Hunter Abarzúa Eduardo Segundo

El « Plan Zeta », creación de mentes afiebradas, consistía, según se dijo en esos años, en asesinar masivamente a personal de las Fuerzas Armadas. La propia CIA reveló en 1999 que dicho plan « nunca existió », y que fue solo « una operación de guerra psicológica de Pinochet ». Cambio21 obtuvo documentación exclusiva que revela los alcances de esta gigantesca mentira.

« Estaba parado frente a mí, me tenían vendado y amarrado, inerte frente al torturador. Comenzó a hablar, le reconocí por el lenguaje profesional, era colega, un dentista. En Valdivia eran pocos en ese momento y fue fácil saber de quién se trataba. Él seleccionaba la pieza dentaria en que se debía aplicar el tormento, no tuvo piedad ». Así relata el médico y científico Sandor Arancibia Valenzuela, quien fuera Intendente en esa sureña ciudad en 1973, su cara a cara con la dictadura.

Hoy, como querellante, acusa al ex teniente del Ejército, Patricio Kellet Oyarzún, quien reconoce haber torturado a prisioneros políticos al interior del Cantón Bueras, a Armando Robles Jensen, que en su calidad de dentista habría participado en sesiones de tortura, y también imputa al periodista Eduardo Hunter Abarzúa, dirigente regional de Renovación Nacional, quien comenzaba sus crónicas, dando por hecho el famoso Plan Z, con el cual se condenó a numerosas personas el año 73 y a otros ciudadanos, incluso fueron sentenciados a muerte, otros a cadena perpetua.

Estrategia golpista

« Los interrogatorios eran brutales, en ellos buscaban que se ratificara lo que ellos querían que se declarara, lo que estaba preestablecido. Luego se pasaba a hablar con el Fiscal, donde había derecho a café y cigarro, claro, siempre que se ratificara lo que había sido obtenido bajo tortura, sino allí mismo se acababa la « tertulia » y se volvía a la sesión de interrogatorios criminales. Entre los Fiscales que actuaron estaba Bernardo Puga, hermano del sacerdote Mariano Puga », recuerda Arancibia.

Han pasado muchos años, es cierto, por aquella época empinaba los 28 y se había transformado en el Intendente más joven de Allende en la zona. Aunque voces amigas, como una trabajadora de casa particular que le relató, antes del Golpe, que había escuchado en casa de sus patrones, que civiles daban nombres de « enemigos » con los cuales saldar cuentas y se organizaban para ello, no tuvo miedo ni dudó que los militares serían leales al gobierno constitucional. No fue así. Asegura el doctor Arancibia, que « eran los albores del Plan Z ».

« Creo que en la estrategia militar, se trataba de condenar de una manera ejemplar a quien era la primera autoridad provincial en Valdivia. Esto estaba preparado desde hacía tiempo ya por civiles, no solo militares. Llama la atención -señala-, que el mismo 12 de septiembre ya estaban todas las autoridades del país designadas y en sus puestos. Con lo que cuesta a los gobiernos democráticos hacerlo, es un tema que no puede pasar inadvertido, fue lo mismo que aconteció con los comestibles que aparecieron en el mercado al día siguiente del golpe », reflexiona.

Documento revelador

Cambio21 tuvo acceso a un documento histórico, desconocido hasta ahora, con las declaraciones consignadas en el Parte de Carabineros de Chile, 1ª Comisaría de Valdivia, Tenencia Gil de Castro, firmada el 24 de noviembre de 1974 por René Quezada de la Plaza, Comisario y Mayor de Carabineros y por Rubén D. Aracena González, Teniente de Carabineros y jefe de la Tenencia.

En el documento dirigido a la Fiscalía del Ejército de Valdivia (causa rol 1455-73), se da cuenta que la « Unidad Popular, específicamente el Partido Socialista, con anterioridad al 11 de septiembre de 1973, elaboró planes destinados a la neutralización de las FFAA y Carabineros, como igualmente comenzó a planificar la acción a desarrollar ante la evidencia de un enfrentamiento, ya sea con civiles o las FFAA ».

El documento detalla acciones consistentes en el « secuestro de familiares de jefes y personal de las FFAA y Carabineros ». Los secuestrados, apresados en acciones tipo « comando », serían reunidos en un lugar y luego, ya en cautiverio, serían cambiados por « armas ». Agrega, que los que se opusieran « serían fusilados ». También asegura el documento por primera vez dado a conocer a la opinión pública por Cambio21, que las poblaciones de uniformados serían rodeadas y conminadas a entregar las armas y rendirse.

El Plan Z detallaba, según el parte policial que dio origen a los Tribunales de Guerra en contra del Intendente Sandor Arancibia Valenzuela y otras autoridades, incluía « emboscar patrullas (militares) y obtener la mayor cantidad de armamentos ». Para llevar adelante su plan, Arancibia y las demás autoridades de la época, se valdrían del apoyo de barcazas cubanas que llegarían por el río a Valdivia.

¿De dónde salió el Plan Z ?

Desde luego, el Plan Z solo tuvo existencia en la mente afiebrada y maquiavélica de unos pocos que buscaron, a nivel nacional, justificar la acción violenta emprendida en contra de los seguidores de Allende y por otra lograr la unidad, ante la amenaza común, de las fuerzas armadas y carabineros. Muchos eran capaces de jurar que sí existió. Hoy, la mayoría de quienes defendieron su existencia, mira con vergüenza el suelo cuando se les pregunta sobre el tema.

Lo grave, es que varios chilenos y chilenas fueron condenados, incluso a muerte, teniendo por justificación el mentado plan. El doctor Sandor Arancibia, quien reside actualmente en Francia y está de paso en el país para dar curso a la querella que tramita el Ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Juan Ignacio Correa, fue uno de los condenados por « traición a la Patria », de acuerdo al parte policial que acogió como verdad absoluta, el Consejo de Guerra.

« Así que voh hijo de p…. ibas a matar a mis hijos » le decían mientras le torturaban. No hubo defensa real, los pasaban a manos de los torturadores y cuando estaban « blandos », debían comparecer ante el Fiscal Militar. Si negaban lo que decían las declaraciones « voluntarias » prestadas frente a los torturadores, eran nuevamente enviados a sus manos, para que « meditaran » sus dichos.

Qué era el Plan Z

« Plan Z » es el nombre atribuido a un presunto proyecto del gobierno de Allende, para ejecutar una insurrección armada, una especie de autogolpe, con el fin de imponer por las armas un gobierno marxista. Para ello, buscarían descabezar las FFAA y a Carabineros. La supuesta existencia de este plan fue divulgada profusamente por militares y autoridades de la dictadura.

Archivos desclasificados por la CIA en 1999, acreditaron que el Plan Zeta nunca existió, y que por el contrario, fue una operación de guerra psicológica de Pinochet y los militares chilenos, particularmente de la Armada de Chile, en que impusieron la lógica del son « ellos o nosotros », para justificar la represión y violaciones a los derechos humanos llevados a cabo durante la dictadura militar.

Sin embargo, en aquella época, altas autoridades del gobierno cívico militar, aseguraban que era una realidad. Entre ellos el mismo Pinochet. Pero no se trató solo de un absurdo montaje, sino que de uno macabro, que llego a segar vidas y justificó atrocidades. Federico Willoughby, otrora activo colaborador del régimen, descartaría más tarde dicho plan denunciándolo como una « falsedad ».

El 18 de septiembre del 73, El Mercurio titulaba a 8 columnas : « El ex gobierno marxista preparaba un autogolpe de Estado ». ¡Aterradora información ! Según esta, la Administración de Salvador Allende habría fomentado un plan de asesinato masivo de militares, dirigentes políticos y periodistas de la oposición, sin olvidar a sus familias. El nombre en código era « Plan Z ». La nota era firmada por Julio Arroyo Kuhn.

Dudas de la prensa

« General, ¿se pueden ver los túneles y armas ? ». Bastó esa pregunta de un joven periodista, de pelo negro largo y barba abundante, al entonces general Óscar Bonilla, durante una conferencia de prensa en que se aseveraba la existencia del « Plan Z », para que el militar, molesto, preguntara quién y de dónde era el reportero que hacía la consulta -que por cierto quedó sin respuesta-.

Cuando se enteró que trabajaba en una revista de línea editorial opositora a la UP, no hubo represalias. La versión que se « filtró » a la prensa en esa oportunidad fue que bajo la elipse del Parque Cousiño (así se llamaba en esos años el Parque O’Higgins) había túneles, armas y explosivos con que supuestamente se daría de baja a 10 mil militares el 19 de septiembre de 1973, durante la Parada Militar. La prensa independiente no podía creer tal afirmación, y menos sin pruebas.

Días después, hubo otra descabellada información. El secretario de la Junta de gobierno, coronel Pedro Ewing, el 22 de septiembre de ese año en una conferencia de prensa, ante periodistas nacionales y extranjeros, informó que el 19 de septiembre, día del Ejército, « Allende proyectaba invitar a almorzar al Alto Mando al palacio presidencial de La Moneda. Sorpresivamente, sus guardias, disfrazados de camareros, acribillarían a los oficiales, mientras que en el parque los militares que se aprestaban a desfilar y los dirigentes de la oposición serían ejecutados. En las provincias se producirían masacres similares ». Al día siguiente se iba a instaurar la « República Popular Democrática de Chile ».

Esa fue una de las tantas « confirmaciones » de la existencia de este imaginario Plan Z. Hasta hoy mentes afiebradas siguen creyendo en él, como el dirigente UDI Felipe Cuevas, detenido en Venezuela por sacarle fotos a un recinto militar sin identificación, quien describió la « persecución » que habría sufrido : « Mi abuelo estuvo en la lista negra del Plan Z ».

No se busca venganza

Sandor Arancibia vive desde que fuera exiliado por conmutación de la pena de presidio perpetuo, en la ciudad de Montpellier, al sur de Francia. Allí destacó como un importante científico al igual que su esposa Lucy. Acaba de llegar a Chile para cumplir trámites judiciales como querellante en contra de quienes le secuestraron, mantuvieron ilegalmente privado de libertad, torturaron y condenaron en un Consejo de Guerra sin fundamento ni base legal.

Señala estar respondiendo a lo que le ordena su conciencia. Dos son sus motivaciones : « La primera es estrictamente personal, fui condenado por un delito de traición a la Patria, que no cometí y debo ser reparado moral y legalmente por ello. No puedo terminar mis días concibiendo que en mi país se me haya acusado de un delito de traición. La segunda razón, es que nuestra querella, contribuye a esclarecer los hechos de lo que realmente pasó en Chile », asegura.

« En Valdivia hubo genocidio, con más de 3 mil presos políticos, torturas aberrantes, crímenes y tantos otros abusos que resulta difícil de relatar. Es una buena muestra de lo que aconteció en el país entero, a partir del 11 de septiembre del 73 », afirma Arancibia. Y al igual que en las demás causas intentadas por derechos humanos, Valdivia no ha estado exenta de un increíble inmovilismo en el trámite de querellas que terminen en condena.

Paramédico se decidió a hablar

Su testimonio ha sido vital en la causa, se trata del paramédico Rolando Jaramillo, quien declaró a fojas 485 con fecha 15 de mayo de mayo del presente año ante el Tribunal, por la querella presentada por el doctor Arancibia. A fines de septiembre del 73 se desempeñaba en Gendarmería, desde allí fue llevado a la enfermería por un médico del Ejército de « apellido Saldías, que al parecer se llamaba Francisco, me pidió que fuera a trabajar y ayudar allí (ya que) habían muchos heridos producto de las torturas ».

Entre otros, aparece de sus declaraciones el nombre del médico (Marcelo) Jara de la Maza, « quien atendía algunos casos y también constataba el estado en que regresaban algunos presos políticos que habían sido sacados del lugar por patrullas militares (…) quien daba las órdenes de sacar a los presos era el teniente (Patrico) Kellet (Oyarzún), recuerdo que cuando devolvía a las personas las tiraba como estropajo, en muy malas condiciones y yo debía ir a atenderlas », afirmó Jaramillo en el proceso.

« (…) Vi quemaduras de cigarro en distintas partes del cuerpo, también por electricidad y quedaban lesiones moradas y rojizas, también vi manchones en la piel que pueden haber sido golpes, pero en la zona de los genitales se notaba que era por electricidad », son algunas de sus declaraciones judiciales.

Roberto Ávila : « Se culpan y exculpan unos a otros »

Hoy están dadas las condiciones para procesar a los culpables, declara a Cambio21 el abogado de la causa, Roberto Ávila. « Existen testimonios abundantes, alrededor de 20, entre los cuales no solo se encuentran los de las víctimas, sino que de a lo menos 3 personas que declaran acreditando la tortura y que eran parte de instituciones armadas, que estaban en ese lugar y ese momento, que presenciaron directamente estos terribles hechos ».

Para el profesional, « Existe también abundante documentación, incluidos informes médicos internacionales (y peritaje del Instituto Médico Legal de Chile), que acreditan la pérdida de piezas dentales producto de la acción traumática de la tortura, por ejemplo, pero no solo eso, sino que además confesiones como la de Patrico Kellet, quien reconoce golpes y tratos crueles y degradantes a los prisioneros políticos », señala.

« Es increíble que el Mayor de Carabineros que suscribe este parte policial, documento inédito que da cuenta de la aplicación del Plan Z, si bien reconoce la firma, achaca al teniente que también puso su rúbrica, como el responsable del contenido, a quien inculpa además por haber pasado posteriormente a prestar servicios a la CNI », indica Ávila.

"Además -asegura el profesional-, este proceso ha derivado en la perversión absoluta de distintas profesiones, militares que se alzan en contra del gobierno legalmente constituido, al cual tenían la obligación de darle la fuerza para la ejecución de sus resoluciones ; profesionales de las ciencias médicas como Marcelo Jara de la Maza y Armando Robles Jensen, cuya ciencia está dirigida a mitigar el dolor y no a crearlo ; periodistas como Eduardo Hunter Abarzúa, que deben entregar a la ciudadanía el conocimiento de la realidad y él fabula, construye mitos que dan lugar a la tortura, a la prisión y muerte de personas y también profesores, como el caso de doña Layla Mahuad Chabair, cuya profesión es formar muchachos, pero que se transformó en una delatora", concluye el abogado Ávila.

Mario López Moya para 

El Ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia Juan Ignacio Correa decretó la citación en calidad de inculpado del conocido periodista de esa ciudad y presidente de Renovación Nacional de la Región de los Ríos Eduardo Hunter Abarzúa quien es además concejal en Panguipulli y el hombre de confianza en la zona del senador y presidente nacional de RN Carlos Larraín.

La citación se decretó en la causa en que se investigan las torturas, secuestro y usurpación de funciones que sufrieron el intendente de Salvador Allende Sandor Arancibia, el alcalde Luis Bórquez y los dirigentes de la Unidad Popular Uldaricio Figueroa, Joel Asenjo y Víctor Hormazábal, entre otros, a partir del golpe de estado de 1973´.

La citación de Hunter fue pedida por el abogado querellante Roberto Avila Toledo.

El profesional acusa a Hunter de ser el principal agente inductor de las torturas que se practicaron masivamente en Valdivia, cuya cárcel llegó a albergar más de 600 presos políticos.

En la ciudad el comportamiento inicial del personal uniformado a cargo de general de Ejército Héctor Bravo y del oficial de Carabineros Eduardo Gordon fue, si bien ilegal en su usurpación de funciones de un gobierno constitucional, fue también ponderado en su trato a los funcionarios del gobierno depuesto. Así, por ejemplo, el Intendente Arancibia aunque privado ilegalmente de libertad lo fue primero en su domicilio.

Esta situación cambia drásticamente a partir del 6 de Octubre en que Eduardo Hunter Abarzúa publica en el Correo de Valdivia un reportaje, en que se denuncia un fantasioso e inexistente plan de ataque al personal militar y de carabineros desde la Intendencia y el Municipio dirigidos por integrantes del Partido Socialista.

El “siniestro” plan denunciado por Hunter incluía también secuestros extorsivos y asesinatos de mujeres e hijos de los uniformados quienes serían víctimas de una celada en el teatro Coliseo. Esta maniobra artera sería respaldada por el desembarco de tropas cubanas en islas adyacentes y en las riberas del río Calle-calle. Hunter nunca explicó cómo llegarían esas tropas cubanas en lanchas de goma inflables a 15 mil kilómetros de sus bases, si atravesarían el estrecho de Magallanes o cruzarían armados el canal de Panamá.

Estas publicaciones destinadas a desatar las iras del personal uniformado iban acompañados de partes de “guerra” que el citado Hunter emitía por las radios. El personalmente azuzaba las detenciones en poblaciones de Valdivia y daba a conocer estas operaciones de “liberación”. Transmitió directamente el bombardeo por aviones Hawker Hunter de sectores montañosos que eran presentados como operaciones anti-guerrilleras.

A partir de la prédica terrorífica de Hunter el trato a los prisioneros políticos valdivianos se hace brutal. Es muy significativa la declaración de Víctor Hormazabal en el proceso judicial que sustancia el ministro Correa donde da cuenta como al llegar esposado al aeropuerto de Las Animas es golpeado brutalmente por oficiales de ejército que le imputan precisamente el haber querido dar muerte a sus mujeres e hijos.

Hay dentistas como Armando Robles Jensen, que llegaron a aplicar corriente eléctrica en los dientes de los presos políticos.

Este tipo de tratos crueles y degradantes son de acuerdo al abogado Roberto Avila “producto directo de las invenciones calumniosas de Hunter”.

El Plan Z ha dicho su autor Federico Willoughby Mac-Donald no fue sino parte de la guerra sicológica. Los querellantes valdivianos señalan que “el ejecutor en nuestra ciudad de esa operación mentirosa y criminal en sus propósitos fue Eduardo Hunter. Su finalidad era desatar la violencia militar sobre los civiles presos, eso lo consiguió y eso hace al inculpado responsable penalmente de las torturas denunciadas”.

Las cosas se han puesto difíciles para quienes violaron los DDHH en la ciudad austral. Así el ex teniente de ejército Alejandro Héctor Kraemer Pinochet acaba de ser procesado por el homicidio del presidente de la Juventud Socialista de Valdivia Víctor Hugo Carreño, estudiante de 21 años, cometido el 5 de Octubre de 1973. El procesamiento fue dictado por la ministra Ema Díaz a solicitud del abogado querellante Wladimir Riesco y luego confirmado por la Corte valdiviana.

Mañana viernes en la Corte de Apelaciones de Valdivia se llevará a cabo una importante diligencia policial en la cual se podría comenzar a esclarecer delitos realizados durante la Dictadura Militar en el año 1973, de una persona reconocida por la comisión Rettig, como preso político y torturado.

Es un caso que lleva la justicia hace un año y medio, por la denuncia efectuada por Harry Cohen Vera, quien afirma haber sido torturado en los años de la Dictadura de Pinochet, por el ex alcalde de providencia Cristian Labbé Galilea y el periodista y ex presidente de Renovación Nacional en Valdivia, Eduardo Hunter Abarzúa.

El abogado querellante de la causa, Roberto Ávila en conversación telefónica con El NavegHable, explicó que todo se remonta al mes de noviembre de 1973 “cuando don Harry Cohen Vera, un muchacho en esa época, que no tenía ninguna participación política, fue arrestado, sometido a terribles torturas, simplemente por usar pelo largo y barba, formas que no eran del agrado de la Dictadura Militar de aquel tiempo”.

El abogado narra que Cohen Vera fue encarcelado en la comuna de Futrono, y llevado hacia Panguipulli en un helicóptero, “lugar en que fue torturado directamente por don Cristian Labbé Galilea. Eduardo Hunter Abarzúa, un periodista del diario El Correo y corresponsal de la Revista Vea en esos años se prestó e interrogó personalmente al detenido para sindicarle como un peligroso guerrillero, y un peligro para la sociedad, circunstancia que ésta persona no había cometido otro delito si lo fuera de usar el pelo largo y barba”.

Según los antecedentes, el ex alcalde de Providencia en un primer momento habría negado los hechos de los cuales es acusado ante la Policía de Investigaciones, pero posteriormente debió retractarse porque existen registros de diarios de la época y declaraciones de otros oficiales del ejército que vinculan a Labbé ejercía como instructor de tortura.

El abogado de Derechos Humanos, Roberto Ávila junto al ex intendente y ex alcalde de Valdivia, Sandor Arancibia y Luis Díaz, respectivamente dieron a conocer acerca del progreso alcanzado en una causa por torturas, secuestro y asociación ilícita, que lleva el Ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Juan Ignacio Correa.

Los querellantes apuntan responsabilidades en un ex teniente del Ejército, Patricio Kellet Oyarzún, quien según testigos ejerció tortura en contra de prisioneros políticos al interior del Cantón Bueras y también en el periodista Eduardo Hunter Abarzúa, actual presidente regional de Renovación Nacional, el que desde su posición de corresponsal de guerra, habría con sus crónicas, inspirado el famoso Plan Z, con el cual se condenó a numerosas personas el año 73.

El Doctor Sandor Arancibia, ex intendente de la época, quien reside actualmente en Francia, estuvo este viernes en la Corte de Apelaciones, ampliando sus declaraciones, ante el Magistrado Correa, luego de lo cual conversó con El NavegHable y manifestó que se busca que los responsables de haber inventado historias, como es el caso del periodista Eduardo Hunter, paguen ante la justicia el daño que hicieron.

“Le conté al juez, que por ejemplo, yo y Luis Díaz, estábamos encargados de llamar a todos los niños, hijos de los militares, para organizarles una fiesta en el Coliseo Municipal de Valdivia, y cuando ya los tuviéramos, éstos nos servían de rehenes y pedir a sus padres que se rindieran y nos entregaran las armas, o sea, cuentos de esa naturaleza, que en la época había una población que era capaz de aceptarlas y recibirlas”, relató Arancibia.

El abogado Roberto Ávila, por su parte informó que se solicitará el procesamiento de las personas mencionadas, agregando que también será citado como inculpado, el dentista valdiviano, Armando Robles Jensen, profesional que en su calidad de cirujano dentista habría participado en sesiones de tortura en esa época.

Esta querella fue presentada hace un año en la Corte de Apelaciones y nada tiene que ver con el actual contexto electoral, manifestaron Díaz y Arancibia.  La acusación, cuestiona la legitimidad y acción de los Consejos de Guerra de la época  y acusa de los secuestros y torturas sufridos por numerosos simpatizantes del régimen de la Unidad Popular.

El ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Ignacio Correa, a cargo de una causa de derechos humanos, informó que el Servicio Médico Legal, ya fijó un horario de atención al ex intendente valdiviano Sandor Arancibia y varios presos políticos que durante el pasado Régimen Militar fueron víctimas de torturas en la región.

Correa dijo que se trata de diligencias decretadas en la causa que está en etapa de sumario y que corresponde a una querella presentada en el tribunal de alzada, por el ex intendente Arancibia y patrocinada por el abogado Roberto Ávila.

"Hay varias diligencias decretadas que el abogado del querellante las conoce-dijo el ministro – entre éstas, unos informes solicitados al Servicio Médico Legal, que ya ha dado hora de atención a personas que serán examinadas”

Querella general

Correa explicó que se trata de una querella "presentada en términos generales, por el delito de aplicación de tormentos", y que "no hay una querella específicamente dirigida en contra de una determinada persona".

Dijo que la causa estaba en etapa de sumario, por hechos que ocurrieron después del golpe militar de 1973, por lo que la investigación y sus diligencias decretadas, "deben hacerse de manera muy responsable, protegiendo naturalmente los derechos de la parte querellante; pero también reguardando los derechos de las personas que son mencionadas en la causa como inculpadas".

Sobre ellas, y que según la querella presentada, se trata del doctor Armando Robles; el entonces teniente de Ejército, Patricio Kellet; y el periodista Eduardo Hunter, el ministro Correa, dijo que hasta ahora estas personas, "no figuran con ninguna responsabilidad penal, a la luz de la investigación que en estos momentos se está realizando".

Señaló, además, que estas personas ya acudieron a prestar sus declaraciones y que lo que manifestaron era parte del sumario, por lo que su contenido no se podía conocer.
 

El abogado relató el actuar del militar en retiro durante su paso por el Regimiento Cazadores en Valdivia. En el lugar habría participado en torturas directas contra opositores al régimen, entre ellos, en las que aplicaron a sus nueve defendidos.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado de Derechos Humanos, Roberto Ávila comentó sobre la condena que el ministro en visita Álvaro Mesa dictara en contra de Santiago Sinclair, militar en retiro que fuera miembro de la Junta Militar, por su participación en los apremios ilegítimos aplicados a nueve detenidos por el denominado “Plan Z” en Valdivia.

El querellante en la causa recordó que el ex vicecomandante del Ejército, en 1973 era el comandante del Regimiento de Cazadores en la ciudad hoy capital de la región de Los Ríos. En el lugar, específicamente en el gimnasio del recinto militar, se instaló un centro de tortura donde diariamente se interrogaban presos políticos, al menos 3 mil valdivianos habrían pasado por esas salar de torturas.

“La participación del señor (Santiago) Sinclair es directa. Un ejemplo de ello es que como muchos de los conscriptos eran originarios de la misma región, conocían a las personas que llevaban presas, entonces mostraban algunos gestos de humanidad con ellos o eran renuentes a aplicar tratos especialmente brutales. Frente a ello, el general Sinclair formó a la tropa y los amenazó directamente con que iba a fusilar a quienes tuvieran actos de misericordia con los que él llamaba presos políticos… algo de eso hubo, hay conscriptos desaparecidos, otros muertos en extrañas circunstancias” relató el abogado.

Ávila responsabilizó al propio ex ministro de Pinochet de organizar los grupos operativos que detuvieron y practicaron torturas, entre ellos  a sus nueve representados: El doctor Arancibia, ex intendente de Valdivia, el ex alcalde Luis Díaz Muñoz, y toda la directiva del Partido Socialista, encabezada por Uldaricio Figueroa.

El abogado también recordó que a Santiago Sinclair le han sido adjudicados varios otros hechos atentatorios contra los Derechos Humanos. “Tiene una variedad bastante amplia del Código Penal en su actuar, desde participación en fusilamientos hasta aplicación de torturas brutales como electricidad en los vientres de los detenidos, en la cual participaron algunos médicos, traicionando la naturaleza y su juramento, como el doctor militar Armando Robles Jensen, o el periodista Eduardo Hunter Abarzúa, que inventaba planes. Por alguna razón, y con bastantes méritos, Santiago Sinclair fue vicecomandante en jefe del ejército de genocidas que dirigía el General Pinochet. Por alguna razón, más que suficiente a la luz de los expedientes judiciales, el General Pinochet confiaba en él”, tanto que lo nombraron senador designado después de 1990.

Roberto Ávila también explicó los siguientes pasos del proceso:”Esta investigación lleva aproximadamente cinco años, pero está prácticamente agotada. Hay nueve procesados, esperamos que se agreguen otros tres últimos que son civiles para que se cierre. Queremos que se dicte condena a la brevedad, porque están todas las condiciones. Esperamos que la justicia se aplique en este mundo y no quedemos a la espera de la justicia divina como lo parecen querer las defensas, que hacen todo lo posible por obstaculizar el desarrollo de los procesos”, no poniendo todos los antecedentes a disposición.

El « Plan Zeta », creación de mentes afiebradas, consistía, según se dijo en esos años, en asesinar masivamente a personal de las Fuerzas Armadas. La propia CIA reveló en 1999 que dicho plan « nunca existió », y que fue solo « una operación de guerra psicológica de Pinochet ». Cambio21 obtuvo documentación exclusiva que revela los alcances de esta gigantesca mentira.

« Estaba parado frente a mí, me tenían vendado y amarrado, inerte frente al torturador. Comenzó a hablar, le reconocí por el lenguaje profesional, era colega, un dentista. En Valdivia eran pocos en ese momento y fue fácil saber de quién se trataba. Él seleccionaba la pieza dentaria en que se debía aplicar el tormento, no tuvo piedad ». Así relata el médico y científico Sandor Arancibia Valenzuela, quien fuera Intendente en esa sureña ciudad en 1973, su cara a cara con la dictadura.

Hoy, como querellante, acusa al ex teniente del Ejército, Patricio Kellet Oyarzún, quien reconoce haber torturado a prisioneros políticos al interior del Cantón Bueras, a Armando Robles Jensen, que en su calidad de dentista habría participado en sesiones de tortura, y también imputa al periodista Eduardo Hunter Abarzúa, dirigente regional de Renovación Nacional, quien comenzaba sus crónicas, dando por hecho el famoso Plan Z, con el cual se condenó a numerosas personas el año 73 y a otros ciudadanos, incluso fueron sentenciados a muerte, otros a cadena perpetua.

Estrategia golpista

« Los interrogatorios eran brutales, en ellos buscaban que se ratificara lo que ellos querían que se declarara, lo que estaba preestablecido. Luego se pasaba a hablar con el Fiscal, donde había derecho a café y cigarro, claro, siempre que se ratificara lo que había sido obtenido bajo tortura, sino allí mismo se acababa la « tertulia » y se volvía a la sesión de interrogatorios criminales. Entre los Fiscales que actuaron estaba Bernardo Puga, hermano del sacerdote Mariano Puga », recuerda Arancibia.

Han pasado muchos años, es cierto, por aquella época empinaba los 28 y se había transformado en el Intendente más joven de Allende en la zona. Aunque voces amigas, como una trabajadora de casa particular que le relató, antes del Golpe, que había escuchado en casa de sus patrones, que civiles daban nombres de « enemigos » con los cuales saldar cuentas y se organizaban para ello, no tuvo miedo ni dudó que los militares serían leales al gobierno constitucional. No fue así. Asegura el doctor Arancibia, que « eran los albores del Plan Z ».

« Creo que en la estrategia militar, se trataba de condenar de una manera ejemplar a quien era la primera autoridad provincial en Valdivia. Esto estaba preparado desde hacía tiempo ya por civiles, no solo militares. Llama la atención -señala-, que el mismo 12 de septiembre ya estaban todas las autoridades del país designadas y en sus puestos. Con lo que cuesta a los gobiernos democráticos hacerlo, es un tema que no puede pasar inadvertido, fue lo mismo que aconteció con los comestibles que aparecieron en el mercado al día siguiente del golpe », reflexiona.

Documento revelador

Cambio21 tuvo acceso a un documento histórico, desconocido hasta ahora, con las declaraciones consignadas en el Parte de Carabineros de Chile, 1ª Comisaría de Valdivia, Tenencia Gil de Castro, firmada el 24 de noviembre de 1974 por René Quezada de la Plaza, Comisario y Mayor de Carabineros y por Rubén D. Aracena González, Teniente de Carabineros y jefe de la Tenencia.

En el documento dirigido a la Fiscalía del Ejército de Valdivia (causa rol 1455-73), se da cuenta que la « Unidad Popular, específicamente el Partido Socialista, con anterioridad al 11 de septiembre de 1973, elaboró planes destinados a la neutralización de las FFAA y Carabineros, como igualmente comenzó a planificar la acción a desarrollar ante la evidencia de un enfrentamiento, ya sea con civiles o las FFAA ».

El documento detalla acciones consistentes en el « secuestro de familiares de jefes y personal de las FFAA y Carabineros ». Los secuestrados, apresados en acciones tipo « comando », serían reunidos en un lugar y luego, ya en cautiverio, serían cambiados por « armas ». Agrega, que los que se opusieran « serían fusilados ». También asegura el documento por primera vez dado a conocer a la opinión pública por Cambio21, que las poblaciones de uniformados serían rodeadas y conminadas a entregar las armas y rendirse.

El Plan Z detallaba, según el parte policial que dio origen a los Tribunales de Guerra en contra del Intendente Sandor Arancibia Valenzuela y otras autoridades, incluía « emboscar patrullas (militares) y obtener la mayor cantidad de armamentos ». Para llevar adelante su plan, Arancibia y las demás autoridades de la época, se valdrían del apoyo de barcazas cubanas que llegarían por el río a Valdivia.

¿De dónde salió el Plan Z ?

Desde luego, el Plan Z solo tuvo existencia en la mente afiebrada y maquiavélica de unos pocos que buscaron, a nivel nacional, justificar la acción violenta emprendida en contra de los seguidores de Allende y por otra lograr la unidad, ante la amenaza común, de las fuerzas armadas y carabineros. Muchos eran capaces de jurar que sí existió. Hoy, la mayoría de quienes defendieron su existencia, mira con vergüenza el suelo cuando se les pregunta sobre el tema.

Lo grave, es que varios chilenos y chilenas fueron condenados, incluso a muerte, teniendo por justificación el mentado plan. El doctor Sandor Arancibia, quien reside actualmente en Francia y está de paso en el país para dar curso a la querella que tramita el Ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Juan Ignacio Correa, fue uno de los condenados por « traición a la Patria », de acuerdo al parte policial que acogió como verdad absoluta, el Consejo de Guerra.

« Así que voh hijo de p…. ibas a matar a mis hijos » le decían mientras le torturaban. No hubo defensa real, los pasaban a manos de los torturadores y cuando estaban « blandos », debían comparecer ante el Fiscal Militar. Si negaban lo que decían las declaraciones « voluntarias » prestadas frente a los torturadores, eran nuevamente enviados a sus manos, para que « meditaran » sus dichos.

Qué era el Plan Z

« Plan Z » es el nombre atribuido a un presunto proyecto del gobierno de Allende, para ejecutar una insurrección armada, una especie de autogolpe, con el fin de imponer por las armas un gobierno marxista. Para ello, buscarían descabezar las FFAA y a Carabineros. La supuesta existencia de este plan fue divulgada profusamente por militares y autoridades de la dictadura.

Archivos desclasificados por la CIA en 1999, acreditaron que el Plan Zeta nunca existió, y que por el contrario, fue una operación de guerra psicológica de Pinochet y los militares chilenos, particularmente de la Armada de Chile, en que impusieron la lógica del son « ellos o nosotros », para justificar la represión y violaciones a los derechos humanos llevados a cabo durante la dictadura militar.

Sin embargo, en aquella época, altas autoridades del gobierno cívico militar, aseguraban que era una realidad. Entre ellos el mismo Pinochet. Pero no se trató solo de un absurdo montaje, sino que de uno macabro, que llego a segar vidas y justificó atrocidades. Federico Willoughby, otrora activo colaborador del régimen, descartaría más tarde dicho plan denunciándolo como una « falsedad ».

El 18 de septiembre del 73, El Mercurio titulaba a 8 columnas : « El ex gobierno marxista preparaba un autogolpe de Estado ». ¡Aterradora información ! Según esta, la Administración de Salvador Allende habría fomentado un plan de asesinato masivo de militares, dirigentes políticos y periodistas de la oposición, sin olvidar a sus familias. El nombre en código era « Plan Z ». La nota era firmada por Julio Arroyo Kuhn.

Dudas de la prensa

« General, ¿se pueden ver los túneles y armas ? ». Bastó esa pregunta de un joven periodista, de pelo negro largo y barba abundante, al entonces general Óscar Bonilla, durante una conferencia de prensa en que se aseveraba la existencia del « Plan Z », para que el militar, molesto, preguntara quién y de dónde era el reportero que hacía la consulta -que por cierto quedó sin respuesta-.

Cuando se enteró que trabajaba en una revista de línea editorial opositora a la UP, no hubo represalias. La versión que se « filtró » a la prensa en esa oportunidad fue que bajo la elipse del Parque Cousiño (así se llamaba en esos años el Parque O’Higgins) había túneles, armas y explosivos con que supuestamente se daría de baja a 10 mil militares el 19 de septiembre de 1973, durante la Parada Militar. La prensa independiente no podía creer tal afirmación, y menos sin pruebas.

Días después, hubo otra descabellada información. El secretario de la Junta de gobierno, coronel Pedro Ewing, el 22 de septiembre de ese año en una conferencia de prensa, ante periodistas nacionales y extranjeros, informó que el 19 de septiembre, día del Ejército, « Allende proyectaba invitar a almorzar al Alto Mando al palacio presidencial de La Moneda. Sorpresivamente, sus guardias, disfrazados de camareros, acribillarían a los oficiales, mientras que en el parque los militares que se aprestaban a desfilar y los dirigentes de la oposición serían ejecutados. En las provincias se producirían masacres similares ». Al día siguiente se iba a instaurar la « República Popular Democrática de Chile ».

Esa fue una de las tantas « confirmaciones » de la existencia de este imaginario Plan Z. Hasta hoy mentes afiebradas siguen creyendo en él, como el dirigente UDI Felipe Cuevas, detenido en Venezuela por sacarle fotos a un recinto militar sin identificación, quien describió la « persecución » que habría sufrido : « Mi abuelo estuvo en la lista negra del Plan Z ».

No se busca venganza

Sandor Arancibia vive desde que fuera exiliado por conmutación de la pena de presidio perpetuo, en la ciudad de Montpellier, al sur de Francia. Allí destacó como un importante científico al igual que su esposa Lucy. Acaba de llegar a Chile para cumplir trámites judiciales como querellante en contra de quienes le secuestraron, mantuvieron ilegalmente privado de libertad, torturaron y condenaron en un Consejo de Guerra sin fundamento ni base legal.

Señala estar respondiendo a lo que le ordena su conciencia. Dos son sus motivaciones : « La primera es estrictamente personal, fui condenado por un delito de traición a la Patria, que no cometí y debo ser reparado moral y legalmente por ello. No puedo terminar mis días concibiendo que en mi país se me haya acusado de un delito de traición. La segunda razón, es que nuestra querella, contribuye a esclarecer los hechos de lo que realmente pasó en Chile », asegura.

« En Valdivia hubo genocidio, con más de 3 mil presos políticos, torturas aberrantes, crímenes y tantos otros abusos que resulta difícil de relatar. Es una buena muestra de lo que aconteció en el país entero, a partir del 11 de septiembre del 73 », afirma Arancibia. Y al igual que en las demás causas intentadas por derechos humanos, Valdivia no ha estado exenta de un increíble inmovilismo en el trámite de querellas que terminen en condena.

Paramédico se decidió a hablar

Su testimonio ha sido vital en la causa, se trata del paramédico Rolando Jaramillo, quien declaró a fojas 485 con fecha 15 de mayo de mayo del presente año ante el Tribunal, por la querella presentada por el doctor Arancibia. A fines de septiembre del 73 se desempeñaba en Gendarmería, desde allí fue llevado a la enfermería por un médico del Ejército de « apellido Saldías, que al parecer se llamaba Francisco, me pidió que fuera a trabajar y ayudar allí (ya que) habían muchos heridos producto de las torturas ».

Entre otros, aparece de sus declaraciones el nombre del médico (Marcelo) Jara de la Maza, « quien atendía algunos casos y también constataba el estado en que regresaban algunos presos políticos que habían sido sacados del lugar por patrullas militares (…) quien daba las órdenes de sacar a los presos era el teniente (Patrico) Kellet (Oyarzún), recuerdo que cuando devolvía a las personas las tiraba como estropajo, en muy malas condiciones y yo debía ir a atenderlas », afirmó Jaramillo en el proceso.

« (…) Vi quemaduras de cigarro en distintas partes del cuerpo, también por electricidad y quedaban lesiones moradas y rojizas, también vi manchones en la piel que pueden haber sido golpes, pero en la zona de los genitales se notaba que era por electricidad », son algunas de sus declaraciones judiciales.

Roberto Ávila : « Se culpan y exculpan unos a otros »

Hoy están dadas las condiciones para procesar a los culpables, declara a Cambio21 el abogado de la causa, Roberto Ávila. « Existen testimonios abundantes, alrededor de 20, entre los cuales no solo se encuentran los de las víctimas, sino que de a lo menos 3 personas que declaran acreditando la tortura y que eran parte de instituciones armadas, que estaban en ese lugar y ese momento, que presenciaron directamente estos terribles hechos ».

Para el profesional, « Existe también abundante documentación, incluidos informes médicos internacionales (y peritaje del Instituto Médico Legal de Chile), que acreditan la pérdida de piezas dentales producto de la acción traumática de la tortura, por ejemplo, pero no solo eso, sino que además confesiones como la de Patrico Kellet, quien reconoce golpes y tratos crueles y degradantes a los prisioneros políticos », señala.

« Es increíble que el Mayor de Carabineros que suscribe este parte policial, documento inédito que da cuenta de la aplicación del Plan Z, si bien reconoce la firma, achaca al teniente que también puso su rúbrica, como el responsable del contenido, a quien inculpa además por haber pasado posteriormente a prestar servicios a la CNI », indica Ávila.

"Además -asegura el profesional-, este proceso ha derivado en la perversión absoluta de distintas profesiones, militares que se alzan en contra del gobierno legalmente constituido, al cual tenían la obligación de darle la fuerza para la ejecución de sus resoluciones ; profesionales de las ciencias médicas como Marcelo Jara de la Maza y Armando Robles Jensen, cuya ciencia está dirigida a mitigar el dolor y no a crearlo ; periodistas como Eduardo Hunter Abarzúa, que deben entregar a la ciudadanía el conocimiento de la realidad y él fabula, construye mitos que dan lugar a la tortura, a la prisión y muerte de personas y también profesores, como el caso de doña Layla Mahuad Chabair, cuya profesión es formar muchachos, pero que se transformó en una delatora", concluye el abogado Ávila.

El ex oficial de ejército Patricio Kellet Oyarzún  se encuentra en calidad de prófugo de la justicia. Recaen sobre su persona dos órdenes de detención: una por estafa y otra en una causa por violación de Derechos Humanos. Kellet fue el jefe de la  inteligencia militar en Valdivia al 11 de Septiembre y en tal calidad llevó adelante la represión política en la sureña ciudad, en la cual según su propia confesión se detuvieron a mas de 3.000 personas, las cuales fueron interrogadas bajo torturas.

En la Corte de Valdivia se tramita una causa en su contra por los delitos de asociación ilícita, torturas, usurpación de funciones y secuestro, en la que se despachó orden de detención en su contra. Esta investigación se inició por la presentación de una querella por parte del exintendente de Valdivia al año 1973 Sandor Arancibia con el patrocinio del abogado Roberto Àvila.

En ella se denuncian estos delitos cometidos en contra de la propia persona de Arancibia, como también en contra del entonces alcalde Luis Díaz y dirigentes sociales y políticos pertenecientes al Partido Socialista como  Uldaricio Figueroa, Rogers Delgado, Joel Asenjo y Víctor Hormazabal.

A estas personas se les acusó de haber dispuesto la ejecución de un llamado Plan Z que involucraba el secuestro de hijos y esposas de personal uniformado que sería acompañado de un desembarco de tropas cubanas que en botes inflables llegarían a Valdivia desde el Caribe.

En la causa promovida pr el ex Intendente Arancibia,  el propio exsecretario de prensa de la Junta Militar Federico Willoughby desmintió la existencia de este plan. Sin embargo, los militares sometieron a Consejo de Guerra a los acusados y les condenaron a cadena perpetua, lo que les significó años en cárceles chilenas y el posterior exilio.

En este mismo proceso han declarado como inculpados el ex fiscal militar Bernardo Puga, el presidente del Consejo de Guerra Juan Carlos Guillermo Michelsen Délano (recientemente procesado en Santiago por 12 homicidios de opositores a la dictadura militar), el periodista Eduardo Hunter Abarzúa y los oficiales de Carabineros René Quezada de la Plaza y Rubén González Aracena (condenado por tres homicidios de jóvenes valdivianos).

Se encuentra pendiente la declaración de Layla Mauad Chabair, entonces directora del Instituto Comercial de Valdivia, acusada por los querellantes de ser parte de un red de soplonaje en la ciudad. Mauad Chabair delataba a sus propios alumnos ante las autoridades militares.

El prófugo Kellet Oyarzún, argumentando hechos distantes de la realidad, consiguió ser declarado «exonerado político» y en tal calidad cobra 1.500.000 pesos mensuales de los programas de reparación establecidos por el Estado de Chile para las víctimas de la dictadura.

La Corte de Apelaciones de Valdivia revisó el sábado -16 de enero- las apelaciones presentadas ante el tribunal de alzada, tanto por la defensa como por los querellantes de Patricio Alejandro Kellet Oyarzún, procesado por el delito de lesa humanidad de aplicación de tormentos, en la persona de Rogers Sigfredo Delgado Sáez, cometido entre septiembre y diciembre de 1973.

En fallo unánime (causa rol 231-2015), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Darío Carretta, Loreto Coddou y el ministro suplente Carlos Acosta– confirmó la sentencia dictada el 6 de noviembre pasado, por el ministro instructor de la causa, Juan Ignacio Correa, respecto del procesamiento de Kellet Oyarzún y el no someter a procesamiento a René Quezada de La Plaza, Rubén Aracena González y Juan Yáñez Ruíz por los delitos de torturas y de asociación ilícita.

Respecto del auto de procesamiento de Kellet Oyarzún, el fallo expone “Que a juicio de esta Iltma. Corte los antecedentes escritos en la resolución apelada, conforme lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, son suficientes para tener por justificada la existencia del delito ya referido, apareciendo presunciones fundadas para estimar que el imputado Patricio Alejandro Kellet Oyarzún, ha tenido una participación culpable en el mismo como autor intelectual y material, conforme lo dispuesto en el artículo 15 Nº 1 del Código Penal”.

En relación a la apelación de los querellantes sobre el procesamiento de Quezada de La Plaza, Aracena González y Yáñez Ruíz la resolución de alzada indica “Sobre el particular cabe tener presente, haciéndose cargo esta Iltma. Corte de las alegaciones de la querellante, que los antecedentes allegados al proceso hasta este momento no, son suficientes para estimar que existan presunciones fundadas de participación de los referidos imputados en los delitos de tortura y/o asociación ilícita, materia de la querella rolante a fs. 58 y ss”.

En la sentencia se revoca además, la prescripción que la resolución de primera instancia había decretado sobre Eduardo Hunter Abarzúa “Se REVOCA la resolución apelada de seis de noviembre de dos mil quince, escrita a fojas 1480 y siguiente, y se resuelve que no se hace lugar a declarar prescrita la acción penal respecto de Eduardo Hunter Abarzúa”.