Igualt Pérez Mario

Un empresario chileno, buscado por presuntas estafas por unos 200 millones de dólares a través de la construcción y venta de cementerios privados en su país y en Mendoza, fue detenido por Interpol cuando salía de su departamento de Barrio Norte.

La policía estuvo varios días vigilando el departamento de Mario Igualt Pérez, hasta que lo vio regresar de Uruguay. Finalmente, el lunes aguardó a que saliera de domicilio de Marcelo T. de Alvear al 800 y lo arrestó. Allí el empresario vivía con su esposa y una hija, dijeron fuentes policiales.

Interpol precisó que ubicó a Igualt Pérez porque tenía un DNI de extranjero con su domicilio.

El empresario, según las fuentes policiales consultadas por LA NACIÓN, enfrenta juicios de entidades bancarias que lo acusan de no haber devuelto préstamos otorgados para la compra de cementerios privados a través del grupo Isacruz, del cual sería uno de sus principales socios.

Igualt Pérez construyó 25 cementerios privados por medio del holding Intasan, que compraba las parcelas a la firma Santa Cruz, que era del mismo grupo económico, según dijo la Policía Federal. Estas compras, de acuerdo con las fuentes, se habrían hecho por valores superiores a los de plaza, mediante créditos bancarios.

Los cementerios están situados en Limache, Copiaco y La Calera, en Chile, y uno se ubica en la provincia de Mendoza, llamado Nuestra Señora de Luján. El predio de este último fue comprado en unos 650.000 dólares y vendido por alrededor de 2.400.000 dólares.

La compañía, según la policía, quebró porque existieron maniobras que la privaron de su patrimonio, el que aparece trasladado a terceros en la forma de pago de bienes y servicios sobrevaluados. Estos dineros, según la Policía Federal, terminaron depositados en una cuenta que tendría Igualt Pérez en Suiza. El perjuicio ocasionado por estas maniobras es de unos 200 millones de dólares.

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Próximamente la justicia se pronunciará sobre el procesamiento en el caso de la quiebra de los cementerios Isacruz, una de las peores estafas de nuestra historia financiera. La causa tiene un inculpado particular: el ex agente de la DINA Mario Igualt Pérez, actualmente prófugo en Buenos Aires, vinculado al Caso Prats y con una amplia red de amigos en los círculos empresariales. Un juicio por partida doble.

Mario Igualt Pérez bordea los 75 años. A estas alturas sus vecinos de la calle Alvear 833, al norte de Buenos Aires, lo ven como un anciano afable que recorre las avenidas y riega las plantas cada vez que puede, ya que su delicado estado de salud, con bypass incluido, le impide otros menesteres. Ésta es una de las razones por las cuales la justicia argentina no ha podido actuar con rapidez para extraditarlo a Chile. Igualt Pérez es requerido por los tribunales chilenos desde 1998, debido a su protagonismo en una de las mayores quiebras empresariales de la historia económica de Chile: cementerios Isacruz.

Un proceso por quiebra fraudulenta que lleva nueve años radicado en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago y que busca castigar a los que fueron cómplices de un negocio estrella a principios de los ’90, que en su momento se derrumbó con 200 millones de dólares a cuestas, arrastrando algunos grandes como Citibank, Banco Edwards y Banco del Desarrollo.

El ex agente, quien se fugó del país dos años después de declarada la quiebra, es un hombre profundamente religioso, de misa diaria y con acceso a obispos como Jorge Medina. Pero el cardenal no era el único santo en la corte que tenía.

Secretos y fortuna

En 1978 fue detenido en Argentina, acusado de espionaje, junto al principal inculpado del asesinato del general Carlos Prats, Enrique Arancibia Clavel.

Como consta en los archivos de la justicia federal argentina, alojó en su departamento al norte de la ciudad de Buenos Aires a unos conspicuos visitantes que le solicitaban “tareas”, entre ellos el mayor del Ejército Eduardo Iturriaga Neumann. Demasiados secretos lo rondaban, dicen sus cercanos, para alguien que tenía una fortuna que nadie sabía cómo había adquirido. Fortuna que mantenía muy bien guardada en su cuenta del Credit Suisse.

“Es un tipo muy encantador, muy halagador, que buscaba caer bien a todo el mundo y casi siempre conseguía todo lo que quería”, señalan algunos de quienes participaron en sus innumerables negocios.

El agente

Igualt Pérez era un funcionario más en el Departamento de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en la década de los ’60.

En esos tiempos viajaba habitualmente al extranjero, principalmente a Uruguay y Argentina, donde terminó radicándose un par de años.

Mientras en Chile, su primo directo, el coronel Raúl Igualt era acusado de conspirar junto al general Roberto Viaux en el asesinato del general René Schneider. Viaux era casado con Delia Igualt, también prima directa del ex agente.

Después del 11 de septiembre de 1973, Igualt comienza a hacerse de una pequeña fortuna dedicándose a las finanzas: gestionaba créditos y obtenía comisiones.

En una de sus declaraciones a la justicia argentina indica que su viaje a Europa en 1975 era para estos fines, aunque tiempo después declararía que en ese entonces su amigo Eduardo Iturriaga Neumann, le había solicitado contactar a algunos “personajes” relacionados con la ultraderecha alemana.

En sus constantes idas y venidas, Igualt realiza una visita especial a otro amigo: el general Manuel Contreras. A él le propone crear una empresa que represente a Codelco, idea que le gustó mucho a Contreras, pues las arcas de la DINA enfrentaban serias dificultades.

Contreras no se demoró en hacer los contactos con el Ministerio de Minería. Sin embargo, el “negocio no prosperó”, según declara el entonces acusado de espionaje en Argentina.

En los convulsionados ’70, Igualt no perdía el tiempo como informante, reuniéndose en su departamento en Buenos Aires con “connacionales anticomunistas”, como él mismo les denominó, entre los cuales se encontraba el también agente Renato Maino e Iturriaga Neumann, a quienes alojó en su casa durante dos días. Igualt contacta a ambos con un personaje de apellido Luna, vinculado a la ultraderecha argentina.

“Podemos prever que estos hechos corresponden al primer intento de asesinar al general Prats y su señora, el cual se frustró”, rememora el abogado de derechos humanos, Hernán Quezada.

Para oficiar de intermediario de los peces gordos de la DINA y la ultraderecha trasandina, a Igualt le entregaron dos identidades falsas, una de las cuales era la de Alfonso Garrido Montt, la misma con la que fue apresado en 1978.

Debido a la mediación del Vaticano y al canje de presos entre Chile y Argentina, todos los inculpados en el caso espionaje fueron indultados en 1981. Algunos de ellos se quedaron en Buenos Aires, y otros, como Igualt, se trasladaron a Uruguay, aunque éste siempre mantuvo su residencia en la ciudad bonaerense. Desde ese año, no se tuvo noticias del ex agente, pero su red continuó operando.

El pillo

Su regreso a Chile en la década de los ’90 vino de la mano de nuevos socios. Los empresarios Francisco y Carlos Urenda, a quienes conocía de sus tiempos del MOP, lo contactaron con el otro inculpado en la quiebra de Isacruz, Manuel Sánchez Carril, quien tenía amplia experiencia en la operación de cementerios. Fue el mismo Francisco Urenda, quien le sugirió armar una cadena de cementerios en Chile, cuya sociedad tuvo como nombre “Intangibles Santa Cruz”, tal como lo cuenta el mismo Igualt en el expediente del caso. De ahí en adelante, el agente hizo y deshizo desde la cabeza del directorio, comprando nuevos terrenos, acciones y sociedades que fueron aumentando su capital (leer recuadro).

Todo bien, hasta que estalló el escándalo y la declaración de quiebra en marzo de 1996. Desde entonces, Igualt Pérez fue citado a declarar por las múltiples denuncias y querellas en su contra,

Ese mismo año, el abogado Quezada, sin tener conocimiento de las redes empresariales del ex agente, tiene un reencuentro con él en el Primer Juzgado del Crimen de Santiago, donde le aplica un cuestionario. Con éste intenta corroborar sus declaraciones realizadas en Buenos Aires, a fines de los ‘70, donde aseguraba haber alojado a Arancibia Clavel e Iturriaga Neumann en su departamento, como asimismo la prestación de servicios para la DINA.

“Tuvimos un encuentro algo distendido. Quiso adularme con coincidencias de apellido, ya que yo soy Quezada Cabrera; entonces él me dijo muy simpático antes de empezar la declaración: ‘tal vez seamos parientes cercanos porque mi madre era Pérez Cabrera’. De inmediato me di cuenta que Igualt era un pillo”, recuerda el profesional.

En dicho cuestionario, negó todo vínculo con el caso Prats. Si bien admitió conocer a Arancibia Clavel, indicó que nunca mantuvo una relación más allá, descartando incluso haber sido detenido por el caso espionaje en 1978.

En febrero de 1998, el ex agente hace sus maletas y sale del país en medio del proceso Isacruz. Dos años después, la justicia chilena solicitó su detención preventiva y extradición por el caso Isacruz y la Interpol lo aprehende recién en el 2002 en su domicilio de Buenos Aires. Según informaciones de los tribunales argentinos, el prófugo se negó a declarar, alegando desconocimiento de las acusaciones. No obstante, invocando razones de humanidad por su deteriorado estado de salud (hipertensión, dilatación coronaria, bypass existente, tensión emocional, etc.) y por las continuas apelaciones de sus abogados, el proceso se ha dilatado. Más engorroso se hizo todo, cuando uno de los profesionales que lo defendía fallece de cáncer este año.

Hoy, el expediente se encuentra con solicitud de anulación por reiteradas dolencias de Igualt. Y el abogado Quezada estudia solicitar a los tribunales argentinos una nueva citación para que Mario Igualt declare por el caso Prats.

“Como está en Argentina en estos momentos y la jueza Maria Servini de Cubría mantiene abierto el caso, podría hacerlo comparecer en su tribunal. Si es extraditado, también el ministro Alejandro Solís podría citarlo a declarar, por el conocimiento que pudo haber tenido del atentado al general Carlos Prats y su señora”, indica.

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SANTIAGO, marzo 11.- Este es un caso que si bien data de la década pasada sólo este año tuvo a su principal responsable, el empresario Mario Igualt, enfrente de la justicia para que respondiera a las acusaciones como responsable de la quiebra fraudulenta de la cadena de 19 cementerios-parque Isacruz, que involucra deudas impagas por cerca de US$ 50 millones, aunque para algunos los montos totales bordean los US$ 200 millones.

Aunque el delito ocurrió en marzo de 1996, sólo en diciembre de 1998 la Corte de Apelaciones de Santiago sometió a proceso y prisión preventiva a los querellados Mario Igualt Pérez y Manuel Sánchez Carril (gerente de Isacruz y socio de empresario) en calidad de autores de quiebra fraudulenta. Pero entonces hacía meses que ya nadie sabía su paradero exacto. 
Mario Igualt, fue detenido en Argentina tras ingresar a ese país desde Uruguay. El empresario junto a Manuel Sánchez eran los administradores y dueños de Isacruz, compañía que en marzo de 1996 declaró la quiebra de la sociedad (dividida en Intangibles Santa Cruz, Administradora Santa Cruz e Inmobiliaria Santa Cruz), luego de que dejara de pagar deudas con el sistema financiero por cerca de US$ 200 millones. 
 

EN LA ACTUALIDAD

El caso causó revuelo en el mundo de los negocios por la diversidad de entidades financieras afectadas, el monto involucrado y las características de estafa que envolvía. Procesados ambos imputados por su responsabilidad en la presunta quiebra fraudulenta, todavía no se han aclarado todas las responsabilidades civiles y penales del caso. 

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Era propietario de cementerios privados y aquí en Mendoza tendría un emprendimiento.

Un empresario chileno, que llegó a ser propietario de 22 cementerios privados en Chile y Argentina, fue detenido en pleno centro porteño acusado de realizar maniobras defraudatorias en los dos países por una suma estimada en 200 millones de dólares. La información señala que también tendría un emprendimiento similar en el departamento de Luján, pero autoridades de esa comuna ignoraron tal instalación.

Interpol de Argentina apresó a Mario Igualt Pérez, chileno, de 70 años, frente a su domicilio ubicado en Marcelo T. de Alvear al 800, luego de tratar de ubicarlo por varios meses por orden del juez Federal Sergio Gabriel Torres.

El juez Torres, ante la posibilidad de que Pérez se hubiera escapado hacia su país, había solicitado a la justicia de Chile la extradición del empresario en una causa caratulada "Quiebra fraudulenta".

Igualt Pérez construyó 21 cementerios en Chile y había expandido su negocio a la Argentina, aquí en nuestra provincia donde quedó a medio hacer el cementerio Nuestra Señora de Luján.

La maniobra fraudulenta consistía en fundar diversas empresas que se vendían entre ellas a precios sobrevalorados, terrenos, otros bienes y servicios.

También constituyó la empresa Intasan a la que atrajo numerosos inversores, mayoritariamente chilenos, deseosos de participar del negocio de los cementerios privados, que aparentaba les iba a dejar jugosos dividendos.

También Intasan, que tenía sede en Chile y Argentina tenía gran cantidad de acreedores, generalmente bancos y financieras que no dudaron en darle crédito a la empresa en "atención de lo bien que funcionaba" y el respaldo de los inversores y los mismos inmuebles que adquirió o iba a comprar.

Porque Intasan presentaba a las instituciones financieras, de las que recibía abultados créditos, cartas intenciones de adquisición de tierras, que después no las compraba.

Es decir que los créditos perdían de entrada la garantía fundamental que eran los bienes inmuebles que supuestamente iban a ingresar a su patrimonio, pero en realidad nunca llegaron a integrar su activo.

Igualt Pérez creó, entre otras, la inmobiliaria Santa Cruz, que compró en Mendoza terrenos para cementerios por valor de 650 mil dólares y se los revendió a Intasan por dos millones 400 mil pesos, lo cual ejemplifica la sobrevaloración que producía el empresario en las operaciones de compra-venta entre sus propias empresas.

De igual forma sobrevaloró artificialmente el pago de bienes y servicios que hizo Intasan, que aparentemente iban a terceras empresas, pero que la investigación determinó pertenecían al propio Pérez.

"Esa sangría de dinero, inflado fraudulentamente", explicó la fuente, terminó por llevar a la quiebra a Intasan, con el consiguiente perjuicio para inversores y acreedores, pero que tuvieron un beneficiario, Pérez, el creador de esas maniobras.

El fraude causó gran revuelo en Chile, donde están la mayoría de los perjudicados entre bancos, financieras y particulares inversores.

Interpol de Argentina dio cuenta a su similar con asiento en Santiago de Chile de los plazos previstos para que el juez Torres sea munido de la documentación necesaria y proceda en caso de que corresponda a extraditar al fraudulento empresario a su país, donde se habría originado la estafa.

En tanto, Igualt Pérez está detenido en la alcaidía de la Dirección General de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos. 

Consultadas fuentes del municipio de Luján, desconocieron que en ese departamento se esté instalando el cementerio Nuestra Señora de Luján, como señala la información proveniente de Capital. Agencia Télam.
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Raúl Iturriaga Neumann, fue el jefe del Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Como tal es el responsable de todas las operaciones, incluyendo los asesinatos de los opositores a Pinochet en el exterior. La condena de cinco años que hoy se niega a cumplir es por su autoría en el secuestro y desaparición de Dagoberto San Martín Vergara, una de las víctimas de la DINA de la Brigada de exterminio Purén. Puede estar de paso en Argentina, cuenta con los recursos de la cofradía de los represores.

Raúl Iturriaga Neumann no se fugó solo porque le dieron cinco años y un día como condena a firme por el secuestro del estudiante de medicina veterinaria de la Universidad de Chile, ex alumno del Liceo de Aplicación y miembro del MIR Dagoberto San Martín (21 años al momento de su detención). El ex general de la república es en realidad un criminal empedernido que está desafiando a todas las instituciones democráticas chilenas.

El ex comando y suboficial de elite de DINA, Carlos Labarca Sanhueza, es quien aporta antecedentes procesales para contradecir a quien fue su jefe en el Departamento Exterior. Dado que Iturriaga niega esa jefatura y toda vinculación con el doble asesinato de los Prats-Cuthbert, Labarca afirma que “el jefe del Departamento Exterior era Iturriaga Neumann”. Otros ex agentes también lo identifican como el Jefe.

Jefe del asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires

Ante la jueza argentina María Servini y el juez Alejandro Solís, el “Tío Kenny” (Townley) dijo en Estados Unidos que “fue Eduardo Iturriaga Neumann” quien en Buenos Aires le mostró el departamento donde vivía Prats en calle Malabía 3359 en el barrio de Palermo. De paso, también le indicó el auto que manejaba para que instalara la bomba que preparó en el Hotel Victory donde alojó junto a su mujer Mariana Callejas.

Poco antes del 30 de septiembre de 1974, fecha del atentado, “Diego Castro Castañeda” -chapa que usó para ingresar a Buenos Aires y preparar el crimen según informe del Departamento de Control de Fronteras de la Policía de Investigaciones- entregó en Buenos Aires 6 mil dólares al agente chileno Mario Igualt Pérez.

Este era primo del coronel Raúl Igualt Ramírez, condenado junto al general Roberto Viaux como autores del asesinato del jefe del Ejército René Schneider en octubre de 1970.
El pago, de acuerdo a Townley y otros testimonios, fue para que Igualt contactara a Iturriaga con líderes de la ultraderecha argentina para que mataran a Prats. Pero “los argentinos no fueron capaces” sostuvo Townley, recayendo entonces la misión en el departamento que dirigía Iturriaga

Jefe de la “Operación Colombo”

Un año después del asesinato del general Prats y su esposa, el “Giggio” Iturriaga volvió a Buenos Aires disfrazado de “Eduardo Rodríguez Pérez” con pasaporte diplomático. Viajó como “comerciante”. Sus salidas y regresos quedaron registrados en el referido Departamento de Control de Fronteras. Claro que ahora su misión era distinta: organizar la Operación Colombo

El agente DINA Enrique Arancibia Clavel, único condenado en Argentina por el crimen de los Prats-Cuthbert, recuerda que en 1975 cuando Iturriaga Neumann lo contactó en la capital argentina. “Me dijo que había que hacer aparecer en Argentina a un subversivo chileno llamado Silbermann, porque esto se había bautizado como Operación Colombo”, confesó Arancibia a la jueza Servini en el proceso en Buenos Aires.

Se trataba del ingeniero comunista David Silbermann. En abril de 1975, efectivamente apareció en un sótano de Buenos Aires el cuerpo destruido de una persona cuya identidad se dijo que pertenecía a David Silbermann Gurovich, con un cartel que decía “Dado de baja por el MIR”. Se comprobó que no era su cuerpo. Pero sí era parte de la Operación Colombo. Fue el montaje de la dictadura para hacer creer que 119 prisioneros a quienes se les daba por desaparecidos por sus familiares, en realidad habían salido de Chile en forma clandestina y se mataban entre ellos en Argentina por rencillas políticas, o morían enfrentados con fuerzas militares y policiales en ese país

El siniestro “Proyecto Andrea”

El desarrollo del gas Sarín, descubierto por científicos nazis durante la segunda guerra mundial, para convertirlo en un veneno no rastreable y así usarlo en la eliminación de opositores políticos, como también en arma de eliminación masiva en caso de guerra, pues en ese entonces apremiaba la situación con Perú o una posible triple confrontación incluyendo a Bolivia y Argentina. El plan de utilización del gas Sarín fue conocido como «Proyecto Andrea» y participaron otros tres expertos de los que sólo se conoce su nombre clave: Gaviota, Canario y Dag. Uno de ellos podría ser el bioquímico Francisco José Oyarzún Sjoberg.

El Sarín fue probado por lo menos en dos ocasiones: en el caso del asesinato del conservador de Bienes Raíces, Renato León Zenteno, y luego en el de Manuel Leyton, un agente de seguridad que había desobedecido órdenes. Se consideró también su posible utilización para asesinar a Orlando Letelier, para lo cual se introdujo en Estados Unidos un frasco de perfume Chanel Nº5 cargado con este gas.

Fue en 1975 que los pasos de Raúl Iturriaga Neumann como agente DINA lo llevaron por la senda del gas Sarín, por allá por Vía Naranja 4925 en Lo Curro. El “Giggio” no quiso estar ausente del “Proyecto Andrea”. Si bien no participó en la elaboración del gas mortal producido por Townley y el bioquímico Francisco Oyarzún Sjoberg en la casa de Lo Curro, según Townley fue quien compró la propiedad para instalar el laboratorio. “La casa se compró a Angel Vidaurre por una sociedad en formación, firmado por Diego Castro Castañeda, alias que tenía el comandante Iturriaga Neumann”, relató el gringo en “Mi historia de actuación en la DINA”, testimonio hecho por Townley en las horas previas a su expulsión de Chile el 8 de abril de 1978.

La Brigada Puren

Fueron sus propios subordinados quienes lo echaron al agua en sus declaraciones procesales. Oficiales y suboficiales de la DINA que cumplieron roles fundamentales en cada operativo.
La Brigada Purén fue netamente operativa y tiene a su haber el secuestro y desaparición de decenas de prisioneros, principalmente desde el cuartel clandestino de calle Irán 3937 en la comuna de Macul. Se conoció como “Venda Sexy” por las depravaciones sexuales cometidas por “Don Elías” y su gente contra mujeres y hombres allí detenidos. “Don Elías” fue la chapa que Iturriaga usó en Purén.

Marcelo Moren Brito, Gerardo Urrich, Marcia Merino (mirista colaboradora), Germán Barriga Muñoz, Manuel Carevic Cubillos, Manuel Mosqueira Jarpa, José Mora Diocares, Hugo Hernández Valle, Hernán Valenzuela Salas, Francisca Cerda Galleguillos, y Clodomira Reyes Díaz, están entre los ex agentes que desmienten al “Chico” Iturriaga como también lo conocían sus compañeros. Algunos de ellos con abundante detalle de las acciones delictivas de la brigada que dirigió “Don Elías”.

La condena de cinco años que hoy se niega a cumplir es precisamente por su autoría en el secuestro y desaparición de Dagoberto San Martín Vergara, una de las víctimas de la Brigada Purén.

Después de escuchar esos testimonios y evaluar otros antecedentes, el juez Alejandro Solís escribió al formalizar la acusación contra Iturriaga “En consecuencia, debe estimarse legalmente acreditada la participación de Raúl Eduardo Iturriaga Neumann como autor”.

La cínica impunidad por bandera

Después que le dio su palabra de soldado al Juez Alejandro Solís que se entregaría este lunes, se fugo (hoy se supo que preparo su fuga desde hace 3 meses) y envió un video con su postura, el cual fue ampliamente difundido y avalado por los generales y oficiales en retiro, llámese cofradía del genocidio.

«Abiertamente me rebelo ante esta arbitraria, sesgada, inconstitucional y antijurídica condena, ¡No la acepto!», así, con énfasis para que no queden dudas, el general (r) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann desconoció la condena de 5 años y un día que le impuso la Sala Penal de la Corte Suprema como autor del secuestro del militante del MIR Luis San Martín Vergara, desaparecido desde 1974 luego de ser detenido por agentes de la DINA.

El ministro de fuero Alejandro Solís dictó ayer una orden de aprehensión contra el general (r), debido a que éste no se presentó en el penal Cordillera, donde debía comenzar a cumplir la primera condena en su contra.

«Se me ha condenado por el delito de secuestro, delito no acreditado en el proceso. Pedí concretamente al Ministro Alejandro Solís, que sentenció en primera instancia, que investigara el secuestro, no lo hizo», declara el general (r) en un extenso comunicado hecho público esta tarde.

«Si el ministro me procesó por secuestro, él debió demostrar que el mirista Luis Dagoberto San Martin Vergara está vivo y secuestrado por mí. El tiene el peso de la prueba, no era yo el que debía demostrar mi inocencia. El debía demostrar el delito que me imputa, no lo hizo», argumenta Iturriaga Neumann, cuyo paradero actual es desconocido.

En el comunicado, al que el general (r) pide dar la más amplia difusión, sostiene también una defensa de otros militares retirados que han sido procesados y están siendo investigados por casos relacionados con los derechos humanos.

«Fui sometido a un indebido proceso, al igual que aproximadamente 500 integrantes de las FF.AA. y de Orden, de los cuales ya hay varios condenado por la misma razón, ante la mirada complaciente del gobierno e instituciones que no funcionan para defender los derechos que tenemos y que justamente reclamamos».

«Muchos jueces y ministros del Poder Judicial chileno han trasgredido abierta y vergonzosamente la Constitución y las leyes de mi patria», añade.

El comunicado difundido tiene al comienzo una imagen de la bandera chilena conteniendo el escudo nacional con la frase «Por la razón o la fuerza».

Al revisar sus declaraciones y al analizar su prontuario, se aprecia que la pretendida inocencia del rebelde comando expresada en el comunicado que hizo circular el martes desde su escondite, queda por el suelo. Esto porque además de la orden de captura del Juez Solis, existen tres órdenes de captura internacional en su contra. Una, por la condena que le impuso la justicia italiana por el atentado contra el ex vicepresidente de la República Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno. La segunda proviene de Argentina, donde la jueza María Servini de Cubría lo procesó y acusó del crimen del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. La última es de España, donde el juez Baltasar Garzón lo requiere por los asesinatos de los sacerdotes Joan Alsina y Antonio Llidó, y el diplomático Carmelo Soria.

La pregunta lógica que surge es el como, un fratricida de esta calaña, permaneció impune por más de 30 años, o que durante estos 17 años de gobiernos concertacionistas recién ahora, por la histórica demanda de los familiares de las victimas se comience, tibiamente, a perseguir a estos cobardes genocidas.

En agosto de 1974, el entonces jefe del Departamento Exterior de la DINA, coronel Raúl Iturriaga Neumann, entregó en Buenos Aires 6 mil dólares al agente civil de la DINA Mario Igualt Pérez, para que éste lo contactara con personas vinculadas a la ultraderecha argentina, a quienes pudiera encargárseles matar al general Carlos Prats. Este […]

En agosto de 1974, el entonces jefe del Departamento Exterior de la DINA, coronel Raúl Iturriaga Neumann, entregó en Buenos Aires 6 mil dólares al agente civil de la DINA Mario Igualt Pérez, para que éste lo contactara con personas vinculadas a la ultraderecha argentina, a quienes pudiera encargárseles matar al general Carlos Prats. Este hecho, desconocido públicamente hasta ahora, constituye el primer pago que la DINA hizo para preparar el crimen de Prats y su esposa.

El hecho ocurrió luego que a mediados de 1974, el ex dictador Augusto Pinochet se reunió con los dos principales hombres de la DINA, Manuel Contreras y Pedro Espinoza, y les dijo que había que eliminar a Prats porque se había tornado un «peligro para Chile» por la ascendencia que seguía teniendo entre la oficialidad del Ejército.

En Washington, si bien el ex agente Michael Townley confirmó el pasado 3 de febrero al ministro Alejandro Solís la segunda información referida a la reunión de Pinochet con los jefes de la DINA, se desconoce aún si le contó lo del dinero a Igualt Pérez.

El pago de 6 mil dólares lo reconoció Igualt ante la justicia argentina al declarar en 1978 a raíz de un proceso en contra suya y del ex agente civil Enrique Arancibia Clavel, por espionaje en contra de la dictadura militar argentina a favor del régimen chileno.

Igualt, primo del coronel Raúl Igualt Ramírez, condenado junto al general Roberto Viaux como autores del asesinato en octubre de 1970 del jefe del Ejército René Schneider, cumplió el encargo y reunió a Iturriaga en una confitería de Buenos Aires con un par de argentinos.

Posteriormente, como Townley también se lo confirmó al ministro Solís, según lo había declarado en Anápolis en 1992 al entonces subinspector de Investigaciones Rafael Castillo y en 1999 a la jueza María Servini que instruye el proceso argentino por el crimen de Prats, el régimen de Pinochet ofreció 20 mil dólares a los argentinos para matar al general chileno.

Según el parte policial Nº161 entregado en 1992 al ministro Adolfo Bañados (que instruyó en Chile el proceso por el crimen de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt) por el ahora prefecto inspector Rafael Castillo, quien acompañó al juez Solís la semana pasada a Washington, aquella vez Townley le reconoció que los 20 mil dólares se pagaron a los argentinos «de la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista) o del SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado de Argentina)».

Siempre según Townley, como los argentinos «no tuvieron el valor para matar a Prats», Contreras «le encargó la misión al jefe del Departamento Exterior de la DINA, coronel Raúl Iturriaga, para lo cual usó el nombre ficticio de Diego Castro Castañeda, y a Armando Fernández Larios». Fue entonces que la misión se le encargó a Townley.

El abogado querellante Hernán Quezada dijo a La Nación que el reconocimiento que Townley habría hecho ante el juez Solís «acerca de las recompensas para matar al general Prats y su esposa, confirman los antecedentes que hay en el proceso, lo que deja a Pinochet expuesto en la investigación», antes de que la Corte Suprema se pronuncie sobre su desafuero ya concedido por la Corte de Apelaciones.

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Devolución

En 1992, según el parte del inspector Rafael Castillo, Michael Townley guardó silencio cuando le preguntó si los 20 mil dólares para los argentinos los recibió Martín Ciga Correa, un ultraderechista vinculado a grupos terroristas. Hasta ahora, habrían sido 26 mil dólares los invertidos para matar a Prats. Se desconoce si los argentinos devolvieron los 20 mil dólares, aunque al menos Mario Igualt declaró que «intentaron que yo devolviera el dinero que me habían pagado».