Huber Von Appen Ernesto Leonardo

En cuestión de días, o tal vez sólo de horas, la ministra de fuero Gabriela Corti decretaría el procesamiento de cuatro ex oficiales de la Armada como responsables del “secuestro calificado” del ex interventor de la CCU, regidor de Limache, constructor civil y periodista Jaime Aldoney Vargas, hermano del ex intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney.

Los autos de procesamiento fueron solicitados el pasado 25 de octubre por el abogado y parlamentario Juan Bustos, uno de los querellantes en este caso, y se fundamentan en gran cantidad de antecedentes que configuran la plena convicción de responsabilidad en el secuestro, de los hoy oficiales en retiro de la Armada Ernesto Huber von Hapen, Patricio Villalobos Lobos, Manuel Bush López y Pedro Pablo Aracibia.

En su solicitud, el abogado Bustos pide someter a proceso a los cinco oficiales en retiro por infracción al Artículo 274 del Código Penal; es decir, por secuestro calificado en la persona de Jaime Aldoney, hecho registrado el 12 de septiembre de 1973 en Limache y El Belloto, comuna de Quilpué.

Aldoney fue detenido por Carabineros de Limache en la Planta CCU el 12 de septiembre de 1973, al día siguiente del golpe militar. Fue torturado en la Comisaría local y luego enviado a la Base Aeronaval de El Belloto, donde también fue sometido a tormentos por efectivos de la Armada que están plenamente identificados.

En el recinto naval fue visto por numerosos testigos detenidos y efectivos de la Armada que han dado testimonio de haberlo apreciado severamente lesionado, en estado prácticamente agónico.

Testigos y fuentes cercanas al proceso han sostenido a este sitio de noticias que el 14 de septiembre de 1973, Aldoney se hallaba no sólo grave por efecto de las torturas, sino además aquejado de una neumonitis, producto de su larga permanencia a la intemperie sin abrigo.

En tales circunstancias y con un informe médico como desahuciado, fue subido a una avioneta (hay quienes afirman que se trató de un helicóptero) mientras aún permanecía con vida.

Habría dejado de existir en el trayecto desde Quilpué hasta la costa, frente a Con-cón, donde habría sido arrojado al mar.

Tras un año de investigación, la ministra de fuero Gabriela Corti sometió ayer a proceso a cinco oficiales en retiro de la Armada y un civil como presuntos autores de secuestro calificado del ingeniero Jaime Aldoney (PS), detenido desaparecido desde el 12 de septiembre de 1973. El caso es emblemático para las agrupaciones de derechos humanos de la Quinta Región, ya que es uno de los pocos crímenes en que están vinculados efectivos de la Marina en su ejecución. También impacta a la Armada pues, a diferencia del Ejército y de la Fach, ésta sólo contaba con un par de oficiales (R) procesados por violaciones a los DD.HH, relacionados a acciones del Comando Conjunto.

Los encausados ayer son el contraalmirante (R) Ernesto Huber Von Appen, los tenientes (R), Sergio Iván Mendoza Rojas, Patricio Maximiliano Villalobos Lobos, Pedro Pablo Arancibia Solar y Jaime Ondargarín Romero, y el ex cabo Manuel Bush López, actual funcionario de la Municipalidad de Quilpué. Los ex uniformados fueron trasladados ayer bajo custodia de funcionarios de la Armada y en un vehículo de esa institución al juzgado del Crimen de Limache en donde fueron notificados por la magistrada de la encargatoria de reo.

Al lugar también acudieron los diputados y abogados querellantes, Laura Soto (PPD) y Juan Bustos (PS) y el hermano de la víctima Gabriel Aldoney, director de la Empresa Portuaria de Valparaíso, quienes criticaron a la Armada por entregar "apoyo institucional" a los inculpados y la emplazaron a colaborar en el caso. "Pedimos que sea la Armada la que en un real gesto hacia el país, reconozca la verdad y finalmente le diga a la familia dónde están los restos de Jaime Aldoney", afirmó Laura Soto.

En la rama castrense ayer no se quiso hacer comentarios sobre el tema. No obstante, el comandante en jefe, Miguel Angel Vergara -quien se encuentra en Corea- señaló en septiembre pasado respecto al eventual procesamiento de los oficiales que "si se llegó al convencimiento que tienen que ser condenados, lo lamentamos, pero la justicia tiene que cumplirse".

Respaldo de senador Arancibia

El ex comandante en jefe de la Armada, senador UDI, Jorge Arancibia, manifestó ayer que los oficiales (R) "en tanto no sean encontrados culpables van a contar con mi simpatía, mi respaldo y mi apoyo si es necesario". El parlamentario señaló que el contraalmirante Huber "es amigo mío, siento un doble sentimiento de ver una persona de esa alcurnia en esa situación, confío que la justicia logre despejar las dudas". Arancibia agregó que cuando estuvo en la Armada, hizo todo lo posible por encontrar más información sobre Aldoney, pero sin éxito.

Jaime Aldoney era estudiante de periodismo e interventor de la CCU cuando fue detenido por Carabineros en 1973. Según los testimonios de la época desde la comisaría de Limache fue llevado por efectivos de la Armada a la base aeronaval de El Belloto -de la que estaba al mando Huber- allí fue torturado y se perdió su rastro. Testigos aseguran haber visto su cadáver el 26 de septiembre en la morgue del Hospital Deforme de Valparaíso. En busca de sus restos, la jueza Corti hizo el año pasado infructuosas excavaciones en Colliguay

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones, en fallo unánime, otorgó la libertad provisional a cuatro de los seis procesados por la desaparición del ex interventor de la CCU en la Quinta Región, Jaime Aldoney Vargas.

Los beneficiados con la resolución judicial son el contralmirante (R) Ernesto Huber Von Appen; los capitanes de navío (R) Sergio Mendoza y Patricio Villalobos; y el suboficial (R) Manuel Buch López.

En tanto, continúan detenidos el civil Jaime Undargarín y el capitán de navío (R) Pedro Pablo Arancibia Soler.

Jaime Aldoney, militante socialista, constructor civil, fue detenido el 12 de septiembre de 1973 en Limache y trasladado a la base aeronaval de El Belloto por personal de la Armada. Allí fue sometido a torturas y se perdió su rastro.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso aplicó penas tan bajas que los siete condenados las cumplirán en libertad.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso no aplicó el derecho penal internacional que declara inamnistiables e imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, y dejó libre a los siete secuestradores del regidor socialista Jaime Aldoney Vargas, cuyo cuerpo fue, presumiblemente, lanzado al mar por los mismos oficiales de la Armada liberados.

Los ministros Manuel Silva Ibáñez y Gonzalo Morales (voto de mayoría) aplicaron el criterio jurídico de la "media prescripción" y aplicaron condenas de tres años y 541 días en contra de los seis capitanes de navío (R) -Patricio Villalobos Lobos, Pedro Arancibia Solar, Jaime Urdangarín Romero, Germán Valdivia Keller, Guillermo Vidal Hurtado y Sergio Mendoza Rojas- y el contraalmirante (R) Ernesto Huber von Appen.

Como las penas son inferiores a cinco años y un día todos los sentenciados las cumplirán en libertad.

La media prescripción es una fórmula "de reconciliación", instalada hace dos años por la Sala Penal de la Corte Suprema, que permite aplicar penas bajas a quienes cometieron crímenes durante la dictadura.

La sentencia fue considerada "grave y lamentable" por la abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Karina Fernández, querellante en la causa: "se aplicó un tipo de prescripción a violadores de derechos humanos que les permite seguir libres, en una sentencia absolutamente contradictoria con los principios del derecho internacional".

La abogada dijo a La Nación que "la Armada no colaboró en la investigación, por lo que es aún más injusto" y agregó que "recurriremos de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema".

Jaime Aldoney, ex interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas de Limache y hermano del ex intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, fue detenido tras el golpe militar de 1973 y torturado en la base aérea naval de El Belloto, desde donde despareció.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de Jaime Aldoney Vargas, periodista y exregidor de Limache, y ejecutado a partir del 12 de septiembre de 1973 desde la base aeronaval de El Belloto. En fallo dividido los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller determinaron las penas, acogiendo la investigación que realizó el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda Lillo.
La condena se dictó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes fueron partidarios de acoger la causal de prescripción de la acción penal. 

El fallo absolvió a dos de los ocho acusados en la causa por falta de participación en los hechos: el contraalmirante en retiro Ernesto Huber Von Appen y al oficial en retiro Manuel Buch López. 

Cinco de los otros acusados fueron condenados a 5 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada. Ellos son los capitanes de navío Patricio Villalobos Lobos, Pedro Arancibia Solar, Jaime Urdangarín Romero, y Germán Valdivia Keller.

Como encubridor se condenó al capitán Guillermo Vidal Hurtado a la misma sentencia, mientras que al capitán en retiro Sergio Mendoza Rojas se le aplicaron sólo 4 años y también con libertad vigilada.

En el aspecto civil se determinó que los condenados Valdivia Keller, Arancibia Solar, Urdangarín Romero y Mendoza Rojas deben cancelar una indemnización solidaria de $ 30.000.000 a
Gabriel e Iván Aldoney Vargas, hermanos de la víctima. 

Asimismo se desestimó la demanda en contra del Fisco de Chile acogiendo la causal de incompetencia absoluta del tribunal. En el aspecto civil, la determinación de acoger la excepción a favor del Fisco de Chile se adoptó con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Künsemüller.

Desde tiempos inmemoriales, en Valparaíso mora el viento: por ahí, agazapado entre las rocas y el canto de los pelícanos, acariciando con su risa los estertores del primer amor. Pero una fría mañana de invierno tardío se acabó la risa, huyeron espantados los alcatraces de la bahía y la brisa marina se vistió de uniforme, cuando la Armada de Chile salió a matar.

Y lo hizo con odio, organizadamente, planificadamente, aplastando cráneos y costillas, calles y sueños por igual.

EN el buque escuela "Esmeralda" fueron torturados decenas de hombres y mujeres, entre ellos el sacerdote Miguel Woodward, que falleció.

El miedo y el horror se entronizaron en la ciudad con angustiantes gritos, con fuscos llantos y desesperados esfuerzos por sobrevivir a la pesadilla instaurada por la dictadura.

Pero nada de ésto supo el comandante en jefe de la Armada. El almirante Miguel Angel Vergara recientemente aseveró, sin atisbo de vergüenza, que en relación a las violaciones de los derechos humanos, “para serle bien honesto, yo me enteré bastante tarde”. De hecho, de acuerdo al despistado almirante, fue a raíz de la mesa de diálogo -es decir hace sólo un par de años- que se “dio cuenta de la magnitud de lo que había pasado”.

Sin embargo, esta supuesta revelación tardía no constituye información suficiente para que la Armada reconozca su participación en la represión. Por el contrario, Vergara reitera lo que ha sido la posición de la Armada desde hace 30 años. Negar cualquier responsabilidad institucional en lo ocurrido, recurriendo, majaderamente, a un doble argumento: “En esas circunstancias hubo gente que lamentablemente se excedió” y, “las responsabilidades son individuales y no institucionales”. Por lo mismo, el almirante Vergara no se siente “responsable de nada, a no ser que yo supiera y tuviera el más mínimo antecedente que la institución Armada de Chile, como doctrina, tuviera algún documento donde se mencionara que se impongan las violaciones a los derechos humanos.

Yo pediría perdón de rodillas, pero no hay ningún antecedente a ese respecto”. Pues bien, almirante. Estos son los testimonios de hombres y mujeres detenidos y torturados por oficiales y personal de la Armada, mantenidos como prisioneros en dependencias de su institución. Todos, a diferencia suya señor almirante, recuerdan perfectamente lo sucedido a partir de 1973 en Valparaíso y aportan los antecedentes que usted requiere para “pedir perdón de rodillas”, como tan humilde y sentidamente proclama.

REPRESION DE LA MARINA
ANTES DEL GOLPE MILITAR
A pesar de la candidez de las declaraciones del almirante Vergara y de señalar que “en una institución como la Marina de Chile, jamás ha estado en su doctrina la violación a los derechos humanos. Por el contrario, nuestra formación valórica, ética, exige la protección de los derechos humanos”, la historia demuestra lo contrario. La Armada usó la tortura aún antes del golpe militar, en particular en la represión de un grupo de marinos democráticos que en julio del año 73 reveló los preparativos golpistas. Ricardo Tobar, a la sazón cabo de la Marina, fue detenido por una patrulla de la Fuerza Aérea en Quintero, pero no fue hasta el arribo de un contingente de la Inteligencia Naval que la situación cambió de manera radical. Afirma Tobar: “Nos metieron en una sala donde nos dieron duro hasta el día 18. Eran grupos de inteligencia, de marinos que estaban en las reparticiones, yo no conocía a ninguno. Ahí nos encapucharon, las posiciones de rodilla y con la cabeza agachada, tipo posición fetal, los golpes, las patadas tu no sabías de dónde te iban a llegar, de dónde te iban a venir. Te empiezan a interrogar de muchas cosas, no recuerdo si a otros compañeros le hicieron lo mismo, nunca fue lo mismo para ninguno de los tres. En ciertos momentos la gente que estaba con nosotros algo nos dejaba vislumbrar -putas, si me va a tocar a mí por lo menos déjame avisarle a la familia- era una cuestión de mucho miedo; las torturas iban en dirección a que denunciaras a más gente. Afortunadamente, a mí me iban preguntando por la relación que yo tenía con algunos de los detenidos, entonces yo tenía que contestar, y siempre contesté con la verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me preguntaban de Claudio Espinoza, cómo no lo iba a conocer si jugábamos juntos en la selección de fútbol, fuimos juntos a la escuela, cómo no lo iba a conocer; Sebastián Ibarra, entramos juntos a la escuela, cómo no lo voy a conocer.
En un momento determinado me llevan a la cancha de fútbol, donde hay una especie de tiro al blanco, donde hacían prácticas de tiro con pistola. Ahí nos ponen como para fusilarnos y nos hacen una falsa demostración; fue el momento en el que tuve miedo. Yo ahí tuve miedo, no puedo negarlo. Fue el único momento en el que sentí miedo que me recorrió de arriba a abajo, pero después de haber pasado esa etapa de miedo me di cuenta que eran mentiras que nos iban a fusilar, porque me tenían tomado, no me tenían solo, así que no iban a disparar. Afortunadamente no me mataron, dispararon y todo pero no fueron disparos a mí, sino al aire”.
La Inteligencia Naval practicaba en su propio personal lo que posteriormente se convertiría en una política sistemática de exterminio y represión a militantes o simpatizantes de la Unidad Popular, del MIR y, luego, a opositores a la dictadura en la zona. Es en este marco que se materializa la detención, tortura y desaparecimiento de Jaime Aldoney Vargas, militante socialista e interventor de la Compañía Cerverías Unidas, de Limache. Aldoney fue detenido por Carabineros el mismo 11 de septiembre, torturado en la comisaría de la ciudad y trasladado dos días después a la Base Aeronaval de El Belloto. Este recinto fue utilizado como centro de detención y tortura y, en el caso de Aldoney, de asesinato y desaparecimiento. La investigación de la magistrada Gabriela Corti y del Departamento Quinto de Investigaciones, ha podido establecer que Aldoney estuvo en la base y jamás salió con vida, como manifiesta la versión de la Armada que sostiene que Aldoney habría escapado. Además, la investigación ha podido determinar a los responsables del asesinato de Jaime Aldoney: el contralmirante Ernesto Huber Von Appen, comandante de la Aviación Naval en ese momento; el jefe de plaza de Limache y Olmué, capitán de navío Sergio Mendoza Rojas; el capitán de navío Patricio Villalobos Lobos, encargado de inteligencia de la base; el capitán de navío Jaime Undargarín Romero; el capitán de fragata Pedro Arancibia Soler, uno de los más crueles torturadores del recinto; y el suboficial Manuel Buch López. Desde hace una semana están siendo procesados por la ministra de fuero Gabriela Corti, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ordenó la detención de estos seis ex marinos.

ACADEMIA DE GUERRA NAVAL:
TORTURA Y MUERTE
La Armada utilizó sus dependencias como lugares de detención y tortura: los buques Lebu y Maipo, la Escuela Naval, el cuartel Silva Palma, la Escuela de Submarinos y, por cierto, el buque escuela Esmeralda, donde se torturó y violó a hombres y mujeres, asesinando, además al sacerdote Miguel Woodward. No obstante, a tres décadas de aquellos hechos, el comandante en jefe, Miguel Angel Vergara, expresa que “no tengo ningún antecedente concreto de que se hubiese violado los derechos humanos de las personas a bordo del buque escuela Esmeralda”. Seguramente afirma lo mismo en relación a la Academia de Guerra Naval, lugar que recuerda la tristemente célebre Escuela de Mecánica de la Armada, en Buenos Aires, donde pocos detenidos sobrevivieron.
La Academia de Guerra Naval, ubicada en la calle Pedro León Gallo en el cerro Playa Ancha, otea el mar y se encuentra en la parte de arriba del ahora remozado cuartel Silva Palma. Se comunican internamente, por lo cual muchos de los prisioneros eran indistintamente torturados en uno u otro lugar, día y noche.
Paddy Ahumada fue uno de ellos. Dirigente socialista, fue detenido a fines de septiembre de 1973 y llevado al cuartel Silva Palma: “Ahí empezaron las sesiones de tortura sistemática. En mi caso me desnudaron, nos tenían en una habitación de donde nos iban llamando de a uno, ahí todos nos mirábamos, preocupados, asustados, los latidos del corazón latiendo a 150 por minuto. Me llaman, me tapan la cabeza con una capucha, me obligan a sacarme la ropa, después me amarran las manos a la espalda y empieza la cueca de patadas, insultos y qué sé yo. A mí se me produjo una situación muy especial. Mi reacción fue empezar a gritarles ¡maricones, cobardes! Cállate conchetumadre, me decían, y yo seguía gritando ¡maricones, cobardes! Me pegaron tanto que me dejaron inconsciente. No me preguntaban nada, simplemente me pegaban, me trizaron varias costillas. Ahí fue que me llevaron en una camilla al Hospital Naval, donde me dejaron en el pasillo. Yo estaba inconsciente; me vio un enfermero pariente de un dirigente nuestro, que se llama Armando Barrientos, que dio aviso. Debo haber estado muy mal realmente, pues la noticia salió internacionalmente, incluso el nombre Paddy Ahumada salió en la radio Moscú; los cubanos también hicieron declaraciones de que me habían matado en Valparaíso”.
De estos golpes y gritos, sufrimientos y valentía de los prisioneros jamás se enteró, dice, el almirante Vergara, pero todo Valparaíso sabía que en esa mole de cemento, allí, en el cuarto piso, coexistían la cobardía de los oficiales de la Marina y la bravura de los detenidos que se defendían nada más que con su dignidad.
Patricia Saéz, militante de las Juventudes Comunistas al momento del golpe, fue detenida a comienzos del año 1974. También recuerda vívidamente lo que vio en la Academia de Guerra Naval, relatando que “los recuerdos que me persiguieron durante muchos años fueron el ver torturar. Te llevaban a una sala de interrogatorio, encapuchada, a veces llevaban a otro detenido y lo torturaban delante de ti. Es espantoso. Sólo me hacían mirar, no me preguntaban nada, me hicieron mirar a un niño, pensé que lo iban a quebrar, era tan flaquito, era estudiante de la universidad, no lo conocía, nos decían que trabajábamos juntos, a mí me acusaron del Plan Z. Incluso ellos se reían cuando hablaban del Plan Z. Decían que no importaba el cargo, lo que se les ocurriese a ellos lo iban a hacer y nadie les iba a decir lo contrario.
A este chico le pegaban tanto, lo arrastraban. Me acuerdo que estaba con una bufanda y se la enrollaron en el cuello y lo empezaron a arrastrar. Se ahogaba. Como se ahogaba se agarraba con las dos manos a la bufanda para no ahogarse, y cuando se agarraba la bufanda, le daban patadas en los testículos. No sabía qué hacer, lo arrastraban en círculo alrededor mío. Pobrecito, con una mano se tapaba los testículos y con la otra trataba de no ahogarse. Era una cosa que no terminaba nunca. Yo intenté varias veces tirarme encima y él decía que no, que no hiciera nada; entonces me sentía mal, me sentía cobarde. Entre todo su dolor y desesperación, me decía que no hiciera nada”.
Por su parte, Juan Méndez, dirigente de las Juventudes Comunistas, detenido en diciembre de 1973 en el cuartel Silva Palma, recuerda que no le tocó presenciar torturas, “pero sí vi sus resultados; recuerdo haber visto a un viejito, lo habían golpeado en la planta de los pies con varillas de coligüe, los pies no eran pies estaban completamente deformes, enormes”.
Agrega que “cuando estábamos arriba, en la cancha, se escuchaban muy fuerte los interrogatorios”. Claro que Juan Méndez no sólo fue sometido a la tortura psicológica de escuchar cómo otros prisioneros eran vejados, sino que experimentó en carne propia la brutalidad. “Te colocaban un magneto que tiene alambres pelados, en los dedos de los pies, dedo y testículos, dedo y glande, dedo y dedo de la mano, ambas manos, ambas orejas -pero me da la impresión que tenían como un adaptador, porque en la oreja era como una pinza-. En uno de esos interrogatorios yo me calenté mucho, me enojé e intenté sacarme la venda, yo creo que si me la hubiera sacado hoy no estaría aquí. Uno de ellos me agarró, me inmovilizó y me esposó, pero yo ya estaba fuera de control, no aguantaba más. Me aplicaron mucha corriente, además del potro”.
Esta última forma de tortura Méndez la recuerda como una de las más pesadas, explicando que “era una vara que estaba puesta entre dos sillas o en una banqueta. La idea era que te colocaras de guata y quedaras colgando de pies y manos. Se iban y dejaban un guardia cuidándote.
Cuando me dijeron que hiciera eso, yo dije, esto es pan comido. A los 5 minutos no quería más, el dolor era insoportable”. Otro prisionero rememora que “en la Academia de Guerra Naval todos los detenidos eran torturados, física o psicológicamente. De hecho, era una situación angustiante de gritos, de alaridos permanentes, de hombres y mujeres al límite de su resistencia. En el cuartel Silva Palma, contiguo a la Academia, había una habitación donde nos encontrábamos no más de una docena de prisioneros. Al frente existía otra similar que albergaba a mujeres. Allí, todas las noches se escuchaban golpes y gritos desesperados e histéricos. Era una compañera, una niña de 15 años, que intentaba suicidarse golpeando su cabeza contra la pared, porque la habían violado repetidamente y ya no quería seguir viviendo”. Nadie sabe lo que pasó con aquella adolescente cuyo único “crimen” fue ser pobre y apoyar al gobierno de la Unidad Popular.
Pero no fue la única niña que cayó en manos de los cobardes oficiales de la Marina, porque la dictadura no hacía distinción de género, edad o militancia política. Simplemente detenía, torturaba y asesinaba cuando lo estimaba conveniente. Por ello, Marco Antonio Contardo fue detenido cuando sólo tenía 15 años, en octubre de 1973. Han transcurrido 30 años, pero a Contardo aún le duele recordar aquellos momentos, cuando fue detenido junto a su madre, Nidia Guerra, y a su abuela, Olga Hogtert, de 65 años, profesora y subdirectora de la Escuela Nº 18 de Niñas, de Playa Ancha: “Nos detuvo una patrulla naval a cargo de un oficial de Infantería de Marina y una persona de civil. Fuimos conducidos a la Academia de Guerra Naval. Ahí había distintas habitaciones para los recién llegados y para los que ya habían pasado por interrogatorios y tortura. Fui torturado al día siguiente, previamente amarrado, vendado y desnudado, escuchando en la habitación los gritos de mi madre que pedía que no me hicieran nada. El interrogatorio fue única y exclusivamente con el objetivo de delatar el paradero de mi padre -el abogado de la Intendencia de Valparaíso en la época, Emilio Contardo-, en el supuesto que yo debería saberlo. El interrogatorio comenzó, aparentemente formal, para aumentar en violencia, con múltiples golpes en todo el cuerpo y aplicaciones de electricidad. Durante mi detención pude constatar la presencia de niños, ancianos, mujeres y hombres. Todo el espectro humano, quienes de forma sistemática y masiva pasaron por el proceso de tortura”.
Cuando tenía la posibilidad de no estar vendado, Marco Antonio Contardo pudo reconocer a personas que permanecían detenidas en la Academia: Silvia Lillo, Reinaldo Narváez, Heraclio Mendoza, Sergio Fischer, destacado cardiólogo, el fotógrafo Jorge Cárdenas, siendo “la primera vez en mi vida que veía un cuerpo completamente negro por los golpes”.
Marco Antonio Contardo permaneció detenido dos semanas en el buque Lebu, liberado y luego detenido nuevamente por la Armada, en noviembre del mismo año. Es enfático en indicar que “fui detenido por oficiales de la Armada y permanecí siempre en dependencias de la Armada, siendo torturado sólo por ser hijo de Emilio Contardo”. Señala, además, que son risibles las declaraciones del almirante Miguel Angel Vergara cuando habla de que en la doctrina de la Marina está el respeto y protección de los derechos humanos, cuando “vi personalmente cómo oficiales de la Armada jugaban con un enfermo de epilepsia al que ponían en una mesa de ping-pong y apostaban por cuál lado de la mesa se iba a caer cuando tuviera un ataque”.
¿Es posible olvidar esto, es posible hablar de reconciliación y olvido cuando se vivió tal horror?

NI PERDON NI OLVIDO: SOLO JUSTICIA
Para el almirante Vergara y la Armada es fácil hacerlo: no se sienten responsables de nada de lo que sucedió en dependencias navales ni de ninguno de los crímenes cometidos por oficiales de la institución. Es más, el comandante en jefe de la Armada manifiesta que “el perdón es un proceso de profunda reflexión individual, de cada persona; en ese sentido, yo me sentiría, la verdad, traicionando a mi institución pidiendo perdón por algo de lo que no es responsable”.
La Armada continúa negando su participación en la masiva violación a los derechos humanos a pesar de toda la información disponible que atestigua lo contrario. A pesar de la información contenida en el Informe Rettig, en el informe de la Comisión Etica contra la Tortura de la V Región y de los testimonios de hombres y mujeres que fueron torturados en instalaciones navales o en los campos de concentración establecidos por la Armada.
El gobierno tampoco contribuye al esclarecimiento de los hechos al mantener, al igual que las instituciones castrenses, la idea de que aquí sólo hubo “excesos” de algunos individuos y que la represión no constituyó una política institucional. Tal situación a Paddy Ahumada lo hace sentir “una mezcla de indignación e impotencia tan grande que, realmente, uno por sanidad mental trata de pensar en otra cosa. Pero a mí me emputece esa situación, que no haya una actitud más fuerte, me parece una patudez, un cinismo y una frescura inaceptable, yo por lo menos, mientras tenga una molécula de energía, me voy a oponer en los espacios que sea a que ese tipo de política del olvido y del perdón funcione, porque la única forma de salvarte si tienes un tumor en el cuerpo es extirpártelo y eso pasa, necesariamente, por verdad y justicia y añado: castigo a los asesinos, no puede ser que anden por la calle, muy tranquilos unos huevones que torturaron, mataron, violaron, asesinaron; eso genera un trauma en la sociedad”.
Y claro, porque los argumentos aducidos por la Armada son pueriles e inaceptables. El almirante Vergara sostiene que “el 98% de los casos que se están investigando ocurrieron antes del año 78”, es decir, “25 años atrás en un país que estaba, digamos, a lo menos convulsionado o en proceso de normalización, con instituciones que no estaban funcionando a plenitud. Entonces no es fácil -manifiesta- no es cosa de voluntad, no es fácil reconstruir cosas que sucedieron 25 años atrás”.
Marco Antonio Contardo rechaza esas afirmaciones expresando que “para mí es muy fácil reconstruir lo que sucedió hace veinticinco años y para los torturadores también debiera serlo, lo demás son excusas”.
Así de claro, y como el comandante en jefe de la Armada mantiene que su institución está siempre abierta a discutir cualquier propuesta para solucionar el tema de los derechos humanos, he aquí una propuesta también clara y concreta: entregue toda la información acerca de la represión en Valparaíso, entregue los nombres de los oficiales y tropa que torturaron, violaron y asesinaron; que sean puestos a disposición de la justicia y, finalmente, pida perdón institucional por las atrocidades cometidas a todas y cada una de las víctimas de la Armada Nacional

por MAURICIO BUENDIA

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución de primera instancia y condenó al contraalmirante (R) Ernesto Huber Von Appen a la pena de tres años y un día de pena remitida (que no implica cárcel) por la desaparición del ex regidor de Limache, Jaime Aldoney Vargas, detenido en 1973.

El ministro en visita Julio Miranda Lillo había absuelto de responsabilidad a Huber, quien se desempeñaba como comandante de aviación naval, dependiente del Estado Mayor de la Armada y con asiento en la Base Aeronaval de El Belloto, lugar del cual desapareció Aldoney Vargas.

Según el abogado querellante Francisco Cox, más allá que se trata de una condena remitida "el fallo constituye en un precedente porque se trata de la primera condena de violación de derechos humanos que recae en un contraalmirante de la Armada".

Ademas fueron condenados el ex comandante de la Base El Belloto, Sergio Iván Mendoza Rojas y el ex marino Guillermo Ignacio Vidal Hurtado a 541 de presidio remitido. Los ex marinos Patricio Villalobos Lobos, Pedro Pablo Arancibia Solar, Jaime Miguel Urdangarín Romero y Germán Patricio Valdivia Kéller recibieron la pena remitida de 3 años y un día como autores del mismo delito.

En fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió parcialmente el recurso de apelación presentado por la defensa y revocó el auto de procesamiento de los ex miembros de la Armada Ernesto Huber von Appen y Jorge Davanzo Cintolesi, por su eventual responsabilidad en los delitos de asociación ilícita, secuestro, detención ilegal y tortura, ilícitos perpetrados a partir de julio de 1973.
La sentencia sostiene que atendido el mérito de los antecedentes, no existiendo presunciones fundadas de participación en los hechos que se le imputan, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 N° 2 del Código de Procedimiento Penal, se revoca la resolución apelada de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, escrita a fojas 3686 de estos autos, dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria Jaime Arancibia Pinto, en aquella parte que no accedió a revocar el auto de procesamiento de los procesados Ernesto Huber Von Appen y Jorge Davanzo Cintolesi y, en su lugar se declara, que se acoge la petición de fojas 3682 y se revoca el auto de procesamiento de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince, escrito de fojas 2702 a 2722 de estos autos, respecto de los procesados Ernesto Huber Von Appen y Jorge Davanzo Cintolesi, quienes, por ahora, no son procesados en esta causa.
Se confirma, en lo demás, la resolución apelada ya individualizada.
Decisión adoptada con el voto en contra de la ministra Donoso Ocampo, quien fue del parecer de confirmar la resolución apelada en su integridad.
Asimismo, la sala rechazó el recurso de apelación deducido por el abogado Samuel Ginsberg, procesado en la causa, y confirmó la resolución dictada el 15 de mayo pasado, que no dio a la solicitud de declinación de competencia.
Así, la resolución establece sobre esta materia que atendido el mérito de los antecedentes y los fundamentos vertidos en la resolución recurrida, se confirma la resolución apelada de quince de mayo de dos mil dieciocho, escrita a fojas 3696 y 3697 de estos autos, dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria Jaime Arancibia Pinto.

Con sentimientos encontrados se encuentra actualmente el ex intendnete de Valparaíso, Gabriel Aldoney Vargas, quien perdió a su hermano el 12 de septiembre de 1973 tras ser detenido en Limache y trasladado a la base aeronaval de El Belloto.

Lo anterior por la alegría y satisfacción que le produce que por fin se pueda determinar qué fue lo que pasó con su hermano mayor Jaime y la tristeza por las familias de los demás detenidos desaparecidos que talvez están muy lejos de saber la verdad.

Otro sinsabor que se le produce al ex jefe regional es por los familiares de los seis ex oficiales de la marina que enfrentan este proceso, dado que se producirán serias complicaciones al interior de aquellas.

Sin embargo, señaló que sólo con una actitud más humana de parte de los detenidos se podrían haber evitado grandes molestias y muchos años de búsqueda y sufrimiento.

"Desde que Jaime fue detenido, su señora, comenzó a preguntar y fue el mismo Ernesto Huber Von Appen quien le dijo que inicialmente había estado detenido, pero que había sido dejado en libertad. Más adelante le dijeron que se había fugado y eso era imposible porque yo también estaba ahí y puedo decir que era imposible", señaló Gabriel Aldoney, presidente del directorio de la Empresa Portuaria de Valparaíso.

NO LO IMAGINABAMOS

El 11 de septiembre de 1973 los hermanos Aldoney Vargas comentaban los momentos difíciles por los que pasaba Chile en ese momento. Los cuatro tenían vinculaciones con el gobierno de la Unidad Popular y esperaban un plebiscito que determinaría el futuro del país.

"En el ambiente se palpaba los que podría suceder, pero no imaginábamos que la situación terminaría así, que se produciría tal tragedia. Nunca creímos que pasaríamos por esta situación", señaló Gabriel Aldoney.

Agregó: "Teníamos una relación muy cariñosa y de una buena amistad con todos mis hermanos, especialmente con él (Jaime) porque nuestras esposas eran buenas amigas".

Al día siguiente fue detenido Jaime, lo que produjo un quiebre al interior de la familia Aldoney. Iniciaron rápidamente la búsqueda, pero todos los esfuerzos fueron en vano, dado que la "soberbia con la que actuó la marina, no nos permitió saber más de él", dijo Gabriel Aldoney.

PROCESO

El ex intendente segura que en la marina decían que no conocían a su hermano. Jaime Aldoney, de 30 años de edad entonces, era constructor civil, interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas CCU en Limache y regidor del Partido Socialista por esa comuna. También era alumno del último año de la carrera de Periodismo en la sede Valparaíso de la Universidad de Chile.

"Llegué a Chile a fines de 1984 y en 1985 me puse en contacto con la Vicaría de la Solidaridad, que tenía bastantes documentos. En 1989 presentamos la primera denuncia en tribunales con la abogada Gioconda Cotroneo, la que tuvo muchas dificultades porque nadie quería aportar", señaló Gabriel Aldoney.

Cuando fue intendente presentó la primera querella. Sin embargo, fue la que interpuso uno de sus hermanos el año 2000 la que llevó a la ministra en visita Gabriela Corti a la cabeza de la investigación que tuvo como hito importante la detención de los ex funcionarios navales.

La Armada en tanto, declinó a hacer declaraciones de los ex funcionarios procesados que son el contraalmirante Ernesto Huber Von Appen; los capitanes de navío Sergio Mendoza Rojas, Patricio Villalobos Lobos y Jaime Urdangarín Romero; el capitán de fragata Pedro Arancibia Soler y el suboficial Manuel Busch López.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, dictó este miércoles un auto de procesamiento en contra de 16 ex miembros de la Armada y dos funcionarios en retiro de la Fuerza Aérea por su responsabilidad en los delitos de asociación ilícita, secuestro, detención ilegal y tortura perpetrados en contra de nueve integrantes de la Armada a partir de julio de 1973.

En el proceso, conocido como "Marinos constitucionalistas" o "Marinos antigolpistas", el ministro de fuero indaga las detenciones ilegales y aplicación de torturas en contra de Claudio Espinoza Tordecilla, Bernardo Flores Valdebenito, Luis Jorquera Silva, Víctor López Zambrano, Julio Gajardo Neira, Ricardo Tobar Toledo, Mariano Ramírez Ramírez, Pedro Blaset Castro y Pedro Lagos Carrasco, detenidos entre julio y agosto de 1973 por personal de la Armada y sometidos a torturas a bordo de los buques "Blanco Encalada" y "Latorre" y en unidades militares de la Región de Valparaíso.

Los nueve marinos fueron procesados por el Juzgado Naval de Valparaíso por el delito de incumplimiento de deberes militares, causa que, tras el 11 de septiembre de 1973, pasó a ser investigada como sedición o motín, continuando los detenidos por varios meses, sometidos a malos tratos.

En la resolución, el ministro Arancibia Pinto encausó a los miembros en retiro de la Armada Hernán Julio Macuada, Pedro Benavides Monzoni, Sergio Mendoza Rojas, Jaime Urdangarín Romero, Luis Kohler Herrera, Santiago Lorca González, Juan Tapia Villalón, Julio Alarcón Saavedra, Ernesto Huber von Appen, Víctor Villegas Herrera, Samuel Ginsberg Rojas, Fernando Landeta Ahues, Juan Mackay Barriga, Jorge Davanzo Cintolesi, Ary Acuña Figueroa y Fernando Rojas Jiménez, además de los miembros en retiro de la Fuerza Aérea Jorge Almarza Pizarro y Jorge Rojas Carvajal, ordenando su ingreso en prisión preventiva en unidades militares.

El 2 de abril de 2012, la Segunda Sala de la Corte Suprema, en decisión unánime, reabrió el proceso por no encontrarse agotada la investigación, ordenando la realización de diversas diligencias por un juez no inhabilitado, después de que la ministra en visita Eliana Quezada decretara el sobreseimiento definitivo de la causa.

Víctor López, uno de los "Marinos constitucionalistas", conversó con RVLNoticias. Este es su testimonio.

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, sometió a proceso y decretó orden de aprehensión para siete miembros en retiro de la Armada, por el delito de secuestro con grave daño del ciudadano de la República Dominicana, Juan Blanco Castillo.

En la resolución el magistrado encausó a Ernesto Huber von Appen, Jaime Undangarín Romero, Germán Valdivia Keller, Arístides León Calffas, Guillermo Aldoney Hansen, José Gutiérrez Bello y Víctor Sepúlveda Cuevas, como autores del delito de secuestro con grave daño.

De acuerdo a los antecedentes, los hechos se registraron en el mes de septiembre de 1973, cuando la víctima, en ese entonces de 25 años estudiante de economía,  “fue detenido por una patrulla de efectivos de la Armada de dotación de la Base Aeronaval de El Belloto, a cargo del teniente 2º Jorge Ginouves Contreras, en el sector Barrio Norte de Villa Alemana, cerca de la estación de trenes, quien es conducido al recinto naval para ser entregado al personal del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Aviación Naval (Comavnav)”, la resolución agrega que “es sometido a distintos interrogatorios en la Oficina de Información de Control Aéreo (OICA)”.

“Luego de permanecer detenido en la Base Aeronaval de El Belloto, Juan Blanco Castillo es conducido al cuartel de la Policía de Investigaciones en Quilpué, para permanecer recluido en los calabozos de dicho recinto, los cuales se ubican en el subterráneo donde es sometido a interrogatorios y apremios ilegítimos de parte de sus captores, existiendo numerosos testimonios respecto a su detrimento físico a través de otras personas detenidas en ambos recintos”.

“Pasado un tiempo, la víctima es sacada con signos evidentes de maltrato físico y psicológico del recinto antes señalado, en dirección desconocida. Luego de un periodo de seis meses, la Policía de Investigaciones de la comuna de Quilpué, debe concurrir hasta un sector denominado “Curva M” en la localidad de Colliguay, lugar en donde se produce el hallazgo de un cadáver N.N. de sexo masculino. De acuerdo a las características de las vestimentas del occiso y al examen del cadáver, el personal policial presume que se  trata del dominicano Juan Blanco Castillo, cuya autopsia no fue ubicada y los restos fueron  remitidos a una fosa común del Cementerio de Quilpué, configurándose así el delito de secuestro con grave daño en la persona de Juan Andrés Blanco Castillo, figura prevista y sancionada en el artículo 141 del Código Penal vigente a la época de los hechos”.

Los procesados, una vez notificados del auto de procesamiento, deben ser conducidos a los recintos que la Armada designe, para cumplir con la prisión preventiva

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, sometió a proceso y decretó orden de aprehensión para siete miembros en retiro de la Armada, por el delito de secuestro con grave daño del ciudadano de la República Dominicana, Juan Blanco Castillo.

En la resolución el magistrado encausó a Ernesto Huber von Appen, Jaime Undangarín Romero, Germán Valdivia Keller, Arístides León Calffas, Guillermo Aldoney Hansen, José Gutiérrez Bello y Víctor Sepúlveda Cuevas, como autores del delito de secuestro con grave daño.

De acuerdo a los antecedentes, los hechos se registraron en el mes de septiembre de 1973, cuando la víctima, en ese entonces de 25 años estudiante de economía,  “fue detenido por una patrulla de efectivos de la Armada de dotación de la Base Aeronaval de El Belloto, a cargo del teniente 2º Jorge Ginouves Contreras, en el sector Barrio Norte de Villa Alemana, cerca de la estación de trenes, quien es conducido al recinto naval para ser entregado al personal del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Aviación Naval (Comavnav)”, la resolución agrega que “es sometido a distintos interrogatorios en la Oficina de Información de Control Aéreo (OICA)”.

“Luego de permanecer detenido en la Base Aeronaval de El Belloto, Juan Blanco Castillo es conducido al cuartel de la Policía de Investigaciones en Quilpué, para permanecer recluido en los calabozos de dicho recinto, los cuales se ubican en el subterráneo donde es sometido a interrogatorios y apremios ilegítimos de parte de sus captores, existiendo numerosos testimonios respecto a su detrimento físico a través de otras personas detenidas en ambos recintos”.

“Pasado un tiempo, la víctima es sacada con signos evidentes de maltrato físico y psicológico del recinto antes señalado, en dirección desconocida. Luego de un periodo de seis meses, la Policía de Investigaciones de la comuna de Quilpué, debe concurrir hasta un sector denominado “Curva M” en la localidad de Colliguay, lugar en donde se produce el hallazgo de un cadáver N.N. de sexo masculino. De acuerdo a las características de las vestimentas del occiso y al examen del cadáver, el personal policial presume que se  trata del dominicano Juan Blanco Castillo, cuya autopsia no fue ubicada y los restos fueron  remitidos a una fosa común del Cementerio de Quilpué, configurándose así el delito de secuestro con grave daño en la persona de Juan Andrés Blanco Castillo, figura prevista y sancionada en el artículo 141 del Código Penal vigente a la época de los hechos”.

Los procesados, una vez notificados del auto de procesamiento, deben ser conducidos a los recintos que la Armada designe, para cumplir con la prisión preventiva.

Procesan a 16 miembros de la Armada y dos de la FACH. Fueron acusados de los delitos de asociación ilícita, secuestro, detención ilegal y tortura, perpetrados en contra de integrantes de la marina, a partir de julio de 1973.

Por Carlos Antonio Vergara

Un grupo de marinos denunció poco antes del golpe de Estado del 11 de septiembre, las reuniones sediciosas y el plan que se preparaba para derrocar al ex Presidente Salvador Allende.

Todo ello basados en la absoluta ilegalidad que implicaba de parte de la Armada, transgredir con sus actos la Constitución Política de la República de 1925, vigente en la época.

Los marinos hicieron estas denuncias, entre otros, a parlamentarios de la época, entre ellos el ex Secretario General del Partido Socialista, senador Carlos Altamirano, el líder del MAPU, diputado Oscar Guillermo Garretón y el Secretario General del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Miguel Enríquez.

La revelación de que el proyecto golpista había sido denunciado, fue conocida por el servicio de inteligencia de la Armada, lo cual les significó, aun antes de que se produjera el golpe de Estado, detenciones y torturas.

Durante muchos años, los marinos intentaron que se hiciera justicia, a pesar de todos los poderes que se pusieron en movimiento para impedirlo.

Hace más de dos años, el 2 de abril de 2012, la Segunda Sala de la Corte Suprema, en decisión unánime, reabrió el proceso por no encontrarse agotada la investigación, ordenando la realización de diversas diligencias, después de que la ministra en visita Eliana Quezada decretara el sobreseimiento definitivo de la causa.

Con esa resolución, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, procesó a 16 ex miembros de la Armada y dos funcionarios en retiro de la Fuerza Aérea por su responsabilidad en los delitos de asociación ilícita, secuestro, detención ilegal y tortura, ilícitos perpetrados en contra de 9 integrantes de la Armada, a partir de julio de 1973.

Detenidos en buques y unidades de la V Región

En el proceso, conocido como Marinos constitucionalistas, el magistrado indaga las detenciones ilegales y aplicación de tormentos en contra de Claudio Espinoza Tordecilla, Bernardo Flores Valdebenito, Luis Jorquera Silva, Víctor López Zambrano, Julio Gajardo Neira, Ricardo Tobar Toledo, Mariano Ramírez Ramírez, Pedro Blaset Castro y Pedro Lagos Carrasco, detenidos entre julio y agosto de 1973, por personal de la Armada y sometidos a torturas abordo de los buques Blanco Encalada y Latorre, y además en unidades militares de la Región de Valparaíso.

Las víctimas fueron procesadas por el Juzgado Naval de Valparaíso por el delito de incumplimiento de deberes militares, causa que, luego del 11 de septiembre de 1973, pasó a ser investigada como sedición o motín, continuando los detenidos por varios meses, sometidos a malos tratos.

En la resolución, el ministro Arancibia Pinto encausó a los miembros en retiro de la Armada: Hernán Julio Macuada, Pedro Benavides Monzoni, Sergio Mendoza Rojas, Jaime Urdangarín Romero, Luis Kohler Herrera, Santiago Lorca González, Juan Tapia Villalón, Julio Alarcón Saavedra, Ernesto Huber von Appen, Víctor Villegas Herrera, Samuel Ginsberg Rojas, Fernando Landeta Ahues, Juan Mackay Barriga, Jorge Davanzo Cintolesi, Ary Acuña Figueroa y Fernando Rojas Jiménez. Además, procesó a los miembros en retiro de la Fuerza Aérea, Jorge Almarza Pizarro y Jorge Rojas Carvajal, ordenando su ingreso en prisión preventiva en unidades militares.

El magistrado Arancibia Pinto acreditó que el 7 de agosto de 1973 Claudio Espinoza Pinto, “marinero primero en el buque Blanco Encalada, surto en Valparaíso, fue llamado por el comandante Julio Macuada, quien le imputó haber sostenido conversaciones de carácter sedicioso con civiles y marinos, lo que fue negado por éste, a continuación fue llevado por un cabo primero Morales al cuartel Silva Palma en donde fue nuevamente interrogado bajo diferentes torturas, consistentes en ser colgado de los pies y ser golpeado con sacos de arena y varillas, aplicándosele además corriente en los genitales”.

Interrogatorios, amenazas bajo una capucha

Después fue obligado a firmar una declaración y acusado por la justicia naval del delito de incumplimiento de deberes militares.

El magistrado determinó que con las declaraciones indagatorias de los inculpados “aparecen presunciones fundadas que permiten establecer los siguientes delitos; secuestro, detención ilegal, tortura de tormentos u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y asociación ilícita”.

En el dictamen, el juez detalla que Luis Reginaldo Jorquera Silva se encontraba haciendo uso de una licencia médica en julio de 1973 y “fue a buscarlo a su domicilio un oficial de la base por lo cual tuvo que presentarse ante el comandante Sergio Mendoza Rojas, quien le preguntó acerca de su intervención en una propuesta sediciosa para reemplazar a dicho comandante, luego de lo cual fue detenido y llevado al cuartel Silva Palma”.

“En los primeros días de octubre de 1973 la víctima fue detenida en Limache por infantes de marina y llevado al sanatorio de Olmué donde fue objeto de golpes de pies y puños mientras estaba encapuchado, luego fue trasladado a Investigaciones y Carabineros y finalmente a la Academia de Guerra donde nuevamente fue golpeado e interrogado, y además amenazado, pudiendo darse cuenta que entre quienes le preguntaban estaba el teniente de la Armada Jaime Urdagarin Romero”, detalla la resolución.

Víctor López Zambrano, marinero primero, mecánico electrónico del crucero Prat en Talcahuano, fue detenido el 7 de agosto de 1973 por personal naval y llevado al fuerte Borgoño de esa ciudad.

Allí López fue “golpeado por un grupo de infantes de marina y luego desnudado, y a continuación fue objeto de diferentes torturas consistentes en ser sumergido de cabeza en un tambor lleno de excrementos y desechos” y otras torturas mientras lo mantenían encapuchado, agrega el juez Arancibia en el procesamiento.

Cumplieron penas de prisión

Una situación similar vivió el 15 de junio de 1973 Julio Gajardo Neira, cabo segundo, mecánico de electrónica, en la base aeronaval de El Belloto de la Armada de Chile, fue llamado por el comandante Sergio Mendoza Rojas, quien en presencia de otros oficiales, entre ellos Ernesto Von Appen, le imputó actitudes sediciosas y políticas. Posteriormente fue enviado detenido al cuartel Silva Palma incomunicado.

Después del golpe de Estado Gajardo fue sacado de la cárcel de Valparaíso y llevado a la Academia de Guerra Naval para ser torturado con electricidad, causándole quemaduras y luego debió cumplir condena.

Ricardo Tobar Toledo, marinero primero de la Armada fue detenido en Quintero por personal de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), a cargo del capitán de bandada Jorge Almarza Pizarro y el subteniente Alejandro Rojas Carvajal, llevado a la base de la Fach y luego a la escuela armamentos de Las Salinas donde fue torturado.

Tobar reconoció por sus voces al comandante de la Escuela Jorge Davanzo, el capitán Cárdenas y el teniente Rodríguez. Lo llevaron luego al cuartel Silva Palma para torturarlo psicológicamente. Le hicieron Consejo de Guerra y lo condenaron.

Mariano Lautaro Ramírez Ramírez, cabo segundo, electricista de la Armada fue detenido en la Escuela de Ingeniería Naval de Las Salinas de Viña del Mar el 11 de agosto de 1973 y llevado al cuartel Silva Palma.

Los otros marinos sufrieron situaciones similares.

Los marinos constitucionalistas fueron víctimas de crímenes contra la humanidad, como es el delito de tortura practicado por agentes del Estado, de acuerdo a los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile, los cuales, de acuerdo a la jurisprudencia, se entienden incorporados al ordenamiento jurídico interno y tienen rango constitucional.

Sin embargo, el juicio recién comienza, pues falta que los acusados arguyan sus defensas, posibilidad que no tuvieron las víctimas, quienes además pagaron con cárcel. Posteriormente se deberá dictar sentencia, la cual seguramente se apelará y finalmente, como sucede en gran parte de los procesos, deberá pronunciarse la Corte Suprema.

Siete miembros en retiro de la Armada fueron condenados por el secuestro del ciudadano haitiano Juan Andrés Blanco Castillo, quien hasta el día de hoy se mantiene desaparecido tras ser torturado por su orientación política en dictadura. A seis de los siete se les sentenció a 15 años de presidio. A esto se suma el pago de una millonaria indemnización a la familia de la víctima.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso condenó a presidio a siete miembros en retiro de la Armada, por su responsabilidad en el delito de secuestro de un ciudadano dominicano durante la dictadura militar.

En el aspecto civil, el fallo acogió la demanda de los familiares y condenó al fisco a pagar una indemnización de $150 mil millones por concepto de daño moral, al padre de la víctima. Además, $75 millones de pesos a un hermano.

Las penas
La justicia condenó a 15 años de presidio a Ernesto Huber von Appen, Wilfredo Zepeda Iturriaga, Víctor Rey Ringele, Jaime Urdangarín Romero, Arístides León Calffas y Germán Valdivia Keller. Todos ellos miembros en retiro de la Armada, responsables del delito de secuestro del ciudadano dominicano Juan Andrés Blanco Castillo.

En tanto, Jorge Ginouvés Contreras fue condenado a 5 años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada, como coautor del delito.

Secuestro de dominicano en dictadura militar
Los hechos se remontan a septiembre de 1973 en la ciudad de Villa Alemana. Allí, en razón de su orientación política, el ciudadano dominicano de entonces 25 años fue detenido y mantenido recluso en diferentes centros, donde lo torturaron. Desde entonces, hasta hoy, se desconoce su paradero.

Así lo detalló el ministro en visita para causas por violaciones a los DDHH, Max Cancino, quien precisó que fueron los funcionarios de la Armada quienes lo detuvieron y llevaron a un cuartel policial para su interrogatorio.

“Finalmente, fue retirado de ese lugar por funcionarios de la Armada con destino desconocido”, acotó.

El ministro además otorgó a todos la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y para profesiones titulares mientras duren las condenas.

Demanda
El abogado penalista y académico de la Universidad de Valparaíso, Felipe González, explicó que en este caso, de forma inédita, el Estado de República Dominicana demandó a Chile por los hechos. Sin embargo, el tribunal finalmente lo desestimó.

En el aspecto civil, el fallo acogió la demanda interpuesta por la familia de Juan Blanco. De esta forma, condenó al fisco a pagar una indemnización de $150 mil millones, por concepto de daño moral, al padre de la víctima. Además, $75 millones de pesos a un hermano.

Juan Andrés Blanco Castillo era hijo del destacado abogado y político Ramón Andrés Blanco Fernández.

El dictador Augusto Pinochet, apoyado por el gobierno de EEUU para derrocar al presidente Salvador Allende.

Siete militares retirados de Chile fueron condenados por el secuestro y los daños ocasionados en 1973 al dominicano Juan Andrés Blanco Castillo, hijo del político y abogado Ramón Andrés Blanco Fernández.

Los militares de la dictadura de Augusto Pinochet fueron condenados por el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino Cancino.

El portal noticioso de la Universidad de Valparaíso, Chile, explicó que la condena a siete miembros en retiro de la Armada, se debió a su responsabilidad en el delito de "secuestro con grave daño o secuestro calificado del ciudadano dominicano Juan Andrés Blanco Castillo".

El delito fue cometido en septiembre de 1973, en la ciudad de Villa Alemana, tras el golpe de estado contra el presidente Salvador Allende, cometido el 11 de septiembre del citado año, lo que dio paso a la imposición de una sangrienta dictadura derechista.

"En el fallo (causa rol 53.046-2009), el ministro Cancino Cancino condenó a Ernesto Leonardo Huber von Appen, Wilfredo Hernán Zepeda Iturriaga, Víctor Orlando Rey Ringele, Jaime Miguel Urdangarín Romero, Arístides Alejandro León Calffas y German Patricio Valdivia Keller a 15 años de presidio, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas", indica el portal.

Asimismo, explica que Jorge Benjamín Ginouvés Contreras fue condenado a 5 años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada, quedando sujeto a la vigilancia y orientación permanente de un delegado por el mismo lapso.

A este imputado, además, se le condenó a inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como coautor del delito.

En la causa se decretó la absolución de los acusados José Abraham Gutiérrez Bello, Víctor Vicente Sepúlveda Cuevas y Guillermo Samuel Aldoney Hansen, al no comprobarse su participación en los hechos.

En la resolución, informa el referido portal,  el ministro en visita dio por acreditados los siguientes hechos:

“Que existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada, denominada Servicio de Inteligencia Ancla 2, perteneciente a la Comandancia de la Aviación Naval, que operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, conformada por agentes pertenecientes a las diversas reparticiones de la Base Aeronaval El Belloto e incluso con funcionarios de otras reparticiones, como Infantes de Marina, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica. Para lograr la detención de las personas, los jefes de las patrullas navales mantenían una comunicación directa con el Servicio de Inteligencia Naval, quienes una vez obtenida la aprehensión del civil lo conducían hasta la Oficina de Control Aéreo (OICA) para su encierro e interrogatorio".

Agrega que para la represión operativa, "el denominado Servicio de Inteligencia Naval Ancla 2, dependiente de la Comandancia de la Aviación Naval, utilizó diversas dependencias de la Base Aeronaval El Belloto, en particular la denominada Oficina de Información de Control Aéreo (OICA o ARO) y dispuso de otras, como el Cuartel de la Policía de Investigaciones de Quilpué, recintos en los que los prisioneros eran interrogados bajo apremios ilegítimos".

Narra que, en una fecha no determinada del mes de septiembre de 1973, posterior al día 20, Juan Andrés Blanco Castillo, ciudadano de la República Dominicana, quien había ingresado a Chile en el mes de enero de ese año proveniente de la URSS, de 25 años de edad, en razón de su orientación política, fue ordenado detener por el Servicio de Inteligencia Naval Ancla 2 de la Comandancia de la Aviación Naval, lo que se concretó por una patrulla naval, a cargo del Teniente 2° Jorge Ginouvés Contreras, en el sector Barrio Norte de Villa Alemana, cerca de la estación de trenes, quien es conducido al recinto naval para ser entregado al personal de dicho Servicio de Inteligencia. El mencionado Oficial, al mando de la patrulla naval, como se dijo, actuaba coordinadamente con el personal del aludido Servicio de Inteligencia.

En las investigaciones se confirmó que ni el mando militar de la Comandancia de la Aviación Naval, ni el del Servicio de Inteligencia Naval Ancla 2 perteneciente a esa Comandancia, adoptaron medida alguna para dar cuenta a la autoridad competente, tanto de la detención de Juan Andrés Blanco Castillo como de algún supuesto hecho ilícito cometido por el dominicano.`Tampoco se formó causa ni investigación naval en tal sentido.

"Por el contrario, deliberadamente se ordenó a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Quilpué y Subcomisaría de Carabineros de Quilpué que los ingresos de los detenidos que trasladaran hasta esos recintos los funcionarios del Servicio de Inteligencia no fueran registrados. Lo mismo ocurrió en la Base Aeronaval, donde los nombres de los detenidos no quedaban anotados en ningún registro oficial", sostiene la información.

Narra que la víctima fue recluida inicialmente en un sector de la Base Aeronaval El Belloto denominado ‘Acapulco’ ‘El Hoyo’ o ‘El Pozo’ en conjunto con otros prisioneros, sitio de detención que fuera habilitado por el Comandante de la Aviación Naval luego del 11 de septiembre de 1973, para la reclusión de personas civiles contrarias al régimen militar. En dicho lugar, los prisioneros debían mantenerse permanentemente en posición de cúbito abdominal, con las manos en la espalda, a la intemperie y custodiados por al menos dos funcionarios armados de dotación de la Base Aeronaval. Este sector era de acceso estrictamente restringido, encontrándose solo autorizados para acercarse los funcionarios del Servicio de Inteligencia Naval de la Unidad Ancla 2 perteneciente a la Comandancia de la Aviación Naval. El sector de reclusión se ubicó estratégicamente al frente de la Oficina de la Comandancia y de la Oficina de Control Aéreo (OICA o ARO)".

Resalta que en el periodo que permaneció encerrado, el dominicano Juan Andrés Blanco Castillo, sin motivo que lo justificara, fue conducido en diversas oportunidades a la Oficina de Información de Control Aéreo, lugar en que fue interrogado y apremiado físicamente por funcionarios del Servicio de Inteligencia Naval Ancla 2 y con presencia del mando militar y otros funcionarios que colaboraban estrechamente con ese Servicio, todo ello con el objeto que respondiera acerca de sus actividades y la ubicación de un supuesto armamento escondido en Santiago.

Asimismo, luego que Juan Andrés Blanco Castillo permaneciera encerrado en la Base Aeronaval El Belloto, funcionarios del Servicio de Inteligencia Naval Ancla 2, en una fecha no precisada del mes de octubre de 1973, trasladaron a la víctima y lo mantuvieron privado de libertad en los calabozos del Cuartel de la Policía de Investigaciones de Quilpué.

Explica que en una dependencia de este recinto, los funcionarios del grupo de inteligencia lo interrogaron y torturaron gravemente, utilizando entre otras técnicas la aplicación de papel de diario encendido para quemarlo en el abdomen.

"En un día no precisado del mes de octubre de 1973, Juan Andrés Blanco Castillo fue retirado desde el Cuartel de la Policía de Investigaciones de Quilpué por el grupo de inteligencia antes mencionado, siendo trasladado hasta la Subcomisaría de Carabineros de Quilpué, encontrándose la víctima gravemente lesionada a consecuencia de las quemaduras ocasionadas en su cuerpo. Debido al reclamo que el Jefe de esa Subcomisaría expresara al mando de la Comandancia Naval por el estado de salud de la víctima, esta fue retirada desde ese lugar por funcionarios del grupo de inteligencia, con dirección desconocida y sin que se tengan noticias de su paradero hasta la fecha”.

En el aspecto civil, el fallo acogió la demanda interpuesta y condenó al fisco a pagar una indemnización de $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) por concepto de daño moral, al padre de la víctima (Ramón Andrés Blanco Fernández); y de $75.000.000 (setenta y cinco millones de pesos), a un hermano.