Iturriaga Neumann Jorge Enrique

Resolución del ministro Jorge Rodríguez por el caso Prats debe ser consultada a la Corte Suprema.

El ministro Jorge Rodríguez Ariztía, otorgó hoy la libertad bajo fianza, previa consulta a la Corte Suprema, al ex jefe de la disuelta DINA, general (r) Manuel Contreras Sepúlveda y al general (r) Jorge Iturriaga Neumann, ambos procesados en la investigación que se instruye por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejercito, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en un atentado con explosivos ocurrido en Buenos Aires en 1974. 

Al respecto, el abogado Juan Carlos Manss, quien representa a los militares en retiro, señaló que la actual detención de sus clientes es "injustificable". 

El jurista agregó que se mantiene optimista para que la resolución sea ratificada por el máximo tribunal del país en los próximos días. 

Tanto Contreras e Iturriaga, junto al general (r) Augusto Pinochet, los brigadieres (r) Pedro Espinoza y José Zara y los civiles Eduardo Iturriaga y Mariana Callejas, están requeridos por la justicia argentina a través de un exhorto enviado por la jueza del Primer Juzgado Federal de Buenos Aires, María Servini de Cubría, quien lleva el caso por el asesinato del matrimonio Prats en Buenos Aires, donde sólo esta condenado el ex agente de la disuelta DINA enrique Arancibia Clavel. 

Al respecto, Manss agregó que en el tema de la extradición "creemos que no hay medios de imputación ni general ni individual sobre su eventual participación en el hecho". 

"Las pruebas que se han esgrimido y que han llegado son absolutamente superfluas y las fundamentales dicen relación con una persona que esta totalmente conculcada como testigo como es el caso del señor (Michael) Townley", sostuvo el jurista

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Juan Manuel Contreras Sepúlveda y Pedro Espinoza Bravo como jefes de asociación ilícita, y de José Zara Holger, Raúl Iturriaga Neumann y Jorge Iturriaga Neumann como integrantes de la banda delictiva.

Un alto tribunal confirmó el miércoles el procesamiento de cinco ex miembros de la disuelta DINA como integrantes de una asociación ilícita conformada para asesinar al ex general Carlos Prats y su esposa, dijeron fuentes judiciales. 

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Juan Manuel Contreras Sepúlveda y Pedro Espinoza Bravo como jefes de la asociación ilícita, y de José Zara Holger, Raúl Iturriaga Neumann y Jorge Iturriaga Neumann como integrantes de la banda delictiva. 

Los camaristas insistieron en la "posibilidad de que se configure una asociación ilícita en las esferas del poder". 

Este mismo razonamiento habían utilizado los jueces para confirmar el procesamiento de Emir Yoma, el ex asesor y cuñado del anterior presidente Carlos Menem, en una causa de venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. 

Posteriormente, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia consideró que no correspondía aplicar la figura de la asociación ilícita al caso de la venta de armas, abriendo el camino para la liberación de Yoma y Menem. 

"La posibilidad de que se configure una asociación ilícita en las esferas de poder … es una alternativa cierta y en este caso evidente a poco que se analicen las particularidades que presentan los acontecimientos", dijeron los jueces. 

Explicaron en su fallo que "el gobierno instaurado en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973 tenía -desde su perspectiva- fundados motivos, por razones políticas y de oposición declarada a su actuación principalmente, para pretender la eliminación física del general Carlos Prats".

La decisión de la Cámara, deja abierta la posibilidad de que la jueza de primera instancia María Servini de Cubría vuelva a reclamar a Chile la extradición de Pinochet, acusado de ser el jefe de la asociación ilícita que asesinó a Prats y su esposa Sofía Cuthbert. 

La justicia chilena no accedió anteriormente a un pedido en ese sentido. 

El pasado lunes, la magistrada pidió el desafuero del ex gobernante, quien posee inmunidad parlamentaria por su condición de senador vitalicio. 

El matrimonio Prats fue asesinado el 30 de septiembre de 1974 frente al departamento en el que residían en el residencial barrio de Palermo de esta capital. Se había exiliado en la Argentina tras el golpe de Estado que derrocó al presidente chileno Salvador Allende, en 1973

El ministro en visita Alejandro Solís procesó a los cinco ex miembros de la plana mayor de la DINA por el doble homicidio y asociación ilícita en el caso de la muerte del general Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército, y su mujer, Sofía Cuthbert, hecho ocurrido en Argentina el 30 de septiembre de 1974.

La decisión judicial recayó en el general (r) y ex director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda; los brigadieres (r) Pedro Espinoza (segundo hombre de la DINA) y José Zara; el general (r) Raúl Iturriaga Neumann y su hermano, el ex agente civil Jorge Iturriaga. 

Mientras Contreras y Espinoza fueron sometidos a proceso "en calidad de autores como jefes en el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado de Prats y su esposa", Zara  y los hermanos Iturriaga Neumann fueron procesados "en calidad de autores como miembros" de la mencionada asociación ilícita.

El general (r) Contreras fue notificado de la determinación judicial ayer en la tarde en su casa, donde cumple arresto domiciliario por su procesamiento en otros crímenes. Esta mañana, Zara, Espinoza y Raúl Iturriaga Neumann fueron informados de su procesamiento. Por su parte, Jorge Iturriaga Neumann aún no ha sido notificado oficialmente. Según se sabe, estaría de vacaciones y regresa a Santiago el jueves 26 de febrero, día en el que se realizará el trámite judicial.

Procesados después de intensos interrogatorios

La semana pasada el juez Solís interrogó a los cinco involucrados en el caso, ocasión en la que se confirmó que el ex agente de la DINA Michael Townley es autor material del delito.

El general Prats y su esposa fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Palermo, Buenos Aires, cuando, al llegar a su casa, una bomba explotó en su vehículo.

El caso en Chile se abrió después de casi 30 años, luego que la Corte Suprema conociera un pedido de extradición, por la jueza argentina María Servini de Cubría, hacia el país trasandino de la cúpula de ese organismo represivo.

Aunque el máximo tribunal rechazó la petición el pasado 9 de diciembre, ordenó abrir una causa en Chile, proceso que había sido derivado al 19° Juzgado del Crimen.

Sin embargo la titular de ese juzgado se declaró incompetente, por lo que el máximo tribunal designó como ministro de fuero al magistrado Alejandro Solís.

El ex agente civil de la extinguida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Jorge Iturriaga Neumann, fue trasladado a la ex Penitenciaría de Santiago luego de ser notificado de la orden de detención y el procesamiento dictado en su contra por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats. Esta diligencia sólo se pudo cumplir este jueves ya que Iturriaga Neumann se encontraba de vacaciones fuera de la capital.

El ministro en visita que investiga el caso Prats, Alejandro Solís, sometió a proceso a los ex agentes de la DINA, Mariana Callejas y Cristoph Willeke como autores del doble homicidio calificado del general Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.

Willeke además fue procesado por el delito de asociación ilícita.

Callejas fue notificada tras declarar a primera hora de esta mañana en el despacho del magistrado, y luego fue trasladada al Centro de Orientación Femenina (COF).

En tanto, el ex agente del organismo represor Cristoph Willeke, quien se encontraba cumpliendo detención domiciliaria, fue derivado al Comando de Telecomunicaciones.

Tras conocer la resolución, el abogado de la familia Prats, Hernán Quezada, sostuvo que "los procesamientos indican que la causa avanza decididamente al esclarecimiento de la verdad y de la responsabilidad de todos los que participaron en este crimen".

Callejas y Willike enfrentan además una solicitud de extradición de parte de la jueza argentina María Servini de Cubría, quien investiga el crimen en Buenos Aires. La petición está siendo estudiada por el ministro de la Corte Suprema Nibaldo Segura, quien deberá presentarla a la sala penal del máximo tribunal para que éste se pronuncie al respecto.

Pese a ello, se presume que la Corte Suprema rechazará la solicitud, de la misma forma que lo hizo con los cinco procesados anteriormente en el caso, cuando le negó a la justicia argentina el requerimiento de extradición, con el argumento que debían ser juzgados en Chile.

Mariana Callejas estuvo casada con Michael Townley, a quien se le atribuye haber puesto un artefacto explosivo bajo el automóvil del general (r) Prats. Según algunos testimonios, Callejas detonó el artefacto cuando el auto ingresaba al estacionamiento del edificio donde vivía el ex Comandante en Jefe, en el barrio de Palermo de Buenos Aires.

Por el mismo caso fueron encausados, en febrero pasado, los miembros de la cúpula del organismo represor, general (r) Manuel Contreras, brigadieres (r) Pedro Espinoza y José Zara; el general (r) Raúl Iturriaga Newman y el agente civil Jorge Iturriaga.

Por primera vez en la historia judicial reciente, un juez chileno acusó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta durante la dictadura de Augusto Pinochet,  de ser "una asociación ilícita", en particular, para cometer el doble homicidio del general en retiro Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.

El ministro Alejandro Solís dictó los autos acusatorios para fallar el caso en primera instancia, en los que apuntó al general (r) Manuel Contreras y al brigadier (r) Pedro Espinoza como los jefes de esta asociación ilícita.

El magistrado señaló que el proceso "ha sido complicado, porque son varios delitos, hay gente de muy alto nivel en la jerarquía militar que está implicada, por lo tanto ha sido bastante esforzado el trabajo".

El fallo determinó además que los brigadieres (r) Raúl Iturriaga Neumann, Jorge Zara y Christoph Willike eran parte de la agrupación criminal, al igual que la ex agente civil Mariana Callejas.

Los brigadieres Jorge Iturriaga y Reginaldo Valdés, en tanto, quedaron en calidad de cómplices.

La DINA, que según Contreras dependía directamente del fallecido dictador Augusto Pinochet, es sindicada por abogados de derechos humanos como la responsable de centenares de crímenes contra opositores al régimen militar.

Además, del caso de Prats y su esposa, también fue responsable del atentado que le costó la vida en Washington al ex canciller Orlando Letelier y su secretaria

Después de 34 años de cometido el doble homicidio, el ministro Alejandro Solís dictó sendas condenas en contra de la cúpula de la DINA por su responsabilidad en la muerte del otrora comandante en jefe del Ejército Carlos Prats  y su esposa Sofía Cuthbert. En el dictamen de primera instancia el juez establece una pena perpetua en contra de Manuel Contreras Sepúlveda por los dos crímenes y a su vez una sentencia de veinte años de presidio por asociación ilícita.

Para el brigadier (r) Pedro Espinoza la sentencia es de veinte años de presidio por cada  asesinato y otros veinte años por su rol en esta asociación ilícita

En el caso del agente Raúl Iturriaga Neumann el dictamen es de quince años de presidio por cada homicidio  y de 541 por asociación ilícita. Un poco más baja es la pena para José Zara, Juan Morales Salgado y Christoph Willike donde la sentencia alcanza a diez años presidio por cada crimen y de  541 días por la asociación ilícita.

En el caso de  Jorge Iturriaga  Neumann cinco años y un día por cada homicidio  y a su vez Mariana Callejas  -en su rol de autora material del crimen- recibió  una pena de diez años por cada homicidio

Finalmente el suboficial (r) Reginaldo Valdés enfrentará dos penas de 541 días por su rol en los dos asesinatos.

Hijas del matrimonio Prats-Cuthbert destacaron fallo

Angélica y Cecilia Prats Cuthbert arribaron complacidas hasta el palacio de tribunales para interiorizarse del dictamen del ministro Alejandro Solís en contra de quienes participaron en el doble homicidio de sus padres Carlos Prats y Sofía Cuthbert ocurrido en 1974 en Argentina.

"Lo que uno más esperaba era justicia frente a lo que vivieron nuestros padres y la posibilidad de hacer un aporte al país con esta verdad, un aporte al Ejército para que puede escribir su verdadera historia", afirmó Angélica Prats.

En tanto Cecilia afirmó que “el país ya conoce la verdad, nosotros estamos tranquilos después de todos estos años. El Ejército también tiene claridad de los participantes: son siete militares que en servicio activo participaron de la muerte del Comandante en Jefe, agentes del Estado participantes están determinados también, así que esa claridad ya la tiene el país y la tenemos nosotros también".

Angélica Prats valoró el trabajo que ha efectuado el ministro a cargo del proceso Alejandro Solís puntualizando además que no se puede olvidar los avances de la justicia argentina que también tramita esta causa.

Para la abogada de la familia Prats, Pamela Pereira  con la investigación del juez Solís queda en evidencia que el crimen fue "un acto de terrorismo de la mayor magnitud en territorio extranjero" y que en este participaron “agentes de la DINA, oficiales del Ejército de Chile.

Cuando cerca de la una de la madrugada del lunes 30 de septiembre de 1974 el general Carlos Prats detuvo su auto junto a su esposa Sofía Cuthbert para entrarlo al garaje de la calle Malabía, en el barrio de Palermo en Buenos Aires, unos segundos pudieron salvar sus vidas.

Fue el breve lapso en que la agente de la DINA Mariana Callejas no logró activar el detonador electrónico cuando su marido, el gringo Michael Townley, a su lado al interior de un vehículo, le dio la orden de matar.

Townley era más diestro y le quitó el dispositivo provocando la explosión que remeció la calle oscura. El general y su mujer nunca supieron de aquellos segundos del destino.

Treinta y cuatro años después, ayer la espada de la justicia cayó finalmente sobre los autores intelectuales y materiales, seis altos oficiales y un suboficial de Ejército, todos en retiro, además de dos civiles.

Dos presidios perpetuos y penas de prisión entre 20 años y 541 días para todos ellos, dictados en la sentencia de primera instancia por el juez instructor de la causa, Alejandro Solís.

A las 10 de la mañana llegaron al despacho del ministro Solís las hijas del general, Cecilia y Angélica, junto a la abogada Pamela Pereira. La otra hija, Sofía, es actual embajadora en Atenas. El otro abogado querellante, Hernán Quezada, se encuentra en Nueva York por dos años.

Media hora después, al salir de la sencilla oficina en la terraza del Palacio de Tribunales, los ojos brillantes de las tres mujeres denotaban la emoción vivida junto al juez.

"Ahora el país ya sabe la verdad", dijo Angélica. Cecilia recordó los primeros tiempos en Buenos Aires cuando la jueza María Servini iniciaba las primeras indagatorias que concluyeron con un único condenado, el agente civil Enrique Arancibia Clavel.

Después, en 2002 el doble crimen se comenzó a investigar por primera vez en Chile.

La abogada Pereira tenía también motivos para emocionarse, pues recordó a su padre asesinado junto a los campesinos de Paine.

"Este acto de justicia con el general Prats, su esposa, y su familia simboliza la justicia que otros familiares todavía no han tenido en Chile, como es el caso de mi padre", señaló.

Pero como lo recordaron las hijas del matrimonio asesinado, faltó a la cita el dictador Augusto Pinochet. El fue el principal autor intelectual, a pesar de que, primero con su pretendida demencia con la que engañó a los jueces de las cortes, como algunos ministros en privado lo reconocen, y luego por una cuestión de forma procesal, se salvó dos veces de ser desaforado por este doble crimen.

Desde Nueva York el abogado Quezada manifestó que "la sentencia del ministro Solís debería convertirse en material de estudio en las escuelas institucionales de las Fuerzas Armadas, porque constituye un documento histórico para establecer la verdad acerca de los crímenes más atroces cometidos durante la dictadura de Pinochet".

Aquel domingo 29 de septiembre de 1974, extrañamente el general Prats se veía alegre y hasta rió a veces. En la casaquinta de los Stevenin-Muratorio en las afueras de Buenos Aires (BA) asistía a un asado junto al ex cónsul de Chile, Eduardo Ormeño.

Hablaron de pintura y otros temas que manejaba como un soldado culto, al igual que su esposa. Jugaron al bridge y el matrimonio propuso formar un grupo para reunirse todos los miércoles a jugar. Empezarían la próxima semana.

Cerca de las cuatro de la tarde los Prats-Cuthbert pidieron a Ormeño que los llevara de vuelta a Malabía para cambiarse ropa porque irían al cine con el ex embajador de Allende en Buenos Aires, Ramón Huidobro y su mujer. "Pan y chocolate" fue la película.

Después se fueron a cenar a casa de Huidobro. Allí Prats, en la sobremesa, volvió a entristecer y dijo una frase que marcó para siempre esa noche: "Cómo irá a ser esto Ramón, por dónde vendrá, pero yo ando armado así es que no les será tan fácil". En los días previos había recibido amenazas de muerte.

El viernes anterior, oculto en el garaje de Malabía, Townley instaló bajo el Fiat 125 del general la carga con dos cartuchos de C4 y tres detonadores.

El tío Kenny, como los hijos de Mariana Callejas llamaban al gringo, se había cruzado días antes con el general Prats en un parque mientras lo seguía. Pensó en dispararle ahí mismo, pero desistió porque "había mucha gente" como lo dijo después en Estados Unidos a la jueza Servini.

Mientras tanto, El "Yiyo" Raúl Iturriaga, entonces jefe del departamento exterior de la DINA, vigilaba, husmeaba, juntaba más datos de los pasos del matrimonio que agregaba a los recolectados por el mayor Juan Morales (que después sería el jefe de la temible Brigada Lautaro), enviado por Contreras a BA como el primer espía de avanzada.

A las 00:40 de la madrugada del día 30, Townley y Callejas esperaban a cien metros de distancia al interior de su auto en la penumbra de la calle Malabía, cuyas luces estaban debidamente apagadas coordinados con la inteligencia argentina.

Prats y su mujer no alcanzaron a sospechar nada. Menos que estaban a minutos de conocer la fatal respuesta al comentario que esa noche el general le había hecho en la sobremesa a su amigo Ramón Huidobro, ¡cómo irá a ser!

34 años después

Viajaban por el barrio Palermo, en Buenos Aires, la madrugada del 30 de septiembre cuando una bomba instalada por miembros de la DINA fue detonada. El general (R) Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, habían sido asesinados.

Ayer, 34 años después, el magistrado Alejandro Solís, finalmente dictó condenas contra los ex agentes de la DINA acusados por asociación ilícita y doble homicidio.

Para Manuel Contreras, el ex jefe operativo del grupo de inteligencia, ordenó cadena perpetua en cada una de las muertes. La sentencia también incluye penas para otras ocho personas.

Informadas del fallo en profundidad, las dos hijas del general Prats no pudieron contener su emoción. Para ambas las sentencias son justas y entregan verdad al país y al Ejercito.

Sin embargo, para ellas, también debió haber sido condenado Augusto Pinochet por cuanto, “él también fue parte de este grupo de personas que atentaron contra mi padre”, dijo Cecilia Prats.

Hecho público el fallo, el Gobierno valoró la investigación, un paso en la labor de “hacer verdad y justicia”, como dijo el ministro de Justicia, Carlos Maldonado. Los parlamentarios socialistas y PPD también se mostraron conformes con el dictamen y esperanzados en que otros casos que se investigan también tengan este impacto.

Pero todavía no está todo dicho en este caso. Al ser una sentencia de primera instancias los involucrados pueden apelar. Habrá que esperar.

Condenados

• General (R) Juan Manuel Contreras Sepúlveda: Dos condenas a presidio perpetuo por los homicidios calificados de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni. Veinte más como jefe en el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Brigadier (R) Pedro Octavio Espinoza Bravo: Dos condenas a 20 años por los homicidios de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni y 20 años como jefe en el delito de asociación ilícita.

• General (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann: Dos condenas a 15 años por los homicidios calificados y 541 días como miembro de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Brigadier (R) José Octavio Zara Holger: Dos condenas de 10 años y un día por el doble homicidio y 541 días por asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Coronel (R) Cristoph Georg Paul Willeke Floel: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio y como miembro en el delito de asociación ilícita a 541 días.

• Coronel (R) Juan Hernán Morales Salgado: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio y 541 días por asociación ilícita.

• Mariana Inés Callejas Honores: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio calificado.

• Jorge Enrique Iturriaga Neumann: Dos condenas a 5 años y un día como cómplice de homicidios calificado.

• Suboficial Reginaldo de la Cruz Valdés Alarcón: Dos condenas de 541 días como cómplice de homicidio calificado.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó en todos sus términos las condenas dictadas en primera instancia por el ministro Alejandro Solís el pasado 30 de junio de 2008, en contra de nueve ex agentes de la DINA, incluido su jefe Manuel Contreras, por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

El doble crimen fue cometido en Buenos Aires en la madrugada del 30 de septiembre de 1974, mediante la instalación de una bomba en el auto del ex comandante en jefe del Ejército.

 La hija del general, Angélica Prats, dijo en el palacio de tribunales que “estamos emocionados como familia porque la Corte ha confirmado todas las condenas aplicadas por el ministro Solís”.

 Sin embargo, advirtió que “ahora esperamos que la Sala Penal de la Corte Suprema no rebaje las penas”. Con ello aludió a que, desde hace unos tres años, este tribunal viene beneficiando a todos los ex agentes con rebajas considerables de condena, lo que permite otorgarles el beneficio de cumplirlas bajo los cinco años y un día en el régimen de “libertad vigilada”.

 Entre los organismos de derechos humanos existe la interrogante si esta vez los ministros de la Sala Penal “se atreverán” a beneficiar también a los asesinos del general y su esposa.

De los nueve sentenciados, sólo están en prisión cumpliendo otras condenas, Manuel Contreras, el ex segundo de la DINA, Pedro Espinoza, y el ex jefe exterior de esta asociación ilícita criminal, general (R) Eduardo Iturriaga Neumann.

 Los otros castigados judicialmente son el brigadier (R) José Zara Holger, los coroneles (R) Christoph Willikie Flöel y José Morales Salgado, el suboficial (R) Reginaldo Valdés Alarcón, y los ex agentes civiles Mariana Callejas Honores (ex esposa de Michael Townley quien hizo estallar la bomba junto a Callejas) y Jorge Iturriaga Neumann.

La resolución fue adoptada por la unanimidad de la Novena Sala integrada por los ministros Jorge Dahm y Mario Rojas, y la magistrado Dobra Lusic.

La Segunda Sala de la Corte Suprema dio a conocer este jueves el fallo definitivo con las condenas dictadas contra los responsables de los homicidios del otrora comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrados en septiembre de 1974, en el barrio bonaerense de Palermo.
El presidente de la sala penal, Rubén Ballesteros, comunicó las siguientes penas. Por asociación ilícita formada en 1974, el general (r) Manuel Contreras y el brigadier (R) Pedro Espinoza fueron condenados a tres años y un día, sin beneficios.
Por su parte, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Cristoph Willike Floel, José Zara, Juan Morales Salgado fueron condenados a 100 días de cárcel por este mismo ilícito.
Por el delito de homicidio calificado, los generales en retiro Manuel Contreras y Pedro Espinoza fueron condenados a 17 años de presidio mayor, sin medidas alternativas.
En tanto, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Willike Floel, José Zara, Juan Morales Salgado fueron condenados a 15 años y un día sin beneficios.
En calidad de cómplices, Mariana Callejas y Jorge Iturriaga Neumann fueron condenados a una pena de cinco años de presidio con beneficios.
El 29 de enero del año pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia dictada el 30 de junio de 2008 por el juez de primera instancia, Alejando Solís. El magistrado condenó a doble cadena perpetua al general Manuel Contreras y de forma adicional, fue sentenciado a otros 20 años de prisión como jefe de la asociación ilícita que organizó la disuelta DINA para cometer el doble crimen.
Las mismas penas recibió el ex brigadier Pedro Espinoza Bravo; mientras el general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, encargado de las operaciones en el exterior del organismo, recibió dos condenas de 15 años de prisión por los asesinatos y 541 días por asociación ilícita.
El ex brigadier José Zara fue sentenciado a dos penas de diez años de cárcel por los homicidios y a 541 días por la asociación ilícita, al igual que los ex coroneles Cristoph Willike Floel y Juan Morales Salgado.
Mientras Mariana Callejas fue condenada a dos penas de diez años. La mujer fue esposa del ex agente estadounidense Michael Townley, quien actualmente reside en Estados Unidos, acogido al programa de protección de testigos, fue el encargado de instalar y detonar la bomba colocada bajo el automóvil del general Prats.

El ex agente de la policía chilena Enrique Lautaro Arancibia Clavel sindicado como uno de los involucrados en el asesinato del ex jefe del ejército de ese país Carlos Prats quedó detenido luego de prestar declaración indagatoria ante la jueza feArancibia Clavel se encuentra procesado como presunto partícipe del homicidio del alto jefe militar chileno que ocurrió en las calles en esta Capital el 30 de septiembre de 1974. Prats fue ministro del Interior durante la última etapa del gobierno comunista de Salvador Allende.

El ex agente habría participado en el atentado contra Prats por orden del general chileno Manuel Contreras por entonces jefe de la policía secreta chilena condenado en el vecino país a siete años de prisión por el homicidio de Orlando Letelier.

La detención del ex integrante de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) se realizó el jueves último en el domicilio del acusado en Palermo.

El suceso lo hizo público ayer el propio presidente Carlos Menem. "Es un nuevo éxito de la Justicia y de la Policía Federal" dijo Menem.

El Presidente conjeturó que era muy probable que la justicia de Chile reclame la extradición del detenido.

La jueza Servini de Cubría en un sentido opuesto descartó la posibilidad de una extradición.

Menem desde La Rioja se comunicó con el presidente chileno Eduardo Frei quien le agradeció la tarea realizada para esclarecer el asesinato de Prats. Por su parte el Presidente agradeció la ayuda chilena para combatir el fuego en el sur argentino.

Por su parte y durante una conferencia de prensa realizada en esta Capital Sofía y María Angélica Prats hijas del militar asesinado señalaron que del crimen participó el ciudadano norteamericano Michael Townley.

Las hermanas Prats señalaron que Arancibia Clavel se encontraba prófugo desde 1988. Ambas hermanas estuvieron una hora con la jueza.

La doctora Servini de Cubría destacó la labor de la Policía Federal para lograr la detención del procesado luego del aporte que significó para la pesquisa la declaración de dos testigos durante un juicio que se tramita por el intento de asesinato del ex vicepresidente chileno Bernardo Leighton.

La magistrada consideró útil el viaje ya que se trabaja sobre la hipótesis de una "trilogía" de atentados emparentados por la metodología y la época en que fueron perpetrados: el de Prats el de Leighton y el del Letelier.

Satisfacción en Chile por el arresto

Pieza clave: no sólo participó en el atentado contra Prats sino que también está involucrado en el que le costó la vida al general Schneider.

SANTIAGO Chile.- El gobierno chileno calificó como "un hecho positivo" el arresto de Enrique Arancibia Clavel mientras una organización humanitaria señaló que puede ser una pieza clave para esclarecer después de tantos años el atentado mortal contra el ex jefe del Ejército general Carlos Prats.

Edgardo Riveros ministro secretario general de gobierno subrogante y vocero oficial fue el encargado de evaluar positivamente el hecho. Verónica Reyna directora del departamento jurídico de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) organismo ecuménico que heredó la preocupación y los procesos por violaciones de los derechos humanos que le legó la vicaría de la solidaridad de la Iglesia Católica señaló a La Nación que Arancibia Clavel es "una pieza clave" para el esclarecimiento del atentado perpetrado el 30 de septiembre de 1974.

Reyna comentó la captura de Arancibia por el viaje a Buenos Aires de Sofía Prats hija mayor del general asesinado y de su abogada Pamela Pereira llamadas por la jueza Servini de Cubría.

Poseedor de un vasto historial terrorista Arancibia Clavel no sólo es sospechoso de haber participado en el atentado contra el general Carlos Prats sino que también estuvo involucrado en el complot que le costó la vida al antecesor de éste en la jefatura del Ejército chileno general René Schneider y cuyo objetivo fue entorpecer la confirmación por el Congreso del triunfante Salvador Allende en las elecciones de septiembre de 1970.

Tras ser mencionado como integrante del grupo que se complotó para secuestrar a Schneider Arancibia viajó a Buenos Aires para huir de la persecución policial y judicial.

Desaparición de 119 personas

Asimismo para los organismos humanitarios tendría alguna responsabilidad en la desaparición de 119 personas que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y el régimen de Augusto Pinochet sostuvieron habían caído en enfrentamientos acaecidos en la Argentina y Brasil. Cuando durante los años 70 la Policía Federal allanó su casa de Buenos Aires tras la acusación de presunto espionaje se le descubrieron las cédulas de identidad de los desaparecidos.

Era la época en que bajo el nombre de Felipe Alemparte el supuesto representante del Banco del Estado chileno se reportaba a sus jefes de la DINA. Con vinculaciones familiares en los altos mandos de las fuerzas armadas el ex integrante de la temida DINA es sospechoso también de estar relacionado con el atentado en el que murió en 1972 al comandante Arturo Araya edecán naval del entonces presidente Allende.

Veinte años juntando pruebas

¿Cuál fue la participación del gobierno chileno en este proceso? se les preguntó ayer durante una conferencia de prensa en un hotel céntrico porteño a las hijas del asesinado general chileno María Angélica y Sofía Prats Cuthbert.

La realidad es que la familia Prats ha juntado antecedentes durante más de veinte años fue la respuesta que ofrecieron.La abogada chilena Pamela Pereyra quien también participó de la reunión se refirió al proceso que se le sigue a Arancibia: "Hace dos años que se hizo cargo de esta causa la jueza Servini de Cubría con el apoyo de la Policía Federal.

Arancibia fue detenido el jueves pasado y se encontraba prófugo desde 1988 continuó Pamela Pereyra. "En la causa se establece que se trató de homicidio calificado contra el señor y la señora Prats; y se acredita la participación de Michael Townley y de Jorge y Eduardo Iturriaga entre otros (todos tenían antecedentes)" subrayó la letrada. Además puntualizó que en el proceso quedó establecido "el lugar donde se alojó el comando y que Townley recibió dinero de la DINA para llevar adelante el crimen. Lo que ocurrió fue que ciudadanos argentinos se habrían negado a llevar adelante el crimen".

Tras aclarar que Arancibia estuvo prófugo desde 1988 la doctora Pereyra dijo que "en su momento protegieron a Arancibia en la Argentina pero hoy está a disposición de la magistrada".

Por otra parte aclaró que "aún no hay decisión sobre la prisión preventiva. Pero (Arancibia) debería ser mantenido en prisión".

(Corresponsal en Chile)

En una clara respuesta al reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en la causa armas, la Sala Segunda de la Cámara Federal ratificó la posibilidad de que pueda conformarse una asociación ilícita enquistada en el poder, al confirmar los procesamientos de dos jerarcas chilenos por el doble asesinato del general Carlos Prats y su esposa en 1974, y al señalar al ex dictador Augusto Pinochet como el jefe de la organización que ejecutó el atentado en Buenos Aires.

Tal como se preveía, el tribunal aguardó el momento oportuno par pronunciarse respecto de cuál era su postura respecto del delito de “asociación ilícita”, defenestrada por el Máximo Tribunal de justicia argentino, y lo hizo al confirmar el procesamiento a los fines de su extradición de los militares chilenos Juan Manuel Contreras Sepúlveda y Pedro Octavio Espinoza Bravo, a los que modificó la calificación de jefes de la organización represiva clandestina que actuó en la esfera de la central de inteligencia DINA, por la de organizadores.

El tribunal ratificó así lo dispuesto por la juez federal María Servini de Cubría quien investiga el atentado cometido contra el ex jefe del Ejército trasandino ocurrido en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974 mediante la colocación de un artefacto explosivo en su automóvil particular.

La magistrada argentina había adoptado esa medida a los efectos de la extradición, ya que no existen tratados en la materia entre ambos países y las leyes chilenas establecen que antes de adoptar una medida de ese tipo los imputados tienen que se procesados en el país requirente.

El tribunal de alzada confirmó además parcialmente los procesamientos de Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Jorge Enrique Iturriaga Neumann y José Octavio Zara Holger, como integrantes de una asociación, en concurso real con el delito de doble homicidio agravado en concurso premeditado de dos o mas personas, en calidad de coautores.

Servini de Cubría había considerado a Contreras Sepúlveda y Espinoza como jefes de la asociación ilícita, pero los jueces Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun entendieron que si bien el primero fue quien ejerció la jefatura de la Dirección de Inteligencia nacional (DINA) y el segundo su Jefe de Operaciones, los testimonios recogidos en el expediente prueban que “ambos debían reportarse a la máxima autoridad de la Junta Militar y luego Presidente de la República, es decir Augusto Pinochet Ugarte”.

Además de confirmar la existencia de una asociación ilícita, el tribunal ratificó que el hecho investigado se encuadra dentro de los llamados delitos de lesa humanidad, considerados imprescriptibles.

La asociación ilícita

El fallo de 25 carillas abunda en consideraciones respecto de la posibilidad que pueda conformarse una asociación ilícita en las esferas del poder.

“La posibilidad de que se configure una asociación ilícita en el ámbito de una organización legítima (administrativa, estatal, entidades privadas o empresas particulares) tiene vasto reconocimiento doctrinario”, destaca la Cámara al describir la participación del gobierno de Pinochet en la planificación y ejecución del asesinato de Prats y su esposa, cuyo brazo ejecutor fue la llamada DINA Exterior, que integraban agentes encubiertos y colaboradores locales.

“Procesalmente, se ha dicho, bastan hechos demostrativos de la existencia del acuerdo con fines delictivos expresa o tácitamente prestado por tres o más personas, para tener por configurado el tipo en cuestión. El acuerdo puede estar disimulado mediante la participación en una asociación con fines ilícitos y ciertamente podría darse enquistado en el seno de una persona jurídica de cualquier tipo, utilizando las prerrogativas que ella otorga. Ello implica que claramente puede abarcar a funcionarios públicos”, expresa en forma categórica el fallo de la Cámara en el que ratifica su tradicional postura respecto del tema.

Al respecto señala que en una descripción perfectamente aplicable al caso que “la figura legal en cuestión apunta a una organización estable para la comisión de delitos indeterminados, debiéndose tener en cuenta que indeterminados son los planes que, para cometer los delitos perfectamente determinados, acuerdan los miembros de la asociación”.

“Se requiere también que se tenga en mira una pluralidad de planes delictivos, no deviniendo por ella atípica por la comisión de un número indeterminado de delitos enmarcados en la misma figura penal, ya que no se requiere para su tipicidad la realización de diversos delitos, bastando, simplemente, estar destinada a cometerlos” .

La Corte de Apelaciones de Santiago redujo los cargos contra Jorge Iturriaga Neumann, el único civil imputado en el asesinato del general chileno Carlos Prats, perpetrado en Buenos Aires en 1974, informaron fuentes judiciales.

La Tercera Sala del tribunal de alzada revocó el auto de procesamiento por asociación ilícita contra Iturriaga Neumann pero confirmó su procesamiento por el asesinato del ex jefe del Ejército chileno y su esposa Sofía Cuthbert.

El general Carlos Prats, que antecedió a Augusto Pinochet en la jefatura del Ejército, murió junto a su esposa el 30 de septiembre de 1974 al explotar una bomba cuando llegaban a su casa, en el barrio bonaerense de Palermo.

En Argentina el caso ha estado a cargo de la juez María Servini de Cubría, que imputó la autoría del doble crimen a la plana mayor de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La abogada de la familia Prats, Pamela Pereira, al opinar este viernes sobre la decisión del tribunal de alzada chileno dijo que lo importante es que Iturriaga sigue sometido a proceso como coautor del doble crimen del matrimonio Prats-Cuthbert.

El abogado defensor, Jorge Balmaceda, sostuvo por su parte que el dictamen deja en claro que su cliente no ha pertenecido a ninguna asociación ilícita y se mostró confiado en que pronto se demostrará su inocencia.

El procesamiento de Iturriaga Neumann fue dictaminado el pasado 25 de febrero por el juez especial que investiga el caso en Chile, Alejandro Solís.
Jorge Iturriaga Neumann es hermano del general en retiro Raúl Iturriaga Neumann, que también fue imputado por el magistrado como coautor del crimen y miembro de la asociación ilícita, cargos que la Corte de Apelaciones ratificó hace unos días.

El juez también procesó como coautores del doble asesinato al ex director de la DINA, Manuel Contreras y a los brigadieres en retiro Pedro Espinoza y José Zara.

Contreras y Espinoza fueron también encausados como jefes de la asociación ilícita.
En Argentina, la juez Servini de Cubría procesó al ex agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel, el único condenado por el doble crimen y que recibió una condena a cadena perpetua. 

Treinta y cuatro puñaladas recibió Enrique Arancibia Clavel el 29 de abril pasado. La noticia impactó en Argentina, donde pasó 11 años en prisión por el crimen del general Prats y su esposa. En Chile, su huella en las operaciones represivas más brutales de la dictadura marcó a miles de sobrevivientes y familiares de desaparecidos. Una historia oculta por el mismo manto de impunidad que cubrió al crimen de Prats por más de 30 años y que quedó plasmada en el increíble archivo que guardó el jefe de la red DINA en Buenos Aires, descubierto en 1986. Esta es su historia.

El peluquero y bailarín argentino Humberto Zambelli subió al auto Renault 12 y enfiló raudo hacia el aeropuerto de Ezeiza. Ese 4 de noviembre de 1978 iba al encuentro de su pareja, Enrique Arancibia Clavel, cuya tarjeta de visita indicaba que era agente del Banco del Estado en Buenos Aires. Una pantalla muy bien pagada para el jefe de la red clandestina de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) en Argentina, quien regresaba conmocionado desde Santiago. El bailarín del ballet de Susana Jiménez no sospechaba que todos sus pasos eran observados y fotografiados.

Zambelli estaba nervioso. La despedida había estado marcada por la tensión. Más tarde diría que “un complicado estado emocional” afectaba a su amigo íntimo. Razones tenía, Arancibia. Un terremoto se vivía en ese momento en los servicios secretos del régimen luego que el general Manuel Contreras fuera enviado a retiro y después detenido en el Hospital Militar al abrirse un proceso presionado por Estados Unidos por su responsabilidad en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, en Washington (1976). La transformación de la DINA en CNI y la llegada del general Odlanier Mena como jefe, daban cuenta de su incierto futuro laboral.

De allí que Zambelli hiciera preparativos especiales para la recepción. El encuentro, dirían los hombres que observaban sus movimientos, fue muy efusivo. Arancibia regresaba además, de un Chile cargado de signos de guerra. En Buenos Aires y otras grandes ciudades argentinas se realizaban en esos días simulacros bélicos y oscurecimientos para prevenir ataques aéreos. Ambos países se preparaban para un enfrentamiento que parecía inevitable. Tan sólo dos días antes, el 2 de noviembre, las conversaciones que se desarrollaban en la Comisión Mixta chileno-argentina se dieron por clausuradas. La guerra era inminente.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Hernán Cubillos, comunicaba que su país recurriría al Tribunal de la Haya, mientras en el Vaticano se desataba una febril actividad con llamados a Chile y Argentina en un desesperado y último esfuerzo por evitar la catástrofe.

El efusivo abrazo de Zambelli y Arancibia fue observado desde cerca por los hombres diseminados en el terminal aéreo. Algunos, a duras penas lograron asfixiar una sonrisa. La pareja nada advirtió. En el mismo auto emprendieron el regreso hacia el elegante departamento que habitaban. Se habían conocido en el verano de 1974, y desde entonces ya no se separaron.

Poco alcanzaron a disfrutar, porque súbitamente el auto fue interceptado por los policías argentinos que los vigilaban. Arancibia fue detenido y acusado de espionaje. Poco después, su departamento era allanado por los mismos policías que no tardaron mucho en encontrar lo que buscaban.

En el doble fondo del aparador del comedor hallaron una voluminosa documentación cuyo contenido provocó la primera sorpresa. Porque lo que saltó ante los ojos del grupo de la Policía Federal trasandina fue un documento con información confidencial sobre el canciller de Chile, Hernán Cubillos, y su relación con la CIA y el diario El Mercurio durante el gobierno de Salvador Allende.

En los días en que la guerra con Argentina estaba a punto de estallar, el jefe de la red de agentes secretos de Chile en el vecino país se dedicaba a investigar al canciller que encabezaba las negociaciones. Ese sería el último informe enviado por Enrique Arancibia a Santiago bajo el nombre de “Luis Felipe Alemparte Díaz”, su identidad como agente DINA.

Lo que seguía al informe sobre Cubillos en los documentos cuidadosamente ordenados en carpetas de plástico negras, eran las copias y respuestas de las órdenes que recibió desde el cuartel central de la DINA en Santiago desde 1974, incluyendo cartas privadas con altos oficiales del mando del servicio secreto. Entre ellos, Michael Townley, quien acababa de ser expulsado (abril de 1978) por el régimen de Pinochet a Estados Unidos para ser juzgado y condenado como autor material del crimen de Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffit (Washington, 1976). Pinochet y Contreras insistían en que Townley nunca fue agente de la DINA. Y allí estaban las pruebas de su participación en las operaciones más secretas del organismo represivo.

Las carpetas contenían cuatro años de la historia de la represión desatada fuera del territorio chileno por el principal servicio de seguridad secreto, con una red de agentes desplegados por varios países y la colaboración estrecha con los otros servicios de las dictaduras del Cono Sur. Una parte de la historia de la “Operación Cóndor” que inexplicablemente Arancibia guardó en su aparador.

A los argentinos, ya involucrados en su propia masiva y brutal represión, el contenido no los sorprendió. Cómo lo usaron, es hasta ahora un secreto. Lo real es que al cabo de algunos meses, gran parte de los papeles quedó abandonado para luego ser prácticamente embutido a la fuerza en cinco cajas donde se condensó el proceso por espionaje. De allí pasaron a una oscura y solitaria sala del Archivo Judicial. Al olvido.

Ocho años más tarde, la autora de este reportaje iría a Buenos Aires a investigar el asesinato del general Carlos Prats y su esposa. En un pasillo, un hombre le diría casi al oído que buscara ese expediente. Fueron días intensos de tocar muchas puertas y que culminaron cuando con la ayuda del periodista argentino Horacio Verbitsky, un impávido funcionario finalmente sacó las cinco cajas del proceso y me dejó a puertas cerradas en esa gélida sala del Archivo Judicial. Lo que se abriría ante mis ojos provocó un frío mayor que el que en ese invierno de 1986 imperaba en Buenos Aires.

UN TERRORISTA A SUELDO

Dos meses después del Golpe de Estado, en noviembre de 1973, Arancibia Clavel se presentó en el cuartel general de la recién creada Comisión DINA. “Lo hice para saludar al entonces coronel Manuel Contreras y ofrecerme a su disposición para llevarle cualquier tipo de información”, declaró el propio Arancibia ante un tribunal argentino el 28 de noviembre de 1978.

“A los pocos días fui entrevistado por un oficial de la DINA al que por su cargo llamaban ‘Don Elías’ (Raúl Iturriaga Neumann) y que era uno de los jefes del Departamento Exterior. Me dio instrucciones de cómo debía hacer llegar la información a través del canal que considerara más idóneo, explicándome que no debía utilizar mi verdadero nombre ni tampoco divulgar mi condición de miembro del Servicio Exterior de la DINA”, se explayó.

Fue así que Enrique Arancibia Clavel se convirtió en agente de la DINA en Argentina. Su pantalla fue la representación del Banco del Estado en el vecino país, cargo para el que fue recomendado por su vicepresidente, Valentín Robles. Para contratarlo debieron obviar un obstáculo importante: Arancibia en ese momento era un prófugo de la justicia, acusado de actos terroristas, como integrante del grupo que asesinó al comandante en jefe del Ejército, René Schneider, en octubre de 1970.

Su huella como “El Dinamitero” –así lo llamaban– quedó en las bombas que se colocaron en la Bolsa de Comercio, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en el entonces Canal 9 de TV y en el aeropuerto de Santiago. Sólo el azar hizo que el artefacto más potente que colocó en el recinto aéreo no explosionara.

Así lo confesó ante los tribunales chilenos en el juicio por el crimen de Schneider (fojas 1.877), donde reconoció su participación. También acusó al general Roberto Viaux de ser el autor intelectual de la cadena de actos terroristas que él mismo ejecutó con otros miembros del grupo de ultraderecha. Se buscó, dijo, preparar el clima para el secuestro de Schneider, cuyo objetivo final era impedir que Allende asumiera como presidente de Chile. Por eso, después de cada atentado, se lanzaban panfletos de una hasta ese momento desconocida Brigada Obrero Campesina (BOC): “para hacer creer que los autores eran de un grupo de ultra izquierda y crear un clima adverso”.

Arancibia fue detenido. Tenía 26 años, y cursaba cuarto año de Ingeniería en la Universidad de Chile después de un breve paso por la Escuela Naval. Su padre, oficial de la Armada (r) y uno de sus hermanos oficial de la misma rama. Otro, era oficial del Ejército. A pesar de su propia confesión, de los explosivos que hallaron en su domicilio el 8 de octubre de 1970, y de las numerosas pruebas en su contra, fue dejado en libertad bajo fianza.

Esa misma noche huyó hacia el sur de Chile. Todo estaba organizado por alguien a quien nunca se quiso identificar. Porque lo ocultaron en la Hostería del Lago Ranco, y en febrero de 1971, el dueño de esa hostería (de apellido Provoste) lo trasladó al otro lado de la frontera por el paso Tromen (Mamuil Malal), saliendo del país con una cédula falsa. Allí lo esperaba el ex edecán del general Juan Carlos Onganía, cuando ejerció el mando de Argentina como dictador en los años 60.

En 1966, en la Conferencia de los Ejércitos Americanos realizada en Buenos Aires, Onganía propuso institucionalizar una fuerza interamericana de defensa permanente, de intervención regional contra el enemigo subversivo. Su principal detractor fue precisamente el general René Schneider, quien aún no asumía como jefe del Ejército chileno.

Tres años más tarde, el terrorista prófugo por su rol en la conspiración que culminó con el asesinato del comandante en jefe del Ejército, era contratado como funcionario público por el régimen que encabezaba otro general.

“Comencé a dar cumplimiento a las instrucciones que me diera el capitán Luis Gutiérrez”, declaró en 1978. Y así lo prueban los documentos que Arancibia guardó en su poder.

ELIMINAR A PRATS

El último día de septiembre de 1974 los autores intelectuales del crimen del general Carlos Prats creyeron haber eliminado un escollo clave para que Pinochet se hiciera del poder total en el Ejército y en la Junta Militar. Sacando del escenario al general que reivindicó hasta 18 días antes del Golpe el honor militar para impedir la dictadura y la represión, pensaron haber hecho desaparecer también el fantasma siempre presente del general René Schneider, su antecesor en la comandancia en jefe del Ejército, asesinado en octubre de 1970. Y los principios que ambos defendieron.

Pasarían casi treinta años antes de que se hiciera justicia. Y fue precisamente el rechazo de la Corte Suprema al desafuero del general Augusto Pinochet por su participación en el asesinato de Prats y su esposa Sofía Cuthbert, solicitada por la jueza argentina María Servini, el que provocó en 2003 la apertura histórica en Chile del juicio por el crimen del ex jefe del Ejército (Ver Nota 1).

Muy pronto el ministro a cargo del caso, Alejandro Solís, encontraría la prueba más importante que faltaba: el informe con el seguimiento de todos los pasos de Prats y los planos de su casa, entregados por el oficial de la DINA Juan Morales Salgado a Manuel Contreras . Un informe que se había mantenido en completo secreto y que permitió comprobar fehacientemente la autoría de la DINA. Y también la participación gravitante de Enrique Arancibia Clavel.

Porque la última pieza del puzzle descubierta por Solís provocó también que otros confesaran: el crimen se ordenó desde Santiago en junio de 1974, y los datos que recogió Morales Salgado y que permitieron poner la bomba que despedazó los cuerpos de Prats y su esposa en el lugar preciso y a la hora precisa, fueron aportados por Enrique Arancibia Clavel.

El cuadro se terminó de armar en Chile. Arancibia Clavel ya estaba condenado en Buenos Aires. Y de paso se probó que Michael Townley, el hombre que puso la bomba, nunca mintió. Su primera confesión la hizo ante policías chilenos –Nelson Jofré y Rafael Castillo, acompañados por el subcomisario Eduardo Riquelme González de la O.C.W. Interpol Chile– el 2 y 3 de septiembre de 1992, en Estados Unidos. Un interrogatorio que ordenó el ministro Adolfo Bañados:

–A mediados de 1974, Manuel Contreras da la orden a Pedro Espinoza para que se elimine a Prats en Buenos Aires. Se ofrecen 20 mil dólares a un grupo extremista argentino –TripleA– para ejecutar la misión. Pero los argentinos, luego de recibir el dinero, no tuvieron el valor suficiente como para matarlo. Ante esa circunstancia y bajo la presión del general Contreras y el brigadier Espinoza, se le asignó la misión al jefe de la DINA exterior, en ese momento, el comandante Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, quien utilizaba el nombre falso de ‘Diego Castro Castañeda’; y al oficial Armando Fernández Larios. Recuerdo que tres días antes del atentado me encontré con el comandante Iturriaga en Buenos Aires. Este fue hecho con la cooperación de ciudadanos argentinos de la Triple A. El jefe de la DINA Exterior era el comandante Iturriaga y como segundo estaba el capitán José Zara –confesó Townley (Ver Nota 2).

Pero en 1992 Pinochet mantenía su poder político y su influencia en la Corte Suprema. El sello de la impunidad era inquebrantable. Más aún para el crimen de un jefe del Ejército. La confesión de Townley quedó archivada. Para muchos, Arancibia sería el único condenado.

El contrato de Enrique Arancibia Clavel en la representación del Banco del Estado de Chile en Argentina tiene como fecha de inicio el 1 de octubre de 1974, horas después de perpetrado el atentado que terminó con la vida del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en una calle de Palermo en Buenos Aires. Casi un premio.

Pero durante el proceso por su muerte en Argentina a nadie le llama la atención la fecha. Tampoco que el bailarín Humberto Zambelli, su pareja, declarara en el juicio por espionaje que se conocieron en el verano de 1974, en Argentina. Días en que Arancibia aseguró que estaba en Chile.

MIRTHA LEGRAND Y SUSANA JIMENEZ

De no haber sido por las famosas Mirtha Legrand y Susana Jiménez, Arancibia y Zambelli no se habrían conocido. Porque fue cuando el segundo se desempeñaba como peluquero de la casa Miguelito Romano de Mar del Plata, que le tocó atender a Legrand y también a su esposo, Daniel Tinayre, quien lo contrató para ser bailarín en la comedia musical “Hair”. Un éxito total. Corría 1973 y las funciones se prolongaron durante ocho meses. Cuando “Hair” bajó el telón, Zambelli volvió a Mar del Plata pero ya no como peluquero: actuaría en un local nocturno llamado “Hidrógeno”, donde conoció a Susana Jiménez. La diva argentina lo contrataría para bailar en el Teatro Astros.

Era el verano de 1974 y en una de esas noches que salía de la función su vida nuevamente daría un vuelco. Al menos eso fue lo que relató ante sus interrogadores en 1978:

–Me espera una persona joven, de sexo masculino. Me invita varias veces a tomar café y charlar. Con el correr de los días acepto la invitación e incluso lo llevo a la casa de mis padres, en Lanús. Así fue como entramos de lleno en una relación amistosa con quien resultó ser Enrique Arancibia Clavel –declaró en el juicio por espionaje en contra de Arancibia.

Cuatro años después, la historia volvería a dar un brinco. Caería Arancibia y con él, el archivo que guardó en el doble fondo. Allí donde están las pruebas que lo inculpan en la represión contra chilenos.

FAMILIA DE ESCRITORA ISABEL ALLENDE EN LA MIRA

Si bien el archivo de Arancibia Clavel muestra que el foco principal de su tarea son los exiliados, también está la prueba de que mantuvo vigilancia permanente sobre los otros chilenos que como él participaron de la conspiración para asesinar a Schneider y se refugiaron en Argentina.

Sobre Mario Igualt, cuñado de Roberto Viaux, informa el 21 de octubre de 1974: “Está trabajando para los servicios de seguridad argentinos de los cuales recibe una remuneración bastante alta. Su contacto es un oficial Schiaffino (del SIE)”. Cuatro días más tarde informa que Ramón Huidobro, embajador de Chile en Argentina hasta el 11 de septiembre de 1973, padrastro de la escritora Isabel Allende y la última persona –junto a su esposa, Francisca Llona– que vio con vida al general Carlos Prats, logró salir de Argentina. Estaba amenazado de muerte y lo buscaban para asesinarlo.

No era el único. En una orden perentoria enviada por “Luis Gutiérrez”, chapa que usa el jefe el Departamento Exterior de la DINA y que en esos días esconde la identidad del general Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, se le pide “la ubicación de trabajo y domicilio particular de los más connotados del régimen pasado en Buenos Aires y Mendoza”. La primera nómina de los chilenos simpatizantes de la Unidad Popular viviendo en Argentina fue depositada personalmente por Arancibia en el escritorio de “Luis Gutiérrez” en Santiago.

Mario Igualt le sigue preocupando: “He sabido que Igualt utiliza en Chile una cédula de identidad falsa a nombre de Pino para negocios poco claros. En Argentina también tiene doble documentación. La falsa lleva el nombre de Horacio Pizarro”.

A medida que la represión recrudece en Argentina, Arancibia extiende sus nexos con los militares y civiles de la represión. El sacerdote salesiano Luis Gallo se trasforma a fines de 1974 en su blanco. Escribe: “Está en Santiago, es contacto de la guerrilla argentina de Córdoba con los extremistas chilenos. Deben cercarlo. Es muy hábil y peligroso”.

Uno de los puntos iniciales que demandaron mayor trabajo fue encontrar las vías más seguras para el envío de documentos desde y hacía Chile. Durante un tiempo se hizo a través de Sonia Montecinos, secretaria del encargado de negocios de la embajada de Chile en Buenos Aires, Carlos Osorio (Ver Nota 3). En Chile, los sobres los recibía en el Ministerio de RR.EE. Miguel Poklepovic Klamce, quien debía llamar a “Don Elías” (otra chapa utilizada por Iturriaga).

Lo anterior me fue confirmado por el propio Poklepovic, en declaración notarial, quien incluso me informó que la solicitud de ayudar en esta tarea la recibió en Santiago, en la cena en casa de un familiar de Arancibia.

La vigilancia de la DINA en Buenos Aires se concentró en los chilenos que trabajaban en la CEPAL y en la Fundación Ebert, de la entonces Alemania Occidental. En uno de los documentos se lee: “El representante de la Ebert es Klauss Dressel, domiciliado en Florida 716, octavo piso, departamento C. Actúa junto a Walter Nocker, delegado laboral de la embajada alemana en Chile. Walter actúa como correo y enlace de los dos países. Obtener el máximo de antecedentes de la fundación así como de los sujetos mencionados”.

La respuesta la entregó Arancibia en persona en la sede de la DINA en calle Belgrado en Santiago. Y también agregó datos sobre su otro objeto de vigilancia, el grupo de Mario Igualt, al que veía como una competencia: “El padre Ernesto Rojas, quien hizo las acusaciones en noviembre de 1974, va a Chile a fines de diciembre, les avisaré para que tengan entrevista. Tiene mayores antecedentes de la red que ha tratado de formar Igualt en la que estarían Enrique Rojas, Julio Fontecilla, Jorge Arce y Carlos Labarca (cuñado del almirante Martínez Bush y todos prófugos por el crimen del general Schneider) . Este último sería contacto de un comandante Carrasco de la DINA con oficinas en el Ministerio de Justicia”.

Arancibia se equivocó. Igualt ya trabajaba para la DINA. Labarca también. Ello coincidió con la llegada del jefe oficial de la red DINA en Buenos Aires: el coronel Víctor Barría Barría. En un documento despachado desde Santiago se lee: “El coronel Barría es nuestro representante oficial y tú eres un jefe de información clandestino. Tus relaciones con él deben ser totalmente encubiertas. No te debes quemar. Debes seguir trabajando en la misma forma en que lo has hecho hasta ahora”.

LA CONEXIÓN ARGENTINA

El anuncio de la llegada del coronel Barría impulsó a Enrique Arancibia a desplegar una mayor actividad. En diciembre de 1974, el ex estudiante de ingeniería informa de un socio clave para la actividad represiva de la DINA en el exterior y la “Operación Cóndor”. Martín Ciga Correa, jefe de seguridad de la Universidad de Buenos Aires, le ofrece información de todos los chilenos, docentes y estudiantes, en dicha casa de estudios (Ver Nota 4).

Pero Ciga era un viejo conocido de la DINA. Dirigente del grupo Milicia Nacionalista, participó del asesinato de Prats. No fue escogido al azar. Su historial terrorista habla de ello. Militó en los grupos de choque del nacionalismo argentino donde recibió el apodo de “Cristo” y en “Los Panzer”, un grupo armado de la llamada Juventud Nacionalista Socialista. Al morir Perón, el grupo de López Rega, fundador de la Triple A, convence a la presidenta Estela Martínez de designar ministro de Educación a Oscar Ivanisevich, quien pone como rector de la Universidad de Buenos Aires a Alberto Ottalagano. No fue un escándalo. La represión brutal lo impidió. Porque Ottalagano exhibe en su reseña académica ser el autor de un libro cuyo titulo es Soy fascista, ¿y qué?

El nuevo rector y autor del libro contrató de inmediato a Ciga Correa como jefe de seguridad de la universidad. Muy pronto sería identificado como autor del asesinato de Daniel Winier, estudiante de Ingeniería, secuestrado el 29 de noviembre de 1978. Pero no pasó un día en prisión. Es Ciga el que a fines de 1974 le entrega a Arancibia una nueva información que éste transmite a Santiago: “El grupo que eliminó a Prats tendría una lista de otros 8 chilenos”. Ciga también le informa que Ramón Huidobro y su esposa Panchita ya están en Estados Unidos. El matrimonio nunca supo que saliendo apresuradamente de Argentina escapó de una muerte segura.

Lo mismo habría ocurrido –de acuerdo a estos archivos– con María Isabel Camus, ex ejecutiva de Codelco en tiempos de la UP y una de las 8 personas sindicadas como “blancos a eliminar”. “Su dirección es la misma que la de nuestro agregado naval. Todos los antecedentes de sus movimientos los tiene la SIDE”, informó Arancibia.

Todo eso costaba mucho dinero. Porque así como Arancibia recibía un sobre mensual con dólares de la DINA, un complemento de su sueldo en el Banco del Estado, los servicios que prestaba Ciga no eran gratis. Tampoco la información que entregaba. En un oficio enviado por Arancibia a Santiago, se lee: “Envío fotocopia de cheque pagado por Ciga a María José Riesco Bezanilla, chilena, por informaciones que esta entregaba a Ciga sobre chilenos en la Universidad (de Buenos Aires, UBA)”.

El calor de febrero (1975) no impidió que Arancibia siguiera los pasos de otros sacerdotes “conectados con el movimiento subversivo”, a quienes identifica en relación con el cura “jesuita estadounidense radicado en Salta, padre Haas, rector de la Universidad Católica de esa ciudad y amigo personal de Allende. Este cura es visitado asiduamente por exiliados chilenos y bolivianos”.

El negocio de las armas, por encargo de sus jefes, lo mantuvo ocupado en marzo de 1975. Su interlocutor era Luis Sanies, el “contacto lo inició Jorge Ramírez del Bank of America”. Sanies es “mayor en retiro, del Estado Mayor Conjunto, Jefatura Dos de Inteligencia, subalterno del general Della Croce y quien servirá de enlace directo con el almirante Peyronnel, actual jefe de la SIDE”. El viernes 14 de marzo a las 15 horas se lleva a cabo la cita.

Por el informe que despachó se desprende que la SIDE no está respondiendo a la colaboración con la DINA. “Sanies está de acuerdo en que la colaboración se haga en forma extraoficial, sin embajada”. Y agrega “todos los antecedentes sobre los ‘juguetitos’ que tiene para vender, entre ellos una cotización de proyectiles”.

Un aumento de su sueldo es el premio por este negocio con Sanies y su segundo (Horacio Sturlla), que se concreta en Santiago. Arancibia cambia de foco y pide que se investigue al subgerente de comercio exterior del Banco del Estado, Alfonso Ubilla, al tiempo que informa del aumento de desaparecidos por la represión en Argentina: “Han caído hasta el 13 de abril 160 personas, lo que hace un promedio de un muerto cada 15 horas. En los últimos días han caído 8 chilenos. Se estiman R.I.P.”.

“OPERACIÓN COLOMBO” PASO A PASO

Abril seria un mes en que Arancibia mostraría a sus jefes la eficiencia de sus contactos. El supuesto cadáver del ingeniero chileno David Silbermann, ex gerente de Chuquicamata, secuestrado en octubre de 1974 desde la cárcel en Santiago y desde entonces desaparecido, fue hallado en un estacionamiento de Buenos Aires (Ver Nota 5). En el archivo de Arancibia están las hojas manuscritas con los datos de Silberman enviados desde Santiago para ese montaje. Sería el comienzo de una de las operaciones más brutales del régimen chileno: la “Operación Colombo”, que intentará hacer aparecer como asesinados por sus propios compañeros en el exterior a 119 detenidos desaparecidos chilenos. Arancibia jugará un papel clave en ese montaje.

“Adjunto material relacionado con los ejecutivos de las operaciones aparecidos en diferentes órganos de prensa. Va foto de Ubal Tahl, posiblemente RIP por coordinación federal. Las facturas que acompañan a Colombo se pagarán en el transcurso de la semana junto con 15 facturas argentinas”, dice el cable cifrado que le envió a “Luis Gutiérrez”, jefe del Departamento Exterior de la DINA. Las facturas son detenidos.

Pero no todo funcionó como estaba planeado. El 22 de abril, Arancibia le envió un informe al general Raúl Iturriaga: “Lamentablemente hasta el momento la publicidad para el caso ‘Colombo’ ha sido casi nula. Mañana me entrevistaré con Martín Ciga para saber exactamente qué pasó. Para esta semana están prometidos los dos restantes que aparecerán con 15 ‘criollos’. Espero que la publicidad sea mayor. Martín me solicitó atención de fotografía para aproximadamente siete personas. Espero llevarlas conmigo. También me ofreció un negocio con Isabel Camus”.

Isabel Camus estaba nuevamente en peligro. Como miles de chilenos y argentinos sobre los que se había desatado una cacería inédita. Arancibia viajó a Chile el 25 de abril para coordinar los detalles de la “Operación Colombo” en marcha. Los nombres de 7 prisioneros ya ejecutados, sobre los que Martín Ciga pide atención de fotografía (pasaportes o cédulas) se discutieron en el cuartel central de la DINA.

Como brazos operativos de la DINA, coordinados personalmente por Arancibia Clavel, se integró el grupo Falange de Fe, con sede en Córdoba y cuyo jefe era Jorge E. Flores Allende. Sanies también constituyó otro brazo operativo a sueldo. Dos brazos armados para actuar y reprimir en Buenos Aires y Córdoba según decidiera la jefatura de la DINA en Santiago.

LAS HOJAS MANUSCRITAS

La real es que ni Sanies ni Flores podían competir con el grupo de Ciga Correa, el principal brazo operativo que tuvo la DINA en Argentina. En las carpetas de plástico negras que conservó Arancibia quedó la huella macabra de esa sociedad. Con fecha 8 de mayo aparecen las listas manuscritas con los nombres de más de 100 detenidos chilenos a los que se debe hacer como ejecutados en Argentina. Son hojas de cuaderno simples, con borde azul y faltas de ortografía. Allí figuran nombres que jamás han tenido explicación porque no aparecen en ningún registro de prisioneros o desaparecidos: Samuel Ovando Abarca Molina, Gabriela Arredondo Andrade y Soledad Sepúlveda.

Ciga hacía su trabajo. Así se desprende del informe que despachó Arancibia el 16 de mayo sobre la primera fase de la Operación Colombo, “efectuada por el grupo de Martín Ciga en forma perfecta”, escribe. Un informe que estremece pues también allí detalló la eficacia de los grupos paramilitares que sembraban el terror en esos días en el país vecino. A los que Arancibia simplemente llama “comandos de ejecución”.

“Su ejecutor directo es el comisario Ramírez (a), ‘El Carnicero’, especialista en quemados y ahogados. Con los últimos acontecimientos políticos este grupo ha decidido unirse al grupo de Martín (Ciga)”, relató Arancibia a sus jefes al informarlos de su última adquisición: el grupo Arens.

La dirección del domicilio particular de Ricardo Lagos y de otros cinco investigadores de Flacso en Buenos Aires es la última anotación que agregó Arancibia en su detallado informe sobre los grupos paramilitares argentinos.

Pero algo ocurrió. El 23 de mayo despachó un informe con carácter de urgente: “Me ha llamado la atención el silencio con respecto a la ‘publicidad’ del caso ‘COLOMBO’. Desde hace una semana que no se tiene ninguna información de ustedes al respecto. Me gustaría saber a qué determinación se llegó para saber como manejarme con el periodista Carlos Manuel Acuña que me llama casi todos los días. Mañana obtendré todos los antecedentes que se mandaron a Santiago por intermedio de la Interpol. Las copias se las consiguió Vicente (coronel Víctor Barría) ”.

Colombo tenía problemas. Aún así, la conexión de la DINA con su símil argentino (SIDE) quedó nuevamente establecida. Sanies fue el nexo con el coronel Spinetto, “segundo del SIDE interior, es decir del trabajo subversivo”, escribió Arancibia. Y agregó: “Lo que les interesa es el contacto por si tuviera que hacerse un operativo no oficial”.

EL EMBAJADOR DISCOLO

La última fase de la Operación Colombo era inminente. Y en esos precisos días el embajador de Chile en Argentina, René Rojas Galdames, le disparó a Manuel Contreras un misil que jamás fue público: les cortó la valija diplomática a los hombres de la Dina. Arancibia enfureció y buscó alternativa. Será Michael Townley quien la encontrará en pilotos de Lan Chile que por unos pocos dólares aceptaron el trabajo . Pero Rojas quedó en una lista negra con cuentas por cobrar.

Más tarde, como consta en sus archivos, Arancibia recurrirá a un alto jefe de inteligencia argentino para que vigile y espíe al embajador Rojas y a su familia. La vida privada de sus hijas fue descrita con procacidad en los informes de la DINA, mientras la tensión entre Rojas y el coronel Barría crecía. Arancibia escribe: “Es fundamental que este señor entienda para quién trabaja. El embajador viaja ahora a Santiago. Seguramente irá a mover su mafia radical en contra de los funcionarios leales. Pido a la empresa que se tomen las medidas drásticas correspondientes”.

Años más tarde, en la noche del 10 de noviembre de 1981, la CNI haría explotar un auto al frente del domicilio del embajador en Santiago (Las Vizcachas), con cuatro ocupantes en su interior. La versión oficial señaló que los cuatro jóvenes, que murieron calcinados, preparaban un atentado a la casa del ex embajador cuando las bombas por error explosionaron. Lo que comprobó el juez Joaquín Billard años después fue que los cuatro ocupantes del automóvil habían sido detenidos previamente por la CNI. Uno de ellos hasta hoy no ha podido ser identificado, pues le faltaban la cabeza, los pies y las manos. Muchos creen que fue una venganza de los ex Dina contra Rojas.

LA HUELLA DE TOWNLEY

En esos días de 1975, en los papeles de Arancibia aparece Michael Townley por Buenos Aires. Ambos se conocen. Y muy bien. Desde que coinciden en la operación en la que se asesinó al general Carlos Prats y su esposa en una calle de Palermo en Buenos Aires (1974). Esta vez Townley irrumpe con un rol relevante en la Operación Colombo. El propio Manuel Contreras lo ha enviado con una tarjeta firmada por él y dirigida al subsecretario de Seguridad Interior, Héctor García Rey, para finiquitar Colombo.

En ella Contreras le ofrece “incondicional apoyo que tendrá de nuestra parte en todas sus actividades” y le pide “dedicarle unos minutos a quien es ya un viejo conocido suyo”. En efecto, Arancibia y García Rey se conocen. La tarjeta es el sello de que la misión que lleva el primero es oficial. Y al más alto nivel.

La reunión entre Arancibia Clavel y García Rey tiene lugar el viernes 1 de agosto. “Sobre las listas de chilenos entrados a la Argentina por diferentes pasos, entregados en su oportunidad por el señor Diego Castro (identidad falsa de Raúl Iturriaga Neumann), me las entregará con sellos y firmas tal como se planteó en la entrega original. Contestó que estas listas estarán el 5 de agosto y las va a confeccionar su propio hermano presente en la entrevista. Le pedí pasaportes argentinos en blanco a lo cual se comprometió a entregarme cinco el mismo martes 5” (Ver Nota 6).

Lo que se le exige a García Rey son los papeles oficiales que acreditarán que los 119 chilenos a los que se quiere hacer aparecer como asesinados por sus propios compañeros en el exterior, efectivamente pasaron desde Chile a territorio argentino por distintos pasos cordilleranos. Son los mismos que aparecen en la lista manuscrita con más de 100 nombres de detenidos que estaba en su archivo.

Tras uno que otro inconveniente, y la oportuna intervención de otro socio importante de la Dina y protagonista de la guerra sucia argentina, Jorge Osvaldo Riveiro (alias “Rawson”, segundo al mando del SIE), la operación queda lista para su ejecución final. García Rey será mencionado en adelante como “Tito”. Meses más tarde, cuando García es amenazado de muerte, se le ofrece descanso y reposo en Chile para él y su familia. Lo mismo hace Riveiro, quien viaja a Santiago con su esposa con todos los gastos pagados por la DINA, el 2 de septiembre de 1975. Se embarca en Paraguay. Un tramo que será recurrente entre los hombres comprometidos en la Operación Cóndor, de los cuales Riveiro será pieza clave. 

Así lo prueba un informe fechado el 27 de agosto de ese año, en el que Arancibia le escribe a Iturriaga: “El teniente coronel Osvaldo Rawson tiene la idea de formar una central de inteligencia coordinada entre Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay”.

La historia que sigue se ha escrito ya varias veces. Tras la aparición de la revista argentina Lea (60 nombres) y el diario Novo O’Día de Curitiba, Brasil (59 nombres), con la nómina de los 119 chilenos supuestamente asesinados en Salta por sus propios compañeros, llegaron los titulares de la prensa chilena. El 23 de julio, miles de chilenos leyeron con horror: “Exterminados como ratones” ( La Segunda), “El MIR asesina a 60 de sus hombres en el exterior” ( La Tercera), “Identificados 60 miristas ejecutados por sus propios camaradas” ( El Mercurio), “Sangrienta pugna del Mir en el exterior” ( Las Últimas Noticias).

Durante varios días se destacó que por todos ellos se había presentado recursos de amparo “lo que demuestra la mentira que los marxistas han fabricado sobre la acción de los servicios de seguridad”. Ese montaje, uno de los más estremecedores que se vivió en dictadura y que puso por primera vez la palabra “desaparecido” sobre la mesa, fue digitado desde el cuartel central de la DINA y lleva la huella clave de Enrique Arancibia Clavel.

El régimen de Pinochet insistió a través de todos sus canales diplomáticos y políticos que no tenía ninguna relación con el montaje de la Operación Colombo. Aun cuando los sobrevivientes de las cárceles iniciaran una huelga de hambre insistiendo en que a la mayoría de ellos los habían visto en alguna de las cárceles secretas en donde los mantuvieron detenidos. Aun cuando quedara demostrado que la revista Lea tuvo esa sola edición en Buenos Aires, y salió de una imprenta de López Rega, el fundador de la Triple A de Argentina y socio de la DINA. Y a pesar de que lo mismo ocurrió con el diario de Curitiba, pero articulado por el cónsul de Chile en Río de Janeiro, Gerardo Roa.

“OPERACIÓN EUROPA”

Las operaciones de ejecución no terminaron con las repercusiones de Colombo. Por el contrario. En los archivos de Arancibia Clavel está la prueba. Ciga Correa pidió más “trabajos” a ejecutar en Buenos Aires o en cualquier otra ciudad del mundo; y “una metralleta Sterling o del tipo, más silenciadores”. Y le puso un alto precio a su función.

Una acotación de Arancibia retiene la atención: “Martín pregunta si la ‘Operación Europa’ va a necesitar colaboración de parte de ellos”. El 15 de agosto, Ciga recibe una respuesta afirmativa: trabajará en el “tramo alemán” de la “Operación Europa”. Y sólo eso. Hoy sabemos que en ese momento faltaban sólo días para el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa, ejecutado el 5 de octubre en Roma. Ambos sobrevivieron, pero con graves secuelas. Y también, del fallido intento de asesinar al terrorista venezolano Carlos “El Chacal” (Ilich Ramírez Sánchez) , a cambio de una gruesa recompensa que le pide Manuel Contreras al Sha de Irán. (Ver reportaje El día en que Manuel Contreras le ofreció al Sha de Irán matar a “Carlos, El Chacal”). ¿Cuáles fueron los otros atentados? ¿Cuántos tuvieron éxito? No hay respuesta aún.

Pero los archivos de Aranciba entregan otras respuestas. Como lo que ocurrió cuando el dirigente del Mir Jorge Isaac Fuentes Alarcón (“El Trosko”), fue detenido en Asunción y entregado por la policía secreta de Paraguay a la DINA. Cuando se entera en Buenos Aires el teniente coronel Riveiro “Rawson”, se enfurece. Está convencido de que Fuentes tiene información clave de la Junta Coordinadora Revolucionaria y lo quiere para ellos. Los servicios se disputarán las presas de la cacería humana haciendo trastabillar la incipiente cooperación.

No es el único problema que enfrentan la DINA y Arancibia en esos días. Porque Riveiro (“Rawson”) es informado de que Manuel Contreras ha organizado una reunión de coordinación de los servicios secretos de las dictaduras del Cono Sur en Santiago. La que consideraba su idea original debutaría en noviembre y él no estaba invitado. El oficial argentino estalla. Arancibia movería sus piezas en los días en que Manuel Contreras se preparaba para inaugurar oficialmente el 26 de noviembre la Operación Cóndor en Chile. Oficialmente, porque en los hechos hacía ya un tiempo que la coordinación para asesinar opositores estaba en marcha.

LA CAPTURA DE EDGARDO ENRIQUEZ

La actividad represiva no para. Días antes del estreno de Cóndor, el 17 de noviembre de 1975, Arancibia despacha el siguiente informe a Santiago: “Según informaciones del comandante Jorge Osvaldo (Riveiro), ‘Pollo Enríquez’ ubicado en Baires. Se esperan novedades. El tal Claudet (Jean Ives Claudet, detenido desaparecido) podría ser Humberto Sotomayor, enviar foto. Claudet es RIP. En últimas instrucciones de la Junta Coordinadora Revolucionaria aparecen involucrados Renán Fuentealba y Bernardo Leighton”.

El jefe del MIR, Edgardo Enríquez, sería detenido en Buenos Aires. Su detención y eliminación marcaría un hito en la DINA. La participación del aparato del SIE en su captura no fue gratis. La DINA ofreció conectar los dos servicios en forma directa y permanente a través de un telex especial que la propia DINA financió y proporcionó. Manuel Contreras cumplió. En marzo, la coordinación de los servicios represivos secretos de Chile y Argentina pasa a un nivel superior. Un detalle sorprende. Revisando el archivo de Enrique Arancibia Clavel se advierte que en esos días de noviembre de 1978, con la guerra inminente entre ambos países, ese telex nunca dejó de funcionar. La guerra sucia no tuvo tregua.

NUEVOS SOCIOS PARA EL TERRORISMO

Los documentos que contiene el archivo de Arancibia Clavel, el único que finalmente se haya encontrado de la DINA, son un registro impactante del horror. Allí están las cédulas de identidad de algunos de los desaparecidos que siempre se negó que hubieran sido detenidos. Fotos de cuerpos despedazados, mutilados o carbonizados. ¿Qué hacían en Argentina? Un misterio. Porque Arancibia siempre rehusó hablar de ello.

Tampoco se sabe más que lo que está en esos papeles del seguimiento, detención y asesinato de Alexei Jaccard Siegler, quien aterrizó en Buenos Aires el 16 de mayo de 1977. Venía de Europa y traía consigo dinero para llevar a Chile a sus compañeros del Partido Comunista. Al día siguiente de su arribo fue capturado. Su rastro se perdió, pero en los informes figuran algunas claves sobre la tortura que sufrió y su ejecución, como también sobre la cacería que se desató y que terminó con otros 15 chilenos desaparecidos.

Un episodio que revela la otra cara de la represión: el robo permanente de dineros y objetos de valor de los que eran despojados los prisioneros. Al punto que los hombres de Ciga Correa, del italiano fascista Stephano Delle Chiaie y los cubanos Virgilio Paz y los hermanos Novo, más Arancibia y otros chilenos, terminan formado una sociedad cuyo objetivo será secuestrar empresarios para cobrar rescates y traficar armas. Un capítulo que ningún tribunal ni argentino ni chileno ha investigado hasta ahora.

En los archivos de Arancibia hay varios documentos que prueban la nueva incursión de los agentes de la represión. Como el que da cuenta de la reunión que Ciga Correa, Virgilio Paz y otros tienen en junio de 1976 en la casa cuartel que habita Michael Townley en Lo Curro, para “planificar una serie de secuestros a realizarse en Argentina dada la necesidad de conseguir fondos propios”.

EN LA MIRA DEL FBI

Hacia fines de 1976, la necesidad de dinero que revelan los hombres del terrorismo internacional se hace más evidente. Así también los lujos que se permiten. Enrique Arancibia Clavel no se queda al margen. Con su pareja Humberto Zambelli, se han convertido en socios como propietarios del departamento en el que viven juntos en Buenos Aires. Para los fines de semana, se han comprado un terreno en el sector residencial de Tortuguitas y allí se hacen construir un quinche, una especie de palafito con techo de paja, y una piscina. Un perfecto refugio de descanso. Todo aquello requiere dinero. Arancibia explorará nuevas vetas comerciales para su grupo. También coordinará compras más complejas.

Como la que informa en un misterioso sobre que despacha desde Buenos Aires dirigido a Alejandro Bontempi de Operaciones Lan Chile en Santiago. Al interior hay otro sobre más pequeño dirigido a “Luis Gutiérrez” y su número de teléfono en el cuartel general de la DINA: 31402. Arancibia espera impaciente la respuesta. Como no llega, se alarma. Y manda un telex.

En el sobre pequeño iba el informe de las compras de pertrechos efectuadas por “Javier” (el cubano Virgilio Paz, quien participó en el asesinato de Orlando Letelier, fue condenado por la justicia de EE.UU. y se refugió un tiempo en Chile), por encargo de la DINA: equipos de radio y otros elementos para la fabricación de bombas del mismo tipo que la que se utilizó para asesinar a Carlos Prats y su esposa en 1974.

Y se fabricaron. Y se usaron. Así lo demostró la justicia estadounidense en un terreno de experimentos: la misma bomba que asesinó a Prats en septiembre de 1974, se utilizó en septiembre de 1976 para hacer explotar el auto en que viajaba Orlando Letelier y su asistente en Washington.

Los elementos fueron comprados por Virgilio Paz, quien utilizó una cédula de Alejandro Bontempi, haciéndolo residir en Argentina. En los archivos de Arancibia está la huella.

Operaciones que terminaron con Enrique Arancibia en la mira del FBI. El 12 de octubre de 1977 queda registrado en la agenda del agregado del FBI en Buenos Aires, Robert Scherrer, su cita con Arancibia, quien se presenta como “amigo” del coronel Víctor Barría, el jefe oficial de la DINA en Buenos Aires. Le pide visa para viajar a California. Son días en que según los archivos están en marcha varios negocios para conseguir fondos. Y todos terminan en Estados Unidos.

La visa le costará caro. Porque más tarde Scherrer dirá que sin que se lo pregunte, Arancibia le cuenta que su trabajo en el Banco del Estado es sólo una cubierta para su trabajo real como jefe de la red clandestina de la DINA en el vecino país (Ver Nota 7).

El final de estos archivos coincide con la pérdida del poder total que gozó Manuel Contreras y sus hombres. La descomposición trasunta en cada informe. Mucho más en las cartas que oficiales le escriben a Arancibia desde Chile (Ver Nota 8). Un capítulo que lleva al entramado oculto de la gestación, financiamiento y desarrollo en Chile de la “Operación Cóndor”, que sirvió para desplegar en los ’70 y años 80, un enorme aparato de terrorismo de Estado internacional en concomitancia con los servicios de seguridad de las otras dictaduras del Cono Sur. Y todo ello bajo el alero logístico y financiero de la DINA.

Cientos de agentes desplegados por el mundo, sofisticadas redes de comunicación, fabricación de armas químicas y biológicas, viajes, pagos a agentes de otros países y muchos otros ítems requirieron de una estructura de financiamiento millonaria que salió de las arcas del Estado de Chile y de una compleja red de sociedades asentadas en paraísos fiscales (Ver reportaje Por qué Ovalle renunció a la Sonami: Fue socio del jefe financiero de la DINA).

Aún hoy esas redes mantienen contactos y vínculos de protección. Así lo reveló el asesinato del químico de la DINA, Eugenio Berríos, en Uruguay en 1993, quien trabajó precisamente para ese secreto Departamento Exterior fabricando armas químicas. Arancibia lo conoció muy bien. En su archivo hay varias referencias a “Hermes”, su nombre de batalla en la DINA y las réplicas que provoca su imprudencia al haberlo mencionado con nombre y apellido en uno de sus telex. Y también, una de sus tarjetas de visita.

La prueba de esa red de impunidad es la libertad de la que gozaba el propio Arancibia Clavel desde 2007 en Buenos Aires por un incomprensible interpretación legal de sus condenas. Más grave aún es la total impunidad de la que goza hasta hoy Martín Ciga Correa. No sólo porque proporcionó la principal ayuda que permitió poner la bomba en el auto del general Prats, un doble crimen por los que nunca ha sido interrogado. Ciga posee la llave que conduce a los secretos del destino final de muchos detenidos desaparecidos de Chile y Argentina. Y también de qué se hizo con grandes cantidades de dinero que alimentaron la represión.

NOTAS

Nota 1

En julio de 2002, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago debió pronunciarse sobre la petición de desafuero solicitada por la justicia argentina en su contra por su rol en el crimen de Carlos Prats y su esposa, Pinochet se encontraba de vacaciones en Iquique. En un publicitado periplo, el general demostró que poco había de su mentada demencia cortical irreversible, la causal del fin de su juicio por los crímenes de la Caravana de la Muerte. Pero esa nueva petición de desafuero encendió la alerta. Las vacaciones terminaron y Pinochet regresó bruscamente a Santiago para esperar el fallo de la Corte Suprema (diciembre 2002).
En 2003, y por primera vez, la justicia chilena actuó a través del ministro de fuero Alejandro Solís cuando procesó a la plana mayor de la DINA por el crimen del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert: Manuel Contreras y Pedro Espinoza (ambos, en calidad de jefes); y a Raúl Iturriaga Neumann, Jorge Iturriaga Neumann y José Octavio Zara Holger, como miembros de la organización criminal. Un grupo que planificó “la eliminación física del general (r) Carlos Prats González por estimarse peligroso para la permanencia del gobierno militar de Chile”, dice el fallo. Todos ellos serían condenados.

Nota 2

El ministro Alejandro Solís incorporó en su fallo las salidas y entradas del país que registra el general Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, condenado por su participación directa en el crimen del general Prats y su esposa bajo la identidad falsa de “Diego Castro Castañeda” entre el 16 y el 30 de julio de 1974. Además, aparece con doce salidas hacia y desde Uruguay a Chile desde abril del ‘74 a septiembre del ‘77. Su hermano Jorge, también condenado por el mismo doble crimen, registra otras tantas entradas desde Argentina entre el 5 de julio y el 3 de septiembre de 1974, inmediatamente después del asesinato. En cuanto a Michael Townley, éste utilizó para esa operación criminal un pasaporte que el régimen de Pinochet negoció con Estados Unidos en abril de 1978 y que nunca se investigaría: Kenneth Enyart entró a Chile el 30 de agosto de 1974 procedente de Argentina, salió el 10 de septiembre de ese mismo año rumbo a Buenos Aires y su ingreso a Chile se produce esta vez desde Uruguay el 1 de octubre de 1974, horas después de perpetrado el atentado.
El general Raúl Iturriaga registra otros movimientos, pero bajo otra identidad falsa: “Eduardo José Rodríguez Pérez”, con pasaporte diplomático. Movimientos que comprenden abril de 1975 y enero de 1976 entre Chile, Argentina y Brasil. La misma persona, pero sin pasaporte diplomático y diez años más joven registra salidas por tierra a Perú (enero de 1973), ingresos desde Ecuador vía aérea (febrero de 1973) y una salida rumbo a Argentina en febrero de 1974. Otra hebra sin explorar de las operaciones secretas de los militares golpistas.

Nota 3

Carlos Osorio Mardones fue testigo directo de las actividades de la DINA en Buenos Aires. En 1976, para el asesinato de Orlando Letelier, era Director de Protocolo de la Cancillería en Santiago y tuvo el control de la entrega de pasaportes falsos en la operación con que se intentó ocultar la autoría de la DINA. Osorio sabía demasiado. En octubre de 1977 murió en extrañas circunstancias jamás investigadas. El ministro Alejandro Solís hace mención del hecho en su fallo definitivo por el crimen del general Prats. Al menos un testigo ha dicho que manera fue eliminado con gas Sarín. Su muerte aun espera por justicia.

Nota 4

El periodista argentino Horacio Verbitsky investigó a fondo a Martín Ciga Correa: En marzo de 1976, los veteranos del movimiento Tacuara, de la Triple A, como Juan Martín Ciga Correa y José Luis Resio fueron asimilados a las fuerzas represivas de la dictadura como personal militar calificado. Reaparecen entonces en los grupos de tareas que secuestran, torturan y asesinan. Recibe el nombre de “mayor Mariano Santa María”. Fue asignado por el Ejército a misiones en el exterior del país, como instructor de contrarrevolucionarios en Centroamérica. Misiones en las que trabajaron a las órdenes de oficiales como los coroneles Santiago Villegas, Osvaldo Riveiro, Julio Cesar Durand y el mayor Hugo Miori Pereyra. Ciga Correa llevaba el dinero para pagar los sueldos de los soldados argentinos en Tegucigalpa. Fue detenido por robar un auto en Mar del Plata, pero su ex compañero en Tacuara, el entonces juez Eduardo Pettigiani, lo dejó en libertad. Su abogado defensor fue Roberto Falcone, quien integra el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y que también defendió al comisario Rozsicki, jefe de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y, en su momento, mano derecha del represor Ramón Camps cuando éste fue jefe de esa policía en 1977 y se sucedieron en Mar del Plata los secuestros, desapariciones y asesinatos de abogados.

Nota 5

El rastro de David Silberman, quien fue condenado por un Consejo de Guerra en Calama por delitos que nunca se probaron, se perdió en la Cárcel de Santiago en octubre de 1974. Se lo hizo aparecer como secuestrado por un comando del Mir. Posteriormente se demostró en tribunales que todo fue una farsa, ya que fue sacado de allí por un grupo de la DINA que encabezaba Armando Fernández Larios, y luego brutalmente torturado y asesinado. La justicia logró identificar incluso al oficial que operaba en la Compañía de Teléfonos para interceptar teléfonos y crear números para que la Dina los utilizara según necesidades, lo que ocurrió el día que secuestraron a Silberman. Ese oficial es Marcos Derpich. Lo de Buenos Aires fue un burdo intento de hacer aparecer su cuerpo como el primero de los chilenos a los que se denunciaba como ejecutados o detenidos por el régimen de Pinochet y que en verdad habían sido asesinados por sus propios compañeros. La identidad del cuerpo al que se intentó hacer pasar por el de Silberman nunca se investigó.

Nota 6

Bajo la identidad de Diego Castro Castañeda, el general Iturriaga adquiere la casa de Lo Curro que sirvió de cuartel para la fabricación de armas químicas y domicilio de Michael Townley y Mariana Callejas. Allí también fue asesinado Carmelo Soria, como quedó demostrado en tribunales.

Nota 7

De la investigación que recoge el libro Laberinto, de Eugen M. Propper y Taylor Branch, Pagina 478.

Nota 8

Un ejemplo que grafica ese clima es la carta manuscrita que le escribe Christopher Willike Floe, oficial de Ejército del alto mando de la DINA, y que Arancibia guardó en sus archivos. Está escrita el 9 de mayo de 1978, cuando la expulsión de Townley de Chile, el retiro obligado del general Manuel Contreras del Ejército y la abrupta salida del comandante Eduardo Iturriaga de la antigua DINA transformada en CNI, provoca pánico entre los agentes: “Para tu tranquilidad me estoy desempeñando como Luis Gutiérrez segundo (segundo jefe del Departamento Exterior de la Dina). En lo que se refiere a Wilson (Townley), él está bien en USA, pero no te puedo contar más por razones de seguridad. Fue una mariconada lo que le hicieron, tanto de Pinocho, como de Mena y de IMA Ividben (en el original). No tiene nombre”.
“Elías (Raúl Eduardo Iturriaga Neumann) fue echado del servicio por problemas con Wilson y con Mena (Odlanier Mena) . La situación está más tranquila, pero aún falta mucho y costará un alto precio para ciertas personas, en forma especial en lo político. Hay que tener fe, este chaparrón tendrá que pasar luego. Te ruego te agilices al máximo, todo se hace para salvar a Wilson (Townley)”.
“Del trabajo no te puedo hablar mucho. Aquí ya nadie trabaja ya que la persona que hace una detención tiene que ir a declarar a la justicia. Nadie hace nada. Echaron a retiro al comandante Prado por no cumplir la orden de ir a detener al “Mamo”. La guerra es entre plomos. Parece que Brady (general Hermán Brady, entonces ministro de Defensa) reemplazará dentro de poco a Covarrubias (general Sergio Covarrubias, jefe del estado Mayor Presidencial)”.
La última carta y la más comprometedora, está fechada el 27 de junio de 1978. En ella Willike dice: “Acá el hueveo continúa y cada día se pone peor. Creo que estamos en un zapato chino. Mariana (Callejas) sigue con sus estupidas declaraciones. Lamentablemente el único que paga los platos rotos es mi compadre Wilson (Townley). Por las declaraciones de esta huevona salí a la palestra en el Gran Jurado, junto con nuestro compadre Joselo (Zara) , por haber conversado con ella durante el “festejo de los aires”, (denominación de la DINA para la operación Letelier), pero felizmente Orozco (general Héctor Orozco, juez militar) y Pantoja (coronel Jerónimo Pantoja, subdirector de la DINA y después de la CNI) me apoyaron y no estoy en el sumario. Lo bueno: a partir de esta semana iniciaré actividades en el regimiento motorizado No 1 de Buin ­Viva Chile Mierda! Feliz de volver a la libertad y de no trabajar más con estos huevones”.

Nota 9

Los archivos de Enrique Arancibia Clavel fueron sistematizados por el National Security Archive y donados a las universidades Uniacc y Alberto Hurtado, donde se guardan copias de los documentos.

Por Mónica González

Respecto del fallo, confirma la condena a los agentes Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Manuel Rivas Díaz y Hugo del Tránsito Hernández Valle a 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos reiterados de secuestro calificado y aplicación de tormentos contra 10 detenidas y detenidos en el centro clandestino conocido “ Venda Sexy”, en la comuna de Macul, entre 1974 y 1975.

Este viernes se oficializó decisión de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a cuatro ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su participación en los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos, y aplicación de tormentos con violencia sexual contra 10 detenidas y detenidos en el centro clandestino conocido como “ Venda Sexy”, en la comuna de Macul, entre 1974 y 1975.

De esta manera, la Sala presidida por la ministra María Rosa Kittsteiner e integrada por la ministra (S) Paula Merino y Paola Herrera, dictó sentencia definitiva de segunda instancia. En consecuencia, confirmaron lo resuelto por el ministro Mario Carroza en su sentencia de noviembre último, cuyo dictamen sentó precedente porque, por primera vez un tribunal aplica perspectiva de género por vejámenes sexuales responsabilidad agentes del Estado contra prisioneras en dictadura.

Respecto del fallo, confirma la condena a los agentes Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Manuel Rivas Díaz y Hugo del Tránsito Hernández Valle a 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos reiterados de secuestro calificado y aplicación de tormentos a Agustín Julio Holgado Bloch, Luis Rodolfo Ahumada Carvajal, Eugenio Ambrosio Alarcón García y Luis Humberto Bernal Venegas. Y por secuestro calificado y aplicación de tormentos con violencia sexual a las víctimas Cristina Verónica Godoy Hinojosa, Laura Ramsay Acosta, Beatriz Constanza Bataszew Contreras, Sara Gabriela de Witt Jorquera, Carmen Alejandra Holzapfel Picarte y Clivia Marfa Sotomayor Torres.

Paralelamente, al ex agente Alejandro Francisco Molina Cisternas lo condenaron a dos penas de 541 días de presidio, como cómplice de los secuestros de Agustín Julio Holgado Bloch y Luis Rodolfo Ahumada Carvajal, concediéndole el beneficio de la libertad vigilada.

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Defensa de víctimas releva enfoque con perspectiva de género

En materia civil, la Corte confirmó el rechazo de las excepciones interpuestas por el Fisco y, confirmó que todas las demandas indemnizatorias presentadas por las representaciones de las 10 víctimas del caso deben acogerse, ordenándose el pago de una reparación.

El abogado Francisco Ugás Tapia, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados y representante de Clivia Marfa Sotomayor Torres, Carmen Alejandra Holzapfel Picarte y Laura Ramsay Acost, valoró positivamente esta decisión. “Es una sentencia que, refrendando lo resuelto por el tribunal de base, se condice con el mérito del proceso, evidenciándose una correcta aplicación del derecho interno y, especialmente, del derecho internacional”.

Para Ugás una “especial mención debe realizarse a una consideración relevante para la resolución de este caso en su sentencia de primera instancia, por el Ministro Mario Carroza, compartida por la Corte de Apelaciones. A saber, abordar la violencia contra la mujer que se ejerce en contextos de crímenes de derecho internacional, con un enfoque de género”.

«Hechos criminales constituyeron aberraciones deshumanizadas»

En este sentido, el abogado destacó los argumentos que aplicó en su fallo de primera instancia el ministro Carroza, confirmados por el tribunal de alzada capitalino, que alude “los hechos criminales determinados judicialmente, excesos que constituyeron aberraciones deshumanizadas ejecutadas por agentes del Estado, en los que no solo se les infringieron graves sufrimientos físicos y psíquicos a las víctimas, sino que hubo atropellos en el desamparo en que se encontraban, para ejecutar las agresiones de violencia sexual, de manera sistemática, conductas (…) deleznables y que prevalecieron en los interrogatorios”

Adicionalmente, señalan que “dichas conductas obligan a la Judicatura a construir un tipo penal separado al de secuestro agravado (en este caso, el de aplicación de tormentos), por constituir conductas que, en una mirada a los estándares internacionales, han de ser visibilizadas y exaltadas por su gravedad y deshumanización, toda vez que constituyen una forma específica de violencia contra la mujer».

Y agrega que «estas conductas, que se ejecutan en un contexto de ataques generalizados o sistemáticos dirigidos en contra de la población civil, ejecutados por agentes estatales, amparados por el gobierno de facto, son crímenes de lesa humanidad» y, en consecuencia, se deben perseguir y sancionados.

Varios centros de tortura operaban simultáneamente

De acuerdo a la investigación que sustanció el magistrado la DINA, mantuvo durante los años 1974 y 1975 diferentes recintos encubiertos, con el propósito de tener recluidas y privadas de libertad a personas partidarias de partidos políticos o movimientos que siguieron al gobierno depuesto antes de ejecutarse el Golpe de Estado y su condición, en dichos lugares, fue la de prisioneros políticos.

Uno de estos sitios era el calle Irán N° 3037 de la comuna de Macul. Específicamente, era un lugar de encierro y tortura que llamaron “Venda Sexy” o “La Discoteque”, por agresiones y vejaciones sexuales a las que sometieron a prisioneros, utilizado al mismo tiempo que otros cuarteles destinados a fines similares, caso de los conocidos “Londres 38”, “Villa Grimaldi” o “Cuartel Terranova” y también el de “José Domingo Cañas”.

A los anteriores, agregaron el encargado de mantener a los prisioneros incomunicados y en recuperación de las torturas sufridas en los interrogatorios, para que luego el mando del organismo decidiera su destino final, conocido como “Cuatro Álamos”, que disponía de un anexo, en el que mantenían a los prisioneros en libre plática hasta que llegara a concretarse su potencial libertad o expulsión del país. A esta dependencia aledaña, la llamaron “Tres Álamos”.