuestrados los estudiantes de periodismo de la Universidad Católica, Cecilia Alzamora y José Eduardo Jara. Eran los primeros secuestrados de una seguidilla que terminó, el día 30 de julio, con los secuestros en pleno centro de Santiago de dos conocidos periodistas de radios pertenecientes a la Iglesia católica, Guillermo Hormazábal director de prensa de radio Chilena y Mario Romero, jefe de prensa de Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas.

La intensa campaña radial que pedía que se encontrara con vida a los dos periodistas tuvo sus efectos. A primeras horas del día 31 de julio fue liberado Guillermo Hormazábal, a las tres horas Romero junto a su hermano que también estaba desaparecido, aparecieron. Desafortunadamente Eduardo Jara no tuvo la misma suerte de el resto de los detenidos y fue liberado a las 4:30 de la mañana del día 2 de agosto junto a Cecilia Alzamora, pero Jara estaba en estado casi agónico y a las 8:05 de ese día murió de un paro cardiaco.

En la investigación de este caso apareció culpable la Brigada de Homicidios de Investigaciones, a pesar que nunca se logró esclarecer en la justicia si este departamento de Investigaciones había actuado junto con gente de la CNI o si por el contrario había sido una orden emanada desde la Dirección de Investigaciones de Chile. Este episodio de violaciones a los derechos humanos en que se vio envuelta la Policía de Investigaciones de Chile significó la renuncia del General Baeza. De esa manera el hombre que había estado cercano, desde 1969, a la CIA  en el complot del golpe de estado, pasaba a la vida civil oscuramente. [40]

Aurelio Fernández Palma, fue detenido junto a otros sepultureros por la DINA tras la exhumación y cremación del cuerpo de Bautista Van Schouwen, perdió parte de su dentadura producto de los golpes y quedó con serios problemas psiquicos y de salud física, sin embargo mantuvo en secreto este episodio de su vida por temor a ser despedido de su empleo. Después siguió trabajando como sepulturero en el Patio 29 hasta el año 1991. Hoy trabaja haciendo pequeños trabajitos particulares en el Cementerio General.

El detective Segismundo Pavez vive tranquilamente en una vieja casa cercana a avenida Matta. Piensa que todo lo que pasó en el país fue necesario para que regresara el orden y la prosperidad. Dice no tener nada de que arrepentirse.

En cambio la historia de lo que sucedió con Bautista Van Schouwen fue bastante más triste. El MIR había decidido no cejar en la búsqueda de su líder, para ellos encargó al ex seminarista Germán Cortéz que acudiera a la oficina de Monseñor Fernando Ariztía, Obispo Auxiliar de Santiago, para que le pidiera ayuda que pudiera conducir a dilucidar que era lo que había sucedido en la Parroquia de Los Capuchinos. Monseñor Ariztía escuchó atentamente la petición que le hacía Germán Cortez y aceptó hacer las averiguaciones. Al día siguiente fue hasta el Convento, allí logró conversar con un sacerdote que le informó que efectivamente había habido un allanamiento en diciembre, donde dos jóvenes que se encontraban alojados en la parroquia habían sido detenidos junto al párroco. Esa constatación de las detenciones de Van Schouwen y Munita, Monseñor Ariztía, se la hizo saber a Germán Cortez quién luego la hizo llegar hasta la dirección del MIR.

A falta de noticias sobre el real paradero de Van Schouwen, el MIR, fue construyendo una historia oficial que servía para mantener la moral de los militantes. Para eso se tomó la decisión de hacer un montaje de una fotografía que mostraba a Bautista en estado casi vegetal, supuestamente en el hospital naval de Valparaíso. Esta información fue entregada, con detalles clínicos, por el periodista Manuel Cavieses Donoso, en un encuentro de una Comisión Internacional Contra el Genocidio en la Ciudad de México. El texto escrito en el Diario “El Día” del jueves 20 de Febrero de 1975 dice así: [41]

“Bien conocido es el caso de nuestro camarada Bautista Van Schouwen, médico de 31 años, dirigente revolucionario de conocida y brillante trayectoria.

“Hoy podemos informar a esta comisión investigadora y a través de ella al mundo, que gracias a la valerosa actividad de un marino, patriota revolucionario, ligado a nuestro trabajo político en el seno de las fuerzas armadas, disponemos de un testimonio irrefutable del paradero y de la situación en que se encuentra Bautista Van Schouwen.

“La presencia del compañero Van Schouwen en el hospital naval de Valparaíso es un hermético secreto militar y se rodea de máximas medidas de seguridad. A este hospital son llevados, en parecidas condiciones de sigilo, los compañeros torturados en el fuerte Silva Palma, sede de la infantería de marina en Valparaíso, el principal puerto chileno.

“La fotografía que hoy entregamos al conocimiento de ustedes nos permite afirmar que Bautista Van Schouwen está vivo y que la presión internacional podría obtener que la junta militar permita verlo a testigos calificados. Nuestro camarada marino que logró romper mediante esta fotografía el secreto que rodea la presencia de Van Schouwen en el Hospital Naval de Valparaíso pudo copiar, además, la hoja de evolución diaria del paciente, este documento interno de ese hospital que corresponde al día 5 de febrero de 1975.

“La hoja clínica del hospital naval a que me estoy refiriendo dice textualmente: “Enfermo somnoliento, no coopera, responde con monosílabos. Las contusiones, hematomas y escoriaciones en las extremidades están mejor, lo mismo el antebrazo izquierdo. Se reabsorben los hematomas en el abdomen y espalda. La contusión del hombro derecho continúa dolorosa, lo mismo el acentuado edema y enrojecimiento del glande”.

“Reacciona escasamente a la estimulación dolorosa en los miembros inferiores. La movilización pasiva demuestra hipotoma. Reflejos disminuidos. Se solicitan radiografías de tórax y de columna vertebral y lumbar, AP y LA”.”

Este informe, por cierto falso, hasta hoy no se sabe de donde salió y quienes pudieron haber entregado una información tan detallada de su estado de salud, más aún cuando estaba muerto y cremado. Quienes pueden dar esa información, hoy figuran en las listas de muertos o desaparecidos, como Edgardo Enríquez, Germán Cortéz y otros. Lo que si es cierto es que esta información sirvió a la Dina para mantener la angustia en la familia, entre sus compañeros y amigos.

En Julio de 1974 Lucía Gevert cónsul chilena en Alemania, informa a la comunidad chilena exiliada que “Bautista Van Schouwen estaba preso y que tendría que someterse a una operación quirúrgica en algún hospital de Santiago”. No cabe duda que esta respuesta de una personera de la delegación chilena en Alemania correspondía a una versión oficial entregada por el gobierno a través de la Cancillería chilena, Ministerio que fue puesto al servicio de la DINA. [42]

El 21 de Agosto de 1974 El Mercurio titulaba “Denegada Libertad de Ex Alto Jefe del MIR” en la bajada de título decía “Corte de Apelaciones no dio lugar a recurso de amparo” líneas más abajo decía “Por graves delitos, que están suficientemente configurados en el proceso que se le sigue a Bautista Van Schouwen en la Primera Fiscalía Militar de Santiago, este elemento extremista fue detenido el 13 de diciembre de 1973, poco después del pronunciamiento militar del 11 de septiembre pasado.” La pregunta que surge ¿Fue un error involuntario de El Mercurio que confundió la detención de su hermano, Roberto Fernando Van Schouwen Vasey con la de Bautista? o ¿El Mercurio se prestó ganoso al montaje de inteligencia de la DINA?. Hasta ahora “El Decano de la Prensa Nacional” como pomposamente se le llama en Chile, jamás ha dado las excusas a los familiares de Bautista Van Schouwen por el daño causado.

El año 1975 la DINA obligó, a miembros conocidos del MIR que se encontraban detenidos en el centro de torturas de Villa Grimaldi, a dar una conferencia de prensa por televisión a todo el país llamando a deponer su resistencia de los militantes que aún se encontraban en la clandestinidad. Este plan tenía el sentido de quebrar la unidad y la moral de los militantes del MIR -tanto los que se encontraban en libertad como los presos-. Para eso Pedro Espinoza seleccionó a un grupo de detenidos para que hicieran un documento crítico sobre el MIR a cambio de su libertad.

“Un [43] día en la noche me sacaron de la pieza grande, vendado y encadenado, llevándome hasta la casa principal, donde me hicieron entrar en una sala. Ahí pude ver al Comandante “Rodrigo”, Pedro Espinoza, sentado detrás de una mesa y en un sofá, frente a él, mi esposa, a quién no veía desde que caímos detenidos. Ella puso una cara de susto muy grande al verme. En verdad yo debía estar horrible, ya que, además de sucio, tenía la nariz muy hinchada, pues me la habían fracturado a golpes y mi ropa y la venda de los ojos estaban manchadas de sangre. Yo me emocioné mucho al ver a Ofelia sentada ahí, con esa mirada llena de tristeza y miedo. Me mandaron a sentarme a su lado y el comandante “Rodrigo” me hizo el siguiente discurso: que yo era el detenido mirista con más jerarquía de los que ahí estaban, que ya había podido darme cuenta de que nuestra situación como partido era catastrófica y que me pedía hacer un llamado público a mis compañeros para abandonar la resistencia al régimen militar.

“Cuando conté a mis compañeros sobre la propuesta de “Rodrigo Terranova”, ellos me informaron que, mientras yo estaba fuera, el CAPITAN MIGUEL -Krassnof Marchenko- había ido a conversar sobre la misma idea con “Gustavo”, “Marco Antonio”, “Lucas” y otros, de una manera al parecer bastante más inteligente, argumentando sobre los costos de la política del MIR y su ineficacia. Entonces comenzamos a manejar la absurda idea de que la declaración pública que nos pedían nos permitiría mandar un mensaje al partido sobre como estaban realmente las cosas, muy distante de la autoimagen triunfalista reflejada por nuestros propios comunicados internos, elaborados en libertad. En estas conversaciones participaron los detenidos que ya mencioné que se encontraban en la pieza grande y el único   que se opuso fue el “guatón Billy”, alegando que esto no sería entendido y no tendría la utilidad que esperábamos.

“Decidimos hacer la declaración, suponiendo que podría tener un costo inmediato alto, pero un efecto positivo a largo plazo. Se decidió también que el texto lo trabajara una comisión, integrada por “Lucas”, “Marco Antonio”,

“Condoro”, ”Gustavo”, “Miguel”, “Iván” y yo mismo. Informamos esto al CAPITAN MIGUEL, quien ordenó nuestro traslado a otra pieza, más chica, que quedaba casi enfrente de la sala de la “parrilla”, camino al baño. Nos facilitaron una máquina de escribir y papel. Hicimos un primer documento que entregamos al CAPITAN MIGUEL, quien estuvo a cargo de esta maniobra todo el tiempo. El texto contenía una crítica a la línea política del MIR hasta ese momento y una lista de militantes presos y muertos. La DINA lo estudió y exigió una serie de modificaciones. se nos obligó a poner como exiliados algunos militantes que nosotros habíamos puesto como presos, bajo el argumento que habían sido dejados en libertad o lo serían en los próximos días. En especial me recuerdo los casos de MARTIN ELGUETA, que se nos dijo que había sido expulsado del país y de BAUTISTA VAN SCHOUWEN, el cual, según el CAPITAN MIGUEL, también sería liberado o expulsado en breve para demostrar que estaba vivo y terminar con la campaña por su liberación…”

Esta declaración hecha años más tarde por uno de los integrantes del grupo que dio la conferencia de prensa, Hernán González, confirma que si la DINA no fue quien creó las variadas versiones que hablaban de un Van Schouwen detenido y enfermo en distintos hospitales de las fuerzas armadas, si hizo uso de ellas para manipular perversamente estas versiones y crear espectativas a quienes esperaban volverlo a ver con vida.

Finalmente la DINA inventó otra mentira más para ocultar su crimen. En febrero de 1978 la Junta Militar, informó ante una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Américanos (OEA) que Bautista Van Schouwen “…viajó a Cuba el 2 de febrero de 1973 con pasaporte chileno Nº 2743 sin que exista constancia que haya reingresado al territorio nacional” [44]

Los hombres de la DINA que posiblemente participan en las detenciones y asesinatos de Patricio Munita y Bautista Van Schouwen V.

Marcelo Morén Brito, Mayor de Ejército, quién de acuerdo a lo anteriormente expuesto en estos relatos aparece mencionado en todas las declaraciones que son atingente a este caso, además es uno de los primeros hombres de la DINA, está acreditado en su participación en la “Caravana de la Muerte”.

Ricardo Lawrence Mires, Teniente de Carabineros, él es descrito por Ana María Moreira como el oficial que la interroga en su segunda detención y que le dice “Volvemos a encontrarnos”, por lo tanto había estado en su primera detención y era del grupo que trata de reparar ante el “Jefe Contreras” el error cometido con la muerte de Van Schouwen y Munita.

Manuel Leyton Robles, quién comenta en marzo de 1974, ante un grupo de agentes que se encuentran limpiando la casa de Villa Grimaldi, que allí habrían llevado a dos detenidos importantes que habían muerto en las torturas. No hay registros de otros dos detenidos importantes que hayan muerto en la tortura antes de esa fecha. José Yévenes alias “el Kiko”, suboficial de carabineros que se integra a la DINA en noviembre del año 1973 y lo menciona la Señora Carlota Vassey como uno de los hombres que participan en la detención de su hijo.

¿Qué ha pasado con cada uno de estos nombres que se mencionan?.

Marcelo Morén Brito vive tranquilo y cómodamente en un lujoso departamento en Américo Vespucio Sur Nº 101, Torre A, Dpto 36. A pesar que está reconocido como un hombre brutal en la DINA y que participó en la tortura y muerte de varios detenidos, no ha sido castigado por la justicia porque todos sus crímenes se encuentran amnistiados por la Ley de amnistía de 1978.

Ricardo Lawrence Mires vive actualmente en San Felipe y a pesar que hubo un tiempo que estuvo abandonado por sus pares y transitaba como chofer de un taxi Lada por Santiago, logró reponerse económicamente, cuando comenzaron los juicios por derechos humanos en los primeros años de la transición, al amparo de sus camaradas de la DINA.

Manuel Robles Leyton, no tuvo tanta suerte y fue asesinado por sus propios camaradas de la DINA. En este asesinato participó Michael Tonwley y en él se probó el efecto del gas Zarín.

José Yevenes vive cómodamente en una agradable casita el barrio San Luis de Macul en la comuna de Peñalolén de Santiago, recibe su jubilación de suboficial en retiro y trabaja en el hospital de los Carabineros, DIPRECA, como asesor de seguridad y tiene un programa de radio donde rinde permanentes homenajes a su personaje preferido, Violeta Parra.

Pero quienes pueden dar todos los detalles de estas detenciones y posteriores asesinatos son el General Pinochet, hoy Senador Vitalicio, quién conocía perfectamente lo que había pasado en la parroquia de los Capuchinos lugar de detención, posteriormente en la morgue y en el Cementerio General. Por lo menos así se lo hizo saber al General Baeza a quién amenazó en su despacho por haber participado en la búsqueda del cadáver de su sobrino, Patricio Munita. El otro hombre que sabe quienes fueron los hombres que participaron en las detenciones y asesinatos es el General Manuel Contreras S. que fue quién acudió a su jefe para lamentarse por la intervención de un general en su trabajo.

Han pasado casi veinticinco años desde que tres personas fueran sacado de la Parroquia de los Capuchinos, a plena luz del día y con destino desconocido. A partir de ese momento muchas personas aquí nombradas y otras que no aparecen por ser desconocidas, comenzaron a investigar lo que había sucedido con dos de ellos que nunca volvieron, Bautista y Patricio.

Hoy a la luz de los antecedentes reunidos se puede decir que por lo menos hay tres culpables de las muertes y desaparición del cuerpo de Bautista Van Schouwen.

Comenzando por Augusto Pinochet Ugarte quién supo por Manuel Contreras

Sepúlveda de la exhumación de Patricio Munita, cuyo cuerpo se encontraba enterrado junto a Van Schouwen con quién habían sido detenido, asesinado y enterrado el mismo día. La pregunta que cabe ¿Era Patricio Munita tan importante para la DINA que moviliza a Contreras a acusar al General Baeza, de quién supone fue el que investigó y dio la información sobre su paradero en el patio 29, con Pinochet? o fue la rabia de Contreras al saber que este descubrimiento dejaría la evidencia que el cuerpo de Van Schouwen, quién era buscado por la dictadura desde el mismo día del golpe de estado con ofrecimiento de recompensa, se encontraba también en el Patio 29. Otro de los nombres implicados en este caso es el de Marcelo Morén Brito, quién se encarga de detener y torturar a las tres personas que caen detenidas por su relación directa o indirecta con las detenciones de Munita y Van Schouwen, también es el único nombre que el padre White hace mención después de quedar libre.

Otro nombre clave es el del General Arellano Stark quién era para la fecha el Comandante en Jefe de la Guarnición de Santiago y de la II División del Ejército y por lo tanto debía estar en conocimiento de todos aquellos procesos que movilizaban a un gran contingente de las Fuerzas Armadas y por lo tanto debió estar informado del gran operativo que se iba a hacer la mañana del 13 de diciembre en la Parroquia de Los Capuchinos.

Hay otros muchos cómplices que por decisión u omisión han cooperado con los delitos que van desde el secuestro, torturas, asesinato, inhumación ilegal, exhumación ilegal, ocultamiento de documentos que confirmaban la identidad de los muertos y la cremación ilegal de Van Schouwen.

 NOTAS:

[1]     Germán Cortez fue miembro de la Comisión Política del MIR, es uno de los últimos detenidos que pasó por Villa Grimaldi. El 18 de Enero de 1976 fue asesinado por la DINA. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación Febrero de 1991

[2]       Monseñor Fernando Ariztía, entrevista telefónica con la autora del libro, 15 de agosto de 1998. Esta misma información la entrega por oficio (Nº1682) al Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago el 31 de julio de 19991.

[3]                                 República de Chile Secretaría General de Gobierno, Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile, 2ª edición, Editorial Lord Cochrane S.A. Santiago de Chile, año 1973. Este libro es un intento burdo de justificar el golpe de estado. En él se exponen los supuestos planes del “Plan Z”.

[4]      Lucía Castillo, entrevista con la autora del libro, 15 de septiembre de 1995.

[5]    Lucía Castillo, entrevista con la autora del libro, 15 de septiembre de 1995.

[6]     Id.

[7]      Con fecha 23 de agosto de 1991 fue entregada a un organísmo del gobierno democrático de Patricio Aylwin una fotocopia que contiene la ficha dactiloscopica del Servicio de Identificación, hecha a Bautista Van Schouwen Vasey en Concepción el 23 de diciembre de 1959. Por el anverso de la fotocopia figura una “ficha de la Comisaría” de fecha 14-XII-73 con el Nº 3951 referida a un NN másculino y figura como observación “Tcia Villa Macul”. En la parte inferior del reverso con la ficha de las huellas que según el timbre fechador fue revisada el “17- dic-1973” y entre otras anotaciones a mano se puede leer con claridad: Informado por oficio Nº 62577 Informado por teléfono 3-1-74

[8]   General en retiro Ernesto Baeza, entrevista con la autora del libro 16 de diciembre de 1995

[9]   V Zubenko K. Tarásov, La CIA contra América Latina, editorial progreso,

Moscú, 1984, pag 127

[10]    Ernesto Baeza, entrevista con la autora del libro, 16 de diciembre de 1995

[11]     Id.

[12]   Segismundo Pavez, entrevista con la autora del libro, 26 de febrero de 1996

[13] Segismundo Pavez, entrevista con la autora del libro, 26 de febrero de 1996

[14]    General en retiro Ernesto Beza, entrevista con la autora del libro, 16 de diciembre de 1995

[15]  Nelson Gutiérrez ex dirigente del MIR, conversación con la autora del libro, 12 de enero 1996

[16]    Ver Miguel Enríquez 1944-1974, Recopilación de Escritos, ediciones Resistencia Popular, La Habana Cuba, tomo IV, año 1985, pág 11.

[17]     Sra. Lucía Castillo, entrevista con la autora del libro, 15 de septiembre de 1995

[18]       Lucía Castillo, entrevista con la autora del libro, 15 de septiembre de 1995

[19]   Id.

[20]       Aurelio Fernández, entrevista con la autora del libro, 8 de septiembre de 1995

[21]   General en retiro Ernesto Baeza, entrevista con la autora del libro, 16 de diciembre de 1995

[22]   Dr. Carlos Aguirre Nehuaus, Médico Director Area Hospitalaria Norte. Resolución: 1º AUTORIZASE la exhumación y traslados de los restos de D.I. N.N. (AUTOPSIA 3950 Foja 176 fallecido a causa de HERIDA MULTIPLES A BALA sepultado en el Cementerio GENERAL de la localidad de SANTIAGO para sepultarlo en el Cementerio CATOLICO de la localidad de SANTIAGO siempre que se encuentren encerrados en ataud que no ofrezca peligro alguno para la salud pública.

[22]           Comprobante de Recaudación Nº 2713 de fecha 15. FEB. 974 del Cementerio General, correspondiente a los restos de N.N. (Autopsia 3950, fojas 176, Patio 29, Sep. 2336), a Cementerio Católico de Santiago.

Del Cementerio Católico Parroquial, ubicado en Avenida Valdivieso Nº 550, Santiago, se constató en el Libro de Ingreso de Sepultaciones, a Fojas 239 del

15. FEB. 974, la sepultación de N.N. exhumado del Cementerio General que fue reconocido como Patricio MUNITA CASTILLO.

[24]         Lucía Castillo y Aurelio Fernández, entrevista con la autora del libro, año 1995

[25]                            Marcelo Germán Vergara, testimonio a la investigación aportados al Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago, 24 de diciembre de 1993

[26]        Lucía Castillo, entrevista con la autora del libro,15 de septiembre de 1995

[27]       Aurelio Fernández P., entrevista con la autora del libro, 8 de septiembre de 1995.

[28]          Aurelio Fernández P., encuentro en el Cementerio General, donde por primera vez vio una foto original de Bautista Von Schouwen, noviembre de 1995

[29]         Aurelio Fernández P., entrevista con la autora del libro, 8 de septiembre de 1995

[30]      General en retiro Ernesto Baeza, entrevista con la autora de este libro, 16 de diciembre de 1995. Estas palabras fueron ratificadas en el careo entre la periodista y el General en el Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago.

[31]       Sergio Arellano S, Oficio Nº 151, 25 de Marzo de 1974

[32]       Oscar Bonilla B. Ministerio del Interior Asesoría Jurídica Oficio Nº 708, 19 de marzo de 1974

[33]        Julio Rada, Prefectura de Santiago Oficio 267, 13 de marzo de 1974.

[34]   Juan Herrera D., Director del Hospital Militar, Oficio reservado 637, 25 de marzo de 1974

[35]        Sentencia pronunciada por los Ministros Rubén Galecio, Dn. Arnaldo Toro y Dn. Abraham Meersohn.

[36]          Hector Valenzuela V, escrito presentado a la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, causa 174-74, 20 de junio de 1974.

[37]        Corte de Apelaciones de santiago, causa rol 731-74.

[38]       Ana María Moreira fue detenida el día 28 de enero de 1975, es llevada a Villa Grimaldi donde permanece 15 días. En ese período cae gran parte de las estructuras clandestinas del MIR: aparato Internacional, un grupo importante de las Fuerzas Centrales y el Regional Valparaíso. Información de la investigación de Pedro Matta extraída de los datos del Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

[39]         Información obtenida del Certificado de Defunción de Patricio Munita C.

[40]       V. Zubenko K. Tarásov, La CIA Contra América Latina, Editorial Progreso, 1984, pag.127

[41]        Archivos de la Vicaría de la Solidaridad. Recorte de prensa Diario el Día de México, 20 de febrero de 1975

[42]         Archivos de la Vicaría de la solidaridad.

[43]        Hector Hernán González Osorio, declaración jurada, 20 de septiembre de 1990

[44]        Ver Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Volumen 1, Santiago de Chile, Febrero de 1991, pág 217.

La casa ubicada en Irán 3037, esquina de Los Plátanos, en la Comuna de Macul de la capital, tiene una historia especial. Al momento del golpe de Estado era propiedad de una familia uno de cuyos integrantes, Luis Gonzalo Muñoz Muñoz, era militante del Partido Comunista. La brutal represión desatada a partir de septiembre de 1973, con asesinatos, torturas, y desapariciones como parte de la vida cotidiana que amenazaba a miembros de la izquierda chilena, impulsó a la familia Muñoz a abandonar el país por un tiempo buscando seguridad. Entonces sus integrantes decidieron poner la propiedad en arriendo a través de un corredor de propiedades.

La amplia casa esquina, de dos pisos de altura, con un gran patio, y cerrada con una alta muralla y portón metálico, ubicada en un sector residencial, fue arrendada por el teniente de Carabineros Miguel Eugenio Hernández Oyarzo, quien era integrante de la recientemente creada Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Inicialmente la propiedad sirvió como casa dormitorio para agentes de la DINA que eran integrantes del Cuerpo de Carabineros en “comisión de servicio” en el principal organismo represivo de la dictadura.

Sin embargo, como resultado de la intensificación de la represión política, a partir de fines de agosto de 1974 la casa de Irán 3037 se transformó en un centro de torturas y de desaparición de personas, uniéndose a los centros de tortura de la DINA que ya operaban en Santiago en ese período, a saber, Londres 38 (Cuartel Yucatán) en el centro de Santiago, José Domingo Cañas 1367 (Cuartel Ollagüe) en la Comuna de Ñuñoa, y José Arrieta 8200, conocido como Villa Grimaldi (y en el léxico de la DINA, Cuartel Terranova) en la actual Comuna de Peñalolén.

Con anterioridad a agosto de 1974, la Venda Sexy fue ocupada de manera excepcional. Una de esas ocasiones fue el 26 de julio de 1974 cuando el sacerdote Mariano Puga, párroco de la Iglesia Cristo Liberador de la Villa Francia, fue detenido por la DINA, llevado al recinto y sometido a torturas, vejaciones, tratos humillantes y degradantes al tiempo que era interrogado respecto de tres miembros de la Comunidad Cristiana de Villa Francia, Enrique Toro, Eduardo Lara, y José Villagra. Todos los anteriormente nombrados, a excepción del sacerdote Mariano Puga, se encuentran desaparecidos. José Villagra Astudillo era obrero municipal y militante del Partido Comunista, militancia que compartía con Eduardo Lara Petrovich quien trabajaba en la Industria IRT. Ambos habían sido detenidos el 15 de julio; con anterioridad a ellos, el 10 del mismo mes, había sido detenido el Vicepresidente de la Unión de Obreros Ferroviarios Enrique Toro Romero quien, al igual que los anteriores, era militante del Partido Comunista y parte de la Comunidad Cristiana de Villa Francia.

No deja de sorprender lo oscuro y difícil que ha sido compilar información sobre la “Venda Sexy”. De partida, la mayor parte de los agentes que desde allí operaron, integrantes de la Agrupación Águila de la DINA, aceptan haber sido parte del organismo y también aceptan haber “cumplido funciones” en algunos de los otros centros de tortura ya mencionados. Sin embargo, al llegar a tema de la Venda Sexy niegan haber estado jamás en ese recinto. Es como si para los propios agentes de la DINA haber estado en la Venda Sexy sea un motivo de vergüenza y de oprobio. Es más, el nombre “Venda Sexy” se debe a la forma en que ha sido identificado el recinto por prisioneros y prisioneras sobrevivientes, al constatar que una parte importante de las torturas allí aplicadas tenían connotación sexual. Hasta el día de hoy desconocemos el nombre clave que tenia la DINA para identificar el recinto.

Una de las oficiales de Carabineros, la teniente Ingrid Olderock Bernhardt, entrenadora de perros policiales antes del golpe de Estado, dedicó parte de sus habilidades a adiestrar a un perro ovejero alemán, al que le puso por nombre “Volodia” (aludiendo a un senador y también alto dirigente del Partido Comunista antes del golpe) para que este violara a mujeres detenidas que eran forzadas a asumir una posición que facilitara la penetración por parte del animal.

También fue frecuente la utilización de botellas de Coca Cola, palos de escoba, y mangueras, para ser introducidas por el ano de algunos prisioneros, o por la vagina en el caso de mujeres.

Lo anterior sumado a torturas “de uso común” en otros recintos de la DINA en el período: aplicación de electricidad (la “parrilla”), colgamientos, quemaduras, golpizas, “teléfono”, inmersión de la cabeza de prisioneros en líquidos en descomposición (“submarino húmedo”), pau de arara, ahogamiento de prisioneros poniéndoles una capucha sobre la cabeza y cerrándola herméticamente alrededor del cuello (“submarino seco”), y simulacros de fusilamiento.

La Venda Sexy estaba bajo el mando del entonces Capitán de Carabineros (y hoy día Coronel en retiro de Carabineros, prófugo) Ricardo Víctor Lawrence Mires. Este oficial, conocido dentro de la DINA como “Cachete Grande”, muestra una destacada “hoja de servicios”: integrante de los instructores de la DINA para la preparación de agentes en Rocas de Santo Domingo a fines de 1973; después agente operativo en Londres 38, también en la misma función en José Domingo Cañas, Comandante de Cuartel en la Venda Sexy, Comandante de Agrupación en Villa Grimaldi, y segundo en el mando en la casa de exterminio de calle Simón Bolívar 8630, Comuna de La Reina.

Otros agentes vinculados a la Venda Sexy fueron el capitán Ciro Ernesto Torré Sáez, y los tenientes Gerardo Ernesto Godoy García (“Cachete Chico”), Ingrid Felicitas Olderock Bernhardt, Miguel Eugenio Hernández Oyarzo (“Columbo”), el sargento Heriberto del Carmen Acevedo Acevedo, el cabo 1º Emilio Hernán Troncoso Vivallos, el cabo José Aravena Ruiz (“Muñeca del Diablo”), los suboficiales Gino Fritz Esparza, Pedro René Alfaro Fernández, Emilio Marín Huincaleo (“Caballo Justiciero”), Manuel Clavijo Vera (“Alfaro”), Tulio Pereira Pereira, José Avelino Yévenes Vergara (“Quico Yévenes”), Osvaldo Pulgar Gallardo (“Negro Paz”), y Rosa Humilde Ramos Hernández, todos miembros de Carabineros de Chile, más los detectives Manuel Rivas Orellana (“El Papi”) y Fernando Cruzat Aguirre.

La Venda Sexy funcionó intensamente entre fines de agosto de 1974 hasta el 26 de diciembre del mismo año, día en que los prisioneros que quedaban en el recinto fueron trasladados a Villa Grimaldi. Posteriormente fue usada de manera esporádica hasta 1977.

Durante el periodo más intenso más de ciento cincuenta prisioneros y prisioneras fueron secuestrados por la DINA y llevados al recinto. Más de un tercio de ellos fueron asesinados o hechos desaparecer, lo que da una proporción de victimas con causa de muerte mucho mayor que en el resto de los centros de tortura de la época, donde la proporción de muertos no se eleva por sobre el diez por ciento del total de prisioneros. También, del total de prisioneros llevados a la Venda Sexy cerca del cuarenta por ciento fueron mujeres, lo que revela una proporción desmedida en relación a los otros recintos de la DINA donde lo común era de aproximadamente un veinte por ciento de mujeres dentro del total de prisioneros.

Otra característica que “distingue” a la Venda Sexy de los otros recintos de la DINA fue su forma de operar: el centro de torturas funcionaba “en horas de oficina”, significando ello que a las cinco de la tarde (aproximadamente) dejaba de operar como tal (los torturadores y los oficiales se iban a sus casas) y quedaban a cargo del recinto suboficiales y guardias de la DINA hasta la mañana siguiente cuando nuevamente entraba en funcionamiento. En estos momentos (fuera de “las horas de oficina”) era frecuente que prisioneras fueran sacadas de su celda para ser llevadas a otras dependencias dentro de la misma casa para ser violadas.

Fue en la Venda Sexy precisamente donde se explicita más claramente la participación de las mujeres en la lucha de resistencia antidictatorial. La Venda Sexy fue un centro de torturas especializado en la represión al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desde donde operaba la Agrupación Águila de la DINA, compuesta casi exclusivamente por Carabineros. La mayor parte (aunque no exclusivamente) de los prisioneros y prisioneras llevados allí estuvieron vinculados al MIR.

Los detenidos eran trasladados al recinto en las típicas camionetas Chevrolet C-10 de distintos colores y modelo 1974 que usaba la DINA. Después de trasponer el portón de entrada y ya en el patio de la casa los detenidos y detenidas eran sacados del vehículo con los ojos ocultos bajo grandes lentes de sol, lo que ayudaba a esconder la venda que cubría sus ojos desde el mismo momento de su detención. Los moradores de la casa vecina, desde el segundo piso de la cual era posible observar el patio de la Venda Sexy, manifiestan que ellos no se dieron cuenta de lo que realmente ocurría porque la mayor parte de las veces eran mujeres con lentes de sol las que salían de las camionetas, y poco después de entrar ellas en la casa, generalmente se escuchaba música de rock a alto volumen, lo que les hacía pensar que se efectuaban fiestas en esa casa en distintas horas del día. La música a alto volumen referida era el método empleado por la DINA en ese particular recinto, una casa de vecindario, para disimular y enmascarar los gritos, alaridos, y llantos de las personas torturadas.

La última vez sobre la que existe constancia acerca de la utilización del recinto fue en mayo de 1977, cuando un grupo de personas vinculadas a la Fundación Cardjin del Arzobispado de Santiago, entre ellos varios militantes del Partido Demócrata Cristiano, fueron secuestrados y llevados a la Venda Sexy. Estas personas fueron falsamente acusadas del rapto del menor Carlos Veloso Reidenbach (de 16 años y violado por sus captores, agentes de la DINA); uno de los detenidos, Jorge Andrés Troncoso Aguirre, militante del Partido Comunista, murió en la tortura.

El propietario legal, Luis Muñoz Muñoz, horrorizado al enterarse del uso que había tenido la casa familiar, la vendió en 1981. Fue adquirida por la familia vecina que intentó arrendarla por piezas a estudiantes de provincia que venían a Santiago con fines académicos, sin embargo, cuando los estudiantes arrendatarios se enteraban de la historia de la casa, rápidamente buscaban otro lugar donde mudarse. El negocio en estas condiciones no funcionó. Un último intento fue la instalación de un jardín infantil en la propiedad, intento que también fracasó por las mismas razones ya enunciadas, los padres de los menores inscritos, al saber de la historia de la casa, rápidamente mudaban a sus hijos a otros lugares con mejor reputación. Finalmente la casa fue adquirida por un empresario industrial que vivió allí con su familia por varios años.

La venta de la propiedad a principios de este año a una inmobiliaria, a pesar de haber sido declarada Monumento Nacional hace años atrás, hace temer que otro lugar de Memoria sea destruido y eliminado. Esto ya ocurrió con la casa de José Domingo Cañas 1367, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle la cual se encontraba en pie y en venta en esa época, y a pesar de haber concurrido un grupo de prisioneros políticos a solicitar la intervención del Ministerio de Bienes Nacionales para su protección y compra, finalmente fue adquirida por la fábrica de juguetes Rochet que procedió a su completa demolición. Hoy día, el sitio de José Domingo Cañas es un Sitio de Memoria simbólico donde existen monumentos, pinturas, y esculturas, pero la casa, que habría sido un lugar inapreciable e insustituible como legado de memoria histórica, desapareció por el desinterés e inercia de uno de los gobiernos de la Concertación.

Es de esperar que el actual gobierno reaccione para proteger uno de los pocos sitios de memoria donde la arquitectura del ex recinto de la DINA se mantiene con pocas modificaciones. De no hacerlo otro Sitio de Memoria se perderá y se dará un paso más en la invisibilización de las mujeres en la lucha de resistencia antidictatorial.

Por Pedro Alejandro Matta

En fallo conocido este martes, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 39 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado del dirigente secundario Héctor Marcial Garay Hermosilla. El secuestro fue perpetrado el 8 de julio de 1974 en la comuna de ‘uñoa y la víctima hecha desaparecer en el marco de la denominada Operación Colombo.

Garay Hermosilla era un joven dirigente estudiantil de 19 años de edad, militante del MIR, que fue detenido por agentes de la DINA en las proximidades de su domicilio. Fue llevado por sus captores al recinto secreto de Londres 38 desde donde se pierde su rastro.

También puedes leer: Condenan a 36 ex agentes DINA por crímenes de dirigentes comunistas

En el fallo (causa rol 174-2016), la Segunda Sala del tribunal de alzada capitalino -integrada por los ministros María Soledad Melo, Rafael Andrade y la abogada (i) María Cecilia Ramírez- condenó a los ex oficiales de ejército César Raúl Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Gerardo Ernesto Urrich González, Sergio Hernán Castillo González, Manuel Andrés Carevic Cubillos, los ex oficiales de carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, y los ex agentes Nelson Alberto Paz Bustamante, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Pedro Ariel Araneda Araneda, Víctor Manuel Molina Astete, Máximo Ramón Aliaga Soto, Manuel de la Cruz Rivas Díaz, Risiere del Prado Altez España, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, José Alfonso Ojeda Obando, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Juan Evaristo Duarte Gallegos a penas de 10 años y un día de presidio, en calidad autores del delito.

La Corte reduce la condena de Manríquez Bravo, Espinoza Bravo, Krassnoff Martchenko e Iturriaga Neumann que en primera instancia habían sido condenados a 13 años de prisión.

Mientras que los ex agentes Hiro Álvarez Vega, Olegario Enrique González Moreno, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Juan Alfredo Villanueva Alvear, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Leonidas Emiliano Méndez Moreno, Rafael de Jesús Riveros Frost, Gustavo Humberto Apablaza Meneses, Héctor Carlos Díaz Cabezas, Jorge Antonio Lepileo Barrios, “scar Belarmino La Flor Flores, Rufino Espinoza Espinoza, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Sergio Iván Díaz Lara, Roberto Hernán Rodríguez Manquel fueron condenados a 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como cómplices del ilícito.

En agosto de 2015 había sido dictado el fallo de primera instancia por el ministro Hernán Crisosto Greisse. En la presente resolución de la Corte fueron absueltos por fallecimiento, ocurridos desde ese fallo a la fecha de vista de la causa, los criminales Marcelo Morén Brito, Sergio Hernán Castillo González, Basclay Zapata Reyes, Juan Ángel Urbina Cáceres, José Mario Friz Esparza, Gustavo Galvarino Carumán Soto, José Nelson Fuentealba Saldías, Claudio Orlando Orellana de la Pinta, Manuel Antonio Montré Méndez, Hugo Rubén Delgado Carrasco, Héctor Manuel Lira Aravena y Víctor Manuel San Martín Jiménez.

El nombre de Héctor Marcial Garay Hermosilla apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista LEA de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se pretendió hacer creer que Héctor Marcial Garay Hermosilla había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros. Las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Garay Hermosilla y a todas las 119 personas tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior.

Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Raúl Iturriaga Neumann, son algunos de los implicados.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto, condenó este lunes a 77 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el secuestro de Héctor Garay Hermosilla en 1974.

Garay Hermosilla, miembro del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), tenía 19 años cuando el 8 de julio de 1974 fue detenido cerca de su hogar. Días más tarde, su nombre apareció en la prensa nacional en una falsa lista de 119 personas muertas por presuntas rencillas internas del MIR, en lo que se denominó como “Operación Colombo”. De acuerdo con lo recabado por el juez, “las publicaciones que dieron por muerta a la víctima Garay Hermosilla tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuadas por agentes de la DINA en el exterior".

Según la reconstitución de los hechos realizada por el ministro en visita, los agentes de la DINA que capturaron a Garay “lo introdujeron en la parte posterior de una camioneta Chevrolet C-10 gris y lo trasladaron al domicilio de un amigo de la víctima, quien también fue obligado a entrar en la referida camioneta, para ser conducidos en dirección desconocida”.

“Posteriormente, se pudo establecer, a través de testimonios, el paso de Héctor Marcial Garay Hermosilla por el recinto clandestino de detención denominado "Londres 38", que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA”, continua explicando el fallo, donde se establece que a la fecha no hay más antecedentes del paradero de Garay.

Los condenados

En la resolución, el ministro de fuero condenó a penas de 13 años de presidio a: César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, como autores del ilícito perpetrado en 1974.

En tanto, deberán purgar 10 años de presidio, también en calidad de autores, los ex agentes: Gerardo Ernesto Urrich González, Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, Sergio Hernán Castillo González, Manuel Andrés Carevic Cubillos, José Nelson Fuentealba Saldías, Basclay Humberto Zapata Reyes, José Enrique Fuentes Torres, José Mario Friz Esparza, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson Alberto Paz Bustamante, Claudio Orlando Orellana de la Pinta, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Gustavo Galvarino Caruman Soto, Hiro Álvarez Vega, José Alfonso Ojeda Obando, Olegario Enrique González Moreno, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Hugo Rubén Delgado Carrasco, Juan Alfredo Villanueva Alvear, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Pedro Ariel Araneda Araneda, Rafael de Jesús Riveros Frost, Víctor Manuel Molina Astete, Máximo Ramón Aliaga Soto, Manuel Rivas Díaz, Juan Ángel Urbina Cáceres, Risiere del Prado Altez España, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Hermon Helec Alfaro Mundaca y Hugo del Tránsito Hernández Valle.

Como cómplices del delito de secuestro calificado de Garay Hermosilla, el ministro de fuero condenó de penas de 4 años de presidio a: Luis Eduardo Mora Cerda, José Jaime Mora Diocares, Camilo Torres Negrier, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Fernando Adrián Roa Montaña, Gerardo Meza Acuña, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Jaime Humberto Paris Ramos, Jorge Laureano Sagardia Monje, José Dorohi Hormazábal Rodríguez, José Manuel Sarmiento Sotelo, José Stalin Muñoz Leal, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Luis René Torres Méndez, Manuel Antonio Montre Méndez; Moisés Paulino Campos Figueroa, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Nelson Eduardo Iturriaga Cortés, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, Sergio Hernán Castro Andrade, Víctor Manuel de la Cruz San Martín Jiménez, Gustavo Humberto Apablaza Meneses, Héctor Carlos Díaz Cabezas, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Óscar Belarmino la Flor Flores; Rufino Espinoza Espinoza, Héctor Manuel Lira Aravena, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Sergio Iván Díaz Lara, Juan Miguel Troncoso Soto y Roberto Hernán Rodríguez Manquel.

Mientras tanto, fueron absueltos por falta de participación en los hechos: Rodolfo Valentino Cocha Rodríguez y Armando Segundo Cofre Correa.

El fugitivo Daniel Cancino cambió de aspecto físico. Fue fotografiado en cajeros automáticos. Ricardo Lawrence también fue detectado en la Región Metropolitana, mientras Rubén Fiedler habría salido del país. Son buscados intensamente por la PDI. Villa Grimaldi calificó el hecho como una “burla y rechazó la impunidad de la cual gozan”.

La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi denunció “como una burla a los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados durante la dictadura, que dos agentes de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), condenados por la Corte Suprema se encuentren prófugos y se paseen por Santiago”.

Fuentes ligadas a la investigación informaron a www.villagrimaldi.cl que se detectó al fugitivo Daniel Cancino Varas en varios lugares de la capital, con otro aspecto, (ver fotografía adjunta).Se trata del momento en que acudió a cajeros automáticos.

Cancino, ex miembro de la Policía de Investigaciones, está condenado a 10 años y un día de presidio por la Corte Suprema por la desaparición forzada de 8 personas desde el ex centro de tortura y exterminio de Villa Grimaldi luego de ser detenidos en 1975 en la Quinta Región.

Por este mismo caso está condenado a 5 años y un día de cárcel Rubén Fiedler Alvarado, ex oficial del Ejército, quien habría salido del país.

En tanto, Ricardo Victor Lawrence Mires, ex oficial de Carabineros fue condenado por la Corte Suprema el 30 de abril por la desaparición de Alfonso Chanfreau Oyarce desde Londres 38 en 1974. Lawrence habría cambiado de “look” y usaría bigotes tipo mexicano. Se provee de dinero en cajeros automáticos en Santiago.

Otro prófugo condenado por el más alto tribunal del país, es Walter Klug Rivera, sentenciado a 10 años y 1 día de presidio por las desapariciones y homicidios calificados de 23 trabajadores de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico en 1973.

Por otra parte, Adriana Elcira Rivas González, acusada de la desaparición del Secretario General del Partido Comunista Víctor Díaz, huyó del país y se encuentra en Australia, después de recibir el beneficio de la libertad condicional con arraigo nacional

“La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, rechaza en forma categórica la impunidad de la que hoy gozan estos responsables de crímenes de lesa humanidad”, expresó en un comunicado.

“Estos criminales no pueden permanecer en libertad condicional hasta ser condenados por la Corte Suprema. Solicitamos a los Poderes Ejecutivo y Judicial que sean enviados a cárceles de alta seguridad, una vez dictadas las condenas de primera instancia, pues son un peligro contra la sociedad”, puntualizó la entidad.

“El hecho de permitirles la libertad hasta no ser sentenciados por el máximo tribunal ha permitido que gocen de impunidad”, concluyó la declaración de la entidad que agrupa a familiares de 222 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y a sobrevivientes de la prisión política y tortura.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cuatro ex miembros de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro calificado de la secretaria y estudiante de nutrición y dietética María Angélica Andreoli Bravo, perpetrado a partir de agosto de 1974 en el marco de la denominada «Operación Colombo».

En fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Marisol Rojas, Elsa Barrientos y el abogado (i) Héctor Mery– condenó a los agentes Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a penas de 13 años de presidio, en calidad de autores del delito. En tanto, César Manríquez Bravo deberá purgar 10 años de presidio como autor.

En el caso de los agentes: Gerardo Ernesto Urrich González, Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, Sergio Hernán Castillo González, Manuel Andrés Carevic Cubillos, José Nelson Fuentealba Saldías, José Enrique Fuentes Torres, José Mario Friz Esparza, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson Alberto Paz Bustamante, Claudio Orlando Orellana de la Pinta, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Gustavo Galvarino Carumán Soto, Hiro Álvarez Vega, José Alfonso Ojeda Obando, Luis Salvador Villarroel Gutiérrez, Olegario Enrique González Moreno, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Hugo Rubén Delgado Carrasco, Juan Alfredo Villanueva Alvear, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Pedro Ariel Araneda Araneda, Rafael de Jesús Riveros Frost, Víctor Manuel Molina Astete, Manuel Rivas Díaz, Juan Ángel Urbina Cáceres, Risiere del Prado Altez España, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Osvaldo Pulgar Gallardo, Luis Eduardo Mora Cerda, José Jaime Mora Diocares, Camilo Torres Negrier, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Fernando Adrián Roa Montaña, Gerardo Meza Acuña, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Jaime Humberto Paris Ramos, Jorge Laureano Sagardia Monje, José Dorohi Hormazábal Rodríguez, José Manuel Sarmiento Sotelo, José Stalin Muñoz Leal, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Luis René Torres Méndez, Manuel Antonio Montre Méndez, Máximo Ramón Aliaga Soto, Moisés Paulino Campos Figueroa, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Nelson Eduardo Iturriaga Cortés, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, Sergio Hernán Castro Andrade, Víctor Manuel de la Cruz San Martín Jiménez, Gustavo Humberto Apablaza Meneses, Héctor Carlos Díaz Cabezas, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Óscar Belarmino la Flor Flores, Rufino Espinoza Espinoza, Héctor Manuel Lira Aravena, Sergio Iván Díaz Lara, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Carlos López Inostroza y Roberto Hernán Rodríguez Manquel, fueron absueltos de los cargos.

En la etapa de investigación del a causa, el ministro en visita Hernán Crisosto Greisse estableció que: «en horas de la tarde del día 06 de agosto de 1974, María Angélica Andreoli Bravo, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenida en su domicilio ubicado en Bilbao N° 5989 de la comuna de las Condes, Santiago, por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes la introdujeron en la parte posterior de una camioneta y la trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado «Yucatán» o «Londres 38», ubicado en dicha dirección en la ciudad de Santiago, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA.

Que la ofendida Andreoli Bravo durante su estada en el cuartel Londres 38 permaneció sin contacto con el exterior, vendada y amarrada, siendo continuamente sometida a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel, respecto de sus actividades partidarias y sobre el nombre y domicilio de sus compañeros de grupo político a fin de proceder a la detención de sus miembros, siendo vista además sometida a interrogatorios bajo tortura en el cuartel de la misma DINA denominado Villa Grimaldi.

Que la última vez que la víctima Andreoli Bravo fue vista con vida, ocurrió un día no determinado del mes de agosto o septiembre de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha.

Que el nombre de María Angélica Andreoli Bravo apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista Novo O’ Día de Curitiba, Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que María Angélica Andreoli Bravo había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros.

Que las publicaciones que dieron por muerta a la víctima Andreoli Bravo tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior».

El Ministro de la Corte de Santiago, Miguel Vázquez Plaza confirmó esta semana la condena de 35 ex miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (Dina) por el secuestro calificado de Reinalda Pereira en 1976, quien en ese momento llevaba cinco meses embarazada. Según informó el medio chileno El Desconcierto, los agentes Pedro Octavio Espinoza Bravo, Juan Hernán Morales Salgado y Ricardo Víctor Lawrence Mires fueron condenados como autores del delito a una pena de 10 años de prisión. Otros 18 implicados fueron condenados a siete años de presidio y 14 individuos más cumplirán cuatro años prisión como cómplices. Reinalda Pereira tenía 29 años cuando fue secuestrada por las fuerzas pinochetistas. Era militante comunista y se trabajaba como tecnóloga médica. En 1973 fue expulsada por razones políticas del Hospital Sótero del Río donde desempeñaba al mencionada profesión. En diciembre de 1976 dos hombres la subieron a la fuerza a un auto, el mismo día en que fueron detenidos varios militantes del Partido Comunista. Pereira fue trasladada al Regimiento Ferrocarriles del Ejército mientras su marido, Maximiliano Santelices (también militante comunista) permanecía apresado en el Estadio Nacional. El Ministerio del Interior chileno difundió la versión falsa que decía que la detenida había huido a Argentina, cruzando a pie por el paso Los Libertadores. Posteriormente, el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago abrió una investigación que se prolongó durante más de 13 años. En 1998 la expresidenta del Partido Comunista de Chile, Gladys Martín presentó una querella que reabrió el caso de Pereira junto al de otros 13 militantes comunistas desaparecidos. El ex agente de la Dina Jorgelino Vergara Bravo, alias “el mocito”, dio detalles a la justicia acerca de las torturas que los militares hicieron a Pereira. En febrero de 2007, Maximiliano Santelices falleció de cáncer sin llegar a saber qué sucedió con su esposa, ni si ella llegó a dar a luz al hijo de ambos.  

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 28 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Teobaldo Antonio Tello Garrido, que fue perpetrado el 22 de agosto de 1974 en el marco de la denominada Operación Colombo. 

En fallo unánime, la Octava Sala del tribunal de alzada condenó a César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a 13 años de presidio.

En tanto, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, Gerardo Ernesto Godoy García, Nelson Alberto Paz Bustamante, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Hermón Helec Alfaro Mundaca, José Ojeda Obando, Rosa Humilde Ramos Hernández, José Abel Aravena Ruiz, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Pedro René Alfaro Fernández, Luis René Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Juan Ángel Urbina Cáceres, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Silvio Antonio Concha González, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Leonidas Emiliano Méndez, Luis Rigoberto Videla Inzunza, Julio José Hoyos Zegarra y Gerardo Ernesto Urrich González deberán cumplir 10 años de presidio.

En el caso de Víctor Manuel Álvarez Droguett y Samuel Enrique Fuenzalida Devia deberán purgar 4 años y 541 días de presidio, respectivamente.

“Que la presente causa se originó para investigar las circunstancias de la desaparición forzada de Teobaldo Antonio Tello Garrido, después de haber sido detenido por agentes del Estado, pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), el 22 de agosto del año 1974, y mantenido en los centros de detención ‘Ollagüe’, ‘Villa Grimaldi’ y ‘Cuatro Álamos’, recintos que eran custodiados por guardias armados. Donde Teobaldo Tello fue objeto de torturas provocadas por agentes de ese organismo, desconociéndose posteriormente su paradero, hasta el día de hoy“, sostiene el fallo.

Resolución que agrega que el delito constituye un crimen de lesa humanidad, “toda vez que los secuestros calificados -denominados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como ‘desapariciones forzadas’- forman parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de un grupo determinado de la población civil, conformado, en este caso, por miembros y adherentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), condición que tenía a esa época la víctima”. 

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar $80 millones a los familiares de la víctima.

El ministro de fuero Leopoldo Llanos procesó este martes a los ex miembros de la disuelta DINA por el secuestro calificado del militante comunista Marcelo Concha Bascuñán, ingeniero agrónomo, que fue detenido – desaparecido desde el 10 de mayo de 1976, quién fue visto en Villa Grimaldi. De esta forma el juez encausó a: Manuel Contreras Sepúlveda, Juan Morales Salgado, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito, Carlos López Tapia, Rolf Wenderoth Pozo y Ricardo Lawrence Mires. El magistrado dispuso el arresto y prisión preventiva de los procesados que estaban en libertad bajo fianza en otras causas, y otros cumpliendo condenas en el Centro Penitenciario en Punta Peuco.

El Tribunal de alzada condenó en calidad de autores del delito a: Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Iturriaga Neumann a 13 años de presidio; en tanto, Rolf Wenderoth Pozo, Francisco Ferrer Lima, Ricardo Lawrence Mires, Ciro Torré Sáez y Raúl Rodriguez Ponte, quienes deberán cumplir un castigo de 10 años y un día de presidio.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 17 agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Rodrigo Eduardo Ugás Morales, ilícito cometido a partir del 7 de febrero de 1975, en el marco de la denominada "Operación Colombo.
El Tribunal de alzada condenó en calidad de autores del delito a: Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Iturriaga Neumann a 13 años de presidio; en tanto, Rolf Wenderoth Pozo, Francisco Ferrer Lima, Ricardo Lawrence Mires, Ciro Torré Sáez y Raúl Rodriguez Ponte, quienes deberán cumplir un castigo de 10 años y un día de presidio; los agentes Teresa Osorio Navarro y Osvaldo Pulgar Gallardo deberán purgar 5 años y un día, y Samuel Fuenzalida Devia 541 días.
Asimismo, el Tribunal de alzada sentenció a Rosa Ramos Hernández, José Abel Aravena Ruiz, Heriberto del Carmen Acevedo, Rodolfo Concha Rodríguez, Silvio Concha González y Roberto Hernán Rodríguez Manquel a 3 años y un día de presidio, por su responsabilidad como cómplices.
En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita extraordinaria Hernán Crisosto Greisse estableció los siguientes hechos:
En horas de la tarde del día 7 de febrero de 1975, miembros de la DINA detuvieron en la vía pública en el sector de Estación Central en Santiago a Rodrigo Eduardo Ugas Morales, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino de la DINA, denominado ‘Cuartel Terranova' o ‘Villa Grimaldi', ubicado en Lo Arrieta N° 8200, de la comuna de La Reina, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA; Que el ofendido Ugas Morales durante su estada en el cuartel de Villa Grimaldi permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización;
Que la última vez que la víctima Ugas Morales fue visto por otros detenidos, ocurrió un día no determinado a fines de febrero de 1975, encontrándose desaparecido hasta la fecha;
Que el nombre de Rodrigo Eduardo Ugas Morales, apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista ‘LEA' de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Rodrigo Eduardo Ugas Morales había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros;
Que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Ugas Morales tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior.
En el aspecto civil, se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $240.000.000 a la cónyuge e hijos de la víctima.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a exagentes de la Dirección de Inteligencia (DINA) y a profesionales de la salud por el homicidio del cabo del Ejército y también miembro de la DINA, Manuel Leyton Robles, hecho ocurrido en 1977.

El tribunal, a través de un fallo unánime, confirmó la sentencia dictada por el ministro en visita Alejandro Madrid respecto del delito de homicidio, revocando a la vez lo relacionado a delitos de secuestro y asociación ilícita.

Por lo anterior, los exagentes de la DINA, Vianel Valdivieso Cervantes y Ricardo Lawrence Mires, este último vinculado con la desaparición de Alfonso Chanfreau y recientemente entregado a la justicia, deberán cumplir 10 años y un día de presidio en calidad de coautores del homicidio.

Mientras tanto, Juan Morales Salgado deberá purgar una pena de 5 años y un día de presidio como cómplice 

Asimismo, el médico Pedro Samuel Valdivia Soto y la enfermera Gladys de las Mercedes Calderón Carreño fueron condenados a 3 años y un día, pero se les otorgó el beneficio de libertad vigilada por dicho lapso.

Por su parte, el médico Hernán Horacio Taricco Lavín deberá cumplir la pena remitida de 541 días de presidio. Todo el anterior personal de salud fue sentenciado como encubridor del delito.

En la misma línea se absolvió de los delitos de asociación ilícita y secuestro a Vittorio Orvieto Tiplitzky, Hernán Sovino Maturana, Juan Morales Salgado, Ricardo Lawrence Mires y Vianel Valdivieso Cervantes, pues no se configuraron los hechos de la acusación que los sindicaba como autores.

El fallo señala que “lo propio acontece parcialmente con la calificación de los mismos, constitutivos, a juicio de esta Corte, del delito de homicidio calificado previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1, circunstancias primera y quinta del Código Penal, disintiéndose de la calificación de los delitos de asociación ilícita y secuestro por los motivos que latamente se expresarán en esta sentencia”.

“La mera presencia de los individuos señalados, con la decisión común de ejecutar unos hechos típicos contra los mismos bienes jurídicos, implica una pluralidad de autores o partícipes en los hechos delictivos comunes, pero que no tiene por qué importar la aplicación de un plan criminal a desarrollar con arreglo a requisitos o estándares como los de una organización o asociación criminal”, señala el texto.

Según el documento, lo anterior “impide advertir, en el caso de autos, la presencia de tales exigencias que permita sostener la figura de la asociación ilícita, siendo al efecto insuficiente la sola convergencia de acciones que concatenadas conducen a un fin, ni siquiera claro para todos los que intervienen en aquel”.

Aberrante y devastador”. Así calificaron los familiares de las víctimas el fallo de la Cuarta Sala del Tribunal de Alzada de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó reducir las condenas de 17 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (la brutal DINA) involucrados -como autores o cómplices- en el caso rotulado de “secuestro calificado” de 16 personas y un homicidio, hechos perpetrados, en el año 1976, en el siniestro cuartel Simón Bolívar.

En el comunicado de prensa del Poder Judicial, que da cuenta del fallo adoptado el pasado jueves 9 de abril, se consigna:”…la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, Mireya López y el abogado (i) Cristián Lepín– condenó a los agentes Ricardo Lawrence Mires y Jorge Andrade Gómez a penas de 3 y un día presidio, por su responsabilidad en los 16 casos de secuestro calificado, más 541 días de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, por su responsabilidad en el delito de homicidio simple. En tanto, Juan Morales Salgado, Ciro Torré Sáez, Sergio Orlando Escalona Acuña, Juvenal Piña Garrido, Jorge Díaz Radulovich, Gustavo Guerrero Aguilera y Gladys Calderón Carreño fueron condenados a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como autores del delito de secuestro calificado”. Y sobre: “Los agentes Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth Pozo, Pedro Bitterlich Jaramillo, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Orlando Altamirano Sanhueza, Carlos Eusebio López Inostroza y Hermon Helec Alfaro Mundaca fueron absueltos.

La Corte de Santiago redujo la pena al acoger la figura de la media prescripción en el caso de los secuestros calificados y recalificar el homicidio calificado a homicidio simple”.

A través de una carta pública, los familiares de: Luis Emilio Recabarren González, Manuel Guillermo Recabarren González, Rosa Mena Alvarado, Manuel Segundo Recabarren Rojas, Clara Canteros Torres, Alejandro Rodríguez Urzúa, Daniel Palma Robledo, Carlos Godoy Lagarrigue, Iván Insunza Bascuñán, José Eduardo Santander Miranda, Mario Juica Vega, Víctor Hugo Morales Mazuela, Carlos Vizcarra Cofré, Miguel Nazal Quiroz, Juan Aurelio Villarroel Zárate y Julio Roberto Vega Vega, señalan que los jueces que dictaminaron a favor de los criminales de lesa humanidad contravienen la legislación internacional de manera flagrante, precisando que este fallo:  “…representa en todos sus extremos la posición del pinochetismo al interior del Poder Judicial: son jueces nostálgicos de la dictadura cívico militar, que reivindican las violaciones de los Derechos Humanos dándole impunidad a los agentes de la DINA que cometieron secuestro, tortura, homicidio y desaparición forzada durante la dictadura militar”.

Es por eso que enfatizan: “El efecto de este fallo para nosotros, familiares de las víctimas, ha sido devastador. La falta de justicia y de verdad por la que hemos luchado durante tantos años, con marchas, movilizaciones, encadenamientos, protestas y huelgas de hambre, vuelve a sentirse con un profundo dolor. Nuestros familiares siguen teniendo la calidad de detenidos desaparecidos y a los victimarios se les concede la libertad vigilada”.

Lee acá carta pública de los familiares de las víctimas

En tanto, el vicepresidente de Comunicaciones de la CUT, Eric Campos, se sumó a las voces de repudio contra este nuevo acto de impunidad: “Condenamos categóricamente la decisión de la Corte de Apelaciones de rebajar condenas y peor aún decretar la libertad vigilada a criminales involucrados directamente en secuestros, torturas, violaciones y desapariciones de personas durante la dictadura asesina de Pinochet.  Esta decisión judicial da impunidad a presos condenados por crímenes de lesa humanidad, desconociendo todos los tratados internacionales que existen sobre esta materia. Solidarizamos con todos los familiares de las víctimas de la Dictadura que aún esperan justicia, verdad y reparación y exigimos a los tribunales de justicia revertir este mandato para que así nunca más en Chile, se violenten los derechos humanos”. Zona de los archivos adjuntos

La Corte de Apelaciones de Santiago redujo la condena a nueve agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Iván Insunza Bascuñán, Carlos Godoy Lagarrigue, Daniel Palma Robledo, Manuel Recabarren Rojas, Manuel Recabarren González, Luis Emilio Recabarren González, Nalvia Mena Alvarado, José Santander Miranda, Mario Juica Vega, Miguel Nazal Quiroz, Clara Canteros Torres, Juan Villarroel Zárate, Víctor Hugo Morales Mazuela, Julio Vega Vega, Carlos Vizcarra Cofré, Alejandro Rodríguez Urzúa; y el homicidio de Eduardo Canteros Prado. Ilícitos perpetrados en 1976, en el cuartel Simón Bolívar.

En la sentencia (causa rol 1.734-2017), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, Mireya López y el abogado (i) Cristián Lepín– condenó a los agentes Ricardo Lawrence Mires y Jorge Andrade Gómez a penas de 3 y un día presidio, por su responsabilidad en los 16 casos de secuestro calificado, más 541 días de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, por su responsabilidad en el delito de homicidio simple.

En tanto, Juan Morales Salgado, Ciro Torré Sáez, Sergio Orlando Escalona Acuña, Juvenal Piña Garrido, Jorge Díaz Radulovich, Gustavo Guerrero Aguilera y Gladys Calderón Carreño fueron condenados a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como autores del delito de secuestro calificado.

Los agentes Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth Pozo, Pedro Bitterlich Jaramillo, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Orlando Altamirano Sanhueza, Carlos Eusebio López Inostroza y Hermon Helec Alfaro Mundaca fueron absueltos.

La Corte de Santiago redujo la pena al acoger la figura de la media prescripción en el caso de los secuestros calificados y recalificar el homicidio calificado a homicidio simple.

"Que lo que las normas internacionales proscriben en esta clase de ilícitos es la prescripción, pero ningún tratado internacional ha vedado la atenuación de la pena por el transcurso del tiempo, lo que por lo demás parece de toda lógica y, precisamente, ajustado al Derecho Internacional Humanitario, si se tiene en cuenta que los delitos en cuestión se cometieron, como se dijo, hace más de cuarenta y cuatro años (…). Esta es la doctrina que sustenta la Corte Suprema en sentencia de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve en causa rol 34.392-2016 y que esta Corte hace suya", plantea el fallo.

La resolución agrega que: "en consecuencia, se rebajarán las penas, en cada caso, aplicando la regla del inciso cuarto del artículo 67 del Código Penal por tener los delitos de secuestro calificado y el de homicidio simple -tal como se ha recalificado este último ilícito- grados de una divisible. Luego, la pena del delito de secuestro calificado era a la sazón -1976- presidio mayor en cualquiera de sus grados y por haber dos atenuantes muy calificadas, la rebaja debe ser en dos grados, aumentándose en uno por la reiteración, en su caso, quedando así en presidio menor en su grado máximo. Tratándose del delito de homicidio, que se lo ha recalificado a homicidio simple, siendo el umbral menor de dicha sanción, en aquella época, la de presidio mayor en su grado mínimo, la rebaja en dos grados lleva a presidio menor en su grado medio".

En el aspecto civil, se redujeron las indemnizaciones a los familiares de las víctimas en razón de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para madres o cónyuges; $30.000.000 (treinta millones de pesos) de resarcimiento para hijos, y $10.000.000 (diez millones de pesos) para los demandantes que tengan la calidad de hermanos de las víctimas.

El pasado 28 de abril se realizó una acción de justicia y desenmascaramiento en contra del torturador RICARDO LAWRENCE MIRES. Tal acción provocó la ya conocida ira de los organismos de seguridad, que está claro que continúan activos, amenazando de muerte a los compañeros de la comisión (ver anexo).

Desde ya, Revista PRETEXTOSS se hace parte de esta denuncia, además de promover todas las funas que se realicen a lo largo de Chile.

Adjuntamos parte del curriculum de LAWRENCE, y direcciones de clientes, para escribir y denunciar a este criminal.
 

Anexo:

EL 17 DE MAYO DE 2001

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> FUNA RECIBE AMENAZA FIRMADA POR DINA "PRIMITO QUERIDO:

TE ACUERDAS DE TUS TIEMPOS EN LA U…   COMO HA PASADO EL TIEMPO, HERMANO… CUIDATE PRIMITO, YA HAS HECHO SUFICIENTE DAÑO, AHORA NOS TOCA A NOSOTROS.

PD: OJALA QUE TU FUNA TE CUIDE, HERMANO.

TUS AMIGOS DE SIEMPRE… (NO ANDES TANTO EN MICRO, TE PUEDES CAER).

DANIEL

IVAN

Aunque abandonó la Corte Suprema el pasado 25 de junio porque cumplió 75 años, la impronta del ministro Milton Juica todavía se siente en el tribunal. Ayer y mientras sobre los actuales ministros de la Sala Penal se planea una posible una acusación constitucional por siete fallos que liberaron a militares (r) condenados por violaciones de derechos humanos, se dio a conocer una nueva condena por delitos de lesa humanidad, que perpetraron 22 agentes de la DINA en octubre de 1974.

Redactado por Juica, el fallo no sólo vuelve a imponer una condena a Miguel Krasnoff Martchenko y Pedro Espinoza Bravo, esta vez 15 años de presidio, sino que suma a una mujer, Rosa Humilde Ramos, quien fue pareja de Ricardo Lawrence, otro ex agente de la DINA, hoy prófugo. Ella recibió una sentencia de 10 años por la desaparición de María Cristina López Stewart, una estudiante de historia de 21 años y militante del MIR, apresada en septiembre de 1974 y llevada al cuartel de José Domingo Cañas, en Ñuñoa.

Es la segunda vez que la Suprema condena a una agente de los servicios de seguridad. La primera sentencia fue en marzo de 2017. Ema Ceballos Núñez, alias la «Flaca Cecilia», recibió 10 años y un día porque con otros 31 agentes de la CNI actuó en el secuestro de cinco frentistas que luego fueron arrojados al mar, en septiembre de 1987. Era empleada civil de la Armada y se retiró en 1994 con el grado de sargento segundo. En algún momento se creyó que había huido a Dinamarca.

El caso de Rosa Humilde Ramos Hernández es distinto. Ella perteneció a la Brigada Caupolicán y dentro de ella al equipo Aguila 1, que comandaba Ricardo Lawrence, alias «Cachete Grande».

Según contó a The Clinic en mayo de 2017 la periodista Nancy Guzmán —autora del libro «Romo: confesiones de un torturador» y quien se ha concentrado en investigar las mujeres de la DINA y la CNI— Ramos Hernández pertenecía a un grupo de mujeres que fue entrenado por Ingrid Olderock, una mayor de Carabineros que también formó parte de la DINA y que falleció en 2001 en Ñuñoa.

En esa misma entrevista, Guzmán describía que la mujer ahora condenada “era un monstruo, violenta, brutal, procaz, era lo peor de lo peor. Trabajó en la CNI y tuvo una hija con Ricardo Lawrence Mires. Los dos más perversos de la DINA. Ella goza con la tortura, con las detenciones. Hasta la Ingrid Olderock la encontraba perversa”.

Dijo que era dactilógrafa

Esta versión se contrapone con la que Ramos Hernández presentó ante la justicia, según aparece en un recurso interpuesto en este mismo caso luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago ratificara la sanción de primera instancia.

En ese documento, ella dice que ingresó en 1974 al Ejército con el grado de sargento y que hasta mediados de noviembre de ese mismo año estuvo en el cuartel central de la DINA en la calle Belgrado (actual José Carrasco), a cuadras de Plaza Italia.

“Si la han nombrado”, sigue la declaración, “presume que es porque por razones sentimentales se le veía en compañía del capitán Ricardo Lawrence, que era funcionario de Carabineros”.

Luego del cuartel Belgrado, la mujer relató que pasó a trabajar a Villa Grimaldi, afirma, a las órdenes de Marcelo Moren, ejerciendo labores de dactilógrafa. Sostiene, por ello, que en esa época no participaba en los grupos operativos y no formaba parte de Aguila 1. Añadió que su nombre operativo era “Rosa o Rosita”.

Eso sí, agregó, que también en 1974 la mandaron a un “curso de capacitación” a Rocas de Santo Domingo, del que volvió en abril o mayo de ese mismo año. El curso lo realizó con otras quince mujeres, que pertenecían al Ejército. También pasaron por la Escuela de Suboficiales, en aquella época ubicada en Rinconada de Maipú. Su jefe directo era César Manríquez Bravo. Este último también aparece condenado por el fallo de la Sala Penal de la Corte a quince años y un día de presidio.

La parte de la preparación coincide con el relato de la periodista Nancy Guzmán en «The Clinic», aunque tiene matices. Según dice ella, Ingrid Olderock seleccionó al grupo de mujeres entre personas que habían sido auxiliares de la Cruz Roja, “que fueron a un curso en el Ejército antes del golpe, y de una lista de quienes habían postulado a la Escuela de Carabineros y habían sido rechazadas (…) El 2 de enero de 1974 las llevan a Rocas de Santo Domingo, a un entrenamiento de tres meses en todas las técnicas antisubversivas: tiro, uso de ametralladora, armas cortas (…) les enseñan a ser choferes de seguimiento y todas las técnicas de una guerra contra la insurgencia”.

Entre los condenados está Ricardo Lawrence Mires, quien se encuentra prófugo desde hace más un año, pese a las sentencias dictadas en su contra por otros crímenes. La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó, en fallo dividido, las penas de presidio efectivos de once ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por […]

Entre los condenados está Ricardo Lawrence Mires, quien se encuentra prófugo desde hace más un año, pese a las sentencias dictadas en su contra por otros crímenes.

La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó, en fallo dividido, las penas de presidio efectivos de once ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en la desaparición forzada (secuestros calificados) de 19 personas, además del homicidio calificado de Humberto Menenteau.

Las personas detenidas desaparecidas incluidas en esta carpeta investigativa -denominada Villa Grimaldi- son Guillermo Beausire, Alan Bruce, Jaime Vásquez, Manuel Antonio Carreño, Iván Carreño, María Teresa Eltit, María Isabel Joui, Jacqueline Drouilly, Juan René Molina, René Acuña, Carlos Carrasco, Hugo Ríos, Agustín Martínez, Juan Mac-Leod, María Julieta Ramírez, Luis Palominos, Marta Neira, César Negrete y Alejandro Ávalos, que en su mayoría fueron secuestradas durante 1974. Varias de estas personas estuvieron además en otros centros de represión, como en José Domingo Cañas, Cuatro Álamos y Londres 38.

 Foto: Ricardo Lawrence continúa prófugo

La sentencia de primera instancia, dictada por el ministro en visita Leopoldo Llanos, el 27 de junio de 2014, y confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago en septiembre pasado, condenó a los represores Pedro Espinoza, Fernando Lauriani, Miguel Krassnoff, Gerardo Godoy, Ricardo Lawrence a 20 años de presidio por la participación de cada uno en los crímenes.

Además, los ex agentes Rolf Wenderoth, Basclay Zapata, Manuel Carevic, Raúl Iturriaga Neumann y César Manríque deberán cumplir 15 años y un día de presidio por los crímenes en la carpeta investigativa de Villa Grimaldi. En tanto Orlando Manzo fue condenado a 10 años y un día de presidio por el secuestro de Jacqueline Paulette Drouilly Yurich.

En el aspecto civil, se confirmó que el Estado debe pagar una indemnización total de $1.850.000.000 a los familiares demandantes, en sumas que van desde los $50.000.000 a los $150.000.000, según indica detalladamente la sentencia.

La mayoría de los represores se encuentran cumpliendo penas de cárcel por otros crímenes, con la excepción de Ricardo Lawrence, quien está prófugo pese a tener condenas a firme por otros crímenes en los que participó.

Este jueves, se dictó una acusación en contra de tres exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Esto, por su responsabilidad en los secuestros calificados de Verónica Pareja Alarcón y Rosa Narváez Riveros, en ese entonces adolescentes de 15 años, el 13 de agosto de 1974.

Se trata de César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Ricardo Víctor Lawrence Mires, a quienes se les acusa en calidad de autores.

Según Marianela Cifuentes, ministra en visita para causas de violaciones a los DDHH de la Corte de Apelaciones de San Miguel, los involucrados detuvieron, sin derecho a las dos estudiantes de enseñanza media y militantes de las Juventudes Comunistas de Conchalí.

Luego, fueron trasladadas al centro de detención clandestino denominado “Londres 38”, ubicado en la comuna de Santiago. En aquel lugar, se les interrogó durante varios días sobre sus actividades políticas y el nombre de sus contactos.

Estas acciones fueron realizadas “mediante apremios ilegítimos, tales como, golpes en distintas partes del cuerpo, aplicación de electricidad y vejámenes sexuales reiterados”, señala la resolución.

Además, se agrega que el objetivo de dicho operativo era “aprehender a militantes y/o simpatizantes del entonces proscrito Partido Comunista, ocasión en la cual se detuvo, entre otros, a José del Tránsito Aceitón Salazar, Andrés Tadeo Galdámez Muñoz, Manuel Antonio Carreño Navarro y su hijo Iván Sergio Carreño Aguilera”.

Finalmente, se consigna que, en la época referida, la Dirección de Inteligencia Nacional estaba a cargo del coronel Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, actualmente fallecido.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro y homicidio calificado de la profesora Marta Lidia Ugarte Román, cuyo cuerpo apareció en la playa La Ballena, sector de Los Molles, el 12 de septiembre de 1976.

En la resolución (causa rol 2182-1998), el ministro Vázquez dictó condena en contra de los siguientes 28 agentes de Estado por su responsabilidad en los delitos perpetrados entre agosto y septiembre de 1976. La mayoría de los condenados eran agentes y jerarcas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los demás eran integrantes del comando de aviación del ejército, organismo responsable de la ejecución de los llamados "vuelos de la muerte".

Carlos José Leonardo López Tapia, ex coronel de ejército, jefe del recinto de torturas Villa Grimaldi a la época de los hechos, condenado a 12 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de homicidio calificado.

Ricardo Víctor Lawrence Mires, ex teniente coronel de carabineros, jefe de Grupo Águila de la Brigada Caupolicán de la DINA (actualmente prófugo de la justicia), condenado a 12 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como autor del delito de homicidio calificado. Además deberá purgar 4 años de presidio como autor del delito de secuestro simple.

Carlos Oscar Gregorio Evaristo Mardones Díaz, ex coronel de ejército, jefe del comando de aviación que realizaba "los vuelos de la muerte": 8 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y  al pago de las costas de la causa, como cómplice del delito de homicidio calificado.

Antonio Palomo Contreras, ex brigadier de ejército y Luis Felipe Polanco Gallardo, ex mayor de ejército, integrantes del comando de aviación, ambos condenados a 5 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como encubridores del delito de homicidio calificado.

Pedro Octavio Espinoza Bravo, ex brigadier de ejército, preso en Punta Peuco por innumerables otras condenas por delitos de lesa humanidad, condenado a 4 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como autor del delito de secuestro simple.

Heriberto del Carmen Acevedo y Claudio Enrique Pacheco Fernández, ex suboficiales de carabineros, ambos condenados a 10 años y un día de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como coautores del delito de homicidio calificado. Además, deberán cumplir 2 años de presidio como autores del delito de secuestro simple.

Emilio Hernán Troncoso Vivallos, ex suboficial de carabineros, condenado a 5 años y un día de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como coautor del delito de homicidio calificado. Además, un año de presidio como autor del delito de secuestro simple.

Por su parte, los agentes Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez, Pedro Mora Villanueva, José Alfonso Ojeda Obando, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Víctor Manuel Álvarez Droguett, José Mario Friz Esparza, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza, Eduardo Patricio Cabezas Mardones, Jorge Iván Díaz Radulovich, Guillermo Eduardo Díaz Ramírez, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Carlos Enrique Miranda Mesa y Carlos Eusebio López Inostroza, fueron condenados a un año de presidio, además a las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como coautores del delito de secuestro simple.

Además, los agentes José Javier Soto Torres, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Roberto Hernán Rodríguez Manquel, Leónidas Emiliano Méndez Moreno y José Domingo Seco Alarcón, fueron condenados a 61 días de prisión, además a las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como cómplices del delito de secuestro simple.

En tanto, los agentes Jorge Segundo Madariaga Acevedo, José Nelson Fuentealba Saldías, Hugo Hernán Clavería Leiva, Raúl Alberto Soto Pérez y Juan Carlos Escobar Valenzuela fueron absueltos por falta de participación en los hechos.

En la etapa de investigación, el ministro Vázquez logró acreditar los siguiente hechos:

1.- Que Marta Lidia Ugarte Román fue militante del Partido Comunista de Chile y miembro del Comité Central de esa colectividad, desempeñándose en la organización del Partido, durante el año 1976.

2.- Que, como consecuencia del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, pasó a la clandestinidad por ser buscada por los servicios de inteligencia, la que vivió junto a Elvira Solari Ahumada, en el domicilio de Callejón Lo Ovalle N° 908 de la comuna de La Cisterna, lugar donde estaba residiendo desde el citado mes de septiembre de 1973, por razones de seguridad, atendida su militancia política.

3.- Que, el día 9 de agosto de 1976, Marta Ugarte Román salió del domicilio de Callejón Lo Ovalle, alrededor de las 15:00 horas, con dirección a la consulta del doctor Iván Insunza, ubicado en Vicuña Mackenna, para atenderse de una infección en su pierna, producto de una mordida de perro, encontrándose en el trayecto con Héctor Acela, ya fallecido, con quién caminó por Avenida Vicuña Mackenna en dirección a Avenida Matta, el que la advirtió, que en el sector se veía algo extraño y parecía estar vigilado, insistiendo ella, en continuar su camino, sin saber que el doctor Iván Insunza, ya había sido detenido con anterioridad, por los servicios de inteligencia.

4.- Que, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), pertenecientes a la Brigada Purén cuyo objetivo inmediato era el seguimiento, ubicación y detención de militantes del Partido Comunista, sin que existiera orden alguna, procedieron a su detención, en la consulta del Dr. Insunza, el que había sido detenido con anterioridad por su filiación comunista, oficina que estaba siendo vigilada por los organismos de seguridad; luego fue trasladada al centro de detención clandestino de dicho organismo, conocido como Villa Grimaldi o Terranova, donde se le mantuvo privada de libertad, interrogada y sometida a apremios físicos, siendo reconocida e identificada, por otros detenidos, que en aquella época se encontraban en el mismo lugar.

5.- Que, las autoridades políticas de la época, perteneciente al Ministerio del Interior y, de la propia DINA, negaron oficialmente la detención de Marta Ugarte Román y conocer su paradero.

6.- Que, encontrándose privada de libertad, fue sacada a la calle por agentes, a fin de identificar a otros militantes y partidarios del Partido Comunista, siendo vista en uno de esos operativos, en una morada de calle Constitución, de la comuna de Santiago, lugar donde se realizaban reuniones de partido.

7.- Que, aproximadamente el 9 de septiembre de 1976, Marta Ugarte Román fue trasladada junto a otros detenidos, desde el recinto Villa Grimaldi a la localidad de Peldehue, por agentes operativos de la DINA, lugar donde se le dio muerte, siendo cubierto su cuerpo con un saco y amarrada con alambre en su cuello, luego fue subida a un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército, cuya tripulación estaba constituida por un piloto, copiloto, un mecánico tripulante y un agente operativo de la DINA, aeronave que se elevó con destino a la costa, adentrándose en el mar, para enseguida desde la altura, lanzar su cuerpo en alta mar.

8.- Que, el 12 de septiembre de 1976, en la playa La Ballena, de la localidad de Los Molles, el cuerpo de Marta Lidia Ugarte Román, fue encontrado sin vida, por Marcel Dupré David, presentando sólo un trozo de tela y uno de alambre amarrado a su cuello, el que estaba cercenado y con signos claros de haber recibido apremios físicos, además, presentaba signos de pinchaduras en sus brazos, cadáver que fue trasladado al hospital de la Ligua y luego al Servicio Médico Legal de Santiago, para las autopsias correspondientes. El primer informe de fecha 14 de septiembre de 1976, concluyó una muerte violenta en circunstancia de tipo homicida, donde la causa directa de muerte, fue politraumatismo y luxofractura de columna, el 9 de septiembre de 1976; la segunda pericia, de 22 de octubre de 1976, concluyó que la causa de muerte fue por un traumatismo tóracoabdómino-pelviano, cuya ampliación de 22 febrero de 2010, determinó que el evento final, que la llevó a la muerte fue la asfixia por el estrangulamiento con alambre.

9.- Que, el Comando de Aviación del Ejército, tenía en el aeródromo Tobalaba su centro de operaciones, entre otros, de vuelo de los Helicópteros Puma, de mayor capacidad de vuelo y transporte, para cuyo desplazamiento se requería de autorizaciones de las más altas autoridades del Ejército, ya que para ello debía destinar al menos, con anticipación, los pilotos, copilotos y mecánicos que debían formar la tripulación de vuelo. Naves, que fueron usadas institucional y regularmente, en concomitancia con la DINA, durante varios años, para eliminar cuerpos de personas detenidas en los distintos centros de detención de dicho organismo, los que eran llevados directamente al aeródromo Tobalaba o llevados al Regimiento Peldehue, para luego emprender vuelo hasta alta mar, donde eran lanzados al océano.

« En 2010, Piñera decidió no indultar a condenados por delitos de lesa humanidad tras la petición de las iglesias Católica y Evangélica, después en 2013 cerró el Penal Cordillera y habló de “cómplices pasivos”. Hoy, a raíz del proyecto de indulto conmutativo, la posibilidad de indultar a reos por violaciones a los DD. HH vuelve a surgir.

Conmutar las penas a reos que cumplan con los requisitos en medio del COVID-19, un requerimiento en el Tribunal Constitucional para declarar “discriminatoria” la ley, presentado por senadores de la derecha, y la eventualidad de que criminales de lesa humanidad pasen a arresto domiciliario argumentado “razones humanitarias”, son parte de la trama que crispó los ánimos entre el gobierno y el oficialismo durante la semana recién pasada.
Sin embargo, para el gobierno, y en particular para el ministro Hernán Larraín, la preocupación hoy es otra: lograr que el proyecto de ley avance para así descongestionar las cárceles frente a la expansión del coronavirus en Chile.
Si bien, el proyecto de conmutación de penas presentado por el ministro el 25 de marzo fue despachado por el congreso, beneficiando a cerca de 1.300 reos dentro de los que se encuentran mujeres embarazadas o con hijos menores a dos años, adultos mayores y enfermos terminales, este dejaba fuera la disposición que establecía sanciones para quienes incumplieran con el arresto domiciliario.
La normativa fue rechazada por parte de algunos diputados del mismo oficialismo, quienes más tarde, encabezados por el senador Francisco Chahuán, presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por considerar el proyecto de ley como discriminatorio en su artículo 15, al no incorporarse a prisioneros que hoy cumplen sus condenas en el penal Punta Peuco. De declararse admisible el requerimiento “significaría que no sólo saldrían beneficiados con este indulto personas condenadas por delitos lesa humanidad, saldrían beneficiados también violadores, abusadores sexuales, femicidas o parricidas”, argumentó el ministro de Justicia. Finalmente, el Tribunal Constitucional resolvió ingresar el requerimiento a tramitación parcial al declararlo admisible.
Esta decisión del TC abre otro flanco para que violadores a los derechos humanos puedan acceder a beneficios penitenciarios y que se sumaría al anuncio realizado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, de poner máxima urgencia al proyecto de “ley humanitaria” para aquellos que estén “en peligro inminente de muerte”. Una oportunidad que podría significar la conmutación de penas para los reos de Punta Peuco. La arremetida de familiares por los derechos humanos Dicha situación generó el rechazo en diversas agrupaciones de derechos humanos que se mostraron contrarias a que estos internos accedan a este beneficio intrapenitenciario. Esta vez, la presidenta de la agrupación de ejecutados políticos, Alicia Lira, le entregó una carta al Presidente Sebastián Piñera, con diversas firmas, demostrando el rechazo a este eventual escenario.
“Estos pobres ancianitos torturaron a mujeres embarazas y les hicieron desaparecer, aniquilaron familias completas, o sea, no estamos hablando de un delito común ni un crimen pasional, sino que crímenes sistemáticos planificados para aniquilar a aquellos que querían y luchábamos por la libertad de nuestro país”, sostuvo. Por otra parte, Agrupaciones de Derechos Humanos también hicieron un llamado a no aprobar el proyecto de ley humanitario, que permitiría que internos de Punta Peuco accedan a beneficios carcelarios tras la emergencia sanitaria. Rechazan tajantemente el proyecto de ley humanitario, que busca que adultos mayores con enfermedades terminales, entre ellos, sentenciados por causas de Derechos Humanos, puedan acceder al beneficio de cumplir un arresto domiciliario total. Frente a esto, consideraron que el proyecto de ley humanitario es completamente contraria a la legislación nacional e internacional vigente. El Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, mencionó que la iniciativa del Ejecutivo es inconstitucional.
“La interpelación que nosotros hacemos al parlamento especialmente, donde se pretende aprobar esta iniciativa legal que es completamente incompatible con la legislación vigente hoy en Chile, es a que no se hagan cómplices de una iniciativa que es contra los derechos humanos y que constituye de paso una nueva afrenta a la memoria de las víctimas y sus familiares”, explicó. Por su parte, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, acusó que se están aprovechando de la pandemia para intentar liberar a internos de Punta Peuco. “Una cosa es tener posiciones políticas distintas, pero otra cosa es relativizar el terrorismo de estado.
Hay que ser muy indecente para intentar hacer uso de un momento tan dramático que vive Chile y la humanidad para ir nuevamente tras la determinación de liberar a los violadores de los derechos humanos”, dijo Pizarro.
En tanto, quien representa a diversos condenados por causas de Derechos Humanos, el abogado Maximiliano Murath, afirmó que el país tiene que velar por la salud de todos los adultos mayores que estén privados de libertad, independiente del delito que hayan cometido.
“Nosotros tenemos que velar por la protección de todas las personas adultas mayores de 75 años que estén en riesgo hoy día cumpliendo condena en las cárceles y por lo tanto los estándares del Derecho Internacional tienen que aplicarse a todos los adultos mayores, sin importar el delito que hayan cometido. Ese estándar internacional se exige en la Convención Interamericana de la protección del adulto mayor, que Chile aprobó y ratificó en 2017 y que está plenamente vigente”, se defendió.
“Indultar a un violador de DDHH va a quedar en la historia” El abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto dijo que “en el tema del indulto, hay que entender dos cosas, hay una ley humanitaria que está mandando Sebastián Piñera que está enviando al Congreso y hay otra que salió de la comisión mixta del senado, donde se incorpora otros delitos como asociación ilícita y violencia intrafamiliar”. Agregó a Cambio21 que “si es así, yo no tengo ningún problema, pero algunos senadores pusieron que no se incluyan a los violadores de derechos humanos de Punta Peuco, los que generó molestia en la derecha, diciendo que era discriminatorio que se les excluyera”. Por otro lado, Caucoto agregó que “por un lado está activando los indultos articulares, donde no tiene que rendirle cuenta a nadie, pero si es un indulto para un violador de derechos humanos, sin duda quedará escrito en la historia que indultó a tal y cual violador de derechos humanos”. “Se quieren aprovechar de una pandemia, para liberar a estos violadores de derechos humanos, pretenden mandarlos a sus casas. Y las propias encuestas son desfavorables para Piñera, y si los libera sería un paso en falso para él”, puntualizó el profesional.
Caucoto, agregó que “todos los que están condenados por lesa humanidad, no hay casos menos graves o no, son todos iguales, solo del hecho de ser condenados por ese delito no hay que distinguir por gravedad.
Lo malo es la desviación del objetivo, lo que se desliza a través de una pandemia, además en Punta Peuco tienen la mejor situación de aislamiento, no se van a contagiar por precariedad, tiene una red de salud exclusiva para ellos como la Fach o Carabineros”. El veto de parlamentarios al proyecto: “En Punta Peuco no hay riesgo de contagio de coronavirus” El senador Manuel Ossandón se expresó en contra de incluir a los condenados por violaciones a los Derechos Humanos dentro de la ley de indulto conmutativo, como han planteado parlamentarios de Chile Vamos. “Este proyecto excluye a todas las personas que hayan ido condenadas por un delito violento y esto se enredó diciendo que era inconstitucional porque dejaba fuera los de lesa humanidad. Y la verdad es que, a mi juicio, no es inconstitucional porque dejó a todos los de delitos violentos afuera”, dijo.
Ossandón argumentó que “hay ciertos delitos violentos que tienen un castigo mayor y además en muchos casos, una persona que tiene sobre 65 años y que es indultada con un proyecto como este y es narcotraficante, va a seguir operando”. “El presidente de la República tiene la facultad si él quiere y estima indultar a alguien con delitos de lesa humanidad, pero en forma general, yo creo que todos los delitos violentos, incluido esos, no debieran estar en un indulto masivo”, añadió. Por su parte, el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), expresó su postura respecto al proyecto de indulto conmutativo que analiza el Ejecutivo. “Vamos a respaldar el veto al indulto Covid -19, nos parece que va en la línea que plantea el Ministerio de Justicia, de evitar la propagación en los centros penitenciarios”, sostuvo el parlamentario.
Sin embargo, Quintana señaló que “otra cosa distinta es, en medio de la pandemia, intentar saldar deudas de campaña con genocidas, a sabiendas de que hoy, en Punta Peuco, no hay riesgo de contagio porque las condiciones, como se sabe, son bastante privilegiadas”, refiriéndose a la postura de algunos senadores de Chile Vamos, quienes recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) para que declaren la inconstitucionalidad de la exclusión de los reos que están en Punta Peuco del indulto conmutativo para reos de baja peligrosidad. Por su parte el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH.
Carlos Margota advirtió que Sebastián Piñera y su sector, olvidan que existen normas internacionales estrictas que obligan a los Estados que han sido objeto de una Dictadura, a cumplir acciones de justicia y reparación, principios que son contrarios a este proyecto de indulto. El abogado Carlos Margota recordó que el estatuto de Roma suscrito por nuestro país, sólo permite reducir la pena a violadores de DD.HH. Cuando estos colaboran con la justicia y manifiestan un arrepentimiento efectivo por sus abominables acciones, presupuesto que no cumplen los condenados en Punta Peuco.
Corte absolvió a autores de crímenes En el intertanto, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, acordó absolver a los autores de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos en el caso de 17 víctimas de gravísimas violaciones a los derechos humanos. A los ex uniformados Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Herman Alfaro, Pedro Betterlich, Claudio Pacheco, Orlando Torrejón, Orlando Altamirano y Eusebio López se les absolvió. Se otorgó, además, reducción de penas de 3 a un año, a Ricardo Lawrence, Jorge Andrade, Juan Morales, Ciro Torré, Sergio Escalona, Juvenal Piña, Jorge Díaz, Gustavo Guerrero y Gladys Calderón. Se estableció que podrán tener beneficio carcelario de “libertad vigilada”. Podrán cumplir condenas en sus casas. El fallo habla asimismo de desestimación de demandas en el caso de 17 víctimas de la dictadura cívico-militar. Los miembros de la Sala que emitió el fallo son Juan Cristóbal Mera, Mireya López y Cristian Lepin. Aplicaron la medida de prescripción.
Los represores a quienes la Sala de la Corte de Apelaciones absolvió y rebajó la pena, están vinculados a los asesinatos y desaparición de: Manuel Recabarren González; Manuel Recabarren Rojas; Daniel Palma Robledo; Julio Vega Vega; Carlos Vizcarra Cofré; Víctor Hugo Morales Mazuela; Luis Emilio Recabarren González; Carlos Godoy Lagarrigue; Iván Insunza Bascuñán; Nalvia Mena Alvarado; Clara Canteros Torres; Alejandro Rodríguez Urzúa; José Eduardo Santander Miranda; Mario Juica Vega; Miguel Nazal Quiroz; Juan Aurelio Villarroel Zárate; Eduardo Canteros.

«Se acreditó suficientemente que actuaron agentes del Estado, con el objetivo preciso de detener a la víctima, sin orden previa y exclusivamente por motivos políticos, ejecutándose el hecho con ocasión de una política de represión y desaparición de una persona por su pensamiento, negándose la autoridad estatal a proporcionar alguna información sobre la detención y el destino de aquella, lo que resulta atentatorio contra la persona humana”, argumenta la decisión judicial.

Este lunes se oficializó la decisión de la Corte Suprema, entidad que confirmó la condena a 18 ex agentes de la dictadura por el secuestro y asesinato en 1976 de la profesora militante del PC, Marta Ugarte Román, tras el rechazo de los recursos de casación presentados contra el fallo precedente, informa el Poder Judicial.

En la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal descartó error de derecho que condenó a Ricardo Lawrence Mires, Heriberto del Carmen Acevedo y Claudio Pacheco Fernández a 15 años de presidio como autores de homicidio calificado y a 10 años de presidio como autores de secuestro calificado.

Respecto de Pedro Espinoza Bravo, José Ojeda Obando, Juvenal Piña Garrido, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Orlando Altamirano Sanhueza, Guillermo Díaz Ramírez, Jorge Díaz Radulovich, Orlando Torrejón Gatica, Carlos Miranda Mesa y Carlos López Inostroza recibieron una condena de 10 años de presidio como autores de secuestro calificado.

Por su parte, a Carlos Mardones Díaz lo sentenciaron a ocho años de presidio como cómplice, mientras que a Luis Polanco Gallardo lo condenaron a cinco años de presidio como encubridor de homicidio calificado.

Leónidas Méndez Romero y José Seco Alarcón deberán cumplir una pena de cinco años de presidio como cómplices de secuestro calificado y a Emilio Troncoso Vivallos lo sentenciaron a cuatro años de presidio como cómplice de secuestro calificado.

El detalle del fallo

La sentencia terminó descartando el error de derecho en la decisión que estableció que a Marta Ugarte Román la detuvieron y asesinaron por causales políticas, específicamente por su militancia en el Partido Comunista.

«Se trata de la detención de una persona y posterior homicidio, cuyas motivaciones fueron de orden político, por la sola circunstancia de pertenecer a un conglomerado político respecto del cual se había decidido combatirlo drásticamente, por agentes del Estado en una organización —Dirección de Inteligencia Nacional— que tenía toda una estructura, en forma específica, para la persecución, ubicación y detención de los miembros del Partido Comunista y, en su caso, hacerlos desaparecer, pues eran tratados como enemigos del país», argumenta la decisión de tribunales.

Y posteriormente agrega que «se acreditó suficientemente que actuaron agentes del Estado, con el objetivo preciso de detener a la víctima, sin orden previa y exclusivamente por motivos políticos, ejecutándose el hecho con ocasión de una política de represión y desaparición de una persona por su pensamiento, negándose la autoridad estatal a proporcionar alguna información sobre la detención y el destino de aquella, lo que resulta atentatorio contra la persona humana”.

Paralelamente la justicia nacional estableció que no aplica la media prescripción para rebajar la pena al tratarse de delito de lesa humanidad.

El caso

En relación al caso, el sitio Memoria Viva detalla que con fecha 9 de agosto de 1976 agentes de la Dina detuvieron a Marta Ugarte. De acuerdo al relato de testigos, la docente estuvo detenida en Villa Grimaldi, donde posteriormente murió como consecuencia de las torturas que recibió.

Con posterioridad al crimen sus responsables la arrojaron al mar, donde la encontraron semidesnuda y dentro de un saco amarrado a su cuello con un alambre, el día 9 de septiembre de ese año en la playa La Ballena, en Los Molles.

El informe de la autopsia confirma que estando viva, Ugarte sufrió una luxo fractura de columna, traumatismo toráxico abdominal con fracturas costales múltiples, ruptura y estallido del hígado y del bazo, luxación de ambos hombros y cadera, y una fractura doble en el antebrazo derecho. Su data de deceso corresponde al 9 de septiembre de ese año.

Tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó a 30 agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Reinalda del Carmen Pereira Plaza. Joven de 29 años y con un embarazo de cinco meses, que fue detenida el 15 de diciembre de 1976, en la actual comuna de Macul y conducida al cuartel de detención clandestino ubicado en la calle Simón Bolívar Nº 8800, comuna de La Reina, desde donde se pierde su rastro.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a 30 agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Reinalda del Carmen Pereira Plaza. Joven de 29 años y con un embarazo de cinco meses, que fue detenida el 15 de diciembre de 1976, en la actual comuna de Macul y conducida al cuartel de detención clandestino ubicado en la calle Simón Bolívar Nº 8800, comuna de La Reina, desde donde se pierde su rastro.

En la sentencia (causa rol 3.023-2019), la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras María Rosa Kittsteiner, María Paula Merino y Paula Rodríguez– ratificó la sentencia que condenó a Pedro Espinoza Bravo, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires a 10 años de presidio como autores del delito.

En tanto, en calidad de coautores, Gladys Calderón Carreño, Juvenal Piña Garrido, Héctor Valdebenito Araya, Sergio Escalona Acuña, Jorge Manríquez Manterola, María Angélica Guerrero Soto, Orfa Saavedra Vásquez, Elisa Magna Astudillo, Heriberto del Carmen Acevedo, Claudio Pacheco Fernández, Emilio Troncoso Vivallos, Teresa Navarro Navarro, José Manuel Sarmiento Sotelo, Gustavo Guerrero Aguilera y Jorge Arriagada Mora deberán cumplir  7 años de presidio.

En el caso de José Alfonso Ojeda Obando, José Miguel Meza Serrano, Jorge Iván Díaz Radulovich, Jorge Segundo Pichunmán Curiqueo, Sergio Hernán Castro Andrade, Carlos Enrique Miranda Mesa, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza, Guillermo Eduardo Díaz Ramírez, Bertha Yolanda del Carmen Jiménez Escobar, Carlos Eusebio López Inostroza y Joyce Ana Ahumada Despouy deberán purgar penas de 4 años como cómplices.

El tribunal de alzada hizo suyos los antecedentes que permitieron al ministro en visita Miguel Vázquez Plaza establecer la responsabilidad y participación que les cupo a los entonces agentes del Estado condenados, en el secuestro y desaparición de la tecnóloga médica.

“Que, en ese derrotero, se comparte lo razonado en la sentencia que se revisa, a efectos de establecer la participación de los condenados, por cuanto los antecedentes de prueba reseñados en la sentencia en alzada, en los motivos catorce en contra de Espinoza Bravo, diecisiete en contra de Morales Salgado, veinte en contra de Lawrence Mires, veintinueve en contra de Calderón Carreño, treinta y dos en contra de Piña Garrido, cuarenta y uno en contra de Valdebenito Araya, cuarenta y cuatro en contra de Escalona Acuña, cuarenta y siete en contra de Manríquez Manterola, sesenta y cinco en contra de Saavedra Vásquez, sesenta y ocho en contra de Magna Astudillo, setenta y uno en contra de Oyarce Riquelme, setenta y cuatro en contra de Acevedo, setenta y siete en contra de Pacheco Fernández, ochenta en contra de Troncoso Vivallos, ochenta y seis en contra de Navarro Navarro, noventa y cinco en contra de Sarmiento Sotelo, ciento siete en contra de Guerrero Aguilera y ciento veintidós en contra de Arriagada Mora, constituyen un conjunto de presunciones judiciales, que atendida su multiplicidad, gravedad, precisión y concordancia y por reunir los requisitos legales previstos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten acreditar la participación que a título de coautores, en los términos previstos en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, se les atribuye, conforme con lo razonado en los motivos quince, dieciocho, veintiuno, treinta, treinta y tres, cuarenta y dos, cuarenta y cinco, cuarenta y ocho, sesenta y seis, sesenta y nueve en contra de Magna Astudillo, setenta y dos, setenta y cinco, setenta y siete, ochenta y uno, ochenta y siete, noventa y cinco, ciento siete y ciento veintitrés respectivamente y que se complementa con lo razonado en los fundamentos ciento setenta y tres, ciento setenta y ocho, ciento ochenta y dos, ciento ochenta y seis, ciento ochenta y nueve, ciento noventa y cinco, ciento noventa y siete, doscientos tres, doscientos seis y doscientos diez”, se detalla.

La resolución agrega que: “En este punto cabe precisar que la participación como coautor que se atribuye a Juan Morales Salgado, se encuadra plenamente en lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 Código Penal, desde que actuaba bajo las órdenes directas de Manuel Contreras y estaba a cargo del cuartel de Simón Bolívar a la época de los hechos, correspondiéndole en dicha calidad coordinar los trabajos operativos de las brigadas que actuaban bajo su mando, especialmente en relación a la desarticulación del Partido Comunista, destinando personal a su cargo para ello, dirigir las labores de investigación y recibir los informes correspondientes, disponiendo el ingreso y retención de los detenidos a la unidad, así como los interrogatorios y torturas a los que eran sometidos y, en su caso, su muerte y desaparición, estableciéndose que estuvo presente durante el interrogatorio y tortura de la víctima de estos antecedentes, lo que determina que intervino de una manera inmediata y directa en los hechos, por lo que su conducta implica un aporte funcional al resultado global, manteniendo en conjunto con los otros hechores, el codominio del hecho”.

“Por su parte, la atribución de responsabilidad a título de coautora, en los términos previstos en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, que se imputa a la encartada María Angélica Guerrero Soto, se establece en virtud de su confesión conforme con lo previsto en el artículo 482 del Código de Procedimiento Penal, la que se ve corroborada con el mérito los antecedentes señalados en la fundamentación cincuenta y siete de la sentencia recurrida, a lo que se suma lo razonado en la motivación ciento noventa y tres”, añade el fallo.

“Que, en el mismo sentido –prosigue–, se adhiere a lo señalado en la sentencia en estudio, por cuanto los indicios señalados en los motivos treinta y cinco en contra de Ojeda Obando, cincuenta en contra de Meza Serrano, cincuenta y tres en contra de Lagos Yáñez, cincuenta y nueve en contra de Díaz Radulovich, sesenta y dos en contra de Pichunmán Curiqueo, ochenta y tres en contra de Castro Andrade, noventa y ocho en contra de Miranda Mesa, ciento uno en contra de Álvarez Droguett, ciento cuatro en contra de Altamirano Sanhueza, ciento trece en contra de Díaz Ramírez, ciento veinticinco en contra de Jiménez Escobar, ciento treinta y cuatro en contra de López Inostroza y ciento cuarenta y tres en contra de Ahumada Despouy, reúnen la fuerza necesaria para configurar presunciones judiciales, que atendida su multiplicidad, gravedad, precisión y concordancia, permiten acreditar la participación que se les atribuye a título de cómplices, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Código Penal, al tenor de lo razonado en los basamentos treinta y seis, cincuenta y uno, cincuenta y cuatro, sesenta, sesenta y tres, ochenta y cuatro, noventa y nueve, ciento dos, ciento cinco, ciento catorce, ciento veintiséis, ciento treinta y cinco y ciento cuarenta y cuatro, respectivamente, a lo que se aúnan los razonamientos ciento setenta y uno, ciento setenta y nueve, ciento ochenta y siete, ciento noventa y ocho, doscientos, doscientos cuatro y doscientos ocho del fallo”.

Para el tribunal de alzada, en la especie: “(…) como se señaló, ha quedado suficientemente demostrado que todos los imputados eran parte de una estructura organizada bajo subordinación y dependencia, en la que coexistían quienes ejercían labores de dirección y personal operativo, dedicado tanto a la investigación cuanto a la detención, custodia, interrogatorio, tortura y, en su caso, muerte y desaparición de los detenidos, en lo que se observa, por un lado, la división de roles propia de la coautoría, desde que todos ellos realizaron un aporte funcional a la ejecución del delito, disponiendo cada uno de ellos del codominio del hecho y, por otro, una facilitación de los medios con que se comete el delito, cooperando así en el hecho ajeno, por actos anteriores o simultáneos, que es lo que caracteriza la complicidad”.

“En ese entendido, contrariamente a lo que señalan las defensas en estrados en sustento de sus apelaciones, conviene precisar que no se castiga a los condenados meramente por pertenecer a la institución, sino por las conducta desplegada por cada uno en relación a los hechos que atañen a la víctima de estos autos, doña Reinalda Pereira Plaza, lo que también conduce a descartar la intervención de aquellos acusados a cuyo respecto, no obstante haberse establecido que formaban parte de la misma institución y prestaron funciones en el inmueble ubicado en Simón Bolívar N° 8.800 de La Reina, no se ha comprobado su participación punible en alguna de las formas previstas en la ley”. Concluye.

Detención y desaparición
En el fallo en alzada, el ministro en vista Miguel Vázquez Plaza dio por establecidos los siguientes hechos:
“a) Que, la Dirección de Inteligencia Nacional Dina , en una fecha no precisada, pero durante el primer semestre del año 1976, ocupó y habilitó un inmueble de calle Simón Bolívar Nº 8800, comuna de La Reina, consistente en una casa quinta, que fue acondicionada para su propósito de reclusión. Contaba con un solo portón de acceso, una garita a su derecha donde se hacía la guardia de puerta, una casa al fondo, una cancha de baby futbol, estacionamientos y al lado izquierdo del predio una especie de gimnasio donde había un casino, cocina y unos camarines y baños, que se acondicionaron para ser utilizados como calabozos, inmueble en el que se desempeñó operativamente la brigada Lautaro a cargo del mayor Juan Morales Salgado y que fue ocupado como un lugar secreto y clandestino de reclusión; a dicho recinto eran llevadas personas en calidad de detenidas, para ser interrogadas bajo el empleo de diversas técnicas de apremios físicos, en especial respecto de aquellas que tenían o habían tenido militancia política adherente al Partido Comunista.
b) Que asimismo, en el segundo semestre del año 1976, se trasladaron a dicho recinto, las agrupaciones de la DINA a cargo de los oficiales Germán Barriga y Ricardo Lawrence, conjuntamente con sus agentes operativos, los que se preocuparon fundamentalmente de investigar, ubicar, allanar, perseguir, reprimir y desarticular a los miembros del Partido Comunista, en especial a sus cúpulas directivas, para lo cual se habilitaron dependencias provisorias para su instalación; consistentes en oficinas, un gimnasio y camarines que fueron calabozos de encierro, en donde se realizaban los interrogatorios y torturas, utilizando apremios con diversos métodos.
c) Que, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, embarazada de su primer hijo, de 5 meses de gravidez, tecnólogo médico y militante comunista, que trabajaba asilando personas y como enlace entre Eliana Ahumada y Fernando Navarro, aunque también relacionada al militante comunista Fernando Ortiz, fue detenida a sus 29 años de edad, aproximadamente a las 20:30 horas, mientras esperaba locomoción colectiva, por agentes de seguridad el día 15 de diciembre de 1976, en la calle Exequiel Fernández esquina Rodrigo de Araya, comuna de Nuñoa, actualmente comuna de Macul. Los agentes que la detuvieron, se movilizaban en dos automóviles marca Peugeot; uno de ellos patente HLN-55, de donde se bajó un sujeto que la tomó violentamente, al dar gritos de auxilio, se bajó un segundo sujeto con el cual fue reducida a la fuerza e ingresada al interior del vehículo. La detención fue materializada en presencia de testigos que se encontraban en los diversos locales comerciales circundantes, que dan cuenta que una vez reducida la víctima y materializada la detención, el automóvil se dirigió por Rodrigo de Araya en dirección al norte.
d) Que, Reinalda del Carmen Pereira Plaza fue trasladada al cuartel secreto de reclusión Simón Bolívar, donde fue vista junto a otros privados de libertad, que a su vez, habían sido detenidos por las mismas brigadas bajo la misma política operativa entre el 13 y 15 de diciembre de 1976; esto es, Héctor Véliz Ramírez, Fernando Navarro Allendes, Lincoyán Yalu Berríos Cataldo, Juan Fernando Ortiz Letelier y Horacio Cepeda Marincovich. En este lugar, Reinalda fue duramente golpeada, torturada, apremiada ilegítimamente y luego hecha desaparecer, sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero.
e) Que, el gobierno chileno de la época, dada las gestiones de búsqueda efectuadas por su familiares, informó que la afectada registraba salida ‘a pie’ por el paso fronterizo de Chile con Argentina Los Libertadores, el día 21 de diciembre de 1976, versión oficial que se estableció judicialmente como falsa, según consta en proceso tenido a la vista, autos Rol 2-77, en el cual se constató que la hoja de ruta que consignaba dichas circunstancias, había sido falsificada.
f) Que, la víctima de autos fue detenida en la vía pública al igual que otras trece personas en circunstancias similares; once pertenecientes al Partido Comunista y dos al MIR y, donde la información proporcionada por el Gobierno Militar fue semejante y errada, demostrando un operativo a gran escala que obedeció a una política de investigación, persecución y desarticulación del Partido Comunista y no, a un hecho aislado.
g) Que, todas las personas antes mencionadas, incluida la víctima, fueron detenidas para ser interrogadas y torturadas en razón de su militancia política y, a fin de obtener información sobre sus actividades de partido y la identificación de otros miembros del Partido Comunista en la clandestinidad; apremios que no cesaban hasta la obtención de la información requerida o, hasta la inconciencia de las víctimas”.

El día de ayer se hizo público el fallecimiento del criminal preso en el penal Colina 1, exoficial de Carabineros y exjerarca de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Ricardo Víctor Lawrence Mires, condenado a cadena perpetua por decenas de causas por delitos de lesa humanidad.

Por Darío Núñez

El exjerarca de la DINA formó parte del organismo represivo desde los inicios del aparato de exterminio creado por Pinochet y su mano derecha, Manuel Contreras. El entonces teniente de Carabineros comenzó sus actividades criminales en el llamado Cuartel Uno, que funcionaba en los subterráneos de la propia Plaza de la Constitución, luego continuó en funciones en el cuartel secreto instalado en Londres 38. Desde este recinto, ya formando parte de la Brigada Caupolicán de la DINA, con el nombre supuesto de "Julio Goren" y el alias de "Cachete Grande", siguió en Villa Grimaldi en donde se hizo cargo de la Agrupación Águila o "Los Guatones" de la mencionada brigada represiva.

En estos recintos y funciones criminales, Lawrence Mires concentró sus acciones de represión sobre los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que intentaban oponerse a la dictadura y organizar la resistencia al régimen, siendo responsable directo del secuestro y desaparición de cientos de personas detenidas desaparecidas. Más tarde, a la agrupación represiva de Lawrence Mires le amplían los objetivos de exterminio desencadenando la represión sobre los militantes del Partido Comunista que funcionaban en la clandestinidad. En 1976 se traslada con su grupo operativo al Cuartel Simón Bolívar donde se consumaron decenas de crímenes de personas de esa colectividad política detenidas y posteriormente desaparecidas.

El accionar represivo de Lawrence Mires continuó luego en el cuartel Venecia y en el cuartel Malloco, siempre a cargo del grupo Águila, ampliado y transformado en agrupación Delfín que comandaba el exoficial de ejército, Germán Jorge Barriga Muñoz, quien el año 2005 se suicidó para escapar de la acción de la justicia.

El criminal Ricardo Lawrence Mires estaba cumpliendo condena en más de 35 causas de delitos de lesa humanidad, que sumaban más de 400 años de prisión. Sin embargo, y dada la lentitud de las causas judiciales por causales de derechos humanos, recién el año 2014 comenzaron a cerrarse algunas de las causas con sentencias a firme. Desde ese mismo momento, el criminal se declaró prófugo de la justicia, recibiendo sueldo del Estado por su condición de exoficial de Carabineros (con el rango de teniente coronel en retiro), haciendo uso de prebendas, pero prófugo de la justicia para no acatar las resoluciones de tribunales. Este sujeto mantuvo su insólita condición de prófugo hasta enero de 2020, fecha en que se entregó para poder continuar con sus tratamientos de salud. La muerte del criminal habría ocurrido en un recinto hospitalario adonde había sido trasladado desde el penal penitenciario, pues Lawrence Mires padecía de una enfermedad terminal.

Es decir, no alcanzó a cumplir ni tres años de prisión efectiva. A las 35 condenas a firme, se le suman otras 11 causas que aún están en etapa de investigación, otras 74 que ya tenían sentencias de primera instancia, y otras 25 con sentencias de segunda instancia, que se acumulan en las Cortes de Tribunales sin ningún sentido de oportunidad ni de respeto por el deber que se supone tiene la justicia, produciendo efectos de impunidad para estos criminales de lesa humanidad.

Entre los implicados en el crimen está el ex brigadier de Ejército, Pedro Espinoza, subdirector de la agencia de represión de Augusto Pinochet en los 70. En la lista aparecen agentes ligados a la Brigada Lautaro, una de las más temidas de la época.

Indignación causó en algunas personas el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que absolvió y redujo la pena de 17 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) de la dictadura, que funcionó entre 1973 y 1977.

En concreto, la instancia integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera Muñoz, Mireya López Miranda y el abogado integrante Cristián Lepín Molina, absolvió a siete agentes de la DINA por el caso de la desaparición de 16 personas y el asesinato de una 17°, hechos ocurridos en 1976, a quienes se les vio por última vez en el centro de detención de Villa Grimaldi.

Las víctimas son los siguientes militantes y dirigentes del Partido Comunista: Luis Emilio Recabarren González, Manuel Guillermo Recabarren González, Nalvia Mena Alvarado, Manuel Segundo Recabarren Rojas, Clara Canteros Torres, Alejandro Rodríguez Urzúa, Daniel Palma Robledo, Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, Iván Sergio Insunza Bascuñán, José Eduardo Santander Miranda, Mario Jesús Juica Vega, Víctor Hugo Morales Mazuela, Carlos Mario Vizcarra Cofré, Miguel Nazal Quiroz, Juan Aurelio Villarroel Zárate, Julio Roberto Vega Vega y Eduardo Canteros Prado, (el único no desaparecido).

En vista de esta polémica, INTERFERENCIA indagó en el currículum criminal de estos agentes del Estado que en su momento formaron parte de la máquina de tortura, desaparición y homicidio, la que violó sistemáticamente los derechos humanos fundamentalmente en la década de los 70. La mayoría de los beneficiados, están involucrados en otros casos de similares características, por lo que continuarán en prisión.

Los absueltos

1. Pedro Espinoza Bravo. Ex brigadier de Ejército y ex subdirector de la Dina. Fue condenado por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, el ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats y el diplomático español Carmelo Soria. Fue parte de la Caravana de la Muerte y autor material de los asesinatos de los periodistas estadounidenses Charles Horman Lazar y Frank Randall Teruggi Bombactch. También recibió condenas en Francia por "secuestro acompañado de torturas y de actos de barbarie", en los casos de los ciudadanos franceses Jorge Klein, Etienne Pesle, Alfonso Chanfreau y Jean Yves Claudet.

La Corte de Apelaciones de Santiago absolvió a Espinoza exclusivamente de los crímenes cometidos en el centro de detención y tortura, Villa Grimaldi. “No hay evidencia que haya liderado ninguna brigada que operara en Villa Grimaldi ni menos la agrupación Delfín, durante el año 1976, que es lo que importa para estos efectos”, se lee del fallo. En concreto, se le exime de responsabilidad en el secuestro y desaparición de 17 víctimas, llevadas a cabo a través de la llamada agrupación Delfín en 1976.

2. Rolf Wenderoth Pozo. Ex coronel de Ejército y subdirector de Inteligencia Interior de la Dina. Integró la Brigada Mulchén, conocida por el uso de gas sarín en varios asesinatos y por ser la responsable del asesinato de Carmelo Soria. Wenderoth fue el agente de enlace de Luz Arce, una miembro del GAP del presidente Salvador Allende, quien fue dada vuelta en tortura para convertirse en agente de la Dina, y fue parte de los equipos a cargo de los centros de detención y tortura de Villa Grimaldi y Belgrano.

3. Hermón Alfaro Mundaca. Ex comisario de la PDI, agente de la Dina. Fue parte de Villa Grimaldi desde 1975 y fue procesado junto a otros 97 agentes por la desaparición de 41 personas, en el contexto del Caso de la Operación Colombo y del Caso de los 119, una operación de intoxicación informativa de la dictadura en connivencia con El Mercurio y La Tercera, para esconder desapariciones. A este caso corresponde el famoso titular de La Segunda del 24 de julio; Exterminados como ratones. 

4. Pedro Bitterlich Jaramillo. Ex suboficial de Ejército, agente de la Dina. Fue parte de la Brigada Lautaro, la que -entre otras misiones criminales- estuvo a cargo de los Vuelos de la Muerte, mediante la cual la Dina se deshacía de los cuerpos de sus víctimas empleando helicópteros Puma del Ejército. A esta operación corresponde el caso de Marta Lidia Ugarte Román, víctima de un vuelo de la muerte, pero cuyo cuerpo lo devolvió el mar, causa por la que Bitterlich fue condenado como uno de los autores de secuestro calificado, junto con Pedro Espinoza y varios otros agentes. También fue implicado en las causas conocidas como Operación Colombo, Calle Conferencia I y II (destinadas al exterminio de la dirección del Partido Comunista) y Operación Cóndor (en la que las agencias represivas de varias dictaduras del Cono Sur se confabularon para cometer y encubrir crímenes más allá de sus fronteras).

5. Claudio Pacheco Fernández. Ex suboficial de Carabineros, agente de la Dina. También fue parte de la Brigada Lautaro. Fue implicado en la Operación Colombo.

6. Orlando Torrejón Gatica. Ex suboficial de Ejército, agente de la Dina y la CNI. Fue parte de la Brigada Lautaro y pasó a ser parte de las Brigadas Verde y Azul de la CNI, el organismo represor continuador de la Dina. Fue procesado en el caso Calle Conferencia II.

7. Orlando Altamirano Sanhueza. Ex suboficial de la Armada, agente de la Dina. También fue parte de la Brigada Lautaro. 

8. Carlos López Inostroza. Agente de la Dina. Implicado en los casos Calle Conferencia I y en el de Marta Ugarte.

Los que recibieron rebaja de condena

9. Ricardo Lawrence Mires. Ex teniente coronel de Carabineros, agente de la Dina. Según Memoria Viva, es uno de los principales y más crueles torturadores de la agencia, habiendo sido quien apremió a Luz Arce antes de su conversión. Estuvo destinado a los centros de tortura Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Lawrence es conocido últimamente por haber estado prófugo y ser uno de los más buscados por la PDI por el homicidio de Alfonso Chanfreau, habiéndose entregado al OS-9 de Carabineros el pasado 10 de enero.

10. Jorge Andrade Gómez. Ex teniente coronel de Ejército, agente de la Dina y la CNI. Fue parte de la Escuela de las Américas, instancia creada por Estados Unidos para enseñar técnicas de represión y tortura que se emplearían en las dictaduras de los 70 en América Latina. Fue lugarteniente de Miguel Krassnoff tras su paso por Villa Grimaldi y estuvo implicado en las operaciones de Calle Conferencia y Cóndor, y en numerosos secuestros. En la CNI fue parte de la Operación Alfa Carbón I, en la que la CNI ultimó a siete militantes del MIR y fue condenado por el asesinato de Paulina Alejandra Aguirre Tobar, de 20 años, del MIR en 1985.

11. Juan Morales Salgado. Ex coronel de Ejército y director de la Brigada Lautaro de la Dina. Conocido también por su participación en el homicidio de Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en 1974 en la ciudad de Buenos Aires. Por este delito fue condenado a una pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo, así como por asociación ilícita. Este oficial en retiro de las Fuerzas Armadas recién entró en prisión el año 2010. Asimismo, sobre él pesa otra condena por el secuestro de cinco jóvenes en un episodio conocido como Caso Linares, por el que Morales Salgado recibió una rebaja de pena por parte de la Corte Suprema en 2011.

12. Gladys Calderón Carreño. Ex teniente de Ejército, enfermera y agente de la Brigada Lautaro de la Dina. Fue condenada en 2018 por el ministro en visita, Mario Carroza, por su actuación en los hechos que involucraron la Operación Cóndor, por su autoría en los homicidios calificados de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce. También, según publicó El Mostrador, participó del operativo de calle Conferencia y la detención de Víctor Díaz López, del Partido Comunista.

13. Ciro Torré Sáez. Ex capitán de Carabineros y jefe administrativo de la Dina. Según el sitio Memoria Viva el ministro Llanos lo condenó en 2017 a la pena de quince años y un día de presidio en su grado máximo, como autor del secuestro calificado de Luis Emilio Recabarren González, Carlos Enrique Godoy Lagarrigue e Iván Sergio Insunza Bascuñán.

Anteriormente, Torré había sido condenado por la Corte Suprema en el homicidio calificado Lumi Videla Moya, integrante del MIR, quien fue secuestrada junto a su esposo por la Dina en 1974, falleciendo ella en el centro de detención de José Domingo Cañas. El máximo tribunal le dictó una pena de 5 años y un día en 2009.

14. Orlando Escalona Acuña. Ex suboficial de la Armada y miembro de la Brigada Lautaro de la Dina. Fue condenado anteriormente como coautor del secuestro y homicidio calificado en 1976 de Víctor Díaz López, militante del Partido Comunista quien alcanzó en 1973 un cargo directivo en la Central Única de Trabajadores de Chile (CUT). Además, la Corte Suprema emitió una sentencia en su contra por el secuestro del ex diputado comunista Bernardo Araya Zulueta y su esposa María Olga Flores Araya en 1976.

15. Juvenal Piña Garrido. Suboficial de Ejército y miembro de la Brigada Lautaro de la Dina. Tuvo la misma rebaja de condena que Sergio Orlando Escalona Acuña, ambos involucrados en el secuestro de Daniel Palma Robledo. Piña cumple condena también por secuestro calificado de Alfredo Rojas Castañeda, Michelle Marguerite Peña Herreros, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Mireya Herminia Rodríguez Díaz y Exequiel Ponce Vicencio.

16. Jorge Díaz Radulovich. Suboficial de la Fuerza Aérea y miembro de la Brigada Lautaro de la Dina. La Corte Suprema lo condenó por el secuestro del ex diputado Bernardo Araya Zulueta y su esposa María Olga Flores Araya en 1976 a 5 años y un día de presidio, como coautor del delito. Según consigna Memoria Viva, Díaz fue mencionado en el libro La Danza de los Cuervos como miembro del Comando Vengadores de Mártires. 

17. Gustavo Guerrero Aguilera. Suboficial de Carabineros y miembro de la Brigada Lautaro. Estuvo implicado en el operativo de Calle Conferencia. Recibió originalmente una condena de diez años por el secuestro de Daniel Palma Robledo, pero se redujo su condena a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo.

La Operación Colombo fue una gran operativo de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema revocó sentencia que había absuelto a más de 60 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los condenó como responsables de la desaparición de 16 militantes de izquierda, mayoritariamente del MIR, en el proceso conocido como Operación Colombo, y que en este caso fue perpetrado entre el 17 de junio de 1974 y 6 de enero de 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El fallo fue emitido por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Diego Simpertigue, y revocaron la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones y condenaron a los ex jefes y oficiales de la DINA César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo como autores de los delitos de secuestro calificado de las víctimas.

Del mismo modo, el tribunal condenó a 53 ex agentes a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autores del mismo delito, quienes habían sido absueltos anteriormente por el tribunal de alzada capitalino, a pesar de haber estado condenados en primera instancia como cómplices y autores. Además, esta vez todos deberán ingresar a la cárcel, encontrándose alguno de ellos ya en prisión por otros delitos de lesa humanidad.

Se trata de los ex agentes DINA Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García, Manuel Andrés Carevic, Rosa Humilde Ramos Hernández, Nelson Alberto Paz Bustamante, Jose Abel Aravena Ruiz, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Rudeslindo Urrutia Jorquera, José Alfonso Ojeda Obando, Manuel Heriberto Avendaño Gonzalez, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Daniel Alberto Galaz Orellana, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Leoncio Enrique Velásquez Guala, José Enrique Fuentes Torres, Julio José Hoyos Zegarra, Pedro René Alfaro Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, José Manuel Sarmiento Sotelo, Luis René Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo Del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Diaz, Daniel Valentín Cancino Varas, Juan Evangelista Duarte Gallegos, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Pedro Ariel Aravena Aravena, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Juan Carlos Villanueva Alvear, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Rafael De Jesús Riveros Frost, Silvio Antonio Concha González, Luis Fernando Espinace Contreras, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Sylvia Teresa Oyarce Pinto, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Avelino Yévenes Vergara, Olegario Enrique González Moreno, Werner Zanghellini, Hector Flores Vergara.

Jaime Alfonso Fernández Garrido, recibió una condena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de secuestro calificado de Ida Vera Almarza. Mientras que Samuel Fuenzalida Devia fue condenado a 541 y un día por el mismo delito, mas no cumplirá tiempo en la cárcel.

Se trata de un proceso extenso que tuvo su primera sentencia de primera instancia en 2017 a manos del ministro Hernán Crisosto Greisse. En el transcurso de la investigación han fallecido algunos agentes como Basclay Zapata, Ciro Torré, Manzo Duran, Ricardo Lawrence, entre otros.

Para Nelson Caucoto, abogado querellante, representante de 13 de las 16 víctimas, este es “un fallo trascendente en la historia judicial chilena, puesto que la Corte Suprema ha restituido el sentido de justicia para crímenes de esta naturaleza, los que habían quedado literalmente en una .situación de impunidad inaceptables. El máximo tribunal ha desechado una vez más la media prescripción y los recursos de la defensa de los condenados, y ha acogido los recursos de los querellantes”, señaló.

Caucoto agrega que “se trata de un fallo moderno basado en el derecho internacional y en la legislación interna. Es indudable que la justicia opera en este caso como una sanación para tantos familiares de víctimas que aún sobreviven y es una pena que otros no hayan alcanzo a ver este final”.

La Operación Colombo fue una gran operativo de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile por la DINA, las que habrían perecido luego de enfrentarse entre ellos.

Este proceso investigó la suerte de 16 de esas 119 víctimas. Se trata de Francisco Aedo Carrasco, Jorge Elías Andrónicos Antequera, Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Ida Vera Almarza, Juan Carlos Rodríguez Araya y Jilberto Urbina Pizarro.

La Corte Suprema condenó a 14 agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de Luis Emilio Recabarren González, Manuel Guillermo Recabarren González, Nalvia Rosa Mena Alvarado, Manuel Segundo Recabarren Rojas, Clara Elena Canteros Torres, Alejandro Rodríguez Urzúa, Daniel Palma Robledo, Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, Iván Sergio Insunza Bascuñán, José Eduardo Santander Miranda, Mario Jesús Juica Vega, Víctor Hugo Morales Mazuela, Carlos Mario Vizcarra Cofré, Miguel Nazal Quiroz, Juan Aurelio Villarroel Zárate y Julio Roberto Vega Vega; y el homicidio calificado de Eduardo Canteros Prado. Los delitos fueron cometidos entre abril y agosto de 1976, en la provincia de Santiago.

En fallo unánime (causa rol 71.900-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros y ministras Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, María Cristina Gajardo, María Soledad Melo y Eliana Quezada- revocó la sentencia dictada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en abril de 2020, que aplicaba la media prescripción a los acusados.  En sentencia de reemplazo la Corte Suprema condenó a los ex jerarcas DINA y ex oficiales de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo y Jorge Claudio Andrade Gómez a las penas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de 16 secuestro calificado y a 10 años y un día en calidad de autores de un homicidio calificado.

En tanto, Rolf Arnold Wenderoth Pozo fue condenado a sendas penas de 10 años y un día de presidio, como autor de tres secuestros calificados y un homicidio calificado; Juan Hernán Morales Salgado y Gladys de las Mercedes Calderón Carreño a 10 años y un día de presidio, como autores de seis secuestros calificados.

En el caso de los ex agentes Sergio Orlando Escalona Acuña, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Jorge Iván Díaz Radulovich y Gustavo Enrique Guerrero Aguilera, se les aplicó una pena de 5 años y un día de presidio, como autores de un solo caso de secuestro calificado.

Asimismo, los ex agentes Orlando Jesús Torrejón Gatica, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza y Carlos Eugenio López Inostroza deberán purgar 7 años en calidad de cómplices de los 16 secuestros calificados y 5 años y un día presidio en calidad de cómplices del homicidio calificado.

Finalmente, Hermon Helec Alfaro Mundaca deberá purgar 7 años en calidad de cómplice de 15 secuestros calificados y 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplice del homicidio calificado.

Los criminales Carlos José Leonardo López Tapia y Ricardo Víctor Lawrence Mires, que habían sido condenados en el fallo de primera instancia, dictado por el ministro Leopoldo Llanos en julio de 2017, a penas de 20 años de presidio, fallecieron en el curso del proceso. También fallecieron los condenados en primera instancia Ciro Ernesto Torré Sáez y Orlando José Manzo Durán y Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo.

Al desestimar la media prescripción, la Corte Suprema establece que: "(…) resulta preciso tener en consideración que la materia en discusión también debe ser analizada conforme a la normativa internacional de los Derechos Humanos contenida principalmente en los Convenios de Ginebra, que impiden la prescripción, total o gradual, respecto de delitos cometidos en casos de conflictos armados sin carácter internacional".

La resolución agrega que: "A la misma conclusión se llega considerando tanto las normas de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, como las de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, por cuanto de conformidad a esa normativa, la prescripción gradual tiene la misma naturaleza que la total".

"Desde otra perspectiva, la doctrina, sobre esta materia ha expresado que sus fundamentos se encuentran en las mismas consideraciones de estabilidad social y certeza jurídica que dieron origen al artículo 93 del Código Penal, pero que está destinada a producir sus efectos en aquellos casos en que la realización de los fines previstos para la prescripción no concurren en forma natural sino al cabo de un proceso gradual, esto es, cuando el lapso necesario para prescribir está por cumplirse, lo que justificaría la atenuación de la pena", añade.

"Sin embargo -prosigue-, es evidente que aquella conclusión es para los casos que no presentan las características de los delitos de lesa humanidad, pues estos son imprescriptibles. En consecuencia, para que dicha atenuación sea procedente es necesario que se trate de un delito en vías de prescribir, lo que no acontece en la especie, de modo que el transcurso del tiempo no produce efecto alguno, debido a que el reproche social no disminuye con el tiempo, lo que solo ocurre en los casos de delitos comunes".

Los hechos

En el fallo de primera instancia, el ministro de fuero Leopoldo Llanos Sagristá dio por establecido que en el marco de la represión sistemática a los opositores al régimen militar, en los meses de abril y agosto de 1976, se produjeron las detenciones de una serie de personas, todos militantes del Partido Comunista.

El día 29 de abril de 1976, en el sector de las calles Santa Rosa y Sebastopol de la comuna de San Miguel, fueron detenidos por agentes de la DINA los hermanos Manuel Guillermo, de 22 años, y Luis Emilio Recabarren González, de 29 años, junto a Nalvia Rosa Mena Alvarado, de 20 años, y el hijo de ésta de dos años de edad. El menor fue abandonado cerca de su domicilio en horas de la noche.

Al día siguiente, 30 de abril, a las 7:00 horas, fue detenido Manuel Segundo Recabarren Rojas, de 50 años de edad, a poco de salir de su domicilio en el mismo sector y cuando se disponía a abordar un bus de locomoción colectiva.

Todos los detenidos fueron conducidos al cuartel clandestino de detención y tortura 'Villa Grimaldi'; a Manuel Guillermo Recabarren González y Manuel Segundo Recabarren Rojas, además, se les vio en el recinto 'Simón Bolívar' y a Luis Emilio Recabarren González en 'Cuatro Álamos'. Desde esos recintos la DINA los hizo desaparecer.

El día 23 de julio de 1976, alrededor de las 20:00 horas, en la intersección de las calles Rojas Magallanes con Panamá de la comuna de La Florida, fue detenida por agentes de la DINA la joven Clara Elena Canteros Torres, de 21 años de edad. Fue reducida al descender de la locomoción colectiva.

Es trasladada hasta 'Villa Grimaldi' donde es vista por testigos, y el día 20 de agosto de 1976, es sacada de ese recinto junto a los también detenidos Mario Juica Vega y "scar Ramos. Desde entonces se les hizo desaparecer.

A las 21:40 horas Eduardo Canteros Prado, 48 años, tío de Clara Elena, constructor civil, es detenido en la vía pública por agentes de la DINA, frente a su domicilio ubicado en calle Panamá, de la comuna de La Florida. Fue trasladado hasta la 'Villa Grimaldi'. En el año 1990 sus restos fueron encontrados en el fundo Las Tórtolas de Colina, recinto que hasta 1980 perteneció al Ejército.

El día 27 de julio de 1976, alrededor de las 17:15 horas, Alejandro Rodríguez Urzúa, de 49 años de edad, fue detenido por agentes DINA desde su oficina ubicada en Mallinkrodt 70, Barrio Bellavista. Lo trasladaron hasta el recinto de 'Villa Grimaldi'.

El día 4 de agosto de 1976, Daniel Palma Robledo, 61 años, empresario, fue detenido en horas de la mañana, en avenida Matta, entre las calles San Diego y Arturo Prat; luego de retirar su correspondencia, compró un diario y al momento de retirarse fue detenido y se lo llevaron con destino desconocido, pero fue visto en el cuartel de exterminio 'Simón Bolívar'.

El mismo 4 de agosto, a las 15:00 horas, fue detenido el médico Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, de 39 años. Lo apresaron durante el trayecto que efectuaba entre el Hospital Parroquial de San Bernardo y su consulta particular, ubicada en calle Barros Arana con Arturo Prat. Fue trasladado hasta 'Villa Grimaldi' y, posteriormente, a 'Cuatro Álamos', desde donde se le hace desaparecer.

En horas de la noche del 4 de agosto fue detenido por agentes DINA el médico cirujano Iván Sergio Insunza Bascuñán, de 43 años, mientras conducía su vehículo. Fue trasladado a 'Villa Grimaldi' y luego a 'Cuatro Álamos'.

El día 6 de agosto de 1976, a poco de salir de su domicilio, alrededor de las 9:30 horas, fue detenido por agentes DINA el dirigente estudiantil y de la Central Única de Trabajadores, José Eduardo Santander Miranda, de 29 años; testigos sobrevivientes lo vieron en el recinto de 'Villa Grimaldi'.

El 9 de agosto, Víctor Hugo Morales Mazuela, de 45 años, carpintero y obrero de la construcción, dirigente sindical y encargado de organización de un regional del Partido Comunista, fue detenido en horas de la mañana, en los alrededores de la población 'Villa México' de la comuna de Maipú y fue trasladado hasta 'Villa Grimaldi'. Posteriormente, se le vio en el cuartel 'Simón Bolívar'.

El mismo 9 de agosto, Mario Jesús Juica Vega, 34 años, comerciante, fue detenido alrededor del mediodía, en las inmediaciones de plaza Egaña, en la comuna de 'uñoa, y trasladado a 'Villa Grimaldi', lugar en que fue visto por numerosos testigos. El día 20 de agosto fue sacado desde ese recinto junto a otros dos detenidos y desde entonces la DINA los hace desaparecer.

El 11 de agosto de 1976, a las 9:00 horas, en circunstancias que salía de su domicilio, ubicado en calle Chiloé, entre Santa Rosa y Gran Avenida, en la comuna de San Miguel, fue detenido por agentes DINA el comerciante Miguel Nazal Quiroz, de 44 años. Fue trasladado a' Villa Grimaldi'.

En horas de la noche del mismo 11 de agosto, Carlos Mario Vizcarra Cofré, de 31 años, desabollador, en su domicilio en Quinta Normal fue detenido por agentes que lo trasladaron hasta 'Villa Grimaldi', recinto en que lo vieron testigos hasta el 25 de agosto del mismo año. Posteriormente, fue visto en el recinto 'Simón Bolívar'.

El 13 de agosto, Juan Aurelio Villarroel Zárate, de 55 años, dirigente sindical, fotograbador, alrededor de mediodía, cuando se trasladaba desde su domicilio en Conchalí fue detenido por agentes DINA en las cercanías de la Estación Mapocho. Fue trasladado hasta Villa Grimaldi.

El día 16 de agosto de 1976, a las 11:30 horas, el obrero Julio Roberto Vega Vega fue detenido por agentes DINA en avenida Presidente Balmaceda, entre Cueto y Libertad, de la comuna de Santiago. Varios testigos lo vieron recluido tanto en 'Villa Grimaldi' como en el cuartel 'Simón Bolívar'.

por  Darío Núñez

Rodolfo Núñez Benavides fue catalogado como detenido desaparecido.

La sentencia se dictó en contra del teniente coronel Pedro Espinoza Bravo, el mayor Juan Morales Salgado, y el cabo primero Juvenal Piña Garrido, todos del Ejército, quienes tuvieron responsabilidad en la desaparición de Rodolfo Núñez Benavides, el 18 de mayo de 1976.

Este lunes, la Corte de Apelaciones de San Miguel sentenció a tres exagentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado del vendedor de productos lácteos Rodolfo Marcial Núñez Benavides, ilícito que fue perpetrado a partir del 18 de mayo de 1976.

La condena fue dictada por la ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos del referido tribunal, Marianela Cifuentes, quien resolvió imponer una pena de diez años de cárcel a los acusados Pedro Espinoza Bravo, teniente coronel de Ejército a la época de los hechos; Juan Morales Salgado, mayor del Ejército, y Juvenal Piña Garrido, cabo primero de la misma institución, como autores del delito.

El fallo establece penas accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; más el pago de las costas del proceso.

En el aspecto civil, la sentencia acogió la demanda interpuesta y condenó al Fisco pagar una indemnización total de 160 millones de pesos por concepto de daño moral a los familiares de la víctima.

Hechos

En la resolución, la ministra Cifuentes dio por establecidos los hechos ocurridos hace 47 años, cuando la DINA estaba a cargo del coronel Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda –actualmente fallecido–, y secundado por el director de Operaciones de dicho organismo, teniente coronel Pedro Espinoza Bravo, quien tenía bajo su mando a todas las brigadas regionales, desde Arica a Punta Arenas, entre ellas, a la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM).

Que de dicha brigada dependía la Brigada Lautaro, a cargo del mayor de Ejército Juan Hernán Morales Salgado, unidad que ocupaba el cuartel ‘Simón Bolívar’, en la comuna de La Reina. Asimismo, operaba un grupo de élite denominado ‘Delfín’, a cargo del capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz y el teniente de Carabineros Ricardo Lawrence Mires –ambos fallecidos–, que “fue creado con el propósito de perseguir y exterminar a la dirigencia del Partido Comunista (PC) que trabajó en el centro de detención clandestino denominado ‘Villa Grimaldi’ y, luego, en el cuartel ‘Simón Bolívar’”, reza el fallo.

En ese contexto, el 18 de mayo de 1976, alrededor de las 15:00 horas, en avenida Departamental al llegar a avenida Ochagavía, agentes de la DINA detuvieron sin derecho a la víctima, quien era militante del PC y viajaba junto a su hijo Rodolfo Francisco Núñez Moya en un vehículo, y momentos más tarde allanaron su domicilio en la comuna de La Cisterna.

En este sentido, los captores mantuvieron encerrado a Núñez Benavides en el centro de detención clandestino ‘Villa Grimaldi’, ubicado en Peñalolén, siendo posteriormente trasladado al centro de detención clandestino ‘Simón Bolívar’, el que estaba a cargo del mayor de Ejército Juan Hernán Morales Salgado, en el que operaba la agrupación ‘Delfín’.

Esta sería la última noticia que se tiene de la persona secuestrada, el cual “fue trasladado por el cabo 1° del Ejército Juvenal Alfonso Piña Garrido, agente del referido grupo ‘Delfín’, a una dependencia del mencionado centro de detención que se ocupaba para torturar a los detenidos, desconociéndose desde entonces su paradero”, concluye la sentencia.