Jara De La Maza Marcelo Fernando

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, psicólogos, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos.

La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.

El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlos.

Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpas Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".

Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.

Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días

La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.

El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.

Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros

Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.

En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad

La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los '90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia.

A esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.

Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.

El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una risis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.

Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú (ver recuadro).

Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto

Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally".

Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986.

Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez.

Camilo Azar es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar.

Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.

Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.

Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.

El lugar de trabajo

• H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.
• Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.
• Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.
• Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.
• Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.
• Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 4508563.
• Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.
• Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.
• Guido Díaz Paci, Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.
• Camilo Azar Saba, Traumatólogo. Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576.
• Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.
• Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.

Por Julio Oliva García

En Chile, se ha asociado la violación a los derechos humanos durante la dictadura mayoritariamente con miembros de las Fuerzas Armadas. Pero, han ido apareciendo otros responsables: médicos que se transformaron en criminales que supervisaron y participaron de torturas y asesinatos.

Varios son los médicos que han sido acusados en distintas causas de derechos humanos. Incluso y como se recordará, el juez Alejandro Madrid procesó en su oportunidad a los médicos Eduardo Arriagada Rehren y Sergio Rosende, por homicidio calificado, por el envenenamiento de reos en dictadura y por el homicidio frustrado de otros presos, como parte de las pruebas de la efectividad de la toxina botulínica, utilizada más tarde en el asesinato del presidente Frei Montalva.

Distintos profesionales del área médica y de distintas especialidades, se prestaron y participaron activamente en delitos de lesa humanidad, quienes renegando de su juramento, pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos. Algunos fueron sobreseídos en "especiales juicios" llevados adelante por tribunales militares. Otros, hasta hoy, siguen ejerciendo en distintas entidades públicas como en las clínicas privadas Dávila e Indisa.

Médico y miembro de la CNI

Un caso de participación comprobada en las torturas, muerte e intento de ocultarla posteriormente, le cupo al doctor Guido Mario Félix Díaz Paci. Se trata de un médico del Ejército y en su oportunidad también adscrito a la CNI. Este oficial de sanidad militar del Ejército participó en las trágicas circunstancias que terminaron en la muerte del transportista Mario Fernández López (DC), en La Serena.

Éste dirigente DC falleció como consecuencia de torturas aplicadas en el cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984. Fue trasladado al Hospital de La Serena, oportunidad en que el "doctor" Díaz Paci mintió a los médicos de turno de dicho centro asistencial, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández López, este médico y agente CNI intentó que el profesional que lo había intervenido de urgencia para intentar salvarle la vida, falsificara el diagnóstico de defunción, ocultando los verdaderos motivos de la muerte. Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico.

No fue su única intervención en materia de derechos humanos: El año 1974 exhumó el cuerpo de María Ávalos, quien había sido asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973, por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción este médico aseguró que la mujer se había dinamitado. También ha sido acusado de ser el autor de haber dado un tiro de gracia al también médico, Jorge Jordán.

El caso Coyhaique

Unos pocos resultaron condenados. Es el caso del médico José María Fuentealba Suazo, quien resultó sentenciado en la causa rol N° 16.996-A y B, denominada "Caso Coyhaique". Se lo condenó a siete años de presidio mayor en su grado mínimo como autor de los delitos de secuestro calificado de tres personas. Falleció el año 2012.

En octubre de 1973, Fuentealba viajó a Río Mayo, Argentina. Su misión era trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería Argentina cuando escapaban a ese país en busca de refugio político. El grupo encargado del traslado de los presos era dirigido por el capitán Joaquín Molina. También la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains.

Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo con la inscripción del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile. Jamás llegaron a su lugar de destino, el campo de prisioneros Las Bandurrias. El vehículo sí llegó al recinto militar, pero solo viajaban en su interior los dos uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron. María Vera, hija de unos de los detenidos desaparecidos, Juan Vera, señaló que "los prisioneros de Las Bandurrias me dijeron que el doctor (Fuentealba) venía pálido, que no hablaba y que temblaba".

La siguiente es una transcripción de la declaración prestada frente al Juez Sr. Sepúlveda por un funcionario del Hospital regional de Coyhaique: "(…) Lamentablemente la fecha exacta no la recuerdo, (…) pero sí puedo contarles que, una noche de madrugada (1, 2 de la mañana) el Dr. Fuentealba me ordena que ayude a bajar de un camión Mercedes Benz (UNIMOG) a unos cuerpos que venían envueltos en frazadas del Ejército (eran como seis cadáveres), después se dejaron en la morgue del Hospital Coyhaique y por curiosear con una colega revisamos los cuerpos, 1 a 1, en el que conocí a un señor de apellido Mansilla (en su declaración personal cambia este nombre por el de Vera) y a un compañero de curso por más de seis años José Rosendo Pérez Azócar, si mal no recuerdo (40 años atrás), en eso aparece el Dr. Fuentealba quien le pone la pistola en el pecho a mi colega y le dice: ¡aquí no viste nada! Y nos fuimos a trabajar. Posteriormente al volver al otro día los cuerpos ya no estaban. Cabe destacar que el Dr. Fuentealba estaba vestido con vestuario del Ejército (ropa mimetizada) y 1 fusil CIG más la pistola al igual que los demás militares que lo acompañaban todos armados, menos los funcionarios del CNI".

Supervigilaban las torturas

Muchos médicos no sólo presenciaron las torturas, sino que asistieron en ellas. Aplicaron distintos medicamentos durante los interrogatorios, tales como el llamado "suero de la verdad" (pentotal sódico), como se ha indicado, también falsificaron documentos, adulteraron fichas médicas y extendieron certificados de defunción con motivos de deceso que ocultan la responsabilidad de organismos de inteligencia en la muerte de las víctimas.

Al quitarse a los colegios profesionales la colegiatura obligatoria, dichas entidades y en particular el Colegio Médico perdió la facultad de ejercer controles éticos a quienes no eran sus asociados. Sí ha sancionado a varios de ellos, aunque la máxima sanción ha sido la expulsión del gremio. La dictadura restó esta facultad a los colegios profesionales, hasta hoy.

Los médicos debían certificar el estado de los torturados, para asegurarse que no se les murieran antes de sacar la información que requerían los torturadores. Debían preocuparse de que no perdieran los sentidos y para ello era necesario "diagnosticar" el tipo de torturas que se debía aplicar en cada caso. Existieron unidades de "sanidad" especiales en algunas unidades represivas, integradas por médicos, enfermeras, siquiatras y otros "especialistas".

Brigada de Sanidad de la DINA

Si bien fue creada como una unidad para atención del personal de servicio de la DINA, terminó aplicando tormentos a prisioneros políticos. Allí, de acuerdo a los expedientes judiciales, prestaban "servicios" Vittorio Orvieto Teplizky, Hernán Taricco, Werner Zanghellini, Nader Nasser, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bontá y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, (coronel en retiro suicidado), entre otros.

El doctor Santibáñez reconoció haber integrado la DINA en calidad de médico. Confesó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. En la prueba documental al exhibírsele la foto de Cortés señaló que "le parecía cara conocida".

Certificaba muertes súbitas

La doctora América González Figueroa ejerció en dictadura funciones en el Servicio Médico Legal. Allí falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos. Entre los casos en que está implicada, aparece la muerte a causa de torturas de Carlos Godoy Echegoyen.

También hizo aparecer como "muerte súbita"; el asesinato de Cecilia Magni Camino, asegurando que "se habría ahogado" ocultando los vestigios de tortura en su cuerpo. También participó en certificaciones en el crimen del dirigente estudiantil de la Universidad Técnica del Estado, el DC Mario Martínez, que apareció en las costas de las Rocas de Santo Domingo luego de que fuera secuestrado en Santiago.

Participó en los exámenes que culminaron con la declaración de la demencia de Pinochet. En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de Tanatología y directora subrogante del servicio. Médicos hicieron "profesional" a la tortura 

En Chile, la tortura no era antes de 1973, una práctica generalizada. Menos lo era como política de Estado, como pasó a ser pos golpe de estado. Las organizaciones de de¬re¬chos humanos han concluido que, en 1973 y 1974, una gran cantidad de uniformados y civiles partidarios del golpe militar aplicaron la tortura de manera indiscriminada y como "algo legítimo". Los militares chilenos fueron preparados y asistidos en la aplicación eficiente de la tortura. También lo fueron civiles y profesionales asociados a la salud. Militares brasileños y norteamericanos ejercieron de instructores en estas materias y, en nuestro país, hubo destacados alumnos. Si con la práctica habitual de la tortura, quienes la ejecutaban perdían "sensibilidad" y ya no incomodaba efectuarla, imagine usted si el torturador era además un sicópata o sádico, como efectivamente los hubo. 

Los más destacados se transformaron en verdaderos tor¬turadores profesionales. Sin embargo, en el curso de los primeros meses de la represión, la tortura fue realizada por uni¬formados que nunca antes la habían ejecutado y que no podían ser calificados de sicópatas. (Asociación de Abogados Pro Derechos Humanos, s.f.). La DINA y la CNI fueron quienes la aplicaron sin límite de ninguna naturaleza. Cualquier medio que vejara a la víctima y obtuviera aquello que se buscaba con la tortura, era válido para los torturadores. Violencia física, sicológica, por medios propios (pies y puños) o por medios materiales (laques, corriente aplicada indiscriminadamente, etc.) e incluso mediante animales (ratas y perros violadores), fueron la "especialidad" de ciertos centros de detención clandestinos, como la llamada "venda sexy". 

La participación de profesionales en las sesiones de tortura, especialmente de médicos y psicólogos es un hecho que no sólo consta en la mente y recuerdos de aquellas víctimas que sobrevivieron e ellas, sino que además en los miles de expedientes que dan cuenta de las atrocidades de la dictadura. También existen estudios como los de Becker y Pollarolo, 1983, y pronunciamientos del Colegio Médico de Chile, 1983.

 

Fueron más de los que se cree y muchos están impunes

La lista de médicos que fuera filtrada por organismos de derechos humanos y funas a criminales de lesa humanidad, aparte de Díaz Paci y Fuentealba Suazo, la componen entre otros:

Darwin Arriagada; Camilo Azar Saba; Víctor Carcuro Correa; Raúl Díaz Doll; Guillermo Aranda; Alejandro Babaich Schmith; Gregorio Burgos; Alejandro Jorge Forero Álvarez; Werner Gálvez; Fernando Jara de la Maza; Manfred Jurgensen Caesar; Luis Losada Fuenzalida; Vittorio Orvieto Teplizky; Osvaldo Leyton Bahamondes; Bernardo Pulto; Sergio Marcelo Virgilio Bocaz. ; Luis Hernán Santibáñez Santelices; Hernán Horacio Taricco Lavín; Werner Zanghellini Martínez, entre muchos otros. 

Parte del juramento Hipocrático prestados por los médicos:

"Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento (…) Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin".

"A cualesquier casa que entre, iré por el beneficio de los enfermos, absteniéndome de todo error voluntario y corrupción (…) Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".

La Justicia dictó procesamiento en contra de un médico militar, por su presunta responsabilidad en las torturas realizadas en Valdivia durante la dictadura en contra de exautoridades y dirigentes de izquierda, en el marco del denominado “Plan Z”.

El ministro Álvaro Mesa dictó procesamiento en contra del médico Marcelo Jara de la Maza, en el marco de la causa por apremios ilegítimos y torturas en contra de el exintendente de Valdivia Sandor Arancibia, más otras exautoridades y dirigentes socialistas, después del 11 de septiembre de 1973.

La solicitud de procesamiento fue hecha por Roberto Ávila (abogado de la causa), quien tramita la querella presentada por la exautoridad de la zona y víctimas del denominado Plan Z, en que se detuvieron y torturaron a dirigentes opositores al incipiente régimen militar, sindicados como partícipes de un plan fantasioso de desestabilización del Gobierno de Augusto Pinochet.

El médico es procesado como cómplice de los actos efectuados en el Regimiento Cazadores de Valdivia, como lo confirmó el abogado.

El abogado informó que la resolución salió este lunes. El procesamiento se suma a una decena ya en curso, que van desde un cabo hasta el general en retiro de Ejército Santiago Sinclair.

El ministro de Corte Álvaro Mesa, sometió a proceso por torturas al médico militar Marcelo Jara de La Maza. Las víctimas son el intendente de Valdivia al 11 de Septiembre de 1973 Sandor Arancibia  y la directiva del PS  de Valdivia encabezada por Uldaricio Figueroa.

El profesional presenciaba los tormentos y determinaba cuánto podían soportar los prisioneros. También le acusan de “asesorar” para determinar qué ajusticiado necesitaba recibir el “tiro de gracia”,

“Esta resolución judicial es importante en el proceso, pero lo es más en la sociedad, pues nos permite apreciar el grado de perversión con que actuaron los genocidas por los que ahora el Sr. Kast invoca el perdón y el olvido. Aquí se trata de un médico que violó su propio juramento hipocrático, al poner su arte y conocimientos al servicio de la muerte. Él formó parte de los pelotones de fusilamiento determinando quienes debían recibir el tiro de gracia. Juró también  mitigar dolores y enfermedades y él fue asesor de los torturadores en cuanto infligir más dolor y vejamen a las víctimas”, señala a Cambio21 el abogado querellante Roberto Ávila Toledo.

De acuerdo al procesamiento, el Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Temuco para violaciones a los Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, sometió a proceso al médico militar Marcelo Jara de la Maza bajo imputación de torturas cometidas en unidades militares de Valdivia. Según los antecedentes, este individuo participó activamente el año 1973 en el equipo de interrogadores que encabezaba el oficial de inteligencia Patricio Kellet Oyarzún y cuyo centro de operaciones estaba ubicado en el gimnasio del regimiento de Cazadores de Valdivia.

El ángel de la muerte

De acuerdo a los antecedentes que se manejan en la zona, fueron cerca de 3.000 los valdivianos y de lugares aledaños que fueron apresados y pasaron a ser víctimas de la represión política, luego del golpe militar. A Jara se le reconoce como el médico que asistía a los torturadores para graduar la tortura. Se conoce por propias confesiones, que asistía a los fusilamientos para determinar si era necesario o no un tiro de gracia, un ángel de la muerte.

La causa judicial que logró su procesamiento, corresponde a la que diera a conocer Cambio21 en el marco del “Abyecto Plan Zeta”, donde se detuvo, torturó, encarceló y posteriormente envió al exilio al ex intendente de Valdivia Sandor Arancibia. Bajo los mismos falsos cargos de participar en el Plan Zeta, se detuvo y flageló a la entonces directiva del Partido Socialista en la región,  que presidía Uldaricio Figueroa. Todos ellos fueron, previa tortura, llevados a un Consejo de Guerra. La acusación incluía la dirección en el desembarco de tropas cubanas y que el Juez valdiviano ha calificado en reiteradas resoluciones como “fantasioso”.

El Plan Zeta fue la primera y más grosera infamia urdida en dictadura y que permitió ejecutar y someter a tormentos, privando de libertad, a miles de chilenos. El “Plan Zeta” fue una creación de mentes afiebradas que consistía -según se dijo en esos años-, en asesinar masivamente a personal de las Fuerzas Armadas. La propia CIA reveló en 1999 que dicho plan “nunca existió”, y que fue solo “una operación de guerra psicológica de Pinochet”.

Cara a cara con su torturador

“Estaba parado frente a mí, me tenían vendado y amarrado, inerte frente al torturador. Comenzó a hablar, le reconocí por el lenguaje profesional, era colega, un dentista. En Valdivia eran pocos en ese momento y fue fácil saber de quién se trataba. Él seleccionaba la pieza dentaria en que se debía aplicar el tormento, no tuvo piedad”. Así relata el médico y científico Sandor Arancibia Valenzuela a Cambio21, quien fuera Intendente en esa sureña ciudad en 1973, su cara a cara con la dictadura.

“Los interrogatorios eran brutales, en ellos buscaban que se ratificara lo que ellos querían que se declarara, lo que estaba preestablecido. Luego se pasaba a hablar con el Fiscal, donde había derecho a café y cigarro, claro, siempre que se ratificara lo que había sido obtenido bajo tortura, sino allí mismo se acababa la ‘tertulia’ y se volvía a la sesión de interrogatorios criminales. Entre los Fiscales que actuaron estaba Bernardo Puga, hermano del sacerdote Mariano Puga”, recuerda Arancibia.

El testimonio del paramédico Rolando Jaramillo, quien declaró a fojas 485 del expediente ante el Tribunal, señala que a fines de septiembre del 73 se desempeñaba en Gendarmería, desde allí fue llevado a la enfermería por un médico del Ejército de “apellido Saldías, que al parecer se llamaba Francisco, me pidió que fuera a trabajar y ayudar allí (ya que) habían muchos heridos producto de las torturas”.

En las declaraciones de Jaramillo apareció el nombre del médico (Marcelo) Jara de la Maza, “quien atendía algunos casos y también constataba el estado en que regresaban algunos presos políticos que habían sido sacados del lugar por patrullas militares (…) quien daba las órdenes de sacar a los presos era el teniente (Patricio) Kellet (Oyarzún), recuerdo que cuando devolvía a las personas las tiraba como estropajo, en muy malas condiciones y yo debía ir a atenderlas”, afirmó Jaramillo en el proceso.

Documento revelador

Cambio21 tuvo acceso a un documento histórico, desconocido hasta ahora, con las declaraciones consignadas en el Parte de Carabineros de Chile, 1ª Comisaría de Valdivia, Tenencia Gil de Castro, firmada el 24 de noviembre de 1974 por René Quezada de la Plaza, Comisario y Mayor de Carabineros y por Rubén D. Aracena González, Teniente de Carabineros y jefe de la Tenencia.

En el documento dirigido a la Fiscalía del Ejército de Valdivia (causa rol 1455-73), se daba cuenta que la “Unidad Polar, específicamente el Partido Socialista, con anterioridad al 11 de septiembre de 1973, elaboró planes destinados a la neutralización de las FFAA y Carabineros, como igualmente comenzó a planificar la acción a desarrollar ante la evidencia de un enfrentamiento, ya sea con civiles o las FFAA”.

El documento detalla acciones consistentes en el “secuestro de familiares de jefes y personal de las FFAA y Carabineros”. Los secuestrados, apresados en acciones tipo “comando”, serían reunidos en un lugar y luego, ya en cautiverio, serían cambiados por “armas”. Agrega, que los que se opusieran “serían fusilados”.  También asegura el documento por primera vez dado a conocer a la opinión pública por Cambio21, que las poblaciones de uniformados serían rodeadas y conminadas a entregar las armas y rendirse.

El plan Z detallaba, según el parte policial que dio origen a los Tribunales de Guerra en contra del Intendente Sandor Arancibia Valenzuela y otras autoridades, incluía “emboscar patrullas (militares) y obtener la mayor cantidad de armamentos”.  Para llevar adelante su plan, Arancibia y las demás autoridades de la época, se valdrían del apoyo de barcazas cubanas que llegarían por el río a Valdivia.

Arancibia vive desde que fuera exiliado por conmutación de la pena de presidio perpetuo, en la ciudad de Montpellier, al sur de Francia. Allí destacó como un importante científico al igual que su esposa Lucy. “En Valdivia hubo genocidio, con más de 3 mil presos políticos, torturas aberrantes, crímenes y tantos otros abusos que resulta difícil de relatar. Es una buena muestra de lo que aconteció en el país entero, a partir del 11 de septiembre del 73”, afirma Arancibia.