Krauss Rusque Jaime Ricardo Ananas

El mayor(r) del Ejército y ex agente de la DINA Carlos Herrera Jiménez confesó otro homicidio ante al ministro de fuero Juan Guzmán Tapia que mató con un fusil SIG al dirigente comunista Nelson José Márquez Augusto, encontrado en 1990 en la fosa común de Pisagua, y ratificó ante el magistrado que el actual edecán de la Cámara de Diputados, Jaime Krauss Rusque le dio la orden de ejecución.

Primera Línea tuvo acceso a la declaración judicial en que Herrera Jiménez revela la estructura de mando de Pisagua durante diciembre de 1973 y enero de 1974 y donde confiesa que dirigió el pelotón de fusilamiento que costó la vida a un número indeterminado de personas, entre ellas, a quienes fueron encontradas en 1990 y probablemente al grupo de ocho detenidos desaparecidos cuyos restos fueron exhumados y destruidos por el paso de camiones, según la tesis de los querellantes avaladas por documentos entregados por el senador (PPD) Sergio Bitar que incluso identifican a los responsables.

Sin titubear y siguiendo la conducta que adoptó al reconocer el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, el ex agente dijo al magistrado que "yo daba la orden de fuego la que era ejecutada por el pelotón", y acto seguido le indicó en el caso puntual de Márquez que "este señor se fugo de la cárcel de Pisagua estando yo de oficial de guardia. Por tal propósito, se pusieron en ejecución las instrucciones que había al respecto, es decir, se desplegó la unidad militar en la búsqueda del prisionero de acuerdo a un plan preconcebido".

Relata luego al juez que "dio la casualidad que fui quien fue precisamente junto a una patrulla de soldados y encontré al señor Márquez escondido debajo del muelle de la caleta de Pisagua, lo capturamos, se le llevó de vuelta a la cárcel.

En su declaración judicial añade que "el hecho se enteró el entonces mayor Mario Acuña Riquelme -ex fiscal de la zona que fue procesado en el caso y sobreseído luego de su muerte- que estaba ese día en Pisagua, el que dispuso que sacaran detenidas a mujeres que estaban en la cárcel y detenidos hombres que estaban allí, los trasladaran a un lugar de la playa de Pisagua y en presencia también de personal militar, Acuña ordenó a Krauss -actual edecán de la Cámara de Diputados- que se diera de baja al prisionero, éste me trasmitió la orden a mi y yo lo ejecute con un fusil SIG".

"Lo anterior -explica a renglón seguido- no tuvo otro propósito que ser un escarmiento para los prisioneros, para que supieran que les ocurriría en el caso de una fuga. Eso es lo que pensó Acuña y de este hecho hubo unas 30 ó 40 personas como testigos".

Con esta declaración, único documento judicial valido que inculpa a Herrera Jiménez, el abogado querellante en el caso Adil Brkovic solicitará en los próximos días el procesamiento del acusado por los delitos de secuestro y homicidio contra Márquez y el resto de los prisioneros de Pisagua que perecieron durante la época bajo la orden de disparar dictada por el condenado en el caso del carpintero Juan Alegría Mundaca.

Brkovic recuerda que testimonios de otros detenidos en la misma época confirman que Márquez se encontraba a sólo metros del resto de los prisioneros e indica que nuevamente se utilizó la excusa de la ley de fuga para asestar un golpe a los detenidos. Es más, los dichos del ex agente son plenamente coincidentes con el Informe Rettig.

Línea de mando y de otros fusilamientos

En su interrogatorio Herrera fue consultado acerca de quién era su superior jerárquico y su respuesta a la justicia fue categórica: "era el entonces capitán de Ejército Jaime Krauss Rusque que venía del Regimiento Rancagua de Arica y actualmente tiene el grado de coronel en retiro y es el edecán vitalicio militar de la Cámara de Diputados".

Asimismo puntualiza que "Krauss dependía del coronel Ramón Larraín Larraín y del Fiscal Militar Mario Acuña Riquelme -ambos fallecidos- y del comandante en jefe de la Sexta División del Ejército y juez militar y comandante de la CAJZI (Comando Aéreo Jurisdiccional de Zona Interior), el general Carlos Forestier Haensgen, que era la máxima autoridad militar de las provincias de Arica e Iquique".

Ante la consulta del tribunal constituido el 6 de septiembre de 2001 sobre si le correspondió participar en fusilamientos y quién le ordenó ello, Herrera Jiménez sostiene: "Sí efectivamente recibí orden directa y en forma verbal de Jaime Krauss Rusque de fusilar a unos prisioneros que no recuerdo que hayan sido éstos más de seis. Entre ellos recuerdo a uno de apellido Márquez, quien dentro del campo de prisioneros participó en algunas actuaciones como payaso, también estuve en el fusilamiento de un prisionero que cojeaba al caminar y otro que usaba un bisoñé, quienes eran narcotraficantes".

Defensa del inculpado

En un intento de justificar su actuación, Herrera sostiene en su declaración judicial que en diciembre de 1974 ostentaba el grado de subteniente del Ejército con sólo 22 años, por lo que su injerencia en las actividades internas del campo de prisioneros era nula. "Yo sólo me limitaba a cumplir las órdenes que me eran dadas", aseveró.

Sobre Forestier aclara a la Justicia que "no lo vi en ningún fusilamiento. Pero no me asiste ninguna duda que, dada la verticalidad del mando institucional, tiene que haber estado en total conocimiento de todo lo que pasare o dejara de pasar en Pisagua. Si no hubiera sido así, habría faltado gravemente a sus deberes militares", tesis que de hecho amparo el procesamiento que hoy rige en contra de Forestier dictado por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia por el delito de secuestro.

Y sus palabras aún son más certeras al momento de precisar al juez Guzmán que "en los fusilamientos en que yo participé estuvieron presentes o el teniente coronel Ramón Larraín Larraín o el mayor, en ese tiempo, Acuña, en calidad de más antiguos. Ellos, el uno o el otro, llevándose la mano a la visera, me indicaban a mí, las veces que yo mande al pelotón de fusilamiento el momento de dar la orden del fuego. Ahora bien, quien me indicaba a mí a las personas que yo debía sacar de la cárcel para fusilarlas era el capitán Krauss, quien a su vez recibía la orden o de Larraín o de Acuña".

En esa línea sostiene que "con ninguno de los prisioneros que me ordenaron fusilar yo tuve algún diálogo previo al cumplir la orden. Yo no los interrogue, ni muchos menos torturé, es más ni siquiera quería saber sus nombres. Sólo me limité a comandar el pelotón de fusilamiento".

Explica que este pelotón estaba integrado por dos miembros de la Armada, dos Carabineros, dos gendarmes y tres militares, todos con categoría de suboficiales, pero asegura que no recuerda el nombre de ninguno de ellos.

Una vez más y siguiendo la tesis de la existencia de otros mandos, el condenado en el caso Alegría Mundaca señala que "yo nunca vi que se torturara a los detenidos estando yo de guardia en la cárcel. Ignoro que sucedía con los prisioneros mientras estaban en manos del SIM (Servicio de Inteligencia Militar)".

La carrera en los servicios represivos que realizó Herrera considera en 1977 su participación en el CIRE (Centro de Inteligencia Regional) como oficial de operaciones, organismo que en la práctica, y de acuerdo a sus palabras, dependía del Estado Mayor de la Defensa Nacional, mientras que la DINA de la Junta Militar de Gobierno y funcionaba donde la DINA no tenía representación.

Posteriormente, se incorporó a la disuelta CNI, organismos bajo el cual participó en el asesinato del ex presidente de la Anef, Tucapel Jiménez Alfaro, homicidio que reconoció judicialmente e incluso pidió perdón a su familia en una emotiva declaración ante TVN en que sostuvo: "Es cierto, señor Jiménez… yo maté a su papá aquel 25 de febrero de 1982. Lo hice no por una cuestión personal o por propia iniciativa, se me ordenó hacerlo y se me dijo que don Tucapel Jiménez era un traidor a la patria y como tal causaba mucho daño a los chilenos"

Pisagua, Lucia Hiriart Pinochet y el caso de los cocaleros

Uno de los mayores golpes a los opositores a la dictadura fue asestado el 29 de enero de 1974 cuando seis personas que habían sido detenidas en noviembre de l973 en Iquique fueron trasladadas a Pisagua. Se trata de Orlando Tomás Cabello Cabello, Nicolás Chanez Chanez, Juan Mamani García, Luis Anibal Manríquez Wilden, Hugo Tomás Martínez Guillen y Juan Rojas Osega.

De acuerdo a los antecedentes recopilados hasta el momento se ha establecido que este grupo conocido como los "cocaleros" jamás realizó contrabando de estupefacientes como se les acusa, sino que "los cuerpos de todos ellos fueron encontrados, en l990,en la fosa de Pisagua, ensacados, con las manos atadas, y los ojos vendados" .Es más, ante la desesperación de las familias a quienes se les aseguró que sus cónyuges habían huido a otro país, decidieron enviar una carta a la Primera Dama de la Nación, Lucía Hiriart de Pinochet, quien en un tono poco agradable les dijo que nada sabía de sus esposos, los que obviamente las habían abandonado. La carta consta en el tomo diez del extenso expediente que maneja el ministro Guzmán.

Sin embargo, la constante en Pisagua fue la emisión de bandos en que se informaba de Consejos de Guerra. El primero con fecha 11 de octubre de 1973 significó la muerte de Julio Cabezas Gacitua, José Cordova Croxatto, Humberto Lizardi Flores, Mario Morris Barrios y Juan Valencia Hinojosa. El segundo, fechado el 29 de octubre de 1973, significó la ejecución de Rodolfo Jacinto Fuenzalida Fernández, Juan Antonio Ruz Díaz, José Demóstenes Rosie Sampson Ocaranza y Freddy Marcelo Taberna Gallegos. En el tercer consejo de fecha 29 de noviembre de 1973 se dio muerte a Germán Eladio Palominos Lamas, cuyo cuerpo apareció en la fosa de 1990.

Por último, en el cuarto consejo, efectuado el 10 de febrero de 1974, se condenó a muerte a dos militantes comunistas: Alberto Yañez Carvajal y Luis Toro Castillo.

La tónica en gran parte de estos casos fue informar a las familias de algunos inhumados de Pisagua, que sus deudos estaban vivos y libres bajo fianza y que debían firmar semanalmente ante la comisaría respectiva, "pues de lo contrario sí que corrían peligro de prisión; y que los motivos por los cuales no regresaban al hogar sólo la familia podía colegirlos, y no eran de incumbencia de las autoridades".

La fosa común de Pisagua

Desde inicios del régimen militar la zona norte del país tuvo como epicentro de la acción represiva el campo de prisioneros de Pisagua, lugar donde cientos de personas deambularon por los estrechos pasillos de la cárcel a la espera que de un momento a otro se ordenará su ejecución.

Aunque lugareños sobrevivientes del centro de reclusión siempre señalaron que en las cercanías del campo fueron enterrados algunas de las víctimas de las torturas propinadas por personal del Ejército y el CIRE, sólo en junio de 1990, cuando se descubrió la fosa común adjunta al cementerio, el proceso toma nuevos bríos y recién en 1999 se concretan los procesamientos del general Carlos Forestier, del ex fiscal Mario Acuña y del suboficial (r) Miguel Aguirre.

Los 19 cuerpos hallados en 1990 dieron luces de los tratos inhumanos que vieron durante su corta permanencia en Pisagua y alertaron sobre la feroz acción represiva en el norte del país.

El informe Rettig consigna que en el caso de la fosa común "los restos estaban dispuestos en tres niveles, en correspondencia con las datas de muerte. Todos los cuerpos se encontraban ensacados y con varios impactos de bala. La mayoría presentaba claros e inconfundibles vestigios de haber tenido vendas en los ojos y las manos amarradas".

El Servicio Médico Legal logró identificar entonces a Juan Calderon Villalon, Nolberto Jesús Cañas Cañas, Marcelo Omar Guzmán Fuentes, Luis Alberto Lizardi Lizardi, Juan Jiménez Vidal, Michel Selim Nash Saez, Nelson Márquez (18 de enero de 1974), Luis Fernando Rojas Valenzuela (17 de diciembre de 1973). Pero siguen desaparecidos Jorge Marín Rossel, William Millar Sanhueza y Manuel Heriberto Ayala Zavala.

En tanto, el 20 de octubre de 1973 muerieron ejecutados Oscar Walter Pedro Ripollcodoceo, Julio Gastón Valenzuela Bastias, Manuel Francisco Donoso Dañobeitia. Al día siguiente, corrió la misma suerte el sacerdote salesiono Gerardo Poblete Fernández.

El 23 de octubre la prensa, canal utilizado para difundir los decesos en la zona, anunció la ejecución de Luis Pedro Solar Welchs. Lo mismo sucede el 11 de enero de 1974 cuando fallece Isaias Higueras Zuñiga, gendarme de la cárcel de Iquique

Mientras el Ejército niega tener una nómina de los oficiales que estuvieron en Pisagua, el juez Guzmán intenta develar quién dice la verdad sobre la muerte de un prisionero: el edecán Krauss o Herrera Jiménez. Para ello se vale del testimonio de Odlanier Mena y de otros 22 interrogatorios a ex oficiales que estuvieron en la zona cuando acaecieron los fusilamientos

Tras una seguidilla de retrasos en la realización de las nuevas diligencias ordenadas por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, la investigación por el denominado caso Pisagua se acerca a un punto decisivo en que serán vitales las solicitudes de nuevos auto de procesamiento y donde se definirá definitivamente quiénes participaron en las remociones de cuerpos en 1979.

El magistrado avanza en dos líneas básicas de investigación, una acota las diligencias para definir exactamente quiénes realizaron las ejecuciones de los prisioneros, bajo qué ordenes y de qué modo se llevaron a cabo las pena de muerte en el caso de los Consejos de Guerra.

Un aspecto vital es comprobar quién dice la verdad sobre el fusilamiento del prisionero Nelson Márquez, incidente en que se cruzan dos visiones completamente opuestas la del actual edecán de la Cámara de Diputados, Jaime Krauss, y la del mayor (r) y autor confeso del homicidio de Tucapel Jiménez, Carlos Herrera Jiménez.

La segunda línea de acción, intenta desentrañar el oscuro episodio de las remociones de cuerpo en 1979, indagación en que es pieza clave un documento aportado por el senador Sergio Bitar y en que el juez ha despachado órdenes amplias de investigar a la policía civil.

Primera Línea accedió a los últimos antecedentes del expediente del caso Pisagua, que llega a once tomos y devela más detalles del funcionamiento de los agentes que ultimaron a los prisioneros de guerra, pero quedan pendientes antecedentes vitales como las exhumaciones.

Desde fines del año pasado, el Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones reconstituye el documento secreto del senador Bitar, sin embargo, los resultados no han sido para nada auspiciosos.

La nomina de personas que deben ser citadas a declarar incluye a 22 ex uniformados, los que a la fecha han negado todo conocimiento sobre el segundo ilícito cometido en la zona. El juez Guzmán tiene en sus manos las declaraciones prejudiciales del ex jefe del Estado Mayo de la División de Ejército en Iquique, coronel (r) Marcos Mario Lucares; coronel (r) Jorge Raúl Clemente Paravich Saure y del oficial de Estado mayor y brigadier (r) Lander Mickel Uriarte Burotto, falta entonces que presten testimonio el general (r) Juan Toro Davila, quien se desempeñaba como comandante de la división del Ejército de Iquique; el capitán (r) Humberto Carreño, el comandante (r), teniente coronel (r) Hugo Salas Wenzel; y el sargento (r) Leonel Urrutia, entre otros.

Con ellos el magistrado intenta desentrañar si efectivamente es verdad que se dinamitaron los cuerpos que yacían en una fosa común. De ahí, justamente, que sus diligencias abarquen desde eventuales sospechosos de cometer el ilícito a autoridades de la época que manejaron antecedentes sobre el proceso de remoción de cuerpos que comenzó a forjarse luego del descubrimiento de los Hornos de Lonquén.

Independiente de estas pesquisa que deberían estar terminadas dentro del mes, al menos en lo que se refiere a la toma de declaración policial, el ministro Guzmán solicitó el pasado 9 de enero al Jefe del Estado Mayor del Ejército, mayor general Roberto Arancibia Clavel, la nómina de los funcionarios de la institución que prestaron servicios en Pisagua en septiembre de 1973, sin embargo la respuesta fue negativa de parte de la institución castrense.

Emulando a las dificultades que se vivieron en las primeras aperturas de casos en los tribunales, el Ejército señaló que carecía de estos antecedentes y envió una escueta misiva de respuesta que nada aporta a la investigación.

El magistrado avanza en la investigación sólo en base a los testimonios ya recopilados de testigos, sobrevivientes y algunos ex militares que han demostrado su intención de colaborar con el quehacer de los tribunales. Aún así cuenta con una nómina básica proporcionada por los querellantes en que se detalla quiénes estuvieron entre septiembre y noviembre de 1973 en el campo de prisioneros, período en que se efectuaron las ejecuciones.

Los ¿eventuales? inculpados y la participación de Krauss

En la lista se encuentra el capitán de guardia Sergio Benavides, quien tenía a su cargo en el período 14 de septiembre al 20 de octubre de 1973 a los tenientes Roberto Ampuero, Contador, Sergio Figueroa y Guerrero; Sergio Espinoza Davies también figura a cargo de la guardia del recinto pero entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre de 1973, fechas en que ejercieron como tenientes a Ricardo Ibarra, Ciro Casanueva, Jorge Adison Smith y Patricio Williams.

Pero es el período más crítico, entre el 20 de noviembre y 20 de diciembre de 1973, cuando estuvo en funciones el capitán Hugo Elzon, quien lideraba las acciones del teniente Conrado García, y los oficiales de apellido Abarzúa e Irigoyen.

García sigue en -servicio activo en la institución e incluso su nombre -sostienen fuentes judiciales- aparece mencionado en la denominada Operación Albania como uno de los integrantes de la Unidad Antisubversiva (UAT) y existen testimonios en el mismo caso Pisagua en que el ex prisionero político y ex diputado Vladislav Kuzmisic asegura haber sido golpeado (foja 3006) por el actual uniformado.

Carlos Herrera Jiménez comienza a figurar en la zona sólo a contar del 20 de diciembre de 1973 y hasta el 20 de febrero de 1974, mientras que el actual edecán de la Cámara de Diputado, Jaime Krauss arriba al campo de prisioneros -según la nómina de los querellantes- a contar del 15 de enero 1974 y ejerce como superior jerárquico de Herrera Jiménez.

Consciente de las abiertas discrepancias entre ambos militares, es que el ministro de fuero decidió recurrir a un tercero, supuestamente más imparcial y citó a declarar al general (r) Odlanier Mena, ex director de la CNI, quien ejercía en la zona.

El documento, que conoció Primera Línea, indica que "el entonces comandante en jefe de la Sexta División y jefe de la zona en Estado de Emergencia, general Carlos Forestie, me ordenó que pusiera a su disposición a un oficial para coordinar la distribución de una donación hecha por la Cruz Roja Internacional a favor de los detenidos de Pisagua".

Añade que "asignó en esta comisión de servicio al capitán Jaime Krauss Rusque, particularmente por la experiencia que él tenía en la distribución de productos no perecibles, ya que en esa época se desempeñaba a cargo de la empresa DINAC de Arica".

Recuerda que estas comisiones de servicio no se extendían por entre 15 a 30 días y que el capitán Krauss "debió realizar tareas netamente administrativas y de apoyo logístico, debía coordinar la recepción, inventario y almacenamiento de las especies que componían la ayuda humanitaria".

Nada dice la declaración sobre el impasse causado por la muerte del detenido Márquez y el tribunal optó por dejar en la misma situación poco clara la participación de Krauss.

Independiente de ello los querellantes sostienen que existen antecedentes suficientes como para solicitar una nueva oleada de autos de procesamientos en que los nombres de Herrera Jiménez y Krauss podrían incluirse. No obstante, sólo será el juez Guzmán quien defina la participación de ambos en los ilícitos. Mientras el edecán ya nombró a un abogado para su defensa a fin de garantizar que no sean violentados sus derechos, se trata del jurista Juan Fernández Concha

Pisagua vuelve a golpear la puerta del Congreso. La historia del edecán de la Cámara de Diputados, Jaime Krauss Rusque en ese campo de concentración después del golpe militar con el grado de capitán, se niega a morir y lo ronda como un fantasma. Siete homicidios lo persiguen y, finalmente, esta semana que se inicia por estos hechos se pedirá su procesamiento a la ministra en visita Carmen Garay.

El edecán se declara inocente, como lo dijo en el proceso y lo afirmó a LND desde Valparaíso. "Este es un cuento de nunca acabar y aquí hay intereses políticos detrás. Yo declaré ante el juez y él me dejó en libertad incondicional. Soy inocente de todo eso", sostiene molesto.

La parte investigativa del proceso sigue abierta y el edecán está en calidad de "inculpado". Lo demuestra la formalidad con que declaró ante el juez Juan Guzmán el 5 de diciembre del 2001, cuando Guzmán todavía instruía la causa Pisagua: "exhortado a decir verdad", como declaran los inculpados de algún delito, y no "bajo promesa" de decirla, como lo hacen testigos.

LND intenta en este artículo exponer en detalle los antecedentes que existen en la investigación respecto del edecán Krauss en relación a Pisagua.

Las víctimas

Su permanencia en ese campo con grado de capitán por espacio de 15 a 20 días, según tres listas que existen en el proceso, no está en cuestión y él lo asume. Su fecha de llegada él mismo la fijó con exactitud en su declaración como "un día lunes de la segunda quincena de enero de 1974". Ese es el lunes 14 de enero. Y afirma que, al menos, estuvo "hasta fines de enero de 1974".

Dentro del período de su estadía fueron asesinados siete prisioneros: Nelson Márquez Agurto, el 17 o 18 de enero de 1974, y Luis Manríquez Wilden, Juan Rojas Osega, Hugo Martínez Guillén, Tomás Cabello Cabello, Juan Mamani García y Nicolás Chánes Chánes, entre el 15 y el 22 de enero de ese año. A estos se les conoció como "los coqueros".
Sin entrar a calificar estas muertes, el edecán también admite en el proceso que, mientras estuvo cumpliendo funciones en Pisagua, estos sucesos existieron.

Acerca del crimen de Márquez, torturado hasta el trastorno por lo que intentó fugarse y fue hallado, dijo en su declaración que "de pronto, el fiscal Mario Acuña se dio vuelta hacia mí y me dijo capitán, ejecute usted al prisionero. En forma enérgica le respondí, perdón mayor, pero no voy a cumplir esa orden".

Sobre las ejecuciones extrajudiciales de los otros seis detenidos dijo que "se escucharon unos disparos provenientes del sector del cementerio (…) Por comentarios nos enteramos que se habría ejecutado a cinco o seis personas (…) No conocí a ninguna de ellas".

La real misión

La primera contradicción importante tiene que ver con cuál fue la real función que Krauss cumplió en Pisagua. El edecán asegura que ella fue exclusivamente "administrativa", inventariando y almacenando "serruchos, martillos, palas, estufas, queso, jamón y azúcar", provenientes de "una ayuda de las Cruz Roja" para los prisioneros. A eso dice que lo envió la comandancia en jefe de la VI División del Ejército a cargo del general Carlos Forestier en Iquique.

Sin embargo, el abogado querellante en la causa Pisagua, Adil Brkovic, expresa que "eso no es efectivo, primero porque los presos nunca tuvieron esos alimentos en Pisagua, y segundo porque el capitán Krauss fue a cumplir funciones a cargo de la guardia del campo".

Dilucidar esta contradicción es fundamental para la suerte procesal de Krauss. Hasta ahora ésta permanece abierta y ni el juez Guzmán, ni el ministro Daniel Calvo, quien asumió después la causa, ni la jueza Garay que la tiene actualmente, la han despejado. En el requerimiento de procesamiento que en la semana interpondrá el abogado Brkovic, esta será una cuestión relevante.

El calendario

En Pisagua funcionó como un reloj un calendario rotativo del personal de oficiales que integraron la Compañía de Vigilantes de Prisioneros de Pisagua. Los períodos duraron cada vez entre 15 a 30 días. Muy pocos permanecieron más de un mes. Cada vez llegó un oficial, siempre con el grado de capitán, como comandante de esa compañía al mando de cuatro o cinco tenientes y subtenientes. El resto del personal eran suboficiales y clases. El único jefe permanente que hubo en Pisagua con el mando superior del campo fue el teniente coronel Ramón Larraín, ya fallecido. Sobre Larraín estuvo el general Forestier, quien visitó periódicamente el lugar y tuvo el mando máximo.

Ex prisioneros y abogados de derechos humanos armaron con precisión el calendario y nómina total de cada equipo de oficiales que arribó a asumir la vigilancia mientras el campo estuvo abierto. En este calendario está incluido el capitán Krauss, cumpliendo funciones entre el 14-15 de enero de 1974, hasta el 5 de febrero de ese año. Si se excluye el nombre de Krauss de ese calendario, hasta ahora no existe ningún nombre de otro capitán que hubiese podido estar en su lugar entre esas fechas.

El entonces capitán Krauss figura en las tres listas que existen en la indagatoria. Los únicos tenientes o subtenientes que aparecen bajo su mando en su período son Carlos Herrera Jiménez y un tal J. Pérez.

Las tres listas mencionan además cumpliendo estas funciones en esas fechas al entonces teniente José Miguel Piuzzi Cabrera. Salvo que una de ellas lo da bajo el mando de un capitán Caballero, entre el 5 de enero de 1974 y el 15 de ese mes. Piuzzi es hoy general de brigada activo y es el actual jefe de la misión militar de Chile en Estados Unidos. Probablemente, a raíz de la solicitud de procesamiento que se interpondrá contra el edecán Krauss, el general Piuzzi sería citado a Chile a prestar testimonio para aclarar su permanencia en Pisagua.

Cara a cara

Carlos Herrera, el mismo que cumple perpetua por Tucapel Jiménez y el carpintero Alegría, nunca varió sus dichos. Insiste en que Krauss le ordenó ejecutar a Márquez en Pisagua. Se lo dijo a la periodista Mónica González en 1998 y luego a La Nación en 2002. El edecán lo niega. Careados en el proceso, ambos mantuvieron su posición.

Una parte inédita de la entrevista de Herrera con La Nación publicada el domingo 19 de mayo de 2002 dice:

-¿Cuál fue la real participación del capitán Krauss en Pisagua?
-Coincidimos en Pisagua durante un mes y Krauss me transmitía las órdenes de fusilamiento a mí, que también a él se las ordenaban. En ningún caso Krauss mandó a matar por su iniciativa.

-¿A quiénes tuvo que ejecutar en Pisagua por orden del capitán Krauss?
-Hablamos de Márquez.

-¿Sólo a Márquez?
-Márquez y otras personas, pero no nos metamos en eso porque el proceso está abierto.

-¿Recibió Krauss también la orden para ejecutar a quienes se les nombró "los coqueros"?
-Claro, eran como cuatro.

Los testigos

Hay dos ex prisioneros que declararon a este medio desde Iquique que cuando Márquez se escondió para intentar fugarse enloquecido por las torturas, fue el capitán Krauss quien apareció en las celdas de la cárcel amenazando con que si Márquez no aparecía en 30 minutos, se iban a matar prisioneros.

Luis González Vivas dijo "cuando matan a Márquez estaba el mayor Krauss, a quien yo le había hecho un mueble, y él advirtió que si no aparecía Márquez hasta las cuatro de la mañana, iban a sacar a prisioneros de las celdas para ser fusilados". Lo mismo confirmó Freddy Alonso. Las versiones contradicen la función que Krauss dice haber cumplido.

El oficial (R) de gendarmería Francisco Zamora órdenes, quien también integró el pelotón que ejecutó a los llamados "coqueros", dijo en el proceso "el capitán a cargo recibió la orden del comandante Larraín y bajó el brazo golpeando el muslo en señal de disparar. Uno de ellos quedó vivo porque su cuerpo saltaba y el capitán se acercó y le dio el tiro de gracia con el fusil SIG en el tórax. Como el cuerpo seguía saltando, le dio el segundo tiro". Pero Zamora no dijo quién era el capitán.

La mesa de la Cámara de Diputados difundió esta tarde un comunicado en el que sostiene que el edecán de la corporación, coronel (r) Jaime Krauss, está inhabilitado para seguir ejerciendo su cargo en la cámara baja.

Ello a raíz del procesamiento dictado en su contra este mediodía por la jueza Carmen Garay, como presunto autor material de siete homicidios en Pisagua en 1974.

Jaime Krauss, hermano del embajador de Chile en España, Enrique Krauss, enfrenta cargos junto a otros altos oficiales en retiro del Ejército, entre ellos el general (r) Carlos Forestier, suegro del actual comandante en jefe de la institución, Juan Emilio Cheyre.

La siguiente es la declaración de la cámara:

"La Mesa de la Cámara de Diputados, a través de su presidente, diputado Pablo Lorenzini, en virtud de los recientes acontecimientos judiciales que afectan al actual edecán de la Corporación, coronel (R) Jaime Krauss Rusque, señala lo siguiente":

"1.- De acuerdo al artículo 23, letra e, del estatuto del personal de la Cámara de Diputados, donde se establecen algunos de los requisitos para ser funcionario de esta Corporación, la persona que desempeñe labores funcionarias no podrá estar procesada ni condenada".

"2.- A raíz de lo anterior, en el caso del actual edecán –considerando los recientes acontecimientos judiciales, se origina una inhabilidad sobreviniente; esto es, una incompatibilidad que si bien no existía al ingresar a su cargo, hoy sí se constituye. Por lo tanto, la Mesa espera contar con la renuncia respectiva dentro de las próximas horas".

"3.- Será la Comisión de Régimen de la Cámara, integrada por representantes de todas las bancadas, la que –siguiendo los procedimientos respectivos- determine a su reemplazante; un oficial superior en retiro de las Fuerzas de Armadas".

La mesa directiva de la Cámara de Diputados pidió la renuncia al edecán, coronel (R) Jaime Krauss Rusque, y éste aceptó irse. La renuncia le fue demandada sólo horas después de que la ministra de fuero Carmen Garay lo procesó y ordenó su arresto como autor material de siete homicidios ocurridos en el campo de prisioneros de Pisagua, mientras Krauss cumplió en 1974 funciones como capitán a cargo de la Compañía de Vigilantes de los detenidos.

La información de la renuncia pedida al edecán, quien es hermano del actual embajador de Chile en Madrid Enrique Krauss, fue entregada ayer pasadas las 18:30 horas en el Palacio Ariztía en Santiago por el presidente de la Cámara de Diputados Pablo Lorenzini (DC).

Este expresó que la mesa de la Cámara acordó pedirle la renuncia porque, al haber sido procesado, cayó en la “inhabilidad sobreviniente” que señala el estatuto del personal de la institución en su artículo Nº23 letra c), que establece que “la persona que desempeñe labores funcionarias no podrá estar procesada ni condenada”.

El edecán se había declarado “inocente” en sus declaraciones en el proceso de Pisagua, y así también lo manifestó a La Nación Domingo que en su edición del domingo pasado publicó la crónica “El fantasma del edecán”.

El encausamiento del coronel (R) Krauss fue solicitado por el abogado querellante en la causa Pisagua Adil Brkovic. Este dijo ayer que “estamos muy conformes con esta resolución porque la verdad es que en el proceso existen suficientes antecedentes para acreditar la participación del señor Krauss en los homicidios de siete prisioneros”.

El abogado dijo que si bien a Krauss “no se le acusa de disparar él mismo contra los prisioneros, hay quienes lo sindican como quien impartió las órdenes como el segundo comandante del campo de prisioneros de Pisagua. Esta investigación ha tomado ya seis años y los hechos se encuentran totalmente acreditados”, dijo Brkovic.

Los hechos

El ahora ex edecán de la Cámara será notificado hoy a primera hora en el Palacio de Tribunales en Santiago, y luego será trasladado en calidad de detenido al Batallón de Policía Militar ubicado al interior del Comando de Telecomunicaciones del Ejército en la comuna de Peñalolén.

La ministra Garay sostuvo en su resolución que los siete homicidios ocurridos entre el 18 de enero de 1974 y el 30 de enero de ese año, sucedieron en Pisagua mientras el “capitán Jaime Krauss Rusque se encontraba a cargo de los efectivos militares que tenían por misión custodiar a los prisioneros políticos del Campamento de Pisagua, unidad militar que en definitiva dependía del comandante en jefe de la VI División del Ejército (en Iquique), general Carlos Forestier Haensgen”.

El coronel (R) Krauss reconoció en el proceso que efectivamente estos siete homicidios ocurrieron mientras cumplió funciones en Pisagua entre el 14 de enero de 1974 y al menos, según él, el 30 de enero de ese mes. Pero negó que ordenara las ejecuciones y también negó que su función fue la de comandante de la Compañía de Vigilantes de los prisioneros.

Dijo que su tarea fue “administrativa” inventariando y almacenando “serruchos, martillos, palas, estufas, queso, jamón y azúcar”, provenientes de una ayuda de la Cruz Roja para los prisioneros.

No obstante, según el abogado Brkovic la jueza “no le creyó” ese argumento, puesto que “no encaja” con lo realmente sucedido.

En Pisagua operó entre septiembre de 1973 y julio de 1974, como un reloj, un calendario rotativo de personal de oficiales que integraron la Compañía de Vigilantes de prisioneros, cada vez al mando de un oficial con el grado de capitán.

 A su vez este tenía bajo su mando a cuatro o cinco tenientes y subtenientes. La compañía era la responsable de lo que ocurriera con los prisioneros, y fueron sus integrantes los que siempre participaron en las ejecuciones extrajudiciales, como está establecido en la investigación. Por estas mismas funciones han sido encausados por otros homicidios otros oficiales (R) que a la fecha de sus funciones en Pisagua, de acuerdo al calendario de turnos, tenían también los grados de capitán y tenientes o subtenientes. 

El primero en afirmar que Krauss ordenó ejecutar prisioneros en Pisagua fue el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, quien cumple presidio perpetuo en la cárcel de Punta Peuco. Herrera admitió que Krauss le ordenó matar al prisionero Nelson Márquez Agurto, una de las siete víctimas del auto de procesamiento, porque éste había intentado fugarse para intentar evitar que lo siguieran torturando.

Krauss lo niega, pero careados ambos, Herrera mantuvo sus dichos.

El coronel (R) Krauss también fue encausado por los homicidios de Luis Manríquez, Nicolás Chánez, Tomás Cabello, Juan Rojas, Hugo Martínez y Juan Mamani. Todos ellos fueron declarados “dejados en libertad” por el general Forestier, sin embargo sus cadáveres aparecieron, junto al de Márquez, en la fosa clandestina descubierta en Pisagua en junio de 1990 con 19 cuerpos.

Los otros procesados

Por los siete homicidios también fueron procesados el general (R) Carlos Forestier, como autor intelectual; el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, como autor material; el coronel (R) Bernardo Martínez Téllez, como encubridor; y al suboficial (R) de Carabineros Manuel Vega Collao, también como autor material. Vega integró el pelotón de fusilamiento de los seis prisioneros ejecutados a fines de enero de 1974.

En contra de los argumentos de inocencia del coronel (R) Krauss respecto a que cumplió sólo funciones administrativas, están las declaraciones de algunos ex prisioneros, quienes afirman, coincidentemente, que el entonces capitán Krauss ingresó a la cárcel la noche del intento de fuga de Márquez, amenazando que si éste no aparecía en media hora se iban a matar prisioneros.

Uno de ellos, Luis González Vivas, dijo que “cuando matan a Márquez estaba el mayor Krauss, a quien yo le había hecho un mueble. Y él advirtió que si no aparecía Márquez hasta las cuatro de la mañana, iban a sacar prisioneros de las celdas para ser fusilados”. Lo mismo afirmó Freddy Alonso. Ambas versiones contradicen las tareas “administrativas” del entonces capitán Krauss.  

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones concedió, en forma unánime, la libertad provisional, previo pago de una fianza de 500 mil pesos, al ex edecán de la Cámara de Diputados, Jaime Krauss Rusque.

El tribunal estuvo integrado por los ministros Lamberto Cisternas, Jorge Zepeda y la abogada Ángela Radovic.

El capitán (r) del Ejército y hermano del ex ministro Enrique Krauss fue procesado por la magistrado Carmen Garay como autor material del homicidio de siete presos políticos en la localidad de Piragua, en 1974.

Krauss permanece detenido en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, desde el lunes pasado cuando fue notificado por la magistrado de su nueva situación procesal.

Una vez que fue conocido su procesamiento, la Cámara de Diputados le solicitó su renuncia, la cual posteriormente se hizo efectiva.

Junto con Krauss, fueron procesados también el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez y Manuel Vega Collao, además del ex vicecomandante en jefe del Ejército, general (r) Carlos Forestier, como autor intelectual de los homicidios.

La magistrada ordenó la detención de Krauss, Martínez y Vega y su traslado en libre plática al batallón de Policía Militar de Santiago los dos primeros, y a la Prefectura de Zona Metropolitana de Carabineros al último.

Jaime Krauss Rusque, hermano del actual embajador de Chile en España, Enrique Krauss, estuvo a cargo durante 1974 de los efectivos militares que tenían por misión custodiar a los prisioneros políticos del Campamento de Pisagua, unidad militar que a su vez estaba bajo las órdenes del general Forestier.

El coronel (R) Jaime Krauss Rusque, quien fuera durante 14 años el edecán de la Cámara y que recientemente fue procesado en el caso Pisagua, agregó nuevos antecedentes a su declaración en esta causa, y de paso reveló un nuevo secreto que nunca les contó a los diputados con los que trabajó durante casi todo el período post dictadura.

Krauss reconoció, a fojas 4.706 del proceso –conocido en exclusiva por El Mostrador.cl-, haber participado en consejos de guerra en la ciudad de Arica, en los que, en todo caso, dijo que nadie fue condenado a muerte.

Al mismo tiempo, gracias a un oficio enviado por el Ejército donde se dieron a conocer sus destinaciones, se estableció fechacientemente que perteneció al Estado Mayor de la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), entre los años 1980 a 1981, donde laboró en la sede de calle República, según dijo, en calidad de “analista”.

Su respuesta ante la pregunta del juez de por qué no había relatado estos hechos, es porque no se lo habían preguntado antes.

Los hechos

El ex uniformado fue sometido a proceso el 22 de Julio recién pasado, por la ministra Carmen Garay, en calidad de autor de los delitos de homicidio contra siete presos del campo de presos de Pisagua, junto al general (R) Carlos Forestier (suegro del actual comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre), al mayor (R) Carlos Herrera Jiménez y Bernardo Martínez Téllez.

Pero la historia tiene una serie de eslabones a partir del 2001, cuando en algún momento incluso Jaime Krauss negó haber participado en los hechos de Pisagua, tras una nota publicada por la periodista Mónica González en este medio informativo, el 16 de enero del mismo año,con el testimonio de Carlos Herrera Jiménez, el mismo que fue condenado a cadena perpetua por el homicidio de Tucapel Jiménez, y que fue también fusilero en Pisagua.

De hecho, Krauss envió una carta a este diario, en esa oportunidad, en la que rechazó la publicación, la cual fue respondida también oportunamente por Mónica González.

Pero más allá de esto, el abogado Adil Brkovic, quien logró el procesamiento a estos militares por el caso Pisagua, busca ahora encausar a Krauss Rusque por otras muertes ocurridas en ese mismo campo de concentración.

El profesional fue consultado al respecto, pero declinó entregar detalles de su nueva estrategia judicial, aduciendo que debía guardar, además, celoso secreto del sumario.

Krauss Rusque es hermano del actual embajador de Chile en España y ex ministro del Interior, el DC Enrique Krauss Rusque. El ex militar obtuvo su libertad bajo fianza otorgada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el pasado 29 de julio, previo pago de 500 mil pesos de fianza.

Terna enviada por Pinochet

En 1990 asumió como edecán de la Cámara de Diputados, después de que la comisión de régimen interno lo escogiera de una terna entre tres coroneles en retiro que enviara al organismo el entonces comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet.

Si bien los tres nombres enviados, en ese entonces, eran "desconocidos", fuentes parlamentarias que participaron en el proceso de elección aseguraron que sólo de Jaime Krauss no recibieron "luces" que lo pudieran vincular a procesos por violaciones a los derechos humanos.

De hecho, recordaron la "gran colaboración" que obtuvieron de Krauss en el llamado ejercicio de enlace y que sólo años más tarde recibieron denuncias en el sentido de que el ex edecán "habría sido guardia en Pisagua".

Consultados respecto a si se investigó en su momento el "historial" de los postulantes al cargo, las fuentes señalaron que sólo "recibimos los currículos y no se indagó más allá".

El ministro en visita Joaquín Billard sobreseyó por "falta de méritos" al coronel (R) Jaime Krauss Rusque, ex edecán de la Cámara de Diputados y hermano del actual embajador de Chile en España, Enrique Krauss.

El ex uniformado se encontraba procesado desde julio del año pasado como autor material del homicidio de siete presos políticos en la zona de Pisagua, Primera Región, en 1974.

La decisión de la jueza Carmen Garay -que entonces tramitaba la causa- obligó a Krauss Rusque a dejar su puesto como edecán de la cámara baja, labor que había desempeñado a partir de 1990.

Esto, porque el Estatuto del Personal de la Cámara de Diputado, era el que establecía que ningún funcionario que sea condenado o procesado por los tribunales de justicia podía permanecer en su cargo

"Como todo militar, me sometí a las reglas del juego y colaboré con la justicia, pero la presunción de inocencia no operó en mí. Ese derecho, que debe regir en Chile desde el Presidente de la República para abajo, me fue denegado", dijo el otrora edecán al diario La Segunda.

Krauss Rusque destacó los testimonios de “una decena” de detenidos que atestiguó a su favor en el transcurso del proceso. “Que a uno lo defiendan militares, es natural. Pero es verdaderamente reconfortante que lo hagan quienes han estado en la vereda de enfrente”, puntualizó el ex uniformado.

El ex uniformado estaba imputado por los asesinatos de Nelson Márquez Agurto, Luis Manríquez Wilden, Juan Rojas Osega, Hugo Martínez Guillén, Tomás Cabello Cabello, Juan Mamani García y Nicolás Chánes Chánes.

Por dichos casos también fueron procesados el general (R) Carlos Forestier, el fallecido suegro del actual jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, y al mayor (R) Carlos Herrera Jiménez y Bernardo Martínez Téllez. Estos últimos no fueron favorecidos con la resolución conocida este martes.

En escrito presentado ante el juez Billard, el asesino confeso de Tucapel Jiménez asumió su responsabilidad en ejecuciones en el norte, pero insistió en que la orden provino del entonces capitán Jaime Krauss, quien fue absuelto en el caso. Abogado querellante Adil Brkovic anunció que insistirá en que se reponga su encausamiento y criticó eventuales razones políticas del CDE para desistirse de apelar.

El mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, quien enfrenta una condena de cadena perpetua por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez y se encuenta procesado por el homicidio calificado de al menos siete personas en la localidad de Pisagua, ocurridos en enero de 1974, reiteró que la orden para fusilar a los prisioneros del mencionado campo de detención provino del entonces capitán Jaime Krauss Rusque.

En un extenso escrito presentado ante el ministro que instruye dicho proceso judicial, Joaquín Billard, el ex agente de la DINE conminó a la justicia a establecer la verdad en estos casos de violaciones a los derechos humanos, asegurando que la decisión de absolver al ex edecán de la Cámara de diputados y hermano del ex ministro del Interior y actual embajador en Ecuador, Enrique Krauss, sólo obedeció a razones políticas.

Herrera Jiménez se encuentra confeso de dichos asesinatos, así como del homicidio del ex presidente de la ANEF. Sin embargo, asegura que las órdenes para que los fusileros ejecutaran a los presos de Pisagua provinieron de Krauss, cuyo procesamiento fue revocado por Billard el 6 de septiembre del 2005.

"Hubo fusilamientos dispuestos por el comandante del campo de prisioneros de Guerra, coronel de Ejército Ramón Larraín Larraín y/o por el fiscal de guerra, coronel Mario Acuña Riquelme. Dichas órdenes a mí me fueron transmitidas para su ejecución por mi superior directo, el entonces capitán de Ejército Jaime Krauss Rusque", señala el documento al cual tuvo acceso El Mostrador.cl.

Críticas al Informe Rettig

Por otra parte, el ex integrante de la CNI acusó que en la elaboración del Informe Rettig habría actuado una suerte de "mano negra" para alterar las fechas de los fusilamientos en Pisagua, con el objeto de desvincular a Jaime Krauss de esos hechos.

"Muchos años después y examinando el Informe Rettig comprobé que en el mes de diciembre de 1973, en Pisagua, aquel no consigna personas muertas y, a quienes yo recuerdo en ese mes fusiladas, figuran en el mes de enero de 1974, día en que yo estaba sin ninguna duda en Iquique, ejecutando las labores propias de un subteniente en mi regimiento", afirma el escrito.

En ese sentido, Herrera Jiménez añade que "¿la idea fue que en el período en que estuvo, también en comisión de servicios en Pisagua, el capitán Jaime Krauss Rusque no figurasen personas muertas?, entonces, hubo manos moras que alteraron las fechas de fusilamientos con ese propósito".

"Insistiré, hasta el cansancio, que los muertos que dan origen a mi auto de procesamiento ocurrieron en diciembre de 1973 (sic) y, cuando más, la primera semana de enero de 1974 (…) Alguien con cierto poder e influencia en las más altas esferas de gobierno manipuló las fechas en el Informe Rettig. Ni más ni menos que la verdad revelada de los derechos humanos en Chile", añadió en el documento.

"Mis dichos son ciertos. Pongo a Dios por testigo de ello, y mi tranquilidad de consciencia frente a los hechos. El auto de procesamiento que me afecta en esta causa es producto de una sucia maquinación política que no tiene por objeto la justicia en sí misma, como fin último y superior, sino un bastardo y no menos inmoral objetivo: el ocultamiento de los hechos que puedan dañar imágenes políticas, no importando a qué precio", sostuvo el ex agente del DINE.

Participación en los hechos

Respecto a los homicidios de prisioneros en Pisagua, Herrera Jiménez asegura no recordar cuál fue el número de personas que él fusiló. "Nunca se me ocurrió anotar sus nombres o haber hecho marcas en mi pistola".

No obstante, reconoce que su participación en al menos tres muertes. "Yo fuí quien mandó el pelotón de fusilamiento que dio muerte, por orden del capitán Krauss, a una persona que rengueaba, al tiempo supe que se llamaba Nicolás Chanez Chanez y, a otro señor, a quien al momento de los disparos, saltó por los aires macabramente su bisoñé, sin que nosotros supiésemos que usaba tal adminículo".

Asimismo, detalló la ejecución de Nelson Márquez Agusto, joven que luego de una intensa sesión de tortura trató de escapar del campamento en un estado de enajenación mental y que fue recapturado por Herrera Jiménez junto a dos soldados conscriptos, debajo de un muelle en la playa.

"Ya fuera del muelle me esperaba, entre otras personas, el fiscal Acuña y el capitán Krauss, a quienes entregué al prisionero; me mandaron a cambiarme ropa seca. A mí regreso, en la playa cercana a la cárcel, frente a testigos prisioneros y prisioneras políticos, el teniente Acuña, después de una arenga, ordenó a Krauss darlo de baja por ser éste un castigo que le correspondía a un prisionero de guerra que intentó fugarse desde la cárcel; mi capitán me pasó su fusil SIG que portaba y me ordenó dispararle al señor Márquez. Yo cumplí la orden porque la estimé apropiada", señaló Herrera Jiménez.

En las consideraciones finales de su escrito, el ex uniformado concluyó con la

frase: "Quiera Dios que nunca más en nuestro país se vuelvan a vivir situaciones traumáticas que tronchan para siempre la existencia de personas que se ven impelidas a efectuar determinadas actividades reñidas con la moral".

No ha lugar

Pese a que a la fecha de este escrito, mediados de julio pasado, el mayor (r) solicitó una audiencia personal con el ministro Billard para hacer presente estos reparos en el caso, el juez respondió a su defensa con un "no ha lugar por improcedente".

Por otra parte, el abogado de Herrera Jiménez solicitó que se le tomara declaración al capitán Eugenio Pertier Garfias, quien habría sido el antecesor de Jaime Krauss en Pisagua. Sin embargo, la petición también fue desestimada por el magistrado.

En cuanto a la posibilidad de realizar un nuevo careo entre Krauss y Herrera Jiménez, Billard contestó con "estése al mérito de autos". Al respecto, cabe precisar que antes que la ministra (s) Carmen Garay procesara al ex edecán enfrentó cara a cara a ambos militares, los cuales se mantuvieron en sus dichos.

La defensa de Krauss principalmente se basa en que si bien el ex uniformado estuvo destinado en Pisagua durante la fecha de las ejecuciones, su función fue estar a cargo de un almacén de herramientas y remedios que estaban destinados para los prisioneros.

Insistirán en procesamiento

Consultado por el tema, el abogado querellante Adil Brkovic cuestionó totalmente la versión de Krauss, señalando que no es creíble que un oficial de esa graduación, comandante del campo de prisioneros no hubiera tenido intervención en los fusilamientos.

"Tengo la absoluta convicción que a Jaime Krauss, como capitán del campo de prisioneros de Pisagua, le correspondía participar en las ejecuciones, por ello se le procesó y esa resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago".

Asimismo, opinó que la decisión de Billard se debió a la declaraciones de otros ex prisioneros que dieron cuenta que el ex edecán tuvo un trato humanitario con ellos, en ese período, pero que esos antecedentes no lo libran de su responsabilidad.

Junto a ello, Brkovic cuestionó la decisión adoptada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de apelar a esta absolución y luego desistirse del recurso, lo cual -a su juicio. se debió a consideraciones extra judiciales, apuntando a posibles influencias políticas para ello.

El profesional recordó que no sólo los dichos de Herrera Jiménez sustentaron el encausamiento de Krauss, sino que también una reconstitución de escena que en su momento realizó el ex juez Juan Guzmán. En dicha diligencia, el ex uniformado reconoció haber estado presente en el fusilamiento de Márquez Agusto, afirmando que él se había negado a dar la orden y que, no obstante, Herrera Jiménez cumplió el cometido.

Para Brkovic esa versión no es creíble por el contexto que se vivía, en que ningún militar se podía negar a las órdenes de un superior. Por otra parte, sotuvo que dos ex prisioneros que declararon que cuando Márquez se escondió para intentar fugarse enloquecido por las torturas, fue el capitán Krauss quien apareció en las celdas de la cárcel amenazando con que si Márquez no aparecía en 30 minutos, se iban a matar prisioneros.

Además, existe un testimonio de los propios fusileros que dan cuenta de la presencia de Krauss en las ejecuciones. Por ello, el abogado dijo que insistirá en que el magistrado reponga el auto de procesamiento en contra del ex uniformado. "No es un tema cerrado", acotó.

No obstante, el abogado ad honorem que representa a los familiares de las vìctimas aclaró que no compartía los dichos de Herrera Jiménez en cuanto a que las ejecuciones fueron en diciembre de 1973, ya que la fecha de las defunciones (19 de enero de 1974) es un hecho que está acreditado en la causa.

Este medio intentó obtener la versión del CDE y del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior respecto a por qué la decisión de absolver a Krauss no fue apelada. En la primera institución se respondió extraoficialmente que se consideró que la decisión estaba bien adoptada, mientras que en el segundo organismo se dijo que fue una decisión tomada por las máximas representantes de dicho departamento.

Jaime Krauss fue procesado por la ministra Garay el 27 de julio de 2004 como autor de siete homicidios calificados. Tras ser absuelto por Billard, el ex uniformado presentó una demanda contra la Cámara de Diputados por los daños y perjuicios de su despido, tras ser encausado por la justicia.

El ex agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y de desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, reconoció –en forma personal y a través de una carta – al ministro en visita en causas de Derechos Humanos, Joaquín Billard, ser el responsable directo de los fusilamientos de opositores a la dictadura en el campo de concentración de Pisagua, en la Primera Región, en 1974.

El retirado oficial, que se encuentra recluido en el Penal de Punta Peuco cumpliendo condena por el homicidio del otrora líder de la ANEF, Tucapel Jiménez, aseguró al magistrado que su actuar se debió a las órdenes que recibió de parte del ex edecán de la Cámara de Diputados, coronel (r) Jaime Krauss Rusque.

El relato entregado al juez Billard buscaba que la investigación de este caso fuera reabierta, tras haber sido sobreseída el año pasado y en que absolvió de cargos a los inculpados en el proceso.

De acuerdo a la versión entregada por fuentes de tribunales, Herrera Jiménez, también conocido con el alias de "Bocaccio", envió primero una carta, para luego al ver la negativa del magistrado, requerir una audiencia personal en un intento por contar su verdad.

Tanto en el documento como en la visita al Palacio de Tribunales, el retirado mayor intentó exculparse de responsabilidad en las ejecuciones masivas de prisioneros políticos, ocurrida en enero de 1974.

Herrera sostuvo que Krauss Rusque fue el mando del Ejército que impartió las instrucciones para acabar con la vida de siete disidentes al régimen de Augusto Pinochet: Nelson Márquez Aburto, Luis Manríquez Wilden, Juan Rojas Osega, Hugo Martínez Guillén, Tomás Cabello Cabello, Juan Mamani García y Nicolás Chanes Chanes.

Las fuentes consultadas aseguran que el "Bocaccio", intenta dar un giro en esta causa que se apronta a iniciar su período de plenario, ad portas de las condenas que se dictarán por este caso.

Las imputaciones formuladas contra Krauss hicieron que abandona su cargo como edecán de la Cámara Baja en 2004, debido a las encargatorias de reo decretadas en su contra por la entonces ministra del caso, Carmen Garay.

Carlos Herrera Jiménez, fue condenado a prisión perpetua como autor de la muerte de Tucapel Jiménez. El ya cumplió diez años de presidio desde que fue encarcelado inicialmente por haber torturado hasta morir al transportista Mario Fernández (DC).

Además está sentenciado a cadena perpetua como autor del homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, para encubrir su responsabilidad en el homicidio del Tucapel Jiménez.

La juez Garay procesó a Jaime Krauss como autor material de siete asesinatos de prisioneros de Pisagua. Junto con él fueron encausados el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez y el ex carabinero Manuel Vega Collao, además del general (r) Carlos Forestier, fallecido el 2005.

La Sala Penal de la Corte Suprema solicitó a Argentina que amplíe los márgenes de la extradición del mayor (R) Herrera, concedida en 1994, para que responda por siete asesinatos cometidos en ese lugar entre el 15 y el 30 de enero de 1974.
La solicitud a la justicia argentina resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema para que amplíe el margen de los términos de la extradición a Chile del mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, concedida el 8 de abril de 1994, aviva el fantasma que persigue al ex agente de la CNI y ex edecán de la Cámara de Diputados, coronel (R) Jaime Krauss Rusque, por los crímenes de Pisagua.
En 1994, la extradición de Herrera, sacado de Chile clandestinamente en 1991 por la inteligencia del Ejército para evitar que respondiera judicialmente por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, fue concedida por Argentina sólo para que en Chile respondiera por el crimen del sindicalista, del carpintero Juan Alegría y del transportista de La Serena Mario Fernández.
Ahora, la sala penal solicitó expresamente a la justicia argentina que extienda esa restricción para que Herrera responda por siete asesinatos cometidos en el campo de concentración de Pisagua, entre el 15 y el 30 de enero de 1974.
En ese período, en dicho campo los prisioneros fueron ejecutados extrajudicialmente Nelson Márquez Agurto, Luis Manríquez Wilden, Juan Rojas Osega, Hugo Martínez Guillén, Tomás Cabello Cabello, Juan Mamani García y Nicolás Chánes Chánes.
En el proceso, el mayor (R) Herrera le imputa a Krauss darle la orden para matar a Márquez. El detenido, torturado hasta enloquecer, apareció una tarde errando por la playa y fue acusado de intentar fugarse.
Además, Herrera confesó a La Nación el 2002 que Krauss también le ordenó disparar sobre los otros prisioneros mencionados, cuyos nombres aparecieron en un bando militar como “puestos en libertad” desde el campo.
En junio de 1990, los siete cuerpos se hallaron sepultados en una fosa clandestina en Pisagua.
SALIDA DEL CARGO
El 22 de julio de 2004, la jueza Carmen Garay procesó por estos delitos a Herrera y Krauss, lo que al ex agente CNI le costó su salida del cargo que ejercía como edecán de la Cámara de Diputados.
Antes de ello, el aún edecán afirmó a La Nación Domingo, en julio del 2004, que “éste es un cuento de nunca acabar y aquí hay intereses políticos detrás”, declarándose “inocente” de esos crímenes. Aunque Krauss no niega en el proceso que estuvo en Pisagua en ese tiempo con el grado de capitán.
Sin embargo, después de que el proceso pasó a manos del juez Joaquín Billard, que aún instruye la causa, éste revocó el procesamiento de Krauss, produciéndose luego una serie de acontecimientos procesales que terminaron con éste fuera del juicio y que la parte querellante evaluó en su momento como “extraños”.
Ahora, si la justicia Argentina concede la ampliación pedida que permitiría que Herrera volviera a formar parte de esta causa, dado que su procesamiento también fue anulado, el abogado querellante Adil Brkovic dijo a este diario que “volveremos a pedir el procesamiento del coronel Krauss y de Herrera Jiménez”.
Brkovic sostiene que en el caso del ex edecán “fue muy extraño que el Consejo de Defensa del Estado se desistiera de apelar para que el procesamiento de Krauss fuera repuesto, porque existen suficientes antecedentes que lo inculpan”.

El edecán de la Cámara de Diputados, el coronel (r) Reinel Bocaz Rocha, presentó está mañana su renuncia luego que se diera a conocer que está siendo investigado en un caso de violación de Derechos Humanos.

Según informó The Clinic, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior solicitó al ministro Mario Carroza el procesamiento de Bocaz por ser sindicado como el autor del homicidio del militante del MIR Óscar Delgado Marín, ocurrido en 1973 en el Estadio Nacional. "El señor edecán, en un gesto que reconocemos, ha decidido, solicitar su desafectación del cargo, para dedicarse plenamente a su defensa ante el ministerio, ante el tribunal, y nosotros hemos aceptado aquello", informó este miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade.

Bocaz Rocha ejercía su cargo desde el 31 de agosto de 2004 cuando entró en reemplazo del coronel en retiro Jaime Krauss Rusque, quien debió renunciar luego de ser procesado por el homicidio de siete presos políticos en Pisagua en 1974. Reproche al Ministerio del Interior Andrade manifestó su sorpresa ante la investigación afirmando que se enteró anoche sobre la acción judicial. "Sólo tengo los antecedentes que están en la información del medio de prensa.

El señor edecán me contó su versión, pero eso está en el terreno de lo privado", recalcó. Al respecto, el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Diputado Tucapel Jiménez (PPD) resaltó su molestia a que fuera un personero de la Corporación involucrado en esta causa y no hayan sido notificados por el Ministerio del Interior. "Me llama mucho la atención que el Ministerio del interior sea uno de los querellantes y no le haya informado que esto iba a ocurrir, yo por lo menos no tenía antecedentes ni mis colegas tampoco", sostuvo.

Y añadió que "lo encuentro gravísimo y lamentable porque uno convive con las personas sin saber su pasado y hoy día nos damos cuenta que sin ser aún condenado, pero está con antecedentes muy importantes que avalan este procesamiento y en el futuro podría ser condenado". "Esto es muy extraño, que estamos acá, que convivimos con él todos los días, nos enteremos por la prensa. Si hubiéramos sabido antes hubiéramos tomado otras medidas. Para uno que ha sido víctima no es fácil convivir con gente involucrada en esto", concluyó el parlamentario.
 

La Corte Suprema rechazó la demanda de indemnización de perjuicios presentada por el ex edecán de la Cámara de Diputados, Jaime Krauss Rusque en contra del Fisco por su cese de funciones en agosto del año 2004, por ser procesado en su momento por el caso Pisagua.

En fallo unánime, los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda, María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Emilio Pfeffer acogieron el recurso de casación presentado por el Consejo de Defensa del Estado en contra del fallo que había ordenado el pago de 50 millones de pesos.

La resolución determina que no hubo responsabilidad del Estado en la desafectación del demandante, quien renunció al cargo luego de ser procesado por violaciones a los derechos humanos en Pisagua, resolución que fue anulada posteriormente por el ministro instructor, Joaquín Billard.

Según el fallo, "no se acreditó que la decisión de renunciar le haya sido impuesta al demandante, como lo alega en su libelo. Aunque el demandante alega que la Cámara le pidió que pusiera su cargo a disposición, sin que de tales dichos pueda desprenderse que existió una presión ilegítima de la entidad suficiente como para doblegar la voluntad del actor al momento de presentar su renuncia al cargo, máxime si, éste integró por catorce años la Junta de Calificaciones del Personal, por lo que debía tener conocimiento del estatuto, derechos y obligaciones que regían al personal de la Cámara, y firmó el documento conociendo su tenor o contenido", apunta la sentencia final.

Además los jueces sostienen que "tampoco es posible acceder a la demanda de indemnización de perjuicios fundada en la responsabilidad extracontractual del Estado, toda vez que no ha existido el requisito fundamental para su concurrencia, cual es la existencia de un hecho ilícito de éste que causara daños al actor".

En noviembre del 2010, la Corte de Apelaciones de Valparaíso había confirmado, pero con una sustancial rebaja en el monto asignado, el fallo del Primer Juzgado Civil de la misma ciudad, que en abril del 2009 obligaba a la Cámara de Diputados a cancelar una indemnización de más de $ 319 millones al ex edecán Krauss Rusque.

El dictamen -de primera instancia- marcaba un precedente en la historia de la corporación, ya que la obliga a hacerse cargo del daño moral que se le provocó al coronel (r) al no reintegrarlo a su cargo a partir de diciembre de 2004, luego que el magistrado Joaquín Billard dejara sin efecto el procesamiento en contra del hermano del ex ministro del Interior y ex embajador Enrique Krauss

Tres años tuvieron que pasar para que la justicia acogiera la denuncia formulada por agrupaciones de derechos humanos en contra del ex edecán de la Cámara de Diputados coronel (r) Jaime Krauss Rusque, hoy sometido a proceso por su participación en el fusilamiento de prisioneros en Pisagua. Su situación podría complicarse aún más, si se acogen las diligencias solicitadas por la parte querellante. El abogado Adil Brkovic entregó al tribunal un documento que acredita la directa vinculación de Krauss Rusque con la CNI. Se trata de una hoja de calificaciones de ese organismo de seguridad, firmada por el propio coronel de ejército en la década del 80. Otro hecho que busca acreditar el jurista es la participación de Krauss en consejos de guerra en Arica, donde dictó cuatro condenas en diciembre de 1973.
La ministra de fuero, Carmen Garay, procesó a Jaime Krauss -hermano del actual embajador de Chile en España, Enrique Krauss (DC)-, como autor material de siete asesinatos de prisioneros políticos cometidos en el campo de concentración de Pisagua en enero de 1974. Junto con Krauss fueron procesados el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez y el ex carabinero Manuel Vega Collao, además del general (r) Carlos Forestier. Este último, como autor intelectual de ocho homicidios mientras fue jefe superior del campo de Pisagua como comandante de la VI División del ejército.
Durante el tiempo en que el coronel (r) Jaime Krauss permaneció en Pisagua, se registraron varios homicidios. En enero de 1974 se produjo el mayor número de fusilamientos. El caso de Nelson Márquez Agurto es uno, y de acuerdo a la investigación de la jueza Carmen Garay, el ex coronel Krauss tuvo directa participación.
Nelson Márquez fue fusilado el 17 de enero de 1974, luego de permanecer una semana desnudo frente a la cárcel de Pisagua. Según el ex prisionero Pedro Corrales Altura, Márquez fue torturado durante varios días hasta que una noche caminó hasta el muelle cercano a la cárcel, lo que fue considerado como intento de fuga por los militares. Lo fusilaron en el mismo lugar. Otro prisionero, Manuel Taboada Carvajal, agrega que mientras era conducido al cuartel de Carabineros junto a otras cinco personas para ser interrogado, llegó un militar a avisar que Márquez se había “fugado”. A los tres minutos apareció un cabo gritando “apareció Márquez”. Posteriormente, se sintió una ráfaga disparada por el teniente Carlos Herrera Jiménez (ex agente de la CNI que actualmente cumple condena por el asesinato de Tucapel Jiménez). Un grupo de soldados comentó que a Márquez le había disparado el teniente Herrera en la playa cercana al cuartel de Carabineros. Se dijo que el prisionero fue sentado en una piedra y que Herrera le disparó. El protocolo de autopsia establece como causa de muerte “traumatismo toráxico y de columna vertebral dorso lumbar, cuatro impactos de proyectil en sentido ascendente posterior y traumatismo facial por violencia mecánica”.
El ex mayor Carlos Herrera Jiménez reconoció que estuvo en Pisagua en diciembre de 1973 y que participó en el fusilamiento de seis personas, entre ellas Nelson Márquez Agurto, bajo las órdenes del capitán Jaime Krauss, todos a su vez bajo el mando del general Carlos Forestier Haensgen (suegro del actual comandante en jefe del ejército, general Juan Emilio Cheyre). Sin embargo, Krauss sostiene su inocencia pese a admitir que estuvo en Pisagua en los días de los fusilamientos. Señala que él no dio las órdenes para terminar con la vida de los prisioneros y que sólo escuchó los disparos. Para el abogado querellante, Adil Brkovic, eso carece de solidez. Como segundo comandante del campo de concentración, “le correspondía estar a cargo de los pelotones de fusilamiento, por lo que sus argumentos son absurdos”

Autor: ALEJANDRA CORDOVA ROJAS

Es reconocido como un ícono de las violaciones de los derechos humanos, pero hoy afirma, que aunque aparecieran cien casos falsos, no es posible poner en duda lo ocurrido en dictadura. El ex agente de la CNI califica la fallida denuncia de Karla Rubilar como un problema “moral y ético” y revela que, en 1982, el presidente de la ANEF era sólo el cuarto nombre de una lista de dirigentes sindicales que la dictadura pretendió asesinar, encabezada por Rodolfo Seguel, Manuel Bustos y Hernol Flores.

El nombre de Carlos Herrera Jiménez entró para siempre en la historia de la dictadura. Aunque mató en Pisagua meses después del golpe militar, no fue un soldado operativo en el arresto, la tortura y el método del trozo de riel para arrojar cuerpos al mar, sino en el crimen político, selectivo y planificado de los últimos años de la tiranía. Jamás dudó en matar cuando le tocó obedecer. Sin chistar. Orgulloso de cumplir su misión por la patria y con la fe ciega en sus superiores. Su "medalla estrella" la obtuvo cuando en 1982 eliminó de tres disparos al sindicalista Tucapel Jiménez. Fue el crimen que lo catapultó a la fama. Hoy revela, por primera vez, que Tucapel era apenas el cuarto y último de una lista para morir que encabezó entonces el sindicalista del cobre Rodolfo Seguel y, tras él, los dirigentes Manuel Bustos y Hernol Flores.

Integró el Batallón de Inteligencia del Ejército y luego, en 1983, se hizo cargo de la CNI en la Región de Valparaíso. Fue en esa destinación que, junto a Álvaro Corbalán, integró el cuarteto que ultimó al carpintero Juan Alegría Mundaca.

Después de 20 años de presidio, Carlos Herrera, con 57 años y el pelo cano, usa una colita que, al interior del penal Punta Peuco, lo diferencia de otros, como Raúl Iturriaga Neumann o el mismo ex jefe de la CNI, general Hugo Salas. Ellos todavía mantienen la formalidad marcial. Su visión de la vida, lo aleja hoy de aquel obediente soldado.

-¿Qué opina de la reciente gestión de la diputada RN Karla Rubilar, que entregó antecedentes erróneos respecto de presuntos falsos detenidos desaparecidos?

-Lo que Karla Rubilar hizo es monstruoso. Fuera de su desconocimiento, ella tiene un problema moral y ético. Encontrar cuatro o cinco personas que se pasaron de listos no cambia en absoluto el fondo, que en Chile hay desaparecidos. Incluso si aparecieran diez o cien, eso sólo cambia la magnitud. Aunque hubiera sólo un detenido desaparecido el problema sigue igual.

-¿Cree que hoy los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos son una realidad en Chile?

-Sí, efectivamente, eso no se puede desconocer. Creo que ese es el eje del conflicto de las violaciones de los derechos humanos. Me parece inconcebible que haya detenidos desaparecidos.

-¿Qué efecto cree que tuvo este conflicto sobre la dictadura?

-La existencia de los detenidos desaparecidos deslegitimó todo el trabajo bueno que hicimos en los servicios de seguridad y que llevó a cabo el régimen militar.

-Después del sufrimiento de tantos años y sumados los acontecimientos recientes, ¿qué le diría hoy a los familiares de las víctimas?

-Es difícil la pregunta. Me parece que, con todo lo que se ha sabido hasta ahora, pedir perdón es algo sobrepasado por los acontecimientos. El perdón es un proceso que corre por parte de los afectados. Y yo personalmente no hice desaparecer a nadie, por lo tanto no puedo pedir perdón por algo que no hice.

-Pero entonces, ¿siente algún tipo de empatía por familiares de asesinados o ejecutados políticos?

-Sí. A mí se me murió un hijo en 1978. Sufrí bastante, pero creo que de alguna forma ya se cerró la herida, aunque la cicatriz queda. El está enterrado y sé dónde está. No viví la desaparición de un ser querido.

-Y a los familiares de los ejecutados políticos, ¿les pediría perdón?

-Yo ya pedí perdón a los familiares de mis víctimas, entre ellos Tucapel Jiménez.

-¿Usted fue el primero en pedir perdón a sus víctimas?

-Sí, me parece que fui el primero.

-Conoció bien a Manuel Contreras, ¿qué opinión tiene de él?

-Yo conviví con él tres años y nueve meses en Punta Peuco. Creo que es alguien muy inteligente. Lamentablemente me parece que quedó pegado en el pasado. Él sigue en la pelea de 1973, no ha evolucionado. Y eso daña a quienes fueron sus subalternos.

-¿En qué sentido los daña?

-Hoy Contreras es quien encabeza el problema de los derechos humanos. Pero su dimensión no es igual a la de un suboficial como, por ejemplo, Basclay Zapata. Pero la sociedad en su conjunto, y la prensa en particular, pone a ambos en la misma dimensión, cuando hay una diferencia tremenda. Y Manuel Contreras no ha hecho nada para hacer esa diferencia. ¿Por qué él permite que sus subalternos sigan puestos a su mismo nivel?

-Contreras incluso sigue negando la existencia de detenidos desaparecidos.

-Por eso digo que está pegado en el pasado.

-¿Cuándo y por qué se decidió a confesar los crímenes en que participó durante la dictadura?

-Fue precisamente durante la convivencia con Contreras. Sobre todo porque no hizo nada por poner las cosas en su justo nivel. Creo que sería muy varonil y honroso que se hiciera cargo de las órdenes que dio.

-¿Cree que Contreras ha sido cobarde?

-Pienso que la sociedad chilena en su conjunto es un poco cobarde. Estamos en un país del "yo no fui".

-¿Hubo otros motivos para que confesara sus crímenes?

-Yo tengo cuatro hijos, incluido uno de veintidós años, que es la edad en que a mí me tocó vivir todas estas cosas. De verdad no quisiera que ellos vivieran lo que yo viví, ni tampoco que fueran víctimas como lo fueron otros jóvenes durante la dictadura. Mi hijo menor esconde lo que ocurrió a su padre y eso es duro. Cuando caí detenido él era una guagua de brazos, entonces él prácticamente ha vivido toda su vida sin padre. No me conoce de otra manera si no es preso.

-¿Se refiere a que existe un costo familiar?

-Sí. Además de cuatro hijos, tengo cuatro nietos y ellos humanizan más que los propios hijos.

El orgullo perdido

-Usted dijo que cuando mató a Tucapel Jiménez sintió orgullo debido a que creía fervientemente en lo que hacía. ¿Cuáles eran sus ideales?

-A mí se me pintó que Jiménez estaba traicionando a la patria. Me bastó sólo eso para pensar que su muerte, siendo ilegítima desde el origen por el hecho de matar, se legitimaba por sí sola por el objetivo final, aunque suene maquiavélico.

-Pero en qué se basó el orgullo que sintió al matarlo.

-En los jóvenes de esa época, y particularmente en mí, había un patrioterismo que caía en el chovinismo. Todo lo que se hiciera en beneficio de la patria se legitimaba por sí mismo. Jiménez era parte de ese patrioterismo. Pero voy a contar que él originalmente era el cuarto de una lista de probables asesinados. El primero era Rodolfo Seguel (a 1982, importante dirigente sindical cuprero y diputado 2002-2006), el segundo era Manuel Bustos (a la fecha presidente de la Coordinadora Nacional Sindical) y el tercero, Hernol Flores (dirigente de Correos de Chile). Matar a cualquiera de ellos fue evaluado como un grave problema político. A Tucapel se le eligió por descarte. Debido a que quienes dirigieron esto "se les hizo el potito". A mí me impactó mucho saber esto con posterioridad.

-¿Qué justificó para usted el crimen del carpintero Alegría, realizado para inculparlo de haber matado a Tucapel Jiménez?

-Fue una consecuencia del primer crimen. Con el pasar de los años te das cuenta que si ya fue torpe matar a Jiménez, eliminar a Alegría lo fue mucho más.

-¿Cree que cuando alguien mata está haciendo un mal?

-Yo creo que es así y quien diga lo contrario está mintiendo. A uno en la familia desde chico le enseñan que matar es malo. Creo que se pueden analizar las motivaciones, pero quien mató sabe lo que hizo.

-¿En algún momento sintió que estábamos en guerra?

-Sinceramente sí. Después me impactó muy fuerte darme cuenta de que no era sí.

-¿Cuáles son los ideales o paradigmas que entonces tenía y que hoy ya no tiene?

-Yo salí de la Escuela Militar en 1970. Y, aunque había cosas del Gobierno de Allende que encontraba notables, como el medio litro de leche para los niños, no estaba de acuerdo con el fondo de su proyecto. Pero de alguna manera éramos una juventud mucho más ideologizada que la actual. De 13 ó 14 años ya estabas participando en algo, en uno de los dos bandos, algo bastante maniqueo que no consideraba los matices.

Juicio a la dictadura

-¿Cuándo y por qué se le comienza a quebrar la imagen de Augusto Pinochet?

-Pinochet me desilusionó cuando en un discurso dijo "este no es un gobierno fascista". Entonces yo dije, cómo que no somos fascistas si estamos rodeados de militantes de Patria y Libertad. Y, además, éramos muy amigos de ellos. Eso me produjo muchos problemas. Siempre noté que Pinochet fue inconsecuente. Primero dijo que éramos antimarxistas y no sabíamos lo que era el marxismo; luego nacionalistas sin jamás leer a Primo de Rivera. Yo pensaba que el nacionalismo era bailar cueca, escuchar a Los Huasos Quincheros, comer empanadas y ver la Parada Militar. En un camino zigzagueante, después nos dijo que éramos gremialistas.

-¿Rescata algo del régimen militar?

-Sí, yo separo a Pinochet del régimen. La reorganización de la administración pública, el desarrollo de exportaciones no tradicionales, la reactivación de la Región de Tarapacá y la creación de la Zona Franca, son obras que han perdurado. Creo también que el salto en la economía fue una obra del régimen militar que lamentablemente se ve empañada por la violación de los derechos humanos.

-¿Y qué piensa del sistema neoliberal y de la economía de mercado?

-Ahí entro en un problema y déjenme volver un poco al pasado. Cuando asumió Allende prometió igualdad, y lo mismo sucedió con Pinochet donde todos íbamos a tener acceso a la educación. Pero en definitiva, pasados los años, resultó que esta sociedad nueva construida por los militares dejó afuera a los mismos que la hicimos. Por ejemplo, con cuatro hijos, no podía pagar las universidades. Hoy no hay igualdad de oportunidades para todos y yo me embarqué en este proyecto para lograr esa igualdad.

-¿Cree que el sistema hizo de Chile un país más clasista?

-Sí, y un ejemplo de ello es la reacción a la muerte de las estudiantes del Colegio Cumbres, que es lamentable por sí mismo. Al poco rato la Presidenta puso a disposición de los padres el avión presidencial, pero ¿cuántos accidentes hay todos los días de chilenos menos iguales que otros a los que nadie les pone un avión?

-¿Cree que todo lo bueno que hubo en el régimen militar hubiese sido posible bajo un gobierno democrático?

-Sí, pero con un proceso bastante más lento. En dictadura todo es más rápido, aunque el costo es alto.

-Entonces, ¿reconoce que vivimos una dictadura?

-Fue una dictadura. De viejo he aprendido a hablar sin eufemismos. Si un gobernante no es elegido por el voto popular, es un dictador. Cuando preguntan si fue pronunciamiento o golpe militar, es obvio que fue un golpe, el resto es un adorno.

El abandono

-¿En qué medida se sintió utilizado por el sistema? ¿Cuándo y cómo empezó a darse cuenta de ello?

-Después de viejo. En el momento yo sentí que lo hacía muy bien. A mí me viene muy bien el aforismo "dile al tonto que es bueno pal’ hacha, y el tonto tala el bosque". En 1991 yo me desligué de la institución al pedir mi baja. Empecé a conocer otra vida y personas. En el Ejército uno vive como en un ghetto, igual que la gente de la UDI o la DC que se casan entre ellos. Nosotros también nos casamos con las hijas de otros militares. Cuando yo estudié en el Ejército las calificaciones estaban orientadas a qué tan buen cumplidor de órdenes eras. Como yo siempre fui bien calificado, me sentí un buen soldado, sin pensar las consecuencias que eso me iba a traer.

-¿Cómo entiende las dos etapas en que se hizo desaparecer prisioneros: la de la DINA y la posterior de la CNI llamada "Operación Retiro de Televisores"?

-A muchos como yo nos dijeron que estábamos en guerra y lo creímos. Desde la lógica de la guerra de esos primeros años, con algún esfuerzo, podría entender esas muertes. Pero cuando en 1978 y 1979 se hizo el desentierro de cuerpos bajo el mando del director de la CNI, general Odlanier Mena, es algo que no comparto. Ahí ya existe la manifiesta intención de ocultar un delito consciente de haberlo cometido. Y creo que el general Mena debe responder por eso.

-¿Qué sintió cuando supo que la dictadura había sido derrotada en las urnas?

-Varias cosas. Desde el punto de vista judicial estaba clarito lo que iba a venir, aunque nunca me imaginé que sería tan duro. Pero más que eso pensé que los mandos, que habían sido bastante severos y autocráticos, entre ellos Sergio Arellano Stark, Humberto Gordon, Carlos Forestier y el mismo Pinochet, se iban a hacer cargo de las órdenes que dieron. Algo que nunca ocurrió. Pero yo estaba desilusionado de Pinochet hacía rato. Aunque recalco nuevamente que, para mí, él no es el gobierno militar.

-¿Se imaginó que los mandos superiores no iban a asumir su responsabilidad?

-Nunca. Fue una decepción muy grande y todavía la tengo. Me dolió mucho. Me cuesta mucho hoy mirarlos a la cara y tratarlos por el grado y de "mi general".

-¿Qué efecto tuvo que los mandos no asumieran las órdenes que dieron?

-Que la justicia inicialmente empezara a escarbar por abajo. Entonces caímos presos primero los subalternos.

-¿Voto Sí o No en 1988?

-Con el alma en el No, voté que Sí.

-¿Por qué?

-Porque era un soldado disciplinado.

La falsa reconciliación

-Viéndose en el tiempo, ¿cree que es válido matar por la patria?

-Como ya dije, inicialmente sentí mucho orgullo. Pero después me atacaron el peso de la conciencia, los hijos cuando crecieron, y conocer a mis nietos. Ahora creo que todo eso fue monstruoso.

-¿Qué le parecen algunos de los gestos de reconciliación que han habido?

-Hace algunos años el entonces comandante en jefe Juan Emilio Cheyre hizo una misa reparatoria en la memoria del general Carlos Prats, lo cual me pareció fantástico. Pero encontré de pésimo gusto ver, en primera fila y al borde de las lágrimas, a los mismos generales que nos dijeron que Prats era un traidor.

-¿Como quiénes?

-Por ejemplo, el general César Benavides. Actitudes de ese tipo son las que me provocan el desconcierto. Por años pensé que Prats era un traidor. Igualmente me pareció poco decente ver en las páginas sociales de "El Mercurio", en un cóctel del mundo universitario, juntos al general Guillermo Garín y al dirigente del MIR, Pascal Allende. Eso me parece muy poco decente. Ninguno de los dos debiera haber estado.

-¿Eso no tiene que ver con una eventual reconciliación?

-¿Se van a reconciliar las cúpulas? ¿Y qué pasa con los de abajo que ellos mismos mandaron a la muerte? Tiene que haber respeto por los caídos de uno y otro lado. Ahora, poniéndome en el lugar del MIR, sus muertos ese día se estarían revolcando en la tumba. Si eso es reconciliación, no entiendo nada.

El lento camino al cielo

-Aparte del costo judicial y el escarnio público. ¿Existe un costo familiar?

-El familiar fue el costo más alto, porque no sólo mentí judicialmente sino también a mi familia. Nunca conté que había cometido tal o cual homicidio. Pero mis hijos fueron creciendo y en un momento, en el 2000, les tuve que contar. Y contarle a mi esposa creo que fue más difícil que cuando hablé con el ministro Sergio Muñoz (que investigó el crimen de Tucapel Jiménez). No sabía por dónde empezar y justificar lo injustificable. Creo que lo más difícil fue con mi hijo más chico, ya que los otros sospechaban en lo que yo trabajaba. Él cuestiona mis acciones del pasado y eso evidentemente produce dolor.

-¿De qué se arrepiente?

-Dejando de lado las violaciones de los derechos humanos de las que ya me arrepentí y pedí perdón, me arrepiento de no haber estudiado Leyes. Estando en la CNI fui aceptado como alumno en la Universidad Católica de Valparaíso, pero el general Gordon me dijo "¿Usted está loco?". Acá en la cárcel me habría gustado estudiar Filosofía, pero tampoco he podido. Cuando uno está viejo y hace la lista, son más los arrepentimientos que los aciertos.

-¿De qué no se arrepiente?

-De mi familia. Y de haber estado presente en los acontecimientos más importantes del siglo XX, a pesar de que muchos de ellos fueron deleznables. Desde el punto de vista histórico, puedo decir "yo estuve ahí". Es un contrasentido, pude haber tenido una vida más simple y haber conocido más cosas, pero también ¡qué lindo es tener la culpa de lo que ha pasado! Esto sirve para saber qué es verdad y qué es mentira. ¿Para qué sirve todo esto? No tengo idea.

-¿Es religioso?

-En el plano religioso, soy católico, y tuve que pasar un largo periplo antes de volver a comulgar. No fue fácil, porque resulta ilógico que un católico practicante y observante, como es mi caso, haya hecho lo que hizo. Todavía me lo cuestiono desde el punto de vista espiritual, ya que conozco bastante de la Biblia. Yo sabía que mi religión prohíbe hacer lo que yo hice.

-¿Reza usted?

-Sí.

-¿Cree que se irá al cielo?

-Sí, sí. Cuánto me voy a demorar en llegar, es algo que no sé. Aunque creo que me voy a demorar bastante.

-¿Por qué?

-Por el purgatorio, pues.

Pisagua

-Usted estuvo en Pisagua a fines de 1973. ¿Mató al prisionero Nelson Márquez?

-Sí, yo lo maté.

-¿Quién le dio la orden?

-Me la dio el capitán Jaime Krauss Rusque y yo la cumplí. Él después fue edecán de la Cámara de Diputados.

-Pero usted está preso y Krauss está libre.

-Porque la justicia chilena aceptó como válido que él se encontraba en tareas administrativas contando remedios en una farmacia. Aunque la farmacia era muy chica, se demoró un mes en contar los remedios.

La ansiada libertad

-¿Cuándo debería salir libre?

-Yo tengo una condena a cadena perpetua unificada por las muertes del carpintero Alegría y Tucapel Jiménez, que suman 20 años de presidio. Ese tiempo se cumplió el 21 de junio de 2008. Caí preso en 1992, pero tenía tres años y siete meses acumulados de una condena previa por el caso del transportista de La Serena, Mario Fernández. Entonces, lo que sostengo es que, si la legislación penal permite la acumulación de las penas, yo ya cumplí la mía. Si el Estado, con toda justicia, fue tan ágil para juzgarme y condenarme, hoy con esa misma agilidad debe dejarme en libertad. También hay que respetar los derechos humanos de quienes los violamos. De lo contrario, se transforma en una venganza.

-A usted recientemente la justicia le denegó un recurso de amparo, por un error en la forma…

-Exactamente. A diferencia de la medicina, donde prima la urgencia por salvar a un paciente independientemente de cualquier formalidad, en la justicia no sucede. ¿Qué hubiera pasado si los recursos de amparo en Chile se hubieran acogido adecuadamente? Se habrían salvado muchas vidas.

-Si ya le pidió el indulto al ex Presidente Ricardo Lagos y le fue negado, ¿por qué no se lo solicita a la Presidenta Michelle Bachelet?

-No, y no es por soberbia, sino porque yo ya cumplí mi pena.

-¿Qué quiere hacer si algún día sale en libertad?

-Vaya paradoja, yo me acostumbré a estar encerrado y quiero ir a encerrarme a mi casa. No tengo ganas de reintegrarme en actividades de tipo social. Ni siquiera quiero ir al estadio, que antes me gustaba.

-¿De qué equipo es hincha?

-¡De San Luis de Quillota, pues hombre! Pero lo que en verdad hoy me interesa es vivir con mi señora en una parcela que tengo. Recomenzar nuestro pololeo. Lamentablemente mis hijos ya no van a estar conmigo en la casa, lo cual me va a costar mucho superar. Hace un par de años tuve el síndrome del nido vacío, que normalmente les da a las mamás.

-¿Quisiera aislarse del mundo?

-No del todo, quiero hacer una radio comunal, porque considero que Chile es un país muy injusto. Soy radioaficionado y tengo los equipos necesarios. Entre otras cosas, me gustaría hacer un programa dedicado a los presos. Pero esto lo voy a hacer desde mi casa.

Reflexiones

Al final de la entrevista, Carlos Herrera extrajo una carpeta y dijo que quería plantear algunos puntos.

“Existe una inequidad en las condenas cuando se aplican las mismas penas a los altos oficiales como Manuel Contreras y otros generales, y a los suboficiales como Basclay Zapata y otros”.

“La ley no es rígida, el derecho siempre se ha interpretado. La primera condena por homicidio calificado fue ejemplificadora y me la llevé yo: cadena perpetua. Hoy, el mismo tipo de delito se condena con pena remitida (cumplirla en libertad). Tengo claro que salí perjudicado por el momento histórico en que cometí el crimen”.

“Hay casos de oficiales y suboficiales que han hecho mucho daño, no han confesado nada, y cumplen una condena. Por el contrario, hay otros que confesaron todo lo poco que hicieron, y tienen la misma condena”.

Chile es, indudablemente, una "copia feliz del Edén" para los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad del período dictatorial. La participación de Cristián Labbé, alcalde de Providencia; de Jaime Krauss, Edecán de la Cámara de Diputados, y de Juan Emilio Cheyre, nuevo Comandante en Jefe del Ejército, son
ejemplos concretos de la impunidad reinante en el país.
    Un escrito anexado en el proceso "Tejas Verdes" detalla la declaración del ex agente de la DINA Samuel Enrique Fuenzalida. En ella -realizada en el marco del caso Chanfreau- dice que fue llamado al servicio militar en marzo de 1973, "siendo destinado al Regimiento Reforzado Motorizado número 15 de Calama. Allí me encontraba al momento de producirse el Golpe de Estado cuando aproximadamente en diciembre de ese año el comandante de la compañía, mayor Langer,
indicó que debido a mis méritos era asignado al Regimiento Número dos de Ingenieros de Tejas Verdes. "De allí fuimos trasladados a las Rocas de Santo Domingo" "En este lugar tuvimos una visita del coronel Manuel Contreras" El nos preguntó si conocíamos a qué veníamos" aclarándonos que la verdad era que a partir de ese momento pasábamos
a integrar la naciente DINA y debíamos estar orgullosos de ello, ya que se debía a nuestros méritos personales". Y, agrega: "La instrucción en este lugar duró un lapso relativamente corto". "Se nos enseñó educación física, combate cuerpo a cuerpo, guerrillas, contrainteligencia, inteligencia, por parte de profesores dentro de los cuales recuerdo a la funcionaria de Carabineros Ingrid Olderock, Miguel Krassnoff, Cristián Labbé, Gerardo Ernesto Ulrich, Manuel Andrés Carevic y otros".

INSTRUCTOR DE ASESINOS

    El ahora alcalde de Providencia Cristián Labbé ha reconocido su participación en la DINA entre 1973 y 1975. Ha declarado que "no es ninguna novedad que yo haya sido el principal encargado de la seguridad del general Augusto Pinochet y, justamente, esa función la tenía que desempeñar un miembro de la DINA". Sin embargo, se ha negado hablar de "cualquier otra misión" que como agente represor.
    Menos aún se ha referido a su rol de profesor de muchos agentes que fueron los más célebres y sanguinarios violadores a los DD.HH. En efecto, según el ex agente Fuenzalida, cerca de 600 efectivos, entre ellos miembros de las tres ramas de las FF.AA. además de Carabineros, fueron preparados en las nuevas tácticas y técnicas y distribuidos en la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM) y la Brigada de Inteligencia Provincial (BIA).
    Cristián Labbé, oficial en retiro, ex ministro secretario general de Gobierno de la dictadura de Pinochet en 1989, agente de la DINA, guardaespaldas del ex dictador, actual militante de la UDI y alcalde de Providencia, fue uno de los primeros en exigir una "solución política" a los juicios por violaciones a los DD.HH. Su inmoralidad y cinismo son abismantes. Afirmó: "Ya van rectificando… Porque mientras más continuemos mirando para atrás lo más seguro es que nos estrellemos". Y agregó que la única solución pasa por un acuerdo político que ponga punto final a todos los procesos por violaciones a los DD.HH.
Labbé tiene razones personales para impulsar la impunidad. El testimonio del ex agente de la DINA citado indica que participó como instructor del parte del contingente de asesinos y torturadores del nuevo organismo represivo (DINA), que se congregó en  Santo Domingo para recibir entrenamiento de su formación criminal. Además, su paso por la DINA dejó otra huella. Su nombre figura en cheques de la cuenta que ese organismo tenía en el Banco de Crédito e Inversiones y que se pagaron en 1975 por "servicios anexos", documentos que fueron incautados por el juez Adolfo Bañados cuando investigó el asesinato
de Orlando Letelier. Los servicios represivos prestados por Labbé son una incógnita hasta el presente. Y continúa como "honorable" alcalde.

KLAUSS DABA LAS ORDENES PARA FUSILAR

    Desde Punta Peuco, Carlos Herrera Jiménez, uno de los condenados por el asesinato de Juan Alegría Mundaca, confesó su participación en los fusilamientos de Pisagua, donde recibía órdenes del hoy coronel Jaime Krauss Rusque. La entrevista de la periodista Mónica González con Herrera Jiménez tuvo lugar en el penal de Punta Peuco. En ella, "Bocaccio" (su nombre de batalla) hace un relato de hechos, que posteriormente repetiría ante los tribunales, develando retazos de las actividades criminales de los organismos de la dictadura.
    Las declaraciones Herrera Jiménez son directas. Al recordar a sus primeras víctimas, Herrera afirma que Jaime Krauss, que fuera edecán de la Cámara de Diputados, era su jefe directo en Pisagua, y que de él recibía las órdenes para fusilar prisioneros. No recuerda a quién asesinara. "Llegaban las órdenes, ni siquiera por escrito. Nos daban una lista de personas que uno tenía que sacar de la cárcel en la mañana, porque los fusilamientos se hacían al despuntar el alba o al caer la tarde, y allí se iniciaba todo un ritual que dirigía el coronel Ramón Larraín, que falleció, y un juez de Iquique, movilizado como fiscal militar: Mario Acuña Riquelme. Esos dos hombres tenían una personalidad muy complicada, sobre todo Acuña, un tipo muy
déspota. El daba una lista de gente que estaba allí detenida, y decía: "Teniente, ¡todas estas personas deben ser fusiladas!".
Además, agrega: "los sacábamos de a uno, a viva voz, y minutos después sonaban las descargas y ellos nunca más volvían… Por eso todos los presos se enteraban y sabían quién iba a ser fusilado y quién era la persona que los sacaba…."
Refiriéndose a su primer fusilamiento, declara: "No me acuerdo de los nombres, pero sí los hechos… Me acuerdo sí de un niño de apellido Márquez… De él sí me acuerdo… " (Se trata de Nelson Márquez, 29 años. Detenido y trasladado al Campamento de Prisioneros de Pisagua.
    Según la Comisión Rettig, el 18.01.74, encontrándose con sus facultades mentales perturbadas, intentó fugarse y fue ejecutado luego de ser recapturado). "Y si me va a preguntar si se les hacía Consejo de Guerra, no lo sé. ¡Jamás se me ocurrió preguntar!" Recibía las órdenes de Larraín, del fiscal Acuña, o de mi jefe directo en esa época, el capitán Jaime Krauss, bajo cuyo mando estaban los dos pelotones de fusilamientos, los que estaban a mi cargo y que integraban dos miembros del Ejército, dos de la Armada, dos de Carabineros y dos de Gendarmería. Otra era la unidad que los enterraba".
Ante el desmentido de Jaime Krauss Rusque, la periodista Mónica González respondió que cuando en 1998 recibió la primera parte del testimonio de Herrera Jiménez, tomó contacto telefónico con Krauss, llamándolo a la Cámara de Diputados, en Valparaíso. Fijaron lo detalles de un encuentro. Este tuvo lugar el 18 de mayo, en el Palacio Ariztía, sede de la Cámara en Santiago. La periodista procedió entonces a leerle la parte relativa a los fusilamientos de Pisagua, sin mencionar la identidad del denunciante. Krauss reconoció los hechos. Al finalizar, la periodista le dijo que el testimonio de Herrera sería publicado y le solicitó su versión para adjuntarla.
    Días más tarde lo llamó para pedirle el testimonio que habían acordado incluir. Krauss respondió que había hablado de la situación con su superior jerárquico y que éste le había "ordenado" no entregar versión alguna sobre lo sucedido.
La Cámara de Diputados rechazó realizar una investigación sobre las acusaciones de Herrera Jiménez, que vinculaban al edecán de esa corporación, Jaime Krauss Rusque, hermano del diputado Enrique Krauss, con los fusilamientos de Pisagua. Los jefes de bancada decidieron no realizar ninguna investigación, por considerar que a Krauss sólo lo vincula con los hechos una entrevista realizada por alguien que está cumpliendo condena.

CHEYRE DESCERRAJABA EL TIRO DE GRACIA

    Una mayor fortuna ha tenido el nuevo jefe del ejército. Dos llamadas telefónicas sellaron la buena suerte del general Juan Emilio Cheyre, el elegido por Lagos para suceder a Ricardo Izurieta en la Comandancia en Jefe del Ejército. Un día después de haber recibido de manos de Izurieta la quina de la que debía salir su sucesor, Lagos llamó a su ministro de Defensa para ordenarle que debían resolver, según la nómina de Izurieta, los ascensos a generales y los llamados a retiro. La medida era un gesto de deferencia hacia Izurieta. Pero no sería el único. Poco después, el teléfono de Fernández volvió a sonar. Era Lagos otra vez, para pedirle que citara para esa misma tarde a Cheyre e Izurieta. La duda estaba resuelta: Cheyre sería el
nuevo comandante en jefe del Ejército.
    ¿Por qué decidió Lagos nombrar a Cheyre? Los voceros del oficialismo dan razones que ocultan la realidad. Dicen que se trataba del miembro más capacitado de un grupo de generales, destacada formación intelectual y un carácter estrictamente profesional. Agregan que Cheyre fue uno de los precursores de las modernizaciones en salud y educación dentro del Ejército. Y, que al nombrarlo a él Lagos hacía gesto de gratitud hacia Izurieta. El propio Lagos enfatizó tales razones: "Esta decisión significa en lo esencial dos cosas. Primero, el reconocimiento a los méritos militares e intelectuales del general Cheyre. Y también, un reconocimiento de lo que el país y el Ejército le debe al general Izurieta, ya que bajo su mando la institución
inició un tremendo esfuerzo de profesionalismo, modernización y eficiencia".
    ¿Era o no Cheyre el hombre indicado? ¿Los argumentos citados son las razones reales de su nombramiento? Una respuesta a tales interrogantes requiere recordar algunos hechos, que sí explican tal determinación. Cheyre estuvo con Lagos en España. En efecto, el 30 de mayo de 1996, en Madrid, se dieron cita en el Hotel Victoria Palace de El Escorial un grupo de dirigentes del PS, asesores de Pinochet y oficiales de Ejército. Todos participaban en un seminario organizado por la Fundación Ortega y Gasset, denominado "Las FF.AA. y la transición a la democracia. Los casos de España y Chile". El embajador Alvaro Briones (PS) y el agregado militar en Madrid, Juan Emilio Cheyre, participaron en su organización. Ambos asistieron a los debates donde se encontraron personeros como el entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, el asesor personal de Pinochet, Sergio Rillón, el ex embajador Hernán Felipe Errázuriz, el hombre de confianza de El Vaticano, Fernando Moreno, el senador PS Jaime Gazmuri y el ex ministro Enrique Correa (PS). Todos estaban ahí para "descongelar" relaciones. A los socialistas les interesaba generar puentes de entendimiento con los militares. Así, Escalona protagonizó una animada conversación con Cheyre y el entonces coronel Carlos Molina Johnson. También se conversaba en los pasillos del hotel con
el director de la Academia de Guerra, Jaime García, y el comandante del regimiento Maipo, coronel José Miguel Piuzzi. Esa cita fue considerada como un hito clave por los socialistas, que dieron por terminado el veto del Ejército a los políticos "socialistas". Quedaba pendiente retribuir a Cheyre por su contribución.
    Pero las andanzas de Cheyre no terminan ahí. Tuvo estrecha relación con el equipo político de la dictadura. En 1998, Pinochet lo nombró Intendente en la Tercera Región, antes del plebiscito. En esa época Cheyre dirá: "El triunfo del Sí debiera ser una constante en todos los sectores (…). (Una victoria del No) es una hipótesis no factible. Los chilenos no somos locos". Pero, ése no es el único antecedente del nuevo favorito de Lagos. Pese a los esfuerzos del gobierno, los mandos militares y los tribunales de justicia para justificar los crímenes del período dictatorial, existen pruebas que revelan la fría criminalidad de los integrantes de la Caravana de la Muerte. Entre ellas, las proporcionadas por el ex oficial de Ejército Pedro Rodríguez Bustos, en declaración ante el magistrado Juan Guzmán (26.12.1999), que inculpan al nuevo Comandante en Jefe del Ejército.
En su testimonio, Rodríguez dice que escuchó de dos de sus compañeros, los subtenientes Guillermo Raby Arancibia y Julio
Lafourcade, cómo el grupo de oficiales que viajaba en el helicóptero Puma fusiló, por órdenes del general (R) Sergio Arellano Stark a un grupo de 15 personas que estaban detenidas en la cárcel de La Serena.
    En efecto, el arribo del helicóptero en el cual viajaba el general Arellano junto a Pedro Espinoza, Armando Fernández Larios, Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo y el mayor Juan Chiminelli, se produjo a principios de octubre de 1973. Rodríguez señala que Arellano se reunió con el comandante del regimiento Arica de La Serena, Ariosto
Lapostol Orrego y que "Arellano había ordenado revisar inmediatamente los procesos de los que, a su juicio, eran los más
pesados". Se obedeció su orden. El fiscal militar, "un mayor de Carabineros de apellido Cazanga", entregó los antecedentes a Arellano Stark. Este se reunió con el comandante Lapostol y los integrantes de la Caravana y determinaron traer desde la cárcel de La Serena a 15 presos políticos. "Así es como fueron trasladados desde la cárcel hasta el sector de los boxes de vehículos livianos y otros a la sección de inteligencia. Luego de eso fueron llevados al polígono de tiro de pistola, ubicado en el faldeo del cerro, a los pies de la sala de banda". En ese lugar, Arellano Stark citó a todos los oficiales del regimiento, junto a los miembros de la comitiva. Estos últimos fueron "quienes oficiaron como pelotón de fusilamiento, ejecutando a los quince detenidos", asevera el ex oficial. "Sin embargo, Arellano Stark inmediatamente ordenó a los oficiales del regimiento concurrir al lado del ejecutado para descerrajarle un tiro de gracia si era necesario, ante lo cual así ocurrió", insiste Rodríguez y, nombra a varios de los oficiales que debieron dar el tiro de gracia, entre ellos Juan Emilio Cheyre. Los cuerpos fueron trasladados en un camión del regimiento hasta el cementerio municipal, donde fueron inhumados en la fosa común y tapados con cal viva.
    Desde el encuentro en El Escorial, Lagos y Cheyre continuaron con carreras paralelas, pero con un objetivo común: llegar a los más altos cargos en sus respectivos ámbitos. Lo han logrado. Una mutua colaboración ha facilitado sus realizaciones personales. Los favores se pagan con favores.

por Sergio Ramírez

Fuentes judiciales confirmaron a Efe que la II Sala Penal del máximo tribunal chileno acogió una solicitud en tal sentido del juez especial Joaquín Billard, a cargo de un proceso por el fusilamiento sumario de varios presos políticos en la localidad de Pisagua, en el norte del país, después del golpe militar que en 1973 llevó al poder al general Augusto Pinochet.

Herrera Jiménez confesó haber participado en esos crímenes, pero no puede ser procesado pues en 1993 fue extraditado desde Argentina por tres casos de homicidio, por los cuales está condenado y sólo la ampliación de la extradición permitiría procesarlo por un nuevo caso.

Herrera Jiménez huyó a Argentina en 1991 y fue extraditado en 1993 para enfrentar los casos por los asesinatos del líder sindical Tucapel Jiménez (1982); del carpintero Juan Alegría, cometido para encubrir el anterior y del transportista y dirigente gremial Mario Fernández, cometido este último en la ciudad de La Serena, en los años setenta.

Por los dos primeros asesinatos Herrera cumple condenas de cadena perpetua, mientras que por el caso del transportista ya cumplió una pena de diez años.

En el 2001 Herrera Jiménez confesó al juez Juan Guzmán Tapia, en ese entonces a cargo del caso Pisagua, haber matado con un fusil al dirigente comunista Nelson José Márquez Augusto, cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa común encontrada unos años antes en esa localidad, a 1.900 kilómetros al norte de Santiago.

El agente dijo haber recibido la orden de parte del capitán Jaime Krauss Rusque, que en la época de su confesión se desempeñaba como edecán de la Cámara de Diputados.

Krauss Rusque fue procesado en julio de 2004 por la jueza Carmen Garay, que reemplazó a Guzmán al frente del caso, y aunque sólo estuvo unos días en prisión preventiva, debió renunciar a su cargo en el Parlamento.

El ex oficial es hermano de Enrique Krauss Rusque, un destacado dirigente de la democracia cristiana chilena, ex ministro y parlamentario que ha sido embajador en España y Ecuador y actualmente cumple la misma función en la República Checa.

Jaime Krauss, que siempre se ha declarado inocente de los cargos, cumplió también funciones de "analista" de la Central Nacional de Informaciones, organismo que reemplazó a la DINA como policía secreta de la dictadura, entre 1980 y 1981.

Tras la decisión de la Corte Suprema para ampliar la extradición de Herrera Jiménez, la respectiva solicitud será enviada a Argentina a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicaron las fuentes