Jürgensen Caesar Manfredo Enrique

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos.

La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.

El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlos.

Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpas Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".

Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.

Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días

La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.

El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.

Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros.

Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.

En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad

La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psiquiatra Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los '90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia.

esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.

Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, (coronel (r) suicidado) Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.

El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una crisis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.

Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú.

Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto

Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally".

Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986.

Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez. Dr. Camilo Azar Saba (actualmente tiene un sitio web y un blog:( http://camiloazar.blogspot.com/ y http://www.camiloazar.com/ )  es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar. Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.

Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.

Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.

El lugar de trabajo

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 4508563.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.

Guido Díaz Paci, Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo. email:  camiloazar@vtr.net  . Fonos: (56-2) 679 65 00.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.

Mas de 500 menciones en Internet sobre el caso del profesor Federico Álvarez Santibáñez. En el liceo en el cual trabajó, ninguna. El caso llegó a la OEA, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue defendido por el actual senador Adolfo Zaldívar.

En pleno año 2001 en un distendido e intimista desayuno junto a próceres y líderes educacionales del Liceo Santiago Bueras tuve la peregrina y, quizás, desatinada idea de preguntar por el caso del profesor Federico Álvarez Santibáñez, que había trabajado en ese establecimiento con un trágico fin. La respuesta colectiva fue un silencio también colectivo, el lenguaje gestual fue significativo. El tema incomodaba y era “culposo”. Generalidades y vaguedades dieron paso a otros temas.

Más tarde, en un círculo más estrecho y pequeño, algunos reconocían la falta de no haber tenido una actitud más explícita y por lo menos haberse hecho presentes en las exequias, directa o indirectamente. Toda mención al suceso les fue prohibida. Los tiempos que corrían eran extremadamente difíciles. Comprensible.

Lo incomprensible fue la reacción de silencio y de repentino olvido en pleno año 2001. Una posibilidad se relaciona con el contexto general que vivía la educación comunal a la época. El Alcalde de extrema derecha trabajó para la Junta Militar; la Directora actual, de extrema derecha, la profesora de historia actual, despotricando contra los políticos y adorando a Pinochet, dos o tres profesores cumpliendo labores de enlace con la alcaldía de Sepúlveda, al igual que como lo hicieron en plena y dura dictadura, pero esa vez con los organismos de inteligencia. Uno de ellos ya falleció y dos continúan ocupando altos cargos en el sistema educacional. Incluso una  actualmente es Directiva en un colegio municipal.

La otra alternativa, para comprender la reacción de olvido sincero o no, se relacionaría con el hecho que ahora la mayoría de los “profes” no están para malos recuerdos o banderas que no dan frutos económicos. Lo importante es la cuota del auto, el bono que se adeuda y otras yerbas.

Usted, fiel lector, ¿sabe de algún homenaje a profesores mártires  aquí en Maipú?  “Jarita”, junto a su asesor educacional, “Benve”,  y el Colegio de Profesores no están para perder el tiempo en actividades pocos rentables electoral y financieramente.

Mas allá de estas disquisiciones odiosas para algunos y reales para otros, el caso de Federico Álvarez  Santibáñez sobrepasa las fronteras y las barreras del tiempo, pues recientemente en diciembre de 2004 un grupo de jóvenes protestó frente a la casa del médico que lo torturó.

En esta nota, agregamos un extracto del artículo “Federico junto al Diamelo”, que se puede encontrar en Historiasquepodemoscontar.cl

FEDERICO ÁLVAREZ SANTIBÁÑEZ, profesor de química del Liceo A-73 SANTIAGO BUERAS Y AVARIA, ex alumno del Liceo de Hombres de La Serena y de la Universidad de esa misma ciudad. Falleció el 21 de agosto de 1979 tras haber sido detenido por carabineros que lo entregaron a la CNI.

En su declaración ante la Fiscalía Militar los abogados apreciaron las terribles condiciones en que se encontraba, a pesar de lo cual no se lo remitió al hospital. Al día siguiente falleció en la Posta Central donde debió ser llevado de urgencia y donde se le diagnosticó contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar. Sin embargo, oficialmente se explicó su muerte como consecuencia de un golpe en la cabeza dado por un carabinero al reducirlo.

En contrapartida, el Colegio Médico realizó un sumario en contra de los facultativos que tuvieron participación en los trabajos de tortura del CNI, ya que en la Posta Central, donde Federico en definitiva fallece, se indicó que la causa de la muerte no se vincula a ningún golpe en la cabeza, sino a las torturas ocasionadas por la CNI. De esta manera, entre los médicos sancionados por el Colegio Médico se menciona a Camilo Azar Saba: participación en torturas al interior de recintos de la CNI; un dictamen que afectó además a los doctores Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar.

La  “Comisión Funa”, acudió a denunciar a Camilo Azar a su propio domicilio en La Reina, el 20 de diciembre de 2004. “Es un médico que puso sus conocimientos al servicio de la tortura aplicada por la CNI al interior de recintos clandestinos”, agregando que “el caso más conocido de su actuación es el que causó la muerte de Federico Álvarez Santibáñez, quien dejó una viuda, un hijo y el ejemplo de consecuencia de un hombre que se atrevió a enfrentar a la dictadura a pesar de los momentos extremadamente adversos.”

México DF.- En entrevista telefónica desde Viña del Mar, un médico que ejercía en 1973, analiza el Caso Neruda, aporta datos desconocidos sobre sus contemporáneos y pone en duda el medicamento que aplicaron al paciente Pablo Neruda en la Clínica Santa María: “Pienso que deberían buscar Nifedipina (Dihidropiridina) en los restos del poeta que se examinan en Chile y Estados Unidos, los laboratorios de la Universidad de Carolina del Norte deberían extender su búsqueda para saber qué le inyectaron a Neruda el 23 de septiembre de 1973: Dihidropiridina, Dipirona, Dolopirona, u otro componente tóxico. El enrojecimiento de ‘la guata’ tras la inyección, de lo que se habló, también la produce el fármaco Dihidropiridina al dilatar los vasos sanguíneos, una sobredosis pudo matar a Neruda”. 

La identidad del doctor fue corroborada en el registro del Colegio Médico, luego de un par de videoconferencia por Skype, nos comunicamos telefónicamente a su consultorio; debido a la información delicada el doctor chileno pidió el anonimato, accedí entrar en contacto con el médico después de mirar sus fotografías de la época y al escuchar los antecedentes que cuadran con el presunto asesinato de Neruda. Confieso que en 400 entrevistas que he publicado en Clarín.cl es la primera vez que guardaré el secreto del entrevistado, me hago totalmente responsable de la información que aquí presentamos, la identidad del doctor está corroborada y los indicios que aporta podrían esclarecer el Caso Neruda. 

MC.- Doctor, ¿no le parece raro que la Clínica Santa María “extravió” el expediente del paciente Pablo Neruda?

DR.- Al ser la Clínica Santa María un establecimiento ocupado militarmente, todo el “personal” estaba “al mando” de la dirección de los ocupantes -no necesariamente médicos-, eso ocurrió en todos los hospitales y clínicas después del golpe de Estado. Por lo tanto, la documentación y las historias clínicas que se hicieron durante esa ocupación -sobre todo las fichas que le  interesaban especialmente a la dictadura- nunca pasarían al archivo de la clínica. Si el expediente médico de Neruda está en alguna parte, será en algún archivo militar, pero no en los archivos de la Clínica Santa María. Lo lamentable de esto, si la hipótesis del presunto asesinato de Neruda es correcta, es pensar que el poeta se metió involuntariamente en la boca del lobo creyendo que ingresaba a una clínica segura. 

MC.- ¿Conoció a las enfermeras del Caso Neruda?

DR.- Recuerdo que una enfermera me dijo que la habían asignado a la Clínica Santa María desde el Hospital Militar, y en 1974 la dictadura recompensó sus servicios “heredándole” el departamento amueblado del doctor Eduardo Paredes –ubicado en la Torre San Borja, diagonal Paraguay-, el doctor Paredes fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda, la viuda del doctor Paredes fue desalojada y partió al exilio. Nunca olvidé mi conversación con aquella enfermera del Hospital Militar –todavía conservo las fotografías de la época-, si revisan el registro público de la propiedad o los domicilios de las enfermeras de la Clínica Santa María sabrán de quién estoy hablando, por lo menos una enfermera está ocultando sus vínculos con el Hospital Militar. 

MC.- ¿De quién está hablando?

DR.- Yo te doy los datos y las fotografías; ustedes tendrán que investigar: ¿qué hacía la enfermera inmediatamente después del golpe en la Clínica Santa María?, ¿por qué la trasladaron del Hospital Militar?, ¿quién era su jefe?, ¿quién paga su jubilación?, resulta imprescindible contar con la lista completa de enfermeras, médicos, administrativos y auxiliares de limpieza que trabajaron en la Clínica Santa María en septiembre de 1973. 

MC.- ¿Conoció al doctor Sergio Draper?

DR.- No, él dice que entró a trabajar a la Clínica Santa María el 20 de septiembre de 1973, Neruda ingresó el 19, ¿raro, no te parece?, Draper dice que dejó a su paciente encargado al “doctor Price”, pero no “recuerda” el nombre de pila del “doctor Price”. Insisto: conocí a la enfermera que recibió, como recompensa por sus servicios, el departamento del doctor Paredes asesinado por la dictadura después de su detención el 11 de septiembre en La Moneda.

MC.- El doctor Sergio Draper tiene su consultorio en la Av. Salvador #130 (Piso 3), Providencia (teléfono: 366 2000). ¿Estaría interesado en hacerle alguna pregunta?

DR.- No. Le corresponde a la Policía de Investigaciones aclarar cuál fue el papel de Sergio Draper en el asesinato del presidente Eduardo Frei Montalva y en el presunto asesinato de Neruda. 

MC.- En las tres universidades chilenas, de la época, donde se podía estudiar medicina no existen los registros de ningún “doctor Price”, según la descripción de Sergio Draper, “Price” podría ser Michael Towley (agente de la CIA). ¿Cómo ubicar al “doctor” Price?

DR.- Esa pregunta debe responderla Sergio Draper, el “doctor” Price podría ser un piloto de apellido compuesto: “Rose-Price”, o un coronel de Carabineros: “Eduardo Price Quinteros”, no lo sé. Insisto: la Clínica Santa María, como todos los centros médicos, estaba intervenida por la dictadura, después de leer la descripción de “Price” y estudiar las raras circunstancias en las que murió Pablo Neruda, yo no descartaría investigar al doctor Hartmut Hopp (jerarca de la Colonia Dignidad), sabemos que Hopp había regresado de Estados Unidos, tenía 28 o 29 años y se “movía” sin problemas en el entorno de clínicas, hospitales y laboratorios universitarios, en su calidad de médico en trámites de revalidación del título. También tengo mis sospechas en el doctor Manfred Jurgensen Caesar (colaborador de la Central Nacional de Inteligencia), lo recuerdo y cuadra perfectamente en la descripción del “doctor Price”, me dolió verlo en la lista de los médicos al servicio de la dictadura, era un tipo simpático, pero hemos conocido a peores hipócritas. Ambos doctores –Hopp y Jurgensen- se parecen al “doctor” Price, ambos trabajaron para la dictadura de Pinochet. 

MC.- El doctor Sergio Draper declaró a la Revista Ñ que inyectó “dipirona” a Neruda (06/09/2011); en cambio, Matilde Urrutia dijo al diario La Opinión que la inyección fue de “dolopirona” (05/05/1974). ¿Qué medicamento produce los síntomas que aceleraron la muerte de Neruda?, ¿dipirona o dolopirona?

DR.- Yo sospecho del Nifedipino -que en la época se conocía bajo una sigla del laboratorio Bayer: “Bay a 1040”-. En muchos lugares del mundo, Chile incluido, el Nifedipino se  inyectaba intraabdominalmente a animales de experimentación para obtener la información científica previa a su comercialización (con el nombre de Adalat) para determinar las dosis no  peligrosas utilizables vía oral en pacientes hipertensos. Es un estupendo medicamento, pero desde entonces se sabía que en sobredosis mataba. Los estudios -con la substancia inyectable- se realizaban en laboratorios universitarios, en Chile, si estoy bien informado: en la Universidad Católica. Si tengo razón en mi sospecha, puedo agregar que considero un truco que los testigos hablen de una inyección de “Dipirona”; quizás para argumentar una equivocación, porque el “Bay a 1040” tiene un nombre químico parecido: Dihidropiridina. 

Pienso que deberían buscar Nifedipina (Dihidropiridina) en los restos del poeta que se examinan en Chile y Estados Unidos, los laboratorios de la Universidad de Carolina del Norte deberían extender su búsqueda para saber qué le inyectaron a Neruda el 23 de septiembre de 1973: Dihidropiridina, Dipirona, Dolopirona, u otro componente tóxico. El enrojecimiento de “la guata” tras la inyección, de lo que se habló, también la produce el fármaco Dihidropiridina al dilatar los vasos sanguíneos, una sobredosis pudo matar a Neruda. 

MC.- ¿Qué piensa de los primeros exámenes forenses y el reporte de la metástasis del cáncer de Neruda?

DR.- Neruda padecía cáncer en la próstata, nadie pone en duda el diagnóstico de ingreso a la Clínica firmado por el doctor Vargas Salazar; al poeta lo operaron dos veces en Francia cuando era Embajador y al regresar a Chile recibió 56 sesiones de radioterapia de cobalto en tres meses (a principios de 1973), a pesar de la metástasis Neruda podía viajar a México el 24 de septiembre, no había razón alguna para decir que estaba agónico cuando su esposa lo dejó para ir a buscar varias cosas a Isla Negra el 23 de septiembre; el exilio a México ya estaba decidido y organizado. Lo que interesaba a los presuntos asesinos era impedir que Neruda saliera de Chile, porque tendría consecuencias que los militares querían evitar. Lo importante es saber, después de comprobar que los restos son efectivamente de Neruda, es si aún se pueden detectar substancias que -inyectadas en su abdomen- le provocaron un shock -irreversible, de no ser tratado de inmediato- como informó El Mercurio (24 de septiembre de 1973). Mario, tú dices que El Mercurio retomó la información del boletín de prensa de la Clínica Santa María fechado la noche del 23, eso tiene sentido, lo raro es que el Certificado de defunción fue emitido al día siguiente (24), el Certificado está firmado por el doctor Vargas Salazar, quien no estuvo de turno la noche del 23, la Clínica no emitió el Certificado de defunción la noche del 23, el Certificado de defunción no reporta lo mismo que el boletín de prensa de la Clínica Santa María, retomado por El Mercurio y La Tercera y La Prensa de Santiago. 

MC.- ¿Es necesario comprobar que los restos óseos pertenecen a Neruda?, ¿no es algo obvio?

DR.- La determinación del ADN es de suma importancia, los militares pudieron conseguir un esqueleto con metástasis ósea; no es suficiente identificar los restos exhumados de Neruda por la ropa, o por el color del féretro. 

MC.- Finalmente, ¿estaría interesado en estudiar los resultados de la exhumación de Neruda?

DR.- Sí, los resultados de los exámenes son de interés general, por sus implicaciones judiciales e históricas; para los médicos los resultados serán materia de estudio durante años, habrá que esperar un par de meses para que terminen las pesquisas forenses.

El ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza dictó procesamiento en la investigación por el homicidio calificado de Federico Álvarez Santibáñez, ocurrido el 15 de agosto de 1979, en la Región Metropolitana.

El magistrado encausó y ordenó la prisión preventiva de los siguientes agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Odlanier Mena Salinas, Julio Salazar Lantery, Carlos Durán Low, Jorge Andrade, Jorge Vargas Bories y Jaime Rubilar Ocampo, Eduardo Araya Pardo, y Luis Sagredo Valdebenito, como autores de homicidio calificado; y a Manfredo Jurgensen Caesar y Luis Losada Fuenzalida, como cómplices de homicidio calificado.

Según la investigación, el 15 de agosto de 1979, Federico Renato Álvarez Santibáñez, de profesión profesor y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), “fue detenido junto a Raúl López Peralta, en el centro de Santiago, por funcionarios de Carabineros de Chile, al ser sorprendido lanzando panfletos del MIR, para lo cual con el fin de reducirlo, lo golpearon con los bastones de servicio en el cuero cabelludo, ocasionándole lesiones, las cuales, según el diagnóstico del médico de turno del Hospital José Joaquín Aguirre, eran de carácter leve. Que, por los antecedentes de la detención, el Ministerio del Interior, mediante Decreto N° 2449, dispone el arresto de Álvarez Santibáñez, siendo éste trasladado en la misma fecha, al cuartel Borgoño de la Central Nacional de Informaciones, junto al segundo detenido, lugar donde es sometido a sesiones de interrogatorios y torturas hasta el día 20 de Agosto de 1979, fecha en que es llevado a la Primera Fiscalía Militar, disponiendo el Fiscal, ante el evidente mal estado que se encontraba Federico Álvarez Santibáñez, producto de los tormentos de que fue víctima, su traslado al Hospital de la Penitenciaría de esta ciudad, quienes al constatar las contusiones y el estado de gravedad del detenido, lo ingresan a la Asistencia Pública de esta ciudad, lugar donde fallece el día 21 de Agosto de 1979, a las 6,50 horas. Que durante el período que Álvarez Santibáñez permaneció privado de libertad en el cuartel Borgoño, siendo sometido a intensos interrogatorios y torturas, fue examinado por 2 médicos de la Central Nacional de Informaciones, quienes certificaron que el detenido se encontraba en buenas condiciones de salud”.

Todos los procesados, salvo Odlanier Mena –a quien se le concedió la libertad bajo fianza– se encuentran privados de libertad.

El programa “En la Mira” de Chilevisión emitió anoche un reportaje donde se dio a conocer la identidad de los llamados “médicos torturadores”, galenos que ejercen en la actualidad a pesar de haber sido acusados de participar en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Uno de ellos es Guido Díaz Pacci, quien trabaja en La Serena. Se le acusa haber asesinado de un tiro de gracia al pediatra Jorge Jordan.

“No tengo nada que ver en ese baile, fui médico del regimiento Arica y nada más”, sostuvo el profesional. Al ser increpada por la hermana de la víctima, el doctor le contestó: “Cállese la boca, no diga estupideces mijita”.

Otro de los “médicos torturadores” es el ex miembro de la CNI Manfred Jurgensen, quien también trabaja en La Serena. “Lo he pasado pésimo. Jamás he participado en algo que sea poco ético, jamás en mi vida de médico”, dijo.

“Se me involucró en una cosa que no corresponde, hice un turno de reemplazo y eso ha significado en toda mi vida un calvario”, agregó.

Por su parte, se mostró el caso de Alejandro Forero, quien habría participado de la Caravana de la Muerte y que actualmente atiende en la Clínica Indisa.

“Fui juzgado y encontrado libre de toda culpa por la Corte de Apelaciones, en el Gobierno de Ricardo Lagos”, señaló el doctor.

En el reportaje también apareció Eugenio Fantuzzi, quien estuvo a cargo del departamento de sanidad de la DINA y que fue expulsado del Colegio Médico.

“Era muy joven y nos dedicábamos solamente a atender a la gente que era miembro (…) las cosas se dan también por diferentes causas, hay que acordarse que mi industria fue tomada por la UP”, indicó.

Este es un período de gran agitación nacional en Chile. ¿Por qué? Se cumplen cuarenta años del golpe militar que terminó con el gobierno constitucional y democrático del presidente Salvador Allende. Ese día, la sede de gobierno Palacio de La Moneda fue bombardeada, y Allende se suicidó.

En las semanas que han precedido este 11 de septiembre, como nunca antes en nuestro país hemos sido testigos de una intensa conversación pública, con discusión, debates, denuncias, opiniones, declaraciones, recuerdos, y tantas otras cosas, de parte de tantas personas, agrupaciones e instituciones, sobre lo que significó el golpe sobre nuestra alma nacional y lo que vino después: las violaciones a los derechos humanos en una escala abominable. No habíamos visto un aniversario 11 de septiembre de 1973 con tal connotación como este cuadragésimo.

Una gran fuerza en resignificar el pasado ha venido de las generaciones más jóvenes, precisamente aquellos que nacieron en democracia. Por no sentir el agobio de lo que significó el miedo y el terror, tienen hoy la libertad de mirar el pasado y deplorar aquello que ocurrió, sin temor que se pueda generar una regresión autoritaria en Chile. La generación de estudiantes que salió a las marchas en 2011 reclamando por educación pública y gratuita y que protagonizó incluso huelgas de hambre1,2, se está pronunciando con fuerza moral y convicción republicana.

Al cumplirse 40 años del golpe de estado encabezado por el general Augusto Pinochet, se torna necesario recordar la participación de los médicos y su orden profesional en este capítulo de la historia de Chile, muy especialmente en lo que corresponde a la violación sistemática de los derechos humanos3,4.

El 4 de septiembre de 1970, el Dr. Salvador Allende triunfó en las elecciones presidenciales y fue ratificado luego por el parlamento cumpliendo lo establecido por la Constitución vigente.

Su gobierno fue sometido desde el comienzo a una gran oposición entre las que destacó el Colegio Médico de Chile, que apoyó activamente las movilizaciones contra el gobierno, y convocó a paro médico, llegando incluso a pedir la renuncia del Presidente de la República.

En el período posterior al golpe de estado, el Colegio y sus autoridades hicieron caso omiso de las numerosas denuncias de graves atropellos a los derechos fundamentales que ocurrían en el país y que afectaban, incluso, a numerosos médicos. Tampoco se preocuparon de investigar la participación de miembros de la orden en casos de tortura contra personas detenidas por las fuerzas de seguridad. Esto fue comprobado por la FAS (Federation of American Scientists) que visitó el país en junio de 19745 y en 2012 fue descrito en el libro “La Danza de los Cuervos” de Javier Rebolledo6.

En 1981, se dictó la Ley de Asociaciones Gremiales7 que aunque suprimió muchas atribuciones de los colegios profesionales – como la colegiatura obligatoria, la tuición sobre la ética, el derecho a participar en la política de salud pública y otras – al menos permitió la elección de sus directivas, las que, entre los médicos, no se realizaban desde 1971.

La primera directiva así elegida fue encabezada por el Dr. Juan Luis González Reyes, quien asumió un firme compromiso de defensa de los derechos humanos y especialmente de combatir el flagelo de la tortura que en esa época ya era sistemática y generalizada. Es así que se revisó y perfeccionó el Código de Ética8, incorporando en su texto las declaraciones de las Naciones Unidas y la Asociación Médica Mundial sobre protección de las personas y la Declaración de Tokyo de 1975 contra la tortura9. En 1985, se incorporan normas éticas relativas a la atención médica de personas detenidas.

En 1983, el Colegio acogió a investigación una denuncia de tortura presentada contra un médico militar por una persona detenida por la CNI (Central Nacional de Informaciones). Luego de catorce meses de proceso el Dr. Carlos Pérez Castro fue encontrado culpable de participación en los hechos y fue sancionado con la suspensión de sus derechos gremiales por un año10,11. Era la primera vez en Chile que un médico era sancionado por un acto semejante por parte de su Orden profesional. Hasta ese momento y pese a que la tortura era generalizada y sistemática, nadie había recibido sanción por ninguna institución del país.

Entre otras importantes iniciativas realizadas ese año destacan la entrevista del Dr. González Reyes con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia al que se le hizo entrega de evidencia documentada sobre casos de tortura solicitando su intervención en ello; también una declaración pública llamando al gobierno a que terminara con esta práctica y advirtiendo que el Colegio no se prestaría para defender a médicos que incurrieran en ella*.

En mayo de 1984, el Colegio Médico compareció ante el congreso norteamericano para dar a conocer los antecedentes que implicaban a profesionales médicos en actos de tortura y las acciones que se llevaban a cabo para terminar con este flagelo12.

En julio de ese año se entregó al gobierno un proyecto de “Código de conducta para funcionarios encargados del cumplimiento de la ley” a fin de prevenir su participación en esta práctica13.

En 1985, se recibieron dos graves denuncias de participación médica en casos de tortura con resultado de muerte de las víctimas. La primera ocurrió en 1979 y afectó a un profesor detenido por Carabineros y entregado a la CNI. De este proceso resultó la expulsión del Colegio de los doctores Luis Losada Fuenzalida y Manfred Jurgensen Caesar. Un tercer médico, el Dr. Camilo Azar Saba fue suspendido por seis meses de sus derechos gremiales14,15

El otro caso sucedió en La Serena en octubre de 1984 y la víctima fue un trasportista que falleció en el hospital de la ciudad como consecuencia de las lesiones recibidas en un recinto de la CNI. En este proceso se sancionó con expulsión al Dr. Guido Díaz Paci, y suspensión por seis meses al Dr. Víctor Carcuro Correa16,17.

Es necesario y triste decir que estas personas continúan ejerciendo la profesión y que la única sanción que han recibido hasta ahora ha sido la mencionada.

En marzo de 1986, el Colegio Médico de Chile fue galardonado por la prestigiosa Asociación Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) con su premio anual “A la libertad científica y responsabilidad por su lucha profesional y humanitaria contra la práctica de la tortura en el país”18,19.

Si bien todo lo descrito fue importante se puede decir que la mayor contribución de los médicos y su colegio profesional en la defensa de los derechos humanos fue su participación relevante en la “Asamblea de la Civilidad”, conjunto de más de veinte organizaciones de distinto tipo que lideró la oposición a la dictadura en ese período y que convocó a la gran huelga nacional del 2 y 3 de julio de 1986 por la “Demanda de Chile” y cuya represión significó numerosas víctimas (caso “quemados”, entre otros20) y el encarcelamiento de su directiva durante más de cuarenta días, entre ellos los doctores Juan Luis González y Francisco Rivas21.

Todas estas acciones fueron despertando la conciencia nacional y culminaron con el triunfo de las fuerzas democráticas en el plebiscito de 1988 que impidió la continuación de Augusto Pinochet en el gobierno y abrió nuevas esperanzas de cambio y superación de los horrores vividos.

La Revista ha considerado imprescindible recordar estos hechos. Esta es una historia que nos llama a todos a construir en conjunto una sociedad con sentido de comunidad nacional y en donde nunca más vuelvan a ocurrir hechos así.

Notas

* No hay registro disponible de la entrevista ni de la declaración pública.

Conflictos de intereses: El doctor Sergio Pescio declara ser miembro del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile. Declara no tener otros conflictos de intereses.

Frente al contenido de este artículo editorial, la doctora Vivienne C. Bachelet declara haber sufrido la muerte en la Cárcel Pública de su tío en 1974, el general Alberto Bachelet; haber sufrido la detención de su padre en 1975; y de haber vivido en autoexilio por vínculo familiar con su padre durante ocho años a partir de 1976. Declara no tener otros conflictos de intereses.

Referencias

1. Calderón B. Student hunger strike: Diary of a struggle. Medwave 2011 Oct;11(10):e5196. 
2. Kottow M. Reactions to the hunger strike. Medwave 2011 Oct;11(10):e5175. 
3. Pescio S. Tortura y profesionales de la salud: Chile 1973-1989 [no publicado]. En: Latin American Studies Association. XV International Congress, Miami, diciembre 1989.
4. Rivas F. Traición a Hipócrates. Médicos en el aparato represivo de la dictadura. Santiago, Chile: CESOC, 1990.
5. Federation of American Scientists. Subject: CIA Activities in Chile. September 18, 2000. fas.org [on line].
6. Rebolledo J. La danza de los cuervos. Santiago, Chile: CEIBO, 2012.
7. Ministerio de Justicia. Decreto con fuerza de ley N° 630, de 1981. Establece normas sobre Registros Profesionales. leychile.cl [on line]. 
8. Colegio Médico de Chile. Código de ética. Vida Médica, 1984; 35(3):59-63.
9. World Medical Association. Declaración de Tokio de la AMM normas directivas para médicos con respecto a la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, impuestos sobre personas detenidas o encarceladas. Tokio, 1975. wma.com [on line]. 
10. Consejo General del Colegio Médico de Chile. Sentencia. Vida Médica, 1985; 36(1).
11. Villegas J. Reflexiones del fiscal. Sumario a médico implicado en la tortura. Vida Médica, 1985; 36(1): 19-20. 
12. Riquelme H. Ética profesional en tiempos de crisis. Médicos y psicólogos en las dictaduras de América del Sur. Polis. 2004;8. 
13. Colegio Médico de Chile. Código de conducta para funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, 1984.
14. Consejo General del Colegio Médico de Chile. Sentencia. Vida Médica. 1986;37(2):18. | 
15. Fallo de la Corte Suprema. Por unanimidad revocó recurso de Dr. Losada. Vida Médica.1986;37(2):73-74 
16. Consejo General del Colegio Médico de Chile. Sentencia. Vida Médica. 1987;38(1):28 |
17. Dictamen y sentencia. Vida Médica, 1987;39(2):34-38 
18. American Association for the Advancement of Science. AAAS Scientific Freedom and Responsibility Award, 1986 “For its professional and humanitarian efforts to stop the practice of torture in Chile”. aaas.org [on line]. 
19. Una incansable defensa. Vida Médica. 1986;37(2):12-14.
20. Amnistía Internacional. El caso de Rodrigo Rojas y Carmen Quintana alcanza su etapa final. 1991. amnesty.org [on line].
21. Délano M. La Asamblea de la Civilidad convoca para el miércoles una jornada de protesta en Chile. El País, 17 de agosto de 1986; Sección internacional [on line]. 

Las redes sociales ardieron durante la emisión del reportaje del programa "En la Mira" de Chilevisión y donde se mostraron los rostros de los más emblemáticos facultativos que participaron en acciones de tortura durante el régimen de Pinochet.

El programa mostró un reportaje llamado "Médicos torturadores" y donde se investigaron los casos de personas las que eran torturadas y estos profesionales los encargados de monitorear sus condiciones y determinaban si los detenidos podían o no seguir con la sesión de tortura. En otros casos como el del doctor Guido Díaz Pacci se mostró a la investigación que lo incrimina en la ejecución de Jorge Jordan, médico del Partido Comunista que en 1973 fue torturado y asesinado en la Región de Coquimbo cuando tenía 29 años. Al respecto Díaz Pacci sería presuntamente quien le habría propinado el tiro de gracia al facultativo.

Varios fueron los casos que se mostraron en el reportaje de este miércoles y que mostraban la crueldad que se ejercía en regimientos del país como los de Arica, La Serena y Tejas Verdes, donde se ejerció además tortura sexual y en la cual participaron la mayoría de los agentes de las represión.
También mostraron el caso del doctor Raúl Navarro Quintana quien al igual que todos los supuestos facultativos torturadores aún sigue atendiendo pacientes y se desplaza en absoluta impunidad por las calles. En el caso de Navarro Quintana es acusado de haber sido miembro del comando de la muerte y se le responsabiliza de la muerte de Absalon Wegner y el ex detective Rigoberto Achú.

Aparte de Navarro Quintana el reportaje del periodista Alejandro Vega nombró a otros profesionales quienes también están de alguna manera involucrados en el "trabajo" que les encargaron los aparatos represores de la dictadura de "mantener con vida" a los torturados. Entre los nombrados están Vittorio Orvietto, oftalmólogo de la Clínica Plus Médica; Manfred Jurgensen, ex miembro de la CNI; Alejandro Forero, médico que habría participado de la caravana de la muerte y que actualmente atiende en la Clínica Indisa, Eugenio Fantuzzi, a cargo del departamento de sanidad de la DINA y quien fuera expulsado del Colegio Médico.

El crudo reportaje dio cuenta en detalle de muchos casos de tortura narrados por sus víctimas y por testigos que vieron el horrendo accionar de algunos profesionales. En la parte final del espacio, el periodista Alejandro vega y su camarógrafo encararon a algunos de los implicados quienes se vieron sorprendidos con la llegada de la cámara y en el acto siempre negaron su participación con frases acompañadas de un evidente nerviosismo que incluso los hacía atropellarse en las palabras.

Elprograma de Chilevisión reveló también la amistad que existía entre el ex comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre y uno de los supuestos torturadores, el doctor Guido Díaz Pacci. Al respecto tanto víctimas como testigos de los macabros hechos señalaron que ambos funcionaban como un dupla que abusaba y denigraba a los detenidos. Finalmente se informó que este jueves el abogado Cristian Cruz presentó una querella por torturas por el caso de los médicos torturadores que emitió el programa "En la Mira".

Los doctores Camilo Azar Saba, Manfred Jürgensen Caesar y Luis Alberto Losada Fuenzalida confesaron haber viajado al cuartel Borgoño de la CNI para atender detenidos: los tres auscultaron al profesor Federico Álvarez Santibáñez, detenido en esas dependencias. Según sus declaraciones policiales, no observaron lesiones externas atribuibles de mayor cuidado. Al día siguiente falleció en la Posta Central producto de las torturas. Los tres son médicos colegiados.

En “El Despertar de los Cuervos”, dediqué un capítulo en un grupo de civiles que grafican las consecuencias reales del silencio que jueces y políticos han reconocido durante la dictadura. Se trata de los más de cien dentistas y doctores que trabajaron en las clínicas de la DINA-CNI y que hoy conforman parte de la opinión pública. Respecto de su acción, el Colegio Médico ha actuado de forma particular, caso a caso, sancionando a algunos pocos. Se entiende entonces que debieran ser vistos según sus opiniones personales frente a los hechos.

A través de la investigación centré mi atención en una veintena de hombres de la salud que ha prestado declaración policial o judicial en causas de lesa humanidad y en qué están hoy, pasados los años. En el libro se denuncia, por ejemplo, que el psiquiatra colegiado, Roberto Emilio Lailhacar Chávez, experto en drogas e integrante actual de grupos iniciáticos y de conocimiento personal (así se publicita en revistas vinculadas al tema), confesó recién este año que dentro de su casa de campo, ubicada en Curacaví, hay 6 o 7 cadáveres enterrados. Según el doctor, antes de morir, su padre le confesó que los cuerpos fueron lanzados por Carabineros de la zona dentro de un fallido y profundo pozo destinado a extraer agua. En este momento, Investigaciones y el Servicio Médico Legal se encuentran intentando llegar hasta el fondo del estrecho orificio y dar con las víctimas. En su declaración a la justicia se observa que Lailhacar se considera un actor pasivo de aquellos hechos. Sin embargo, un soldado del regimiento Tejas Verdes, el lugar donde se creó la DINA y tema central de “El Despertar de los Cuervos”, contó para el libro que Lailhacar era conocido ahí como “el hipnotizador”, debido a que aplicó técnicas de tortura “novedosas”, dentro de aquel centro de experimentación, donde seres humanos fueron utilizados como conejillos de indias.

El psiquiatra colegiado, Roberto Emilio Lailhacar Chávez, experto en drogas e integrante actual de grupos iniciáticos y de conocimiento personal (así se publicita en revistas vinculadas al tema), confesó recién este año que dentro de su casa de campo, ubicada en Curacaví, hay 6 o 7 cadáveres enterrados. Según el doctor, antes de morir, su padre le confesó que los cuerpos fueron lanzados por Carabineros de la zona dentro de un fallido y profundo pozo destinado a extraer agua. En este momento, Investigaciones y el Servicio Médico Legal se encuentran intentando llegar hasta el fondo del estrecho orificio y dar con las víctimas.

Luego, ya entrada la dictadura, fue el jefe del departamento de operaciones psicológicas de la DINA, unidad que estuvo dedicada a crear contra propaganda a las manifestaciones en contra de la dictadura. También atendió y dio sustento psicológico a aquellos agentes con problemas de conciencia. En su declaración a la justicia incluso reconoció haber celebrado asados con Manuel Contreras y la directiva de la DINA en el mismo campo donde probablemente hoy se encuentran enterrados detenidos desaparecidos.

Muchos funcionarios de la salud trabajaron junto a Lailhacar dentro de las clínicas DINA-CNI y fueron parte de los crímenes ocurridos ahí. El enfermero de la Clínica Santa Lucía, Carlos Norambuena Retamales, declaró a la justicia que ahí escuchó y vio hechos que lo dejaron marcado de por vida. “Viene paquete”, era la nomenclatura que se utilizaba ahí, cuando un detenido llegaba proveniente de un centro de torturas para ser eliminado. “Bajaban de la camilla al detenido, lo ingresaban a una sala, le suministraban algo y luego el paciente salía fallecido”, declaró a la justicia. El enfermero escuchó luego a los doctores decir que para eliminar a los detenidos, les suministraban 5 milígramos de pentotal. Según él, por lo menos dos doctores, Wener Zanghellini y Osvaldo Leyton Robles, ambos con consulta particular en Providencia, eran los encargados de efectuar esta labor.

La enfermera Gladys Calderón, tomó ese conocimiento de los médicos, y en 1976 y 1977 se dedicó a inyectar  mortalmente a los detenidos del cuartel Simón Bolívar, hasta ahora el único centro de exterminio documentado en detalle por la justicia y donde se asesinó a tres direcciones del Partido Comunista. Ella declaró a la justicia que no sólo se consideraba inocente, sino que su acción era humanitaria, puesto que los detenidos inyectados se encontraban en pésimas condiciones físicas.

Algunos doctores, como el oftalmólogo Vittorio Orvieto, quien partió asesorando sesiones de tortura en Tejas Verdes, también dio su opinión frente a los hechos antes de que se probara su participación criminal. “Quiero dejar una constancia. Que toda esta situación en la que me he visto involucrado y de la cual no tuve ninguna participación, ha signi?cado para mí y mi familia un grave deterioro moral y espiritual y, por qué no decirlo, también físico. Siento en lo más profundo de mi ser que he sido víctima de circunstancias que yo no busqué en ningún momento […]”, declaró en la causa Tejas Verdes.

En el libro incluí el testimonio del actual director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, quien fue detenido por la DINA y torturado dentro de la clínica Santa Lucía, donde Orvieto trabajaba. En aquel lugar, según recordó, sus colegas integraban las sesiones e incluso le suministraron sueros como una forma de facilitar la continuidad de los tormentos cuando se encontraba al borde de la muerte. A través de una radio, lo hicieron escuchar cómo torturaban a su mujer al mismo tiempo en la Villa Grimaldi. En una ocasión, un doctor se le acercó y le habló de cerca. “Tú entiendes, yo acá estoy haciendo mi trabajo”.

Otros, como los doctores Camilo Azar Saba, Manfred Jürgensen Caesar y Luis Alberto Losada Fuenzalida confesaron haber viajado al cuartel Borgoño de la CNI para atender detenidos: los tres auscultaron al profesor Federico Álvarez Santibáñez, detenido en esas dependencias. Según sus declaraciones policiales, no observaron lesiones externas atribuibles de mayor cuidado. Al día siguiente falleció en la Posta Central producto de las torturas. Los tres son médicos colegiados. Azar trabaja en la clínica Meds, célebre debido a que atiende a muchos deportistas de alto rendimiento. Losada trabaja en el Instituto de Geriatría y Jurguensen se desempeña en el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea, donde es jefe del Departamento de Educación. Además labora en la Clínica Alemana. Los tres se consideraban actores pasivos. Alguno de ellos, incluso, manifestó estar molesto con los servicios de inteligencia, por haberlos involucrado en estos hechos.

Respecto de un terreno aparentemente menos grave, pero que dio sustento a la dictadura, en “El Despertar de los Cuervos” incluí la declaración policial del dentista de la DINA y CNI, Pablo César Oyanguren Plaza, prestada en agosto de 2010, dentro de la causa Villa Grimaldi. Su chapa dentro de la organización terrorista era “Cicerón Videla”. Interrogado señaló: “Me dieron (la CNI) una cédula de identidad a nombre de Cicerón Videla, con la finalidad de votar en el plebiscito”. Antes de publicar el libro, encontré a Oyanguren Plaza, dando clases en la Universidad Mayor. Me confirmó su acción en el plebiscito de 1980 que dio legitimidad a la dictadura y que aprobó la Constitución Política que nos rige hasta hoy. Según me explicó, sentía que lo que había hecho “fue un error” y que mirado en el tiempo “lo sentía”. Según él, todos sus compañeros dentro de la Clínica Santa Lucía utilizaban un nombre real y otro ficticio o chapa y que, aunque no podía probarlo, tenía la impresión de que, al igual que él, sus compañeros también sufragaron dos veces con el fin de aprobar la Constitución.

Esto ya había sido reconocido por Jorgelino Vergara, “El Mocito”, para el libro “La Danza de los Cuervos”. Según su testimonio, junto a su unidad acudió en masa a votar todas las municipalidades de Santiago en dos ocasiones, con el fin de vencer en el plebiscito de 1980.

Jorgelino Vergara se encuentra unido a los profesionales de la salud en la DINA y la CNI también por otro tema. Según él, como empleado civil, su sueldo era cancelado por la empresa Boxer y Asper. No conocía a sus dueños legales, pero estaba seguro que el financista detrás era el fallecido empresario, Ricardo Claro Valdés. En la investigación por las clínicas de la DINA, varios profesionales de la Salud señalaron entre sus empleadores a las empresas Boxer y Asper.

A 40 años del Golpe Militar la sociedad vincula a los militares con las violaciones a los derechos humanos, pero en muchos casos, la participación de civiles ha quedado omitida. Una lista con médicos apunta a su rol en diversas violaciones a los Derechos Humanos y desde el colegio de la especialidad se destaca que aún hay condiciones que impiden penalizar estos actos.

Bernardo Lejderman y María Avalos fallecieron en 1973, ejecutados por militares en el norte, un crimen conocido hace pocos días por el emplazamiento de Ernesto Lejderman al saber que sus padres no se habían suicidado con explosivos, tal como señalaba el parte médico firmado por Guido Díaz Paci, médico que se mantiene en actividad hasta la actualidad trabajando en el Departamento de Tránsito de la municipalidad de La Serena.

Como éste, son distintos casos de violaciones a los derechos humanos que tienen a médicos civiles como protagonistas. La abogada Carmen Hertz realizó un listado, donde detalla una treintena de galenos vinculados a la dictadura que se mantienen en la impunidad, incluso ejerciendo su profesión.

La abogada describe el rol que ejercieron los profesionales, en procesos de interrogatorio y tortura para que la DINA cumpliera con los objetivos trazados desde la Junta Militar: “Existe una larga nómina de médicos que fueron funcionarios de la DINA, que colaboraron en la aplicación de tortura en centros clandestinos. Parte de ellos han sido sometidos a proceso, los médicos mantenían a los presos vivos en la aplicación de torturas, para que la DINA pudiera sacar la información que ellos pretendían”.

Carmen Hertz subraya que hoy los médicos se mantienen en actividad, sin ser individualizados en las investigaciones, eludiendo además una condena moral por estos hechos.

“Hay una suerte de renuencia a la persecución criminal de civiles, pese a pruebas evidentes, por ejemplo muchos de estos médicos ejercen y ocupan cargos directivos en la Clínica Dávila y en la Clínica Indisa. Hay complicidad en la justificación de políticas de exterminio y en propiciarla, que en definitiva ha vivido en la impunidad judicial, política, social y moral”, indicó la abogada.

La labor de los médicos va desde la asistencia en métodos de tortura, destinar medicamentos en interrogatorios, como el llamado “suero de la verdad” (pentotal sódico) falsificación de documentos, adulterar fichas clínicas o firmar certificados de defunción con motivos de deceso que ocultan la responsabilidad de organismos de inteligencia.

El Colegio Médico levantó sumarios contra profesionales vinculados a la dictadura, inhabilitando su ejercicio e incluso retirando el título profesional. El doctor Álvaro Reyes Bazán, presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, destaca que antes del régimen un médico debía estar colegiado por obligación, pero esta condición se eliminó y con ello el organismo pierde su potestad para inhabilitar el ejercicio de la profesión.

Reyes Bazán apunta que “en ese momento el Colegio tenía autoridad para someter a proceso o rescindir el ejercicio de la profesión. Pero hoy no, el Colegio no recuperó su categoría y no tiene autoridad, antes era obligatorio para ejercer la medicina pero ahora es voluntario, son secuelas de la dictadura que no han sido superadas todavía”.

Álvaro Reyes tuvo un rol especial en el resguardo de perseguidos por militares, evitando incluso la desaparición de Miria Contreras, “Payita”, secretaria personal de Salvador Allende. A su juicio, hoy el Colegio no tiene herramientas para penalizar irregularidades de profesionales no inscritos, lo que destaca como una más de las herencias políticas que dejó ese período.

El médico apuntó que “es una lucha que hemos mantenido por recuperarlo, pero no se ha logrado, se necesitan altos quórum para cambiar algunos aspectos de la Constitución, una serie de instrumentos para impedir que la voluntad popular se manifieste. Vivimos por un sistema organizado en dictadura, eso es lo fundamental, e involucra un cambio importantísimo que es recuperar la democracia plena”.

Tanto la abogada como el médico subrayan que profesionales de la medicina vinculados a los crímenes de la dictadura pueden estar legítimamente en ejercicio, tanto en instituciones de Fuerzas Armadas como en el sector privado. Por contraste, la desaparición de médicos perseguidos por su condición política se mantiene en un proceso judicial aún en curso.

La lista de médicos es la siguiente:

1. Darwin Arriagada – Médico, dirigente del Colegio Médico de Chile en 1973. Fue nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud. Participó en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a presos políticos. Entregó a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia.

2. Camilo Azar Saba – Médico de la CNI. Fue suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI. Implicado en caso de Federico Álvarez Santibáñez.

3. Guillermo Araneda – Médico de Punta Arenas, Cardiólogo. Aplicó sus conocimientos para la tortura de presos en esta ciudad.

4. Alejandro Babaich Schmith – Director Hospital “Cirujano Guzmán” de Punta Arenas. Asesor en torturas contra prisioneros políticos.

5. Gregorio Burgos – Médico del Regimiento de Los Ángeles. Asesoró a agentes de la DINA en buscar formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

6. Víctor Carcuro Correa – Médico de la CNI. Este doctor fue suspendido de sus derechos en el Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena, en octubre de 1984.

7. Raúl Díaz Doll – Médico, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud. Integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

8. Guido Mario Félix Díaz Paci – Medico del Ejército y de la CNI. Oficial de sanidad militar del Ejército que participa de los hechos que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena. Las causas de la muerte de Fernández López fueron las torturas sufridas en el cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984. Cuando Mario Fernández debió ser trasladado al Hospital de La Serena, Díaz Paci mintió a los doctores de turno del Hospital, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido. Una vez fallecido Fernández, el médico y agente CNI intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso. Por todas estas razones Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico. En 1974 participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción aseguró que la mujer se había dinamitado.

9. José María Fuentealba Suazo – Médico del Ejército. El 27 de octubre de 1973 José Fuentealba participa en la comitiva que viaja a Río Mayo, en Argentina, para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería argentina cuando escaparon en busca de refugio político. La comitiva iba al mando del Capitán Joaquín Molina Fuenzalida (asesinado por el hijo de Manuel Contreras) y también la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, pero nunca llegaron a destino. En abril del 2002, el juez del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, Luis Sepúlveda, sometió a proceso a Fuentealba Suazo y al suboficial (R) de Carabineros Evaldo Reidlich Hains.

10. Alejandro Jorge Forero Alvarez – Cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del Comando Conjunto, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura. Por estos días ha vuelto a ser requerido en nuevos procesos del Comando Conjunto.

11. Werner Gálvez – Médico pediatra, Coronel de Sanidad en Iquique. A comienzos del régimen militar aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios en esta ciudad.

12. Fernando Jara de la Maza – Médico traumatólogo de Valdivia. En los días posteriores al golpe militar participó directamente en la aplicación de tortura a detenidos.

13. Manfred Jurgensen Caesar – Médico de la CNI. Este médico, a la vez agente de la CNI, fue expulsado del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles clandestinos de este organismo represivo. Implicado en muerte de Federico Alvarez Santibáñez.

14. Luis Losada Fuenzalida – Médico de la CNI. También fue expulsado del Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez. Una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez, torturado en agosto de 1979 durante siete días en cuarteles secretos de la CNI en Santiago, firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas.

15. Minoletti – Médico de Carabineros, provincia de Concepción. Asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende los certificados por muerte natural para encubrir los crímenes.

16. Vittorio Orvieto Teplizky – Médico del Ejército. Cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de Tejas Verdes. También participa en la Brigada de Salubridad de la DINA como director de la Clínica Santa Lucía.

17. América González Figueroa – Contratada en dictadura para ejercer funciones en el Servicio Médico Legal, donde falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos. Entre los casos en que está implicada aparecen la muerte a causa de torturas de Carlos Godoy Echegoyen, que hizo aparecer como “muerte súbita”, el asesinato de Cecilia Magni Camino, afirmando que se habría ahogado y ocultando los vestigios de tortura en su cuerpo, y el crimen del dirigente estudiantil DC Mario Martínez, que apareció en las costas de las Rocas de Santo Domingo luego de que fuera secuestrado en Santiago. Otro “servicio a la patria” fue su participación en los exámenes que culminaron con el fraude de la demencia de Pinochet. En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de Tanatología y directora subrogante del servicio. El 21 de diciembre de 2000, poco después de que se comprobara su responsabilidad en la entrega equivocada de los cuerpos de tres jóvenes quemados al interior de la Cárcel de San Miguel, recibió una anotación de mérito en su hoja de vida firmada por el ministro de Justicia José Antonio Gómez, militante radical.

18. Jorge León Alessandri – Dentista, agente civil de la DINE, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro.

19. Osvaldo Leyton Bahamondes – Médico de la DINA. Implicado en la muerte por torturas de Manuel Leyton Robles, agente de la DINA que fue asesinado por sus “colegas” al verse involucrado públicamente en el robo de una renoleta, trabajo encargado por su superior Germán Barriga Muñoz. El doctor Leyton Bahamondes firmó un certificado en el que el agente aparece como fallecido a causa de una crisis epiléptica y arritmia cardiaca en Almirante Barroso 76, ubicación de la clínica clandestina London.

20. Bernardo Purto – Medico radiólogo de Melipilla. Junto al Fiscal militar de Melipilla tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a prisioneros.

21. Luis Hernán Santibáñez Santelices – Médico DINA. Integrante de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London (Almirante Barroso). Implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés.

22. Hernán Horacio Taricco Lavín – Médico DINA. Jefe de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London. Implicado en la muerte del agente DINA Manuel Jesús Leyton Robles.

23. Hernán Twane – Psicólogo que aplicó Pentotal Sódico a los prisioneros para que éstos fueran interrogados por el Servicio de Investigaciones.

24. Werner Zanghellini Martínez – Director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976. Es acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia a Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido.

25. Sergio Marcelo Virgilio Bocaz – Médico de la Brigada de Salubridad de la DINA, con labores en la clínica clandestina Santa Lucía, que continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI. Marcia Merino dice haberlo visto en publicidad de café y financieras. Brigada de Salubridad de la DINA Compuesta entre otros por los doctores Vittorio Orvietto, Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure.

26. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo – Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila.

28. Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra – Ex presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual.

Por Juan San Cristóbal

El ministro en visita extraordinaria para causas por violación a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó acusación en la investigación que sustancia por el homicidio de Federico Álvarez Santibáñez, ilícito perpetrado el 15 de agosto de 1979, en la Región Metropolitana.

En el dictamen, el ministro Carroza responsabilizó a nueve ex integrante de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por el homicidio del integrante de Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En calidad de autores fueron acusados: Julio Salazar Lantery, Carlos Durán Low, Jorge Andrade Gómez, Jorge Vargas Bories,Eduardo Araya Pardo, Luis Sagredo Valdebenito y Eduardo Ojeda Bennet; en tanto, en calidad de cómplices lo fueron: Manfredo Jurgensen Caesar y Luis Losada Fuenzalida.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la causa, se logró determinar que el 15 de agosto de 1979,FEDERICO RENATO ÁLVAREZ SANTIBÁÑEZ, de profesión profesor y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria –MIR–, “(…) fue detenido junto a Raúl López Peralta, en el centro de Santiago, por funcionarios de Carabineros de Chile, al ser sorprendido lanzando panfletos del MIR, para lo cual con el fin de reducirlo, lo golpearon con los bastones de servicio en el cuero cabelludo, ocasionándole lesiones, las cuales, según el diagnóstico del médico de turno del Hospital José Joaquín Aguirre, eran de carácter leve.

“(…) Que, por los antecedentes de la detención, el Ministerio del Interior, mediante Decreto N° 2449 dispone el arresto de Álvarez Santibáñez, siendo éste trasladado en la misma fecha, al cuartel Borgoño de la Central Nacional de Informaciones, junto al segundo detenido, lugar donde es sometido a sesiones de interrogatorios y torturas hasta el día 20 de agosto de 1979, fecha en que es llevado a la Primera Fiscalía Militar, disponiendo el Fiscal, ante el evidente mal estado que se encontraba Federico Álvarez Santibáñez, producto de los tormentos de que fue víctima, su traslado al Hospital de la Penitenciaría de esta ciudad, quienes al constatar las contusiones y el estado de gravedad del detenido, lo ingresan a la Asistencia Pública de esta ciudad, lugar donde fallece el día 21 de agosto de 1979, a las 6.50 horas. Que durante el período que Álvarez Santibáñez permaneció privado de libertad en el cuartel Borgoño, siendo sometido a intensos interrogatorios y torturas, fue examinado por 2 médicos de la Central Nacional de Informaciones, quienes certificaron que el detenido se encontraba en buenas condiciones de salud”, sostiene la acusación.

La resolución agrega: “La Central Nacional de Informaciones disponía de recintos secretos, entre los que se encontraba el cuartel Borgoño, que servían como centros de detención, interrogación y tortura, los cuales no se trataban de establecimientos carcelarios de aquellos destinados a la detención de personas establecido en el Decreto Supremo N° 805 del Ministerio de Justicia de 1928.

Que la Central Nacional de Informaciones, CNI, era una estructura organizada, jerarquizada, que tenía la calidad de “organismo militar, integrante de la Defensa Nacional”, a cargo de un Director General, quien ejercía el mando nacional y al cual se encontraban supeditados todos sus miembros, quien contaba con una plana mayor que lo asesoraba en labores de inteligencia, a cargo de un alto oficial de Ejército. De este Jefe dependían las Brigadas y su objetivo, a la fecha de ocurrencia de los hechos, apuntaba a combatir al Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Las Brigadas se organizaban cupularmente en torno a un Oficial al mando, quien establecía las directrices, objetivos y prioridades del trabajo, siendo secundado también por una plana mayor, compuesta por oficiales que le prestaban asesoría y que se encargaban del funcionamiento de los cuarteles. Este nivel de estructura, como toda organización jerarquizada, mantuvo el contacto y los canales de informaciones con sus superiores, a quienes daba cuenta de su trabajo. Las operaciones de la Brigadas eran desarrolladas por Agrupaciones o equipos de trabajo, compuestas por miembros del Ejército, Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile. En el caso sub lite, el cuartel Borgoño a cargo de un oficial de la Plana Mayor de la Brigada O’Higgins, estaba asentado un equipo de interrogadores integrado por funcionarios del Ejército, quienes bajo supervisión de los mandos de acuerdo al esquema descrito, desarrollaban su trabajo directamente con los detenidos, atendida la preparación con que contaban”.

El ministro en visita extraordinaria de  la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por violaciones a los Derechos Humanos,  Mario Carroza, dictó sentencia en la investigación por el delito de homicidio calificado de Federico Renato Álvarez Santibáñez ( Causa Rol N° 77-2010), ocurrido entre el 15 y el 21 de septiembre de 1979 en la ciudad de Santiago.

En el fallo, el magistrado Carroza condenó a los ex oficiales de ejército y agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Julio Fernando Salazar Lantery, ex general de ejército, Carlos Arturo Durán Low, ex coronel de ejército, Jorge Claudio Andrade Gómez, ex teniente coronel de ejército, y Jorge Octavio Vargas Bories, ex empleado civil de ejército, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autores del delito de homicidio calificado, todos ellos sin beneficios. A la época de los hechos, Salazar Lantery era jefe de la División Metropolitana de la CNI; Durán Low, comandaba la Unidad Antisubversiva de dicha división; Andrade Gómez, era jefe de la Brigada Rojo; y Vargas Bories, se desempeñaba como agente operativo de esta brigada.

Asimismo, se condenó a los médicos y ex agentes de la Brigada de Sanidad de CNI, Manfredo Enrique Jurgensen Caesar, como cómplice del mismo delito, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, siendo beneficiado con la medida de libertad vigilada intensiva. En la misma sentencia se condena a Luis Alberto Lozada Fuenzalida como encubridor del delito de homicidio calificado a la pena de dos años de presidio menor en su grado medio, sustituyéndole el cumplimiento de la pena privativa de libertad por el beneficio de la remisión condicional de la pena.

En el fallo, dictado este lunes 15 de febrero, el ministro Carroza, absolvió al ex coronel de ejército y agente de la Brigada Rojo de CNI, Eduardo Carlos Ojeda Bennett; también absolvió de la acusación judicial como autores del delito de homicidio calificado a Eduardo Enrique Araya Pardo y Luis Ramón Sagredo Valdebenito, los ex funcionarios de carabineros que habrían practicado la detención inicial de la víctima.

Los antecedentes de la investigación, permitieron dar por acreditados  los siguientes hechos:

"Que el día 15 de agosto de 1979, en horas de la madrugada, Federico Álvarez Santibáñez, profesor y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria es detenido junto a otro militante, en calle Manuel Rodríguez con Catedral, por efectivos de la Novena Comisaría de Santiago, con  motivo de haberles sorprendido lanzando panfletos de dicho movimiento, en la vía pública. Luego de que fueran reducidos y detenidos, por medio de la aplicación de la fuerza por parte de los funcionarios policiales, añadiendo también una caída con golpe en la cabeza de Álvarez Santibáñez,   fueron  conducidos  a la unidad de Servicio de urgencia del Hospital de José Joaquín Aguirre, estableciendo el carácter leve de sus heridas. Posteriormente fueron trasladados a la novena Comisaria de Carabineros para ser interrogados, tanto por los motivos de su detención como por ser acusados de la colocación de un artefacto explosivo en un vehículo, tomando la medida de poner los antecedentes del caso en conocimiento del Ministerio del Interior y de la Central Nacional de Informaciones, siendo llevados al denominado cuartel Borgoño, recinto de detención y tortura.

«Que una vez que ingresan al cuartel Borgoño, recinto de detención y tortura de la Central Nacional de Informaciones, Álvarez Santibáñez y López Peralta son sometidos a intensos interrogatorios y continuas sesiones de tortura que concluyen el día 20 de agosto de ese año, fecha en la cual ante la posibilidad de verse expuestos a las acciones judiciales que intentaba la Vicaría de la Solidaridad, se ven enfrentados a la obligación de trasladarles a la Fiscalía Militar, donde el fiscal, al ser advertido, pudo observar el evidente mal estado en que se encontraba Federico Álvarez Santibáñez, a consecuencia de los tormentos y  tratos crueles e inhumanos que se le infringieron mientras permaneció en el mencionado recinto de reclusión y tortura, y ordena su traslado al Hospital de la Penitenciaría de esta ciudad para que fuera atendido», señala la sentencia.

Agrega que: «En el Hospital de la Penitenciaría, el médico que examina a la víctima lo ve y comprueba la gravedad de sus lesiones, por lo que ordena de inmediato una interconsulta con la Asistencia Pública, que Gendarmería cumple trasladándole a dicho Servicio de Urgencia para que sea examinado e intervenido, pero pese a los esfuerzos médicos se produce en ese lugar su deceso el día 21 de agosto de 1979, a las 06:50 horas a consecuencia del avanzado deterioro de su salud provocado durante su encierro».

Federico Álvarez era profesor de Enseñanza Media y tenía 32 años de edad a la fecha de su muerte.

En febrero pasado el ministro Carroza condenó a dos médicos cirujanos -Manfred Jurgensen Caesar y Luis Losada Fuenzalida- por colaborar con el organismo represor, específicamente en el homicidio calificado de Federico Álvarez Santibáñez, un profesor militante del MIR acusado de colocar una bomba en un carro policial. Ambos médicos emitieron certificados durante su detención en el Cuartel Borgoño diciendo que estaba en buenas condiciones, sin lesiones visibles. Sin embargo, el efecto de las torturas le provocaron la muerte en la Posta Central horas después de ser entregado a Fiscalía, lo que reveló la cooperación de los facultativos, expulsados hace 30 años del Colegio Médico por este mismo crimen. Tanto las defensas como los abogados del ministerio del Interior apelaron y ahora será la Corte de Apelaciones de Santiago quien deberá confirmar la sentencia.

El 16 de febrero de 2015 la señora Fresia Santibáñez Silva tuvo un accidente cerebro vascular que la hizo perder la memoria. Un año después el ministro Mario Carroza dictó sentencia en el caso por el que había luchado toda su vida: el homicidio calificado de su hijo mayor, Federico Álvarez Santibañez, un militante del MIR que murió en la Posta Central producto de las torturas de la CNI. “Se va a morir sin saber que ya condenaron a los culpables”, cuenta Ariel, el hijo menor de Fresia al enterarse de la sentencia que, tal como lo venía señalando su familia desde hace más de 36 años, condenó a cuatro oficiales del Ejército, pero también de manera inédita a dos doctores que colaboraban con la CNI. Dos médicos que lo examinaron al interior del Cuartel Borgoño y que extendieron certificados diciendo que estaba en buenas condiciones y sin lesiones a la vista mientras literalmente se moría por dentro. * La sentencia dictada en febrero pasado por el ministro Carroza condenó al general (r) de Ejército Julio Salazar Lantery; al coronel (r) Carlos Durán Low; al teniente coronel (r) Jorge Andrade Gómez; y al oficial de Ejército Jorge Vargas Bories a diez años y un día por el homicidio calificado del profesor Álvarez, que murió la madrugada del 21 de agosto de 1979 en la Posta Central. Pero además de los agentes de la CNI, Carroza incluyó a los médicos cirujanos Manfred Jurgensen Caesar, como cómplice, y a Luis Losada Fuenzalida, como encubridor del mismo crimen. El primero de ellos, condenado a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, mientras que el segundo a dos años de presidio menor en su grado medio. Dos facultativos que llevan más de 30 años expulsados del Colegio Médico por su participación en el hecho, rol que resultó crucial para el destino de Álvarez: diciendo que tenía buen estado de salud y a lo más un “dolor de estómago” mientras el informe pericial posterior señaló que el profesor de Química murió por traumatismo torácico con contusión pulmonar y grave insuficiencia respiratoria no diagnosticado y no tratado, anemia, deshidratación con encefalopatía urémica, bronconeumonía, equimosis y aspiración final de vómitos. Álvarez, de 33 años, que en esa época hacía clases de Química en la escuela nº 55 de Quilicura, fue detenido en la madrugada del 15 de agosto de 1979 junto a Raúl López -un compañero militante del MIR- tirando volantes en el centro de Santiago, pero fue acusado de poner un artefacto explosivo bajo un bus de Carabineros estacionado en la intersección de las calles Morandé con Santo Domingo y orquestar la colocación de otras dos bombas en financieras de la capital. Álvarez y López fueron detenidos mientras corrían por la vereda de la carretera Norte Sur por Carabineros, subidos en un furgón y trasladados a la 9ª comisaría. En la detención, Álvarez recibió un golpe con la culata de un revólver que le provocó una herida en la cabeza, que después sería ocupada por los organismos represores para justificar su muerte en la Posta Central. Ese mismo día, un grupo de agentes de la CNI los llevaron hasta el Cuartel Borgoño. Allí fueron atendidos por el doctor Camilo Azar Saba, quien los encontró en buen estado y sólo certificó la sutura en la cabeza de Álvarez, que ya había sido atendido en el Hospital J. J. Aguirre. Un certificado médico que a la postre sería clave para culpar a sus otros dos colegas. * El certificado de defunción de Álvarez Santibañez, fechado a las 06.50 horas del 21 de agosto de 1979, señala que la causa de muerte fue “fractura de cráneo”. Sin embargo, durante la investigación fueron varias las declaraciones e informes periciales que dieron cuenta de los apremios recibidos por la CNI y la presencia de una serie de patologías en el cuerpo del detenido. Por ejemplo, los carabineros que fueron a buscar a Álvarez y López para llevarlo al hospital señalan que debieron ayudarlo a bajar escaleras y subirlo al furgón. Según su declaración, le costaba hablar, tenía hipo, estaba muy mal de salud y al entregárselo en Fiscalía Militar les dijeron que lo llevaran de inmediato a la enfermería. En el Hospital de Gendarmería verificaron contusiones, hematomas y compromiso respiratorio cuando Álvarez estaba en una camilla. Tenía una contusión parietal izquierda antigua suturada, equimosis perorbitaria (ojo morado) y contusiones múltiples en las extremidades. Según ese informe, a las dos horas de haberlo recibido, botó 20 centímetros cúbicos de sangre por la boca, con dificultades respiratorias progresivas llegando a presentar cianosis distal (coloración azul en los dedos) y polipnea (respiración forzosa) acentuada. Por esa razon, fue enviado a la Posta Central. Allí los gendarmes dejaron a Álvarez directamente en el quinto piso, en la Unidad de Tratamiento Intenso. En el expediente también aparece la declaración de un auxiliar de la Posta Central que señaló que cuando le tocó hacer aseo se quejaba cuando le tocaban cualquier parte del cuerpo. Tenía un ojo morado, le faltaban dientes y se quejaba mucho del tórax. Además aparece el testimonio de una enfermera a la que Álvarez le dijo que llevaban días pegándole. Allí constataron que en la región superior del tórax tenía manchas que parecían quemaduras, las que también se veían en el glande del pene. Un doctor de turno señaló que tenía quemaduras eléctricas en pliegues inguinales y axilas más quemaduras parecidas a las que deja un cigarrillo en piernas y la base del glande. A las cinco de la mañana del 21 de agosto sufrió un paro respiratorio. Los enfermeros lo recuperaron con masaje cardíaco y lo entubaron, pero a las 06.50 tuvo otro paro del que no se pudo recuperar y finalmente falleció. El boletín de la Posta Central señaló que la causa de muerte fue “contusiones múltiples, contusión pulmonar, hemoptisis e insuficiencia pulmonar”. Con esa información lo enviaron al Servicio Médico Legal. Un informe pericial del 29 de enero de 1982 señaló que las causas de la muerte fueron el traumatismo torácico con contusión pulmonar y grave insuficiencia respiratoria no diagnosticado y no tratado, a pesar de haber sido examinado por dos doctores antes de llegar a morirse en la enfermería de la Penitenciaría y la Asistencia Pública. También mencionó que la anemia, la deshidratación con enecefalopatía urémica, la bronconeumonía y la aspiración final de vómitos influyeron en su deceso. Sobre las torturas, Raúl López, señaló en su declaración que fueron apresados y golpeados en la cabeza con las culatas de las armas que portaban Carabineros y fueron suturados en la Hospital JJ Aguirre. Una vez examinados al llegar al Cuartel Borgoño, sólo pudo escuchar cómo se quejada de los vejámenes que recibían en el recinto de la CNI. El 18 de agosto los juntaron en la Fiscalía Militar y se dio cuenta que estaba muy mal de salud, porque se quejaba constantemente y tenía arcadas. Lo vio con un ojo morado y la boca reseca con sangre. En el cuartel, tal como a él le había ocurrido, a Álvarez le aplicaron corriente en los testículos, la sien, los brazos y las rodillas. Luego, el 20 de agosto de ese año -cuando ya cumplían seis días detenidos- les pasaron elementos de aseo porque iban a pasar a Fiscalía Militar. Antes de salir, lo revisó un médico acompañado de una señora que actuó como enfermera. Según López, a ambos los hicieron desnudarse la parte de arriba y les preguntan si tenían dolencias. A Álvarez el médico lo encontró bien, pese a que hablaba con un hilo de voz y le costaba respirar. En ese mismo lugar los hicieron firmar el documento en que señalaban que no les habían pegado. En la investigación consta esa supuesta declaración de Álvarez del 20 de agosto de 1979 donde ratifica haber participado en la colocación de artefactos explosivos en el centro de Santiago y manifiesta que no ha recibido ningún tipo de violencia durante la detención, ya que al ser detenido por Carabineros, se habría caído y golpeado la cabeza. Según López, en el último tramo que compartieron, cuando los llevaban desde la Fiscalía a la Cárcel Pública, él le preguntó si había firmado algún papel y Álvarez, con escasas fuerzas, asintió con la cabeza. A su declaración se suma la de tres amigas, dos de ellas profesoras del colegio donde trabaja Álvarez, quienes relataron haber escuchado las sesiones de torturas a las que lo sometieron y haberlo visto completamente desecho al interior de las celdas. Todo eso, nada que hayan visto ni informado los doctores hoy condenados por el ministro Carroza. 

El impacto de la noticia en esa época obligó al régimen a nombrar un ministro en visita para investigar su muerte. Fue entonces cuando el ministro Alberto Chaigneau, quien investigó la causa los primeros años, hizo una denuncia en contra de los doctores ante la Comisión de Ética del Colegio Médico. Antes de declararse incompetente y cerrar la causa, Chaigneau se percató de las diferencias entre el informe médico de la Posta Central (Asistencia Pública) y el informe de autopsia del SML. Ahí partió la investigación que terminó en febrero en la sentencia del ministro Carroza, donde señala que Jurgensen tenía conciencia de los interrogatorios en el cuartel secreto de la CNI, al que concurrió el 18 de agosto de 1979 a atender a Álvarez, y que a pesar de que el detenido pudo no decirle que sufría los apremios, como él había argumentado, el profesional podría haber visto perfectamente las lesiones que le provocaban las torturas. En el expediente el ministro señala que Jurgensen solamente mencionó que “le dolía la guata” en un certificado médico pero omitió todas las lesiones anteriores que luego fueron detectadas en la Posta Central y en el Hospital Penal. Además, señala que el excusarse diciendo que la muerte de Álvarez fue por una insuficiencia renal “no es suficiente para disfrazar su conducta de cooperación ilícita. Le estaba dando luz verde para que siguieran interrogando con misma intensidad, lo que él mismo señala diciendo que probablemente sus lesiones se originan con las torturas posteriores a su visita”. Por esa razón, lo declara responsable de “colaborar con actos simultáneos con sus interrogadores, aporte que a los agentes les fue útil en relación a la ejecución el ilícito”. En tanto, el doctor Losada, quien emitió un certificado médico el 20 de agosto donde señaló haberlo encontrado “en buenas condiciones de salud, no presentando lesiones de ningún tipo”, dijo primero que no constató la lesión en la cabeza que fue sindicada al principio como su causa de muerte y luego, en octubre de 2013, cambió su versión de los hechos diciendo que los certificados que había emitido eran en realidad de Raúl López. Sobre el facultativo, Carroza dice que hay un intento de exculparse, pero que de todas formas colaboró con la CNI al conceder visos de normalidad al estado de salud de los detenidos, lo que también facilitó los medios para que se aprovecharan del crimen cometido. “Lo importante es su cooperación con organismos de inteligencia y su indolencia profesional, no si los documentos son falsos, por lo demás reconocidos ese año y luego desconocidos para una salida a su incapacidad profesional y dolosa actuación, dice la sentencia. Por ese motivo, el ministro en visita señala que hubo participación del médico avalando las acciones homicidas y “blanqueando las conductas ilícitas de los integrantes de la CNI y las acciones inhumanas en contra de las personas que no profesaban su ideología, como encubridor”. Si bien, la expulsión de Mandred Jurgensen y Luis Losada del Colegio Médico se concretó el 29 de Julio de 1986, ambos doctores siguieron ejerciendo sin mayores problemas. Jurgensen, quien también ha sido indicado como sospechoso en el caso que investiga el posible asesinato de Pablo Neruda, hasta hace dos años era el Jefe del Departamento de Educación del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y mantenía su consulta particular. En 2014, el programa En la mira lo interceptó en una estación de combustible, donde se refirió al tema. “Son mentiras. Yo jamás he participado en algo que sea poco ético (…) Yo lo vi, lamentablemente, cuatro días antes que falleciera. Yo lo vi bien. Lamentablemente falleció cuatro días después. Yo no lo vi con vejámenes”. “Yo hice un turno que no corresponde, hice un turno de reemplazo y lamentablemente eso ha significado que toda mi vida ha sido un calvario”, señaló en esa oportunidad. Losada, en tanto, trabajaba en el Instituto Nacional de Geriatría, en Integramédica sede Alameda (esquina Santa Lucía) y en el Hospital del Salvador como ortogeriatra. En términos prácticos, podrá seguir ejerciendo ya que sólo estará bajo observación durante dos años ya que fue beneficiado con la remisión condicional de la pena. En cuanto a Jurgensen, éste fue beneficiado con libertad vigilada intensiva por los tres años a los que fue condenado, pero perdió sus derechos políticos. Con esa condena, Jurgensen y Losada se suman al también médico y coronel (r) de Ejército, Vittorio Orvieto, condenado en 2008 por el caso Tejas Verdes y al ex funcionario del Ejército José María Fuentealba, condenado en 2010 por la desaparición de tres personas en Coihayque en octubre de 1973. En ambos casos, eso sí, se trataba de miembros del Ejército y no civiles. * Ariel Álvarez Santibañez, el otro familiar querellante en la causa, se enteró de la sentencia un mes después que fue dictada, al ser consultado por este medio. Tras leer el documento y comunicarse con su contacto en la Vicaría de la Solidaridad, el menor de la familia dice que en parte podrán cerrar un capítulo de esta historia, pero considera que la sentencia fue mínima contra algunos de los responsables, especialmente con los doctores. Ariel señala que por la contextura de Federico, un hombre de 33 años de no más de 1,60 de estatura y 55 kilos de peso, era imposible que los médicos no hubieran visto las marcas en su cuerpo. “Ellos examinaron a mi hermano entre el 18 y el 21 de agosto del año '79 y viéndolo que había sido torturado -porque mi hermano a parte de recibir golpes fue torturado en su cuerpo, se notaba que había sido torturado con electricidad tanto en sus testículos como en su pecho- ellos deberían haberse dado cuenta. Sus costillas estaban totalmente quebradas, le dieron agua después de ponerle electricidad. Eso mata a cualquier persona”, dice. Además, Ariel explica que esto no fue una situación puntual. Tanto él como su hija cuentan que su familia fue perseguida y observada de cerca para saber si tenían actividades políticas contra la dictadura. Cuando los allanaron en su antigua casa en Ñuñoa, el hermano menor de Federico tenía 19 años pero recuerda que se llevaron hasta el libro “La dama del perrito”, de Aton Chejov, sólo por ser de un autor soviético. “No solamente fue un momento de que mataran a mi hermano y nosotros tratáramos de buscar a los victimarios, no fue solamente eso. No fue un acto individual. Fue algo que se mantuvo durante todo el tiempo. A mi madre la vigilaban de la CNI, tratando de amedrentar. Yo quise otra profesión y no la pude ejercer porque era de conocimiento público mi apellido y la relación que tenía con mi hermano. Hubo una persecución social con respecto al régimen militar y ahora que se hace justicia, mi madre no puede saberlo. Es un alivio, pero genera una impotencia gigante al mismo tiempo”, agrega. 

The Clinic Online intentó comunicarse con las defensas de ambos médicos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Sin embargo, tanto los abogados de los doctores como el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior apelaron a la Corte de Apelaciones de Santiago, que deberá ratificar o revocar el fallo en los próximos meses.

Manfred Jürgensen Caesar, hermano del nuevo intendente Harry Jürgensen, fue condenado en 2016 como cómplice en la muerte del profesor Federico Álvarez Santibañez en agosto de 1979. Esto, luego de comprobarse que le diagnosticó solo un "dolor de guata" a la víctima a tres días de su muerte, siendo que ya había sido torturado por varios días.

Esta mañana, a través de las redes sociales, el presidente electo Sebastián Piñera anunció quiénes estarán a cargo de las intendencias regionales durante su gobierno -antes de que estos pasen a ser cargos de elección popular-.

Entre los nombres estuvo el del militante de Renovación Nacional, Harry Jürgensen Caesar, quien fue diputado entre los años 1994 y 1998, y ha sido director de la Asociación Gremial de Ferias Ganaderas de Chile (AFECH) y de la Fundación Mi Casa -organismo colaborador del Sename, además de haber sido presidente del Holding Feria de Osorno S.A. y gerente general de Feria Ganaderos Osorno S.A. (FEGOSA).

El anunciado intendente de Los Lagos es el cuarto de los cinco hijos de Franziska Caesar -inmigrante suiza- y de Thomas Jürgensen -inmigrante alemán-. En tanto, el quinto hijo de ese matrimonio, Manfred, ha hecho noticia por otros hechos.

Fue en febrero de 2016 que Manfred Jürgensen Caesar y Luis Losada Valenzuela se convirtieron en los primeros doctores civiles condenados por colaborar con la CNI en crímenes de la dictadura, el primero como cómplice y el segundo como encubridor en el caso que terminó con la vida del mirista y profesor de Química Federico Álvarez Santibañez en agosto de 1979.

La sentencia del ministro Mario Carroza también condenó al coronel (r) Carlos Durán Low; al teniente coronel (r) Jorge Andrade Gómez; y al oficial de Ejército Jorge Vargas Bories a diez años y un día por el homicidio calificado de Álvarez.

Según relata un reportaje de The Clinic, un informe pericial del 29 de enero de 1982 había detectado en Álvarez una anemia, una deshidratación con encefalopatía urémica, una bronconeumonía, además de las causas de la muerte que habrían sido un traumatismo torácico con contusión pulmonar y una grave insuficiencia respiratoria. Todos antecedentes que no fueron detectados por los dos médicos que vieron a la víctima antes de su muerte.

Uno de ellos fue Manfred Jürgensen Caesar, quien interactuó con la víctima tres días antes de su muerte, el 18 de agosto de 1979. A pesar de que Raúl López, otro prisionero, y dos profesoras declararon como testigos de las torturas de las que Álvarez había sido víctima, Jürgensen aseguró tras su análisis que él solo tenía un “dolor de guata”.

Jürgensen se excusó después argumentando que la muerte de Álvarez fue por una insuficiencia renal, pero el fallo señala que esto “no es suficiente para disfrazar su conducta de cooperación ilícita. Le estaba dando luz verde para que siguieran interrogando con misma intensidad, lo que él mismo señala diciendo que probablemente sus lesiones se originan con las torturas posteriores a su visita”.

Finalmente, el hermano del futuro intendente se le atribuyó la responsabilidad de “colaborar con actos simultáneos con sus interrogadores, aporte que a los agentes les fue útil en relación a la ejecución el ilícito”.

La presencia del ex marino Jorge Arancibia Reyes como integrante de la Comisión de Derechos Humanos en la Convención Constitucional ha generado un revuelo propio del escándalo que significa tal designación.

El militante UDI, ex edecán de Pinochet, ex Comandante en Jefe de la Armada,  ex senador UDI, actual convencionalista por la UDI en el distrito 7 (gran parte de la provincia de Valparaíso, San Antonio e Isla de Pascua) ha sido un permanente negacionista de las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura por los aparatos uniformados y represivos que sostuvieron al régimen tirano, incluyendo desde luego a la institución uniformada en la cual Arancibia Reyes hizo su carrera; ha sido, además, un contumaz defensor del régimen dictatorial y de los símbolos de odio que representa.

El señor Arancibia no tiene calidad humana ni autoridad política, ni menos cualidad moral, para integrar una Comisión que, precisamente, tiene que ocuparse de definir cómo el Estado chileno debe hacerse cargo de defender, promover, aplicar en la práctica, los principios y valores de los derechos humanos universales. Un individuo que ha sido un contrario permanente de esa doctrina universal no debiera ser parte de una entidad destinada a su respeto y promoción.

El señor Arancibia es consciente de ello pero de todas maneras se instala donde no debe. También son conscientes de este sinsentido los y las integrantes de la camarilla de representantes de la derecha política en la Convención Constituyente que, graciosa y gratuitamente, se hacen parte de la designación de este nefasto personaje en el lugar o función más inapropiada. A Arancibia y la derecha política les interesa provocar, agredir y ofender a los que ya fueron y han sido constantemente agredidos y ofendidos en sus derechos esenciales por la actuación política y el negacionismo de los representantes de esa derecha criminal y sus sirvientes uniformados.

La ofensa va dirigida a las víctimas y sus familias y de ello se solazan los y las derechistas caraduras y desvergonzados que componen la actual descompuesta clase  política. Producto de la inercia de 40 años de dominio, logran elegir a sus representantes a la Convención y dentro de esta, imponer a sus elementos más reaccionarios en funciones que se conviertan en sí mismas en una nueva agresión hacia el pueblo. De eso se trata para la derecha y Arancibia este asunto; la cuestión no es si es legal o ilegal, sino lo amoral y violento de estas conductas.

El señor Arancibia se burla como ha sido su histórica costumbre. El año 1999, en el marco de la llamada Mesa de Diálogo que organizó el entonces presidente Eduardo Frei, y continuó su sucesor Ricardo Lagos, representando a la Armada como Comandante en Jefe de esa institución, negó toda información significativa, verídica o de importancia para esclarecer la suerte de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar.

La Mesa, que no fue más que una operación de lavado de imagen para los uniformados desarrollada por los gobiernos concertacionistas como una forma de encubrir su maniobra de rescate de Pinochet desde su detención en Londres (Ricardo Lagos sigue empeñado en lo mismo), fue entusiastamente apoyada por Arancibia pero solo como parte del montaje comunicacional.

En los hechos no aportó datos de interés pese a disponer de información privilegiada pues nada menos que su hermano fue partícipe relevante de la llamada "Operación Retiro de Televisores" ordenada por el tirano Pinochet en 1979 para hacer desaparecer los cadáveres de aquellos detenidos desaparecidos que habían sido asesinados por las fuerzas represivas de la dictadura desde el golpe militar en adelante.

Esta operación deleznable fue ordenada por el dictador a partir del hecho que a fines de noviembre de 1978 se descubrieran casualmente los Hornos de Lonquén, en la localidad de Isla de Maipo, que dejaron al descubierto inhumaciones ilegales cometidas por los uniformados en acciones punitivas posteriores al golpe. Así aparecieron los primeros cadáveres de detenidos desaparecidos. La operación de hacer desaparecer a los desaparecidos fue mandatada por Pinochet a la Central Nacional de Informaciones (CNI) que en ese tiempo era dirigida por Odlanier Mena Salinas, el que a su vez era secundado por el entonces coronel de ejército Fernando Oscar Arancibia Reyes, hermano del referido ex marino Arancibia Reyes que se instala en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional. Eso se llama ser caradura.

El hermano del convencional derechista, Fernando Arancibia, fue segundo al mando de la CNI desde mediados del año 1979 hasta fines de 1980. Así lo consignan sus propias declaraciones judiciales entregadas en julio de 1999 ante el ministro Sergio Muñoz Gajardo durante el juicio por el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez. En 1978 había sido designado Agregado Militar en Argentina, pero desde allí fue convocado por Mena para que le secundara como subdirector de la CNI. El hermano del marino derechista cumplió funciones en el órgano criminal durante el período en que se aplicó la macabra operación ordenada por Pinochet. Es decir, los hermanos dispusieron de información sobre que hicieron con los cuerpos de los detenidos desaparecidos pero siempre han negado y ocultado la información.

Tal situación fue denunciada públicamente por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en 2001 cuando el ex marino se presentó como candidato a senador por la UDI en la circunscripción de Valparaíso. Según la denuncia el ex jerarca CNI habría sido parte de la camarilla operativa que preparó el golpe de Estado y luego habría integrado el núcleo del ejército creador de la DINA. Arancibia salió elegido y ejerció de senador entre 2002 y 2010; luego, en septiembre de 2011, en el primer mandato de Piñera, éste lo destinó como embajador en Turquía, en donde permaneció por dos años.

El señor Arancibia, además, ha realizado en el pasado públicas declaraciones donde manifestaba su interés y entusiasmo por "salir a matar comunistas", entiéndase, salir a matar chilenos y chilenas que no pensaran como él y sus mandantes de la derecha chilena. Y ¿ahora se pretende instalar y presentar como alguien que velará por los derechos humanos de las personas? Eso es una burla. Su caradurismo llega incluso al extremo de haberse propuesto a sí mismo como candidato a eventual presidente de la Convención Constituyente.

Otro

El que también resulta ser caradura y se presentó como candidato a presidente de la Convención es el también derechista Harry Jurgensen Caesar, militante de Renovación Nacional y ex Intendente de la Región de Los Lagos durante el gobierno de Piñera y convencional por el distrito 25 (provincia de Osorno y comunas de Llanquihue, Puerto varas, Frutillar, Fresia y Los Muermos). Este señor también tiene un hermano vinculado a delitos de violaciones a los derechos humanos.

Harry Jurgensen fue diputado de RN en el distrito 56 de la X Región entre 1994 y 1998. Posteriormente, fue designado por Sebastián Piñera en marzo de 2018 como intendente de la Región de Los Lagos, cargo al que renunció en enero de 2021 para presentarse como candidato a constituyente. En su historia personal no puede ignorar que su hermano,  el médico Manfred Enrique Jurgensen Caesar, fue agente civil de la CNI, integrante de la Brigada Sanidad de ese aparato represivo en el Cuartel Borgoño de la capital durante los años 80.

El hermano del convencional Jurgensen fue un médico torturador que en febrero del año 2016 fue condenado a tres años y un día de cárcel como cómplice del crimen por torturas del profesor Federico Álvarez Santibáñez cometido en agosto de 1979 por la CNI. Este individuo fue sancionado y borrado del Colegio Médico a raíz de sus labores criminales en los aparatos represivos de la dictadura.

Por el crimen del profesor mirista fueron también condenados a 10 años y un día de presidio los ex oficiales de ejército y agentes CNI Julio Fernando Salazar Lantery, jefe de la División Metropolitana de la CNI a la época de los hechos, Carlos Arturo Durán Low, Jorge Claudio Andrade Gómez, y el agente civil Jorge Vargas Bories, en calidad de autores del homicidio. Las sentencias referidas a esta causa fueron refrendadas por la Corte de Apelaciones de Santiago en agosto de 2019.

Junto a Manfred Jurgensen Caesar otro médico torturador de nombre Luis Alberto Losada Fuenzalida fue condenado a dos años de presidio; ambos se convirtieron en los primeros médicos condenados por su participación en delitos de derechos humanos cometidos como funcionarios de la CNI. Estos dos médicos torturadores, junto a Camilo Antonio Azar Saba, habían sido ya sancionados por el Colegio Médico por sus actividades represivas en junio de 1986. Los tres, así como una decena de médicos más, conformaban la Unidad de Sanidad de la CNI, sin contar a aquellos llamados médicos que también operaron como torturadores en las mazmorras de la DINA desde los comienzos de este órgano criminal.

Política sin ética

No obstante, la existencia de sus hermanos implicados en delitos de derechos humanos no es causal de impedimento legal para postularse a cargos de representación, ni resulta ser un límite ético para pretender ocupar funciones incongruentes con sus intereses personales y familiares. Para estos políticos como Arancibia Reyes, Jurgensen Caesar u otros de su calaña, no existen los conflictos de intereses, ni menos los límites morales. Su actitud denota desprecio por la ciudadanía que, inconscientemente, se hace parte del lavado de sus imágenes y de sus historiales escogiéndoles o designándoles para cargos que les son contradictorios.

Los demás integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención intentaron -tardíamente- limitar las atribuciones de Arancibia en el ejercicio de la comisión, pero fue un intento vano pues el aludido ha demostrado no tener la altura de miras y distancia moral suficiente para no continuar con su actitud de agresión y  provocación

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dictó sentencia de casación y de reemplazo en la causa que investiga el crimen del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, quien fue asesinado por agentes y médicos de la CNI mediante torturas, el 21 de agosto de 1979.

El fallo de los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier, anuló la sentencia que tuvo al médico Manfredo Enrique Jurgensen Caesar como cómplice con pena remitida, y en su lugar, lo condenaron a una pena de 8 años de presidio mayor en su grado medio, como autor de homicidio calificado de Álvarez Santibáñez.

Igualmente, los magistrados confirmaron las condenas de los agentes de la CNI Julio Fernando Salazar Lantery, Carlos Arturo Durán Low, Jorge Claudio Andrade Gómez, Jorge Octavio Vargas Bories, todos a 10 años y un día como autores del homicidio calificado de la víctima.

Asimismo, se confirmó la condena del médico Luis Alberto Lozada Fuenzalida, a 2 años de remisión condicional de la pena como encubridor.

“Creemos que este fallo es muy importante porque desecha las defensas de estos sentenciados que incluían desde culpar a la víctima, pretextar cumplimiento de órdenes, entre otras. Confirma las condenas no sólo de los agentes, sino también de los médicos, lo cual nos parece muy importante, porque como hemos aprendido desde la Segunda Guerra Mundial y los procesos posteriores a Nuremberg, muchas veces son los civiles los que participan en estos crímenes y permiten que un régimen autoritario pueda mantenerse”, señaló el abogado querellante Francisco Bustos, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados.

Bustos agregó que “la dictadura no sólo podía sostenerse con policías y militares, aquí hubo personas que traicionando todos los deberes de la ética médica -desde el juramento hipocrático-, participaron en actos coetáneos para mantener a la víctima con vida a fin de poder practicar interrogatorios y torturas, los que derivaron en la muerte de la víctima, y ellos, en definitiva, al supervisar estas torturas permitían que una máquina represiva como el cuartel Borgoño pudiera seguir funcionando”.

Federico Álvarez Santibáñez fue detenido el 14 de agosto de 1976 cuando distribuía panfletos contra la dictadura. Posteriormente fue entregado a la CNI, cuyos agentes lo torturaron durante cinco días, hasta que fue llevado a una fiscalía militar, a la que ingresó en estado agónico. Durante este tiempo, Álvarez fue revisado por tres médicos de la CNI, quienes en sus informes acreditaban el buen estado de salud de la víctima.

Luego fue trasladado a un recinto hospitalario, donde murió al día siguiente.

En esa época, la CNI afirmó que Álvarez fue golpeado en la cabeza por los carabineros que lo detuvieron, pero los médicos que lo atendieron certificaron que presentaba contusiones múltiples, quemaduras con cigarrillos, quemaduras eléctricas, fracturas costales y contusión pulmonar.

Está condenado como coautor del homicidio de un militante político en 1979, en plena dictadura de Augusto Pinochet. El juez federal Ernesto Kreplak está a cargo del trámite de extradición.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo al médico Manfredo Enrique Jurgensen Caesar, condenado en Chile a ocho años de prisión por el asesinato de un militante político en 1979 –en plena dictadura de Augusto Pinochet–. El juez federal Ernesto Kreplak deberá analizar el pedido de extradición que cursaron las autoridades trasandinas.

El sábado por la tarde, Jurgensen estaba por abordar un vuelo de Lufthansa hacia Frankfurt, Alemania, cuando fue detectado por personal de la Dirección Nacional de Migraciones en Ezeiza. Intentaba salir con un pasaporte alemán. De acuerdo con lo informado por la Corte de Apelaciones de Chile, el represor de 79 años tiene doble nacionalidad –chilena y alemana–.

Mientras estaba demorado, en la misma tarde del sábado, Jurgensen se descompensó y fue trasladado al Hospital de Ezeiza. Según informaron fuentes con acceso a la causa, sufrió un paro cardiorespiratorio pero estaba recuperándose. Sin embargo, la situación delicada de salud hará que se demore más el trámite de extradición.

En enero pasado, la Corte Suprema de Chile elevó la condena de Jurgensen de tres a ocho años de prisión al considerarlo coautor del homicidio del docente Federico Álvarez Santibáñez, un militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que fue detenido en agosto de 1979 y sometido a feroces torturas mientras estuvo en manos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo al que reportaba Jurgensen.

Durante cinco días, Álvarez Santibáñez sufrió tormentos en el cuartel Borgoño. Ante las denuncias de la Vicaría de la Solidaridad, los represores intentaron blanquear la situación del militante detenido y lo llevaron el 20 de agosto de 1979 a la fiscalía militar. Sin embargo, el hombre murió al día siguiente.

“La detención en Buenos Aires es una noticia importante para terminar con la impunidad en el caso del asesinato del profesor Federico Álvarez Santibáñez”, le dijo a Página/12 Francisco Bustos, abogado que interviene en el caso. “Estos fueron hechos que causaron gran conmoción, tanto que durante la propia dictadura se inició un procedimiento ético por parte del Colegio Médico y éste lo expulsó de la orden tanto a Jurgensen como a otros profesionales de la salud”.

Aun estando internado, Jurgensen designó abogado. Cuando esté en condiciones de tener la audiencia con el juez Kreplak, deberá informar si se allana para ser extraditado a Santiago de Chile para purgar la condena o si debe realizarse el juicio de extradición, lo que estirará los plazos. En Chile advirtieron que estaba prófugo a mediados de enero después de que su defensa intentara una serie de maniobras dilatorias como pedir que se le diera detención domiciliaria.

Manfred Jürgensen murió en Argentina

A sólo una semana de haber sido detenido en Argentina, el médico colaborador de la dictadura de Pinochet, Manfred Jürgensen, falleció. La justicia chilena había pedido su extradición al ser condenado por homicidio del profesor Federico Álvarez Santibáñez en 1979.

Luego de haber sido detenido en Argentina el pasado lunes 5 de junio, Manfred Jürgensen falleció este jueves, según confirmaron desde el país vecino.

De acuerdo a lo informado por radio ADN, el médico colaborador de la dictadura y que prestara servicios para Sebastián Piñera, murió a sólo una semana que la justicia chilena pidiera su extradición. Las causas del deceso aún no han sido reveladas.

Fue el pasado lunes 5 cuando Jürgensen Caesar, quien fue condenado a 8 años de presidio como coautor del homicidio calificado de profesor y militante del MIR Federico Álvarez Santibáñez, ocurrido en agosto de 1979, fue detenido en un control migratorio del aeropuerto de Ezeiza, tratando de escapar hacia Alemania.

El hermano del exconstituyente RN Harry Jürgensen se encontraba prófugo de la justicia desde febrero, cuando la Corte Suprema le aplicó la pena de ocho años por el crimen cometido durante la dictadura.

El crimen de Jürgensen

Federico Álvarez Santibáñez fue detenido el 14 de agosto de 1976 cuando distribuía panfletos contra la dictadura. Posteriormente fue entregado a la CNI, cuyos agentes lo torturaron durante cinco días, hasta que fue llevado a una fiscalía militar, a la que ingresó en estado agónico.

Durante este tiempo, Álvarez fue revisado por tres médicos de la CNI, quienes en sus informes acreditaban el buen estado de salud de la víctima, uno de ellos era Jürgensen. Luego fue trasladado a un recinto hospitalario, donde murió al día siguiente.

En esa época, la CNI afirmó que Álvarez fue golpeado en la cabeza por los carabineros que lo detuvieron, pero los médicos que lo atendieron certificaron que presentaba contusiones múltiples, quemaduras con cigarrillos, quemaduras eléctricas, fracturas costales y contusión pulmonar.

De acuerdo a datos emanados desde la Secretaría de DD.HH., junto con Jürgensen habría otros cinco ex agentes que se encuentran prófugos de la justicia después de ser condenados por su participación en crímenes de lesa humanidad.

Se trata de Jorge Octavio Vargas Bories (oficial de Ejército (r), CNI), también por el asesinato del profesor Federico Álvarez; Héctor Fernando Osses Yáñez (oficial de Carabineros (r)), con cuatro condenas por asesinatos en la Población San Gregorio; Víctor Álvarez Droguett (DINA) por el secuestro calificado de Marta Ugarte; Rubén Arnoldo Morales López (oficial de Carabineros (r)) por el homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala, y Luis Enrique Barrueto Bartning (empresario), por siete secuestros calificados perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

por Cristian Neira

El personal que trabajó en las clínicas creadas por la DINA -Santa Lucía, London y El Golf-, figura en una arista judicial que permanece archivada. Solo hay cinco médicos condenados en procesos por crímenes del organismo represivo. Según la investigación del juez Alejandro Solís, algunos doctores controlaban a los detenidos mientras eran torturados. CIPER accedió a documentos judiciales con testimonios de trabajadores de las clínicas sobre el rol de los profesionales. En esa revisión contabilizamos al menos 31 personas (26 médicos y cinco enfermeros) que trabajaron en las clínicas. No todos participaron en torturas, pero ninguno desconoce haberse puesto al servicio de la DINA. Siete continúan ejerciendo y tres esperan fallos de la Corte Suprema.

El 1 de junio de 2007, un carabinero en retiro y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el organismo represivo de los primeros años de la dictadura, compareció ante un juez. Lo interrogaron por el asesinato del cabo Manuel Leyton Robles, ocurrido en 1977, a quien la DINA eliminó en la Clínica London. Leyton tenía en su poder un auto encargado por robo -había pertenecido a un detenido desaparecido- y por eso fue arrestado por Carabineros. En el cuartel policial explicó a qué se dedicaba y mencionó las detenciones ilegales que realizaban los agentes de la dictadura. Quedó libre. Pero, para la cúpula de la DINA, había hablado más de lo aconsejable. Lo condujeron a un chequeo médico en la Clínica London -uno de los tres recintos asistenciales creados por la DINA- donde, a pesar de su buena condición física, sufrió un paro cardiorrespiratorio fatal. 

El interrogatorio al exagente, cuya identidad CIPER mantiene en reserva, derivó en una detallada descripción de las tres clínicas de la DINA: Santa Lucía, London y El Golf. A estas alturas, la justicia ha establecido que el organismo de seguridad reclutó a un grupo de médicos que ayudaron a la DINA con el control, reanimación y, en algunos casos, hasta homicidio de detenidos. El exagente declaró que cuando en un cuartel había un detenido que no podía proporcionar más información, los doctores cumplían un rol: “Se mandaba a llamar a un médico de la DINA, quien iba y atendía al detenido. No recuerdo quiénes eran, pero eran de la clínica (Santa Lucía). Estos médicos estaban para eso, era su función y para lo que fue creado dicho centro asistencial”, afirmó. 

Los esfuerzos periodísticos por revelar el funcionamiento de lo que la prensa denominó “la brigada sanitaria” de la DINA, no han sido pocos. Lo hizo Chilevisión en 2014, cuando encaró a seis médicos que están en la nómina de los profesionales que prestaron estos servicios y reveló sus lugares de trabajo: entre ellos el oftalmólogo Vittorio Orvieto Tiplitzky, el otorrinolaringólogo Eugenio Fantuzzi Alliende y el fallecido Manfred Jürgensen Caesar.

Años antes, la periodista Mónica González, fundadora de CIPER, ya había publicado la existencia de estos centros asistenciales en reportajes que contenían una lista de doctores de la Clínica London. Y para su libro “El despertar de los Cuervos”, el periodista Javier Rebolledo accedió a las declaraciones hechas por el personal de salud de estas clínicas en la investigación del ministro Alejandro Solís, expediente que se encuentra archivado. CIPER pudo revisar esos y otros testimonios que dieron forma a este artículo y constató que al menos siete médicos continúan ejercicio en el sector privado. Para este reportaje se contactó a los siete, a objeto de incorporar sus versiones, pero solo una doctora accedió a que su testimonio fuera publicado.  

DOCTORES INVESTIGADOS POR EL JUEZ SOLÍS

La nómina de 31 profesionales elaborada por CIPER solo incluye a aquellos que formaron parte de las clínicas que investigó el juez Alejandro Solís. De ellos, solo cinco han sido condenados en causas de derechos humanos. En ese listado se incluye al fallecido Manfred Jürgensen, hermano del exconvencional Harry Jürgensen (RN), que fue sentenciado a ocho años de presidio mayor como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Otros tres están a la espera del fallo de la Corte Suprema.

Las declaraciones a las que tuvo acceso CIPER, con acusaciones y relatos de torturas, fueron entregadas, en su mayoría, por extrabajadores de las clínicas. Algunos de esos archivos fueron integrados a “Papeles de la Dictadura”, una plataforma con más de 4 mil documentos en línea desarrollada por CIPER con la colaboración del CIP-UDP (vea acá la plataforma “Papeles de la Dictadura”). En esos registros, los datos sensibles de las víctimas y de los trabajadores de las clínicas que formularon las denuncias fueron tarjados. 

De acuerdo a la investigación judicial, al menos 13 médicos habrían egresado de la Universidad de Chile. No es extraño. En esa época, el coronel de la FACH, Dámaso González Espinosa, quien lideró el área dental de la Clínica Santa Lucía, ejercía como profesor en esa universidad y se encargó de reclutar a una parte del personal. Así lo señalaron a CIPER algunos médicos contactados. 

En las declaraciones se menciona a tres personas a cargo de estos establecimientos: el cardiólogo de la FACH, Werner Zanghellini Martínez, el pediatra Hernán Horacio Taricco Lavín y la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Toboada. El pasado mes de marzo, la Corte Suprema condenó, por primera vez, a Werner Zanghellini a una pena de cárcel. Los otros dos están procesados y con una sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la investigación por el homicidio del cabo Leyton, causa que debe revisar la Corte Suprema. 

Un sargento (r) de Carabineros testificó que fue en la Clínica Santa Lucía donde vio más agentes con prisioneros: “Efectivamente, vi llegar personas a ese recinto, las cuales al parecer habían sido recién detenidos por agentes, se les curaba, pero inmediatamente eran trasladados por los mismos agentes que los habían llevado”.  Un enfermero que trabajó en el lugar declaró que “los médicos de la Clínica Santa Lucía frecuentemente eran solicitados en Villa Grimaldi para examinar a los detenidos, y siempre eran acompañados por un enfermero”. La villa era un cuartel secreto de la DINA donde se torturaba y asesinaba a detenidos. “En mi caso, recuerdo haber conversado con los detenidos que el médico examinaba, animándolos para que cooperaran en la información que se les solicitaba”, prosigue la misma declaración. 

Los centros asistenciales fueron creados supuestamente para atender a los agentes civiles y sus familias, que no tenían cobertura en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, en ellos también se dispensaba atención médica y dental. Una declaración del odontólogo Pablo César Oyanguren Plaza aseguró que en la Clínica London “incluso el presidente Pinochet se atendió en alguna oportunidad”. Otros relatos dicen que también lo hizo Manuel Contreras.

La declaración de un suboficial (r) del Ejército que fue enfermero en la Clínica Santa Lucía, es estremecedora: “Era sabido que en Villa Grimaldi se le pasaban autos por encima del cuerpo a los detenidos y que a veces se les pasaba la mano y llegaban moribundos a la (clínica) Santa Lucía. Cuando no había remedio se les tenía que dar muerte con pentotal. Desconozco qué pasaba con los detenidos a los que se les aplicaba pentotal, pero se comentaba que había otra brigada que se hacía cargo de ellos para lanzarlos al mar”. 

LA SEÑORITA ELIANA

“Había una clave en la Clínica Santa Lucía, que era un aviso: viene paquete. Significaba que venía un detenido y uno entendía que no debía involucrarse. Lo ingresaban a una sala y luego le suministraban algo y después el paciente salía fallecido. Escuché por conversiones de estos médicos y la señorita Eliana, que suministraban ocho miligramos de pentotal, lo que ocasionaba una arritmia seguido de un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en la clínica. Y como a la medianoche, lo sacaban ‘camuflado’, cubierto de una frazada”. 

El párrafo anterior es parte de la declaración extrajudicial de un exempleado de la DINA, fechada el 29 de junio de 2005. Su testimonio es uno de los más detallados dentro de la investigación del ministro Solís. A quien denomina “señorita Eliana”, es la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada. En la Clínica Santa Lucía ejerció la jefatura de los enfermeros, incluso por sobre aquellos con rango militar. Al revisar las declaraciones del proceso judicial queda claro que jugó un rol fundamental en ese recinto, pese a que su nombre no resuene con el mismo impacto que el de otros profesionales que prestaron servicio a los aparatos represivos. 

En 2015, Eliana Bolumburú fue condenada, en primera instancia, a tres años y un día, además de la inhabilitación de la profesión, como encubridora del homicidio del cabo Manuel Leyton. Pero el tribunal decidió otorgarle el beneficio de la libertad vigilada intensiva por el mismo periodo. Esa sentencia fue ratificada en 2020 por la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente está en espera del fallo de la Corte Suprema. 

Las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas aseguran que Bolumburú estaba al tanto del trato que daba la DINA a los detenidos. Hay testimonios que la señalan como conocedora y cooperadora de los interrogatorios y del uso de pentotal, un anestésico conocido como “el suero de la verdad”, porque, suministrado en bajas dosis, provoca que los pacientes entren en un estado de somnolencia en que pueden seguir respondiendo preguntas. La aplicación de pentotal no ha sido probada por la justicia y la exenfermera se encuentra solo procesada en la investigación por el homicidio del cabo Leyton. 

En una declaración policial de junio de 2005, un enfermero recordó el momento en que se encontró con Bolumburú cuando venía llegando en ambulancia de la Clínica London junto a un paciente en camilla. “Al que reconocí de inmediato, se trataba del cabo de Ejército Manuel Leyton Robles”, aseguró el enfermero. También agregó que, al volver a la clínica por la noche, se encontró con una señora a la entrada llorando: “Y le pregunté qué le sucedía, manifestando que había fallecido su esposo de un infarto, enterándome que se trataba del cabo Manuel Leyton”. 

Más de un exfuncionario de la Clínica Santa Lucía apuntó a Bolumburú como una de las personas que controlaba el personal médico. En las declaraciones también se dice que hizo los mismo, por un corto periodo, en la London. “Debido a su cargo, estaba en conocimiento de todo lo que allí ocurría”, señaló un exenfermero del Ejército. Otro extrabajador contó que en una oportunidad acompañó a Bolumburú a Villa Grimaldi y que ella “se conectaba directamente y se conocía con los jefes. Pude apreciar las salas de interrogatorios a través de esta enfermera que tenía acceso directo a estas dependencias”. 

En 2005 un suboficial (r) del Ejército declaró ante la PDI de Valdivia que hubo médicos de la Santa Lucía involucrados “secretamente en hechos de muerte de detenidos”. Entregó tres nombres: el doctor Werner Zanghellini, el anestesiólogo Osvaldo Leyton y la enfermera Bolumbrú Taboada. 

Dos años más tarde el suboficial se encontró con Bolumburú en un careo. La enfermera fue tajante: “Yo estaba a cargo de comprar y suministrar los medicamentos que eran para el tratamiento del personal. Nunca supe del pentotal (…). Respecto a que había médicos involucrados en hechos de muerte en la clínica, es una calumnia, no sé qué pudo haberlo motivado a decir una mentira así”, enfatizó.

La primera vez que Eliana Bolumburú declaró, según los registros de este expediente, fue el 17 de junio de 2003, en la Oficina Central Nacional de la Interpol. Entonces sostenía que en las clínicas de la DINA no hubo situaciones irregulares. En 2005 declaró: “Nunca se atendieron personas detenidas. Además, debo asegurar que no conocí otros recintos de detención de la DINA”.

En 2006 su versión cambió. Esta vez confesó haber sabido de detenidos en la Clínica Santa Lucía. Según su nuevo relato, al recinto asistencial llegó una vez Marcelo Moren, exagente de la DINA que falleció en 2015 mientras cumplía una condena de más de 300 años. En esa oportunidad, contó Bolumburú, Moren apareció junto al agente Osvaldo Pincetti. Preguntaban por un detenido: “Yo sabía que había una persona que estaba en una cama del segundo piso, presumo que se trataba de un detenido político, pero de esta persona no supe su nombre, aunque vi que estaba con sus muñecas quemadas”, dijo la enfermera. 

Eliana Bolumburú trabajó en la Clínica Santa Lucía y luego en la London. Se retiró a mediados de 1977, período en que se casó con el oficial y agente de la DINA, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, uno de los hombres más cercanos al jefe del organismo represivo, Manuel Contreras.

Eliana Bolumburú fue contactada por CIPER el pasado lunes 28 de agosto, pero no respondió a los mensajes. A través de su abogado, Hernán Aladín, señaló inicialmente que podría atender a nuestras consultas el jueves 31 de agosto. Pero ese mismo día su abogado explicó que, por razones de salud, no podría contestar nuestras preguntas hasta después del 20 de septiembre. CIPER ya había retrasado la publicación de este artículo ante la posibilidad de reunirse con ella, pero no se logró acordar una entrevista previa al cierre de este artículo.

EL DOCTOR TARICCO

Médico cirujano con especialidad en pediatría. Su residencia en Lo Barnechea, propiedad que según el Servicio de Impuestos Internos tiene un avalúo fiscal de más de $672 millones, figura a nombre de Inversiones Santo Domingo. Esa sociedad -constituida en 2013 e integrada por el médico y su familia- también es dueña del auto que estaba aparcado en su domicilio cuando CIPER intentó contactarlo, un Mercedes Benz de 2022. 

En 2014 el programa de canal 13 “En su propia Trampa”, lo encaró por ofrecer en su consulta privada “Red Médica Tabancura” un falso tratamiento de láser que prometía curar trastornos psiquiátricos, además de adicciones como el tabaquismo y alcoholismo.

Al igual que Bolumburú, en 2015 Taricco Lavín fue condenado en primera instancia en el caso del cabo Leyton. El tribunal lo sentenció a tres años y un día como encubridor del homicidio, pero le otorgó la remisión condicional. En 2020, la Corte de Apelaciones redujo esa condena a 541 días, sin dictaminar la inhabilitación de la profesión. El médico interpuso un recurso de casación: alega que no participó en los hechos. Está a la espera del dictamen de la Suprema. 

Taricco Lavín firmó el informe donde se aseguraba que la causa de muerte de Leyton habría sido por asfixia, debido a la aspiración de vómito, con un paro cardiorrespiratorio. Pero, en una declaración policial, el exagente de la DINA, Michael Townley, relató que recibió la orden “de proporcionar (gas) sarín para eliminar al cabo Leyton y que el autor material que aplicó el sarín fue un teniente del Ejército”. 

En junio de 2003, Taricco negó su participación en el falso informe: “Nunca tuve el cargo de director de la Clínica London.  Con respecto al informe que en estos momentos acabo de leer, el cual tiene mi firma, se trata de un informe técnico, que por una situación puntual y por ser un oficial de sanidad, se me pidió que pusiera el pie de firma como director, cargo que yo no tenía”.

Otro médico de la clínica, Luis Hernán Santibáñez Santelices, uno de los que examinó al suboficial del Ejército, declaró que vio a Taricco Lavín “confeccionando un Informe al Servicio Médico Legal, de un paciente que había fallecido, desconociendo más detalles, ya que no pregunté ni me comentaron que había sucedido con el paciente que había atendido anteriormente”. 

Además, en el expediente judicial son varias las declaraciones que señalan a Taricco como uno de los jefes de la Clínica London. En 2003 la enfermera Bolumburú aseguró que “el doctor Taricco reemplazaba al doctor Zanghellini cuando éste se ausentaba en su puesto de director general”. 

A través de su abogado, Leonardo Battaglia, el médico Hernán Taricco declinó responder las preguntas de CIPER. 

EL DOCTOR LEYTON

El 27 de junio de 2003, Osvaldo Leyton declaró que fue debido a un ofrecimiento que llegó a la Clínica Santa Lucía en 1974. Mencionó que, llegando a la dirección que le habían señalado se enteró “que se trataba de un cuartel de la DINA y no de la Fuerza Aérea. En este lugar me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar para ellos, lo que acepté por necesidades económicas”.

En julio de 2005, el anestesiólogo declaró en dependencias de la Interpol. Allí, aseguró que sí tuvo conocimiento que en ocasiones llegaban agentes de la DINA con detenidos: “Efectivamente, tuve que concurrir en varias oportunidades a los centros de detención como Villa Grimaldi y Cuatro Álamos”. Leyton, fue señalado en la declaración de un enfermero del Ejército como parte de los médicos involucrados en episodios que terminaron con la muerte de detenidos. No obstante, Leyton Bahamondes no registra condenas, aunque en 2007 fue procesado por la muerte del cabo Manuel Leyton. 

Para esta investigación, el anestesiólogo fue contactado por CIPER en su consulta privada en Providencia, pero declinó responder.  

Leyton Bahamondes también declaró ante la policía el 17 de noviembre de 2006. En esa ocasión lo interrogaron por la ficha clínica del cabo Leyton. Tenía su letra. “No tengo explicación del porqué aparece mi letra en la parte que se refiere a la atención brindada durante el día, elucubrando un poco, puede que si lo hice fue debido a una orden que necesariamente debió haber venido de la jefatura médica, que en ese período correspondía, aparentemente, al doctor Taricco o bien a una autoridad militar superior”. 

Santiago Alfredo Matteo Galleguillos

Trabajó como enfermero del Ejército en la Clínica Santa Lucía y varios de quienes declararon lo recuerdan por un solo detalle: el detector de mentiras. El 10 de noviembre de 2005 un enfermero declaró: “Tanto Osvaldo Leyton como Zanghellini eran cardiólogos, y este último utilizaba un denominado PC1 o PC2, que era un detector de mentiras, que actuaba asesorado por el enfermero Santiago Matteo, que manejaba este equipo y que estaba guardado en una oficina chica de la London”.

Santiago Matteo Galleguillos también fue procesado en la investigación por el asesinato del cabo Leyton por presuntamente encubrir el homicidio. Pero su participación no pudo ser probada y fue absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en 2020. 

En 2010, Matteo Galleguillos prestó declaración extrajudicial. En esa oportunidad, contó que había viajado a Miami junto al doctor Zanghellini en 1975 a un curso sobre el uso del detector de mentiras o polígrafo. Pero, agregó que nunca había usado esa máquina. Un enfermero del Ejército contó que en la misma clínica había un equipo que interrogaba detenidos con un detector de mentiras que era manejado -según relató- por los enfermeros más antiguos, Matteo Galleguillos y Lorenzo Toro Olivares. 

VISITAS A CENTROS DE DETENCIÓN

Entre los médicos que han sido condenados por crímenes relacionados con la DINA está el exdirector de la Clínica Santa Lucía, el cardiólogo Werner Zanghellini, sentenciado a 10 años y un día en una investigación por el secuestro calificado de dos personas, en el marco de la Operación Colombo. También el oftalmólogo Vittorio Orvieto, sentenciado en varias causas relacionadas con el campamento de prisioneros Tejas Verdes. Lo mismo ocurrió con Manfred Jürgensen, que falleció luego de ser capturado en Argentina. 

Jürgensen se encontraba prófugo de la justicia luego de ser condenado por la Corte Suprema, en enero de este año, a ocho años de presidio como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Junto a él, fue sentenciado el reumatólogo Luis Alberto Losada, en calidad de encubridor, a dos años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional. Ambos asistieron a Álvarez Santibáñez en el Cuartel Borgoño, cerca de la Estación Mapocho. 

El enfermero Orlando Jesús Torrejón Gatica se encuentra condenado en múltiples causas asociadas a víctimas de la Operación Colombo y en el proceso por el asesinato de la profesora Marta Ugarte Román.

Orlando Torrejón Gatica, aparece descrito en las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas de la DINA. Un enfermero declaró que “el término paquete se refiere a los detenidos que estaban muertos, por lo general se decía ‘salió paquete’ y los que constantemente hablaban con ese término eran Torrejón o Muñoz”. Un sargento (r) de Carabineros que trabajó como enfermero, señaló que “la atención a los detenidos las realizaba personal específico para ellos, por ejemplo, recuerdo a Orlando Torrejón”. 

A esos nombres se suma, pero solo condenado en primera instancia como encubridor en el caso del cabo Leyton, el cirujano Pedro Valdivia Soto. Al igual que Bolumburú y Taricco, Valdivia se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema. 

En los expedientes, también hay declaraciones que acusan a otros médicos de haber acudido a centros de detención. En 2005, un ex trabajador de estas clínicas afirmó haber acompañado a los médicos Sergio Virgilio Bocaz, Enrique Silva Peralta, Christian Emhart Araya, Eugenio Fantuzzi Alliende y Luis Cárcamo Díaz. “Debo señalar que varios de estos eran médicos recién egresados”, aseguró. 

De ese listado, Luis Felipe Cárcamo Díaz, otorrinolaringólogo, es el único que continúa en funciones: lo hace en su consulta privada en Temuco. A través de una persona que trabaja ahí, Cárcamo declinó responder consultas para este artículo.  

Entre los doctores que continúan ejerciendo también se encuentra Luis Santibáñez Santelices, que actualmente atiende en Integramédica. Santibáñez declaró en el caso Leyton y aparte de detallar que atendió al fallecido suboficial, señaló: “Comencé a trabajar en el verano del año 1977, a pedido del doctor Werner Zanghellini, también médico de la Fuerza Aérea. El motivo fue que se pretendía implementar una Unidad de Cuidados Intensivos en ella, ya que se presumía algunos atentados contra la DINA y autoridades militares. Duré poco tiempo, casi a fines de marzo de ese mismo año presenté mi renuncia, no alcanzando a ejercer tres meses en la Clínica London. Recuerdo que el director en esa fecha era Horacio Taricco Lavín”.

Contactado por CIPER, Santibáñez rechazó atender consultas sobre su participación en la Clínica London. 

Camilo Azar Saba es uno de los doctores que revisó las lesiones del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Así lo señaló ante la justicia: “Por orden del general Mena debía recertificar las lesiones que presentaban dos personas que habían sido detenidas por Carabineros y luego traspasadas a la CNI (…) Una de estas personas posteriormente falleció en la Posta Central, un profesor llamado Federico Álvarez Santibáñez”. 

El doctor Jorge Manlio Fantini Valenzuela aparece en una declaración prestada por un exempleado civil de la DINA: “Era el que tenía que estar más atento cuando se hacían operativos y detenciones. Le gustaba estar vinculado”. En 1982 Fantini contrajo matrimonio con la enfermera Isabel Margarita Jarpa Riveros, quien prestó servicios en la Clínica London.

LOS GINECÓLOGOS

Una de las aristas que guio la investigación sobre las clínicas de la DINA, fue el presunto aborto a causa de las torturas que sufrió una detenida que había llegado a la Clínica Santa Lucía con ocho meses de embarazo. En un informe policial se consigna el testimonio de una prisionera que en 1975 fue detenida por la DINA. Según su relato, estuvo recluida en Colonia Dignidad y Villa Grimaldi. El informe sostiene que “fue en Villa Grimaldi donde pudo ver una detenida en malas condiciones físicas debido a las torturas recibidas, y que venía de una clínica ubicada cerca del cerro Santa Lucía, donde habían asesinado a su hijo de ocho meses, cuando se encontraba en su vientre”. 

De acuerdo con las declaraciones revisadas por CIPER, en reiteradas ocasiones los médicos y enfermeros fueron interrogados sobre el paso de una mujer embarazada por la Clínica Santa Lucía. El Ministerio del Interior, querellante en la causa, solicitó al ministro Solís que oficiara a la Vicaría de la Solidaridad para que remitiera los antecedentes de tres mujeres que habrían dado a luz mientras se encontraban detenidas por la DINA. El 6 de julio de 2009, Solís dio lugar a la solicitud. 

Por la Clínica Santa Lucía pasaron dos ginecólogos: Juan Pablo Figueroa Yáñez y Eduardo Francisco Contreras Valcarce.  

Fue el primero quien alguna vez declaró que recordaba una oportunidad en que le solicitaron atender a una detenida embarazada: “A esa petición me negué a efectuar la auscultación a la embarazada, y posteriormente me lo solicitaron como un favor personal, accediendo a examinarla, no encontrando problemas en su embarazo. Recuerdo que mientras realizaba dicho examen, se encontraba presente el señor Marcelo Moren Brito”. Figueroa dijo no recordar el nombre de esa mujer. 

Eduardo Francisco Contreras Valcarce falleció en 2016. Según una declaración del médico Eugenio Fantuzzi Alliende, Contreras Valcarce llegó a la clínica como otros compañeros de su promoción, por ofrecimiento de Zanghellini. Su nombre suele confundirse con el de su hermano, Enrique Eduardo Contreras Valcarce, médico cirujano. Pero mientras el primero prestó servicios en clínicas de la DINA, el segundo sufrió la represión de la “Caravana de la Muerte” y, según la versión de sus familiares, incluso fue prisionero en un recinto del norte. 

OTROS MÉDICOS MENCIONADOS

En la investigación se señala a una serie de médicos, dentistas y personal sanitario que formaron parte de la Clínica Santa Lucía. Según los archivos, fueron contratados a honorarios, en su mayoría recién egresados de la universidad. Los relatos de testigos coinciden en que en el primer piso se encontraba la clínica dental y que en el tercero se concentraba el cuerpo médico destinado a mantener con vida a detenidos que habían sido torturados. 

Los dentistas del primer piso aseguran que nunca vieron a pacientes detenidos y que no supieron de abortos. El jefe de ese departamento era el dentista Dámaso Luis Augusto González, quien todavía atiende su consulta en Providencia. Según explicaron otros médicos de clínicas de la DINA, fue él quien reclutó a alumnos de la Universidad de Chile -donde hacía clases- para integrarse a la Clínica Santa Lucía. Y, según consta en el expediente, en ocasiones quedaba a cargo de la clínica. 

CIPER se comunicó con la consulta del médico. Su secretaria señaló que estaba fuera de Santiago y que ella le daría nuestro mensaje. Al cierre de este reportaje, no había respuesta.   

Sergio Muñoz Bonta, también es señalado como un cirujano dentista que tenía jefatura en la Clínica London. Un enfermero declaró: “Al doctor Sergio Muñoz Bonta, que era un odontólogo que provenía de la Academia de Guerra, lo llevó el coronel (Manuel) Contreras para la Clínica London”. Muñoz Bonta falleció en 2005.

Los dentistas Carlos Rodolfo Ullrich Dunner y Milena Cecilia Zulic Lolic declararon en 2010 que trabajaron en la Clínica Santa Lucía. Ullrich lo hizo en el resto de las clínicas montadas por la DINA y hasta el retorno a la democracia en 1989.  A solo cuadras de distancia, en Las Condes, ambos tienen en la actualidad sus consultas dentales y los dos negaron ante la justicia haber visto o atendido a pacientes torturados. 

Zulic -quien estuvo casada con Ullrich- dijo a CIPER que tiene la conciencia tranquila: “Yo nunca tuve ni tengo nada que ocultar (…). Trabajé en la clínica. Estaba recién recibida y estaba buscando pega. Yo era súper buena alumna y no era de izquierda. Nunca he militado en un partido, pero me siento libre pensadora, pero no estaba para nada de acuerdo con lo que pasaba en ese minuto (la Unidad Popular). Pero, independiente de la cosa política, nunca se nos dijo que era para trabajar en la DINA ni que se iban a hacer detenidos y cosas, nada. Cuando me contactaron me dijeron que era para que atendiera a los hijos de funcionarios”. Cuenta que le pagaban bien, que estuvo ahí varios meses y que, cuando ya estaba trabajando en ese lugar, supo que estaba relacionado con la DINA. 

Consultada por CIPER si se fue de ese trabajo por reparos éticos, tras enterarse de que la DINA estaba detrás de la clínica, respondió: “No, porque yo en ese tiempo era un pájaro (…). Ahí no sabía nada de lo que estaba pasando”. 

Mario Augusto Hernández Cáceres es otro médico mencionado en el expediente que niega haber participado en hechos vinculados a violaciones de derechos humanos. Prestó declaración extrajudicial en 2010. Ese mismo año, el odontólogo Gonzalo Luarte Romo señaló ante la justicia haber trabajado sólo para la Clínica London y que tampoco vio ni supo nada.  Falleció el 10 de julio de este año.  

En el equipo de dentistas, también figuraba Pablo César Oyanguren Plaza, quien fue profesor de la Universidad Mayor hasta 2019. En el proceso dijo que fue Dámaso González quien lo reclutó. También declaró que formó parte de la clínica de la CNI, que le dieron una cédula de identidad con el nombre de Cicerón Videla para votar en el Plebiscito de 1988 y una tarjeta que se usaba como “rompe filas”.  

La lista de menciones también incluye a médicos de otras especialidades: al psiquiatra Roberto Emilio Lailhacar Chávez. Él declaró en 2010 que solo estuvo en Clínica El Golf, pero que prestaba servicios a la DINA desde antes: “Yo ingrese a la DINA como empleado civil (…). Probablemente durante el año 1973”. Además, explicó que trabajó con Lucía Hiriart cuando todavía Augusto Pinochet estaba en el poder. Aseguró que nunca atendió a personas heridas ni participó en interrogatorios. Consultado por CIPER, declinó referirse al detalle de lo que presenció e hizo en la clínica de la DINA. 

El cardiólogo Sergio Pliscoff Marovich trabajó en las clínicas London y El Golf. Declaró en 2010 y señaló que nunca visitó a personas detenidas: “Carezco de todo tipo de información”, dijo. Falleció en 2016.  

(*) En este reportaje colaboraron Valentina Valenzuela y Soledad López Figueroa.

(**) Los antecedentes expuestos en este artículo incluyen procesos judiciales en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.