Labarca Sanhueza Carlos Hernán

El suboficial y comando Carlos Labarca Sanhueza mató en 1974 a su compañero José González Ulloa. Ambos eran instructores de la Escuela Nacional de Inteligencia de la DINA. Pero el Ejército puso en 1990 a González en la cuenta de sus “mártires” muertos en “enfrentamientos”, engañando a la Comisión Rettig. Sin embargo, no fue más que un crimen entre la elite de la guardia de Pinochet.

Labarca le destrozó la cabeza de un disparo. Hasta hoy no se sabe si lo que sucedió esa mañana del 20 de septiembre de 1974 fue una riña de comandos DINA borrachos, o Labarca mató a González por encargo del ‘Mamo’ Contreras o ‘Don Rodrigo’, chapa de Pedro Espinoza.

Víctima y victimario eran suboficiales de elite, instructores de la Escuela Nacional de Inteligencia que la DINA mantenía en el Cajón del Maipo. Ambos integraban desde noviembre de 1973 la “avanzada de seguridad” de Pinochet, junto a hombres como Armando Fernández Larios. Cometido el crimen, el ‘Mamo’ habló con Pinochet y decidieron sacar a Labarca a Argentina. “Sumariado”, según dijo Espinoza al juez Alejandro Solís hace un par de meses. El “sumario” de Labarca fue extraño. El 30 de octubre de 1974, Carlos Hernán Labarca Sanhueza llegó a Buenos Aires cobrando 480 dólares al mes. Miembro de la suboficialidad más preparada, fiel e incondicional a los crímenes de la dictadura, Labarca era malo como el solo.

El “sumario” fue para ayudar a armar la oficina de la DINA al interior de la embajada de Chile en esa ciudad. La pantalla de ‘Alberto Zúñiga González’, su chapa, fue aparecer como “guardaespalda” del agregado militar en Buenos Aires, coronel Joaquín Ramírez Pineda. El mismo que, siendo comandante del regimiento Tacna, ordenó, por orden superior, los crímenes de los detenidos en el Palacio de La Moneda el día del golpe militar.

Semanas después, llegó a Buenos Aires “Don Vicente”, chapa del coronel Víctor Barría Barría, que fue el jefe de Labarca para esa misión en Argentina.

El Ejército puso el crimen a la cuenta de sus “víctimas del extremismo”, y así se lo presentó a la Comisión Rettig en 1990. Y ésta lo creyó sin investigar más allá. Por eso José Nelso (sic) González Ulloa, aparece en ese informe como víctima de quienes “actuaron por motivos políticos”. “Falleció el 20 de septiembre de 1974 en un enfrentamiento con grupos armados desconocidos al interior del Cajón del Maipo” que “presumiblemente actuaban por motivos políticos”, dijo la Comisión Rettig. Y agregó que ésta “se formó la convicción de que la muerte de la víctima fue una violación de los derechos humanos”.

La familia

La familia de ‘Necho’, como le decían, quedó impactada en San Fernando cuando le avisamos lo descubierto. Fue una conversación difícil con su hermana Josefina. No creyó al principio. “Pero si el Ejército nos trajo el cuerpo y nos dijo que lo habían matado los extremistas”, dijo sollozando. “¡No señor, eso no es cierto, cómo nos viene a decir eso 30 años después, cuando todavía llevamos el dolor de la muerte de ‘Necho’, que Dios lo tenga en su santo reino”.

Poco a poco se fue abriendo para preguntar por el nombre del asesino, porque así se lo describió Pedro Espinoza al juez Solís: “fue un asesinato”. Se lo entregamos. “Esto nos derrumba todo señor, pero a lo mejor ‘Nechito’ también habría terminado hoy día en la cárcel”, dijo la hermana. Pero los seis hermanos tienen miedo de que, si se conoce la verdad, “el Ejército nos quite la pensión que recibimos por él. Por eso no vamos a hacer nada. Nos vamos a quedar con este dolor inmenso”.

“Todo esto pone en entredicho los casos presentados al Informe Rettig por el Ejército. Aquí se pretendió hacer creer que hubo un enfrentamiento, cuando esta persona fue ejecutada por sus propios compañeros”, sostiene el abogado de la familia Prats-Cuthbert, Hernán Quezada, para quien “este caso debe ser investigado”.

De acuerdo al acta de defunción, la muerte ocurrió a las 07.30 horas del viernes 20 de septiembre de 1974. La causa, muy escueta, “hemorragia subcranoidea”. Como lugar de sepultación aparece “Cementerio General”. Pero ‘Necho’ está enterrado en la calle Los Boldos del Cementerio de San Fernando. Todo se hizo en sigilo. La documentación de la Comisión Rettig consigna que la prensa no registra antecedentes de su muerte, a pesar de ser un “mártir del extremismo”. La defunción, como los datos de la muerte, fueron escritos por el médico Werner Zanghelini Martínez. Como lugar de defunción aparece “Santiago, Carrera 214”. Ese era uno de los locales del MAPU del cual se apropió el Ejército.

La Comisión Rettig no recibió el protocolo de autopsia cuando en su momento lo pidió al Servicio Médico Legal. No hubo autopsia.

En ese servicio respondieron a LND que “esa persona no registra ingreso ni autopsia”. Zanghelini era de los mismos, un agente de la DINA que entonces se desempañaba en la clínica Santa Lucía de ese servicio de inteligencia. Integró la Brigada de Sanidad y hoy trabaja como cardiólogo en la calle Galvarino Gallardo 1983, en Providencia. Ahí fue “funado” hace un tiempo por la Comisión Funa.

Un perro grande

Un día antes del 11 de septiembre de 1973, Labarca se graduó como “comando” en la Escuela de Paracaidistas, teniendo como su jefe directo al teniente Emilio Timmermann Undurraga. Hoy general retirado, Timmermann será probablemente uno de los próximos procesados en la investigación por el crimen del ex químico de la DINA Eugenio Berríos.

El currículum de Labarca no es menor: instructor militar de montaña, tenía el curso de paracaidista, el curso de guerra especial, el de asalto, el de guía, y el de explosivos y municiones. También era instructor de la Escuela Nacional de Inteligencia de la DINA y había aprobado el curso de comando. Como tal, era profesor de oficiales que le tenían aprecio por sus capacidades. O sea, no era para cruzarse con él por la calle mirándolo feo.

El día del golpe militar Labarca fue destinado con una unidad de la Escuela de Paracaidistas como “reserva estratégica del comandante en jefe del Ejército”. Pocos días después, integró al mando del coronel Alejandro Medina un destacamento de comandos paracaidistas que viajó a Neltume, cordillera de la X Región, en una “operación guerrilla”, como el mismo la define.

En ese destacamento también viajó el instructor de la DINA Cristián Labbé Galilea, hoy coronel retirado y alcalde de Providencia. El 18 de septiembre de 1973 Labarca participó en esa zona en la detención del mítico ‘comandante Pepe’, ejecutado el 3 de octubre de ese año en Valdivia por la Caravana de la Muerte.

En palabras de Labarca, en la zona estuvieron unos 25 días. Por lo tanto el 10 de octubre de ese año el destacamento todavía estaba ahí. Por eso el juez Alejandro Solís investiga en calidad de inculpados a Medina Lois, a Labbé y todos quienes integraron ese grupo, por los asesinatos de 15 campesinos del Complejo Maderero Panguipulle en la localidad de Liquiñe. Sus cuerpos fueron lanzados al río Toltén esa misma noche, desapareciendo para siempre.

La “avanzada de seguridad” de Pinochet la integró Labarca a partir de noviembre de 1973 junto a sus compañeros Jorge Vial, Carlos Pinolevi Rocha, Reginaldo Valdés Alarcón y ‘González’, según el mismo Labarca.

Tal era la importancia que la DINA le asignó a este grupo selecto de suboficiales, que les arrendó un departamento en la remodelación San Borja frente al edificio de la Unctad, llamado Diego Portales después del golpe.

Arribado a Buenos Aires a cumplir el “castigo del sumario”, Labarca se codeó con la flor y nata de los oficiales y suboficiales, agentes del Departamento Exterior de la DINA, que preparaban los atentados a Bernardo Leighton y Orlando Letelier, y echaban las bases de la Operación Colombo, parte de la Operación Cóndor, por la cual pretendían hacer creer que 119 militantes del MIR que permanecían presos en Chile o que ya habían sido asesinados, habían salido a Argentina siendo ejecutados por sus propios compañeros exiliados por “traidores”. Un mes antes de la llegada de Labarca a Buenos Aires, la DINA asesinó al general Carlos Prats y a su esposa.

Buenos Aires era en 1974 un hervidero de agentes para operar en el extranjero. Fue Labarca quien en 1975 envió a Chile al ‘Yiyo’ Raúl Iturriaga Neumann, jefe del Departamento Exterior en Santiago con el apodo de ‘Luis Gutiérrez’, el sobre con las 119 cédulas de identidad de los chilenos que serían presentados como las víctimas de sus propios compañeros en la Operación Colombo.

El 10 de abril de 1976 Labarca volvió a Santiago adscrito al Departamento Exterior de la DINA. Tal era su reputación, que la Brigada Mulchén, autora entre otros asesinatos del crimen de Carmelo Soria, se lo quiso llevar a sus filas. Pero “Luis Gutiérrez” no lo soltó.

Disuelta la DINA, Labarca pasó a la CNI. “Ahí todos los puestos claves los tenían los comandos del Ejército”, dijo al Departamento Quinto, y continuó tirándose flores. “El acceso a lo que tuve yo no lo tuvo nadie que no fuera un comando”, manifestó a sus interrogadores, comentando sus amistades con el ‘Yiyo’ Iturriaga y contando que el hombre de los “corvos afilados” que también dirigió el trabajo exterior de la DINA y comandó la Escuela de Paracaidistas, José Zara Holger, “era bueno para el trago”.

De cuántos balazos mató Labarca a González no se sabe, pero Pedro Espinoza se acordaba muy bien de los detalles y las fechas del crimen frente al juez Solís.

Labarca es uno de los muchos suboficiales comandos de elite que hasta ahora pasan piola. Nunca ha sido procesado. Pero esta vez la espada le podría caer encima

El ministro Jorge Zepeda dictó acusación en el caso por el secuestro del ex funcionario de Cobrechuqui, David Silberman, causa que se acerca ahora a la etapa de sentencia y en que hasta el momento se mantienen los cargos contra los cuatro procesados.

El magistrado estimó que el ex director de la DINA Manuel Contreras y el brigadier (r) Marcelo Moren Brito son responsables en calidad de autores del secuestro de Silberman, mientras que mantuvo la tipificación de cómplices en el mismo ilícito que compromete a Marcos Derpich Miranda y Carlos Labarca Sanhueza.

El 4 de octubre de 1974 miembros de la DINA sacaron a Silbermann de la Penitenciaría en donde permanecía recluido tras ser sometido a Consejo de Guerra en Calama. De acuerdo a testigos el supervisor de la actual Codelco fue visto en cuarteles de la DINA como José Domingo Cañas y Cuatro Alamos.

Las partes ahora podrán adscribir o rechazar la acusación y una vez que el ministro recabe todos los antecedentes comenzará la fase final que incluye la dictación de las sentencia de primera instancia.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de David Silberman Gurovich, ocurrido a partir del 4 de octubre de 1974, en Santiago.

En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala Penal ratificaron el fallo en el aspecto penal que había establecido las siguientes sanciones: Manuel Contreras Sepúlveda: 7 años de presidio efectivo; Marcelo Moren Brito: 7 años de presidio efectivo; Carlos Labarca Sanhueza: absuelto por falta de participación; y Marcos Derpich Miranda: absuelto por falta de participación.

En el aspecto civil, los magistrados acogieron el recurso de casación planteado por el Consejo de Defensa del Estado y acogieron la excepción de incompetencia absoluta del tribunal determinando eliminar el pago de una indemnización total de  $1.040.000.000 a la viuda, tres hijos y dos hermanos de la víctima.

El caso

David Silberman Gurovich fue un ingeniero civil casado y Gerente General de Cobre Chuqui hasta el 11 de septiembre de 1973. Militante del Partido Comunista, se presentó voluntariamente el 15 de septiembre de 1973 ante el Comandante Militar de Calama quedando detenido y sometido a proceso por un Tribunal Militar de Tiempo de Guerra.

El 28 de septiembre de ese año el Consejo de Guerra dictó sentencia condenándole a la pena de 10 años de prisión por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado y a 3 años por Ley de Control de Armas, debiendo cumplir su condena en Santiago, por haber sido requerido desde aquí por bando. Alrededor del 2 de octubre fue recluido en la Penitenciaría de esta ciudad.

El día 4 de octubre del mismo año, es sacado de la Penitenciaría y llevado a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea permaneciendo en dicho recinto hasta el 20 de octubre, día en que fue devuelto a la Penitenciaría de Santiago.

Silberman, permaneció en este lugar hasta el 4 de octubre de 1973. En esta fecha, fue sacado del recinto carcelario por agentes de la DINA que falsificaron documentos del Ejército a fin de engañar a Gendarmería y lograr la entrega del detenido. Una vez fuera del recinto, David Silberman fue trasladado a la casa que ese organismo de seguridad mantenía en José Domingo Cañas.

De allí, el 5 de octubre fue llevado a 4 Alamos, para ser luego, el 6 ó 7 de ese mes, nuevamente conducido a José Domingo Cañas, en cuyas dependencias permanece hasta mediados del mismo mes en que es trasladado a 4 Alamos, desde donde desaparece a fines de octubre o primeros días del mes de noviembre.

En abril de 1975 apareció en un sótano de Buenos Aires el cuerpo de un hombre destruido por una explosión con un cartel que decía “dado de baja por el MIR”.  Se dijo que era David Silberman, sin embargo se comprobó que no era Silberman, sino los primeros pasos de una campaña de desinformación que marcaría el inicio de la denominada "Operación Colombo". El cuerpo del militante comunista continúa desaparecido.

La autopsia realizada a los restos del ex ministro de Allende confirmó que éste pudo haber sido asesinado.

La versión difundida por la dictadura en 1974 señalaba que el político se suicidó.

El resultado de la autopsia de los restos de José Tohá, el ex ministro del Presidente Salvador Allende, revelado el  viernes de la semana pasada, confirmó científicamente lo que la investigación judicial presumía: que el político no se suicidó -como dijo la dictadura en 1974- sino que pudo haber sido estrangulado.

Conocido el dictamen pericial practicado por expertos del Servicio Médico Legal (SML), salta a la vista la categórica declaración formulada a la Agencia Efe en 2009 por el ex médico forense de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, Alfonso Chelén: "A José Tohá lo estrangularon".

El criminalista, que en marzo de 1974 prestaba servicios en la Policía de Investigaciones, fue el primero en entrar a la habitación 303 del Hospital Militar de Santiago el 15 de marzo de 1974. Allí encontró el cadáver del ex ministro de Interior y Defensa del Gobierno de Allende, colgado dentro de un armario, pero con los pies extrañamente apoyados en el suelo y las piernas flexionadas.

Tohá medía 1,90 metros de estatura. El cinturón que ataba el cuello a un hierro que atravesaba la parte superior del armario tenía un nudo que el doctor Chelén deshizo fácilmente y que no habría soportado el peso de un cuerpo colgando.

Todas las investigaciones que el criminalista realizó ese día en la habitación, así como las fotografías tomadas al cuerpo y el sitio del suceso desaparecieron rápidamente.

El general Ernesto Baeza, quien en 1974 dirigía la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, intentó que Alfonso Chelén firmara un informe que no había redactado. El documento sostenía justamente la tesis contraria a la que él había establecido: la muerte de José Tohá se debió a suicidio por ahorcamiento. La negativa le costó a Chelén la expulsión de la institución.

Lentamente llega la verdad

El expediente por la muerte de Tohá que entonces abrió el fiscal militar Rolando Melo Silva desapareció pronto misteriosamente. En el actual proceso que instruye el juez Jorge Zepeda, Melo Silva declaró no recordar "nada de lo que hice entonces, porque tengo lagunas mentales".

Agregó que "muy pronto" cerró la investigación, "de acuerdo" con el comandante en jefe del Ejército, el general Augusto Pinochet Ugarte.

La ficha clínica de Tohá desapareció del Hospital Militar, junto con el expediente de la justicia militar. A cargo de la subdirección ejecutiva de ese hospital estaba en 1974 el mayor de Ejército y médico Patricio Silva Garín, que había sido subsecretario de Salud del Presidente Eduardo Frei Montalva y actualmente está procesado como coautor del magnicidio por envenenamiento del ex Mandatario DC, quien falleció en 1982, cuando estaba internado en la Clínica Santa María.

En definitiva, y como lo ha sostenido reiteradamente la viuda del ex ministro, Moy de Tohá, y su hija, la presidenta del PPD Carolina Tohá, "lentamente está llegando la verdad".

Los principales sospechosos

El informe de las investigaciones practicadas a los restos de Tohá exhumados del Cementerio General de Santiago sostiene que los huesos del cuello no presentan las señas que necesariamente provoca un ahorcamiento, por lo que "pudo haber intervención de terceros" en su muerte.

Con estos antecedentes, en el proceso existe la fundada presunción de que el cuerpo de Tohá fue "puesto" dentro del armario cuando ya había muerto. En todo caso, aún falta conocer el resultado de un segundo informe pericial de la Universidad de Chile.

Ahora el juez deberá llegar a establecer quién o quiénes tuvieron intervención en la muerte provocada a José Tohá.

Quienes hasta ahora aparecen en la investigación como principales sospechosos son el general Raúl Iturriaga Neumann, el coronel Marcelo Moren Brito, el brigadier Miguel Krassnoff Martchenko y el suboficial Carlos Labarca Sanhueza. Todos ellos pertenecieron a la DINA y los tres primeros se encuentran cumpliendo condena por otros crímenes de lesa humanidad.

Según relató a Efe un alto cargo de la Policía de Investigaciones ya retirado, uno de los cuatro mencionados le habría confesado que la muerte de Tohá se habría decidido en una reunión entre los que habrían participado Iturriaga y el brigadier Pedro Espinoza, ex segundo hombre de la DINA, detrás de Manuel Contreras.

Según este funcionario, en el crimen habrían participado directamente Iturriaga, Moren o Krassnoff y Labarca Sanhueza.

La CIA entrenó a la DINA en la casa de “Volpone”

Antecedente surgió de declaración prestada por Pedro Espinoza en el proceso por el cual los jerarcas de la DINA y Colonia Dignidad fueron condenados a cuatro años de presidio por asociación ilícita. Así, se  confirma que oficiales de la CIA estuvieron varios meses entrenando a sus pares chilenos tras el golpe de Estado.

Quien fuera el segundo hombre de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Pedro Espinoza, aseveró que luego del golpe de Estado la Central de Inteligencia estadounidense (CIA) entrenó a agentes chilenos, lo que efectuó en un lugar emblemático: en la Escuela de Inteligencia que la DINA montó en “Casa de Piedra”, la que fuera la mansión que en la precordillera poseía el mítico Dario Saint-Marie, más conocido como “Volpone”, amigo personal de Salvador Allende y dueño del diario El Clarín.

Hasta antes de las declaraciones de Espinoza, que se recogen en la condena de cuatro años de presidio por asociación ilícita dictada ayer por el juez especial Jorge Zepeda en contra de los máximos jerarcas de la DINA y Colonia Dignidad, sólo existían algunos dichos de Manuel Contreras en este sentido, quien en una entrevista con la periodista Nancy Guzmán, afirmó que entre julio y agosto de 1974 ocho oficiales de la CIA habían entrenado a su gente, sin entregar mayores precisiones.

Sin embargo, hoy se conocen nuevos e insólitos detalles al respecto, como el hecho de que el lugar que la DINA escogió para dichos efectos estuviera revestido de un gran simbolismo para la izquierda chilena, tal como lo ilustró un reportaje de Jorge Escalante al respecto: “desde antes del golpe militar de 1973, Darío Saint-Marie Soruco, ‘Volpone’, es un buen amigo de Salvador Allende. Saint-Marie es el dueño del Consorcio Publicitario y Periodístico S.A. y de la Empresa Periodística El Clarín. Clarín es el diario que más ejemplares llegó a vender cada día en la historia del periodismo chileno. Sobre 300 mil. Ácido. Punzante. Irreverente. Lengua de serpiente. Inclinado hacia el crimen, historias policiales, amores escandalosos, de corte popular. Con el triunfo de Allende en 1970, se vuelca a un diario político que sustenta al gobierno de la Unidad Popular”.

La orden de Pinochet

En sus declaraciones ante Zepeda, Espinoza (condenado, entre otros crímenes, por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier) relató que en mayo de 1974 se desempeñaba como jefe de seguridad de la Junta Militar cuando Pinochet lo llamó y  “le ordena dirigirse donde el coronel Manuel Contreras y este le comunica que necesitaba su ayuda para organizar una escuela de inteligencia, también le señala que disponían de una casa en el sector del Cajón del Maipo, más arriba de San José”.

Se trataba de “Casa de Piedra”, lugar que, como lo expuso un reportaje de Ciperchile publicado el 2007, no sólo fue utilizado con fines de entrenamiento, sino también como uno más de los recintos secretos de tortura de que dispuso la DINA, un sitio que, además, siempre estuvo en el ojo de los organismos de seguridad, al punto que el ex cabo de Ejército Carlos Labarca Sanhueza relató al juez Zepeda que dicha vivienda fue allanada al día siguiente del golpe, operación en la cual él participó.

El documento judicial explica que a fines de 1974 Labarca llegó por segunda vez a “Casa de Piedra”, a esas alturas ya convertida en la Escuela de Inteligencia, y al mando del teniente Armando Fernández Larios y del entonces mayor Pedro Espinoza Bravo.

Labarca no se guardó mucho ante el juez. Confidenció que “en la implementación de la citada escuela tuvieron una destacada participación colonos de la llamada Colonia Dignidad, quienes instalaron una antena de transmisión y equipos de radio, de alta frecuencia, muy adelantados para la época, pues se comunicaban directamente y sin problemas a Parral y otras ciudades. Este equipo era operado desde Santiago por Fernández Larios y Pedro Espinoza, quienes se comunicaban, en clave, diariamente con los colonos. Cuando los colonos venían a Santiago, concurrían a ‘Casa de Piedra’ y ellos probaban los equipos y se comunicaban a Parral o a la casa que tenían cerca del Estadio Nacional”, aludiendo a la casona que los germanos poseían en Ñuñoa.

Labarca dijo haber visto allí a Paul Schäfer y otros alemanes, y también confesó haber participado en un curso de inteligencia ofrecido a la DINA por estos, el cual se realizó en Parral. Al respecto, dijo al tribunal que “no recuerda bien la fecha en que, de la agrupación de Casa de Piedra, unas seis a siete personas visitaron Colonia Dignidad, en grupos de dos o tres, por el lapso de una semana, aproximadamente, acompañándolos Fernández Larios. En dicho lugar participó en un curso de nociones de explosivos dictado por el mismo colono gordo llamado ‘Mauk’ (Gerhard Mücke), junto a otros colonos más jóvenes. Les exhibían películas, fotos y documentos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, donde se podía apreciar las destrucciones de tanques, puentes, etc., además de las actuaciones de los servicios de inteligencia alemanes” (Mücke es uno de los condenados por Zepeda, junto a Kurt Schnellenkamp, junto a Karl Van Den Berg, Gerd Seewald, Espinoza, Manuel Contreras y Fernando Gómez Segovia, jefe de la DINA en Parral).

De lo que Labarca no se olvidó, sin embargo, es de la impresión que le causó el lugar. El fallo cuenta que el militar “quedó demasiado sorprendido, al igual que sus compañeros, por el nivel de avance de Colonia Dignidad a esa época. Tenían tecnología que ellos no conocían, potentes equipos de comunicación, citófonos en todas las habitaciones, equipos de cámaras y videos, las puertas totalmente automatizadas se abrían y cerraban solas. Tenía la impresión que eran constantemente vigilados, pues siempre estaban en las habitaciones que les habían asignado”.

La versión de Espinoza

No obstante, Pedro Espinoza relativizó todo lo anterior. El ex jerarca de la policía secreta especificó que él recién llegó hacia julio de 1974 a la Escuela de Inteligencia de “Casa de Piedra”, donde –según él- solo estuvo un año, asegurando además que la colonia no tenía nada que ver allí, a diferencia de lo planteado por Labarca.

Espinoza argumentó ante el ministro Zepeda que su conocimiento de la colonia partió en 1968, cuando se desempeñó en el Regimiento de Artillería de Linares, aseverando que en 1975, mientras estaba en el santuario de San Sebastián (en Yumbel) su padre se sintió mal, por lo que optó por llevarlo al hospital de “Villa Baviera”, ocasión en la cual supo que en ella se encontraba el teniente Fernando Laureani, de la Agrupación “Vampiro” de la DINA, quien le manifestó “que había llegado allí con un detenido que había trasladado desde Concepción”. Pero claro, Espinoza estaba de descanso, así es que “como él se encontraba de vacaciones, no indagó más en ese asunto”.

Los amigos de la colonia

En todo caso, Espinoza sabía bastante de la colonia como para ser un simple visitante. Dijo al juez Zepeda que hasta ese recinto “concurría el señor Guzmán (Jaime), la ex Ministra de Justicia, doña Mónica Madariaga, acompañada de su subsecretaria” y que “también concurrió en una oportunidad a una recepción que se hizo en la casa que tenían los colonos en la calle Campos de Deportes, donde asistió la señora Lucía Hiriart de Pinochet, una hija de esta, el coronel Contreras, la señora Mónica Madariaga y otras personalidades”.

Pero de las actividades de inteligencia de los alemanes, nada, aseguró Espinoza al juez. En relación a los dichos de Labarca, explicó que los acólitos de Schäfer solo habían ido una vez a la casa de “Volpone” para reparar los equipos de radio, “pues ellos tenían bastante conocimiento al respecto”, aunque agregó un antecedente que contradice sus dichos anteriores en orden a que los germanos nada tenían que ver con la represión, al decir que “tomó conocimiento que en cierta oportunidad, aproximadamente, agosto de 1974, los alemanes habían detenido a una persona en la calle, junto con Armando Fernández Larios, según el propio relato de este, y trasladaron al detenido a la colonia. Esa fue la única actividad que conoció entre Fernández Larios y los alemanes”.

Pese a ello, Espinoza insistió majaderamente en su declaración en “que no tuvo contacto con alemanes, tampoco se mantuvo a personas de esa u otra nacionalidad dictando cursos a los alumnos de la Escuela”, pero ahí incurre en una segunda contradicción, pues a renglón seguido afirmó ante el ministro en visita que “en los meses de julio o agosto de 1974, hubo personal de la CIA que hizo cursos de instrucción en la Escuela de Inteligencia de San José de Maipo”.

Inteligencia extranjera

De este modo, se confirma que luego del golpe de Estado la CIA seguía prestando cooperación directa a la DINA en un recinto en el cual, de un modo u otro, estaba presente la Colonia Dignidad, lo que es coherente con antecedentes previos sobre operaciones de inteligencia en las cuales coincidían agentes norteamericanos, alemanes y chilenos.

Eso sucedió, por ejemplo, en el caso de Charles Horman y Frank Teruggi, norteamericanos detenidos y asesinados en Chile tras el golpe. El segundo de ellos, como lo prueban documentos del FBI, comenzó a ser vigilando en Chile en 1972 luego que, desde Alemania, se entregara a la inteligencia estadounidense la dirección en que vivía en Santiago, en medio de una operación conjunta entre el FBI y la CIA que se llamaba “Caos” y que estaba destinada a vigilar a estadounidenses “izquierdistas” en un listado de 20 países, entre ellos Chile.

Tras la desaparición de Horman, en tanto, y ya en plena dictadura, existe constancia (en una de las fichas de inteligencia de Colonia Dignidad) de que oficiales estadounidenses, no se especifica de qué agencia, visitaron ese enclave junto a un oficial de la Armada chilena, implicado en el caso Horman.

Además de la CIA, hay antecedentes respecto de un entrenamiento que el Mossad israelí habría efectuado a suboficiales de la DINA, que está relatado en el libro “Mossad”, escrito por el ex agente de dicho organismo, Víctor Ostrovsky.

Este sábado la mítica Comisión FUNA -organización que se ocupa de denunciar públicamente a quienes gozan de impunidad tras haber participado de las atrocidades de la dictadura cívico militar- realizó su primera acción del año. Esta vez fue el turno del suboficial del Ejército, Carlos Hernán Labarca Sanhueza, sindicado como ex agente de los aparatos represores del régimen DINA y CNI, y a quien se le acusa de haber integrado la Caravana de la Muerte y de participar en la matanza de 15 campesinos del complejo maderero Panguipulli, entre otros crímenes.

Hasta su hogar en Peñalolén llegó un gran número de miembros de la Comisión, quienes con altoparlantes y una comparsa se encargaron de poner al tanto a los vecinos del sector de que entre ellos se encontraba este ex agente de los temidos aparatos represores del régimen de Augusto Pinochet.

Como suele ocurrir, la funa fue posteriormente difundida a través de redes sociales, principalmente en el fan page que la Comisión tiene para ello. Sin embargo, la información e imágenes solo estuvieron disponibles hasta este domingo, pues durante esta jornada la cuenta fue bajada de la popular red social.

Al ingresar el nombre que la agrupación mantenía en Facebook -Comisión FUNA 2019- este simplemente ya no arroja ningún resultado.

Desde fines del 73 operaba en Buenos Aires un nutrido contingente de agentes y colaboradores de la DINA que tenían su centro de operaciones en la embajada chilena, las oficinas de la entonces línea aérea nacional, Lan Chile y del Banco del Estado, o los cafés de la capital argentina. Ellos se relacionaban con el SIDE, la Triple A o la Policía Federal.

Carlos Hernán Labarca Sanhueza, uno de los hombres del organismo de seguridad chileno, contó posteriormente que llegó a dicha ciudad en 1974 para desempeñarse como agente dentro de la embajada chilena y que trabajó en dependencia directa con el coronel Víctor Barría Barría, alias Vicente, quien para todos los efectos era el jefe de la DINA en Id Argentina, aunque su verdadero cargo fuera el de agregado civil en la representación chilena. "liste oficial, decía una comunicación entre los agentes en noviembre de 1974, se encargará de los contactos oficiales con la embajada y servicios de Inteligencia.

Particularmente el intercambio de funcionarios en ese sentido ya que aquí se encuentra trabajando un miembro del S1DE en la embajada argentina en contacto con nosotros". Paladino y Contreras estaban debidamente representados en ambas misiones diplomáticas. La barca, dentro de los trabajos que desempeñó a su llegada, se encargó de llevar periódicamente un sobre y cierta cantidad de dinero, entre 150 y 200 dólares, al dom icilio de Enrique Lautaro Arancibia Clavel, jefe de información clandestino de la DIN A en Buenos Aires, que también se hacía llamar Luis Felipe Arizm endi o Luis Felipe Alemparte Díaz.

Este último, incluso, recibió instrucciones de no encontrarse en público con el coronel Barría. "Tus relaciones con él, señalaba el memo número 3 proveniente de Santiago, deben ser totalmente encubiertas. No te debes quemar. Debes seguir trabajando en la misma forma en que lo has hecho hasta ahora…"

El juez Alejandro Madrid acogió la petición de la familia del asesinado diplomático español Carmelo Soria, para interrogar a un ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que en la década pasada vinculó con el crimen al general Eduardo Aldunate, quien actualmente se desempeña como segundo comandante de la misión de Naciones Unidas (ONU) en Haití.

En una declaración judicial de 1993, el suboficial en retiro del Ejército Carlos Labarca Sanhueza señaló que Aldunate fue parte de la denominada "Brigada Mulchén" de la DINA, unidad responsable -según la familia Soria- de la muerte del ciudadano extranjero, en julio de 1976.

Además, Madrid solicitará al Ministerio de Defensa la hoja de vida de Aldunate, donde el Gobierno ha reconocido que consta su paso, entre marzo y octubre de 1978, por la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo represivo que sustituyó a la DINA.

Defensa afirmó, sin embargo, que el general sólo realizó un curso en dicha unidad.

El abogado querellante, Alfonso Insunza, anticipó que luego de Labarca, pedirá que declare el propio oficial, porque la CNI fue "una organización criminal, así lo dijo el Informe Rettig, y por tanto un integrante de una organización criminal no puede estar en misión de paz en Naciones Unidas". 

El ex agente de la DINA y miembro de la elite de comandos del Ejército que resguardó al ex dictador Augusto Pinochet, suboficial (R) Carlos Labarca Sanhueza, declaró en 1993 que el general chileno y actual segundo comandante de la Fuerza Multinacional de Naciones Unidas en Haití, Eduardo Aldunate Hermann, fue miembro de la Brigada Mulchén de la DINA.

El abogado de derechos humanos, Alfonso Insunza dijo a La Nación que pedirá al ministro Alejandro Madrid, el juez que instruye el proceso por el crimen del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, que cite a declarar al ex agente Labarca, para que aclare por qué mencionó al general Aldunate Hermann como integrante de la Brigada Mulchén. El ministro Madrid investiga además la extraña muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y el asesinato del diplomático chileno-español Carmelo Soria.

En una extensa declaración procesal en poder de La Nación, Labarca, miembro del departamento exterior DINA, dijo respecto a la Brigada Mulchen que siempre tuve contacto con la Brigada Mulchén y sacaba de cajón los operativos que hacían (…) Yo sé lo que digo por haber sido instructor (comando) de algunos oficiales. (…) Las otras personas que operan, no sé chapas, hay un Aldunate Hermann de la Mulchén, era locazo, trabajaba con Pablo Belmar. Eduardo Aldunate Hermann era teniente.

De la Brigada Mulchén dependía la agrupación Quetropillán, que integró el agente Michael Townley. La Mulchén tuvo directo contacto con las operaciones que se tramaron en la casa que la DINA compró para Townley en Lo Curro, donde entre otras actividades se fabricó el gas sarín.

Entre los crímenes atribuidos a la Mulchén están el del diplomático chileno-español Carmelo Soria (1976), y el del Conservador de Bienes Raíces Renato León.

El ex agente Labarca Sanhueza hizo los cursos de comando, paracaidista, guerra especial, asalto, guía, explosivos y municiones, y fue instructor en la Escuela Nacional de Inteligencia de la DINA.

Según su currículo, el general Aldunate hizo, entre otros, el curso de comando (1976), paracaidista (1977) y el básico y avanzado de inteligencia (1979-1983).

El general (r) y ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras, fue condenado a 7 años de presidio efectivo por el el secuestro calificado de David Silberman Gurovich, ocurrido a partir del 4 de octubre de 1974, en Santiago.

En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlo Künsemüller, ratificaron, además, el fallo en el aspecto penal para Marcelo Moren Brito, también condenado a 7 años de presidio efectivo, mientras que Carlos Labarca Sanhueza y Marcos Derpich Miranda, fueron absueltos por falta de participación.

La decisión se adoptó con la opinión contraria de los ministros Segura y Ballesteros, quienes estuvieron por acoger la figura de la prescripción penal y absolver a todos los sentenciados.

En el aspecto civil, los magistrados acogieron el recurso de casación planteado por el Consejo de Defensa del Estado y acogieron la excepción de incompetencia absoluta del tribunal determinando eliminar el pago de una indemnización total de $1.040.000.000 a la viuda, tres hijos y dos hermanos de la víctima.

En primera instancia, el ministro Jorge Zepeda Arancibia había establecido el pago de $ 250.000.000 para María Abarzúa Rojo, Yael Silberman Abarzúa, Daniel Silberman Abarzúa y Claudio Silberman Abarzúa; viuda e hijos de la víctima, y $ 20.000.000 para Judith Silberman Gurovich y Mario Silberman Gurovich, hermanos del secuestrado.

La decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Künsemüller, que estuvieron por ordenar el pago de los montos antes señalados.

La declaración del embajador de Chile en Panamá Alberto Labbé por el caso “operación Cóndor” no deja de generar polémica.

Finalmente la jueza Raquel Lermanda interrogó al embajador Labbé en calidad de “testigo” y no como “inculpado”, lo que generó la molestia de los abogados querellantes en el proceso.

Por eso, advirtieron que solicitarán que la indagatoria se repita para que declare como “inculpado” porque afirmaron que las declaraciones que prestó el martes pasado “fueron muy inconsistentes respecto de los múltiples antecedentes que existen en la causa”.

El abogado Boris Paredes expresó que de las declaraciones de Labbé pueden derivarse muchas diligencias.

Para una nueva declaración de Alberto Labbé, que los abogados esperan que la jueza así lo resuelva, esta vez como “inculpado”, la parte querellante señaló que ahora presentarán a la magistrada una minuta de preguntas “muy específicas” para que formule al diplomático.

Trascendió que Labbé habría declarado que respecto de la existencia de la DINA sólo se habría “enterado por la prensa” y que dijo desconocer a los dos ex agentes que permanecían en la embajada en Buenos Aires que lo nombran en el proceso: Carlos Labarca Sanhueza y Luis Palma Moreno.

Sin embargo, Labbé habría reconocido que los oficiales Víctor Barría Barría y Osvaldo Hernández Pedreros, estaban en esa embajada y tenían oficinas en ella. Ambos eran los jefes de la DINA adscritos a esa sede diplomática y formaban parte del equipo del departamento exterior de esa organización represiva.

Lo que los querellantes están indagando respecto de Labbé, es qué papel desempeñó en su calidad de diplomático durante ese período en el manejo de la información que la DINA-Buenos Aires enviaba a la DINA-Santiago, acerca de chilenos radicados en Argentina que luego desaparecieron a través de las Operaciones Cóndor y Colombo.

Eran unos papeles viejos, rutinarios, de esos que se ven cuando se reconstruye lo que pasó hace treinta años. De golpe, la sorpresa. Ahí estaba su nombre registrado, con la prueba de lo que hasta ahora casi nadie sabe en Chile: Raúl Hasbún Zaror, el Cura Hasbún, fue funcionario de la dictadura de Augusto Pinochet. Y fue el mismo Pinochet quien firmó el decreto que lo nombró su representante. “Adicto Civil Honorario” fue el cargo para el cual Pinochet lo nombró el 5 de junio de 1974, a través del Decreto Nº 358 de la Dirección General Administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su destino: la embajada de Chile en Bonn, Alemania. El nombramiento, lacónico como todo lo burocrático, consignaba que el sacerdote “tendrá derecho a Pasaporte Diplomático”. El decreto siguió el curso regular, hasta la “toma de razón” de la Contraloría General de la República el 28 de junio de 1974 y pasó también por la Tesorería, el 1 de julio de ese mismo año. El decreto reza, textual: “Vistos los Decretos Leyes Nº 1 y 9 de 1973, la Ley 15.266 y las necesidades del Servicio, Decreto: 1.- Desígnase al señor RAUL HASBUN ZAROR, RUN (no figura), a contar desde el 10 de Mayo y hasta el 10 de Septiembre de 1974, como Adicto Civil Honorario en la Embajada de Chile en Bonn, República Federal de Alemania, con sede en la ciudad de Bonn. 2.- Se deja constancia que el señor RAUL HASBUN ZAROR, Adicto Civil Honorario de Chile en Bonn, tendrá derecho a Pasaporte Diplomático. Regístrese, tómese razón y comuníquese. Por la Junta de Gobierno (la firma de Augusto Pinochet Ugarte, Presidente de la Junta)”. SU PASO POR ALEMANIA ¿Qué fue a hacer Hasbún como Adicto Civil a Alemania? Quien entonces era el embajador de Chile en Alemania, Raúl Irarrázaval Lecaros, ya falleció. Pero el entonces Primer Secretario de la embajada en Bonn, Mario Lizana Steinfort, confirmó a The Clinic que “efectivamente era el cura Hasbún el que llegó por allá ese año, el mismo de la tele”. Sobre sus tareas dijo “mire, las funciones de los Agregados Civiles son muy variadas, no son determinadas, según lo que sea necesario, y no necesariamente el Agregado Civil tiene que estar detrás del escritorio. El salía mucho, a distintas ciudades, nunca supe qué hacía, pero yo lo vi allá”. -¿Iba a los consulados de las ciudades alemanas? -le consultamos. -No necesariamente, yo fui cónsul y los cónsules casi no se reúnen con los agregados civiles- respondió. Agregado militar era entonces en Bonn el coronel Carlos Derpsch. La salida de Hasbún a cumplir su misión quedó registrada en Policía Internacional en el aeropuerto de Pudahuel el 7 de junio de 1974 con el pasaporte diplomático Nº 756. Su Cédula de Identidad es la 3. 128.596-8. El regreso fue el 19 de agosto de ese año. Hasbún ha manifestado desde siempre su cercanía con la dictadura, pero nunca admitió ser funcionario del régimen. LOS OTROS ADICTOS CIVILES El régimen de Pinochet tuvo otros “Adictos Civiles Honorarios”. Pero estos no necesariamente eran civiles. Entre ellos figuran los entonces mayores de Ejército Pedro Espinoza Bravo y Marcelo Moren Brito, enviados por Pinochet a la embajada de Chile en Brasil, y el coronel Víctor Hugo Barría Barría, instalado en la embajada de Buenos Aires. O sea, la flor y nata de la DINA. Mediante los cargos de agregados civiles, el aparato de la DINA copó el servicio diplomático exterior. Espinoza, ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana y Villa Grimaldi y ex segundo hombre de la DINA, fue nombrado mediante un decreto igual al de Hasbún. El suyo fue el Nº 172 del 5 de marzo de 1975. A Espinoza lo sucedió “El Ronco” Moren Brito, temido en los centros clandestinos de detención por, entre otros métodos, sacarle los dientes a los detenidos con un alicate, como está establecido en el proceso por los desaparecidos desde Villa Grimaldi que instruye el juez Alejandro Solís. A Moren lo designó Pinochet en ese cargo con fecha 23 de enero de 1976, mediante el decreto Nº 47. Al coronel Víctor Barría Barría el dictador lo nombró también el 5 de marzo de 1975 a través del decreto Nº 171 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Barría llegó a Buenos Aires a “montar una agencia de la DINA en la embajada”, como lo reconoce en una declaración policial de 1993 quien fue su chofer, el comando de Ejército y agente Carlos Labarca Sanhueza. De los tres decretos, The Clinic tiene copia. El pasado 20 de diciembre el ministro Solís interrogó en calidad de inculpado (“exhortado a decir verdad”), para que respondiera los dichos de la ex agente DINA Luz Arce. Esta afirmó en una declaración procesal el pasado 29 de octubre de 2004, que Hasbún “iba periódicamente, una o dos veces al mes, al cuartel general de la DINA y entraba directamente a la oficina de la dirección”. O sea a ver al “Mamo” Contreras. Lo que el cura, por cierto, negó. Agradecido de la DINA y la CNI, Hasbún dijo en 1981 “son instituciones profesionales que la sociedad necesita absolutamente y merecen nuestro respeto y gratitud”.