Lapóstol Orrego Ariosto Alberto Francisco

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo dividido, determinó otorgarle la libertad bajo fianza al ex comandante del regimiento Arica de La Serena, Ariosto Lapostol, procesado por su responsabilidad en el homicidio del ciudadano argentino Bernardo Lejderman.

La resolución adoptado por el tribunal indica que no hay mérito para mantener el arresto que regía contra el ex oficial.

El 27 de mayo pasado la jueza Carmen Garay encausó a Lapóstol por homicidio calificado, desde ese minuto permaneció detenido en su casa. Lapóstol lideraba el regimiento donde fueron ejecutados Lejderman y su pareja la mexicana María del Rosario Ávalos el 8 de diciembre de 1973.

En la víspera de la navidad del 2010 el ex Comandante del Regimiento N 21 "Arica" (hoy Coquimbo) Ariosto Lapóstol Orrego cumplió un ritual que ha marcado su visitas a La Serena: recorrer sus calles y saludar a quienes conocieron su labor. En esta ocasión agregó otro periplo.

Llegó hasta la redacción de diario El Día para lo que calificó entregar un saludo de paz. En este primer encuentro sólo se sacaron las fotografías de rigor porque debía regresar al día siguiente a Santiago.
Sin embargo, días más tarde lo contactamos telefónicamente para que se explayara sobre esta iniciativa.
El diálogo fue en dos ocasiones. Su motivación no era aislada. Además, no se trataba de cualquier personaje. Para las nuevas generaciones un desconocido. Sin embargo, para quienes conocieron su desempeño, una figura que vivió los días más duros del Gobierno Militar en La Serena.
Quien debió enfrentar la ejecución de 15 personas en su regimiento por la Caravana de la Muerte que lideró el General Sergio Arellano Stark.
Un episodio que le terminó costando su carrera.
Tiene 84 años y admite que cada 16 de octubre debe lidiar con los recuerdos de esa fecha. El día en que fueron fusilados desde un médico hasta un músico.

En esta entrevista no elude el tema. Incluso, devela episodios que no pudo responder cuando la periodista Patricio Verdugo (Zarpazos del Puma) lo enfrentó para que se refiera a la masacre. También se apura en precisar que no busca quedar como una víctima. Dice tener claro que por lo ocurrido hay gente que no lo quiere.
Sostiene que todavía existen ex oficiales, cabos y sargentos de su regimiento que aún están detenidos y presos. El hecho le preocupa, aunque está consciente que, “están pagando una situación bastante adversa para ellos y su familia”. Su postura es que se termine el odio, “hacer un país unido”.

No esconde la responsabilidad, “hubo bastantes errores, bastantes aspectos negativos y lógicamente se están pagando. No digo que no se castigue a quienes hicieron eso, pero se puede atenuar y disminuir una pena de 5 años a 3. Hay gente de mi regimiento que está detenida en Punta Peuco”.
-¿Debieran recibir el indulto presidencial?
“La iglesia está abogando bastante por esto, no sé si no fue escuchada, pero ha insistido ahora Monseñor Ezzati (Ricardo)”
-¿Cómo sigue enfrentado los recuerdos de las ejecuciones que impactaron en octubre de 1973 en el regimiento de La Serena?
“Es una situación bastante desagradable lo que me tocó vivir. Me jugué el pellejo en esa oportunidad por defender los derechos de la gente”.
-¿Al final su conclusión a la distancia es que se sintió sobrepasado por el general Sergio Arellano Stark?
“Históricamente lo que uno tiene que decir es la verdad de lo que sucedió. No colocarle algo a favor de uno. No soy de ese estilo”.
-¿Mantiene su misma versión de que no tuvo nada que ver con los fusilamientos?
“Lógicamente, es un aspecto histórico que no se puede tergiversar. Hay cosas que son muy crudas que no están escritas. No están las cuatro horas vividas en el Regimiento(16 de octubre), son muy penosas. Uno no se puede sacar del alma esos momentos”.
-¿Se ha reunido posteriormente con los familiares de Mario Ramírez o Jorge Peña Hen?
“No, lamentablemente no, me hubiese gustado mucho haber hablado con la viudas y los hijos”.
-¿Al día siguiente de las ejecuciones fue presionado para dar una entrevista a diario El Día para intentar explicar lo ocurrido?
“Lo que pasa es que se me preguntó de qué se les acusaba. Una cosa es decir de qué se les acusaba y otra es probar que eso era cierto, es distinto. Una cosa es que a uno lo acusen de que robó, pero hay que probar ese robo para castigar”.
-¿Después de los fusilamientos intentó conversar con el general Augusto Pinochet para contarle su versión de lo ocurrido?
“Fui a hablar con él en una oportunidad y le conté en forma rápida lo que había sucedido”.
-¿Le creyó?
“Me creyó, no daba su opinión, pero me dio la impresión de que estaba apesadumbrado con lo que había pasado. Me da la sensación que él no supo. El documento que llevaba Arellano (Sergio) era justamente lo contrario a lo que se hizo. En el documento decía A y se hizo Z”.
-Con la serenidad que dan los años, ¿Cree que pudo haber hecho algo distinto en esa gira del General, Sergio Arellano Stark para salvar la vida de los ejecutados?
“Podría haber seguido insistiendo y me habrían fusilado junto con ellos, claro. Hubo un momento en que le digo que de 15, 3 ya fueron juzgados ‘por consiguiente mi general, ordene que vuelvan a la cárcel a seguir cumpliendo su condena’. El me dice que yo fui muy blando, que en vez de 5 años debí haberle dado 20 o fusilarlos”.
-¿Pudo haber insistido más?
“Le digo, ‘mi general, si usted considera que yo fui blando, castígueme a mí entonces, pero a ellos ordene que vuelvan a la cárcel’. Le juro por Dios que fue así. El me contesta, ‘usted mida las palabras que me está diciendo’, como señalando, ‘está loco que lo castigue a usted en vez de a ellos’. El ya tenía pensado en fusilarlos”.
-¿Con el tiempo encontró cual fue la razón que se tuvo para ejecutarlos?
“Es una razón que tengo en el alma y el cerebro de por qué se actuó así. La orden escrita que él llevaba era A y él hizo Z”.
-Después se enteró de que la Caravana se desplazó al norte..
“Me llamó un comandante de Copiapó como a las siete de la tarde y le pregunté ‘qué quieres, está Arellano ahí’, ‘sí me contestó y quiere que envíe siete u ocho personas en camión a la cárcel de La Serena’ y le dije, ‘mira, no tengo espacio y le reiteré, ‘no hagas nada, mandarás gente para acá y morirán en el camino’, bueno, fue lo que sucedió”.
-¿Cómo explica y justifica el que los cuerpos fueran llevados al cementerio de La Serena sin que los familiares supieran?
“Quiero que se ponga en mi papel, en ese momento, en mi pellejo. Le ordené a un capitán que se tomarán todas las cosas que tenían en los bolsillos y se pusieran en una bolsa para entregarlas a las familias, el reloj y las cosas de valor que pudieran tener. Enseguida se efectuó el registro dactilar. Todas esas cosas se hicieron y después fueron llevados (cementerio) y que dejaran constancia, como quedó, en el libro de ingreso”.
-Si esa fue la orden, ¿porque los familiares nunca supieron oficialmente que allí los habían enterrados?
“Se hizo en una forma muy correcta, se enterraron en la fosa común. Cada vez que voy a La Serena, voy al cementerio y les coloco un ramo de flores, calladito”.
-¿Pero, porque nunca se dijo oficialmente que estaban ahí o tenía la orden de no decir nada?
..Silencio y cambia el tono de la voz, “No tenía ninguna orden, lo que no tenía era plata para haber comprado los ataúdes y haberlos entregado a la gente y a los familiares”.
-Pero, los cuerpos fueron exhumados y entregados 25 años después (noviembre de 1998)..
“Claro, porque me interrogó el juez Guzmán (Juan) por esta situación”.

¿DE QUÉ CONCEJO DE GUERRA?
Para el libro Los Zarpazos del Puma la periodista Patricia Verdugo le pregunta frontalmente al Comandante Lapóstol por qué no protestó más cuando sintió los disparos y el general le respondió que era el resultado del consejo de guerra. En aquella oportunidad el oficial contestó que “no pude y no puedo decirle por qué”.
36 años después el ex comandante Lapóstol se abre a contestar esa interrogante. “Qué podía protestar más si él me dice que es el resultado del Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra si es que hubiera habido la orden la tenía que dar Arellano. El Consejo de Guerra le propone y le trae la proposición de sentencias a donde esté el general en este caso, pero si él cuando se escuchan los disparos me dice ‘debe ser el resultado del Consejo de Guerra’ quiere decir que no hubo porque él estuvo al lado mío y nadie le vino a proponer las sentencias”.
¿Qué sintió en ese momento, se impactó, enrabió qué?
“Es decir, horror, horror. Lo importante aquí es que pueden haber sido comunistas todos, pero hagamos las cosas correctamente, eso es lo importante. Para mí lo que hizo Arellano fue una mancha”.
¿Para el Ejército?
“Una mancha para el ejército. Lógicamente que hay aspectos que son muy negativos, como este por ejemplo. Usted comprenderá que eso no es lo mejor que puede hacer el Ejército. Lo lamento, porque el Ejército es mi hogar, mi vida. Entré a los 15 años a la Escuela Militar. Es parte de mi piel y de mi alma…El embajador de Chile ante las Naciones unidas en ese momento era don Sergio Diez Urzúa, él le mandó al general Pinochet un documento en el que le expone la inquietud que había en las Naciones Unidas por la gran cantidad de presos políticos en Chile. Qué es lo que hace el general Pinochet respecto de Arellano (Sergio), le delega funciones para que viaje hacia el norte: La serena, Copiapó, Antofagasta, Calama y por último Arica. Cuál es el objetivo de este viaje, analizar la cantidad de gente, la situación de por qué están presos y aquellas personas que, a juicio de Arellano, hubiesen cometido delitos leves dejarlos en libertad de inmediato. Eso es lo que dice el documento que yo lo leí con mis ojos y se lo leyó a mis oficiales y al cuadro permanente, sargentos, cabos y suboficiales. Entonces si le están ordenando dejar en libertad a aquellas personas que, a juicio de Arellano, hubiesen cometido delitos leves, por qué fusiló aquí en La Serena, hizo matar a ocho en Copiapó y a otros x en Antofagasta y en Calama”.

PARRAFO CLAVE
Cuando dos días después de ocurrido el fusilamiento Lapóstol salió dando a conocer las razones de las ejecuciones, se cuidó en dejar establecido que había sido responsabilidad de ‘un tribunal venido especialmente de la capital”. En 1988 admitió que esa frase le costó cara y evitó explicarla. Ahora sostiene que fue así, porque “me cortó la carrera no más. Arellano el año ‘74 me llamó por teléfono y me dijo que él se iba a oponer a que yo ascendiera a general, entonces me costó la carrera, con un general que se hubiera opuesto no ascendía”.
¿Siente rencor por Arellano por haberle truncado la carrera?
“No me interesa el señor Arellano, yo soy superior al problema. Yo vivo tranquilo, lamento no haber ascendido lógicamente, no tengo rencor…habría seguido la carrera, pero resulta que lo nombraron Comandante en Jefe de la Segunda División del Ejército, a la cual pertenecía mi regimiento y quedaba bajo las ordenes directas de él”.
-¿No le gustó quedar bajo sus órdenes por lo que había ocurrido un año antes?
“Me daba lo mismo, siempre que fuera un general correcto..Estoy arrepentido de que en el momento que llego de regreso del aeropuerto y me encuentro con esta cosa dantesca ordeno ciertas cosas, pero no tenía dinero para comprar 15 ataúdes que era lo más fácil de solucionar. Después con tranquilidad se habría podido hacer, ahora en el retiro me repelo de no haberlo hecho. Qué me costaba haber ido en un jeep a la funeraria A, B y que me regalaran 15 ataúdes, habría sido una expresión de seriedad y ecuanimidad, por último se cometió un crimen y error grave, pero aquí están los cadáveres”.
-¿Pero, está consciente de que eso hubiese sido un abierto desafío al régimen de Pinochet y al poder de Arellano?
“Pero, bueno, la ley de Guerra establece que uno debe devolver los cadáveres, yo no los devolví porque no tenía dinero para los ataúdes. Hice todo lo posible, todas las cosas que había que hacer las hice, menos lo fundamental. Lo fundamental era meterlos en un ataúd llamar a la gente. Tenerlos en una guardia de honor en el regimiento y decirle a las madres y esposas, a quien fuera: Señora este es su marido, este es su hijo dónde quiere que se lo llevemos”.
-¿No fue para que quedaran impunes los crímenes?
“No. Yo no soy nadie, creo que los deudos están autorizados para creer lo que ellos quieran creer. Justamente una de las maneras de decirles perdonen era el saludo de pascua que yo quería mandar”.
¿Hizo todo lo posible para que el general Sergio Arellano le pasara un documento que dejara establecido claramente lo que se había hecho en La Serena?
“Qué documento me iba a pasar. Yo le pedí, ‘por favor mi general entrégueme, déjeme copia del acta del Consejo de Guerra’, entonces como no tenía acta, no había habido nada, los fusilaron sin nada. Sin hacer un Consejo de Guerra y por consiguiente qué documento iba a ver. El ayudante dijo que le faltaba la firma del general, entonces me vuelve a meter la pata el ayudante. Se ejecutó la gente, sin haber Consejo de Guerra y sin que el general Arellano hubiera dado su veredicto de lo que se proponía”.
¿Cuándo viene a La Serena busca intentar reencontrarse con los familiares para insistir en pedirles perdón?
“No, no he hablado jamás con nadie, porque estimo que es abrirle la herida, la jodienda. Creo que en buena lid ellos no deben sentir mucha simpatía por mí, por haberme atorado con el problema y no haberme conseguido 15 ataúdes para entregarlos”.

LA PROCESIÓN POR DENTRO
-¿Cómo enfrentó el desfile de militares por los tribunales tras el retorno a la democracia en 1990?
“Eso es muy lamentable y lamento que haya gente detenida”.
-Para las organizaciones de DD. HH está bien detenidas y pagando por los crímenes cometidos..
“Lógicamente si le pregunta a una señora cuyo marido murió o al hijo de esa señora, murió el papá, lógicamente que no nos quiere. No me recuerdo del nombre de uno de los tres (prisioneros) que estaba condenado por mí a 5 años, el hijo es sacerdote y está en Africa. Me fue a ver, yo ya estaba en retiro y fue como seminarista y se arrodilló y me dio la bendición. Me dijo, ‘usted se jugó por defender a mi padre’. El como sacerdote dentro del amor que Cristo le incrustó en su alma, perdonaba, a pesar de que la persona que había muerto era su padre”.
-¿Le afectó sicológicamente lo que vivió en el Regimiento en 1973?
“Es decir el 16 de octubre pasado estaba en una fiesta, pero no estaba contento, porque era esa fecha, el resto celebraba un cumpleaños, pero yo estaba triste y mi familia me dijo, ‘qué te pasa’, no les puedo empezar a decir que mi tristeza se debe a esa situación”.

CAPACIDAD DE CHEYRE
-¿Se sorprendió cuando el Presidente Ricardo Lagos nombró al General Juan Emilio Cheyre como Comandante en Jefe del Ejército?
“No, por la capacidad de Cheyre. Además, tengo entendido que se habían conocido en España, me da la sensación que Lagos lo pulseó, lo valorizó y se dio cuenta del valor intelectual y moral de él”.
-¿Creyó que le jugaría en contra el haber estado en un regimiento donde se fusilaron a 15 personas?
“No creo que lo haya afectado porque la actuación de él siempre fue correcta. En la oficina de la comandancia del Regimiento estaba Arellano (Sergio), las 5 personas que lo acompañaban, yo y Cheyre, que era Teniente y en un momento dado cuando me canso de decirle A al General y él decía Z, le digo ‘permiso para retirarme porque no estoy de acuerdo’ y me siguió Juan Emilio, cerré la puerta y le dije que cualquiera orden que diera él (Arellano) o algún miembro de su comitiva no se cumplía hasta que no se diera el visto bueno”.
-Pero, está claro que eso nunca se cumplió..
“No, no, no, en cuanto de que participara gente de mi regimiento”.
-En un momento se le intentó involucrar en las algunas ejecuciones..
“Jamás se pudo probar, él estuvo siempre conmigo, fuimos a dejar a Arellano al aeropuerto. Volvimos y ya la gente estaba fusilada. El no participó en ese asunto”
-¿Cómo interpretó la frase del “Nunca más” que planteó Cheyre ya como Comandante en Jefe del Ejército cuando se recordaron 30 años del golpe?
“La mesa de diálogo es el primer intento para reconciliar los ánimos en el país. Ya tenemos el ejemplo de la revolución de 1891, los odios se mantienen”.
-¿Espera que algún día los chilenos se reconcilien?
“Ese es el mensaje final e inicial, Dios quiera que estemos cerca. La gente tendrá que recapacitar, aunque la gente joven no está ni ahí con estos temas”.
¿Qué espera del gobierno de Sebastián Piñera en materia de juicios a los militares?
“El Ejército va por su camino, su misión y hacer las cosas que les corresponde hacer. Tiene un Comandante en Jefe que sabe lo que tiene que hacer y Piñera no tiene ningún problema con el Ejército. Tal como lo dijo el General Schneider, el Ejército tiene que cumplir las misiones que la Constitución Política le establece, las Fuerzas Armadas en general. Desviarse de esa misión no es correcto”.

Si bien cree que nunca es tarde para reconocer crímenes, sostuvo que tuvo responsabilidad al igual que Sergio Arellano Stark

La presidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos de La Serena, Ana Merino, si bien reconoció que nunca es tarde para reconocer los crímenes o los delitos, dijo que el ex comandante, Ariosto Lapóstol (quien concedió una entrevista a El Día el domingo), también fue responsable de lo sucedido en el Regimiento Arica, cuando él estuvo a cargo.

En la publicación, el ex militar deslindó responsabilidades en el general Sergio Arellano Stark, quien lideró la Caravana de la Muerte, que en la zona asesinó a 15 personas.
“Le dijo a familiares que (las personas) habían sido asesinadas y lanzadas a una fosa común, pero no puso a disposición a que hiciéramos la denuncia para encontrar los restos de los ejecutados”, indicó.

Insistió en que Lapóstol tenía responsabilidad por permitir los crímenes, porque “se torturó a mucha gente en el regimiento, en que él estaba a cargo, en que hubo procesados, pero no condenados”.

Si bien dijo que hubo personas que efectivamente encontraron los restos y se les dio digna sepultura, siguen casos en la nebulosa, como lo sucedido el 4 de abril de 1974, en que “estando Lapostol”, fue detenido Bernardo Cortés Castro, en Coquimbo, y llevado al Regimiento donde se le torturó y los testigos que estuvieron ahí declaran que a las 02:30 de la madrugada lo asesinaron”.

Luego, agrega que el día siguiente, cuando su padre acudió al recinto militar a llevarle ropa, “le dijeron que había intentado fugarse… Sus restos hasta el día de hoy no han aparecido”.

Ex preso político y quien se salvó de ser ejecutado en octubre de 1973, asegura que en ningún caso le cree las señales de perdón y arrepentimiento que formuló en entrevista con diario El Día el ex coronel Ariosto Lapostol Orrego. Junto al ex gobernador de Vallenar, Víctor Hugo Rojas, asegura que el militar (R) falta a la verdad.

Las declaraciones del ex comandante del entonces, Regimiento Nº 21 Arica (hoy Coquimbo), Ariosto Lapostol Orrego no pasaron inadvertidas. Volvieron a colocar en trincheras opuestas a los protagonistas de un tema sensible para los serenenses: El fusilamiento de 15 personas en octubre de 1973 por la “Caravana de la muerte”.
Lapostol insistió a diario El Día que fue sobrepasado por el general Sergio Arellano Stark y que no tuvo que ver con la masacre. Además, recalcó en el perdón a las víctimas y que su error es no haber entregado los cuerpos a los familiares.
Sin embargo, Eliseo González (80) y Víctor Hugo Rojas (77) de la Agrupación Comunal de ex Presos Políticos 16 de Octubre La Serena, son críticos de la confesión de Lapostol. Si bien admiten que nunca es tarde para el arrepentimiento, también recalcaron que Lapostol está reconociendo sólo una parte de la historia. Aseguran que durante su estadía en el regimiento no sólo estuvo en las ejecuciones de 15 internos, sino también de otras personas.

González sostiene que Lapostol no se la jugó por los derechos de los prisioneros.
“Jamás, jamás, si cuando visita la cárcel él les dice ‘no tenemos nada en contra de ustedes, lo que tenemos es con los comunistas que han envenenado el país’. Creía que se estaba dirigiendo a los presos comunes, pero nos hablaba a nosotros. Los hombres se dan cuenta y le dicen que estaba metiendo la pata, y sigue: ‘A ustedes no son los que hay que exterminar’, entonces a quién había que exterminar, a nosotros los que estábamos al otro lado. Qué va a defender los derechos humanos un hombre que está hablando de exterminar”.
¿Él también reconoce que uno de los errores que cometió fue no haber sido más fuerte y haber entregado los cuerpos a los familiares?
“No quiso, si llegaron al extremo de pedir la llave del cementerio a Teófilo Díaz, que era el administrador que fue quien registró los cadáveres”.
¿Pero, según Lapostol fue él quien pidió que se registraran los cuerpos?
“No, entonces dónde está Bernardo Cortés. ¿Está registrado Santoni? ¿Están registrados los hermanos Rodríguez que fueron asesinados durante su administración?, tampoco. Él se niega a reconocer su terrible culpabilidad, esa es la verdad”.
¿Siente que estaría intentando lavar su imagen?
“Lavar su imagen, yo no sé cómo se atreve a volver aquí a La Serena después de todo lo que hizo”.
Gente ligada a los DD. HH. sostiene de que nunca es tarde para arrepentirse, ¿usted crece lo mismo?
“No creo que esté arrepentido porque está diciendo que salvaguardó los derechos humanos. Hagamos un análisis de los quince fusilados. Por qué Jorge Peña Hen, qué responsabilidad tenía, por qué lo llevaron ese día al fusilamiento. Por qué matan a Mario Ramírez a Ossandón y a Barrantes …”.
¿Plantea que nunca Lapostol tuvo el interés de entregar los cuerpos a los familiares?
“Nunca, nunca”, (lo recalca varias veces).
¿Él dice que le faltó dinero para comprar los ataúdes?
“No fue dinero, después fuerin encontrados los cadáveres de los dos Rodríguez, el del ‘Milico’ Santoni. Los Rodríguez, tenían como comprar un ataúd. Los familiares de Mario Ramírez también. Todos poseían algunos medios, qué iba a comprar los ataúdes él. Siguieron echando gente ahí (fosa común del cementerio). Todo bajo la administración y amplio dominio de este zar que había en la Cuarta Región como Ariosto Lapostol, intendente, comandante del regimiento, jefe de plaza, juez militar”.
¿Tras el regreso de la democracia alguna vez se reunió con él ?
“No, no”.
¿Si quisiese reunirse con ustedes, lo recibirían?
“Sí, y le diríamos que cómo tiene cara de estar diciendo esas cosas. Nosotros estamos dispuestos a enrostrarle su villanía y su mentira, porque es imposible que un hombre que haya actuado en esa forma ahora haga esas declaraciones”.
-Sin embargo, no fue condenado como el ex general Manuel Contreras y el propio Sergio Arellano Stark.
“Claro, porque en el caso del matrimonio argentino -mexicano fue aplicada la Ley de Amnistía y, en lo otro, él se lavó las manos con Arellano”.
Lapostol sostiene que Arellano llegó a la zona con un documento que decía A y al final hizo Z…
“Él lo dice para justificar algo, porque en el mismo diario días después de las ejecuciones señaló que fueron ‘medidas ejemplarizadoras y que fueron ejecutados tantos extremistas”.
¿Durante estos 36 años ha intentado dar vuelta la página?
“Odio no hay, porque el sufrimiento sublima y uno no le desea mal a nadie. Lo que desea es que reconozcan realmente qué es lo que hicieron y que tengan algo de arrepentimiento esta gente”.

SALVADO DEL INFIERNO
Víctor Hugo Rojas (77) era gobernador de Vallenar y fue detenido el 12 de septiembre de 1973. Tenía 39 años. Sólo pudo recuperar la libertad el 8 de marzo de 1978. Se le conmutó la pena de cárcel por extrañamiento.
Admite que sólo gestiones de alto nivel eclesiástico lograron salvarle la vida. De hecho, estaba condenado a muerte. Además, reconoce que le jugó a favor el haber estado recluido en la cárcel de Vallenar y no en La Serena para el 16 de octubre de 1973. “Me trasladan a La Serena el 19 de octubre”.
¿En algún momento temió que llegara una segunda “Caravana de la muerte”?
“Sí, porque cuando a uno lo llevaban a la tortura daba la impresión de que la gente andaba como drogada. El 4 de mayo de 1974 me condenan a la pena de muerte y eso crea un terror en todos los presos. Estuve en un calaboso donde había una tablilla que decía ‘en capilla’ hasta el 27 de mayo”.
La suerte estaba echada. El mismo reconoce que en cualquier momento pudieron haberlo sacado de la celda y asesinarlo. El abogado me dijo: ‘Aquí no hay mucho que hacer porque el estado de Derecho no existe’ y me señaló que lo único que quedaba era que había que moverse en Santiago”.

Recuerda que fue clave que siendo dirigente de los trabajadores de Algarrobo (CAP) se vinculó con la Caja de Ahorro Juan Godoy de Copiapó donde era integrante el entonces obispo Juan Francisco Fresno Larraín. “Cuando los trasladan a La Serena como arzobispo llega Carlos Camus Larenas. Él se la jugó entero cuando yo estaba con la pena de muerte y acompaña a mi esposa y conversan directamente con el capellán castrense y a través de él se llega a José Toribio Merino Castro (máximo de la Armada), quien le dice que se quede tranquila porque a su marido no le pasará nada y que él iba a interceder. Todavía mi esposa guarda la carta que le envío. Esa fue la salida del asunto porque mi pena de muerte estaba firmada por Ariosto Lapostol, pero después cuando me cambian la condena, la escondieron”.
Rojas asegura que los militares son celosos de sus acciones y sobre todo del concepto de la hombría “y cuando Lapostol culpa a Arellano es una cobardía terrible y dentro del código militar es muy complicado. Toda la gente que murió fue cuando él estaba con poderes y tenía todos los cargos”.

De mi consideración:

Soy Yelena Monroy Rodríguez Presidenta de la Agrupación de Ex Menores víctimas de Prisión Política y Tortura de La Serena.

En octubre de 1973 el entonces Teniente Juan Emilio Cheyre, los Sub-Tenientes Jaime Ojeda Torrent y Fernando Polanco Gallardo y 9 militares con brazaletes del SIM (servicio de inteligencia militar), pertenecientes al Regimiento de Infantería y Artillería N° 2 Arica (actual Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo) allanaron mi domicilio en la ciudad de La Serena. Según el entonces Teniente Juan Emilio Cheyre, el tenía una orden de Fiscalía Militar de La Serena para allanar y detener a Eliana de Jesús Rodríguez Dubó (mi madre).

El allanamiento fue violento, quebraron los vidrios de la casa, rompieron los muebles; las personas que estábamos presente en ese momento éramos Mónica Monroy Rodríguez(12 años), Cristian Monroy Rodríguez(10 años), Marianela Monroy Rodríguez(8 años), Yelena Monroy Rodríguez(3 años y 6 meses) y Natacha Monroy Rodríguez(1 año y 10 meses), nos hacen salir al patio y nos colocan de espalda contra la pared, el Teniente Juan Emilio Cheyre le ordena a unos de los militares que nos apunte con su metralleta y da la orden que si alguien se mueve que nos golpee con la culata de la metralleta. Como nuestra madre no se encontraba en ese momento porque estaba trabajando, nos pregunta por ella y en donde estaban escondidas las armas, según el Teniente Juan Emilio Cheyre nuestra madre pertenecía al Plan Z en La Serena; como nadie le dice donde estaban las armas comienza a amenazarnos de muerte, que iba matar a nuestra madre y a nuestro padre.

Orlando Monroy Labarca (nuestro padre) lo van a buscar a su trabajo y lo llevan detenido hasta la casa donde se estaba realizando el allanamiento. El Teniente Juan Emilio Cheyre le ordena a los Sub-Tenientes Jaime Ojeda Torrent y Fernando Polanco Gallardo que golpeen a nuestro padre, mientras él le pregunta por las armas del Plan Z y que le diga dónde está nuestra madre. Hasta ese momento el Teniente Juan Emilio Cheyre no creía que nuestra madre estuviera trabajando, cuando esta regresa de su trabajo y hace ingreso a la casa, le ordena de nuevo a los Sub-Tenientes Jaime Ojeda Torrent y Fernando Polanco Gallardo que la golpeen delante de sus hijos, pero esta vez es mucho más violento, porque el Teniente Juan Emilio Cheyre no se conforma tan solo con que la golpeen sino que comienza a amenazarla con matarla a ella delante de sus hijos sino le dice donde están las armas, que nos va a matar a todos.

El Teniente Juan Emilio Cheyre ordena que se quemen los libros que hay en la casa, a los militares que participan en el allanamiento que hagan hoyos en el patio para que encuentren las armas del Plan Z.

El Teniente Juan Emilio Cheyre se lleva detenida a mi madre, con las manos amarradas en la espalda, golpeada y se lleva unas cajas de cartón con propaganda de Salvador Allende y unos libros (según él eran libros marxistas); hace que la suban al camión militar y él se va en la patrulla militar acompañado de los Sub-Teniente Jaime Ojeda Torrent y Fernando Polanco Gallardo.

Una vez terminado el allanamiento y antes de irse, el Teniente Juan Emilio Cheyre ordena al militar que vigila la entrada a nuestra casa, que se quede y desde ese momento tanto mis hermanos como mi padre, comenzamos un arresto domiciliario que se prolongó hasta noviembre de 1973.

El año 2002, cuando era Presidente Ricardo Lagos Escobar y nos enteramos que Juan Emilio Cheyre estaba en la prelación para ser Comandante en Jefe del Ejército de Chile, nosotros como familia hicimos llegar una carta denunciando estos hechos, al presidente Lagos (carta que nunca respondió). Hicimos público el testimonio de nuestra madre Eliana Rodríguez Dubó, que no solo relata su detención sino también su tortura en las dependencias del Regimiento de La Serena, en las cuales participa el Teniente Juan Emilio Cheyre, como resultado de este testimonio a nuestra madre la entrevistaron ese mismo año el semanario EL Siglo, la Radio Nuevo Mundo y otros medios de comunicación tanto en Chile como en el extranjero.

En diciembre del 2010, el canal TV. RED retrasmitió la entrevista realizada por la historiadora Sra. Patricia Arancibia Clavel al Ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile Juan Emilio Cheyre. En esta entrevista Juan Emilio Cheyre reconoce su participación en actividades del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 en La Serena, reconoce también haber acompañado al Comandante del Regimiento de Infantería y Artillería N° 2 Arica (actual Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo) Ariosto Lapostol Orrego, a detener al entonces Intendente de la IV región y llevarlo a las dependencias del Regimiento en La Serena.

Eliana Rodríguez Dubó está reconocida como víctima de prisión política y tortura por la Ley 20.405.

Sus hijas Marianela Monroy Rodríguez, Yelena Monroy Rodríguez y Natacha Monroy Rodríguez, están reconocidas como víctimas de prisión política y tortura por la Ley 19.992 y la Ley 20.405, porque los antecedentes antes mencionados son validos para el Estado de Chile, para ser consideradas víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Sin otro particular.

Yelena Monroy Rodríguez

El abogado encargado de presentar la acción judicial, Cristián Cruz, solicitó procesar al actual presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), ya que al ocurrir los hechos, el regimiento era comandado por el coronel Ariosto Lapostol, a cuyas órdenes estaba el entonces teniente Cheyre.

Se cumplirán 40 años desde que la siniestra comitiva militar conocida como "Caravana de la Muerte", recorriera el país en helicópteros Puma del Ejército, en octubre de 1973, dejando a su paso un saldo de ejecutados y desaparecidos.

Por esta misión, que fue ordenada por Augusto Pinochet y que estuvo a cargo de Sergio Arellano Stark, 28 familiares de los quince ejecutados políticos del Regimiento Arica Nº 21 de La Serena, presentaron el 28 de junio pasado una acusación en contra del ex Comandante en Jefe del Ejército , Juan Emilio Cheyre.

El abogado encargado de presentar la acción judicial, Cristián Cruz, solicitó procesar al actual presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), ya que al ocurrir los hechos, el regimiento era comandado por el coronel Ariosto Lapostol, a cuyas órdenes estaba el entonces teniente Cheyre.

Sobre el tema, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, aseguró a Cambio21 que " espera que esta acción presentada por los familiares de los presos políticos de la Caravana de la Muerte sea acogida por la ministra que lleva la causa.

Agregó, que "en este momento más que nunca es valioso el aporte que se hace a la causa que tiene que ver con la intervención que tuvo en varios procesos relacionados con los derechos humanos Juan Emilio Cheyre".

Lira criticó en conversación con Cambio21 que "muchas veces se han presentado argumentos, fundamentos y testigos de la involucración de diversas personas en la violación de derechos humanos, pero no han tenido buena acogida". Al respecto, Ana María Merino, presidenta regional de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, expresó a el diario El Día de La Serena, que se hace imperativo continuar hasta las últimas consecuencias en los casos de crímenes de lesa humanidad ya que "esto no puede seguir en la impunidad, porque han pasado casi 40 años y sigue impune.

Merino agregó que hay que continuar esta lucha hasta las últimas consecuencias. Ellos (quienes violaron los derechos humanos) caminan por las calles como que en Chile no ha pasado nada. Cheyre dice soy apolítico, pero sin embargo ocupa un cargo en el gobierno".

Finalmente, Héctor Marín, quién perdió a su hermano Jorge Marín en manos de la Caravana de la Muerte, en conversación con Cambio21 sostuvo que estuvo por hacer la denuncia y querellas, pero reconoció que siente un poco de temor que por el cargo público que ocupa hoy Juan Emilio Cheyre en el Servel siga impune y lo defiendan. Agregó que "aún hay impunidad en caso de derechos humanos, por leyes vigentes que los protegen, como la Ley de Amnistía y Voto de Perdón dictadas en dictadura"

"Tenemos la claridad y la razón que existe el derecho que se haga justicia en este caso y en todos los casos de derechos humanos que por tantos años hemos golpeado las puertas, esperamos que se haga justicia", enfatizó Marín.

"Como familiares no nos anima el odio, ni la venganza, simplemente nos incita el derecho de justicia", concluyó Héctor Marín, quien es presidente de la Agrupación de Familiares de ejecutados Políticos Desaparecidos de Iquique y Pisagua.

Declaración que lo inculpa

Según el sitio web liberación.cl, el ex oficial de ejército Pedro Rodríguez Bustos, en su declaración ante el juez Juan Guzmán (26/12/1999), inculpó a Cheyre. Rodríguez señaló una conversación con sus compañeros -los subtenientes Guillermo Raby Arancibia y Julio Lafourcade Jiménez-, que le relataron cómo los oficiales que viajaban en el helicóptero Puma fusilaron, por órdenes del general (r) Sergio Arellano Stark, a 15 prisioneros políticos que permanecían detenidos en la cárcel de La Serena.

En el helicóptero Puma viajaban el general Sergio Arellano Stark -jefe de la misión delegada por Pinochet-, Pedro Espinoza Bravo, Armando Fernández Larios, Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo González, Juan Chiminelli Fullerton, Emilio de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco y Carlos López Tapia. Antonio Palomo Contreras, sólo realizó la "Caravana" por el sur. A estos oficiales se agregaron dos clases de la Escuela de Infantería.

Pedro Rodríguez señala que Arellano Stark se reunió con el comandante del Regimiento Arica de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, y que "ordenó revisar inmediatamente los procesos de los que, a su juicio, eran los más pesados. (…) El fiscal militar, mayor de Carabineros de apellido Cazanga, le entregó los antecedentes". Arellano y los integrantes de la Caravana de la Muerte se reunieron con el comandante Lapostol y determinaron traer desde la Cárcel de La Serena a los 15 presos. Arellano citó a todos los oficiales del regimiento, junto a los miembros de la comitiva: "(estos últimos) oficiaron como pelotón de fusilamiento, ejecutando a los quince detenidos. (…) Inmediatamente ordenó a los oficiales del regimiento concurrir al lado del ejecutado para descerrajarle un tiro de gracia si era necesario, ante lo cual así ocurrió".

Rodríguez inculpa a varios de los oficiales que debieron dar "el tiro de gracia", entre ellos Juan Emilio Cheyre Espinoza. Los cuerpos fueron trasladados en un camión del regimiento hasta el cementerio municipal, donde fueron inhumados en la fosa común y tapados con cal. Al día siguiente, la Caravana de la Muerte siguió con destino al norte.

El coronel (R) del Ejército Ariosto Lapostol, cuyo ayudante en 1973 era Juan Emilio Cheyre -quien años después fue comandante en jefe de esa institución castrense-, relató este lunes detalles sobre la entrega en un convento de Ernesto Lejderman, entonces un bebé, luego de la muerte de sus padres a manos de una patrulla militar.

El trágico hecho ocurrió en 1973. De acuerdo a la investigación judicial del caso, sus padres, Bernardo Lejderman -de nacionalidad argentina- y María Ávalos Castañeda -mexicana-, fueron acribillados al interior del valle de Elqui por un grupo de militares.

Su hijo sobrevivió y, según ha relatado él mismo al recordar el crimen 40 años después, aún abrazaba a su madre muerta cuando fue retirado por los uniformados.

Sobre el caso, Lapostol señaló que los soldados a cargo del operativo, pertenecientes al regimiento "Arica" de La Serena, le habían expresado que la pareja había abierto fuego contra ellos.

Tal versión fue desestimada en el proceso judicial que concluyó con la condena sobre tres ex miembros del Ejército por homicidio calificado en 2007. La investigación determinó que ambos civiles estaban desarmados.

Luego de las muertes, el ex oficial, quien era en esa época jefe de plaza en La Serena, dispuso entregar al pequeño en un convento de esa ciudad. Sobre ese momento, relató que había conversado con la madre superiora del recinto "contándole el caso, y le dije que no podía tener una guagua en el regimiento", según una entrevista concedida al noticiario "24 Horas" de TVN.

"La madre superiora hizo llegar a monseñor (Juan Francisco) Fresno, que llegó ahí. Nos juntamos, conversamos y él me dijo: déjemelo aquí, pero en el buen entendimiento que es por unos días nada más", indicó Lapostol.

Monseñor Fresno estaba a cargo entonces de la diócesis de La Serena. Posteriormente fue arzobispo de Santiago y elevado al cardenalato por el Papa Juan Pablo II. Falleció en 2004.

Sobre la participación de Cheyre en las gestiones relacionadas con el traslado del niño, Lapostol indicó que sólo actuó en el marco de su calidad de ayudante.

"Él era mi ayudante y, lógicamente, si había que llamar a la embajada argentina él hacía el llamado, y cuando estuviera listo me pasaba la comunicación a mí, pero en ese sentido de ayudante. Él no intervino en absoluto, en nada", aseveró.

Tras la investigación judicial del asesinato de la pareja, Lapostol fue absuelto por falta de participación en el hecho.

Cheyre, actualmente en retiro, es el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel).

Hace casi cuarenta años le ordenó a Juan Emilio Cheyre entregar a un convento de monjas en La Serena a un niño cuyos padres habían sido asesinados por una patrulla militar.

Se trata del ex comandante Ariosto Lapostol quien por primera vez se refirió, en exclusiva con 24 Horas, al caso Lejderman Ávalos.

"Yo me pude haber desecho del chiquillo, haberlo dado en adopción a un matrimonio chileno que no tenía hijo, haberle dicho pónganle Juan Pérez y no le cuenten nada", afirma Lapostol.

El ex comandante del regimiento Arica recuerda que en diciembre de 1973 recibió información de un matrimonio de extranjeros que vivía con su pequeño hijo en el Valle del Elqui, por lo que ordenó recabar más antecedentes.

"Yo le ordené a un capitán que vaya con una patrulla y vea de que se trata, porque no por el hecho de ser mexicano y argentino voy a mandarlos a detener", sostiene el ex alto oficial.

Pero en el sector Gualliguaica ocurrió una masacre. Los efectivos de la patrulla acribillaron a balazos al argentino Bernardo Lejderman y a su mujer, la mexicana María del Rosario Ávalos. Ernesto, el hijo del matrimonio, fue el único sobreviviente.

“Me cuentan cuando regresan con la guagua, que es una guagua de dos años que caminaba poquito. Según la información, disparan los argentinos y la mexicana contra los militares. Es lo que me contaron los militares cuando llegaron”.

Pero la Justicia acreditó que el supuesto enfrentamiento nunca se produjo. Según el fallo de la Corte Suprema, los uniformados actuaron contra una familia que se encontraba indefensa, desarmada y en inferioridad numérica.

El brutal crimen de María Soledad Lapostol Luco se vincula a la trágica relación de su tío Ariosto Lapóstol con la Caravana de la Muerte, y de su hermano Patricio Lapóstol Amo, su primo hermano, quien sirvió de testigo en ese caso judicial

El brutal asesinato de María Soledad Lapostol Luco cierra el círculo de una familia militar marcada por muertes violentas. El padre de la víctima es Alfredo Lapóstol Orrego, un coronel de la Fach en retiro. Su tío, Ariosto Lapóstol Orrego, es el coronel retirado del Ejército que en el regimiento de La Serena discutió con el general Sergio Arellano Stark la orden de asesinar 15 prisioneros en octubre de 1973, pero al final la acató. Y su prima hermana, María Eliana Lapostol Amo, hija de Ariosto, que ayer estuvo junto al cuerpo hallado en Ñuñoa, es teniente coronel de Ejército en servicio activo y se desempeña en la subsecretaría de Guerra del Ministerio de Defensa.  

Ariosto Lapostol no llegó a ser procesado por los 15 asesinatos de la Caravana de la Muerte el 16 de octubre de 1973 al interior del regimiento "Arica" de la Serena, del cual era su comandante, pero sí lo fue por los homicidios del ciudadano argentino Bernardo Ledjerman y la mexicana María Avalos, padres de Ernesto, el niño huérfano que el entonces teniente Juan Emilio Cheyre entregó en 1973 a las monjas de La Serena para que se hicieran cargo de él.  

Pero la Corte de Apelaciones de Santiago salvó esta semana a Ariosto Lapostol y Juan Emilio Cheyre, porque no les consideró responsabilidad en los asesinatos de los padres de Ernesto Ledjerman, aunque dijeron a las monjas y a todos que la pareja extranjera "se suicidó dinamitándose".  

El ayudante de Ariosto Lapostol en el regimiento "Arica" de La Serena, era el entonces teniente Juan Emilio Cheyre. Años después llegó a ser el comandante en jefe del Ejército y hoy es un general retirado y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica.  

En la oficina  

Ariosto Lapostol entró aquel 16 de octubre de 1973 a la reunión con Arellano Stark en su oficina del regimiento. También estaban Cheyre y el "Ronco" Marcelo Moren Brito, conocido también como "El Chacal" de la Caravana por la crueldad con que actuó contra los prisioneros.  

Lapostol resistió brevemente esa mañana la orden que Arellano traía del dictador Pinochet para asesinar detenidos en el sur y norte del país para "acelerar los juicios" que nunca existieron. Después, disfrazaron los crímenes de "intentos de fuga" o de falsos consejos de guerra, como en el caso de La Serena.  

Pero al final de la breve reunión, Ariosto Lapostol y Cheyre no volvieron a chistar y bajaron la cabeza ante la orden. Quince prisioneros fueron sacados por Moren Brito y el pelotón de la Caravana desde la cárcel. Algunos ya cumplían condenas bajas dictadas igualmente por irregulares consejos de guerra realizados por Lapóstol y sus oficiales. Todo quedó acreditado en el proceso por el episodio de La Serena de la Caravana de la Muerte.  

Los quince prisioneros acribillados por los hombres de Arellano quedaron tendidos en el piso del polígono de pistola del cuartel. Entonces, Arellano ordenó a Lapóstol que juntara a sus oficiales más jóvenes, incluido su ayudante Cheyre, para que remataran a los detenidos con un tiro en la cabeza. Así ocurrió, de acuerdo al testimonio judicial del capitán de aquel regimiento, Pedro Rodríguez Bustos, aportado en el proceso al juez Juan Guzmán.  

Según Rodríguez, el tiro de gracia lo dieron Cheyre, y los también jóvenes oficiales: Jaime Ojeda Torrent, Hernán Valdebenito Bugman, Mario Larenas Carmona (fue después director de la Escuela Militar), Guillermo Raby Arancibia, Julio Lafourcade Jiménez, y el médico militar Guido Díaz Pacci.  

El comandante Lapóstol decidió no entregar los cuerpos a los familiares y ordenó que éstos se ocultaran en una fosa sin nombres en el cementerio de La Serena. Así se hizo.  

Después mandó al teniente Cheyre a que publicaran en el diario El Día de La Serena del 17 de octubre de 1973, un bando en que se informó que los quince prisioneros murieron "ejecutados conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en tiempo de guerra".  

Cuando el 11 de noviembre de 1998 recién fueron encontrados y exhumados desde la fosa clandestina en el cementerio de La Serena los restos de los quince prisioneros, los protocolos de autopsia practicados posteriormente a las osamentas en el Servicio Médico Legal de Santiago, confirmaron la revelación del capitán Rodríguez Bustos, que muchos calificaron en un comienzo de falsa.  

Además de los múltiples impactos de disparos en distintas partes del cuerpo, todos presentaban un orificio de bala en el cráneo, con dirección desde arriba hacia abajo. Era la prueba científica de que efectivamente fueron rematados en el suelo, como se registró en los documentos medicolegales.  

Encuentro en Calama  

Tres días después de su paso por La Serena, la Caravana de la Muerte volvió a asesinar en Calama a 26 prisioneros políticos. Aquel 19 de octubre de 1973, Moren Brito se cruzó en el regimiento de Calama con un joven subteniente y lo insultó. "¡Miren quién aparece aquí, espero que no te comportes como el maricón y cobarde de tu padre en La Serena!"  

El joven oficial era Patricio Lapóstol Amo, hermano de María Eliana, ambos hijos de Ariosto. Al joven subteniente le tocó ver aquel 19 de octubre los 26 cuerpos masacrados a metralla y corvo en la pampa. Murieron a manos de los hombres de Arellano y oficiales del regimiento Calama escogidos por El Lobo, como llamaban a Arellano. Lapostol Amo no formó parte de aquel grupo escogido por Arellano.  

En 1998, Patricio Lapóstol relató al juez Juan Guzmán su encuentro con Moren Brito en Calama, incluidos los insultos. Contó que por todo lo ocurrido se truncó su carrera militar y debió renunciar al Ejército en 1975. 

El corazón jurídico del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que por 13 contra 9 ha votado a favor del desafuero del general-senador Augusto Pinochet reside en el punto número 14. El fallo señala que en el caso de la caravana de la muerte -ejecución de 73 opositores a finales de septiembre y primeros de octubre de 1973- Pinochet delegó "sus funciones jurisdiccionales como jefe máximo de los tribunales militares en tiempo de guerra" en su lugarteniente, el general Sergio Arellano Stark. La causa por la que se ha concedido el desafuero se refiere a 19 de las citadas 73 víctimas. La razón penal: sus cuerpos no han aparecido. El juez Juan Guzmán, que instruye la causa, los ha calificado, para sortear la ley de amnistía de 1978, como "secuestro calificado".

El documento de la citada delegación de poderes, según precisa el fallo, "no consta en autos", pero "a él hacen referencia los jefes operativos que tuvieron ocasión de verlo e imponerse de su contenido, como lo son el propio Arellano Stark, el coronel Ariosto Alberto Lapóstol Orrego, el teniente coronel Óscar Ernesto Haag Blaschke, el general de brigada Joaquín Lagos Osorio y el coronel Eugenio Rivera Desgroux". El fallo cita incluso a otros militares de alta graduación que confirman la existencia de tal documento y alude a una fotocopia del 30 de septiembre de 1973 en la que se describe la llamada Orden número 1. En ella "el que suscribe es el general Arellano como oficial delegado del Presidente de la Junta de Gobierno y comandante en jefe del Ejército [Pinochet]".

Esta prueba indiciaria es fundamental, a juicio de la mayoría del tribunal, que, asimismo, recuerda, contra las argumentaciones de la defensa, que el general Pinochet no era en la época de los hechos presidente de la República de Chile, cargo al que accedió en diciembre de 1974, tras ser nombrado jefe supremo del Estado en junio de dicho año. Por tanto, el tribunal señala que no cabe, aparte del fuero de senador, un desafuero vía juicio político, tal como sería necesario si Pinochet hubiera ostentado entonces el cargo de presidente de la República.

El fallo alude a otro elemento indiciario de peso. "Es relevante", señala, "volver al testimonio del ex comandante en jefe de I División de Ejército con asiento en Antofagasta, general de brigada Joaquín Lagos Osorio, cuando relata que en la tarde del 19 de octubre de 1973, en un salón preparado para ese propósito en el aeropuerto de Antofagasta, dio cuenta al entonces comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, de sucesos acaecidos en esa ciudad y en Calama, de los cuales responsabiliza a la comitiva encabezada por su oficial delegado, general Sergio Arellano Stark, entrevista donde aquél negó haber dado tales órdenes y trató de comunicarse infructuosamente con Arellano por teléfono, en vista de lo cual le dejó recado de regresar de inmediato a Santiago". El fallo relata que Lagos Osorio manifestó "su extrañeza porque ninguno de los miembros de la comitiva de Arellano ni éste resultaran sancionados, sino, por el contrario, se les premió con ascensos, mandos de gran jerarquía y destinos en misiones en el exterior".

El fallo recuerda que los asuntos planteados por la defensa -entre ellos la salud de Pinochet- "deben ventilarse con mayor propiedad dentro del litigio penal y ante el juez competente". Esto es, Juan Guzmán.

El desafuero no es firme porque cabe recurso ante la Corte Suprema, la cual, tras recibir las alegaciones de la defensa de Pinochet, convocará una vista con defensa y acusaciones para oír los argumentos. La Corte Suprema podría, según fuentes jurídicas chilenas, ordenar el exámen médico de Pinochet y, en función del mismo, si así lo considera la mayoría, rechazar el desafuero. Este nuevo fallo es inapelable.

La segunda sala penal de la Corte Suprema que condenó por el delito de homicidio calificado a tres ex uniformados y al mismo tiempo rechaza la demanda civil.

El anuncio lo hizo el abogado de FASIC Héctor Salazar, quien representa al hijo del matrimonio Lejderman Ávalos, asesinados el 8 de diciembre de 1973, en el Valle de Elqui, Región de Coquimbo, y tras conocer la sentencia definitiva dictada por la segunda sala penal de la Corte Suprema que condenó por el delito de homicidio calificado a tres ex uniformados y al mismo tiempo rechaza la demanda civil.

El jurista calificó la resolución como contradictoria, “por un lado es un fallo que tiene aspecto positivos en lo que respecta a la parte penal, pues se hizo un análisis de la conducta de los delitos considerados como crimenes de lesa humanidad, conforme al derecho internacional, pero al mismo tiempo lo considero negativo por rechazar la demanda civil, la cual busca reparar el mal causado a la familia de las víctimas, en ese sentido es un fallo que queda a medio camino y que no van al fondo del problema”.

Por ello Salazar informó que recurrirá en los próximos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia.En un fallo dividido, la Sala Penal del máximo tribunal -integrada por los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Domingo Hernández- determinó condenas de 5 años y un día, sin beneficio para el brigadier de Ejército Fernando Polanco Gallardo, el suboficial, Héctor Vallejos Birtiola y el sub oficial mayor Luis Fernández Monjes:

Mientras que el entonces comandante del Regimiento Arica de La Serena, Ariosto Lapóstol Orrego resultó absuelto por falta de participación.En el aspecto civil, el máximo tribunal rechazó la demanda presentada por el hijo de las víctimas en contra del Fisco de Chile, acogiendo la excepción de incompetencia del tribunal.Bernardo Lejderman (argentino) y María del Rosario Ávalos (mexicana) se casaron en México y arribaron a Chile en 1971.

Tras el golpe militar decidieron ocultarse en el sector de Gualliguaica, en la Quebrada de Puclaro, para posteriormente salir del país por la cordillera. Durante la madrugada del 8 de diciembre de 1973, una patrulla militar irrumpió en el escondite de la familia. Los efectivos encontraron primero a María, que fue asesinada cuando intentaba avisar a su esposo. El ruido de los disparos atrajo a Lejderman, quien regresó al lugar donde el grupo disparó contra él.

Su hijo Ernesto, de entonces de 2 años, presenció ambos asesinatos.El hijo del matrimonio fue llevado al regimiento y, posteriormente, a solicitud del jefe de plaza e Intendente de la Provincia, Teniente Coronel Ariosto Lapostol.

Fue ingresado a la Casa de la Providencia de La Serena, perteneciente a la congregación del mismo nombre. Según testimonios, el menor habría sido trasladado por el ex comandante en Jefe del Ejército, general ® Juan Emilio Cheyre, en esos años ayudante de Lapostol.Por este proceso, en 2003 Cheyre – en ese entonces a la cabeza del Ejército- prestó declaración ante el juez Daniel Calvo, sin que se lograra establecer su vinculación en estos crímenes.

rmando Gatica Barahona se tituló de químico farmacéutico en la Universidad de Chile el año 1961 y entró a trabajar al Instituto Bacteriológico en el área de control de alimentos. De ahí se trasladó a un laboratorio de investigación en tuberculosis en el hospital San José, al lado del Cementerio General de Santiago. A comienzos de noviembre de 1966 se fue con su esposa a La Serena para crear un laboratorio de Bromatología en la Segunda Zona de Salud y colaborar en la implementación de un sistema de control de alimentos para todo el norte chico. Accesoriamente, fue nombrado, además, como perito para informar a los juzgados cuando había incautación de drogas. Militante comunista desde muy joven, le tocó también asumir varias veces como intendente subrogante durante el gobierno de la Unidad Popular.

El 11 de septiembre de 1973 transcurrió en La Serena con casi completa normalidad, al igual que los días miércoles 12 y el jueves 13. El viernes 14, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar.

Armando Gatica, a los 80 años de edad, recuerda:

Ese día los militares comenzaron a citar gente al regimiento Arica. El comandante era el coronel Ariosto Lapóstol Orrego y su secretario, el teniente Emilio Cheyre. En la mayoría de los casos devolvían a la gente a sus lugares de trabajo o a sus domicilios. A mí, sin embargo, me detuvieron en la mañana en la vía pública con un aparatoso operativo policial en circunstancias de que yo seguía trabajando habitualmente y mi domicilio era conocido por todas las autoridades. Me llevaron al regimiento y me enfrentaron al coronel Lapóstol, el cual ordenó que me investigaran. Luego, me llevaron aparte, me apoyaron en una muralla y me empezaron a golpear en los testículos. Al mediodía me metieron a una pieza donde me mantuvieron hasta la noche, cuando me trasladaron  a la cárcel incomunicado. Ahí estuve en la sala de clases de los menores casi dos semanas. A fines de septiembre me llamaron nuevamente desde el regimiento, me llevaron al lugar donde estaban las fiscalías y luego de ser interrogado por un fiscal de Carabineros quedé en libre plática en la cárcel. Allí permanecí bastante tranquilo hasta que el martes 16 de octubre apareció la caravana de la muerte, al mando del general Sergio Arellano Stark.

La caravana llegó el día 16 como a las 11 de las mañana a bordo de un helicóptero Puma. La integraban el general de brigada Sergio Arellano Stark; el teniente coronel Sergio Arredondo González; el mayor Pedro Espinoza Bravo; el capitán Marcelo Morén Brito; el capitán Emilio Robert de la Mahotiere González, piloto; el capitán Luis Felipe Polanco, copiloto; y los tenientes Juan Viterbo Chiminelli Fullerton y Armando Fernández Larios. También descendieron de la nave dos soldados de la Escuela de Infantería. Todos en tenida de combate y fuertemente armados. En la losa los estaba esperando el coronel Ariosto Lapóstol, quien se sorprendió al ver a Marcelo Morén, su segundo al mando en las regimiento Arica, de quien nada sabía desde que partió a Santiago para reforzar el golpe militar.

El general Arellano le comunicó a Lapóstol su calidad de oficial delegado del general Pinochet con la misión de revisar los procesos de los prisioneros políticos y se  dirigieron a la oficina del fiscal militar, el mayor Carlos Casanga, para revisar los antecedentes de los detenidos. Luego, en el despacho de Lapóstol, Arellano eligió a 15 detenidos para ser sometidos a un consejo de guerra. Moren Brito anotó los nombres en una libreta aparte, en tanto el teniente Emilio Cheyre observaba.  Lapóstol le explicó a Arellano que tres de los seleccionados –Roberto Guzmán, Manuel Marcarian y Carlos Alcayaga- ya habían sido sometidas a consejo de guerra y que estaban cumpliendo su condena en la cárcel de La Serena. Arellano respondió que las penas eran muy leves y que debían ser sometidos a un segundo consejo de guerra. Lapóstol, quien había presidido el anterior consejo de guerra, se opuso tenazmente, pero finalmente, ante la férrea decisión de Arellano, abandonó el regimiento, permaneciendo en los jardines exteriores.

Unos 20 minutos después llegó Arellano hasta donde estaba Lapóstol para insistirle en la necesidad de efectuar el consejo de guerra. En un momento se les acercó el capitán Mario Vargas Miqueles, quien llegaba de una misión en Vallenar y solicitó permiso a Arellano paras rendirle cuenta a su comandante. Enseguida Arellano y Lapóstol siguieron conversando. A pocos metros permaneció el capitán Vargas.  De pronto se escucharon disparos. Lapóstol le pidió al capitán Vargas que averiguara lo que estaba pasando. Regresó a los pocos minutos e informó que había 15 personas muertas en la cancha de tiro de pistola. En ese mismo instante se escucharon nuevamente disparos aislados que provenían de la misma dirección.

En el polígono de pistola, ubicado en el faldeo del cerro vecino al regimiento, cerca de la sala de banda, los 15 prisioneros que poco antes había sacado de la cárcel local el teniente Marcelo Morén Brito, fueron asesinados por miembros de la comitiva del general Arellano frente a los oficiales del regimiento. Luego se les ordenó a los mismos oficiales locales dispararles los tiros de gracia usando sus pistolas de servicio Staver. En ese minuto llegó al lugar el capitán Mario Vargas Miqueles quien se negó a cumplir la orden. Sí la acataron los oficiales Emilio Cheyre, Jaime Ojeda Torrent, Hernán Valdebenito Bugman, Mario Larenas Carmona, Guillermo Raby Arancibia, Julio Lafourcade Jiménez, y el médico militar Guido Díaz Pacci.

Pasadas las cinco de la tarde, el coronel Arredondo, delante de Lapóstol, dio cuenta a Arellano que todo estaba finiquitado y luego la comitiva se retiró del regimiento rumbo al aeropuerto. Lapóstol pidió a Arellano el acta del consejo de guerra que dictó la ejecución de los prisioneros, pero no le fue entregada.

Los prisioneros ejecutados fueron los siguientes:

-Roberto Guzmán Santa Cruz, abogado, casado, tres hijos, asesor jurídico de los trabajadores de la Compañía Minera Santa Fe. Militante del MIR

-Carlos Enrique Alcayaga Várela, 38 años, albañil. Secretario regional de la Central Única de Trabajadores, CUT, y gobernador de Vicuña. Militante del MAPU.

-Manuel Marcarían Jamett, 31 años, agricultor, militante del Partido Comunista. Fue detenido por carabineros en Los Vilos, cinco días después del golpe militar.

-Jorge Peña Hen, 45 años, director de la Escuela de Música de la sede local de la Universidad de Chile y director de la Orquesta Sinfónica de Niños de la ciudad. Militante del Partido Socialista.

-Mario Ramírez Sepúlveda, 44 años, casado, dos hijas, académico de la Universidad de Chile, administrador de la fábrica estatal de neumáticos, Manesa, y secretario regional del Partido Socialista.

-Óscar Aedo Herrera, 23 años, técnico forestal, militante del Partido Comunista. Fue detenido por carabineros en Salamanca, el 6 de octubre de 1973.

-José Araya González, 23 años, campesino, militante del Partido Comunista. Fue detenido en Salamanca en la víspera de su homicidio.

-Marcos Barrantes Alcayaga, 26 años, supervisor de Manesa, militante del Partido Socialista. Fue detenido en su lugar de trabajo, cinco días después del golpe militar.

-Jorge Contreras Godoy, 31 años, campesino, sin militancia política. Detenido por carabineros en Salamanca.

-Hipólito Cortés Álvarez, 43 años, funcionario municipal, dirigente del Sindicato de la Construcción y militante del Partido Comunista. Detenido por carabineros en Ovalle.

-Óscar Cortés Cortés, 48 años, campesino, militante del Partido Comunista. Fue detenido en su casa de Ovalle por carabineros.

-Víctor Escobar Astudillo, 22 años, técnico agrícola, funcionario de la estatal Empresa de Comercio Agrícola, ECA, y secretario comunal del Partido Comunista. Fue detenido por carabineros en Salamanca.

-Jorge Jordán Domic, 29 años, médico y militante del Partido Comunista. Tras escuchar su nombre en un bando militar, se presentó voluntariamente en la comisaría de Ovalle al día siguiente del golpe militar.

-Jorge Osorio Zamora, 35 años, profesor universitario, funcionario de Manesa, militante del Partido Socialista. Fue detenido en su lugar de trabajo, una semana después del golpe militar, por funcionarios de Investigaciones.

-Gabriel Vergara Muñoz, 22 años, campesino, militante del MAPU. Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en Ovalle.

El coronel Lapóstol pidió al médico militar que viera los cuerpos y extendiera certificados de defunción. Luego ordenó llevar los cadáveres al cementerio local y meterlos en una fosa común. Después mandó al teniente Cheyre a que publicara en el diario El Día de La Serena del 17 de octubre de 1973, un bando en que se informó que los 15 prisioneros murieron “ejecutados conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en tiempo de guerra”.

Cuando el 11 de noviembre de 1998 los cuerpos fueron encontrados y exhumados desde la fosa clandestina en el cementerio de La Serena, además de los múltiples impactos de disparos en el cuerpo, todos presentaban un orificio de bala en el cráneo, con dirección desde arriba hacia abajo. Era la prueba científica de que los habían rematado en el suelo.

Armando Gatica prosigue su relato:

El 19 de octubre me llamaron a la fiscalía y al llegar al regimiento me hicieron pasar a la zona de guardia, donde llegaron militares que me vendaron, encapucharon y amarraron las manos a la espalda. Había otros prisioneros y nos llevaron a una colina donde nos colgaron y nos empezaron a golpear con pies y puños y con palos en las nalgas. Perdí el conocimiento. Me bajaron y no me podía sentar, además de tener las muñecas destrozadas. Fui trasladado nuevamente a la cárcel, al Colectivo 2, donde llegué en muy malas condiciones. El sábado 20 me trasladaron nuevamente a la fiscalía donde me sometieron a los mismos apremios, pero a campo abierto. Me hicieron hincar en el suelo y empezaron a darme culatazos en la espalda y en el pecho. Me preguntaban por la gente que tenía armas. Un oficial me dijo que si no respondía me fusilarían en diez minutos. Otra vez a la cárcel y el lunes 22 volví a la fiscalía. Me metieron en una pieza donde se escuchaba música clásica. Estuve ahí un largo rato hasta que sentí un feroz golpe en ambas orejas y alguien me dijo que ahí sí que iba a hablar. Me pusieron en una parrilla y me empezaron a aplicar corriente en diversas partes del cuerpo. Al otro día siguieron en el regimiento donde me hicieron correr vendado hasta que me estrellaba con los diversos muros. Me caía y me levantaban a punta de culatazos. Así me siguieron dando durante varios días más.

Iniciaron entonces un proceso a los supuestos hospitales clandestinos y el 19 de noviembre fuimos citados a la fiscalía un número importante de funcionarios del Servicio Nacional de Salud que trabajábamos en diversas reparticiones de la Segunda Zona de Salud. Nos llevaron vendados y encapuchados a la colina del regimiento y nos hicieron tendernos en el suelo. Alguien dijo: ¡Aquí estás otra vez Gatica. De esta si que no te vas a salvar!  Me agarraron a patadas y me quebraron cuatro costillas. Luego nos llevaron a un galpón donde nos colgaron y siguieron golpeándonos mientras nos preguntaban por los hospitales clandestinos. Me aplicaron corriente en las tetillas mientras me tiraban agua. Después me bajaron los pantalones y me aplicaron corriente en los genitales. Más tarde, inmovilizado en el suelo, me introdujeron unos electrodos en el ano y siguieron con la corriente hasta que perdí el conocimiento. Me tiraron en un calabozo del regimiento y me dejaron allí toda la noche. A los otros los devolvieron a la cárcel. En la madrugada sentí los disparos con que fusilaron a un preso común al que le decían “El paco santón”. En la cárcel creyeron que era yo y le avisaron a mi señora, las que fue al regimiento y habló con el mayor Casanga y el teniente Cheyre. Este último le dijo que mi situación era muy comprometida por ser comunista. Mi esposa habló con el obispo Francisco Fresno y éste se sorprendió porque el coronel Lapóstol le había asegurado que en el regimiento no se torturaba. Freno llamó a Lapóstol, quien recibió a  mi señora y le garantizó que no me aplicarían más torturas. El proceso por los hospitales clandestinos lo tomó la FACh. Al final, todos los involucrados quedamos en libertad. Nada era cierto.

(Tomado del libro “La lista del Schindler chileno”; LOM Ediciones)

El Regimiento de Artillería Motorizado Nº 2 “Arica” de La Serena fue uno de los lugares en que la dictadura torturó. Actualmente es el Regimiento de Infantería Nº 21 “Coquimbo” y comenzado el régimen de Augusto Pinochet, fue el principal centro de tortura de la IV Región.

El recinto estaba a cargo del coronel Ariosto Lapóstol Orrego. El segundo al mando era el teniente Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre, que junto al coronel, figuran como los únicos dos procesados en calidad de autores en el capítulo La Serena de la Caravana de la Muerte.

Caso dirigido por el ministro en visita Vicente Hormazábal que aborda 24 crímenes de tortura entre septiembre y noviembre de 1973, fecha en la que según el informe judicial el recinto habría albergado a más de 800 reos.

La corte de apelaciones de La Serena notificó el procesamiento y detención de Cheyre. Para ello hoy a las 7:30 de la mañana el ex comandante en jefe ingresó a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.

Según indican los testimonios, la mayoría de los detenidos fueron sometidos a sesiones de tortura colectiva e individual.

“Me golpearon, me pusieron corriente, me pegaron cachetadas”. “Me tiraron a un pozo con fecas, con la finalidad de ahogarme”. Estos son algunos crudos testimonios de los detenidos entregados al juzgado. Hay otros en los que Cheyre es mencionado directamente. “El teniente Cheyre tomó un palo y comenzó a golpearme en las pantorrillas, parte posterior del muslo y espalda”. “Me sacó dos dientes delanteros, pero tenía que seguir parado. Supe posteriormente que esa persona que me pegó el culatazo era Cheyre”. En otra ocasión, narra María Villaroel, la estaban torturando cuando llegó un soldado conscripto a alarmar: “dice mi teniente Cheyre que paren la golpiza porque están llegando los abogados”. También supo de él Luis Ravanal. “Reconozco una voz, era la de Cheyre con quién había conversado el día anterior. Me dijo “híncate” y me doy cuenta que me apuntaban con un arma en la cabeza”.

Pero no es la primera vez que Cheyre es acusado de crímenes de lesa humanidad en dictadura. Tampoco la primera vez que es defendido por Jorge Bofill, su histórico abogado. Al igual que en el caso Caravana de la Muerte, Bofill asegura que su cliente es “completamente inocente”. “Demostraremos, como lo hemos dicho siempre, que don Juan Emilio Cheyre es completamente inocente. Jamás cometió los hechos que se le imputan”, afirmó.

EL GENERAL DEL "NUNCA MÁS"

Juan Emilio Cheyre ingresó a la Escuela Militar en 1963. Sólo 10 años después se desenvolvió en la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet como teniente en La Serena. En 2002 fue nombrado por como comandante en Jefe del Ejército. También fue profesor de Historia Militar y Táctica en la Academia de Guerra. Además en 2013 fue nombrado director del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel). Mucha gloria. Sin embargo este último cargo se le vino abajo y tuvo que renunciar debido al ingreso de la denuncia por el caso Caravana de la Muerte.

Un total de 15 homicidios calificados derivaron del caso, al que fue condenado a tres años y un día de presidio. Pero tras apelaciones se cambió a libertad vigilada en noviembre pasado.

Este destape sería el primer golpe que recibiría el general del “Nunca más”. El mismo que se mostraba como el más arrepentido y “dispuesto” a colaborar para esclarecer la verdad de las torturas y muertes en Chile. Este “intelectual del Ejército”, políglota y con un doctorado en la Universidad Complutense de España, falló.
Todo a pesar de mostrarse siempre contrario a su predecesor, el ex comandante en jefe Ricardo Izurieta, que abiertamente se declaraba a favor del régimen y la figura de Pinochet.

El ex comandante en jefe del Ejército llegó el pasado 7 de febrero al 34 Juzgado del Crimen. Esto para ser notificado de su procesamiento en el caso Caravana de la Muerte, capítulo La Serena.

La corte de apelaciones de esa ciudad notificó su procesamiento y detención como responsable de este caso, que involucra 24 personas. Para la situación pasadas las 7:30 de la mañana el ex comandante en jefe del Ejército ingresó a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, ubicada en Providencia. Se le notificó por hechos ocurridos entre septiembre y noviembre de 1973. En la época pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº 2 “Arica” de La Serena. Este era el principal centro de tortura de la IV Región y estaba a cargo del teniente coronel Ariosto Lapóstol Orrego. El segundo al mando era Cheyre. Otros acusados eran Jaime Ojeda Torrent y Mario Larenas Carmonas. Sin embargo sólo los dos primeros figuran como acusados en calidad de autores.

“NUNCA MÁS”

A pesar de mostrarse siempre contrario a su predecesor, el ex comandante en jefe Ricardo Izurieta, Cheyre fracasó. Así pasó de hablar de que “nunca más” deberían haber crímenes como los de la dictadura, se le fue el tiro por la culata. Así cuando fue promulgado com presidente del Servel y estalló el primer juicio por el caso Caravana de la Muerte, fue obligado a renunciar.

Hoy la segunda de este caso, el episodio la serena lo llevó a volver a estar en los medios. No sólo fue procesado por tres años y un día. Sino que la defensa apeló y ganó. Juan Emilio del Corazón de Jesús Cheyre será liberado en horas de esta tarde. La libertad bajo fianza fue concedida por el ministro Hormazábal y la Corte de Apelaciones de La Serena. La fianza y su monto parecen una broma: sólo un millón de pesos deberá pagar el general (r).

CRÍMENES POR LOS QUE CHEYRE PAGARÁ $1 MILLÓN

Los testimonios que apuntan directamente a Cheyre son crudos y aparecen en las declaraciones. “El teniente Cheyre tomó un palo y comenzó a golpearme en las pantorrillas, parte posterior del muslo y espalda”.

“Me sacó dos dientes delanteros, pero tenía que seguir parado. Supe posteriormente que esa persona que me pegó el culatazo era Cheyre”. En otra ocasión, narra María Villaroel, la estaban torturando cuando llegó un soldado conscripto a alarmar: “dice mi teniente Cheyre que paren la golpiza porque están llegando los abogados”. También supo de él Luis Ravanal. “Reconozco una voz, era la de Cheyre con quién había conversado el día anterior. Me dijo “híncate” y me doy cuenta que me apuntaban con un arma en la cabeza”.

“El Cuyano, El Rey de las Medias” era un local comercial conocido por todos en La Serena. Abierto a fines de 1930 por Moreno Caro, y luego, con la llegada de su hermano menor Samuel, co-administrado por ambos, la tienda ofrecía lo último en medias para mujeres. Cuando el hermano mayor se fue de Chile y quedó Samuel a cargo del local las mujeres llegaban solamente para ver al pintoso nuevo dueño de ojos azules y pelo rubio ondulado. “¿Está Samuel?” preguntaban. Si Samuel estaba, entraban, al contrario, no.

Mientras “El Cuyano” – así llamado por la región centro oeste argentina donde nacieron los hermanos Caro – tenía fama por sus excelentes productos, su dueño era un personaje ampliamente conocido en diferentes ámbitos de la vida social y comunitaria de La Serena.

Sus padres Elías Caro y Katempka Barón habían llegado en barco a Chile desde Smyrna, Turquía en la primera década del siglo XX, y siguieron hasta Mendoza, Argentina, donde nacieron los hijos. Moreno se fue a La Serena y como uno de los regalim que le presentó Moisés el informe optimista sobre Canaán, alentó a su hermano Samuel que la vida era mejor en aquella ciudad chilena. Eventualmente toda la familia los siguió.

En aquellos años la comunidad judía de La Serena consistía de 20 familias, la mayoría sefardíes. Cuando nacieron los cuatro hijos que tuvieron Samuel y su esposa, la escritora y pintora Fresia Benquis, se contaban alrededor de 200 judíos, quienes celebraban las festividades tradicionales, por lo general, sin rabino, en un centro comunitario llamado el Circulo Israelita. Los hombres habitualmente se juntaban allí en la hora de almuerzo, volviendo a las 16 horas para nuevamente abrir sus respectivos negocios. En La Serena también había una gran comunidad árabe que gozaba de buenas relaciones con sus pares judíos. Cuando nacía un niño judío y un árabe, se avisaba al rabino para que viniera de Santiago a hacer el brit para ambos.

Samuel Caro era un hombre de un gran sentido de justicia. El hilo conductor entre su liderazgo en el Club de Leones y su apoyo al diputado Cipriano Pontigo (1969-1972), del Partido Comunista, fue una profunda convicción de la dignidad del ser humano. No pudo quedarse indiferente ante el sufrimiento ajeno, por ello apoyó con entusiasmo las causas sociales emprendidas por el intendente de la región, a quien asesoraba en relación a los temas del comercio.

En el garaje de la casa, con sus hijos, hacía bolsas de alimentos para gente de escasos recursos para repartir de parte de los Leones. A la vez colaboró en la campaña presidencial de Salvador Allende. Cuando se iniciaron las acciones de protesta al gobierno de la Unidad Popular, El Cuyano permanecía abierto, a pesar que sufría de las acciones violentas de los contrarios al régimen.

Con el golpe militar, los retenes de Carabineros y la Cárcel Pública de La Serena se llenaron con cientos de detenidos. Samuel Caro escuchaba las noticias de sus amigos detenidos, pero no huyó. Su rostro de aquel entonces de alguien que espera no se ha borrado de la memoria de sus hijos.

Y lo detuvieron.

Eran las 6 de la mañana. La familia dormía cuando un portazo les despertó. “Tocaron la puerta de mi dormitorio,” se acuerda su hija Sara. “Abrí la puerta y habían cinco militares apuntando con carabina. Nos tuvieron con manos alzadas por horas en la casa.” Revolvieron todo, dando vuelta los cajones de los muebles, buscando algo sin dar explicación alguna.

Al final, sacaron a su padre de la casa a patadas y lo echaron al suelo de un camión, pisándolo, mientras miraban impotentes su esposa, hijos y nietas.

En la Cárcel Pública de La Serena, Samuel Caro estuvo con 15 personas en una covacha acondicionada para mucho menos, turnándose los presos para acostarse en el suelo. Entre otros, compartía con su amigo el músico y director de orquesta Jorge Peña Hen, con quien, en otros tiempos, compartieron veladas sociales, y ahora compartían celda. Su hija Sara venía a dejarle la colación en una bolsa con su nombre, pero solamente lo veían los días domingo, cuando toda la familia iba a compartir un almuerzo en el patio de la cárcel. Les contaba, sonriendo, como ayudaba a organizar la celda, fijando un horario y disciplina para los presos.

El 16 de octubre de 1973 la sombra de un helicóptero Puma ennegreció a La Serena. Al retomar su vuelo, quedarían 15 hombres acribillados – entre ellos, Jorge Peña Hen – inaugurando así el recorrido del norte de la comitiva del General Sergio Arellano Stark, merecedor del apodo Caravana de la Muerte, que dejaría el saldo de 71 personas sumariamente ejecutadas. En su escala en Calama, tres días después, entre las 26 personas brutalmente asesinadas con corvo y ametralladora, moriría un judío, Carlos Berger.

En La Serena, Ariosto Lapóstol Orrego, Comandante del Regimiento Arica, discutió con Arellano la orden que le comunicó e intentó impedirlo.

Es probable que Lapóstol haya logrado salvar por lo menos una vida humana: el dueño de “El Cuyano,” a quien conocía. En una ocasión cuando Samuel Caro fue llevado al Regimiento para interrogarlo, Lapóstol lo vio y gritó con gruesos epítetos: “Samuel Caro! Lo necesito en mi oficina!” Cuando entró, le dijo, “Samuelito, perdona,” y le ofreció cigarros.

Un par de meses más tarde, Samuel Caro saldría de la prisión con el brillo de antaño apagado. La gran pena que cargaba adentro no se debió sólo a las penurias y privaciones sufridas en la cárcel. Durante su prisión los únicos que le visitaron de la colectividad fueron Isaac Bitrán y el presidente de la comunidad judía de La Serena.

En los siguientes treinta años de vida Samuel Caro vio nacer y crecer a nietos y bisnietos, y casi no faltó día sin abrir El Cuyano. Pero las tertulias en el Circulo Israelita fueron escasas y algunos miembros de la familia se alejaron de la comunidad judía.

Posterior al fallecimiento de su padre en 2003, su hija Sara supo que parte de la comunidad judía serenense recolectó dinero para cancelar la fianza que permitió la libertad de Samuel. Y, hoy, a 38 años de los hechos, su hija ha llegado a comprender que la indiferencia que tanto le dolió a ella, se debió, en parte, al miedo. “Haber vivido sus familiares persecuciones como judíos, era como revivir eso”, dice.

Superar la indiferencia y el miedo puede traer un precio caro, lo cual El Caro del Cuyano, supo penosamente bien.

El general Juan Miguel Fuente Alba, cuarta antigüedad del Ejército, está mencionado en el episodio de Calama. Se defiende afirmando que el día que asesinaron a 26 prisioneros estaba en Chuquicamata, pero lo contradicen tres testimonios. Entre ellos, el ex segundo de la DINA, Pedro Espinoza, y el teniente (R) Patricio Lapóstol.

El general de División, comandante de Institutos y Doctrinas del Ejército y cuarta antigüedad en la institución, Juan Miguel Fuente Alba Poblete, está en problemas. Un conflicto que arrastra desde el paso de la Caravana de la Muerte por Calama, donde el 19 de octubre de 1973 asesinaron a 26 prisioneros.

De todo el trayecto por el sur y norte del país, esa fue la ciudad donde más oficiales locales tomaron parte en los crímenes. Sea matando con sus armas, observando cómo morían, resguardando el lugar que sirvió de paredón en el desierto, o luego escondiendo los cuerpos para desenterrarlos dos años y medio después y hacerlos desaparecer para siempre a bordo de un avión FACH en el fondo del mar.

Por años, el general Fuente Alba ha afirmado en el proceso Caravana que no estuvo en el Regimiento Calama el día en que el general Sergio Arellano arribó con su pelotón en la mañana del 19 de octubre de 1973. Argumenta que ese día, con grado de subteniente, estaba en Chuquicamata, 18 kilómetros al norte de Calama, resguardando las instalaciones del mineral de cobre.

Así lo declaró en dos oportunidades al juez Juan Guzmán. La primera vez, el 11 de enero de 2001 en calidad de testigo, y la segunda, el 27 de octubre de 2004, como inculpado.

No obstante, el ex segundo jefe de la DINA y entonces integrante del escuadrón de Arellano, Pedro Espinoza, afirma lo contrario. De hecho, su declaración judicial del 17 de julio de 1998 ante el juez Juan Guzmán resulta embarazosa para Fuente Alba, porque lo identificó entre los oficiales del Regimiento Calama que esa tarde estaban en el sector Topater del desierto cuando se eliminó a los 26 prisioneros.

Espinoza asegura que aquella tarde, cuando se realizaba la matanza, "divisé al comandante [Sergio] Arredondo [jefe de Estado Mayor de Arellano en la Caravana] junto a otros oficiales y subtenientes del Regimiento Calama. De aquellos oficiales del regimiento sólo recuerdo a un subteniente de apellido Fuente Alba, que después estuvo a cargo de las relaciones públicas de la Comandancia en Jefe del Ejército, y actualmente (1998) es director de la Escuela de Suboficiales del Ejército". Fuente Alba ocupó ambos cargos.

Otro Lapóstol

Pero no sólo Espinoza contradijo la afirmación de Fuente Alba acerca de su permanencia en Chuquicamata el día de este episodio de la Caravana de la Muerte.

Patricio Lapóstol Amo, que en 1973 también era subteniente en ese regimiento, identificó la presencia de Fuente Alba en Calama, y no en Chuquicamata, el día en que arribó Arellano y su comitiva para cometer la nueva masacre.

Lapóstol Amo es hijo del entonces comandante del Regimiento Arica de La Serena, Ariosto Lapóstol Orrego, al interior del cual el 16 de octubre de 1973 la Caravana asesinó a 15 prisioneros.

El 28 de septiembre de 1998, Lapóstol relató ante el juez Guzmán que ese día él también se encontraba en Chuquicamata integrando el personal que resguardaba las instalaciones mineras, "pero a raíz de la llegada del general Arellano tuvimos que bajar a Calama para una ceremonia protocolar, formándosenos en el patio del regimiento".

En ese regimiento, a Arellano y su pelotón los recibieron con banda.

Terminada la formación, Lapóstol recordó que entró a la oficina de la comandancia del cuartel y se encontró con el mayor Marcelo Moren Brito, integrante del escuadrón de Arellano.

"En la comandancia, Moren, quien era el segundo comandante del regimiento de mi padre en La Serena, me saludó y me dijo: ‘Ojalá no seas tan cobarde y maricón como lo fue tu padre’, aludiendo a que mi padre se había opuesto al fusilamiento de esas personas en La Serena. Recuerdo incluso que este encuentro con el mayor Moren se hizo en presencia del subteniente Juan Miguel Fuente Alba Poblete".

Pero Fuente Alba desmintió a Lapóstol y negó ante el juez presenciar su altercado con Moren Brito.

"Me extraña que él tenga una memoria tremendamente privilegiada y aguda, porque hay sucesos que se pierden después de 2 años", respondió el actual general al juez Guzmán, que le llamó la atención por el detalle tan preciso y dramático que recordaba el joven Lapóstol.

Lapóstol afirma que por la tarde, cerca de las seis, la hora del crimen, él y otros jóvenes oficiales (no menciona a Fuente Alba) debieron "montar guardia" en el escenario de la masacre.

"Realmente no lo sé"

Un tercer testigo afirmó también judicialmente que Fuente Alba estuvo presente ese día cuando en Calama mataron a los detenidos. Aunque el suboficial (R) de Ejército Leopoldo Pérez Paredes, que el día de la llegada de la Caravana también servía en ese regimiento, hizo esta afirmación en otra causa abierta por el posterior desentierro de los cuerpos y su lanzamiento al mar.

La operación de desentierro fue comandada en el desierto a fines de 1975 por el entonces teniente Miguel Trincado Araneda, por lo cual, siendo general y comandante de la II División del Ejército en la Región Metropolitana, y aun negando siempre su autoría, Trincado fue pasado a retiro en diciembre de 2006, siendo procesado más tarde.

Al declarar ya en calidad de inculpado, el juez Guzmán preguntó a Fuente Alba cómo explicaba que varios desmentían su estadía ese día 19 de octubre de 1973 en el mineral de Chuquicamata, identificando su presencia en Calama y presente en las ejecuciones. Éste respondió: "Realmente no lo sé".

LND sostuvo una larga conversación con el actual general Fuente Alba acerca de estas controversias, la que el oficial prefirió mantener en reserva y no otorgar entrevista

El excoronel del Ejército había sido condenado por hechos ocurridos durante la denominada “Caravana de la muerte”.

Este viernes falleció el excoronel del Ejército y excomandante del regimiento Arica, Ariosto Lapostol Orrego, quien fue condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

A Lapostol se le condenó en noviembre de 2020 a 10 años de cárcel por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en el regimiento “Arica” de La Serena en 1973.

La Corte de Apelaciones de La Serena confirmó el procesamiento de los oficiales en retiro del Ejército Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego y Mario Emilio Larenas Carmona, en calidad de autores del delito de aplicación de tormentos a detenidos en 1973, en el Regimiento Arica.

En fallo dividido (causa rol 614-2019), la Segunda Sala del tribunal de alzada -ntegrada por los ministros Juan Pedro Shertzer, Caroline Turner y la abogada (i) María José Montesino- confirmó la resolución apelada, dictada en febrero de 2019 por el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos, Vicente Hormazábal, que sometió a proceso a Lapostol Orrego y Larenas Carmona.

En cuanto a la apelación deducida por la defensa de Lapostol Orrego, el fallo establece que “es dable concluir que se encuentra justificada la existencia del delito en carácter de reiterado (…). Asimismo, de los diversos elementos de convicción desarrollados en sus motivos tercero y cuarto resultan bastantes para estimar que de ellos emergen presunciones fundadas para considerar, por ahora, que el inculpado ha tenido la participación culpable y penada por la ley que se le asigna”.

Respecto de la apelación deducida por la defensa de Larenas Carmona, sostiene que: “a virtud de las consideraciones efectuadas por el ministro instructor (…), resulta justificado, por ahora, mantener el auto de procesamiento que pesa sobre el encausado”.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro en visita dio por establecido que al interior del Regimiento Militar se dispuso que la Sección II, que hasta antes del 11 de septiembre de 1973 era comandada por el capitán Polanco Gallardo, participara en las investigaciones, interrogatorios y torturas a los detenidos.

La Sección II, durante la ausencia del capitán Polanco, entre el 10 de septiembre y el 25 de noviembre de 1973, estuvo al mando del comandante del Regimiento, Ariosto Lapostol. Periodo en el cual el ministro en visita sindica a Lapostol Orrego como responsables de las torturas aplicadas a 24 detenidos, y a Larenas Carmona, a uno.

En la resolución, además, la Corte de Apelaciones consignó que la defensa de Lapostol Orrego manifestó “(…) en la apelación que el encausado sufriría actualmente de demencia senil, la defensa aportará mayores antecedentes sobre tal situación, sin perjuicio de las medidas y diligencias que en torno a ello decrete el juez de la causa”.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho exoficiales y dos exsuboficiales del Ejército por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de 15 personas víctimas del paso de la llamada "Caravana de la Muerte" por la ciudad de La Serena en 1973.  El graneado grupo de criminales está compuesto por un ex general y comandante en jefe de esa institución, dos ex brigadieres, cinco ex tenientes coroneles, además de los dos suboficiales.

por Darío Núñez

En el episodio, la comitiva uniformada perpetró el 16 de octubre de ese año, los asesinatos de Oscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya González, Oscar Armando Cortés Cortés, Manuel Jachadur Marcarian Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Hen.

En fallo unánime (causa rol 4.599-2019), la Sexta Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Antonio Ulloa y las ministras Gloria Solís y Verónica Sabaj- el pasado viernes 28 de octubre modificó la sentencia de primera instancia, dictada por el ministro Mario Carroza en noviembre de 2018, respecto a la participación que les cupo en los hechos, a los condenados exoficiales de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo y Juan Viterbo Chiminellli Fullerton, quienes deberán cumplir 10 años y un día de presidio como coautores de los delitos, en lugar de los 5 años en calidad de cómplices como los había calificado el ministro Carroza. Otro ex oficial y principal inculpado, Ariosto Alberto Lapostol Orrego, quien había sido condenado a 15 años de presidio, falleció en el curso del proceso por lo que resulta sobreseído.

Además, el tribunal confirmó el fallo penal en la parte que condenó a los ex oficiales Jaime Manuel Ojeda Torrent y Emilio Robert de la Mahotiere González y al ex suboficial Víctor Hugo Alegre Rodríguez a la pena de 5 años y un día de presidio, como cómplices de los delitos; y a los ex oficiales Hernán Emilio Valdebenito Bugmann, Guillermo Oscar Raby Arancibia, Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinoza, Mario Hernando Vargas Miguieles y al ex suboficial Luis Segundo Araos Flores a 3 años y un día, con el beneficio de la libertad vigilada, como encubridores.

El helicóptero de la muerte

En la investigación judicial quedó establecido que el día 16 de octubre de 1973, arribó a la ciudad de La Serena la comitiva encabezada por el exgeneral Sergio Arellano Stark (fallecido) en un helicóptero 'Puma' del Ejército, con un grupo de militares entre los que se encontraban los oficiales Sergio Carlos Arredondo González, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Emilio Robert de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco Gallardo, Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, Marcelo Luis Manuel Moren Brito (fallecido) y Hugo Héctor Leiva González.

Luego de bajar de la aeronave, el mencionado Arellano Stark sostiene una reunión con el entonces Comandante del Regimiento de Artillería N°2, "Arica" de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, y le informa de su misión encomendada por el tirano Pinochet consistente en la ejecución de seleccionadas personas de izquierda que permanecían detenidas por los uniformados golpistas en diversos lugares y distintas ciudades del país.

A continuación, Arellano Stark selecciona a los detenidos que debían ser ajusticiados. Por orden suya, retiran desde la Cárcel Pública de La Serena a 14 de las víctimas escogidas a quienes trasladan al Regimiento y quedan a disposición de la mencionada autoridad militar. Paralelamente, es sacado desde los calabozos del mismo Regimiento otro detenido y lo unen a los demás prisioneros, conduciéndolos hasta el polígono de tiro de ese recinto militar. Una vez en el polígono, los detenidos son ajusticiados, mediante disparos efectuados por personal del Ejército.

Luego de cometidos los asesinatos, los efectivos del Regimiento procedieron a inscribir las defunciones de las víctimas sin habérseles practicado las autopsias respectivas, ni menos el reconocimiento por parte de sus familiares.  Acto seguido, personal militar procede al traslado de los cuerpos de los ejecutados hasta el cementerio local y les sepulta en una fosa común, de manera oculta, para lo cual las autoridades del Regimiento habían efectuado previamente las coordinaciones pertinentes con la administración del Cementerio Municipal.

Una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del Regimiento, particularmente la Jefatura de Zona ejercida por Lapostol Orrego, publica en los medios de comunicación un Bando Militar informando a la ciudadanía la ejecución de quince extremistas en cumplimiento de lo resuelto por Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, cuestión que nunca aconteció pues el ajusticiamiento ocurre sin juicio previo, fundado en la sola circunstancia de su ideología.

El año 1998, el Servicio Médico Legal, habría encontrado osamentas humanas en el Cementerio Municipal de la Serena, por lo que efectuó peritajes y diligencias de reconocimiento, logrando identificar a las 15 víctimas fusiladas el 16 de octubre de 1973, verificando que todas ellas presentaban múltiples impactos de proyectil en diferentes partes de sus cuerpos