Kohlitz Fell Reimer Eduardo

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva por los homicidios calificados de Enzo Muñoz Arévalo, Héctor Patricio Sobarzo Núñez, Juan Manuel Varas Silva y Ana Alicia Delgado Tapia, ilícitos perpetrados el 2 y 3 de julio de 1984, en diversos puntos de la Región Metropolitana.

Enzo Muñoz, de 30 años de edad, era comerciante, originario de la provincia de Arauco y militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR); Héctor Sobarzo, de 31 años, era profesor, natural de Lebu y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Ambos eran amigos desde sus años de vida en el sur. Por su parte, Juan Varas era militante del MIR y Ana Delgado integrante del FPMR.

En fallo dividido (causa rol 27178-204), la Segunda Sala de febrero -integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Ricardo Blanco y Andrea Muñoz- condenó a los ex oficiales de ejército y agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI): Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, ex teniente coronel, actualmente cumpliendo condena en el Penal Punta Peuco, Pedro Javier Guzmán Olivares, ex coronel, Juan Eduardo Rubilar Ottone, ex teniente coronel, Pedro Javier Guzmán Olivares, ex coronel, Reimer Eduardo Kohlitz Fell, ex mayor de ejército, y a los ex suboficiales de ejército Hernán Antonio Vásquez Villegas, alias "Pablito", y Jorge Eduardo Hernández Espinoza, alias "Oscarito", a penas de 15 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los homicidios de las 4 víctimas.

A la fecha de ocurrencia de los homicidios Corbalán cumplía funciones como jefe de la División Anti Subversiva de la CNI, que operaba en el Cuartel Borgoño de la capital; los demás condenados eran todos integrantes de la Brigada Verde, unidad encargada de la persecución del PC y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El fallo de primera instancia, dictado en enero del 2012 por el ministro en visita Joaquin Billard, había condenado a Corbalán a 15 años de presidio, a Kohlitz Fell y Vásquez Villegas a 6 años, a Rubilar Ottone y Hernández Espinoza una pena de 3 años, y absolvía a Guzmán Olivares.

La reiterada práctica de los falsos enfrentamientos

Según los antecedentes recopilados en la etapa investigación, el ministro en visita Joaquín Billard logró acreditar que las cuatro víctimas fueron asesinadas por los agentes, desvirtuando la versión oficial que las sindicó como muertas en enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

«Con el mérito de los antecedentes analizados, ponderados en forma legal, se ha logrado establecer que contrario a la versión oficial, el día 2 de julio de 1984, aproximadamente a las 23:00 horas, personal de la denominada Central Nacional de Informaciones (CNI) que se movilizaba en un automóvil de sur a norte, interceptó a un vehículo particular que se encontraba detenido en la Avenida José Pedro Alessandri, trescientos metros antes de llegar a la Rotonda Departamental y en los momentos en que uno de los ocupantes del vehículo particular se dirigió en una cabina de teléfono público, ubicaba frente al N° 6132, de esa avenida, el personal de la CNI acribilló en ese sitio al conductor del vehículo que se encontraba al interior del mismo y luego de subir al otro sujeto a un vehículo furgón tipo utilitario, procedió a ejecutarlo en las cercanías del «Zanjón de la Aguada», distante unos metros de la detención, hecho ilícito constitutivo del delito de Homicidio calificado en las personas de Enzo Muñoz Arévalo y Héctor Patricio Sobarzo Núñez", sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «Con el mérito de lo reseñado precedentemente, se tiene por justificado en autos que, el día 2 de julio del año 1984, en horas de la noche, agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), que conformaban el aparato antisubversivo y cuya sede se encontraba en el Cuartel Borgoño de esta ciudad, procedieron a detener a un hombre y una mujer en las proximidades de la Rotonda Departamental, lugar donde se había producido un supuesto enfrentamiento entre personal de la ex CNI y supuestos extremistas, para posteriormente trasladarlos, a ambos, al Cuartel Borgoño ubicado en esta ciudad y en cuyo subterráneo fueron interrogados. Posteriormente, en horas de la madrugada, ambos detenidos fueron retirados desde ese lugar y trasladados a las proximidades del Callejón Lo Ovalle con calle San Petersburgo de la Comuna de San Joaquín, lugar en el cual, cerca de las 6 de la mañana, bajo pretexto de un enfrentamiento armado, ambos detenidos fueron ejecutados por miembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI), entregándose la versión oficial de que las víctimas de autos, habían sido abatidas en un enfrentamiento armado en las proximidades del Callejón Lo Ovalle, hechos constitutivos del delito de Homicidio Calificado perpetrado en las personas de Juan Manuel Varas Silva y Ana Alicia Delgado Tapia".

La decisión definitiva de la Suprema se adoptó con los votos en contra de los ministros Dolmestch y Künsemüller, quienes fueron partidarios de aplicar la media prescripción. Esta actitud es casi costumbre en estos dos jueces partidarios por razones ideológicas de otorgar beneficios indebidos a los criminales, aun contraviniendo los compromisos internacionales que obligan al Estado chileno a adoptar determinadas conductas anti impunidad y privilegios en delitos de lesa humanidad y de derechos humanos.

 La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos lanzó recientemente una campaña con las fotografías de los violadores a los derechos humanos que actualmente se encuentran prófugos en Chile. Ellos son, Juan Carlos Orellana Morales; Ricardo Lawrence Mires; Luis Arturo Sanhueza Ros; Pedro Javier Guzmán Olivares; y Reimer Eduardo Kohlitz Fell. 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, se reunió en julio pasado, con dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) para presentarles la campaña que busca dar con los criminales de la dictadura condenados por la justicia y que se encuentran prófugos.

Alicia Lira expuso en la sesión plenaria de la Confech ante las 19 federaciones universitarias que se encontraban presentes. Allí les recalcó la importancia de masificar la campaña para que se haga efectiva la justicia. “Les presenté la campaña que estamos impulsando y les conté de todas las gestiones que hemos hecho para que no exista más impunidad en el país, como por ejemplo de la reunión que tuvimos con el director de la PDI”, señaló la presidenta de la AFEP.

La dirigente agregó que “nuestra preocupación es masificar la campaña porque existe un encubrimiento de parte de varias instituciones, y en especial del Ejército, en el caso de los prófugos. Por ejemplo, Ricardo Lawrence está prófugo desde 2014”. Alicia Lira aseguró que la Confech se comprometió a difundir los afiches de la campaña y a sacar una declaración para asumir el compromiso con la verdad y la justicia.

El vocero de la Coordinadora No + AFP, Luis Mesina, quien también fue invitado por la Confech a exponer, se sumó a la campaña de verdad y justicia para visibilizar los rostros de los criminales que están prófugos e invitó a la AFEP a participar de las futuras movilizaciones de la coordinadora.

Reimer Eduardo Kohlitz Fell, prófugo de la justicia y condenado por crímenes de lesa humanidad fue detenido el sábado 4 recién pasado durante una operación antidrogas cerca de la aldea de Curarrehue, a unos 800 kilómetros al sur de Santiago. Carabineros detectaron en la zona fronteriza a una persona ingresando por un paso no habilitado desde territorio argentino, y que posteriormente abordó dos vehículos.

Carabineros hicieron varias detenciones e identificaron a Kohlitz entre los miembros de la banda implicada. Kohlitz Fell, ex agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), condenado en 2015 por la Corte Suprema a 15 años por los delitos de homicidio de Enzo Muñoz Arévalo y Héctor Patricio Sobarzo Núñez, un defensor de los Derechos Humanos y Secretario Ejecutivo de CODEPU, hechos ocurridos el 2 de julio de 1984.

Kohlitz había sido condenado por primera vez en 2012. Pero apeló la sentencia diciendo que Sobarzo y Muñoz eran “terroristas” que fueron asesinados durante un enfrentamiento. Pero su sentencia de  prisión definitiva fue confirmada por el Tribunal Supremo de Chile en agosto de 2015, fecha desde la cual se encontraba prófugo.

Los hechos*

A las 23:30 horas del 2 de julio de 1984, Patricio Sobarzo Núñez y Enzo Muñoz Arevalo estacionaron el automóvil marca Daihatsu en que se movilizaban en Avenida José Pedro Alessandri a pocos metros de la Rotonda Departamental y frente al conjunto habitacional Don Camilo. Patricio Sobarzo atravesó la calle hacia una caseta telefónica para hacer una llamada mientras Muñoz Arevalo permaneció en el vehículo con las luces encendidas. En ese momento el vehículo es rodeado por civiles armados. Uno de los agentes represivos disparó una ráfaga de metralleta en contra de Enzo Muñoz y su cuerpo cayó por la puerta del conductor quedando tendido al costado del automóvil.

Patricio Sobarzo, Secretario Ejecutivo de CODEPU, es golpeado brutalmente cayendo al suelo. Luego le obligan a levantarse con las manos en alto. Es registrado sin encontrársele especie alguna. Es subido a un vehículo pintado de taxi para luego bajarlo a golpes y volverlo a subir a otro vehículo, esta vez un furgón utilitario de color blanco. El furgón se desplaza una centena de metros hacia Avenida La Aguada y frente a unos postes del tendido eléctrico Patricio Sobarzo es ultimado. Transformándose en el primer trabajador de un organismo de defensa de los Derechos Humanos asesinado. Tiempo después, los aparatos represivos cometerían el crimen de José Manuel Parada, quien laboraba en la Vicaría de la Solidaridad.

Un falso enfrentamiento montado por la dictadura se había llevado a Patricio Sobarzo, profesor, mirista, defensor de los Derechos Humanos, poeta, papá de Simón Ernesto y compañero de la también profesora, Inés Castillo. Un falso enfrentamiento segaba la vida de quien había dedicado su propia vida a salvar otras.

Pocos días antes, un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ejecutaba una acción de propaganda armada en el frontis de la brigada de inteligencia del ejército, en pleno centro de Santiago. Un integrante del comando queda gravemente herido y sus compañeros buscan atención médica.

Tras cerrarse varias puertas, acuden a CODEPU y es Patricio Sobarzo quien realiza las gestiones para brindarles auxilio humanitario. Acude a la casa donde se encontraba el herido. El estado de salud es grave. Patricio y el compañero de militancia del herido suben al vehículo Daihatsu saliendo rápidamente de la casa en busca de un lugar donde pudiera recibir efectiva atención médica o llevarlo a una embajada si es necesario, pues el tiempo apremia. Ambos son asesinados.

Tras el crimen los integrantes de CODEPU y todos quienes frecuentaban sus oficinas reciben impactados y dolidos la noticia. Inmediatamente ponen en tensión todos sus equipos. Fabiola Letelier junto a personalidades democráticas denuncia en conferencia de prensa el asesinato del Secretario Ejecutivo. El equipo jurídico, por su parte toma contacto con testigos y presenta una querella contra quienes resulten responsables. CODEPU, acostumbrado a defender legalmente a los perseguidos por el régimen, debía multiplicar sus esfuerzos, esta vez, para presentar los recursos legales, denunciar y perseguir a los criminales que atentaban contra un destacado integrante y fiel representante del espíritu que animaba a la institución.

Fallo judicial ratifica la denuncia de CODEPU*

Después de 28 años de ocurrido el crimen del Secretario Ejecutivo de CODEPU el ministro de fuero Joaquín Billard, dio a conocer las sentencias en primera instancia en contra de la Brigada Verde de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por el asesinato del profesor Patricio Sobarzo y de Juan Varas Silva, Ana Delgado Tapia y Enzo Muñoz Arévalo, aquel día de 1984.

Los hechos según el fallo judicial dictado en el año 2014 confirman lo señalado desde el primer día por CODEPU: un militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se encontraba en una clínica clandestina, ubicada en la comuna de Macul, al cuidado de un paramédico, al empeorar su estado optaron por pedir ayuda a CODEPU, quienes designaron a Patricio Sobarzo para que se hiciera cargo del caso. Al comprobar el estado de salud del rodriguista herido, Sobarzo junto a Muñoz Arévalo salieron del lugar a llamar por teléfono para tratar de ubicar un médico o en caso contrario trasladarlo a una embajada. Se detuvieron cerca de la rotonda Departamental para llamar por teléfono, momento en que ocurre el crimen de ambos.

Luego el fallo entrega detalles de lo ocurrido en la precaria clínica: los militantes de izquierda que se encontraban allí escuchan los disparos y comienzan a salir del lugar ante el peligro de allanamiento del domicilio. Entre las personas que salieron del domicilio estaban Juan Varas Silva y Ana Delgado Tapia quienes son detenidos en las cercanías de la casa y llevados al Cuartel Borgoño de la CNI, ahí son duramente interrogados y torturados y luego en horas de la madrugada son sacados de ese lugar y trasladados hasta las proximidades del Callejón Lo Ovalle con la calle San Petersburgo, de la comuna de San Joaquín. Allí, cerca de las 6:00 de la mañana ambos detenidos fueron ejecutados por la CNI.

Las versiones oficiales de esa época, reiteradas por las dos principales cadenas de medios de prensa, hablaron de enfrentamientos. La investigación inicial de CODEPU y lo que el largo proceso judicial comprobó, es que no hubo enfrentamiento. Hubo crímenes.

CODEPU… sufría lo mismo que los perseguidos…