Langer Von Furstenberg Carlos George Max

Nuevos procesamientos dictó el ministro de fuero Víctor Montiglio en el marco del caso Caravana de la Muerte contra 13 oficiales (r) del Ejército por homicidios calificados cometidos en Copiapó y Calama.

Las encargatorias de reo afectan al brigadier (r) Patricio Díaz Araneda, y a los oficiales (r) Ricardo Yáñez Mora, Waldo Antonio Ojeda y Marcelo Marambio Molina, por 13 víctimas que fueron detenidas el 17 de octubre de 1973 en Copiapó. El magistrado encausó además como autores del homicidio calificado de tres dirigentes sindicales asesinados en la tarde del mismo día a los oficiales (r) Edwin Herbstard Gálvez, Fernando Castillo Cruz, Ramón Zúñiga Ormeño y Oscar Pastén Morales.

En tanto, por la muerte de 26 víctimas en la localidad de Calama, el 19 de octubre de 1973, Montiglio procesó al coronel y comandante del regimiento de esa ciudad, Eugenio Rivera, al brigadier Carlos Langer, al mayor Carlos Minoletti Arraigada, al coronel Víctor Santander Véliz y al suboficial mayor Jerónimo Rojo.

Entre las 26 víctimas de Calama, figura Carlos Berger, quien fuera esposo de la abogada de derechos humanos Carmen Hertz. Los oficiales (r) encausados serán notificados durante la mañana de hoy en dependencias de tribunales, para luego ser conducidos hasta el Batallón de Policía de Peñalolén donde permanecerán detenidos.

La nueva encargatoria de reo se suma a la recalificación de los delitos que la semana pasada efectuó Montiglio en la misma causa, oportunidad en que dejó fuera el delito de secuestro en este proceso.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta sometió a proceso a 12 personas, entre civiles y militares por los delitos de homicidio calificado en contra de 28 personas ocurridas en la ciudad de Calama el 19 de octubre de 1973.

En fallo unánime los ministros del tribunal de alzada Enrique Álvarez, Oscar Clavería y la abogada integrante Nancy Mellado sometieron a proceso a Armando Fernández Larios y Eugenio Rivera Desgroux por el delito de asociación ilícita.

Asimismo se encausó a Armando Fernández Larios, Eugenio Rivera Desgroux, Carlos Max George Langer Von Furstemberg, Carlos Humberto Minolleti Arriagada y Jerónimo Tomás Rojo Rojo como autores del delito reiterado de homicidio calificado.

Además se acusó al doctor Luis Benito Rojas Delzo y a Luis Mario Aracena Romo, Julio Fernando Salazar Lantery, Oscar Figueroa Márquez, Domingo Antonio Flores Figueroa, Miguel Eduardo Trincado Araneda y el capellán Luis Exequiel Jorquera Molina como encubridores del mismo ilícito.

En los casos de Fernández Larios, Minoletti Arriagada y Rojas Delzo se ordena iniciar los trámites para solicitar a la Corte Suprema su extradición, ya que se encuentran fuera del país.

De los restantes procesados se ordenó despachar orden de detención para que ingresen en prisión preventiva.

Apresan a implicados en Caravana de la Muerte. Están acusados de homicidio calificado de 72 personas.

Calama. Grupo fue notificado ayer en el Segundo Juzgado de Calama por la Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Antofagasta.

Siete implicados en los hechos ocurridos en octubre de 1973 relacionado con las acciones de lo que está en la historia como la Caravana de la Muerte, fueron notificados ayer en Calama del procesamiento que les afecta por el delito de homicidio calificado.

La diligencia tuvo lugar en dependencias del Segundo Juzgado de Calama y fue dirigida por la Ministro en Visita Extraordinaria, María Rosa Pinto Egusqiza, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

De acuerdo a antecedentes proporcionados por la propia ministro en visita, en la diligencia participaron siete de los diez procesados en distintos grados de responsabilidad en la causa 37.340, quienes se presentaron en Antofagasta, Calama y Santiago para ser notificados de la resolución de la Corte de Apelaciones, por la responsabilidad que pueda caberles.

Los siete ingresaron al Regimiento Topáter en calidad de procesados presos, bajo la custodia y vigilancia, además de las medidas de seguridad adoptadas por el Ejército, dado que la mayoría de ellos, salvo uno, son oficiales en retiro.

La causa 37.340 fue iniciada por la exhumación ilegal de restos óseos realizada en Calama en el camino a San Pedro de Atacama, pero los siete individuos fueron notificados por el procesamiento de homicidio calificado en forma reiterada.
La llegada a Calama del grupo de personas se tradujo en intensa actividad en el Segundo Juzgado y la gestión principal terminó pasadas las 18 horas.

Seguridad
El aspecto básico de la gestión fue la notificación del auto de procesamiento a cada uno de los involucrados y sólo uno de los citados prestó declaraciones, conforme lo dio a conocer la ministro en visita. El suceso causó expectación generalizada que se vio aumentada por el gran despliegue de seguridad montada alrededor del Segundo Juzgado de Calama.
Los guardias, entre los que se incluían personal del Ejército, Carabineros y Detectives estaban distribuidos hasta no menos de cincuenta metros del edificio del tribunal.

La ministro en visita declinó entrar en detalles sobre el particular e indicó que tiene entendido que el Departamento de Relaciones Públicas del Poder Judicial ha informado sobre ello.

De este modo se desconoce los pasos siguientes que tendrá el proceso o si esos tendrán lugar en Calama o en otros puntos del país.
Entre quienes fueron notificados figuran Miguel Trincado, Julio Salazar Lanteri, coronel Luis Aracena Romo, coronel Carlos Langer von Forthenberg, coronel Domingo Flores Figueroa y suboficial Sergio López Maldonado.
Faltan tres personas por presentarse, entre ellas el capellán Luis Jorquera, quien se halla interno en el Hospital Militar afectado por un edema cerebral.

Fallecidos
A todas luces el caso tiene relación con las acciones de la Caravana de la Muerte, de acuerdo a las reclamaciones que han venido haciendo las familias de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de 1973, y que todavía no han logrado la identificación de restos óseos hallados en distintos puntos de la provincia del Loa.

Entre los fusilados el 19 de octubre, por la llamada Caravana de la Muerte que encabezó el general Sergio Arellano Stark, conforme lo indican todas las presunciones, figuran los calameños:Mario Argüéllez Toro, Carlos Berger Guralnik, Haroldo Cabrera Abarzúa, Gerónimo Carpanchay Choque, Bernardino Cayo Cayo, Carlos Escobedo Caris, Luis Gahona Ochoa, Daniel Garrido Muñoz, Luis Hernández Neira, Manuel Hidalgo Rivas, Rolando Hoyos Salazar, Domingo Mamani López, David Miranda Luna, Hernán Moreno Villarroel, Luis Moreno Villarroelm Rosario Muñoz Castillo, Víctor Ortega Cuevas, Milton Muñoz Muñoz, Rafael Pineda Ibacache, Carlos Piñero Lucero, Sergio Ramírez Espinoza, Fernando Ramírez Sánchez, Alejando Rodríguez, Roberto Rojas Alcayaga, José Saavedra González. Jorge Yueng Rojas.

Decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta
Las acciones realizadas ayer en Calama responden a la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y que fue conocida el 31 de agosto recién pasado y, según la página del poder judicial, fueron sometidas a proceso doce personas, entre civiles y ex militares, por el delito de homicidio calificado en contra de 28 personas ocurridas en la ciudad de Calama el 19 de octubre de 1973.

En fallo unánime los ministros del tribunal de alzada Enrique Álvarez, Óscar Clavería y la abogada integrante Nancy Mellado sometieron a proceso a Armando Fernández Larios y Eugenio Rivera Desgroux por el delito de asociación ilícita.

Asimismo, se encausó a Armando Fernández Larios, Eugenio Rivera Desgroux, Carlos Max George Langer von Furstemberg, Carlos Humberto Minolleti Arriagada y Jerónimo Tomás Rojo Rojo como autores del delito reiterado de homicidio calificado.

Encubridores
Además, fueron acusados el doctor Luis Benito Rojas Delzo y a Luis Mario Aracena Romo, Julio Fernando Salazar Lantery, Óscar Figueroa Márquez, Domingo Antonio Flores Figueroa, Miguel Eduardo Trincado Araneda y el capellán Luis Exequiel Jorquera Molina como encubridores del mismo ilícito. En los casos de Fernández Larios, Minolleti Arriagada y Rojas Delzo se ordena iniciar los trámites para solicitar a la Corte Suprema su extradición, ya que se encuentran fuera del país. De los restantes procesados se ordenó despachar orden de detención para que ingresen en prisión preventiva.

Proceso Iniciado por Ministro Juan Guzmán
El ministro Juan Guzmán firmó el 8 de febrero de 2005 la resolución mediante la cual decretó el fin de la etapa de investigación de la comitiva militar que recorrió el país de norte a sur efectuando secuestros y homicidios a opositores a la dictadura entre septiembre y octubre de 1973.
El caso Caravana de la Muerte comenzó a ser investigado en enero de 1998 y quien encabezó la operación, Sergio Arellano Stark, fue procesado por tener responsabilidades en la muerte de todas las víctimas, 57 ejecutados y 19 secuestrados.
Además, el proceso significó el desafuero y posterior arresto de Pinochet en 2001 y el primer caso por violaciones a los derechos humanos por los que el militar fue procesado. Según el expediente del ministro Juan Guzmán, se realizaron 72 ejecuciones: cuatro en Cauquenes, 26 en Calama, 14 en Antofagasta, 13 en Copiapó y 15 en La Serena.
La comitiva, a bordo de un helicóptero Puma, llegó a Cauquenes el 4 de octubre de 1973. Doce días después arribó a La Serena, donde los 15 ejecutados fueron sacados del regimiento de esa ciudad.
Ese mismo 16 de octubre aterrizó también en Copiapó. El 18 llegó a Antofagasta, donde fueron retirados de la cárcel 14 presos políticos, quienes fueron ejecutados en la quebrada Way. Al día siguiente el helicóptero llegó a Calama, donde 26 personas fueron fusiladas. De estas, 13 cuerpos se encuentran todavía desaparecidos.
El magistrado ordenó la detención de cinco ex oficiales del Ejército el 10 de junio de 1999, por esta investigación. Entre ellos el general (r) Sergio Arellano Stark, el brigadier (r) Pedro Espinoza, los coroneles Marcelo Moren y Sergio Arredondo y el mayor Armando Fernández Larios.

En Calama
Posteriormente, en Calama las acciones fueron radicadas en el Segundo Juzgado cuando el magistrado titular de ese tribunal fue designado como juez extraordinario de derechos humanos.
La consecuencia fue el hallazgo de restos óseos en distintos puntos de la provincia, además de otras especies que permitieron las primeras identificaciones de detenidos desaparecidos. Algunas de las piezas identificadas se constituyeron en sorpresa porque pertenecían a personas que supuestamente habían sido arrojadas al mar, como el caso de Domingo Mamani, de quien hallaron un botón de su chaqueta.

Anoche fueron notificados de la recuperación de su libertad, los detenidos por su implicancia en la exhumación ilegal de cadáveres, quienes se hallaban internos en dependencias del Regimiento Topáter en calidad de presos, luego que el 31 de agosto, fueran procesados por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La notificación tuvo lugar en el Segundo Juzgado de Calama y fue realizada por el ministro Enrique Alvarez, quien viajó desde Antofagasta exclusivamente a cumplir ese cometido y además de cumplir ese trámite explicó a los familiares de los ejecutados políticos que la decisión se debía a que el caso está en manos del ministro señor Montiglio.

El trámite dio lugar a la presencia en el área de los edificios públicos de familiares de los detenidos desparecidos y ejecutados políticos de la Provincia El Loa, quienes además, en improvisada exposición mostraron las fotografías tanto de los fusilados por la Caravana de la Muerte, como de otros detenidos que fueron muertos y de quienes han hallado pequeños restos que han sido identificados por el Servicio Médico Legal de Santiago.

Corte Suprema
Ayer la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia acogió los recursos de amparo presentados por los militares en retiro Carlos Langer y Miguel Trincado en contra de la resolución de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que decidió procesarlos en torno al caso de exhumación ilegal perpetrado en Calama.

Como consecuencia de esa decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó la libertad inmediata de los amparados, además de quienes "se encuentren privados de ella, a propósito de los autos de procesamiento que por esta decisión se dejan sin efecto, si no estuvieren privados de la misma por otro motivo o causa", conforme lo establece el fallo dictado ayer.

Tal como fue informado, el 31 de agosto, la Corte de Apelaciones de Antofagasta sometió a proceso a 12 personas, entre civiles y ex militares, por el delito de homicidio calificado en contra de 28 personas ocurridas en la ciudad de Calama el 19 de octubre de 1973.
En fallo unánime los ministros del tribunal de alzada Enrique Álvarez, Óscar Clavería y la abogada integrante Nancy Mellado sometieron a proceso a Armando Fernández Larios y Eugenio Rivera Desgroux por el delito de asociación ilícita.

Asimismo, se encausó a Armando Fernández Larios, Eugenio Rivera Desgroux, Carlos Max George Langer von Furstemberg, Carlos Humberto Minolleti Arriagada y Jerónimo Tomás Rojo Rojo como autores del delito reiterado de homicidio calificado.
Además, se acusó al doctor Luis Benito Rojas Delzo y a Luis Mario Aracena Romo, Julio Fernando Salazar Lantery, Óscar Figueroa Márquez, Domingo Antonio Flores Figueroa, Miguel Eduardo Trincado Araneda y el capellán Luis Exequiel Jorquera Molina como encubridores del mismo ilícito.
En los casos de Fernández Larios, Minoletti Arriagada y Rojas Delzo se ordena iniciar los trámites para solicitar a la Corte Suprema su extradición, ya que se encuentran fuera del país.

Fallo sobre amparo
El fallo que dejó sin efecto la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta fue pronunciado ayer luego que el abogado Sr. Luis Valentín Ferrada Valenzuela, presentó ante la Corte Suprema un recurso de amparo a favor de Miguel Trincado Araneda, general de Ejército en retiro, y por sí, Carlos George Max Langer Von Furstenberg, en contra los ministros de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en el que expone que los integrantes, quienes, conociendo de un recurso de apelación deducido por las defensas de otros tres encausados, en los autos seguidos ante la ministro en Visita del Segundo Juzgado del Crimen de Calama, Rosa María Pinto Egusquiza, en el Rol N° 28-2007, de oficio, procedieron a someter a proceso a los recurrentes ya indicados, como encubridor del delito reiterado de homicidio calificado y autor del mismo ilícito, respectivamente.
En otros considerandos se incluye que sucintamente, sostienen que dichas decisiones son arbitrarias, ya que no sólo carecerían de todo razonamiento sino que, fundamentalmente, porque los ministros recurridos no tendrían competencia ni jurisdicción, desde que sometieron a proceso a los amparados, no obstante existir otro tribunal a quien se encomendó el conocimiento de los mismos hechos.
Que con fecha cuatro de febrero de dos mil cinco se resolvió, en ese mismo ingreso Rol N° 2182-98, desglosar todos los antecedentes que digan relación con hallazgos de osamentas de la causa Rol N° 37.340-A-8, que se encuentra agregada al mismo proceso, la que fue remitida al Segundo Juzgado del Crimen de Calama, por corresponderle su conocimiento y resolución. Que según consta de los antecedentes agregados por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor Montiglio Rezzio, con fecha diez de mayo de dos mil cinco se le transcribió el acuerdo de Pleno de esta Excelentísima Corte Suprema celebrado el día seis del mismo mes y año, con el objeto de comunicarle que continúe la sustanciación de los procesos, hasta su conclusión definitiva, que se encontraban a cargo, en razón del fuero, del ex Ministro de ese tribunal don Juan Guzmán Tapia, referido entre otros, al capítulo conocido como Caravana de la Muerte, Episodio "A" Calama Rol N° 2182-98. Que tratándose del amparado Langer Von Furstenberg, éste figura procesado en los autos Rol N° 2182-98, en calidad de coautor de diversos homicidios calificados, perpetrados en el sector Topáter de la ciudad de Calama el diecinueve de octubre de 1973, decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha seis de julio de 2006, cargo que, ahora, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en relación a idénticos hechos, les hace efectivos en la decisión recurrida de amparo a que ya se hizo referencia. En tanto, el enjuiciado Trincado Araneda lo es sólo en la causa que se sigue en esta última ciudad, como encubridor del delito reiterado de homicidio calificado.

Otro considerando, el séptimo, agrega que lo anterior implica, en forma manifiesta, que el tribunal de alzada recurrido procedió ilegalmente a pronunciarse respecto a hechos que no guardan relación con la competencia entregada a la ministra en Visita del Segundo Juzgado del Crimen de Calama, Rosa María Pinto Egusquiza, quien sólo se aboca a la investigación de aspectos relacionados con exhumaciones ilegales ocurridas en esa Región; ya que la investigación de todo lo relativo a los delitos de secuestro y homicidios son sustanciados por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sr. Víctor Montiglio, en la causa Rol N° 2182-98 letra "A" Calama.
Tal proceder implicó para los amparados afectar el principio del non bis in idem, y la competencia de los tribunales establecidos en la ley, desde que los mismos hechos ya eran de conocimiento de otro tribunal, cuya competencia emanó de un acuerdo expreso de esta Corte; y que en el caso de Langer Von Furstenberg llegó al extremo de registrar dos autos de procesamiento respecto del mismo asunto, encontrándose en libertad bajo fianza en la causa que se sigue en esta ciudad, desde el veintitrés de marzo del año pasado, y contradictoriamente en prisión preventiva por la que se sigue en Antofagasta.

Sin efecto
Y de conformidad a lo que establecen los artículos 21 de la Constitución Política de la República y 540 del Código Orgánico de Tribunales, de oficio, se deja sin efecto el auto de procesamiento de treinta de agosto de dos mil siete, dictado también de oficio por la Corte de Apelaciones de Antofagasta
El fallo fue pronunciado por la Segunda Sala integrada por los ministros Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros y Hugo Dolmestch.

Según trascendió, detectives llegaron en horas de la tarde hasta el Hotel Militar, ubicado en Providencia, para tomar declaración al general (R) Carlos George Langer Von Furstenberg, ex agregado militar de Chile en Alemania.

Con el interrogatorio a tres generales (R) del Ejército continuaron ayer las diligencias en el caso Riggs que habían quedado suspendidas luego que las Corte de Apelaciones de Santiago ordenara al ministro Carlos Cerda, inhabilitarse temporalmente para conocer la causa, luego de acoger a tramitación la recusación presentada en su contra por la defensa de Óscar Aitken, ex albacea de Pinochet.

La ronda de entrevistas se reactivó con una resolución dictada por la actual subrogante del ministro Cerda, la jueza del 30º Juzgado Civil de Santiago, María Eugenia Campo, quien dio luz verde a la Fuerza de Tareas e Investigaciones Reservadas de la policía civil para realizar las pesquisas decretadas por el magistrado antes de abandonar el proceso.

Según trascendió, los detectives llegaron en horas de la tarde hasta el Hotel Militar, ubicado en Providencia para tomar declaración al general (R) Carlos George Langer Von Furstenberg, quien se desempeñó en la agregaduría militar de Chile en Alemania. 

Los efectivos policiales también interrogaron al general (R) Roberto Guillard Marinot, ex intendente de la Región Metropolitana, y al coronel (R) Sucre Elgueta Segura. 

Hasta el momento, la lógica que siguen estos interrogatorios es atar algunos cabos sueltos sobre los dineros que pasaron por las agregadurías europeas. También si Guillard pudo haber tenido conocimiento de otros gastos en los que incurrió el ex dictador.

 Documentos viajeros

En tanto, la ministra Campo informó ayer en una de sus resoluciones que llegó desde Venezuela la respuesta a un exhorto enviado por el anterior ministro Sergio Muñoz y que fue agregado al expediente.

Fuentes cercanas al proceso aseguraron que en esa carta rogatoria se pidieron antecedentes respecto de movimientos financieros efectuados en ese país por Jacqueline Pinochet Hiriart, hija del ex dictador. 

Asimismo, la magistrada dejó constancia de que la Fundación Pinochet se hizo parte en la causa. El acto procesal se produjo a raíz de que el tribunal solicitó, el pasado 15 de febrero al Banco Chile, una lista de movimientos financieros de tres cuentas pertenecientes a esta institución entre 1998 y 2004.

Se sospecha que parte de los activos que Pinochet tuvo en bancos extranjeros pudieron haber pasado por ese organismo con el fin de legalizarlos y así poder utilizarlos en las actividades que desarrollaban. 

Por esta razón es que la magistrada suplente busca determinar si en la cuenta Nº 164-03970-08, abierta en 1998 cuando Pinochet estaba detenido en Londres, hubo donaciones provenientes del mismo ex uniformado o de su entorno familiar.

Fuentes ligadas con el proceso revelaron que el banco pidió a la judicatura -a través de un oficio- precisar en qué calidad se encontraba la Fundación en la causa antes de entregar la información.

CEMA

En otra arista de la causa, el tribunal recibió el informe pericial de la biblioteca que el ex dictador ordenó construir en 1984 en su residencia de El Melocotón.

En el documento se concluye que, tras revisar los antecedentes recopilados en la investigación y las declaraciones prestadas por una arquitecta y uno de los administradores de la fundación CEMA Chile, el organismo intervino en la construcción de la biblioteca. 

Esto, porque la arquitecta Ruth Ballevona, quien trabajó para esa institución dirigida por la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart, colaboró en el diseño de los planos. CEMA también facilitó obreros -contratados para edificar las viviendas sociales que la Fundación entregaba en esa época a la gente de escasos recursos- con el objetivo de construir la mencionada biblioteca. 

Esta información está confirmada en la declaración del administrador Álvaro Romero, quien sostuvo que la Fundación CEMA Chile "se hizo cargo de la obra por medidas de seguridad, al tratarse de la casa del entonces Presidente de la República".

En el informe también se estableció que en la construcción de la biblioteca se gastaron cerca de 14 millones de pesos de la época, los que fueron cancelados a Romero por Lucía Hiriart, con un cheque del Banco de Chile "cuya cuenta corriente estaba a nombre de don Augusto Pinochet". LN

La Sexta Sala del tribunal de alzada de Santiago condenó en fallo de carácter unánime, a presidio perpetuo a Pedro Espinoza Bravo y Juan Viterbo Chiminelli, en calidad de autores de los 26 homicidios, entre ellos los que se encuentra el de Carlos Berger Guralnik, esposo de la diputada comunista Carmen Hertz.

La Corte de Apelaciones de Santiago, informa Cooperativa, condenó a ocho militares en retiro por su responsabilidad en 26 homicidios ocurridos durante el paso de la “Caravana de la Muerte” por Calama, el 19 de octubre del año 1973.

La Sexta Sala del tribunal de alzada de Santiago condenó en fallo de carácter unánime, a presidio perpetuo a Pedro Espinoza Bravo y Juan Viterbo Chiminelli, en calidad de autores de los 26 homicidios, entre ellos, el de Carlos Berger Guralnik, esposo de la diputada comunista Carmen Hertz.

En el caso de Carlos Langer von Furstenberg, Hernán Rómulo Núñez y Víctor Santander Véliz, fueron sentenciados a 15 años y un día como autores del delito reiterado de homicidio calificado, mientras que Óscar Figueroa Martínez tendrá que cumplir una sentencia de 16 años.

Adicionalmente, la Corte de Santiago estableció una pena de 12 años de presidio para Emilio de la Mahotiere González y Luis Felipe Polanco, en su calidad de cómplices de los 26 crímenes. Álvaro Romero Reyes, por su parte, fue absuelto.

En el ámbito civil, se ratificó la sentencia que condenó al Fisco a pagar indemnizaciones que oscilan entre los 10 y los 60 millones de pesos a los familiares de las víctimas asesinadas en dictadura.

La diputada Hertz recibirá 50 millones de pesos y su hijo, Germán Berger Hertz, 30 millones por el asesinato de Carlos Berger Guralnik

Un tribunal chileno condenó a ocho exmilitares por los diferentes grados de participación que tuvieron en la “caravana de la muerte” que en 1973, después del golpe de Estado que encabezó el dictador Augusto Pinochet, llevaron a cabo represores para trasladar a un centenar de presos políticos por diferentes localidades del país y asesinarlos.

La Corte de Apelaciones de Santiago concluyó con un fallo unánime el juicio en el que se investigaron 26 homicidios ocurridos el 19 de octubre de 1973 en la ciudad de Calama, ubicada a 1.500 kilómetros al norte de Santiago.

El tribunal sentenció a cadena perpetua a Pedro Espinoza Bravo y Juan Viterbo Chiminelli, mientras que Óscar Figueroa Martínez recibió una pena de 16 años; Carlos Langer von Furstenberg, Hernán Rómulo Núñez y Víctor Santander Véliz, de 15; y Emilio de la Mahotiere González y Luis Felipe Polanco, de 12. El único absuelto fue Álvaro Romero Reyes.

Entre las víctimas se encuentra Carlos Berger Guralnik, esposo de Carmen Hertz, actual diputada del Partido Comunista, quien celebró el fallo en redes sociales.

Los acusados ocuparon diferentes cargos en el Ejército durante la dictadura (1973-1990), y por sus crímenes el Estado deberá pagar indemnizaciones de entre 12.000 y 73.000 dólares a los familiares de los asesinados.

En su fallo, los jueces explicaron que analizaron el delito de homicidio calificado reiterado cometido “con alevosía y premeditación” el 19 de octubre de 1973.

“De acuerdo a los antecedentes que arroja la causa, es indesmentible que a todas las víctimas se dio muerte, mediante fusilamiento, en una misma oportunidad, en el sector de Topater de la ciudad de Calama”, señalaron en un escrito en el que también recordaron que los represores desaparecieron los restos de tres de las víctimas.

“Ello se debe exclusivamente a las ignominiosas acciones posteriores a quitarles la vida, con el fin de tratar de borrar todo vestigio de su existencia, a través de las exhumaciones de sus cuerpos, al menos en dos oportunidades, y, por último, al lanzar sus osamentas al mar, de manera que estas tres personas también fueron víctimas de homicidio”, precisaron.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho militares en retiro por su responsabilidad en 26 homicidios registrados durante el paso de la denominada “Caravana de la Muerte” por la ciudad de Calama, Región de Antofagasta, el 19 de octubre de 1973.

La Sexta Sala del tribunal de alzada capitalino condenó, en fallo unánime, a presidio perpetuo a Pedro Espinoza Bravo y Juan Viterbo Chiminelli, en calidad de autores de los 26 homicidios, entre ellos, el de Carlos Berger Guralnik, esposo de la diputada comunista Carmen Hertz

En tanto, Carlos Langer von Furstenberg, Hernán Rómulo Núñez y Víctor Santander Véliz fueron condenados a 15 años y un día como autores del delito reiterado de homicidio calificado, mientras que Óscar Figueroa Martínez deberá cumplir una sentencia de 16 años.

Rolando Hoyos fue uno de los 26 asesinados en Calama por la comitiva militar que lideraba Sergio Arellano Stark. (Foto: ATON)

Además, la Corte de Santiago impuso una pena de 12 años de presidio para Emilio de la Mahotiere González y Luis Felipe Polanco, en calidad de cómplices de los 26 asesinatos.

En tanto, Álvaro Romero Reyes fue absuelto.

En el aspecto civil se confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar indemnizaciones que van desde los 10 hasta los 60 millones de pesos a los familiares de las víctimas. 

La diputada Hertz recibirá 50 millones de pesos y su hijo, Germán Berger Hertz, 30 millones por el asesinato de Carlos Berger Guralnik.

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La parlamentaria del PC expresó sus descargos en redes sociales luego del fallo de la Corte Suprema que condenó a exagentes de la comitiva Caravana de la muerte por el asesinato de 26 prisioneros políticos en 1973, entre quienes se encontraba su esposo.

La abogada de Derechos Humanos y diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, publicó este viernes por la noche en su cuenta de Twitter su descargo por el tardío fallo de la Corte Suprema contra los exagentes del Ejército que asesinaron a su pareja, Carlos Berguer, en 1973.

«Finalmente después de 49 años de ejecutada la masacre de 26 prisioneros políticos, entre ellos mi esposo el abogado y periodista Carlos Berguer Guralnik, en Calama por la Caravana de la muerte, se dictó fallo definitivo de la Corte Suprema», escribió la parlamentaria para comenzar su hilo en redes sociales.

En este detalla que se condenó al general Pedro Espinoza Bravo y al coronel Juan Chiminelli Fullerton a presidio perpetuo en calidad de autores. «Únicos sobrevivientes de la comitiva criminal, los otros murieron en impunidad, entre ellos Arellano Stark«, denuncia Hertz.

Aparte de estos altos mandos, la justicia también falló en contra de los oficiales Carlos Langer, Hernán Nuñez y Víctor Santander, quienes fueron condenados 15 años y un día de presidio mayor por su participación en los hechos. Además, los pilotos del helicóptero puma que trasladó los exagentes hacia el lugar de la masacre, Emilio Mahotiere y Luis Felipe Polanco, recibieron una pena de 12 años de presidio mayor.

«Justicia tan tardía, es casi denegación de justicia», reflexionó la diputada Carmen Hertz en su último tuit, al que respondieron varios usuarios y compañeros de su partido, entre ellos el alcalde Daniel Jadue.