Herrera Jiménez Carlos Alberto Fernando

 "Si de algo sirve, de la forma mas sincera y humilde, pido perdón a la sociedad chilena y en particular a las personas y los familiares de las personas que pudiesen haber sido dañadas por mi fanatizado proceder" . "Me arrepiento de haber pertenecido a la CNI, por la indiferencia de mis compañeros de armas en servicio activo y en retiro, puesto que ni siquiera me visitan en esta cárcel". "El que conozca solo un poco el mundo militar, comprenderá lo difícil que resulta que un teniente coronel y un mayor se concerten, sin que nadie lo sepa, para matar de un bombazo a un diplomático en el corazón del barrio cívico del país mas importante del mundo".

 Carlos Herrera Jiménez, ex agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y por años el único procesado por la muerte de Tucapel Jiménez, mira con dolor la historia de Chile a 25 años del golpe militar y de haber participado en un hecho que miro, de joven, como una verdadera guerra.

 Con 48 años y preso en Punta Peuco cumpliendo una condena de 10 años y un día -que termina el 23 de octubre próximo- por la muerte del transportista Mario Fernández y aquejado de cáncer, analiza su vida como ex agente de los servicios de seguridad y se arrepiente de haberlo sido.
Reconoce, por primera vez, que "a todos se nos paso la mano" y tiene la sensación de que quienes fueron privados de libertad, ya sea en Punta Peuco como en la Cárcel de Seguridad -lo llama "ambos bandos"-, son los jóvenes idealistas que creyeron en "palabrerías", en las ordenes. Incluso, se ve a si mismo quizás como un ingenuo, un candoroso.

 Herrera Jiménez pide perdón. Por primera vez en democracia un ex agente de la CNI pide perdón. Dice ser inocente de los crímenes que se le imputan, como el homicidio calificado de Tucapel Jiménez y la muerte de Fernández, pero de todas formas pide perdón a quienes pudo haber dañado, en un momento crucial en la historia de Chile, cuando los problemas de violaciones a los derechos humanos están mas pendientes que nunca.

 Pide perdón cuando nadie se lo esperaba. Y lo hace "por si de algo sirve", dice. Y cree que otros militares en retiro también deberían hacerlo, pero primero a sus propios pares.
 -Ud. Conocía a Tucapel Jiménez?
 -No. Nunca escuche hablar de el hasta cuando lo mataron.
 -Que estaba haciendo el día que lo mataron (25 de febrero)?
 -Como todos los días, tengo que haber estado en mi unidad, en la cual me vio el coronel Ferrer, que en esa época era mayor; el comandante Pinto Pérez, que era el comandante de la unidad y todo el resto de los oficiales del grupo permanente. No me acuerdo de la data de muerte de Tucapel Jiménez, pero si yo lo hubiese matado, alguien me tiene que haber echado de menos en el batallón.

 Sin embargo, la Corte estimo que no solo hay presunciones fundadas de que Herrera participo en el hecho (hasta ahora estaba procesado por robo con homicidio), sino que desde la semana pasada lo sindica como supuesto autor del crimen.
 -Con lo que ha ocurrido, Se arrepiente de haber sido parte de la CNI?
 -Si, por varias razones. Las principales son la indiferencia de mis compañeros de armas en servicio activo y en retiro, puesto que ni siquiera me visitan en esta cárcel. Siento que con esa postura me hacen ver que reprueban mi accionar en el pasado y en el presente. A lo mejor esperan de mi un cambio de actitud. Nunca me ha visitado un general. Solo un compañero lo ha hecho. Cuando he sido vilipendiado por la prensa, no hay, nadie que salga en mi defensa. Nadie dice nada será vergüenza?
 -De que mas se arrepiente?
 -Me arrepiento también por el desprecio de los políticos de todas las tiendas hacia los militares que están presos. Nadie nos comprendió. Tal vez porque lo que hicimos fue equivocado o innecesario. También, por las continuas criticas de la Iglesia Católica hacia los organismos de seguridad, al extremo de que salvo el obispo general castrense (Gonzalo Duarte), que nos visita cuatro veces al año, ningún otro sacerdote ha venido a esta cárcel a ejercer su ministerio, por lo menos respecto de mi persona. Si volviera nacer, idea que de suyo es absurda, no volvería a ser militar del Ejercito de hoy.
 -Por que?
 -En nuestro Ejercito hay una distancia abismante entre el deber ser y el ser. En efecto, dice ser una institución cimentada en sólidos principios de honor, pundonor, amor a la Patria, compañerismo y lealtad. Sobre los tres primeros principios no haré observaciones, pero sobre la lealtad y el compañerismo, tengo serias reservas. Aunque duela reconocerlo, este es el único Ejercito del mundo que cuando ha correspondido, sus generales no han asumido la responsabilidades por las ordenes que dieron. Como ejemplo, el caso Letelier. Contreras podrá no ser querido, pero no por ello hay que dejar de reconocer que cuando fue la muerte del señor Letelier, Contreras era teniente coronel y el otro (Pedro Espinoza Bravo) mayor, respectivamente. El que conozca solo un poco el mundo militar, comprenderá lo difícil que resulta que un teniente coronel y un mayor se concerten, sin que nadie lo sepa, para matar de un bombazo a un diplomático en el corazón del barrio cívico del país mas importante del mundo. Todos estos hechos no podrían haber ocurrido si no ha mediado la orden de un general.
 -Que no entiende?
 -No entiendo como un Ejercito que se autodefine como vencedor, jamás vencido, y vencedor de la gesta heroica del 11 de septiembre, hoy día -porque mañana no se cuantos va a haber- hay tres generales presos, dos brigadieres, un coronel, tres tenientes coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente, un empleado civil con categoría de oficial y tres suboficiales presos. De los tres generales, esta ni mas ni menos que el comandante en jefe benemérito y dos directores de inteligencia.
 -Usted dice estar arrepentido de haber estado en la CNI. Además dice que en 1973 estaban en una verdadera guerra, pero cree que de alguna manera se les puede haber pasado la mano y que fue innecesaria tanta violencia?
 -Con la perspectiva que dan los años, creo que se nos paso la mano a todos. De uno y de otro lado. Tiempo atrás hubo un general que dijo que aquí faltaba el gran juicio de la historia. Yo no se a quien el pensaba que se iba a juzgar. Desde mi perspectiva, pienso que algún día la historia enjuiciara moralmente a los políticos de derecha, de izquierda, de centro, a los empresarios y dirigentes sindicales y gremiales, a los generales y almirantes que nos llevaron a que se produjera el 11 de septiembre. Porque ellos, con sus encendidos discursos cargados de ideología, incitaron a una serie de jóvenes idealistas a tomar partido en sus posiciones. Mas de 20 años después, muchas de estas personas, ya no tan jóvenes, están detenidas en unidades militares, en Punta Peuco, y por que no decirlo, también en la Cárcel de Alta Seguridad por el otro lado. Mientras sus lideres y jefes tranquilamente permanecen en sus casas. La historia dirá, digo yo.
 -Que sensación tiene de esta historia?
 -Aquí nos llevaron a un problema en uno y otro lado y pagamos nosotros con la cárcel.
 -Es injusto porque ha tenido que pagar en la cárcel?
 -Seria justo en la medida que todos pagáramos de acuerdo a la responsabilidad de todos, los que mandaron y los que obedecieron. Y en ambos bandos, pero no solamente los que obedecieron. De cualquier manera, sin el animo de inspirar lastima, debo decir que en la cárcel enferme de cáncer. No se cuanto me quede de vida, ya que la tengo condicionada. Si yo ingrese al Ejercito y participe de las acciones que se derivaron del 11 de septiembre, fue porque quiero ver a Chile unido, pujante. Pero esta desunido y polarizado. Si de algo sirve, y con el discernimiento que da el paso de los años, de la forma mas sincera y humilde, pido perdón. En general, a la sociedad chilena y en particular a las personas y los familiares de las personas que pudiesen haber sido dañadas por mi fanatizado proceder mientras fui integrante de los servicios de seguridad.
Del mismo modo, valga la oportunidad para pedir perdón a mi madre, a mi esposa y a mis cuatro hijos, por todos los sobresaltos, angustias y vicisitudes. Y también por haber sido tan ingenuo, candoroso tal vez, al haberme dejado llevar por tanta palabrería, ordenes irresponsables, slogans, etcétera, que me hicieron en su momento… (póngalo entre comillas) "adorar ídolos de barro".

  -Usted esta pidiendo perdón. Es la primera persona que pide perdón…
 -Ojala sirva de algo.
 -Pide perdón a nombre de los servicios de seguridad?
 -No, pido perdón a nombre mío. No represento ni al Ejercito ni a la CNI.
Hay otras personas que los representan, yo no.
 -Cree que otros militares en retiro debieran tener el mismo gesto suyo de pedir perdón a la sociedad y a los familiares de las victimas?
 -Creo que hay militares que tienen que pedirle perdón primero a sus propios pares. Por ahí hay algunos perdones que pedir primero, a sus propios pares. La indiferencia de los compañeros es terrible. Tengo la sensación de que a lo mejor eso esperan, un cambio de actitud, no? Creo que eso es lo que ocurrió. Nadie entendió lo que hicimos. A lo mejor fue innecesario y estuvo mal hecho.

 – Como fue su paso por el Dine y la CNI?
 – Me toco bastante duro. Tengo buenos recuerdos, aunque lo que paso después se convierte en malos recuerdos. A mi me toco siempre estar en unidades operativas de primera línea.
 -Y como llego a ser involucrado en el crimen de Tucapel Jiménez y a permanecer por años como el único procesado?
 -Es fácil echar a correr una bola y de ahí sostenerla, sobre todo cuando se dispone de medios como los tuvo la parte querellante, con el apoyo de Investigaciones de esa época, no de la actual. Además, el Ejercito se echo un poco al lado conmigo.
 -Que siente por el Ejercito?
 -Se han hecho al lado en muchas cosas.
 -Lo dejaron solo?
 -Solo no, pero siento que se han hecho al lado.
 -Le habría gustado que el Ejercito lo defendiera mas activamente?
 -Exacto. He escuchado al señor Saavedra decir que los abogados defensores son empleados del Ejercito y pagados por el. Por Dios que me habría gustado que eso fuera cierto. A mi nunca me han pagado nada. La gente que me defiende ahora lo hace gratis. He pagado el 15 por ciento de lo que me han cobrado.
 -Esta dolido con el Ejercito?
 -No con el Ejercito, con personas del Ejercito, que pudiendo haber hecho algo, no hacen nada. No me parece justo que quienes fueron mis jefes, hoy día se hayan quedado en sus casas y no hubiesen sido capaces ni siquiera de mandarme un diario. Si ellos fueron mis jefes, tienen que saber que soy inocente. Y si lo soy, debieron haber hecho lo imposible por demostrarlo.
 -Sus jefes deberían haber sacado la cara por usted?
 -Creo que el comandante en jefe del momento, del general Pinochet para abajo, debieron haber dicho abiertamente que yo era inocente.
 -Si usted dice que no fue el autor, ni los nuevos procesados, quienes mataron a Tucapel Jiménez? En el proceso esta establecido que fueron funcionarios de la CNI…
 -Lo que pasa es que la Corte hizo una mezcla de Dine y CNI. Si bien ambas eran conformadas por militares, los campos de acción eran diferentes. El Dine tenia un campo de acción de inteligencia militar. Y la CNI tenia un campo de acción sobre inteligencia nacional. Hacer una mezcla de una cosa con la otra no esta bien. Para alguien de afuera puede ser lo mismo, pero no lo es.
 -Alguna vez se ha arrepentido de haber estado en la CNI?
 -Si, porque pienso que si nos acusan de algo que no hicimos, la defensa debiera ser en todos los niveles. Encuentro que al no defendernos, las autoridades han dejado de manifiesto una sensación de culpabilidad. Al no tomar la defensa, el mando militar deja la sensación de que somos culpables. Creo que la opinión publica debe pensar que si tal persona esta en la cárcel, debe ser culpable. Hubiera preferido una defensa dando mas la cara. Creo que entro el miedo.
 -Miedo a que?
 -Miedo de involucrarse en cosas. Esa actitud tan chilena de no meterse en nada.
 -Pero esta arrepentido de haber estado en la CNI…
 -Si. Por la actuación posterior respecto de los que estamos en esta situación, por ese poco compromiso de quienes fueron nuestros compañeros y jefes. Han dejado un marco de duda en la opinión publica. No ha habido una clara defensa. No he visto nunca al Circulo de Generales en Retiro ni a los almirantes reclamando por nosotros.
 -Así como ha sido en el caso del general (R) Pinochet?
 -Claro. No ha habido ninguna fundación moviéndose en torno a nosotros. Con la encendida defensa al general Pinochet, por lo menos alguien esta reaccionando. Pero en lo que a mi respecta no he visto a nadie. Lo mas doloroso es para la familia, que sufre. Nunca nadie ha ido al lado de mi señora a decirle `no se preocupe, estamos con usted'.
 "No han dado la cara"
 -En los autos de procesamiento de este proceso y de otros esta acreditada la participación de la CNI en diversos hechos de sangre.
 -Pero no hay que olvidar la presunta inocencia. Queda acreditada cuando hay una sentencia a firme. Echo de menos a los militares argentinos, porque después de que termino la llamada `guerra sucia', quienes respondieron fueron los generales que mandaban y no los subalternos. Acá en Chile no se ha dado eso. Han respondido los subalternos y no han dado la cara quienes mandaban. Y lo peor es que los generales no han salido a defender a sus subalternos. Eso echo de menos. Es muy difícil para uno defenderse sin medios.
 "Sentí que estaba en guerra"
 -Por que cree que muchos dardos han caído sobre usted?
 -Porque es fácil. No lo digo en forma pedante, pero siempre estuve en primera línea, cerca de cosas y de situaciones. No es que yo fuera el asesino estrella. El problema es que acá se dice y después se da por hecho y por probado. Se dicen cosas con una liviandad tremenda. Es cierto que hay hechos que ocurrieron. Es innegable que hay detenidos desaparecidos.
 -Que le parece esa parte de la historia de Chile?
 -Mala. Creo que ese es un problema que no se ha enfrentado y debería enfrentarse de una buena vez. Esto se ha hecho a la chilena y se ha chuteado el problema para adelante. Ni el Ejercito ni la Iglesia ni nadie se ha sentado a conversar para ver como lo arreglan. Hay que citar a todos los actores. No se trata de que se reúnan las cúpulas. Debe ser a todo nivel.
    Su defensa de Valenzuela Patiño
   -Que opina del ministro Sergio Valenzuela Patiño? Los querellantes insisten en que debe ser cambiado…
   -Debe entender que yo estoy detenido en esta causa. No me va ni me viene. Creo que el ha hecho su trabajo. No se si bien o mal, no podría calificarlo, porque no soy el llamado a hacerlo. No se si llamarlo deslealtad, pero por lo menos chuecura, que en tanto el ministro hizo acciones que le convenían a la parte querellante, era el gran ministro.
Cuando empezó absolver y encontró que éramos inocentes, entonces   ahí paso
de lindo a feo.
   -A usted lo absolvieron en noviembre de 1998 de la muerte del carpintero Alegría Mondaca.
   -Y de ahí paso de feo a bonito. Ahora dicen que el ministro es malo. Esa es una actitud tan chilena. Ahora dicen que tuvo un hijo en la CNI. El siempre tuvo un hijo en la CNI.

Texto completo del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago

La siguiente es la versión textual del fallo emitido por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a cadena perpetua a Alvaro Corbalán Castilla, Carlos Herrera Jiménez y el suboficial de Ejército Armando Cabrera Aguilar, como autores del crimen del carpintero Juan Alegría Mondaca.

Tratándose de un documento extenso, para facilitar su lectura hemos seccionado el fallo en ocho partes. En ellas se entrega la redacción final de este, que estuvo a cargo de la magistrada Gabriela Pérez Paredes. El texto reproduce la sentencia del tribunal de alzada con ciertas modificaciones formuladas por los ministros, tanto de forma como de fondo. Asimismo, se exponen en detalle los argumentos que sustentan la sentencia contra cada uno de los condenados. Incluso se hace mención "a la posible participación criminal que en estos hechos pudo caber a Humberto Alfredo Guillermo Gordon Rubio". Habida cuenta del reciente deceso de este último, el fallo señala: "emita el tribunal de primer grado la resolución que a su respecto resulta menester".

El fallo por el crimen de Juan Alegría Mundaca

Santiago, diecinueve julio de dos mil. Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada con las siguientes modificaciones: A.- En cuanto a las tachas. En el fundamento segundo se elimina la frase "y del cual ha tenido o ha sabido antecedente o información alguna" que se lee entre las palabras "ellos" y cuya", y se agrega al final de este motivo, a continuación del punto (.), la oración "Esa suma la recibió, según su decir, a la salida de la audiencia y le fue entregada por funcionarios de Investigaciones". En el considerando cuarto, se sustituye la oración que empieza con la expresión "la que se acogerá", hasta su término, por la siguiente: "la que se rechaza por estimar que no se encuentran acreditados en autos los fundamentos en que se apoya, siendo insuficiente para desvirtuar su valor el informe psiquiátrico y la declaración de quien lo emitió para acreditar la falta de veracidad de los testigos". En el motivo séptimo se elimina la frase final, que se inicia con el vocablo "además", hasta su término. B.- En cuanto al fondo: En el considerando décimo se elimina las letras a), b), d), e), i), ñ), o), p), q), r), s), u), v), z), aa), bb), cc), o-1), p-1), q-1), r-1), ii), pp). Se reemplaza el vocablo "vasculares" que se lee en la letra a) del motivo décimo, por la locución "vascular". En dicho considerando, letra ff) se intercala a continuación del verbo "cenar" la frase "siendo la última vez el viernes.", y al final del párrafo se agrega la siguiente oración: "Agrega que su hijo trabajo en 1981 en San Felipe y luego en Valparaíso, incorporándose en 1983 al PAC de la Municipalidad de Valparaíso y que con respecto a la linterna que encontró era de color plomizo con unas rayas rojas verticales, de tamaño mediano, gruesa y estaba usada". En las letras hh) del mismo, se elimina el guarismo "1642" que se lee en la parte final y se agrega a continuación de la expresión "Se ratifica a fojas 2067." la siguiente frase: "pero se precisa que la muerte era sospechosa por la profundidad de las heridas y el tipo de corte, netos y profundos señalando, además, que mandó buscar un perito pero no recuerda si estaba presente o no el cadáver cuando fueron tomadas las fotografías, reconociendo las acompañadas al informe respectivo. Aclara que en sus informes se habló de suicidio por el antecedente telefónico que obtuvo en el Servicio Médico Legal sobre el particular". En las letras nn) se agrega lo siguiente "y en el reconocimiento en rueda de personas de fojas 670 reconoce al acompañante de Alvaro Corbalán, resultando ser Hugo Enrique Alarcón Vergara". En las letras rr) a continuación del sustantivo "Luego" con que termina el acápite, se agrega la siguiente oración: "En la diligencia de reconocimiento en rueda de presos de fojas 618, reconoce al individuo a que alude en su declaración." En las letras ss), al final del acápite, a continuación de la palabra "declaraciones", se agrega la frase: "pues como trabaja en el Departamento de Análisis de la Unidad que era como el "cerebro" de las operaciones, ahí se sabía todo y se producía todo y se informaba al escalafón superior. Señalando, además, que Ricardo Muñoz trabajaba en forma directa con Alvaro Corbalán, por eso la información es fidedigna.". En las letras vv) se agrega a continuación de la expresión "se le exhibe en el acto", el siguiente párrafo: "Precisa que comprobó la información proporcionada por el informe que le entregó sobre Lech Walescka y su abortado viaje a Chile, además, señaló que quiso intervenir la CNI para sacar "la pata" de lo que había hecho la DINE en el asesinato de Tucapel Jiménez y que contactaron a Alegría, al que un individuo de apellido Pincetti había hipnotizado y hecho hacer una declaración por la cual se atribuía el crimen de Tucapel Jiménez, le relató que a Alegría lo tenían en una pieza y que Corbalán estaba en la puerta y que le increparon que ahora le tocaba "mojarse el …" y éste entró y había sido quien le hizo las heridas en las muñecas" En la letra F-1 se agrega a continuación del guarismo 2157 lo siguiente: "señala que se retiró en junio de 1983 de la CNI pasando a prestar servicios exteriores y precisa a fojas 871 que en la División Metropolitana de la CNI no había grupos formados para tal o cual cosa, sino que cuando se recepcionaba una orden sobre misiones específicas de búsqueda emanada del Estado Mayor de la CNI, se organizaba un grupo del personal disponible para trabajar dicha orden. Señala que Alvaro Corbalán o Julio Corbalán estaba especializado en la parte antisubversiva y le dio varias misiones y era Comandante de la Unidad de Búsqueda de Información de Materias Subversivas en la Región Metropolitana. Indica que él controlaba, fiscalizaba y conocía todas las acciones desarrolladas por los integrantes de la División y cuando lo subrogaba Canales le comunicaba las actividades. La Brigada que comandaba Corbalán dependía de la División Metropolitana. "Precisa que en la época que se desempeñó en la División Metropolitana, el subdirector de la CNI era don Marco Orrego y que el personal que se le asignaba a Alvaro Corbalán era dispuesto directamente por la Oficina de Personal de la CNI y la información se obtenía de fuentes abiertas y cerradas que eran informantes". A continuación de la letra H-1 se agrega la siguiente oración "Carlos Herrera como jefe operativo tenía plenas facultades para elegir al personal con el que iba a actuar en tal o cual misión y el equipo con que frecuentemente actuaba era, entre otros, el "Viejo Charlie" cuyo nombre era Armando Cabrera. Agrega que es poco probable que hubiera realizado alguna misión sin que se le comunicara. Expresa que conoció una vez a Corbalán en 1982, en la época del Festival de Viña del Mar, debió presentarse, pero como no lo hizo acudió a ubicarlo en el Hotel O"Higgins y pedirle antecedentes acerca de la seguridad dispuesta para el interior del recinto de aquel y para la TV. Le indico que se dedicara a lo suyo y que si tenía problemas hablara con el Director o Vice Director de la CNI. Supo que Corbalán y Herrera fueron compañeros en Artillería". Se elimina los fundamentos undécimo y duodécimo.

Sólo 16 acusaciones dictó el ministro en visita, Sergio Muñoz, en la causa por el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez, mientras que otros tres involucrados en los hechos quedaron sobreseidos gracias a que se estimó que no hubo suficientes antecedentes para condenarlos.
Se trata del ex oficial de inteligencia del Ejército, y hombre de confianza de Augusto Pinochet, Arturo Silva Valdés, quien ayudó al autor material del crimen, el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, a salir del país en 1991 bajo la identidad falsa Mauricio Gómez, cuando éste fue requerido por la justicia en crimen del transportista Mario Fernández.
Arturo Silva, además, un nutrido currículum de viajes al extranjero como miembro de la avanzada o “productor” de Pinochet en sus viajes. De allí que en su pasaporte figuren destinos repetidos como Argentina, Uruguay y Brasil. Hasta esos países viajaba para proveer de dinero a algunos militares vinculados hoy a procesos por violaciones a los derechos humanos. De hecho, Silva Valdés apareció mencionado en el programa especial que TVN realizó hace algunos meses sobre la desaparición y muerte del químico de la DINA, Eugenio Berríos, como uno de los responsables de su muerte. A raíz de ello, la titular del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago realizará la diligencia de observar y transcribir el video para citarlo a declarar. Silva Valdés antes de ser detenido y procesado en calidad de encubridor en el caso Tucapel trabajaba en una prestigiosa empresa de seguridad de donde fue despedido al conocerse su calidad de involucrado en este proceso.
Los otros dos
El segundo sobreseido es un ex funcionario de Carabineros, Rolando Pino, quien estuvo encausado mientras duró el proceso en calidad de cómplice del crimen de Tucapel Jiménez. Esto se debe a que habría sido él quien hizo detener, el 25 de febrero de 1982, a Tucapel Jiménez para que el mayor Carlos Herrera y los suboficiales que lo acompañaron, Miguel Letelier y Manuel Contreras Donaire, pudieran asesinarlo.
Pino fue sometido a proceso por Muñoz debido a que él mismo se autoinculpó del hecho ante la familia de Tucapel Jiménez, con quienes mantenía una cercana relación familiar. Sin embargo, el ministro Muñoz estimó que su sola declaración no bastaba para dictar acusación en su contra.
El tercer sobreseido es el ex agente y jefe de personal de la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), Humberto Calderón Luna. La decisión de liberarlo de responsabilidad se debió a que tampoco se configuraban los antecedentes del proceso para dictar acusación en su contra.
Muñoz utilizó el mismo criterio que del año pasado, cuando dejó en libertad por falta de méritos a siete ex agentes de la CNI, vinculados a la Brigada Laboral que espiaba a los líderes sindicales agrupados en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de la cual Tucapel Jiménez era su presidente.
Los acusados
Actualmente, están acusados en calidad de autores del crimen Tucapel Jiménez: el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez; el general (R) y el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Arturo Alvarez Scoglia; el brigadier de la DINE, Víctor Pinto Pérez; el comandante de la DINE, Maximiliano Ferrer Lima y los suboficiales del mismo servicio secreto, Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier.
En calidad de cómplices, en tanto, lo están el brigadier de la CNI, Roberto Schmied, el capitán Miguel Hernández, el mayor de la DINE Juan Carlos Arriagada, el dentista Jorge León Alessandrini y el ex empleado de la ANEF y amigo personal de Tucapel Jiménez, Julio Olivares y el general (R) Hernán Ramírez Hald.
Como encubridores están el ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva, el ex abogado de la justicia militar Enrique Ibarra, el ex jefe operativo de la CNI, mayor (R) Alvaro Corbalán Castilla y el ex jefe de la DINE, Hernán Ramírez Rurange

El mayor(r) del Ejército y ex agente de la DINA Carlos Herrera Jiménez confesó otro homicidio ante al ministro de fuero Juan Guzmán Tapia que mató con un fusil SIG al dirigente comunista Nelson José Márquez Augusto, encontrado en 1990 en la fosa común de Pisagua, y ratificó ante el magistrado que el actual edecán de la Cámara de Diputados, Jaime Krauss Rusque le dio la orden de ejecución.

Primera Línea tuvo acceso a la declaración judicial en que Herrera Jiménez revela la estructura de mando de Pisagua durante diciembre de 1973 y enero de 1974 y donde confiesa que dirigió el pelotón de fusilamiento que costó la vida a un número indeterminado de personas, entre ellas, a quienes fueron encontradas en 1990 y probablemente al grupo de ocho detenidos desaparecidos cuyos restos fueron exhumados y destruidos por el paso de camiones, según la tesis de los querellantes avaladas por documentos entregados por el senador (PPD) Sergio Bitar que incluso identifican a los responsables.

Sin titubear y siguiendo la conducta que adoptó al reconocer el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, el ex agente dijo al magistrado que "yo daba la orden de fuego la que era ejecutada por el pelotón", y acto seguido le indicó en el caso puntual de Márquez que "este señor se fugo de la cárcel de Pisagua estando yo de oficial de guardia. Por tal propósito, se pusieron en ejecución las instrucciones que había al respecto, es decir, se desplegó la unidad militar en la búsqueda del prisionero de acuerdo a un plan preconcebido".

Relata luego al juez que "dio la casualidad que fui quien fue precisamente junto a una patrulla de soldados y encontré al señor Márquez escondido debajo del muelle de la caleta de Pisagua, lo capturamos, se le llevó de vuelta a la cárcel.

En su declaración judicial añade que "el hecho se enteró el entonces mayor Mario Acuña Riquelme -ex fiscal de la zona que fue procesado en el caso y sobreseído luego de su muerte- que estaba ese día en Pisagua, el que dispuso que sacaran detenidas a mujeres que estaban en la cárcel y detenidos hombres que estaban allí, los trasladaran a un lugar de la playa de Pisagua y en presencia también de personal militar, Acuña ordenó a Krauss -actual edecán de la Cámara de Diputados- que se diera de baja al prisionero, éste me trasmitió la orden a mi y yo lo ejecute con un fusil SIG".

"Lo anterior -explica a renglón seguido- no tuvo otro propósito que ser un escarmiento para los prisioneros, para que supieran que les ocurriría en el caso de una fuga. Eso es lo que pensó Acuña y de este hecho hubo unas 30 ó 40 personas como testigos".

Con esta declaración, único documento judicial valido que inculpa a Herrera Jiménez, el abogado querellante en el caso Adil Brkovic solicitará en los próximos días el procesamiento del acusado por los delitos de secuestro y homicidio contra Márquez y el resto de los prisioneros de Pisagua que perecieron durante la época bajo la orden de disparar dictada por el condenado en el caso del carpintero Juan Alegría Mundaca.

Brkovic recuerda que testimonios de otros detenidos en la misma época confirman que Márquez se encontraba a sólo metros del resto de los prisioneros e indica que nuevamente se utilizó la excusa de la ley de fuga para asestar un golpe a los detenidos. Es más, los dichos del ex agente son plenamente coincidentes con el Informe Rettig.

Línea de mando y de otros fusilamientos

En su interrogatorio Herrera fue consultado acerca de quién era su superior jerárquico y su respuesta a la justicia fue categórica: "era el entonces capitán de Ejército Jaime Krauss Rusque que venía del Regimiento Rancagua de Arica y actualmente tiene el grado de coronel en retiro y es el edecán vitalicio militar de la Cámara de Diputados".

Asimismo puntualiza que "Krauss dependía del coronel Ramón Larraín Larraín y del Fiscal Militar Mario Acuña Riquelme -ambos fallecidos- y del comandante en jefe de la Sexta División del Ejército y juez militar y comandante de la CAJZI (Comando Aéreo Jurisdiccional de Zona Interior), el general Carlos Forestier Haensgen, que era la máxima autoridad militar de las provincias de Arica e Iquique".

Ante la consulta del tribunal constituido el 6 de septiembre de 2001 sobre si le correspondió participar en fusilamientos y quién le ordenó ello, Herrera Jiménez sostiene: "Sí efectivamente recibí orden directa y en forma verbal de Jaime Krauss Rusque de fusilar a unos prisioneros que no recuerdo que hayan sido éstos más de seis. Entre ellos recuerdo a uno de apellido Márquez, quien dentro del campo de prisioneros participó en algunas actuaciones como payaso, también estuve en el fusilamiento de un prisionero que cojeaba al caminar y otro que usaba un bisoñé, quienes eran narcotraficantes".

Defensa del inculpado

En un intento de justificar su actuación, Herrera sostiene en su declaración judicial que en diciembre de 1974 ostentaba el grado de subteniente del Ejército con sólo 22 años, por lo que su injerencia en las actividades internas del campo de prisioneros era nula. "Yo sólo me limitaba a cumplir las órdenes que me eran dadas", aseveró.

Sobre Forestier aclara a la Justicia que "no lo vi en ningún fusilamiento. Pero no me asiste ninguna duda que, dada la verticalidad del mando institucional, tiene que haber estado en total conocimiento de todo lo que pasare o dejara de pasar en Pisagua. Si no hubiera sido así, habría faltado gravemente a sus deberes militares", tesis que de hecho amparo el procesamiento que hoy rige en contra de Forestier dictado por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia por el delito de secuestro.

Y sus palabras aún son más certeras al momento de precisar al juez Guzmán que "en los fusilamientos en que yo participé estuvieron presentes o el teniente coronel Ramón Larraín Larraín o el mayor, en ese tiempo, Acuña, en calidad de más antiguos. Ellos, el uno o el otro, llevándose la mano a la visera, me indicaban a mí, las veces que yo mande al pelotón de fusilamiento el momento de dar la orden del fuego. Ahora bien, quien me indicaba a mí a las personas que yo debía sacar de la cárcel para fusilarlas era el capitán Krauss, quien a su vez recibía la orden o de Larraín o de Acuña".

En esa línea sostiene que "con ninguno de los prisioneros que me ordenaron fusilar yo tuve algún diálogo previo al cumplir la orden. Yo no los interrogue, ni muchos menos torturé, es más ni siquiera quería saber sus nombres. Sólo me limité a comandar el pelotón de fusilamiento".

Explica que este pelotón estaba integrado por dos miembros de la Armada, dos Carabineros, dos gendarmes y tres militares, todos con categoría de suboficiales, pero asegura que no recuerda el nombre de ninguno de ellos.

Una vez más y siguiendo la tesis de la existencia de otros mandos, el condenado en el caso Alegría Mundaca señala que "yo nunca vi que se torturara a los detenidos estando yo de guardia en la cárcel. Ignoro que sucedía con los prisioneros mientras estaban en manos del SIM (Servicio de Inteligencia Militar)".

La carrera en los servicios represivos que realizó Herrera considera en 1977 su participación en el CIRE (Centro de Inteligencia Regional) como oficial de operaciones, organismo que en la práctica, y de acuerdo a sus palabras, dependía del Estado Mayor de la Defensa Nacional, mientras que la DINA de la Junta Militar de Gobierno y funcionaba donde la DINA no tenía representación.

Posteriormente, se incorporó a la disuelta CNI, organismos bajo el cual participó en el asesinato del ex presidente de la Anef, Tucapel Jiménez Alfaro, homicidio que reconoció judicialmente e incluso pidió perdón a su familia en una emotiva declaración ante TVN en que sostuvo: "Es cierto, señor Jiménez… yo maté a su papá aquel 25 de febrero de 1982. Lo hice no por una cuestión personal o por propia iniciativa, se me ordenó hacerlo y se me dijo que don Tucapel Jiménez era un traidor a la patria y como tal causaba mucho daño a los chilenos"

Pisagua, Lucia Hiriart Pinochet y el caso de los cocaleros

Uno de los mayores golpes a los opositores a la dictadura fue asestado el 29 de enero de 1974 cuando seis personas que habían sido detenidas en noviembre de l973 en Iquique fueron trasladadas a Pisagua. Se trata de Orlando Tomás Cabello Cabello, Nicolás Chanez Chanez, Juan Mamani García, Luis Anibal Manríquez Wilden, Hugo Tomás Martínez Guillen y Juan Rojas Osega.

De acuerdo a los antecedentes recopilados hasta el momento se ha establecido que este grupo conocido como los "cocaleros" jamás realizó contrabando de estupefacientes como se les acusa, sino que "los cuerpos de todos ellos fueron encontrados, en l990,en la fosa de Pisagua, ensacados, con las manos atadas, y los ojos vendados" .Es más, ante la desesperación de las familias a quienes se les aseguró que sus cónyuges habían huido a otro país, decidieron enviar una carta a la Primera Dama de la Nación, Lucía Hiriart de Pinochet, quien en un tono poco agradable les dijo que nada sabía de sus esposos, los que obviamente las habían abandonado. La carta consta en el tomo diez del extenso expediente que maneja el ministro Guzmán.

Sin embargo, la constante en Pisagua fue la emisión de bandos en que se informaba de Consejos de Guerra. El primero con fecha 11 de octubre de 1973 significó la muerte de Julio Cabezas Gacitua, José Cordova Croxatto, Humberto Lizardi Flores, Mario Morris Barrios y Juan Valencia Hinojosa. El segundo, fechado el 29 de octubre de 1973, significó la ejecución de Rodolfo Jacinto Fuenzalida Fernández, Juan Antonio Ruz Díaz, José Demóstenes Rosie Sampson Ocaranza y Freddy Marcelo Taberna Gallegos. En el tercer consejo de fecha 29 de noviembre de 1973 se dio muerte a Germán Eladio Palominos Lamas, cuyo cuerpo apareció en la fosa de 1990.

Por último, en el cuarto consejo, efectuado el 10 de febrero de 1974, se condenó a muerte a dos militantes comunistas: Alberto Yañez Carvajal y Luis Toro Castillo.

La tónica en gran parte de estos casos fue informar a las familias de algunos inhumados de Pisagua, que sus deudos estaban vivos y libres bajo fianza y que debían firmar semanalmente ante la comisaría respectiva, "pues de lo contrario sí que corrían peligro de prisión; y que los motivos por los cuales no regresaban al hogar sólo la familia podía colegirlos, y no eran de incumbencia de las autoridades".

La fosa común de Pisagua

Desde inicios del régimen militar la zona norte del país tuvo como epicentro de la acción represiva el campo de prisioneros de Pisagua, lugar donde cientos de personas deambularon por los estrechos pasillos de la cárcel a la espera que de un momento a otro se ordenará su ejecución.

Aunque lugareños sobrevivientes del centro de reclusión siempre señalaron que en las cercanías del campo fueron enterrados algunas de las víctimas de las torturas propinadas por personal del Ejército y el CIRE, sólo en junio de 1990, cuando se descubrió la fosa común adjunta al cementerio, el proceso toma nuevos bríos y recién en 1999 se concretan los procesamientos del general Carlos Forestier, del ex fiscal Mario Acuña y del suboficial (r) Miguel Aguirre.

Los 19 cuerpos hallados en 1990 dieron luces de los tratos inhumanos que vieron durante su corta permanencia en Pisagua y alertaron sobre la feroz acción represiva en el norte del país.

El informe Rettig consigna que en el caso de la fosa común "los restos estaban dispuestos en tres niveles, en correspondencia con las datas de muerte. Todos los cuerpos se encontraban ensacados y con varios impactos de bala. La mayoría presentaba claros e inconfundibles vestigios de haber tenido vendas en los ojos y las manos amarradas".

El Servicio Médico Legal logró identificar entonces a Juan Calderon Villalon, Nolberto Jesús Cañas Cañas, Marcelo Omar Guzmán Fuentes, Luis Alberto Lizardi Lizardi, Juan Jiménez Vidal, Michel Selim Nash Saez, Nelson Márquez (18 de enero de 1974), Luis Fernando Rojas Valenzuela (17 de diciembre de 1973). Pero siguen desaparecidos Jorge Marín Rossel, William Millar Sanhueza y Manuel Heriberto Ayala Zavala.

En tanto, el 20 de octubre de 1973 murieron ejecutados Oscar Walter Pedro Ripollcodoceo, Julio Gastón Valenzuela Bastias, Manuel Francisco Donoso Dañobeitia. Al día siguiente, corrió la misma suerte el sacerdote salesiano Gerardo Poblete Fernández.

El 23 de octubre la prensa, canal utilizado para difundir los decesos en la zona, anunció la ejecución de Luis Pedro Solar Welchs. Lo mismo sucede el 11 de enero de 1974 cuando fallece Isaias Higueras Zuñiga, gendarme de la cárcel de Iquique

En la etapa probatoria por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca -homicidio perpetrado para encubrir el asesinato de Tucapel Jiménez-, hoy declaró ante el ministro Sergio Muñoz el ex jefe metropolitano de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) Alvaro Corbalán Castilla.

El ex oficial está condenado a cadena perpetua por este crimen efectuado un año y medio después del asesinato del dirigente sindical -ocurrido en febrero de 1982- con el fin de ocultar a los autores del homicidio.

Otros condenados a presidio perpetuo en este caso son el mayor (r) del Ejército Carlos Herrera Jiménez y el suboficial (r) de Carabineros, Armando Cabrera Aguilar. Diez años de cárcel recibió el civil adscrito a la CNI Osvaldo Pincetti, alias el doctor Tormento.

Sin embargo, la causa fue reabierta para indagar las responsabilidades que tendrían el brigadier Roberto Schmied y Hugo Alarcón Vergara. El primero fue sobreseído, mientras que el segundo fue encausado como presunto cómplice del asesinato de Alegría.

Hasta el 23 de abril el ministro Muñoz llevará a cabo conjuntamente las fases probatorias por los crímenes del ex presidente de la ANEF y del carpintero que residía en Valparaíso.

En otro plano, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago será la encargada de dirimir el conflicto procesal surgido entre los ministros Sergio Muñoz y Hugo Dolmestch, suscitado tras la acumulación de las causas que involucran a la CNI en manos del primero.

Se trata de la muerte de 12 militantes del FPMR en la Operación Albania, el asesinato de cuatro opositores al regimen militar en 1986 -tras el atentado a Pinochet, proceso caratulado con el nombre de José Carrasco- y la desaparicion de cinco militantes comunistas en 1987.

La acumulación de los procesos, que daría forma a un causa única, quedó en manos de Muñoz luego que éste decidiera unilateralmente hacer valer el principio de la acumulación que impide que dos jueces tramiten un proceso que involucra a los mismos encausados.

La sala ya se pronunció sobre este episodio judicial confirmando que Muñoz debe conocer los procesos. Sin embargo, el ministro en visita extraordinario Hugo Dolmestch, mediante un escrito, solicitó a la Corte Suprema que fuera revisado el dictamen del tribunal de alzada, basándose en que la competencia sobre estos tres procesos fue delegada a él por la misma corte.

La unificación de procesos fue solicitada por la defensa de Corbalán debido a que le permitirá contar con una sola condena, presumiblemente perpetua, de 20 ó 40 años

Luego de que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dejara a firme las condenas en contra de los responsables de la muerte del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro, ocurrida el 25 de febrero de 1982, fuentes judiciales informaron a La Nación, que serán trasladados durante el día de hoy hasta el penal de Punta Peuco, recinto donde cumplirán sus penas aflictivas.

Con el cambio de prisión dejarán el Batallón de Policía Militar (BPM), Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén, donde el Ejército construyó dependencias para que los ex uniformados y militares activos procesados cumplieran prisión preventiva hasta que se dictara una sentencia en su contra.

De estar forma, quedarán recluidos en Punta Peuco, penal que cuenta con custodia mixta de Gendarmería y el Ejército, el ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) general (R) Arturo Alvarez Scoglia, los brigadieres (R) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima, además de los suboficiales (R) Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, todos ellos condenados a ocho años de cárcel. Los dos últimos en calidad de autores materiales.

A ellos se suma, el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, condenado a una pena unificada de prisión perpetua simple: por la muerte de Jiménez y su participación en el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca, en julio de 1983.

Las mismas fuentes indicaron que originalmente el traslado de los ex uniformados se encontraba programado para el fin de semana, sin embargo se debió postergar por falta de inmueble para recibir a los nuevos reos. A lo anterior, se suma el visto bueno de los organismos de seguridad encargados de la operación, quienes hasta último momento tienen la facultad para detener el procedimiento.

La mesa directiva de la Cámara de Diputados pidió la renuncia al edecán, coronel (R) Jaime Krauss Rusque, y éste aceptó irse. La renuncia le fue demandada sólo horas después de que la ministra de fuero Carmen Garay lo procesó y ordenó su arresto como autor material de siete homicidios ocurridos en el campo de prisioneros de Pisagua, mientras Krauss cumplió en 1974 funciones como capitán a cargo de la Compañía de Vigilantes de los detenidos.

La información de la renuncia pedida al edecán, quien es hermano del actual embajador de Chile en Madrid Enrique Krauss, fue entregada ayer pasadas las 18:30 horas en el Palacio Ariztía en Santiago por el presidente de la Cámara de Diputados Pablo Lorenzini (DC).

Este expresó que la mesa de la Cámara acordó pedirle la renuncia porque, al haber sido procesado, cayó en la “inhabilidad sobreviniente” que señala el estatuto del personal de la institución en su artículo Nº23 letra c), que establece que “la persona que desempeñe labores funcionarias no podrá estar procesada ni condenada”.

El edecán se había declarado “inocente” en sus declaraciones en el proceso de Pisagua, y así también lo manifestó a La Nación Domingo que en su edición del domingo pasado publicó la crónica “El fantasma del edecán”.

El encausamiento del coronel (R) Krauss fue solicitado por el abogado querellante en la causa Pisagua Adil Brkovic. Este dijo ayer que “estamos muy conformes con esta resolución porque la verdad es que en el proceso existen suficientes antecedentes para acreditar la participación del señor Krauss en los homicidios de siete prisioneros”.

El abogado dijo que si bien a Krauss “no se le acusa de disparar él mismo contra los prisioneros, hay quienes lo sindican como quien impartió las órdenes como el segundo comandante del campo de prisioneros de Pisagua. Esta investigación ha tomado ya seis años y los hechos se encuentran totalmente acreditados”, dijo Brkovic.

Los hechos

El ahora ex edecán de la Cámara será notificado hoy a primera hora en el Palacio de Tribunales en Santiago, y luego será trasladado en calidad de detenido al Batallón de Policía Militar ubicado al interior del Comando de Telecomunicaciones del Ejército en la comuna de Peñalolén.

La ministra Garay sostuvo en su resolución que los siete homicidios ocurridos entre el 18 de enero de 1974 y el 30 de enero de ese año, sucedieron en Pisagua mientras el “capitán Jaime Krauss Rusque se encontraba a cargo de los efectivos militares que tenían por misión custodiar a los prisioneros políticos del Campamento de Pisagua, unidad militar que en definitiva dependía del comandante en jefe de la VI División del Ejército (en Iquique), general Carlos Forestier Haensgen”.

El coronel (R) Krauss reconoció en el proceso que efectivamente estos siete homicidios ocurrieron mientras cumplió funciones en Pisagua entre el 14 de enero de 1974 y al menos, según él, el 30 de enero de ese mes. Pero negó que ordenara las ejecuciones y también negó que su función fue la de comandante de la Compañía de Vigilantes de los prisioneros.

Dijo que su tarea fue “administrativa” inventariando y almacenando “serruchos, martillos, palas, estufas, queso, jamón y azúcar”, provenientes de una ayuda de la Cruz Roja para los prisioneros.

No obstante, según el abogado Brkovic la jueza “no le creyó” ese argumento, puesto que “no encaja” con lo realmente sucedido.

En Pisagua operó entre septiembre de 1973 y julio de 1974, como un reloj, un calendario rotativo de personal de oficiales que integraron la Compañía de Vigilantes de prisioneros, cada vez al mando de un oficial con el grado de capitán.

 A su vez este tenía bajo su mando a cuatro o cinco tenientes y subtenientes. La compañía era la responsable de lo que ocurriera con los prisioneros, y fueron sus integrantes los que siempre participaron en las ejecuciones extrajudiciales, como está establecido en la investigación. Por estas mismas funciones han sido encausados por otros homicidios otros oficiales (R) que a la fecha de sus funciones en Pisagua, de acuerdo al calendario de turnos, tenían también los grados de capitán y tenientes o subtenientes. 

El primero en afirmar que Krauss ordenó ejecutar prisioneros en Pisagua fue el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, quien cumple presidio perpetuo en la cárcel de Punta Peuco. Herrera admitió que Krauss le ordenó matar al prisionero Nelson Márquez Agurto, una de las siete víctimas del auto de procesamiento, porque éste había intentado fugarse para intentar evitar que lo siguieran torturando.

Krauss lo niega, pero careados ambos, Herrera mantuvo sus dichos.

El coronel (R) Krauss también fue encausado por los homicidios de Luis Manríquez, Nicolás Chánez, Tomás Cabello, Juan Rojas, Hugo Martínez y Juan Mamani. Todos ellos fueron declarados “dejados en libertad” por el general Forestier, sin embargo sus cadáveres aparecieron, junto al de Márquez, en la fosa clandestina descubierta en Pisagua en junio de 1990 con 19 cuerpos.

Los otros procesados

Por los siete homicidios también fueron procesados el general (R) Carlos Forestier, como autor intelectual; el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, como autor material; el coronel (R) Bernardo Martínez Téllez, como encubridor; y al suboficial (R) de Carabineros Manuel Vega Collao, también como autor material. Vega integró el pelotón de fusilamiento de los seis prisioneros ejecutados a fines de enero de 1974.

En contra de los argumentos de inocencia del coronel (R) Krauss respecto a que cumplió sólo funciones administrativas, están las declaraciones de algunos ex prisioneros, quienes afirman, coincidentemente, que el entonces capitán Krauss ingresó a la cárcel la noche del intento de fuga de Márquez, amenazando que si éste no aparecía en media hora se iban a matar prisioneros.

Uno de ellos, Luis González Vivas, dijo que “cuando matan a Márquez estaba el mayor Krauss, a quien yo le había hecho un mueble. Y él advirtió que si no aparecía Márquez hasta las cuatro de la mañana, iban a sacar prisioneros de las celdas para ser fusilados”. Lo mismo afirmó Freddy Alonso. Ambas versiones contradicen las tareas “administrativas” del entonces capitán Krauss.

En escrito presentado ante el juez Billard, el asesino confeso de Tucapel Jiménez asumió su responsabilidad en ejecuciones en el norte, pero insistió en que la orden provino del entonces capitán Jaime Krauss, quien fue absuelto en el caso. Abogado querellante Adil Brkovic anunció que insistirá en que se reponga su encausamiento y criticó eventuales razones políticas del CDE para desistirse de apelar.

El mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, quien enfrenta una condena de cadena perpetua por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez y se encuenta procesado por el homicidio calificado de al menos siete personas en la localidad de Pisagua, ocurridos en enero de 1974, reiteró que la orden para fusilar a los prisioneros del mencionado campo de detención provino del entonces capitán Jaime Krauss Rusque.

En un extenso escrito presentado ante el ministro que instruye dicho proceso judicial, Joaquín Billard, el ex agente de la DINE conminó a la justicia a establecer la verdad en estos casos de violaciones a los derechos humanos, asegurando que la decisión de absolver al ex edecán de la Cámara de diputados y hermano del ex ministro del Interior y actual embajador en Ecuador, Enrique Krauss, sólo obedeció a razones políticas.

Herrera Jiménez se encuentra confeso de dichos asesinatos, así como del homicidio del ex presidente de la ANEF. Sin embargo, asegura que las órdenes para que los fusileros ejecutaran a los presos de Pisagua provinieron de Krauss, cuyo procesamiento fue revocado por Billard el 6 de septiembre del 2005.

"Hubo fusilamientos dispuestos por el comandante del campo de prisioneros de Guerra, coronel de Ejército Ramón Larraín Larraín y/o por el fiscal de guerra, coronel Mario Acuña Riquelme. Dichas órdenes a mí me fueron transmitidas para su ejecución por mi superior directo, el entonces capitán de Ejército Jaime Krauss Rusque", señala el documento al cual tuvo acceso El Mostrador.cl.

Críticas al Informe Rettig

Por otra parte, el ex integrante de la CNI acusó que en la elaboración del Informe Rettig habría actuado una suerte de "mano negra" para alterar las fechas de los fusilamientos en Pisagua, con el objeto de desvincular a Jaime Krauss de esos hechos.

"Muchos años después y examinando el Informe Rettig comprobé que en el mes de diciembre de 1973, en Pisagua, aquel no consigna personas muertas y, a quienes yo recuerdo en ese mes fusiladas, figuran en el mes de enero de 1974, día en que yo estaba sin ninguna duda en Iquique, ejecutando las labores propias de un subteniente en mi regimiento", afirma el escrito.

En ese sentido, Herrera Jiménez añade que "¿la idea fue que en el período en que estuvo, también en comisión de servicios en Pisagua, el capitán Jaime Krauss Rusque no figurasen personas muertas?, entonces, hubo manos moras que alteraron las fechas de fusilamientos con ese propósito".

"Insistiré, hasta el cansancio, que los muertos que dan origen a mi auto de procesamiento ocurrieron en diciembre de 1973 (sic) y, cuando más, la primera semana de enero de 1974 (…) Alguien con cierto poder e influencia en las más altas esferas de gobierno manipuló las fechas en el Informe Rettig. Ni más ni menos que la verdad revelada de los derechos humanos en Chile", añadió en el documento.

"Mis dichos son ciertos. Pongo a Dios por testigo de ello, y mi tranquilidad de consciencia frente a los hechos. El auto de procesamiento que me afecta en esta causa es producto de una sucia maquinación política que no tiene por objeto la justicia en sí misma, como fin último y superior, sino un bastardo y no menos inmoral objetivo: el ocultamiento de los hechos que puedan dañar imágenes políticas, no importando a qué precio", sostuvo el ex agente del DINE.

Participación en los hechos

Respecto a los homicidios de prisioneros en Pisagua, Herrera Jiménez asegura no recordar cuál fue el número de personas que él fusiló. "Nunca se me ocurrió anotar sus nombres o haber hecho marcas en mi pistola".

No obstante, reconoce que su participación en al menos tres muertes. "Yo fuí quien mandó el pelotón de fusilamiento que dio muerte, por orden del capitán Krauss, a una persona que rengueaba, al tiempo supe que se llamaba Nicolás Chanez Chanez y, a otro señor, a quien al momento de los disparos, saltó por los aires macabramente su bisoñé, sin que nosotros supiésemos que usaba tal adminículo".

Asimismo, detalló la ejecución de Nelson Márquez Agusto, joven que luego de una intensa sesión de tortura trató de escapar del campamento en un estado de enajenación mental y que fue recapturado por Herrera Jiménez junto a dos soldados conscriptos, debajo de un muelle en la playa.

"Ya fuera del muelle me esperaba, entre otras personas, el fiscal Acuña y el capitán Krauss, a quienes entregué al prisionero; me mandaron a cambiarme ropa seca. A mí regreso, en la playa cercana a la cárcel, frente a testigos prisioneros y prisioneras políticos, el teniente Acuña, después de una arenga, ordenó a Krauss darlo de baja por ser éste un castigo que le correspondía a un prisionero de guerra que intentó fugarse desde la cárcel; mi capitán me pasó su fusil SIG que portaba y me ordenó dispararle al señor Márquez. Yo cumplí la orden porque la estimé apropiada", señaló Herrera Jiménez.

En las consideraciones finales de su escrito, el ex uniformado concluyó con la

frase: "Quiera Dios que nunca más en nuestro país se vuelvan a vivir situaciones traumáticas que tronchan para siempre la existencia de personas que se ven impelidas a efectuar determinadas actividades reñidas con la moral".

No ha lugar

Pese a que a la fecha de este escrito, mediados de julio pasado, el mayor (r) solicitó una audiencia personal con el ministro Billard para hacer presente estos reparos en el caso, el juez respondió a su defensa con un "no ha lugar por improcedente".

Por otra parte, el abogado de Herrera Jiménez solicitó que se le tomara declaración al capitán Eugenio Pertier Garfias, quien habría sido el antecesor de Jaime Krauss en Pisagua. Sin embargo, la petición también fue desestimada por el magistrado.

En cuanto a la posibilidad de realizar un nuevo careo entre Krauss y Herrera Jiménez, Billard contestó con "estése al mérito de autos". Al respecto, cabe precisar que antes que la ministra (s) Carmen Garay procesara al ex edecán enfrentó cara a cara a ambos militares, los cuales se mantuvieron en sus dichos.

La defensa de Krauss principalmente se basa en que si bien el ex uniformado estuvo destinado en Pisagua durante la fecha de las ejecuciones, su función fue estar a cargo de un almacén de herramientas y remedios que estaban destinados para los prisioneros.

Insistirán en procesamiento

Consultado por el tema, el abogado querellante Adil Brkovic cuestionó totalmente la versión de Krauss, señalando que no es creíble que un oficial de esa graduación, comandante del campo de prisioneros no hubiera tenido intervención en los fusilamientos.

"Tengo la absoluta convicción que a Jaime Krauss, como capitán del campo de prisioneros de Pisagua, le correspondía participar en las ejecuciones, por ello se le procesó y esa resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago".

Asimismo, opinó que la decisión de Billard se debió a la declaraciones de otros ex prisioneros que dieron cuenta que el ex edecán tuvo un trato humanitario con ellos, en ese período, pero que esos antecedentes no lo libran de su responsabilidad.

Junto a ello, Brkovic cuestionó la decisión adoptada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de apelar a esta absolución y luego desistirse del recurso, lo cual -a su juicio. se debió a consideraciones extra judiciales, apuntando a posibles influencias políticas para ello.

El profesional recordó que no sólo los dichos de Herrera Jiménez sustentaron el encausamiento de Krauss, sino que también una reconstitución de escena que en su momento realizó el ex juez Juan Guzmán. En dicha diligencia, el ex uniformado reconoció haber estado presente en el fusilamiento de Márquez Agusto, afirmando que él se había negado a dar la orden y que, no obstante, Herrera Jiménez cumplió el cometido.

Para Brkovic esa versión no es creíble por el contexto que se vivía, en que ningún militar se podía negar a las órdenes de un superior. Por otra parte, sotuvo que dos ex prisioneros que declararon que cuando Márquez se escondió para intentar fugarse enloquecido por las torturas, fue el capitán Krauss quien apareció en las celdas de la cárcel amenazando con que si Márquez no aparecía en 30 minutos, se iban a matar prisioneros.

Además, existe un testimonio de los propios fusileros que dan cuenta de la presencia de Krauss en las ejecuciones. Por ello, el abogado dijo que insistirá en que el magistrado reponga el auto de procesamiento en contra del ex uniformado. "No es un tema cerrado", acotó.

No obstante, el abogado ad honorem que representa a los familiares de las vìctimas aclaró que no compartía los dichos de Herrera Jiménez en cuanto a que las ejecuciones fueron en diciembre de 1973, ya que la fecha de las defunciones (19 de enero de 1974) es un hecho que está acreditado en la causa.

Este medio intentó obtener la versión del CDE y del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior respecto a por qué la decisión de absolver a Krauss no fue apelada. En la primera institución se respondió extraoficialmente que se consideró que la decisión estaba bien adoptada, mientras que en el segundo organismo se dijo que fue una decisión tomada por las máximas representantes de dicho departamento.

Jaime Krauss fue procesado por la ministra Garay el 27 de julio de 2004 como autor de siete homicidios calificados. Tras ser absuelto por Billard, el ex uniformado presentó una demanda contra la Cámara de Diputados por los daños y perjuicios de su despido, tras ser encausado por la justicia.

El ex agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y de desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, reconoció –en forma personal y a través de una carta – al ministro en visita en causas de Derechos Humanos, Joaquín Billard, ser el responsable directo de los fusilamientos de opositores a la dictadura en el campo de concentración de Pisagua, en la Primera Región, en 1974.

El retirado oficial, que se encuentra recluido en el Penal de Punta Peuco cumpliendo condena por el homicidio del otrora líder de la ANEF, Tucapel Jiménez, aseguró al magistrado que su actuar se debió a las órdenes que recibió de parte del ex edecán de la Cámara de Diputados, coronel (r) Jaime Krauss Rusque.

El relato entregado al juez Billard buscaba que la investigación de este caso fuera reabierta, tras haber sido sobreseída el año pasado y en que absolvió de cargos a los inculpados en el proceso.

De acuerdo a la versión entregada por fuentes de tribunales, Herrera Jiménez, también conocido con el alias de "Bocaccio", envió primero una carta, para luego al ver la negativa del magistrado, requerir una audiencia personal en un intento por contar su verdad.

Tanto en el documento como en la visita al Palacio de Tribunales, el retirado mayor intentó exculparse de responsabilidad en las ejecuciones masivas de prisioneros políticos, ocurrida en enero de 1974.

Herrera sostuvo que Krauss Rusque fue el mando del Ejército que impartió las instrucciones para acabar con la vida de siete disidentes al régimen de Augusto Pinochet: Nelson Márquez Aburto, Luis Manríquez Wilden, Juan Rojas Osega, Hugo Martínez Guillén, Tomás Cabello Cabello, Juan Mamani García y Nicolás Chanes Chanes.

Las fuentes consultadas aseguran que el "Bocaccio", intenta dar un giro en esta causa que se apronta a iniciar su período de plenario, ad portas de las condenas que se dictarán por este caso.

Las imputaciones formuladas contra Krauss hicieron que abandona su cargo como edecán de la Cámara Baja en 2004, debido a las encargatorias de reo decretadas en su contra por la entonces ministra del caso, Carmen Garay.

Carlos Herrera Jiménez, fue condenado a prisión perpetua como autor de la muerte de Tucapel Jiménez. El ya cumplió diez años de presidio desde que fue encarcelado inicialmente por haber torturado hasta morir al transportista Mario Fernández (DC).

Además está sentenciado a cadena perpetua como autor del homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, para encubrir su responsabilidad en el homicidio del Tucapel Jiménez.

La juez Garay procesó a Jaime Krauss como autor material de siete asesinatos de prisioneros de Pisagua. Junto con él fueron encausados el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez y el ex carabinero Manuel Vega Collao, además del general (r) Carlos Forestier, fallecido el 2005.

La iniciativa de la Jefa de Estado para recabar más información sobre los detenidos desaparecidos fue bien recibida por organismos de derechos humanos, aunque esta vez hubo un mayor escepticismo.

 En un reservado escrito de 34 páginas realizado en junio de 2006, al que tuvo acceso "El Mercurio" tras la decisión presidencial de reactivar las comisiones Rettig y Valech, el ex miembro de la CNI cuestiona con dureza el escaso avance de las investigaciones judiciales desde el regreso de la democracia, y que se haya castigado más a los que ejecutaron las órdenes de torturar y matar que a quienes las dieron. El ex oficial, quien ha sido el único en pedir perdón por sus actos, explica en detalle cómo operaron los organismos represivos del régimen militar para hacer desaparecer los cuerpos y por qué nunca serán encontrados.

La detallada descripción de cómo se eliminó a los detenidos: "Los DD.DD. nunca serán encontrados, porque el sistema funcionó lamentablemente muy bien"

El ex militar critica con dureza el lento ritmo que han tenido las investigaciones para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos, señalando que "el conocimiento de la verdad histórica no es todo lo exitoso que se pretende hacer creer".

Para demostrar sus dichos, hace los siguientes cálculos, luego de 16 años de gobiernos de la Concertación: "¡No hay más que ocho causas terminadas y aclaradas!, de una estimación aproximada de más de 480 procesos en desarrollo a lo largo del país. Al mismo tiempo, de un total de 1.464 detenidos desaparecidos, se han identificado y entregado a sus familiares 162 cadáveres, incluidos los 96 ahora en duda del Patio 29 en el Cementerio General. Es ¡sólo el 12 por ciento!".

Haciendo una proyección, sostiene que "como hay en instrucción alrededor de 480 causas judiciales, de continuarse fallando a la misma velocidad tenida hasta ahora, una por año, quizá se necesitarían los mismos 480 años para poder pensar en lograr un 'definitivo reencuentro' entre todos los chilenos, es decir para el año 2486 nos podremos reconciliar".

Así, constata que "si dividimos la cantidad de cadáveres encontrados e identificados -172- por los 16 años de gobiernos de la Concertación, da el lamentable promedio de 10,125 cadáveres por año; para recuperar el total de detenidos desaparecidos, con la certeza tenida hasta ahora, se necesitarían 145 años".

"Convengamos, entonces, el sistema en ejecución adoptado para esclarecer las violaciones a los derechos humanos es insanablemente malo; por este camino, NUNCA se sabrá la verdad", concluye.

Desapariciones planificadas

Pero es su explicación de la raíz del problema lo más revelador y sorprendente:

"¿Cómo explicarse que cadáveres, según se dijo (en la Mesa de Diálogo), lanzados al mar, apareciesen inhumados en el fuerte Arteaga del Ejército? ¿O hubo temor del Alto Mando de entregar la verdad, porque se les pudo enrostrar a ellos para responsabilidad penal? ¿O mejor se esperó que la verdad, o parte de ella, aflorare por algún subalterno y fuere éste, finalmente, sentenciado?

¿O acaso ese alto mando no pudo darla, porque sencillamente no la sabe? ¿O las autoridades militares y de Carabineros no se atrevieron a revelar la verdad por el impacto público que ésta pudiere provocar al quedar de manifiesto el brutal e inhumano procedimiento empleado?

"En este mismo organismo instrumental (Mesa de Diálogo), se dijo que en la cuesta Barriga, entre otros lugares, se habían inhumado cadáveres. Efectuadas las investigaciones por un ministro en visita, se encontraron huesos humanos menores que no hacían posible identificar a nadie; a su alrededor, muchas osamentas de perros.

"La cuestión es que, efectivamente, hubo exhumaciones ilegales entre los años 1978 y 1979, dispuestas por el director nacional de Informaciones, general Odlanier Mena Salinas; se sacaron de dicho lugar, previa recolección de perros muertos atropellados en la carretera Norte-Sur y, posteriormente, lanzados al mar en helicópteros. Dicha acción deja de manifiesto la planificación destinada a una 'solución final' para dicho problema, o sea, el engaño e impedir el encuentro de las personas y la verdad.

"Ni el oficial subalterno y los agentes que realizaron las exhumaciones, como la tripulación de los helicópteros que trasladaron los cuerpos, saben sobre qué cadáveres se hizo tal tratamiento.

"Y las respuestas a aquello, ¡por favor! no la busquen encarcelando a este oficial o a los pilotos, pues no saben más que lo que he indicado. ¡Exíjansela al general Pinochet, a su vicecomandante en jefe del Ejército, a su jefe del Estado Mayor, general Odlanier Mena, a su subdirector, su jefe del Estado mayor CNI, a su jefe de operaciones CNI, al comandante de Aviación del Ejército de aquellos años, a su segundo comandante y al jefe de operaciones aéreas, que realizaban los respectivos planes de vuelo. Ya está bueno que la justicia se centre sólo en los cabos mecánicos de helicópteros y en sus pilotos (…) así ha sido hasta hoy.

Cómo mataban a los detenidos

Según Herrera, la desaparición de personas tuvo varios procedimientos:

"1.- Hubo coordinación y mando de oficiales superiores o generales: por órdenes superiores, personal de una unidad detenía personas con nombre, apellidos y domicilio, los entregaba en otra unidad donde eran retenidos, quemados o destruidos los documentos identificatorios y se les cambiaba por un número. Ya sin identidad, los detenidos eran llevados a otro lugar, donde distinto personal militar o policial los eliminaba, pero sin saber a quiénes, ya que a esas alturas eran sólo números. Luego, envueltos en sacos, por otro personal, inhumados o lanzados al mar y quienes hacían esta 'labor' sólo veían bultos, no personas.

"2.- Patrullas de las Fuerzas Armadas al mando de jóvenes subtenientes y tenientes o sargentos y cabos, hicieron de juez y parte frente a hechos de 'delación política', como jefes de las JAP, por ejemplo. También, frente a denuncias de delitos flagrantes o creyendo que así eran, fusilaron a personas sospechosas de tales actos in situ, pese a ser ilegal, aún en aquel tiempo.

Quienes cometieron ese ilícito no obedecían a instrucciones de sus mandos.

"3.- Carabineros integrantes de un retén, en conocimiento de cuatreros en su sector, los fusilaron e inhumaron, muchas veces con ayuda de civiles interesados en terminar con aquel delito. (…) También hubo muertos en ciudades, pueblos o localidades donde no existía presencia de FF.AA: Lonquén es un ejemplo. ¿Quién dio la orden?

"4.- Unidades de la Policía de Investigaciones, sabedores que en su sector había delincuentes habituales que entraban y salían de la cárcel -como siempre ha sido-, en operaciones secretas y clandestinas los eliminaron actuando como escuadrones de la muerte. Tampoco correspondió a instrucciones del mando institucional.

"De los procedimientos señalados en los puntos 2 al 4 ha habido información y se ha logrado avanzar algo en la materia. Respecto del primer procedimiento, nada.

"La otra verdad resistida a revelar, oficialmente, es que buena parte de los detenidos desaparecidos NUNCA serán encontrados, porque el primer sistema descrito, aunque complejo, funcionó, en este caso, 'lamentablemente muy bien'.

"Esta es la gran verdad que tiene entrampado al país (…) creo que todos los chilenos la sabemos, pero esperamos que sean personas responsables, con autoridad y necesidad de saber que, dando la cara al país, oficialmente nos la explique, sin eufemismos, sino en forma clara y dejando palmariamente establecido, de una buena vez, que la posibilidad de encontrar el grueso de los detenidos desaparecidos es material e insalvablemente imposible, porque

(…) el primer procedimiento explicado, por su complejidad y dado el tiempo transcurrido, más militares y carabineros partícipes que han fallecido, hacen materialmente imposible toda posibilidad de reconstruirlo.

"¡El grueso de los detenidos desaparecidos que aún faltan no serán encontrados, pues fueron arrojados al mar en diferentes lugares! O lo fueron poco tiempo después de ser detenidos o los lanzaron luego de las exhumaciones hechas entre 1978 y 1979.

"Me parece una gran injusticia y miserable falta de respeto para con los familiares de aquellos, que esta triste y vergonzosa verdad no sea develada clara, contundente y documentadamente a la brevedad".

Es reconocido como un ícono de las violaciones de los derechos humanos, pero hoy afirma, que aunque aparecieran cien casos falsos, no es posible poner en duda lo ocurrido en dictadura. El ex agente de la CNI califica la fallida denuncia de Karla Rubilar como un problema “moral y ético” y revela que, en 1982, el presidente de la ANEF era sólo el cuarto nombre de una lista de dirigentes sindicales que la dictadura pretendió asesinar, encabezada por Rodolfo Seguel, Manuel Bustos y Hernol Flores.

El nombre de Carlos Herrera Jiménez entró para siempre en la historia de la dictadura. Aunque mató en Pisagua meses después del golpe militar, no fue un soldado operativo en el arresto, la tortura y el método del trozo de riel para arrojar cuerpos al mar, sino en el crimen político, selectivo y planificado de los últimos años de la tiranía. Jamás dudó en matar cuando le tocó obedecer. Sin chistar. Orgulloso de cumplir su misión por la patria y con la fe ciega en sus superiores. Su "medalla estrella" la obtuvo cuando en 1982 eliminó de tres disparos al sindicalista Tucapel Jiménez. Fue el crimen que lo catapultó a la fama. Hoy revela, por primera vez, que Tucapel era apenas el cuarto y último de una lista para morir que encabezó entonces el sindicalista del cobre Rodolfo Seguel y, tras él, los dirigentes Manuel Bustos y Hernol Flores.

Integró el Batallón de Inteligencia del Ejército y luego, en 1983, se hizo cargo de la CNI en la Región de Valparaíso. Fue en esa destinación que, junto a Álvaro Corbalán, integró el cuarteto que ultimó al carpintero Juan Alegría Mundaca.

Después de 20 años de presidio, Carlos Herrera, con 57 años y el pelo cano, usa una colita que, al interior del penal Punta Peuco, lo diferencia de otros, como Raúl Iturriaga Neumann o el mismo ex jefe de la CNI, general Hugo Salas. Ellos todavía mantienen la formalidad marcial. Su visión de la vida, lo aleja hoy de aquel obediente soldado.

-¿Qué opina de la reciente gestión de la diputada RN Karla Rubilar, que entregó antecedentes erróneos respecto de presuntos falsos detenidos desaparecidos?

-Lo que Karla Rubilar hizo es monstruoso. Fuera de su desconocimiento, ella tiene un problema moral y ético. Encontrar cuatro o cinco personas que se pasaron de listos no cambia en absoluto el fondo, que en Chile hay desaparecidos. Incluso si aparecieran diez o cien, eso sólo cambia la magnitud. Aunque hubiera sólo un detenido desaparecido el problema sigue igual.

-¿Cree que hoy los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos son una realidad en Chile?

-Sí, efectivamente, eso no se puede desconocer. Creo que ese es el eje del conflicto de las violaciones de los derechos humanos. Me parece inconcebible que haya detenidos desaparecidos.

-¿Qué efecto cree que tuvo este conflicto sobre la dictadura?

-La existencia de los detenidos desaparecidos deslegitimó todo el trabajo bueno que hicimos en los servicios de seguridad y que llevó a cabo el régimen militar.

-Después del sufrimiento de tantos años y sumados los acontecimientos recientes, ¿qué le diría hoy a los familiares de las víctimas?

-Es difícil la pregunta. Me parece que, con todo lo que se ha sabido hasta ahora, pedir perdón es algo sobrepasado por los acontecimientos. El perdón es un proceso que corre por parte de los afectados. Y yo personalmente no hice desaparecer a nadie, por lo tanto no puedo pedir perdón por algo que no hice.

-Pero entonces, ¿siente algún tipo de empatía por familiares de asesinados o ejecutados políticos?

-Sí. A mí se me murió un hijo en 1978. Sufrí bastante, pero creo que de alguna forma ya se cerró la herida, aunque la cicatriz queda. El está enterrado y sé dónde está. No viví la desaparición de un ser querido.

-Y a los familiares de los ejecutados políticos, ¿les pediría perdón?

-Yo ya pedí perdón a los familiares de mis víctimas, entre ellos Tucapel Jiménez.

-¿Usted fue el primero en pedir perdón a sus víctimas?

-Sí, me parece que fui el primero.

-Conoció bien a Manuel Contreras, ¿qué opinión tiene de él?

-Yo conviví con él tres años y nueve meses en Punta Peuco. Creo que es alguien muy inteligente. Lamentablemente me parece que quedó pegado en el pasado. Él sigue en la pelea de 1973, no ha evolucionado. Y eso daña a quienes fueron sus subalternos.

-¿En qué sentido los daña?

-Hoy Contreras es quien encabeza el problema de los derechos humanos. Pero su dimensión no es igual a la de un suboficial como, por ejemplo, Basclay Zapata. Pero la sociedad en su conjunto, y la prensa en particular, pone a ambos en la misma dimensión, cuando hay una diferencia tremenda. Y Manuel Contreras no ha hecho nada para hacer esa diferencia. ¿Por qué él permite que sus subalternos sigan puestos a su mismo nivel?

-Contreras incluso sigue negando la existencia de detenidos desaparecidos.

-Por eso digo que está pegado en el pasado.

-¿Cuándo y por qué se decidió a confesar los crímenes en que participó durante la dictadura?

-Fue precisamente durante la convivencia con Contreras. Sobre todo porque no hizo nada por poner las cosas en su justo nivel. Creo que sería muy varonil y honroso que se hiciera cargo de las órdenes que dio.

-¿Cree que Contreras ha sido cobarde?

-Pienso que la sociedad chilena en su conjunto es un poco cobarde. Estamos en un país del "yo no fui".

-¿Hubo otros motivos para que confesara sus crímenes?

-Yo tengo cuatro hijos, incluido uno de veintidós años, que es la edad en que a mí me tocó vivir todas estas cosas. De verdad no quisiera que ellos vivieran lo que yo viví, ni tampoco que fueran víctimas como lo fueron otros jóvenes durante la dictadura. Mi hijo menor esconde lo que ocurrió a su padre y eso es duro. Cuando caí detenido él era una guagua de brazos, entonces él prácticamente ha vivido toda su vida sin padre. No me conoce de otra manera si no es preso.

-¿Se refiere a que existe un costo familiar?

-Sí. Además de cuatro hijos, tengo cuatro nietos y ellos humanizan más que los propios hijos.

El orgullo perdido

-Usted dijo que cuando mató a Tucapel Jiménez sintió orgullo debido a que creía fervientemente en lo que hacía. ¿Cuáles eran sus ideales?

-A mí se me pintó que Jiménez estaba traicionando a la patria. Me bastó sólo eso para pensar que su muerte, siendo ilegítima desde el origen por el hecho de matar, se legitimaba por sí sola por el objetivo final, aunque suene maquiavélico.

-Pero en qué se basó el orgullo que sintió al matarlo.

-En los jóvenes de esa época, y particularmente en mí, había un patrioterismo que caía en el chovinismo. Todo lo que se hiciera en beneficio de la patria se legitimaba por sí mismo. Jiménez era parte de ese patrioterismo. Pero voy a contar que él originalmente era el cuarto de una lista de probables asesinados. El primero era Rodolfo Seguel (a 1982, importante dirigente sindical cuprero y diputado 2002-2006), el segundo era Manuel Bustos (a la fecha presidente de la Coordinadora Nacional Sindical) y el tercero, Hernol Flores (dirigente de Correos de Chile). Matar a cualquiera de ellos fue evaluado como un grave problema político. A Tucapel se le eligió por descarte. Debido a que quienes dirigieron esto "se les hizo el potito". A mí me impactó mucho saber esto con posterioridad.

-¿Qué justificó para usted el crimen del carpintero Alegría, realizado para inculparlo de haber matado a Tucapel Jiménez?

-Fue una consecuencia del primer crimen. Con el pasar de los años te das cuenta que si ya fue torpe matar a Jiménez, eliminar a Alegría lo fue mucho más.

-¿Cree que cuando alguien mata está haciendo un mal?

-Yo creo que es así y quien diga lo contrario está mintiendo. A uno en la familia desde chico le enseñan que matar es malo. Creo que se pueden analizar las motivaciones, pero quien mató sabe lo que hizo.

-¿En algún momento sintió que estábamos en guerra?

-Sinceramente sí. Después me impactó muy fuerte darme cuenta de que no era sí.

-¿Cuáles son los ideales o paradigmas que entonces tenía y que hoy ya no tiene?

-Yo salí de la Escuela Militar en 1970. Y, aunque había cosas del Gobierno de Allende que encontraba notables, como el medio litro de leche para los niños, no estaba de acuerdo con el fondo de su proyecto. Pero de alguna manera éramos una juventud mucho más ideologizada que la actual. De 13 ó 14 años ya estabas participando en algo, en uno de los dos bandos, algo bastante maniqueo que no consideraba los matices.

Juicio a la dictadura

-¿Cuándo y por qué se le comienza a quebrar la imagen de Augusto Pinochet?

-Pinochet me desilusionó cuando en un discurso dijo "este no es un gobierno fascista". Entonces yo dije, cómo que no somos fascistas si estamos rodeados de militantes de Patria y Libertad. Y, además, éramos muy amigos de ellos. Eso me produjo muchos problemas. Siempre noté que Pinochet fue inconsecuente. Primero dijo que éramos antimarxistas y no sabíamos lo que era el marxismo; luego nacionalistas sin jamás leer a Primo de Rivera. Yo pensaba que el nacionalismo era bailar cueca, escuchar a Los Huasos Quincheros, comer empanadas y ver la Parada Militar. En un camino zigzagueante, después nos dijo que éramos gremialistas.

-¿Rescata algo del régimen militar?

-Sí, yo separo a Pinochet del régimen. La reorganización de la administración pública, el desarrollo de exportaciones no tradicionales, la reactivación de la Región de Tarapacá y la creación de la Zona Franca, son obras que han perdurado. Creo también que el salto en la economía fue una obra del régimen militar que lamentablemente se ve empañada por la violación de los derechos humanos.

-¿Y qué piensa del sistema neoliberal y de la economía de mercado?

-Ahí entro en un problema y déjenme volver un poco al pasado. Cuando asumió Allende prometió igualdad, y lo mismo sucedió con Pinochet donde todos íbamos a tener acceso a la educación. Pero en definitiva, pasados los años, resultó que esta sociedad nueva construida por los militares dejó afuera a los mismos que la hicimos. Por ejemplo, con cuatro hijos, no podía pagar las universidades. Hoy no hay igualdad de oportunidades para todos y yo me embarqué en este proyecto para lograr esa igualdad.

-¿Cree que el sistema hizo de Chile un país más clasista?

-Sí, y un ejemplo de ello es la reacción a la muerte de las estudiantes del Colegio Cumbres, que es lamentable por sí mismo. Al poco rato la Presidenta puso a disposición de los padres el avión presidencial, pero ¿cuántos accidentes hay todos los días de chilenos menos iguales que otros a los que nadie les pone un avión?

-¿Cree que todo lo bueno que hubo en el régimen militar hubiese sido posible bajo un gobierno democrático?

-Sí, pero con un proceso bastante más lento. En dictadura todo es más rápido, aunque el costo es alto.

-Entonces, ¿reconoce que vivimos una dictadura?

-Fue una dictadura. De viejo he aprendido a hablar sin eufemismos. Si un gobernante no es elegido por el voto popular, es un dictador. Cuando preguntan si fue pronunciamiento o golpe militar, es obvio que fue un golpe, el resto es un adorno.

El abandono

-¿En qué medida se sintió utilizado por el sistema? ¿Cuándo y cómo empezó a darse cuenta de ello?

-Después de viejo. En el momento yo sentí que lo hacía muy bien. A mí me viene muy bien el aforismo "dile al tonto que es bueno pal’ hacha, y el tonto tala el bosque". En 1991 yo me desligué de la institución al pedir mi baja. Empecé a conocer otra vida y personas. En el Ejército uno vive como en un ghetto, igual que la gente de la UDI o la DC que se casan entre ellos. Nosotros también nos casamos con las hijas de otros militares. Cuando yo estudié en el Ejército las calificaciones estaban orientadas a qué tan buen cumplidor de órdenes eras. Como yo siempre fui bien calificado, me sentí un buen soldado, sin pensar las consecuencias que eso me iba a traer.

-¿Cómo entiende las dos etapas en que se hizo desaparecer prisioneros: la de la DINA y la posterior de la CNI llamada "Operación Retiro de Televisores"?

-A muchos como yo nos dijeron que estábamos en guerra y lo creímos. Desde la lógica de la guerra de esos primeros años, con algún esfuerzo, podría entender esas muertes. Pero cuando en 1978 y 1979 se hizo el desentierro de cuerpos bajo el mando del director de la CNI, general Odlanier Mena, es algo que no comparto. Ahí ya existe la manifiesta intención de ocultar un delito consciente de haberlo cometido. Y creo que el general Mena debe responder por eso.

-¿Qué sintió cuando supo que la dictadura había sido derrotada en las urnas?

-Varias cosas. Desde el punto de vista judicial estaba clarito lo que iba a venir, aunque nunca me imaginé que sería tan duro. Pero más que eso pensé que los mandos, que habían sido bastante severos y autocráticos, entre ellos Sergio Arellano Stark, Humberto Gordon, Carlos Forestier y el mismo Pinochet, se iban a hacer cargo de las órdenes que dieron. Algo que nunca ocurrió. Pero yo estaba desilusionado de Pinochet hacía rato. Aunque recalco nuevamente que, para mí, él no es el gobierno militar.

-¿Se imaginó que los mandos superiores no iban a asumir su responsabilidad?

-Nunca. Fue una decepción muy grande y todavía la tengo. Me dolió mucho. Me cuesta mucho hoy mirarlos a la cara y tratarlos por el grado y de "mi general".

-¿Qué efecto tuvo que los mandos no asumieran las órdenes que dieron?

-Que la justicia inicialmente empezara a escarbar por abajo. Entonces caímos presos primero los subalternos.

-¿Voto Sí o No en 1988?

-Con el alma en el No, voté que Sí.

-¿Por qué?

-Porque era un soldado disciplinado.

La falsa reconciliación

-Viéndose en el tiempo, ¿cree que es válido matar por la patria?

-Como ya dije, inicialmente sentí mucho orgullo. Pero después me atacaron el peso de la conciencia, los hijos cuando crecieron, y conocer a mis nietos. Ahora creo que todo eso fue monstruoso.

-¿Qué le parecen algunos de los gestos de reconciliación que han habido?

-Hace algunos años el entonces comandante en jefe Juan Emilio Cheyre hizo una misa reparatoria en la memoria del general Carlos Prats, lo cual me pareció fantástico. Pero encontré de pésimo gusto ver, en primera fila y al borde de las lágrimas, a los mismos generales que nos dijeron que Prats era un traidor.

-¿Como quiénes?

-Por ejemplo, el general César Benavides. Actitudes de ese tipo son las que me provocan el desconcierto. Por años pensé que Prats era un traidor. Igualmente me pareció poco decente ver en las páginas sociales de "El Mercurio", en un cóctel del mundo universitario, juntos al general Guillermo Garín y al dirigente del MIR, Pascal Allende. Eso me parece muy poco decente. Ninguno de los dos debiera haber estado.

-¿Eso no tiene que ver con una eventual reconciliación?

-¿Se van a reconciliar las cúpulas? ¿Y qué pasa con los de abajo que ellos mismos mandaron a la muerte? Tiene que haber respeto por los caídos de uno y otro lado. Ahora, poniéndome en el lugar del MIR, sus muertos ese día se estarían revolcando en la tumba. Si eso es reconciliación, no entiendo nada.

El lento camino al cielo

-Aparte del costo judicial y el escarnio público. ¿Existe un costo familiar?

-El familiar fue el costo más alto, porque no sólo mentí judicialmente sino también a mi familia. Nunca conté que había cometido tal o cual homicidio. Pero mis hijos fueron creciendo y en un momento, en el 2000, les tuve que contar. Y contarle a mi esposa creo que fue más difícil que cuando hablé con el ministro Sergio Muñoz (que investigó el crimen de Tucapel Jiménez). No sabía por dónde empezar y justificar lo injustificable. Creo que lo más difícil fue con mi hijo más chico, ya que los otros sospechaban en lo que yo trabajaba. Él cuestiona mis acciones del pasado y eso evidentemente produce dolor.

-¿De qué se arrepiente?

-Dejando de lado las violaciones de los derechos humanos de las que ya me arrepentí y pedí perdón, me arrepiento de no haber estudiado Leyes. Estando en la CNI fui aceptado como alumno en la Universidad Católica de Valparaíso, pero el general Gordon me dijo "¿Usted está loco?". Acá en la cárcel me habría gustado estudiar Filosofía, pero tampoco he podido. Cuando uno está viejo y hace la lista, son más los arrepentimientos que los aciertos.

-¿De qué no se arrepiente?

-De mi familia. Y de haber estado presente en los acontecimientos más importantes del siglo XX, a pesar de que muchos de ellos fueron deleznables. Desde el punto de vista histórico, puedo decir "yo estuve ahí". Es un contrasentido, pude haber tenido una vida más simple y haber conocido más cosas, pero también ¡qué lindo es tener la culpa de lo que ha pasado! Esto sirve para saber qué es verdad y qué es mentira. ¿Para qué sirve todo esto? No tengo idea.

-¿Es religioso?

-En el plano religioso, soy católico, y tuve que pasar un largo periplo antes de volver a comulgar. No fue fácil, porque resulta ilógico que un católico practicante y observante, como es mi caso, haya hecho lo que hizo. Todavía me lo cuestiono desde el punto de vista espiritual, ya que conozco bastante de la Biblia. Yo sabía que mi religión prohíbe hacer lo que yo hice.

-¿Reza usted?

-Sí.

-¿Cree que se irá al cielo?

-Sí, sí. Cuánto me voy a demorar en llegar, es algo que no sé. Aunque creo que me voy a demorar bastante.

-¿Por qué?

-Por el purgatorio, pues.

Pisagua

-Usted estuvo en Pisagua a fines de 1973. ¿Mató al prisionero Nelson Márquez?

-Sí, yo lo maté.

-¿Quién le dio la orden?

-Me la dio el capitán Jaime Krauss Rusque y yo la cumplí. Él después fue edecán de la Cámara de Diputados.

-Pero usted está preso y Krauss está libre.

-Porque la justicia chilena aceptó como válido que él se encontraba en tareas administrativas contando remedios en una farmacia. Aunque la farmacia era muy chica, se demoró un mes en contar los remedios.

La ansiada libertad

-¿Cuándo debería salir libre?

-Yo tengo una condena a cadena perpetua unificada por las muertes del carpintero Alegría y Tucapel Jiménez, que suman 20 años de presidio. Ese tiempo se cumplió el 21 de junio de 2008. Caí preso en 1992, pero tenía tres años y siete meses acumulados de una condena previa por el caso del transportista de La Serena, Mario Fernández. Entonces, lo que sostengo es que, si la legislación penal permite la acumulación de las penas, yo ya cumplí la mía. Si el Estado, con toda justicia, fue tan ágil para juzgarme y condenarme, hoy con esa misma agilidad debe dejarme en libertad. También hay que respetar los derechos humanos de quienes los violamos. De lo contrario, se transforma en una venganza.

-A usted recientemente la justicia le denegó un recurso de amparo, por un error en la forma…

-Exactamente. A diferencia de la medicina, donde prima la urgencia por salvar a un paciente independientemente de cualquier formalidad, en la justicia no sucede. ¿Qué hubiera pasado si los recursos de amparo en Chile se hubieran acogido adecuadamente? Se habrían salvado muchas vidas.

-Si ya le pidió el indulto al ex Presidente Ricardo Lagos y le fue negado, ¿por qué no se lo solicita a la Presidenta Michelle Bachelet?

-No, y no es por soberbia, sino porque yo ya cumplí mi pena.

-¿Qué quiere hacer si algún día sale en libertad?

-Vaya paradoja, yo me acostumbré a estar encerrado y quiero ir a encerrarme a mi casa. No tengo ganas de reintegrarme en actividades de tipo social. Ni siquiera quiero ir al estadio, que antes me gustaba.

-¿De qué equipo es hincha?

-¡De San Luis de Quillota, pues hombre! Pero lo que en verdad hoy me interesa es vivir con mi señora en una parcela que tengo. Recomenzar nuestro pololeo. Lamentablemente mis hijos ya no van a estar conmigo en la casa, lo cual me va a costar mucho superar. Hace un par de años tuve el síndrome del nido vacío, que normalmente les da a las mamás.

-¿Quisiera aislarse del mundo?

-No del todo, quiero hacer una radio comunal, porque considero que Chile es un país muy injusto. Soy radioaficionado y tengo los equipos necesarios. Entre otras cosas, me gustaría hacer un programa dedicado a los presos. Pero esto lo voy a hacer desde mi casa.

Reflexiones

Al final de la entrevista, Carlos Herrera extrajo una carpeta y dijo que quería plantear algunos puntos.

“Existe una inequidad en las condenas cuando se aplican las mismas penas a los altos oficiales como Manuel Contreras y otros generales, y a los suboficiales como Basclay Zapata y otros”.

“La ley no es rígida, el derecho siempre se ha interpretado. La primera condena por homicidio calificado fue ejemplificadora y me la llevé yo: cadena perpetua. Hoy, el mismo tipo de delito se condena con pena remitida (cumplirla en libertad). Tengo claro que salí perjudicado por el momento histórico en que cometí el crimen”.

“Hay casos de oficiales y suboficiales que han hecho mucho daño, no han confesado nada, y cumplen una condena. Por el contrario, hay otros que confesaron todo lo poco que hicieron, y tienen la misma condena”.

La Nación

3 de abril de 2009    

Suprema ordena anular procesamiento en caso Pisagua

Los magistrados, actuando de oficio, plantearon que el ministro Billard había violado la Convención de Montevideo sobre la extradición de Carlos Herrera Jiménez, por lo que no corresponde mantener el procesamiento en contra del ex uniformado.

La Corte Suprema determinó anular el procesamiento dictado por el ministro Joaquín Billard en contra del mayor (r) Carlos Herrera Jiménez en la investigación por derechos humanos conocida como caso Pisagua.

En fallo dividido los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller rechazaron el recurso de amparo presentado por la defensa del procesado.

Sin embargo, actuando de oficio, el máximo tribunal del país ordenó anular el procesamiento dictado el 22 de julio de 2004, ya que estima que viola los preceptos de la Convención de Montevideo mediante la cual se concedió por Argentina la extradición a Chile de Herrera Jiménez.

 “Que conforme a las disposiciones antes analizadas y apareciendo de los antecedentes de la causa tenida a la vista que el auto de procesamiento de fecha 22 de julio de 2004, respecto de Herrera Jiménez, ha sido dictado con infracción a lo dispuesto en la letra a) del artículo 17 de la Convención de Montevideo, procediendo de oficio esta Corte, de acuerdo con sus facultades conservadoras, se dispone dejarlo sin efecto, debiendo el Sr. juez de la causa seguir los procedimientos correspondientes a fin de obtener la ampliación de la extradición, en mérito de los elementos que obran en la causa y que motivaron la dictación de la resolución que por este fallo se ha dejado sin efecto”, dice el dictamen.

La decisión de rechazar el recurso de amparo fue acordada con el voto en contra del ministro Segura que estuvo por acoger la presentación de la defensa de Herrera Jiménez.

Álvaro Corbalán, José Zara, Eduardo Iturriaga y Carlos Herrera, todos ex integrantes de las policías secretas de Pinochet reclaman derechos a beneficios carcelarios y aseguran que “fuimos el brazo armado de la derecha y ahora nos desprecian”. Zara conocido por su frase de los "corvos acerados" pidió indulto. Piñera se lo negó

"Los violadores de los derechos humanos nos constituimos en los leprosos de la nueva sociedad chilena, a los cuales pocos quieren reconocernos o ayudarnos". Así se refiere a su actual situación Carlos Herrera Jiménez, mayor en retiro del Ejército que lleva 23 años detenido en distintas cárceles, hoy en el penal de Punta Peuco, recinto construido especialmente para recibir a militares condenados por crímenes contra los derechos humanos. Él fue declarado culpable, entre otros casos, de la muerte del líder sindical opositor a Pinochet, Tucapel Jiménez en 1982.

Esta y otras fuertes declaraciones formuladas por él y por los también condenados militares Jorge Iturriaga Neumann, Álvaro Corbalán Castilla (condenado por los crímenes de Corpus Christi y otros asesinatos) y José Zara Holger, (el de la famosa frase de los corvos acerados, condenado por el crímen del general Carlos Prats) se pueden leer en exclusiva en la tercera edición del semanario Cambio21 que salió a venta en los kioscos del país.
Nuestro director, estuvo en exclusiva en el penal especialmente construido para violadores a los derechos humanos en la comuna de Til Til y le dijeron que el Presidente de la República los engañó con sus promesas de campaña donde ofreció leyes especiales y leyes de punto final a la denominada "familia militar".

El general retirado Eduardo Iturriaga, acusado de participar en el crímen del comandante en jefe del ejército Carlos Prats y su esposa, dice que con "nuestros votos, Piñera salió electo presidente". Añadió que en la próxima elecciòn llamarán a no votar por "este gobierno mientras no se solucionen nuestros problemas". Indicó que no descartan iniciar una huelga de hambre.

Herrera Jiménez dice que que "fuimos el brazo armado de la derecha para llegar al poder" y "ahora nos desprecian" y anuncian acciones para reclamar por lo que consideran sus derechos.

Otros reportajes que puede leer en el nuevo ejemplar de Cambio21 son, entre otros, el "Karadimazo" de las monjas Ursulinas, con la destitución y traslado a Alemania -por razones no del todo claras- de su eterna superiora; una entrevista a la senadora Isabel Alende, donde habla de su profundo dolor por la muerte de su hijo y de la contingencia nacional, y las peleas entre los titanes de la política con miras a las elecciones senatoriales de 2013. También conocimos la selección chilena de "discolandia", los políticos rebeldes y de qué juegan…
También tratamos de dilucidar de quién será el negocio de la energía nuclear en Chile, y emprendimos la desesperada búsqueda de lo que fue el think tank de la campaña de Piñera y que nadie sabe dónde están. Porque, ¿alguien sabe qué se hicieron los Tantaucos?

El autor confeso del crímen de Tucapel Jiménez y del carpinero Juan Alegría, el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez solicitó indulto a Piñera. Aún no le responden. José Zara también lo pidió. Ya le dijeron que no.

Lea la petición textual del indulto

En lo principal: Solicito Indulto Particular; Primer subsidio: Rebaja de condena; Segundo Subsidio: Conmutación de condena; Tercer Subsidio: Relegación.
Primer Otrosí: Pido Indulto Particular a Suboficial.

Segundo otrosí: Poder

Excelentísimo señor Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique

Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, RUN Nº 6.119.621-8, mayor retirado del Ejército, cincuenta y nueve años de edad, natural de Quillota , casado; actualmente, en la cárcel de Punta Peuco, comuna de Til-Til, cumpliendo condena de Presidio Perpetuo por mi responsabilidad en los hechos investigados en las causas acumuladas Rol Nº 1.643. y 1.643 bis, respetuosamente, al Excelentísimo señor Presidente, Digo: Fui condenado por sentencia de fecha 9 de marzo del año 2004, Rol Nº 3231-03 de la Excelentísima Corte Suprema, a sufrir la pena unificada de presidio perpetuo por los delitos de homicidio calificado, en las personas de Tucapel Jiménez Alfaro y Juan Alberto Alegría Mundaca, encontrándose la pena ejecutoriada a partir del miércoles 31 de marzo del año 2004.

Por antecedentes posibles de recabar en los Tribunales de Justicia, Ejército, Policía de Investigaciones y Gendarmería, queda de manifiesto que desde el domingo 19 de enero de 1992, ininterrumpidamente, he estado preso, tras ser detenido en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Nunca he obtenido la libertad provisional, ni condicional, ni beneficios intrapenitenciarios. Previo a aquella fecha, estuve tres años y siete meses en detención preventiva en unidades de la ex CNI. En total, entonces, he permanecido un poco más de veintidós años en prisión, tanto en cárceles argentinas, chilenas, como unidades militares.

Más, soy responsable de los hechos de transgresiones a los derechosa humanos en que he sido imputado, a excepción, del caso "Transportista de La Serena", en el cual, junto con el suboficial (r) de Carabineros don Armando Cabrera Aguilar, cumplimos la orden del Director de la ex CNI, general (Q.E.P.D.) don Humberto Gordon Rubio, de auto incriminarnos, pues como él dijo, "más adelante nos sacaría del problema". Aquello nunca ocurrió. No pudo o quizá, no quiso.

Enfáticamente y sin ambages reconozco mi responsabilidad criminal en aquellos infaustos injustos. Ciertamente, no me uní al Ejército ni para ser asesino ni verdugo de mis connacionales. Claro que no. Ingresé al Ejército en el año 1965, a los catorce años de edad, tras mi convencimiento que desde esta institución se servía eficazmente al país, pues es dirigida y conformada por personas valientes, de honor y revestidos de dignidad, a quienes, por lo mismo, era necesario obedecerlas sin titubear, tal como lo dispone la ordenanza militar aún vigente. Pero, estaba equivocado. Después de tomar distancia de los hechos, por el tiempo transcurrido y las vicisitudes vividas a propósito delos problemas derivados de los derechos humanos, quedó claro que mis servicios prestados al país no fueron precisamente de los mejores.

Reconozco que lo señalado en el párrafo precedente, es de una ingenuidad supina rayana en la candidez. Pero, no se puede soslayar que soy parte de la juventud de los años sesenta y principios de los setenta, siendo la ideologización y el maniqueísmo nuestra principal característica. Los jóvenes de aquella época, sólo teníamos dos posiciones para ubicarnos; unos y otros, queríamos cambiar radicalmente el mundo.

Ambos contendientes, me parece, nos equivocamos rotundamente respecto de nuestros líderes y en la forma de llevar a cabo los paradigmas. De pronto, los que no estaban con unos, eran enemigos de los otros. Los jóvenes acicateados por eslóganes y por personas mayores, tanto o más irresponsables, en los colegios, universidades, fábricas, en el campo, en la ciudad y en los cuarteles militares, nos enfrentamos, algunos con palabras, otros con violencia verbal, otros con las armas y, de esta manera, fuimos conducidos al desastre social, que hoy buena parte de la sociedad chilena lamenta

Pienso que en esos años, el mundo y Chile en particular, vivimos en estado de locura generalizada; yo no me sustraje a ello. Por la naturaleza de las funciones que cumplí en los servicios de seguridad del gobierno militar, lamentable y como públicamente lo he reconocido, se me tornó difusa la barrera delo moral, inmoral, y amoral; estuve de acuerdo que para servir a los intereses de la patria, no fijarse en los medios era legítimo, si aquello servía para lograr el propósito final. Era de los que pensaba en la necesidad de cambios profundos, con las armas, llegado el caso. Además, estaba equivocadamente convencido que la elite intelectual nacional estaba en la Fuerzas Armadas chilenas, por ser éstas la última reserva moral de la patria y que sus comandantes eran personas del más alto nivel intelectual, moral y ético. ¿Qué otra cosa iba yo a pensar si la única información que recibía era impartida por el conducto regular militar?

Al final de la jornada, señor Presidente, se impuso lo que ya es una institución en nuestro país: nadie se hizo cargo de nada. Los líderes de uno y otro bando no asumieron, para variar, las responsabilidades inherentes a sus cargos. Pareciera ser cosa señalada: en Chile no hay voluntad y coraje para investigar primero y, si es del caso, condenar después a las dirigencias, cualesquiera que ellas sean.

En efecto, así como en el pasado los Secretariados Generales de movimientos subversivos terroristas, como el MIR, y el F.P.M.R. , no fueron sometidos a proceso y menos condenados; hoy, salvo pocas excepciones, judicialmente responden de lo ocurrido en derechos humanos durante el gobierno militar, marinos, aviadores y policías que en tal lapso ostentaban grados subalternos. Generales y almirantes de la época, en la mayoría de los casos, con calificados y prestigiosos equipos de abogados de la plaza en Santiago, han logrado eludir la acción de la justicia respecto de la responsabilidad criminal que les cupo, por haber sido ellos quienes planificaron, crearon y mantuvieron un clima sicológico dentro de las instituciones para exacerbar el odio en contra del "enemigo" e impartieron las órdenes para la comisión delos ilícitos que hoy tienen presos a sus subordinados.

Definitivamente, ningún general o almirante de la época del golpe o pronunciamiento militar, respondió de nada. Nadie de los generales ahora presos en las cárceles de Punta Peuco y Cordillera, para el 11 de septiembre de 1973, había alcanzado esa jerarquía. El más connotado de todos, el general Manuel Contreras, era sólo teniente coronel. Curioso.
El clima de odios pre y post 11 de septiembre de 1973, me hizo perder el rumbo en materia de derechos humanos, pese a saber desde el seno materno, que matar es malo, pues nacemos con aquella norma incorporada a nuestro ser. Inexplicablemente en aquel tiempo, jóvenes militares como yo cumplimos órdenes ilegales en el origen, pero convertidas en legales por medio de una sostenida y efectiva acción sicológica en que se nos hizo ver que el "enemigo" era cada día más fuerte, más peligroso, más sanguinario, más traidor, más peligroso para las familias y para nuestro país. El paso del tiempo, la madurez adquirida y el peso de la conciencia, me hicieron comprender que lo obrado anteriormente por esa vía, era un profundo y desatinado error.

Lo ilícito siempre será ilícito, lo inmoral también siempre lo será, cualesquiera sean las circunstancias y, jamás nunca, el fin justificará los medios.
Mi catarsis sobre el particular está plasmada en:
a) Algunas de mis reflexiones acerca de la problemática de los derechos humanos
quedaron agregados en los libros, "El bisel del espejo: mi ventana" y "Culpabilidades y sanciones en crímenes contra los derechos humanos, otra clase de delitos", escritos por la conocida abogada, doña Clara Szcsaranki Cerda.
b) Mi ensayo, escrito en el transcurso del año 2006, denominado: "Derechos Humanos, Verdad Inconclusa. ¿Deuda Social?", el cual, entre otros lugares, se encuentra en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, signado como libro AD Rol Nº 1114-2007. Por este mismo documento, dicté charlas en esta cárcel, al cuarto quinto año de Derecho de la Universidad de Chile. También, me fue solicitado por igual cátedra, pero de la Pontificia Universidad Católica, como texto de investigación. Ambos hechos tuvieron amplia cobertura de prensa en su momento.

El martes 26 de diciembre del año 2006, la asistente social, doña Claudia Reyes Guzmán, ciudadana chilena y norteamericana a la vez, doctora en Ciencias Políticas en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, de visita en Chile y sabedora de la existencia dl trabajo, me visitó en esta cárcel y solicitó copia de aquél. Poco tiempo después, recibí una conceptuosa carta del jefe de cátedra para doctorados en Ciencias Políticas de aquella universidad, agradeciendo el trabajo e informando que éste es material de consulta allí.
El matutino "El Mercurio", del domingo 26 de agosto del año 2007, cuerpo "D", página 4, transcribió un pasaje de mi trabajo, y en las páginas 6 y 7, entrevistado sobre la materia, el ex Presidente don Patricio Aylwin Azocar. Se manifestó de acuerdo con mis planteamientos.

En agosto del año 2003, el presidente de la República de la época, don Ricardo Lagos Escobar, por cadena nacional dio a conocer su discurso relativo a materias de derechos humanos, denominada "No hay mañana sin ayer". Ella señala en el capítulo IV, numeral 3º: "(…) Al mismo tiempo, examinará otras situaciones de reos condenados por delitos de similar gravedad en períodos anteriores, que soliciten el perdón presidencial, siempre que hayan manifestado genuinamente su arrepentimiento, hayan estado ya en prisión por largo tiempo y hayan reconocido sus crímenes, cooperando con la verdad y los Tribunales de Justicia (…)". Lamentablemente, nunca se llevó a efecto.

Señor Presidente, respecto de las variables criminológicas (arrepentimiento, conciencia del delito y del mal causado) que la autoridad pondera al momento de estudiar los antecedentes de un preso que postula a beneficios, transcribiré las declaraciones dadas el sábado 31 de julio de este año, al matutino "El Mercurio", revista El Sábado, páginas 16,17 y 18, del diputado don Tucapel Jiménez Fuentes, acerca de mí: " (…) El presidente Lagos habría tenido más piso si indultaba a Herrera Jiménez. Él sí cooperó con el caso, él sí mostró arrepentimiento y él si tenía cáncer (…)". Sucede que el honorable congresista se refirió así, ni más ni menos a quien asesinó a su padre. Aquella conmovedora declaración es, a no dudarlo, un auténtico y genuino gesto de reconciliación, el cual y por el bien de nuestro país, no puede ni debe caer en el vacío.

He cumplido algo más de veintidós años de prisión; reconocí mis culpas en publicaciones nacionales y extranjeras; presté toda la colaboración posible a los tribunales, quedando constancia de ello en los respectivos expedientes; solicité ser perdonado, en forma pública y privada a los familiares de mis víctimas; buena parte del período en que he estado preso ha sido en cárceles nacionales y argentinas. Lajusticia positiva ha realizado lo suyo.

Cumplo con los requisitos exigidos en la Ley Nº 18.050, Fija Normas para la Concesión de Indultos Particulares. Pido para mí, igualdad ante la ley, tal cual en los gobiernos de don Patricio Aylwin Azocar y de don Ricardo Lagos Escobar, quienes, en legitimo uso de sus atribuciones presidenciales, indultaron a doscientas ochenta y dos personas presas por delitos de motivación política. Para un mejor resolver de Su Excelencia, cumplo con informarle que Eliseo Aballai González y Luis Enrique Quilodrán Muñoz, beneficiados en el transcurso del año 1994, son quienes , de ese grupo, mas tiempo permanecieron presos: dieciséis años y siete meses cada uno. Yo los he superado con más de seis años.
No es mi ánimo hacer esta solicitud un dramón venezolano. Pero, muy a mi pesar, tengo cáncer. Por ello, he sido operado en mas de cuatro oportunidades, hospitalizado otras tantas, con la obligatoriedad de asistir periódicamente a tratamiento y control oncológico en el Hospital Militar. Por el momento -Dios mediante- la enfermedad esta controlada y, de verdad, no quisiera terminar mis días en prisión.

Finalmente, por mi edad, mi enfermedad, mi esposa, mis cuatro hijos, mis cuatro nietros, por todo el tiempo perdido de estar con mi familia, por todos los eventos familiares importantes a los que no pude asistir -licenciamientos de mis hijos, pedidas de mano, matrimonios de ellos, nacimientos de mis nietos, operaciones de mi esposa y de mi mamá aun viva, funerales de familiares, etcétera-, Su Excelencia puede tener la más absoluta certeza que en el caso de concederme la gracia del indulto particular, sólo me dedicare a cuidar los árboles de mi parcela de cinco mil metros cuadrados ubicada en la comuna del gran Santiago, a desarrollar mi hobbie de la radio afición y a malcriar a mis cuatro nietos.

Por tanto: Conforme lo señala la Ley Nº 18.050, Fija Normas para la Concesión de Indultos Particulares, pido al Excelentísimo señor Presidente de la República, Don Sebastián Piñera Echeñique , tenga a bien concederme la gracia del indulto particular, teniendo presente el largo tiempo de prisión cumplido; las variables criminológicas que pudieren incidir en mi persona, se encuentran con hechos y no dichos, total y absolutamente superadas; la enfermedad grave o terminal que me aqueja y la buena disposición al respecto manifestada por los deudos de don Tucapel Jiménez Alfaro
En segundo subsidio; la conmutación de la pena, por el saldo de ella bajo la vigilancia del Patronato Local de Reos. En tercer subsidio, ser relegado a la Región Metropolitana, provincia de Melipilla, por una cantidad determinada de años.
Pido a su Excelencia, tomar conocimiento de lo expuesto y acceder a lo solicitado

Primer Otrosí: De antemano, ofrezco disculpas al señor Presidente por la licencia que me permitiré. Mas, por un deber de conciencia y de mínima lealtad que mis superiores nunca tuvieron conmigo, quisiera abogar y pedir su clemencia para con el suboficial de Carabineros (r) don Armando Edmundo Cabrera Aguilar, también preso en esta cárcel y cumpliendo condena en la causa Rol Nº 1.643 bis, sobre Homicidio de don Juan Alegría Mundaca. El suboficial retirado Cabrera fue un leal subalterno mío; el es un hombre de muy escasa instrucción -sexto año de preparatorias-, setenta y dos años de edad.
También padece de cáncer al estomago en estado terminal del corazón y asmático. No son halagüeñas las expectativas de vida de esta persona. Pese a ello, tiene el encomiable merito de haber mantenido unida a su familia, junto a el, en todos estos aciagos años.

Del mismo modo, ha cumplido prisión por más de dieciocho años, siempre por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Por tanto: Pido al Excelentísimo señor Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, tenga a bien conceder la gracias del indulto particular a don Armando Edmundo Cabrera Aguilar, teniendo presente el largo tiempo de prisión cumplido; las variables criminológicas que pudieren incidir en su persona, se encuentran total y absolutamente superadas y; la enfermedad terminal que lo aqueja.

De no ser posible la concesión de tal gracia, pido en primer subsidio rebaja de su condena, fijándose como pena única y máxima la cantidad de dieciocho años efectivos de prisión. En segundo subsidio; la conmutación de la pena, por el saldo de ella bajo la vigilancia del Patronato Local de Reos. En tercer subsidio, ser relegado a la Región de Valparaíso, provincia de Viña del Mar, por una cantidad determinada de años.

Ruego a Su Excelencia conceder el Indulto Particular al suboficial de Carabineros (r) Cabrera.
Tercer Otrosí: Para los efectos de la tramitación de los presentes indultos particulares, otorgo PODER, tan amplio como en Derecho se requiere, al abogado don Luis Hernán Núñez Muñoz.
Pido a Su Excelencia tenerlo presente

Carlos Herrera Jiménez declaró que el torrturador Krassnoff Martchenko es culpable de todos los crímenes que se le imputan, señalando “no resulta creíble y menos lógico que el poder judicial se haya equivocado en más de veinte oportunidades al dictar sentencia condenatoria en contra del brigadier”. Casi todos los medios de comunicación de Chile y todas las agencias internacionales de noticias destacan la información publicada por nuestro semanario

Gran impacto mediático y politico ha generado la exclusiva de Cambio21donde el militar en retiro Carlos Herrera Jiménez, preso en Punta Peuco,  señaló que "los militares presos lo estamos por haber muerto a personas".

Frente al controversial homenaje Miguel Krassnoff, por parte del alcalde Cristián Labbé (UDI),  Herrera señaló que es "culpable de todos los crímenes que se le imputan", señalando que "no resulta creíble y menos lógico que el poder judicial se haya equivocado en más de veinte oportunidades al dictar sentencia condenatoria en contra del brigadier".

Por ello, las reacciones no se hicieron esperar y medios como Radio Cooperativa, The Clinic, El Mostrador, La Segunda, CNN, El Dinamo, y otros medios de comunicación, además de todas las agencias internacionales citaron a este medio para dar a conocer las opiniones de Jiménez frente a Krassnoff.

Tal fue el caso de la agencia española EFE que se refirió así Carlos Herrera Jiménez:

Un ex agente de la policía política de la dictadura militar chilena (1973-1990) aseguró hoy que "los militares olvidaron que están presos por haber muerto a personas", y criticó duramente un homenaje ofrecido a un ex brigadier condenado a más de cien años por violaciones a los derechos humanos.

Carlos Herrera, de la Central Nacional de Informaciones (CNI), quien purga cadena perpetua en el penal Punta Peuco por el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría Mondaca, se refirió así al homenaje ofrecido el pasado 21 de noviembre a Miguel Krassnoff, que cumple más de 140 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.

En declaraciones al semanario Cambio21, Herrera aseguró en duros términos que Krassnoff es culpable de todos los crímenes que se le imputan, aunque anticipó que en las cárceles actualmente "hay más suboficiales que oficiales presos" por violaciones a los derechos humanos.

"No resulta creíble que el poder judicial se haya equivocado en más de 20 oportunidades al dictar sentencia condenatoria en contra del brigadier", afirmó Herrera en respuesta a quienes defienden a Krassnoff, entre ellos el alcalde del ayuntamiento de Providencia, Cristian Labbé, ex guardaespaldas de Augusto Pinochet, quien organizó el homenaje al militar condenado.

En opinión de Herrera, se equivocaron los homenajeadores de Krassnoff al insistir en la inocencia judicial de éste, "pero más equivocado estuvo Krassnoff al insistir majaderamente en su inocencia".

En el relato a Cambio21, el semanario que descubrió el homenaje a Krassnoff y la destitución de la encargada de prensa de La Moneda, Andrea Ojeda Miranda, quien disculpó al presidente Sebastián Piñera por no acudir al evento e incluso agregar términos elogiosos para el militar, Herrera destaca que los oficiales finalmente no asumieron su responsabilidad en los crímenes cometido.

Tal como lo señalamos, Krassnoff se encuentra recluído y condenado a 147 años de presidio en una cárcel especial para violadores de derechos humanos en los contrafuertes cordilleranos en la comuna de Peñalolén. En tanto, Herrera Jiménez está preso en Punta Peuco, otra cárcel especial para militares y carabineros que violaron los derechos humanos, y que está situada en las cercanías de Til Til, a unos 45 kilómetros al norte de Santiago.

Fue en 1996 cuando el ex CNI Carlos Herrera Jiménez, conocido en los cuarteles de inteligencia de Pinochet como Bocaccio, grabó su primer audiolibro en prisión. Su voz marcial y pastosa se guarda en decenas de cassetes que ha hecho llegar a la Biblioteca Central para Ciegos de la comuna de Providencia directo desde Punta Peuco, donde es vecino de Alvaro Corbalán, alias El Faraón.

Herrera Jiménez, quien actualmente cumple cadena perpetua por los crímenes del ex presidente de la ANEF Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría Mundaca, ocurridos en 1982 y 1983, respectivamente, trabaja todos los días en su computador, donde tiene instalado un software especial para grabar. Según un cercano, en su celda Bocaccio tiene un sencillo escritorio donde mata las horas leyendo en voz alta.

Hoy por hoy, además de las duras peleas que ha tenido con Gendarmería para obtener -sin suerte- beneficios carcelarios, Herrera está obsesionado con un ambicioso proyecto personal: crear el mayor archivo de audiolibros para ciegos del país. Y todo con la marca registrada de Punta Peuco.

Quienes lo visitan habitualmente cuentan que grabar estos libros es parte de su afición por las comunicaciones. De hecho, en 1991 y antes de caer preso por primera vez acusado de la muerte del transportista Mario Fernández –asesinado en 1984 a manos de la CNI en La Serena-, una de sus actividades favoritas era la radioafición.

Incluso, Herrera ha confesado a sus amigos que, además de sus ganas de estudiar filosofía y de crear el archivo de audiolibros, si sale en libertad está decidido a locutear en una radio comunal cuyos auditores estén presos.

El agente y la grabación

En un comienzo, cuando una asistente social de Gendarmería avisó a la biblioteca que Herrera estaba interesado en grabar los libros, a lo menos les llamó la atención. Si bien es el único militar que ha pedido perdón por los crímenes de la dictadura, también fue quien protagonizó el asesinato a sangre fría del líder sindical y del carpintero Juan Alegría, quien fue emborrachado en su mediagua en Valparaíso y obligado a escribir una carta culpándose del crimen de Jiménez, en circunstancias que la CNI le cortó las venas de ambas muñecas para simular un suicidio.

Los cortes fueron tan profundos que le cercenaron los tendones, echando por tierra la hipótesis oficial.

Como sea, en la biblioteca los usuarios nunca preguntan quién es la voz detrás de las obras; sólo disfrutan su lectura y la labor ayuda a ampliar la cintoteca, que cuenta hoy con más de 2000 títulos.

Bocaccio grabó los primeros textos entre 1996 y 1998. Entonces pedía a sus familiares que le llevaran los libros a su pequeña celda y, una vez que los grababa, los devolvía: en la cárcel no tiene espacio para tener su propia biblioteca y apenas puede guardar su ropa. Los casettes -y luego CD- los costea hasta hoy de su propio bolsillo.

Sin embargo, fue en 2008 cuando se tomó en serio su pasatiempo y, en paralelo a enviar sus discos a la Biblioteca Central para Ciegos por su propia iniciativa, comenzó a grabar a diario enormes textos: actualmente está concentrado en un libro de historia de Chile en el que, según se calcula, llenará 50 CD de 72 minutos cada uno.

Pero la historia no es su único interés.

“El Manipulador”

A mediados de los años 90, Herrera hizo llegar a la biblioteca una nómina de libros que estaba decidido a registrar. En la lista, como en su propia historia, predominaba la novela negra. Así, una de sus primeras entregas fue “El Manipulador”, de Frederick Forsyth, una historia sobre los servicios de inteligencia británicos escrita por el mismo autor de “El Chacal”, el texto que dio origen a la película “El día del Chacal”.

Coincidentemente, Herrera Jiménez también fue parte de organismos de inteligencia de la dictadura, específicamente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

En el caso de “El Manipulador”, grabó el texto en 14 cassetes marca Philips de una hora cada uno. En total, fueron 840 minutos frente a una grabadora.
Luego vendría la entrega de “Teoría de la Constitución”, de Francisco Cumplido, ex ministro de Justicia de Patricio Aylwin; “Ha llegado el Águila” de Jack Higgins; “Doña Bárbara” de Rómulo Gallegos; “Sueño de una noche de Verano” de William Shakespeare y “Cómo superar el dolor” del padre Marino Purroy.

En su colección personal también se encuentran registrados en audio “Cien años de Soledad” de Gabriel García Márquez y varios códigos para estudiantes de Derecho no videntes. Además, estuvo a punto de grabar “Los Zarpazos del Puma”, el libro de la fallecida periodista Patricia Verdugo en el que por primera vez se denunciaron las violaciones a los derechos humanos cometidas tras el golpe militar por la Caravana de la Muerte liderada por el general ( R) Sergio Arellano Stark.

Pero finalmente registró uno mucho más largo: La Divina Comedia, que lo condenó a leer durante 4 meses hasta llenar 14 discos en los que el ex agente recrea el paseo de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso.

Abandonad toda esperanza

El libro de Dante le quedó dando vueltas en la cabeza. Tanto, que hace dos años, en una entrevista con el diario La Nación y frente a la pregunta si creía que iría al cielo, respondió: “Sí, sí. Cuánto me voy a demorar en llegar, es algo que no sé. Aunque creo que me voy a demorar bastante”. ¿La razón? “Por el purgatorio, pues”, respondió con ironía.

Resulta a lo menos curioso escuchar a un hombre con un pasado violento recitar con voz gangosa, en tono cándido y pausado, con todo el tiempo del mundo: “No esperéis nunca contemplar el cielo/ vengo a llevaros hasta la otra orilla/ la eterna tiniebla/ al hielo, al fuego”. En algunos pasajes su educación militar pareciera traicionarlo y los versos suenan toscos, como una orden de ejecución.

No es la única curiosidad del ex agente. A diferencia de otros lectores de audiolibros, al final de La Divina Comedia no quiso registrar información biográfica del autor, como es la costumbre de los demás voluntarios. Herrera, en cambio, sorprendió a sus auditores al incluir “Aguas Turbulentas”, una canción de Camilo Sesto: “Si la vida te trata mal/ y pierdes fuerza y moral/ no te acobardes/ Siempre tendrás/ una mano que estrechar”.

En la biblioteca Herrera aún tiene tarea pendiente. No ha entregado otros libros que comprometió: “Justicia de los Inocentes” de Elizabeth George, “Práctica del amor a Cristo” de San Alfonso María Ligorio y textos de la ex titular del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, que él mismo sugirió: ella fue de las pocas autoridades que en la década pasada respaldó su idea de “justicia con clemencia” y que consistió en colaborar ante los jueces a cambio de rebaja o conmutación de pena. Una tesis que quedó en la ficción y nunca se hizo realidad.

Adiestramiento y reclamos

En el último tiempo Herrera Jiménez ha interpuesto recursos de protección e incluso ha acusado a Gendarmería de actuar arbitrariamente en su caso. De hecho, le ganó un recurso al Director Nacional, Luis Masferrer, en el Consejo para la Transparencia, donde solicitó conocer las actas del Consejo Técnico, instancia que decide la viabilidad de las peticiones que los reos realizan en estas materias.

Según Herrera había pedido acceder al ansiado permiso dominical luego de estimar que el paseo al cual estaba apelando no provocaría mayores conflictos. Pero, según él, el alcaide del penal se lo negó.

Además de sus audiolibros, ha realizado talleres de mosaicos y de tenis. Pero en otras actividades propuestas le ha ido muy mal, como el curso sobre energías renovables que no pudo terminar porque el profesor se aburrió de los trámites y el control que debía cumplir para ingresar a la cárcel. También, acusa, se le ha negado realizar un curso de Electrónica Básica en un centro Inacap; un curso de locución comercial y doblaje de películas en la Academia Provoz; y un curso de inglés por internet del programa estatal “Chile habla inglés”. Todos a distancia y que serían pagados de su propio bolsillo.

Durante algún tiempo, Herrera Jiménez quiso adiestrar perros para ayudar a minusválidos y a jóvenes del Sename. Uno de ellos auspiciado por la conocida marca de alimento para perros Purina Dog Shaw. Pero su empresa no tuvo éxito. Y aunque no lo logró hacer para esos fines y pese a que no ha recibido un curso profesional de adiestrador, sí lo intentó hace algunos años con el perro Kazán de Manuel Contreras. Pero también le fue mal, porque según cuentan, al Mamo le gustaban mucho los canes pero de la reja para afuera. Es decir, no quería tener contacto con su mascota, lo que dificultó la relación adiestrador-perro-amo.

La estremecedora confesión del ex mayor Carlos Herrera Jiménez, quien se declaró culpable de los asesinatos del ex presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez, bajo las órdenes de la DINE, y del carpintero Juan Alegría Mundaca, en este caso de la CNI, activó un hervidero de grillos. Herrera fue el primer ejecutor confeso y el eslabón inicial de una cadena que aún no ha llegado a su fin.

Al menos seis de los 17 procesados de la Operación Albania reconocieron su participación en la matanza de doce militantes del FPMR en junio de 1987, señalando que cumplían órdenes del ex director operativo de la CNI, Alvaro Corbalán. Este, a su vez, confesó ante el ministro Milton Juica que había dado esa orden por instrucciones de su mando superior, apuntando al ex director de la CNI, Hugo Salas Wenzel. Luego, el abogado Jorge Mario Saavedra -querellante en el proceso por el asesinato del dirigente de la ANEF- dio a conocer una carta que habría escrito el fallecido ex director de la CNI y ex miembro de la Junta Militar, Humberto Gordon, donde asume responsabilidad por las actuaciones de sus subordinados en la CNI y la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), a la cual nunca perteneció.

Poco después el ministro Sergio Muñoz dio su golpe más espectacular, hasta ahora, en el caso Tucapel Jiménez: orden de detención y procesamiento contra el ex auditor general del ejército, Fernando Torres Silva (como encubridor), y del general en servicio activo Hernán Ramírez Hald, jefe del Comando de Industria Militar, CIMI (como cómplice). El primero, asesor y hombre de confianza de Augusto Pinochet -hasta su desafortunada gestión ante el juez español Baltasar Garzón-, despiadado ex fiscal militar durante la dictadura, y protector de torturadores y asesinos. Por su parte, Ramírez Hald, el militar de más alto grado que se encuentra procesado, exhibe una carrera "brillante" que incluye la dirección del Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE) -instancia ejecutiva de la DINE- al momento del asesinato del líder de la ANEF. De sus dependencias salió el arma utilizada por Carlos Herrera en el crimen. Más silenciosamente, el ministro Juica sometió a proceso a otros dos militares en servicio activo, el coronel Erick Silva y el capitán de la Fuerza Aérea, Hernán Miqueles. También ha habido importantes avances en otros crímenes no cubiertos por la Ley de Amnistía. La ministra en visita Dobra Lusic, quien investiga los asesinatos de José Carrasco, Gastón Vidaurrázaga, Abraham Muskablit y Felipe Rivera, ha contado con la cooperación del ex capitán Arturo Sanhueza y los oficiales Kranz Bauer, Jorge Vargas Bories, Rodrigo Pérez y el ex comandante de Carabineros, Iván Quiroz, segundo jefe de la CNI. Sus testimonios ratifican los autos de procesamiento dictados hasta el momento.

La complicidad castrense del silencio se vino al suelo. Enfrentados a la justicia, despojados del poder que les confirió la dictadura militar y sin el amparo de sus antiguos jefes, los asesinos y torturadores procesados comenzaron a flaquear. Como dijo Herrera Jiménez hace un par de meses, sintieron que estaban asumiendo más responsabilidades que las que les corresponden y que el alto mando de las Fuerzas Armadas debía responder "por las órdenes que dieron o dejaron de dar". Fue decisiva la sentencia que dictó a comienzos de julio el ministro Sergio Muñoz en el caso de Juan Alegría y que hace unos días ratificó definitivamente la Corte Suprema. Esto es, penas de presidio perpetuo para Carlos Herrera Jiménez, Alvaro Corbalán y el ex suboficial de Carabineros Armando Cabrera Aguilar (autores), además de diez años y un día de prisión para Osvaldo Pincetti Gac (cómplice). Si eso era lo que se les venía encima, muchos de los que estaban encarcelados comenzaron a considerar la posibilidad de cooperar con la justicia buscando condenas más bajas. Tampoco podían contar ya con los hábiles manejos de Fernando Torres Silva para entorpecer la acción de la justicia.

En julio de este año, el ex comandante Iván Cifuentes, del Comando Cobra de la CNI, pidió en una entrevista en "El Mercurio" una "salida política" (indulto con pena de extrañamiento) para los ex agentes de seguridad. Dijo que "en el fondo, la CNI cumplió la ?pega? que el Estado le encomendó" y reclamó que "desde el punto de vista judicial, los superiores de la CNI quedaron como encubridores o cómplices, pero solamente quienes éramos capitanes estamos asumiendo la condición de autores directos y materiales". Cifuentes enfrenta dos cadenas perpetuas por la Operación Albania y también fue citado a declarar por los casos de Tucapel Jiménez y el asesinato de Eugenio Berríos, en Uruguay.

Según el abogado Jorge Mario Saavedra, en su calidad de procesado como autor en los crímenes que investiga la jueza Dobra Lusic y como cómplice en el homicidio de Tucapel Jiménez, Humberto Gordon fue citado con frecuencia por los tribunales para ser careado con quienes estaban en Punta Peuco II. "Entonces inició una serie de visitas al penal para ponerse de acuerdo con la contraparte -algo que siempre han hecho los uniformados- y se encontró con una situación muy dura. Los detenidos se quejaban de que el mando los tenía botados", dice el abogado Saavedra. De ahí habría surgido la carta, redactada por Gordon junto a otras personas del penal y algunos de sus abogados. A Saavedra se la enviaron desde Punta Peuco II después que Mónica Madariaga la entregó al presidente de la Corte Suprema. Se sabe que Alvaro Corbalán, muy amigo de Gordon, intervino directamente. El abogado Héctor Salazar afirma que fue Corbalán quien mantuvo la carta en su poder y que decidió darla a conocer cuando la situación pasó de castaño a oscuro. Sin embargo, esa carta no tiene valor procesal, porque Gordon sólo asume responsabilidades en términos genéricos. "Pienso que lo que pretendía era quedar bien con su gente y, por otro lado, buscar algún atenuante", comenta Saavedra. Su colega Héctor Salazar asegura que Humberto Gordon se estaba preparando para hacer esas mismas declaraciones ante los tribunales de justicia con la idea de liberar de culpas a sus subalternos, lo que sí podría haber influido en los procesos. En eso estaba cuando falleció, el 15 de junio, a causa de un paro cardíaco -según se dijo-, mientras se encontraba con arresto domiciliario. "Yo creo que fue asesinado y que su familia debería pedir una investigación -opina Salazar-. Durante años de trabajo en el campo de los derechos humanos hemos visto que cada vez que en un proceso se abrían posibilidades de llegar a niveles más altos de mando, la persona clave moría en forma sorpresiva y en situación nunca aclaradas". Entre otros, menciona los casos del cabo Manuel Leyton y del capitán de Carabineros Francisco ("Gurka") Zúñiga. Este último, quien se habría suicidado en 1991, estaba siendo procesado como autor en el homicidio de Tucapel Jiménez y de Juan Alegría Mundaca.

"En lo esencial, la tardía confesión de Herrera Jiménez no hizo más que corroborar lo que ya sabíamos", señala el ingeniero Tucapel Jiménez, hijo del dirigente sindical asesinado. En su declaración, el ex agente de la CNI y de la DINE admitió que fue él quien disparó los cinco tiros mortales con un revólver Dan Wesson calibre 22, obedeciendo la orden de los jefes de la DINE, dirigida entonces por el ex general Arturo Alvarez Scoglia. En su relato del asesinato de Alegría Mundaca, Herrera precisa que fue Francisco Zúñiga quien le cortó las muñecas, mientras él lo sujetaba de las manos y Alvaro Corbalán de los pies. Afirmó que en este crimen actuó por órdenes de Corbalán y de Humberto Gordon. Y agregó que, aunque no se lo preguntó, suponía que éste cumplía, a su vez, órdenes de Pinochet.

Por su parte, después que Corbalán confesó por primera vez ante la ministra Lusic que las víctimas de la Operación Albania habían sido previamente detenidas -y, por lo tanto, no hubo enfrentamiento-, entregó una declaración donde reafirma su fidelidad a las Fuerzas Armadas y sostiene que nunca participó en ninguna operación con Carlos Herrera, como una forma de desmentir el testimonio de éste en el caso de Juan Alegría. "Creo que (Corbalán) tiene un poquito sueltos los alambres, que ha perdido la dirección de las cosas", comenta el abogado Saavedra. Aunque Herrera y Corbalán se conocieron de jóvenes, las relaciones entre ambos están rotas hace mucho. Corbalán, quien trató de convencer de su inocencia a la esposa del carpintero Alegría, culpando a Pincetti y Herrera, no perdona que éste lo haya involucrado en sus declaraciones. Para Herrera Jiménez, que se considera un militar ciento por ciento, su ex jefe no es más que un mercenario frívolo que se inmiscuyó en política porque le gusta figurar y, además, un aprovechador que se echó al bolsillo mucha de la plata que pasaba por la CNI.

Herrera fue careado con Fernando Torres Silva durante los tres días que éste permaneció detenido en el Hospital Militar antes que le otorgaran libertad provisional. Entre los cargos que enfrenta el ex auditor general del ejército están ocultar y tergiversar información sobre el asesinato de Tucapel Jiménez, y dirigir la operación para sacar clandestinamente a Argentina a Carlos Herrera en 1991, cuando aún no había terminado de cumplir su condena como autor del asesinato del transportista Mario Fernández y era requerido por la causa del ex presidente de la ANEF. En esta acción también participó el ex director de la DINE, general (r) Hernán Ramírez Rurange.

Pese a que el abogado de Herrera Jiménez pidió clemencia, la Corte Suprema confirmó la condena a perpetuidad por el crimen de Alegría y accedió a la reapertura del caso para que se investigue al ex brigadier Roberto Schmied y a Hugo Alarcón Vergara, chofer de Corbalán. "En ese sentido, la confesión no sirvió de nada -dice Jorge Mario Saavedra-, pero con esta rebelión de los mandos quedó claro que los criminales no son soldados aislados, sino que actuaron dentro de la institución. Eso obliga a que cada vez se tengan que ir pronunciando en los niveles más altos. Vamos a subir hasta donde podamos"

Al término de la reconstitución de escena del crimen cometido en 1983, el ministro en visita Carlos Aldana afirmó que el asesino de Tucapel Jiménez también es el autor material de la muerte de Víctor Huerta Beiza

El juez Carlos Aldana informó este miércoles que el ex agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Carlos Herrera Jiménez, ejecutó el disparo que terminó con la vida del militante del Partido Comunista, Víctor Hugo Huerta Beiza (52), el 3 de noviembre de 1983 en Concepción.

Aldana, ministro en visita del caso, habló después de más de dos horas de reconstitución de escena del crimen que se realizó en el sector Pedro de Valdivia de la capital de la Región del Biobío, y en la que participaron Herrera y los ex agentes Álvaro Corbalán Castilla y Armando Cabrera Aguilar.

Luego del procedimiento, el juez Aldana sostuvo que "en el sitio del suceso los participantes recrearon su declaraciones y confirmaron lo que ya había en los antecedentes del expediente (…) se confirma las personas que dispararon, en qué condiciones lo hicieron y ello es esencial para establecer responsabilidades".

"Quien disparó fue el capitán en ese tiempo Herrera Jiménez, y pertenecían a grupos de la CNI que estaban operando en Concepción en esa oportunidad", dijo el ministro especialista en causas de Derechos Humanos.

Un grupo de familiares y de agrupaciones de ejecutados políticos llegó hasta la reconstitución. Hugo Huerta, hijo de la víctima, sostuvo que "él fue detenido, fue torturado y fue asesinado con una bala en la frente, con una arma (…) el 3 de noviembre de 1983 a las 22:30".

Tanto Herrera Jiménez como Corbalán y Cabrera se encuentran recluidos en el penal de Punta Peuco, cumpliendo varias condenas por violaciones a los derechos humanos.

En el caso de Herrera Jiménez, mayor de Ejército en retiro, está condenado a 10 años por el homicidio de Tucapel Jiménez y a cadena perpetua por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca. Con este último crimen se pretendió ocultar el asesinato del presidente de la ANEF.

Las órdenes de ejecución fueron dadas "a jóvenes oficiales que solamente queríamos cumplir de la mejor forma nuestro cometido", sostuvo Carlos Herrera Jiménez, autor confeso del asesinato de Tucapel Jiménez.

Carlos Herrera Jiménez, el ex integrante de la Central Nacional de Informaciones (CNI) condenado entre otros delitos por el homicidio del sindicalista Tucapel Jiménez, en 1982, dijo hoy a Efe que las ejecuciones de opositores durante la dictadura de Augusto Pinochet fueron “miserables homicidios”.

“Fueron miserables homicidios dispuestos por torpes jefes militares que, ante su limitación intelectual para neutralizar a los opositores con mejores ideas, ordenaron su eliminación”, precisa Herrera en la cárcel para violadores de derechos humanos de Punta Peuco, a unos 35 kilómetros al norte de Santiago.

Las órdenes de ejecución fueron dadas “a jóvenes oficiales que solamente queríamos cumplir de la mejor forma nuestro cometido”, añade.

“Yo confundí la frontera del bien y el mal, de lo moral y lo inmoral, y me situé en el lado opuesto de lo ético”, admite el exagente, condenado por los asesinatos, en 1982, del sindicalista Tucapel Jiménez Alfaro y, al año siguiente, de Juan Alegría Mundaca.

Jiménez lideraba una incipiente reorganización del movimiento sindical y Alegría, un carpintero alcohólico y apolítico, fue asesinado para tender una cortina de humo sobre el primer crimen.

Herrera Jiménez, primer agente de la dictadura chilena en admitir sus crímenes, ha volcado en un documento, que confía a Efe, sus reflexiones críticas sobre su papel represivo, con críticas hacia los mandos “que dieron las órdenes y hasta hoy esconden la cara”.

“No pretendo justificar hechos por los que ya hace tiempo asumí mi responsabilidad penal y militar ante los tribunales”, dice y revela que por ello “me han considerado un traidor”.

“Entendí que las personas muertas nunca fueron traidores a la patria, sino que sólo pensaban distinto.

Recapacité que yo no ingresé a la Escuela Militar para convertirme en asesino de mis connacionales, sino para servir a mi país”, expresa Herrera en el texto.

“Con vergüenza, observo cómo mis jefes militares y los mandos institucionales de la época niegan hoy los hechos que ellos mismos ordenaron a subordinados que hoy estamos presos por cometer violaciones a los derechos humanos”, agrega.

Herrera, que también cumplió una condena de 10 años por el asesinato de un transportista, Mario Fernández, en el norte de Chile, ha solicitado varias veces el indulto, que le ha sido negado por distintos Gobiernos.

Aquejado de un cáncer contra el que dejó de luchar – “me aburrí de los tratamientos, un día me dije basta y no fui más al hospital”, asegura- sueña, sin embargo, volver a ser libre algún día, “para fundar una radio rural y ayudar a la gente”.

“Creo que mis transformaciones y meditaciones sobre la vida me han sanado del cáncer”, cavila, convencido, quien fue uno de los más temidos agentes de la dictadura, que ahora acepta “que los delitos cometidos por agentes del Estado son más graves que los cometidos por particulares”.

“Nosotros existimos para proteger a las personas y así lo juramos (…), los agentes contamos con información privilegiada y recursos del Estado, además de impunidad durante la comisión del delito que facilita su ejecución”, agrega.

“Nos hemos quedado solos, fuimos abandonados por nuestros jefes y los altos mandos”, remarca, tras un largo silencio.

En su documento, Herrera acusa que “ningún general o almirante, que ejercieron el mando total, ha asumido algún grado de culpa por los hechos acaecidos”.

“Asesorados por equipos de abogados financiados por el Ejército, han logrado hacer recaer su propia responsabilidad criminal en los subalternos, cuando ellos idearon, planificaron, proporcionaron los medios y ordenaron la ejecución de los ilícitos a sus subordinados, que leal y ciegamente cumplimos esas órdenes”, denuncia.

Lo anterior ha llevado al suicidio a “muchos” que cumplieron tareas en los servicios de seguridad, afirma Herrera, que también explica en su escrito una suerte de itinerario de los detenidos desaparecidos.

“Una unidad detenía a personas con nombre, apellido y domicilio y los entregaba a otra unidad. Allí los documentos de identidad eran destruidos y les asignaban un número. Ya sin identidad, los llevaban a otro lugar, donde distinto personal militar o policial los eliminaba, pero sin saber quiénes eran pues eran sólo números”, relata.

“Luego, envueltos en sacos por distinto personal, eran inhumados o lanzados al mar siendo sólo bultos, ya no personas”, prosigue.

Herrera rememora también su paso por la Escuela de las Américas y relata cómo les enseñaban a torturar.

“Entre 1967 y 1972, subtenientes fuimos enviados a la Escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos en Panamá, a cumplir lo que eufemísticamente se llamaba Curso de Orientación de Armas de Combate para Oficiales”, señala.

En realidad, añade, “nos instruyeron en técnicas de contrainsurgencia, interrogatorio con electricidad, y cómo colgar a las personas de los pies golpeándolos en zonas sensibles para obtener una rápida confesión”.

“Se asesinó en la más absoluta impunidad”, concluye, pensativo, con un hilo de voz.

''Bernardo'' es la chapa operativa que usó el sindicado como el responsable de la muerte del ex mandatario, según declaró Eugenio Ortega al juez Alejandro Madrid. Magistrado también reconstruyó reunión del director de Gendarmería en 1981 con dos presuntos agentes de inteligencia, semanas previas al envenenamiento en la ex cárcel pública. 

Eugenio Ortega, esposo de la ex senadora e hija del fallecido mandatario Carmen Frei, solicitó audiencia al ministro en visita Alejandro Madrid hace algunos meses. 

Su idea era entregar una importante información: una conversación secreta que sostuvo con el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, quien se encuentra condenado a presidio perpetuo por el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez. 

Según pudo averiguar El Mostrador.cl, el ex oficial le reveló a Ortega el nombre y la “chapa” del militar que habría envenenado al Presidente en enero de 1982 en la Clínica Alemana. 

Se trata de un agente cuya identidad operativa en 1982 era “Bernardo”. Si bien este diario la conoce, se la reserva para no entorpecer las diligencias de Madrid. 

Este medio intentó obtener una versión del abogado de la familia Frei, Álvaro Varela, quien declinó hacer comentarios al respecto. 

Otra vez un muerto 

La investigación sobre la muerte de Frei es una de varias que tramita el magistrado como parte de un megaproceso, con hechos vinculados entre sí: el homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos, el del ex agente del mismo organismo Manuel Jesús Leyton y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria. 

Sin embargo, existe otra arista en manos del magistrado: el envenenamiento de reos en la ex cárcel pública en diciembre de 1981, del que sobrevivieron los entonces militantes del MIR Ricardo y Elizardo Aguilera, Guillermo Rodríguez Morales (“El Ronco”) y Adalberto Muñoz Jara. 

En esta arista, Madrid ha logrado importantes avances en el último tiempo, al punto de establecer quiénes eran los funcionarios de Gendarmería que mantenían relaciones con la inteligencia militar de la época y la Central Nacional de Informaciones (CNI). 

Se trata de Jaime Arenas Valderrama, un ex funcionario de servicio de prisiones, que junto a Jorge Sepúlveda, Orlando Manzo y el mayor Sergio Raúl Sierra Contador. Todos se relacionaban con el mayor de la CNI Joaquín Molina (quien murió a fines de los 80 acribillado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del ex jefe de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda). 

Las sospechas del magistrado son concretas. En su declaración, Arenas Valderrama asegura que en los 80 se contactaba regularmente con Berríos en la panadería San Pancracio, que regentaba junto a su tía en la calle Carmen, precisamente al frente de la Escuela de Gendarmería. 

Más aún, le explicó al magistrado que tenía perfecto conocimiento de la existencia del Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército que funcionó en la misma calle Carmen, en el 339, sede actual del Archivo Judicial, y que en dicho lugar se producían venenos para eliminar opositores al régimen militar. 

Reunión misteriosa 

Madrid tiene acreditado que los militantes del MIR que sobrevivieron al envenenamiento con toxina botulínica se contaminaron al consumir alimentos. Por esta razón, ha revisado el sumario administrativo que hizo Gendarmería en su oportunidad, como el proceso que llevó adelante el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago. 

A partir de estos antecedentes, estableció que un funcionario de Gendarmería estaba a cargo de una oficina donde llegaba la comida que los familiares de los presos traían durante la semana, y que un reo era el responsable de repartir las viandas. 

Hasta ese punto, son sólo sospechas de que la toxina, que se habría sido convertida en polvo en el LBGB del Ejército, pudo haber sido introducida a los alimentos. 

Pero el ex gendarme Valderrama le entregó una pista a Madrid. Se trata de una reunión realizada en la oficina del entonces director Sergio Rojas Bruger, sólo días antes de que los miristas fueran envenenados. 

Al encuentro concurrió también Valderrama y otros dos sujetos, quienes le plantearon modificar el sistema de alimentación en conservas al interior de la cárcel pública. 

Fuentes allegadas al caso explicaron que estas dos personas serían agentes de inteligencia de la época. El ministro Madrid, se indicó, ya los tendría identificados. 

El hombre con rostro 

Lo averiguado por Madrid se condice con el testimonio prestado por el ex agente CNI Raúl Lillo Gutiérrez, perteneciente a la Brigada Político Sindical y que siguió durante varios años a Frei Montalva. 

En una declaración, que consta a fojas 6.710 a 6.714 del tomo XIX del expediente, Lillo, ex miembro de la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) que sacó a Berríos de Chile, reveló a Madrid una conversación que mantuvo con el ex químico en Uruguay. 

Según relató, Berríos le comentó que en diciembre de 1981 introdujo a la ex cárcel pública una toxina preparada por él al interior de unos tarros de conserva. “Él inoculó esa sustancia capaz de producir envenenamiento”, aseguró Lillo Gutiérrez.

En diciembre de 1981, el capitán de Ejército Carlos Herrera Jiménez, adscrito a la CNI,  recibió la orden de trasladarse a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, que comandaba el general Álvarez Scoglia.

Herrera, a quienes sus compañeros de curso en la Escuela Militar lo habían apodado “Boccacio” por sus prominentes labios, se incorporó al Cuerpo de Inteligencia del Ejército, CIE, el grupo ejecutivo de esa Dirección, a cargo del comandante Víctor Pinto Pérez, para realizar una “operación especial”.

Todos los datos recabados  por la CNI sobre Tucapel Jiménez fueron engrosando una carpeta que en los inicios de 1982 llegó a las manos del capitán Carlos Herrera, junto con la orden de secuestrar y eliminar al líder sindical.

“Boccacio” se instaló en la Unidad de Contraespionaje, dependiente de la sección de Contrainteligencia del CIE, situada en Avenida Echenique 5995, en la comuna de La Reina, conocida por los militares como “Cuartel Coihueco”, en esa época al mando de Hernán Ramírez Hald. Esporádicamente ocupaba también algunas oficinas en la sede central de la DINE, en calle García Reyes, muy cerca del barrio Brasil.

A mediados de febrero se tomaron las decisiones finales. Actuarían directamente tres hombres: “Boccacio” y los suboficiales de Ejército Manuel Contreras Donaire (“Felipe”) y Miguel Letelier Verdugo (Marcos”). 

La operación la realizarían en dos vehículos pintados como taxis reglamentarios y dispondrían, además, del apoyo de algunos agentes y colaboradores. Otro equipo, conocido como Unidad de Apoyo Especial, al mando del oficial Juan Carlos Arriagada Echeverría, estaba encargado de conseguir las armas, las que llegaron el día 24 de febrero, un día antes de la fecha elegida para acometer la tarea

En la mañana del jueves 25 de febrero de 1982, el grupo de trabajo especial del CIE siguió a Tucapel Jiménez cuando este salió desde su casa a bordo de su taxi en dirección a la Panamericana Norte. Sorpresivamente, en una esquina, Luis Rolando Pino, sargento de carabineros, sobrino del sindicalista, le hizo señas para que se detuviera, momento que aprovecharon el capitán Herrera y uno de los suboficiales para abordar el vehículo y obligar al presidente de la ANEF a tomar el camino que lleva desde Renca a Lampa, en la zona norponiente de Santiago.

Poco antes de llegar al cruce a Noviciado le ordenaron que se detuviera.

Carlos Herrera disparó entonces el revólver Dan Wesson calibre 22 que le habían pasado el día anterior. Cinco balazos impactaron sobre el costado derecho de la cabeza de Tucapel Jiménez. Al ver que la víctima seguía con vida, “Bocaccio” lo sujetó con una mano y con la otra le infirió tres heridas corto punzantes en el cuello.

De inmediato procedieron a limpiar el automóvil y sustrajeron diversas especies y documentos de la víctima, entre ellas el taxímetro, una linterna, un reloj pulsera, una peineta, la cédula de identidad y el carnet de conducir.

La misión especial estaba cumplida.

Los dos suboficiales fueron destinados a otras reparticiones militares en regiones apartadas del territorio nacional y el capitán Carlos Herrera permaneció en la DINE.

El 1° de marzo de 1982 la Corte de Apelaciones de Santiago designó al juez Sergio Valenzuela Patiño como ministro en visita para investigar el asesinato de Tucapel Jiménez.

A fines de ese año el alto mando del Ejército dispuso el traslado del capitán Herrera Jiménez a Coihaique, medida que “Bocaccio” se resistió a acatar. Acudió a pedir ayuda a su viejo amigo Álvaro Corbalán y le relató minuciosamente los entretelones del crimen del presidente de la ANEF. Corbalán llevó a Herrera ante el general Humberto Gordon, quien ya sabía los detalles de la operación y tranquilizó a “Bocaccio” ofreciéndole retornar a la CNI, pero en un cargo operativo en Viña del Mar.

Gordon, minutos después de retirarse el capitán Herrera, ordenó a Corbalán que lo acompañara a La Moneda para entrevistarse a solas con Pinochet. A la salida de esa reunión, el jefe de la CNI le comentó a Corbalán, quien le esperaba en un pasillo: “Dile a Herrera que el presidente le envía su reconocimiento, que lo felicita y que lo tendrá presente en el futuro”. 

En mayo de 1983, estando ya Carlos Herrera Jiménez como jefe operativo de la CNI en la Quinta Región, con asiento en Viña del Mar, el general Gordon comunicó a su jefe directo, el capitán de corbeta Sergio Echeverría Villarroel, que Herrera estaría dedicado por una semana a una operación especial en Valparaíso, bajo el mando de Álvaro Corbalán. 

Dos meses después, en julio de 1983, un carpintero cesante y alcoholizado, identificado como  Juan Alegría Mundaca, fue encontrado muerto en su humilde vivienda situada en un cerro de Valparaíso. 

Alegría Mundaca tenía profundos cortes en sus muñecas que le habían causado el desangramiento. Junto a él fue hallada una carta donde se inculpaba del homicidio de Jiménez, relatando que sólo había querido asaltarlo y robarle.

La autopsia, sin embargo, reveló que era imposible que el carpintero se hubiera suicidado de esa manera. Las profundas incisiones realizadas en los antebrazos habían cortado los tendones. El médico legista fue categórico: Alegría Mundaca podía haberse cortado una muñeca, pero jamás las dos.

Varios años después de los homicidios de Jiménez y Alegría, Héctor Alarcón Nohra, ex jefe de la División de Regionales de la CNI, aparentemente arrepentido, entregó al sacerdote Miguel Ortega un anónimo con los nombres de los cinco hombres de un servicio de seguridad que habían participado en el asesinato de Alegría Mundaca.

Los oficiales de la Brigada de Homicidios lograron establecer que en la noche del 20 de julio de 1983, uno de los hombres de confianza de Álvaro Corbalán en la CNI, el capitán (r) Francisco Zúñiga, recorrió las comisarías de Viña del Mar en busca de una víctima propicia, un hombre que a nadie le importara, pobre, sin personalidad ni carácter, que fuera fácilmente influenciable y que viviera solo.

Así, en plena calle, dio con Juan Alegría Mundaca, un alcohólico que recién había salido de la cárcel. Zúñiga le preguntó su nombre y su domicilio. Luego lo subió a un automóvil y lo llevó hasta una casa apartada en el sector alto de lo que hoy es la comuna de Concón.

Allí, Zúñiga y otros conjurados lo retuvieron durante dos días tratando de convencerlo primero y forzarlo después para que se inculpara como el asesino de Tucapel Jiménez. El carpintero se negó reiteradamente a colaborar y los hombres de la CNI debieron recurrir a Osvaldo Pincetti, al que apodaban ‘‘Doctor Tormenta’’ o simplemente ‘‘Doc’’, para obtener una falsa confesión escrita. Pincetti, una extraña mezcla de charlatán y de hipnotizador, intentó hacer caer en un trance al carpintero, pero éste se siguió resistiendo. 

Finalmente optaron por darle grandes cantidades de licor, presuntamente pisco, hasta conseguir doblegarlo cuando ya estaba en avanzado estado de embriaguez.

Alegría Mundaca escribió entonces de su puño y letra una carta sin fecha en la que se inculpaba del crimen de Tucapel Jiménez y anunciaba que se suicidaba motivado por el arrepentimiento.

En la mañana del sábado 21 de julio, Álvaro Corbalán, Carlos Herrera, Armando Cabrera Aguilar y otro agente, al que apodaban ‘‘Zanahoria’’ por su pelo colorín, fueron a revisar el domicilio de Alegría. Comprobaron que nadie lo habitaba y prepararon el escenario para realizar el último acto del macabro plan trazado.

Los confiados agentes de la CNI  no se percataron que en los cerros de Valparaíso muchos ojos observan a los extraños, sobre todo si tienen una apariencia como la de ellos, que erizaba la epidermis de los vecinos, los mismos que casi diez años después no dudarían en identificarlos ante la presencia del juez Sergio Valenzuela Patiño.

El domingo 22 de julio llovía torrencialmente. Completamente borracho, el carpintero Alegría Mundaca fue dejado sobre su cama. Junto a él estaban los cinco hombres de la CNI. Herrera colocó la fecha en la carta: 22 de julio de 1983. Se acercó entonces Francisco Zúñiga y con una afilada navaja cortó casi al hueso las dos muñecas del infortunado alcohólico. Las profundas incisiones destrozaron los tendones que permiten la movilidad de los dedos y su capacidad para asir objetos. Ese exceso, fue uno de los antecedentes que más tarde permitió a los detectives de la Brigada de Homicidios establecer que la muerte del carpintero no fue un suicidio.

En el sitio del crimen también se encontraron otros indicios que ayudaron a los policías a convencerse del homicidio. La cama del carpintero estaba colocada de una forma que la víctima, según sus familiares, jamás habría puesto; y, el lápiz encontrado al lado de la carta dejada por Alegría era de un color de tinta diferente al empleado para redactar la nota.

El juez Valenzuela Patiño investigó durante 17 años los asesinatos de Tucapel Jiménez y Juan Alegría. No obstante, pese a los enormes avances conseguidos, por miedo o por abulia, nunca se atrevió a avanzar resueltamente en el caso; más pareció que lo único que deseaba era cerrarlo y relegarlo a los archivos judiciales. El 12 de abril de 1999, finalmente, la Corte Suprema decidió removerlo de la causa y nombró en su reemplazo al juez Sergio Muñoz Gajardo. El nuevo magistrado asumió personalmente la conducción de las investigaciones y en una tarea que quedará en los anales de la justicia chilena, sólo tres años después, el 5 de agosto de 2002, tras acumular 24 tomos, siete cuadernos reservados y 60 cuadernos agregados, dictó su primera sentencia por el crimen de Tucapel Jiménez:

-Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, mayor (r) destinado en 1982 a la Unidad de Contraespionaje del CIE, en calidad de autor, a la pena de presidio perpetuo.

-Ramsés Arturo Álvarez Sgolia, general (r), ex director de la DINE, en calidad de autor, a la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Víctor Raúl Pinto Pérez, coronel (r), ex comandante de la Unidad de Contraespionaje del CIE, en calidad de autor, a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Francisco Maximiliano Ferrer Lima, teniente coronel (r), ex comandante de la Unidad de Contraespionaje del CIE, en calidad de autor, a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Miguel Segundo Letelier Verdugo, ex suboficial del CIE, en calidad de autor, a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Juan Carlos Arriagada Echeverría, capitán (r), ex jefe de la Unidad de Apoyo Especial del CIE, en calidad de cómplice, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

-Jorge Luis León Alessandrini, ex dentista del Departamento de Sanidad Dental del CIE, en calidad de cómplice, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

-Hernán Ramírez Hald, brigadier general (r),  ex jefe de Contrainteligencia del CIE, en calidad de encubridor, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.

-Hernán Ramírez Rurange, brigadier general (r), ex director de la DINE, en calidad de encubridor, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.

-Juan Fernando Alfredo Torres Silva, general (r), ex auditor general del Ejército, en calidad de encubridor, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.

-Enrique Gabriel Ibarra Chamorro, coronel (r), ex jefe del Departamento IV de la Auditoría General del Ejército, en calidad de encubridor, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio.

Casi dos años antes, el 19 de julio de 2002, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago había anulado una sentencia del juez Valenzuela Patiño y en segunda instancia había condenado a presidio perpetuo por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca a los reos Carlos Herrera Jiménez, Álvaro Corbalán Castilla y Armando Cabrera Aguilar. También aplicó una pena de diez años de presidio a Osvaldo Pincetti Gac.

Los “gurkas” salen a golpear en las calles

En diciembre de 1982 se convocó a un mitin sindical en la Plaza Artesanos, junto a la Vega Central, en los inicios del barrio Recoleta, inmediatamente al norte del río Mapocho. A las seis de la tarde, cuando ya estaban congregadas varias decenas de personas, ante la presencia de reporteros y corresponsales de prensa extranjeros, aparecieron de improviso unos 50 hombres vistiendo parkas, zapatillas y jeans y portando laques, cadenas, manoplas, palos y otros elementos contundentes. Se desplazaban con movimientos previamente concertados y empezaron a golpear a quien se le pusiera por delante, eligiendo como blancos preferidos a los periodistas y fotógrafos. Algunos reporteros gráficos lograron a captar a varios de ellos y escaparon presurosos del lugar. 

El apaleo fue rápido y brutal. Reporteros de las radios Chilena y Cooperativa, de la revistas Hoy y Análisis, entre otros, cayeron al suelo bañados en sangre mientras sus colegas trataban de ayudarlos a salir del sector. En pocos minutos los agresores desaparecieron en medio de la confusión de los presentes.

El piquete represivo lo dirigía el capitán de Carabineros Francisco Zúñiga, el mismo que cercenaría pocos meses después las muñecas del carpintero Juan Alegría Mundaca. Zúñiga estaba adscrito desde comienzos de abril de 1982 a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, Dicomcar, pero desde allí fue enviado en comisión de servicios a la CNI, bajo las órdenes directas de Álvaro Corbalán, quien le encargó formar y adiestrar a un grupo de choque callejero, integrado por miembros de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de ambas policías. 

El grupo tuvo diversas actuaciones en el arresto de grupos aislados y debutó “oficialmente” en diciembre del 82. Luego, el  1° de mayo de 1983 hizo una nueva  aparición pública –aún más brutal- en el acto conmemorativo del Día del Trabajo, organizado por la Coordinadora Nacional Sindical, que presidía Manuel Bustos, en la Plaza Artesanos.

Los llamados “gurkas” por la prensa, en alusión a los feroces combatientes nepaleses que lucharon por Gran Bretaña en la guerra de las islas Malvinas, actuaron ante la total permisividad de los carabineros apostados en el lugar, dirigidos por dos hombres, uno gordo y de barba y otro macizo, alto y de aspecto cuidado. El grupo, comandado por el capitán Zúñiga se adiestraba en las cercanías del aeropuerto de Los Cerrillos y en los patios de diversas comisarías de Santiago. Las fotografías publicadas por la prensa permitieron identificar a varios de ellos: dos cabos de Carabineros, Guido Fernández Taiba y Ricardo Rivas Baeza; Fernando Yau, funcionario de policía internacional; y Manuel Varela Mendoza, agente de la CNI.  Los vehículos en que se movilizaban tenían patentes correspondientes a diversas municipalidades de Santiago y provincias.

Los manifestantes agredidos también pudieron identificar a varias mujeres jóvenes y bien vestidas que se mezclaban con los asistentes y actuaban como delatoras. Consultadas las autoridades del gobierno al respecto, negaron la existencia de cualquier organismo paramilitar. El director de Carabineros, el general César Mendoza, declaró: “¡Esos son rumores, y como le va a creer usted a los rumores! ¡Son sólo rumores, copuchas! Eso está en la imaginación, nada más. Si supiéramos que existieran, los perseguiríamos”. 

Francisco Daniel Zúñiga Acevedo, el jefe de los “gurkas” nació en Valparaíso en 1949. Desde chico se inclinó por la  aventura y demostró una gran curiosidad por el mundo delictual. En 1969 ingresó como aspirante a la Escuela de Carabineros. En diciembre de 1970 recibió su grado de oficial en una ceremonia que encabezó el doctor Salvador Allende, quien acababa de asumir la presidencia del país.

Su primera destinación la cumplió en la Comisaría de Las Condes, donde se familiarizó con las incipientes operaciones terroristas de Patria y Libertad. En octubre de 1973, luego del golpe militar, la Corte Suprema envió a Carabineros una lista de los traficantes de droga que debían ser detenidos. El director de la policía uniformada, el general César Mendoza, eligió a uno de los que consideraba entre sus mejores hombres –el entonces mayor Luis Fontaine Manríquez-, para que comandara un nuevo grupo especial dedicado a combatir a la mafia de la droga en Chile. Nació así el OS-7, cuyos primeros integrantes viajaron a Washington para ser entrenados por el Drugs Enforcement Administrations, DEA. Entre sus integrantes figuraba Francisco Zúñiga y Luis Correa, ambos más tarde miembros de la CNI. En febrero de 1974, Zúñiga se integró al Departamento de Orden y Seguridad de Carabineros, donde permaneció dos años, hasta que en 1976 fue trasladado a la plana mayor de la Prefectura de Tarapacá y en octubre de 1977 fue redestinado al control de drogas y estupefacientes en Iquique.

Ese mismo año un fiscal militar de Arica lo encargó reo por su responsabilidad en la muerte de un presunto traficante que murió a causa de las torturas de Zúñiga. También se vio envuelto en otro episodio violento que tuvo como protagonista al joven Víctor Eduardo Monzalve, por el que fue acusado de homicidio y condenado por la Corte de Apelaciones de Iquique a la pena de diez años. El caso llegó a Santiago, y en un fallo redactado por el propio Hugo Rosende, ex ministro de Justicia de Pinochet, la Corte Suprema lo dejó en libertad y sin cargo alguno. A pesar de ello el oficial fue ascendido a capitán y obtuvo una felicitación, en agosto de 1979, por una pesquisa que culminó con la detención de un importante traficante de cocaína.

El primer “gurka” identificado por los tribunales de Justicia fue Manuel Reinaldo Varela Mendoza, capitán de Ejército, 32 años, casado, miembro de la CNI, a quien reconoció un compañero de curso en un liceo del sur. El segundo “gurka” reconocido fue el capitán de Ejército Norman Jeldes Aguilar, a quien el 13 de junio de 1985 la jueza Dobra Luksic, titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, encargó reo por lesiones menos graves, asignado en ese momento a un regimiento blindado de Copiapó. Por esos días también fue identificado Francisco Zúñiga como jefe del grupo. La CNI y el Ejército, en tanto, aseguraron que ninguno de sus miembros estaba en la plaza Artesanos el día de la agresión. El coronel Roberto Schmied, por la CNI, afirmó en un oficio que en esa fecha “se encontraba acuartelado todo el personal de ese organismo”.

A fines de 1990, en una larga entrevista concedida al periodista Francisco Poblete, en el diario La Época, Zúñiga reconoció su intervención en la golpiza: “Yo participé porque en Carabineros uno aprende técnicas y tácticas de control de muchedumbres, que es parte de la actividad policial”.

La ampliación de la extradición del mayor en retiro Carlos Herrera Jiménez, quien cumple condena en Chile por los homicidios del carpintero Juan Alegría Mundaca y el líder de la ANEF, Tucapel Jiménez Alfaro, pidió este jueves la Corte Suprema a la justicia argentina.

Así en fallo unánime el máximo tribunal del país ratificó el requerimiento del ministro en visita Joaquín Billard respecto de extender la solicitud contra el ex uniformado para que pueda ser juzgado por siete crímenes cometidos en Pisagua tras el golpe militar.

El requerimiento es importante para Herrera Jiménez, porque cuando fue extraditado en 1994, sólo fue para ser juzgado por el homicidio del transportista de Ovalle Mario Fernández, y de acuerdo a la Convención de Montevideo "no se puede procesar, ni castigar a un extraditado por otros delitos que no sean los propios de la extradición".

El dictamen del máximo tribunal establece que "en consecuencia, conforme se expresó en los motivos precedentes, se cumplen en la especie los requisitos para efectuar la ampliación del requerimiento original dispuesto respecto del mencionado imputado.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 637, 638 y 639 del Código de Procedimiento Penal; y lo informado por el Sr. Fiscal Suplente de esta Corte Suprema, quien estima procedente la solicitud de ampliación de que se trata, se declara que es procedente solicitar al Gobierno de la República de Argentina la ampliación de la extradición ya concedida del ciudadano chileno Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, Oficial de Ejército en retiro, respecto de los delitos de homicidio calificado de Orlando Cabello Cabello, Nicolás Chanez Chanez, Juan Mamani García, Luis Manríquez Wilden, Hugo Martínez Guillen, Juan Rojas Osega y Nelson Márquez Agurto", consigna el escrito.

Herrera Jiménez, ex agente de la disuelta CNI, se encuentra preso en la cárcel de Punta Peuco y se encuentra aquejado de un cáncer renal.

Entre los nombres figuran el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán y Carlos Herrera Jiménez, autor del asesinato a Tucapel Jiménez.

Luego de que un ex militar presentara un reclamo en el Tribunal Constitucional (TC) por no estar incluido en la lista de postulantes a la libertad condicional, Gendarmería dio a conocer los nombres de los 15 condenados por violaciones a los derechos humanos, que están solicitando esta medida, según reveló Radio Bío Bío.

Entre ellos destaca la figura de Álvaro Corbalán, ex jefe operativo de la CNI, autor del homicidio de Juan Alegría Mundaca, delito por el cumple una condena de presidio perpetuo.

También busca acceder a este beneficio Carlos Herrera Jiménez, autor material del asesinato al dirigente sindical Tucapel Jiménez en 1982.

Otro de los que forma parte de este listado es “El Fanta”, Miguel Estay Reyno, involucrado en la muerte de cuatro profesores en el denominado “caso degollados”.

Revisa aquí la lista:

Postulantes a la libertad condicional

Carlos Enrique Blanco Plummer

Ramón Pedro Cáceres Jorquera

Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla

Hernán Alejandro de la Fuente Irribarra

Miguel Arturo Estay Reyno

Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez

Adolfo Nicolás Lapostol Sprovera

Jorge Segundo Marín Jiménez

Pablo Abelardo Martínez Latorre

Jorge Anibal Osses Novoa

Rodrigo Pérez Martínez

José Andrés Torres Riquelme

Juan Artemio Valderrama Molina

Erasmo Francisco Vega Sobarzo

Juan Iván Vidal Ogueta

El país se ha visto expuesto a una situación dramática porque hay quienes están pidiendo la libertad o el indulto para los violadores de los derechos humanos durante la dictadura e incluso después. Las opiniones están divididas. Si bien es atendible desde el plano humano y cristiano, lo mismo tendríamos que exigirles a ellos con sus víctimas a quienes torturaron, asesinaron y desaparecieron. Muchos de ellos ya cuentan con los beneficios que se les otorga a los presos como salida los fines de semana, salida diaria y también la libertad condicional como fueron favorecidos varios de los involucrados –por ejemplo-en el caso Degollados. También hay que recordar que los casos de lesa humanidad no son prescriptibles, indultables, amnistiables ni se conceden beneficios.La mayoría de los ancianos enfermos han muerto en el Hospital Militar, rodeados de sus familiares y muy bien atendidos. Incluso, la mayoría de ellos recibe pensiones arriba de dos millones de pesos.La justicia es para todos y así se debe cumplir. La vida humana no se recupera y estos -hoy ancianos- cuando no lo eran asesinaron sin misericordia a cientos de chilenos solo por pensar distinto. Aquí le recordamos a algunos de los peores

Por María Cristina Prudant

Miguel Krassnoff Martchenko 
Brigadier de Ejército y Agente DINA. Alias: "Capitán Miguel"; "Caballo loco". Considerado uno de los más sanguinarios verdugos de los campos de concentración en dictadura. “El Cosaco” Krassnoff, como gusta ser reconocido, provenía de la carrera militar. Participó, como teniente del Ejército,  del asalto de la casa presidencial de Tomás Moro. Fue asignado a la DINA, donde dirigió el centro de torturas y exterminio de Londres 38. A partir de septiembre de 1974, encabezó la Brigada Caupolicán, conocida por su crueldad, así como también dirigió las agrupaciones Halcón 1 y 2, asociadas a Villa Grimaldi y al campo de exterminio de José Domingo Cañas, de donde nadie podía salir vivo.
Torturó y violó a Lumi Videla, quien fue asesinada y lanzada al interior de la Embajada de Italia. Participó en los crímenes de Alfonso Chanfreau, de la periodista embarazada Diana Arón, del sacerdote Antonio Llidó, del español Carmelo Soria e, incluso, se le sindica como parte de los homicidas del cantautor Víctor Jara. Fue condecorado por el asesinato del dirigente del MIR Miguel Enríquez. También, tuvo participación en la elaboración de listas de la Operación Cóndor, que terminó con el secuestro y asesinato de 119 chilenos en el extranjero. A Krassnoff  se le  responsabiliza del homicidio de Jorge Fuentes Alarcón, secuestrado en Paraguay y trasladado a Villa Grimaldi, donde fue torturado hasta la muerte en La Torre, con su participación directa. Se le inyectó el virus de la rabia y se le mantuvo encerrado en una pequeña jaula de madera. El actuar criminal del militar no sólo se limita a la DINA: también fue parte de la CNI, donde cumplió labores represivas. Su nombre está asociado a 113 causas de DD.HH. en que fueron secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas centenas de personas. Otro crimen, que se le imputa, es el cuasi descuartizamiento de la profesora Marta Ugarte, quien luego de ser lanzada al mar fuera devuelta por las olas y descubierto su cuerpo.
 Los testimonios de quienes estuvieron en Villa Grimaldi, donde exterminó a familias completas como los Gallardo Pacheco, lo retratan como un ser sin Dios ni Ley. El ha pedido el indulto a las autoridades. Lleva 500 años de presidio acumulado. El año 2011, el entonces alcalde de Providencia, Cristián Labbé, protagonizó una dura polémica por organizar un homenaje para el hombre que fuera parte de la temible DINA.

Álvaro Corbalán Castilla
Corbalán, que utilizaba la chapa de Álvaro Valenzuela mientras fue parte de la CNI, se encuentra en Punta Peuco cumpliendo condena perpetua por una serie de crímenes cometidos en dictadura. Teniente Coronel de Ejército Jefe de la División Antisubversiva de la CNI, alias: "Don Juan";"Faraón". Ex jefe operativo de la CNI y máximo jefe del temido Cuartel Borgoñotiene a su haber un modus operandi: los montajes. Casos como la Operación Albania, el asesinato del Carpintero Juan Alegría Mundaca y del periodista José “Pepe” Carrasco es parte de su curriculum. En su declaración judicial por la Operación Albania contó que días después de la masacre se reunieron y celebraron con un asado, donde bebieron whisky que, fue invitado por el general Hugo Salas Wenzel. Realizó un curso en la Escuela de las Américas en enero de 1971. Miembro del DINE, participó en las acciones del Comando Conjunto. Condenado por diversos crímenes de derechos humanos. Acusado de organizar el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez e implicado en la Operación Albania ( Matanza de Corpues Christi, en la que fueron asesinados en junio de 1987, 12 miembros del  Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Carlos Herrera Jiménez
 Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez actualmente, en la cárcel de Punta Peuco, comuna de Til-Til, cumpliendo condena de presidio perpetuo por su responsabilidad en la muerte del dirigente sindical Tucapel Jiménez . Herrera J iménez, agente de la CNI, hizo un curso en la Escuela de las Américas en enero de 1971. Participó en las sesiones de torturas que causaron la muerte del transportista Mario Fernández López, quien fue detenido por 4 agentes de la CNI, en su domicilio en la ciudad de Ovalle. Posteriormente fue conducido al cuartel de dicho organismo de La Serena "Casa de Piedra". El 25 de Febrero de 1982 participó en el homicidio del presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) Tucapel Jiménez. En 1991 se fugó hacia Argentina gracias a la complicidad del Fiscal Fernando Torres Silva. Actualmente, el mayor de Ejército en retiro, se encuentra cumpliendo cadena perpetua en Punta Peuco. Fue el primero militar de aquella época que se decidió a pedir perdón por los crímenes que cometió y también ha reiterado su petición de indulto la que, hasta ahora, ha sido rechazada.

Miguel  Estay Reyno, El Fanta
 Militante de izquierda previo al golpe militar, Miguel Estay Reyno se transformó, luego, en una pesadilla para sus ex compañeros, a quienes traicionó. Está condenado a cadena perpetua por el Caso Degollados, en que fue ejecutado Manuel Guerrero, a quien personalmente conocía. También fue amnistiado en la ejecución y desaparición de Reinalda Pereira, embarazada de tres meses.  Al principio fue la tesis de “mis compañeros, o yo”, para terminar gozando con lo que hacía. Terminó sentenciando a muerte a decenas de sus ex camaradas del Partido Comunista, a muchos de los cuales torturó personalmente. Fue beneficiado con una pensión como víctima de torturas durante el régimen de Pinochet.

José Octavio Zara Holger,
 Brigadier de ejército, nació el 6 Febrero 1943 en Chillan. Pertenecía al Departamento Exterior de la DINA y fue alumno de la Escuela de las Américas, al igual que muchos otros militares Latino Americanos implicados en procesos a violaciones de los Derechos Humanos.
Zara Holger, participó en Operación Cóndor y en el asesinato del General Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974. Fue conocido por amenazar con sus “corvos acerados” al país.
En Julio 2010, Zara,  fue condenado por estos homicidios a 15 años y un día junto a Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Willike Floel, Juan Morales Salgado, mientras que Manuel Contreras y Pedro Espinoza fueron condenados a 17 años de presidio. Zara Holger fue también condenado a 100 días de cárcel por asociación ilícita que organizó la DINA para cometer el doble crimen.

Raúl Iturriaga Neumman
La fecha de inicio del cumplimiento de condena es 02 de agosto de 2007 y la fecha del término del cumplimiento de condena el 06 de junio de 2031. Es acusado como autor de 2 secuestros calificados de Mario Fernando Peña Solari y Nilda Patricia Peña Solari, diciembre de 1974, Santiago. Acusado como coautor del secuestro calificado de Jorge Arturo Grez Aburto, Operación Colombo, julio de 1974. Fue procesado como coautor de 38 secuestros calificados en 25 cuadernos. (Procesado como coautor de los secuestros calificados de Jaime Buzio, Mario Calderón, Cecilia Castro, Rodolfo Espejo, Albano Fioraso, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones y Jilberto Urbina, Operación Colombo, entre junio de 1974 y febrero de 1975, Santiago. Está condenado a firme como autor de los homicidios calificados de Carlos Prats y Sra. Sofía Cuthbert Chiarleoni, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo, y como autor de asociación ilícita a la pena de 100 días de presidio menor en su grado mínimo; a 5 años y 1 día como autor del secuestro calificado de Luis Dagoberto San Martín Vergara en 1974.a 5 años y 1 día como coautor de los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Fernando Olea Alegría; a 3 años de presidio menor en su grado medio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, como autor del secuestro calificado de Félix De la Jara Goyeneche; como co-autor de 3 secuestros calificados de Luis Genaro González Mella, Luis Omar Mahuida Esquivel y Antonio Patricio Soto Cerna, noviembre de 1974, Santiago.

En 1976 asiste nuevamente a la Escuela de las Américas en Panamá, esta vez era un curso especial que incluía técnicas de interrogación y torturas. Iturriaga Neumann se desempeñaba, en 1977, como subdirector de inteligencia en el cuartel general de la DINA en calle Belgrado No 1. En diciembre de 1975 fue nombrado jefe de la Brigada Purén, la cual hizo desaparecer a decenas de prisioneros. Esta brigada funcionaba originalmente con asiento en Villa Grimaldi y posteriormente en la venda sexy o la discoteque que era el centro clandestino de calle Irán 3937 en la comuna de Macul. La Brigada Purén se caracterizó por las aberraciones sexuales que cometían sus integrantes, incluido su jefe en contra de las detenidas. Huyó en 2007, cuando se debía entregar ante el juez Solís para iniciar su condena de cinco años y un día dictada en su contra por el secuestro calificado de Luis Dagoberto San Martín Vergara en 1974. Permaneció 52 días prófugo de la justicia.

 Sergio Carlos Arredondo Gonzalez
Brazo derecho del general Sergio Arellano Stark ( Caravana de la Muerte)y uno de los principales instigadores del golpe de Estado en las filas del Ejército desde la Academia de Guerra y con contactos privilegiados con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Descrito por los informes de inteligencia estadounidense de la época como “uno de los anticomunistas y antimarxistas duros” y amante del buen whisky. El oficial de Caballería supo siempre mantener cuotas de poder pero sin ocupar el rol protagónico: su placer era dirigir las piezas desde el fondo del escenario. El inicio de la dictadura lleva su huella. El mismo 11 de septiembre de 1973 fue nombrado jefe de Estado Mayor del general Sergio Arellano Stark, a cargo de las operaciones en Santiago, y luego fue su mano derecha en la fatídica Caravana de la Muerte. Arredondo esta directamente involucrado en los crímenes de nueve prisioneros políticos en Quillota, en enero de 1974. En septiembre de 1973 era director de la Academia de Guerra del Ejército. Y precisamente en esas instalaciones, Manuel Contreras tendría el primer cuartel secreto de la DINA. Entre los primeros agentes operativos de ésta figuraban nombres como Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Fernández Larios y un grupo de oficiales reclutados por Arredondo para fungir de fusileros en la Caravana de la Muerte.

Hugo Salas Wenzel
General del Ejército en retiro, fue jefe de la CNI entre octubre de 1986 y noviembre de 1988, periodo en que encabezó la Operación Albania. Esta emblemática matanza de doce personas que pertenecían al Frente Patriótico Manuel Rodríguez se produjo entre el 15 y 16 de junio de 1987 en el feriado de Corpus Christi. La versión oficial fue que murieron en “enfrentamientos con las fuerzas de seguridad”. Responsable de la muerte de  Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky ;Patricio Ricardo Acosta Castro; Juan Waldemar Henríquez Araya; Wilson Daniel Henríquez Gallego y Julio Arturo Guerra Olivares.

 Pedro Octavio Espinoza Bravo
 Brigadier  en retiro del Ejército, agente DINA, su nombre está indisolublemente ligado a la así llamada "Caravana de la Muerte", que inicia su trágica trayectoria el 4 de octubre en Cauquenes y termina el 19 del mismo mes en Antofagasta dejando a su paso 68 ejecuciones. Pero no solo ejecuciones sino además masacres con corvos, con armas blancas. Extraditable. Pedro Espinoza ocupó una de las jefaturas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en los comienzos de la dictadura y fue uno de los hombres de Arellano Stark. En el Ejército tiene la clásica imagen del militar profesional, razón por la que se desempeñó en la DINA como jefe de operaciones y como jefe del Centro de tortura Villa Grimaldi. Sus cercanos lo describen como una persona reservada y a momentos taciturna. Prisioneros de Villa Grimaldi coinciden con esa percepción, aunque le agregan un apego a las formalidades y admirador por los valores y el orden. Era el segundo al mando después de Manuel Contreras. Fue jefe de operaciones del organismo represor y mandamás de Villa Grimaldi. Está condenado por el crimen de Letelier y por su participación en el crimen del joven periodista estadounidense Charles Horman Lazar. En 1995, decidió su retiro voluntario del Ejército -luego de pertenecer 46 años- debido a la condena dictada por la Corte Suprema y que ratificó la resolución de primera instancia del ministro instructor Adolfo Bañados. Espinoza era el segundo hombre de la policía política, después de general Manuel Contreras. Actualmente, cumple condena por asesinato y secuestro en Punta Peuco, incluyendo el homicidio calificado, en Washington D.C., del ex canciller chileno Orlando Letelier.  

Fernando Torres Silva
Fue Fiscal y Auditor General del Ejército, uno de los hombres fuertes del gobierno militar, fue uno de los oficiales de Justicia del Ejército designado para participar en los Consejos de Guerra instaurados inmediatamente después del Golpe de Estado. Terminada esa función, fue contratado como asesor presidencial y jefe de la Secretaría de Legislación del Diego Portales. Como Fiscal y Auditor General del Ejército, tuvo a su cargo los principales casos relacionados con grupos de izquierda que operaron en contra del régimen militar. En octubre de 1997, un año antes de la detención de Augusto Pinochet, viajó a España para entregar antecedentes exculpatorios al juez Manuel García Castellón, quien llevaba el caso contra el senador vitalicio. En esa ocasión, se habría presentado como abogado de Pinochet y en España, el viaje de Torres Silva fue considerado como el primer reconocimiento chileno del juicio contra el ex comandante en Jefe del Ejército. Por un general en servicio activo. El general , hoy retirado,  fue artífice de la defensa de los militares más leales a la dictadura. Los militares criminales le deben mucho, gracias a su gestión, muchos juicios e investigaciones que los involucraban quedaron truncadas. Tuvo un papel determinante en la represión de los años ochenta en su calidad de fiscal, y en el encubrimiento sistemático de los violadores de derechos humanos.  Se caracterizó por sus abusos en la aplicación de leyes contra los detenidos, determinó incomunicaciones prolongadas y arbitrarias mas allá de lo permitido por la ley, permitió que agentes de la CNI golpearan y maltrataran a detenidos en “su” Fiscalía, cuando estos se negaban a cooperar.  En el 2000, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones confirmó el procesamiento del ex Fiscal Torres como encubridor del homicidio de Tucapel Jiménez, hecho ocurrido el 25 de febrero de 1982.

Héctor Orozco Sepúlveda
Uno de los últimos en ingresar a Punta Peuco. El ex jefe de la DINE general (r) Héctor Orozco, hermano del conocido ex presidente d ela “U” René Orozco. En septiembre del año 2008 se dictó condena en su contra por secuestro calificado de un exsuboficial del Ejército,  Guillermo Jorquera. También tiene otras causas pendientes. El 23 de enero de 1978 el suboficial Guillermo Jorquera intentó asilarse en la Embajada de Venezuela siendo sorprendido por carabineros que lo entregaron a la DINE. Momento desde el que no se tiene conocimiento de su paradero. En 1976 el suboficial fue adscrito por la DINE al Ministerio de Relaciones Exteriores para operar en tareas de inteligencia y control del personal de la Cancillería. Allí Jorquera manejó gran cantidad de información, entre otras cuestiones, sobre la documentación falsa (caso pasaportes) que ese ministerio entregó a agentes DINA que viajaron a Washington para asesinar al ex ministro de Allende, Orlando Letelier. A fines de 1977 se inició el trámite de baja de Jorquera por acontecimientos sucedidos en la Cancillería relacionados con tareas de inteligencia. En esa fecha apareció “suicidado” el director del Departamento Consular de esa cartera, Carlos Osorio, quien participó en el otorgamiento de pasaportes falsos a los agentes Armando Fernández Larios y Michael Townley, con los que viajaron a Paraguay a preparar el atentado a Letelier. El día en que trató de asilarse, Jorquera visitó al agente del Comando Conjunto, Otto Trujillo, y le contó su decisión de buscar protección diplomática, porque “estoy seguro de que me van a matar igual que a Osorio”, según declaró Trujillo en el proceso. Después de ese día nunca más se supo de Guillermo Jorquera .

FERNANDO  LAURIANI  MATURANA                      
 Alias “Teniente Pablito”. Perteneció a la Dina. En Londres 38 fue: Jefe del grupo  “Vampiro” en la brigada “Caupolicán”. Jefe del grupo “Aguila” (“Los guatones”). Se caracterizaba por su crueldad contra los presos políticos. Lauriani dirigió  operaciones de traslado de presos políticos a Colonia Dignidad, donde muchos de ellos fueron hechos desaparecer.  Acusado de secuestro y desaparición de los hermanos Andrónico Antequera. El 91 fue ascendido a Teniente Coronel Jefe del Estado Mayor de la 3ra División Ejército . Desciente del general Marcos Maturana del Campo (participó en la Guerra del Pacífico) . Interrogador casi permanente de prisioneros políticos. La mayoría desaparecidos.

El periodista uruguayo Samuel Blixen, que se ha especializado en la investigación de la Operación Cóndor, prestó testimonio en el mes de enero ante el juez español Baltasar Garzón. Entregó al magistrado documentos originales que halló durante su investigación en archivos policiales para escribir su libro "El vientre del cóndor. Del archivo del terror al caso Berríos". La obra de Blixen, redactor del prestigioso semanario "Brecha" de Montevideo, es el análisis más completo que se ha publicado sobre la Operación Cóndor -la organización conjunta que montaron los servicios secretos de las dictaduras militares de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, responsable del secuestro y desaparición de miles de personas-. El libro de Samuel Blixen se publicó primero en Uruguay (Ediciones de Brecha) y ahora fue lanzado por Virus Editorial de Barcelona. Para la edición española, Blixen escribió un nuevo capítulo -"El fantasma"- sobre el asesinato en Uruguay del químico de la DINA, Eugenio Berríos, que aborda la responsabilidad en ese caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet y los vínculos de la DINA con el narcotráfico. Esta es una síntesis de ese capítulo.

n cierta medida, Eugenio Berríos tuvo mejor suerte que las decenas de miles de víctimas del terrorismo de Estado que instituyó y perfeccionó la desaparición forzosa en Argentina, Chile y Uruguay. El también fue un desaparecido entre noviembre de 1992 y abril de 1995; y como los otros (algunos de los cuales él ayudó a "desaparecer"), compartió la indiferencia oficial por su suerte, la impotencia judicial para hacer justicia, la terquedad militar para ocultar la verdad.

Quienes reclaman verdad y justicia tienen la convicción de que, aunque la justicia finalmente no llegue, la verdad terminará indefectiblemente por emerger. En el caso de Berríos fue literalmente así: su cuerpo emergió en unas dunas de arena (arena movediza que expulsó su secreto, en lugar de tragarlo), el 13 de abril de 1995, en la costa del Río de la Plata, en la desembocadura del arroyo Pando, a 30 kilómetros de Montevideo. Quienes enterraron allí a Eugenio Berríos no tuvieron en cuenta el trabajo constante del agua y del viento, y acaso sucumbieron a la rutina, porque todo el cinturón de playas del estuario antes de llegar a las costas oceánicas fue el recurrente enterradero de cadáveres de ajustes de cuentas, políticos y mafiosos. Una larga lista de víctimas, desde nazis prófugos hasta pistoleros contrabandistas, encontró en estas playas su última morada.

También 15 de los cuatro mil prisioneros de la Escuela de Mecánica de la Armada argentina (ESMA) que fueron arrojados al mar desde aviones en vuelo, entre 1976 y 1979. En la época en que esos cuerpos mutilados por la tortura y por los peces aparecieron en las costas uruguayas, fue posible eludir toda responsabilidad porque la versión oficial y uniformada, por más ridícula que fuera, se apoyaba en la contundencia del terror generalizado que impedía cualquier cuestionamiento desde los medios de prensa. Así, se explicó la aparición de cadáveres maniatados con alambre, quemados y con orificios de bala, como producto de motines a bordo de barcos pesqueros coreanos. ¿Por qué coreanos? Porque la hinchazón de las carnes, debido a la permanencia en las aguas, les daba un leve aspecto oriental. Cuando apareció una mujer la versión militar siguió su lógica: hubo motín porque previamente hubo orgías a bordo.

El desaparecido Berríos tuvo más suerte. Fueron unos pescadores quienes encontraron los restos semi enterrados en la arena, una mañana desapacible de otoño. Los huesos estaban parcialmente recubiertos con jirones de ropa; las muñecas estaban maniatadas con cable y en torno a la caja toráxica quedaban hilachas de sogas que habían inmovilizado los brazos. Los huesos exhibían señales de quemaduras pero la evidencia inapelable eran dos orificios de bala en el cráneo, uno en el occipital derecho y otro en la base posterior. La calavera, que mantenía intacta la dentadura, revelaba el desenlace: el hombre, que una primera pericia evaluó como de 1,72 mts. de estatura y de aproximadamente 45 años, había sido ejecutado con disparos calibre 9 milímetros, armas calificadas de guerra.

INVESTIGACION FORENSE

El macabro hallazgo mereció unas pocas líneas en los periódicos y pronto quedó en el olvido. En el Instituto Técnico Forense, sin embargo, el antropólogo Horacio Solla siguió durante meses una pista apoyada simplemente en una corazonada.

Solla inició una paciente labor con una técnica relativamente novedosa en Uruguay: la reconstrucción en computadora, de los rasgos de una cara y de la forma de una cabeza, a partir de un cráneo. Una vez fotografiado desde distintos ángulos, y escaneadas las fotografías, la pantalla de la computadora comenzó a reproducir una imagen ósea tridimensional. Aplicando fórmulas antropológicas, la imagen se fue recubriendo lentamente de cartílagos, tendones, músculos y finalmente piel; los restos de los vellos encontrados en las dunas permitieron incluso reproducir el tipo de barba y cabello levemente canoso. En julio de 1995 las autoridades del Instituto Técnico Forense que habían supervisado el proceso de reconstrucción virtual quedaron anonadadas: la imagen que reproducía la computadora era casi un calco de la fotografía publicada en los diarios que los ministros del Interior, Juan Andrés Ramírez, de Defensa, Mariano Brito, y de Relaciones Exteriores, Sergio Abreu, habían presentado al Parlamento, en agosto de 1993, como prueba de que Eugenio Berríos, secuestrado de la comisaría de Parque del Plata en noviembre de 1992, estaba vivo. Berríos aparecía, barbudo y sonriente, sentado en un sofá junto a un ejemplar de Il Mesaggero, de Milán, desplegado en el asiento contiguo, con la fecha de edición bien visible. Esa foto, dos años después, resultaba un testimonio de lo contrario: Berríos estaba muerto.

La justicia se tomó varios meses para confirmar la identidad. Puesto que se desconfiaba del procedimiento técnico de los antropólogos forenses, aunque se admitía la base científica de la suposición, el magistrado González reclamó vía Interpol, ante la policía chilena, algún tipo de registro dental de Eugenio Berríos. La Brigada de Homicidios de la Policía Metropolitana chilena salió a la búsqueda de placas y radiografías y, previsoramente, adjuntó también registros médicos de antiguas fracturas sufridas por el joven Berríos en riñas callejeras durante la presidencia de Salvador Allende. Las placas dentales de Berríos coincidieron con la dentadura del cadáver de El Pinar, pero aun así el magistrado resistió una confirmación de la identidad y propuso un examen de ADN, que obligó a los padres del bioquímico a realizar análisis de sangre. Finalmente, en enero de 1996, la justicia rebautizó la carátula del viejo expediente de 1993 con el rótulo de homicidio, pero en la investigación no avanzó un ápice, como no había avanzado antes bajo el rótulo de secuestro.

Los estudios de los forenses Guido Berro, Beatriz Balbela y Guillermo Meza fueron coincidentes en ajustar con precisión la fecha probable de la muerte, que situaron en los primeros días de marzo de 1993, exactamente en el mismo período en que el entonces comandante en jefe del ejército chileno, general Augusto Pinochet, realizaba una visita de carácter privado a Uruguay, y solicitaba al comando uruguayo la deferencia de nombrar como su edecán al teniente coronel Thomas Cassella, el hombre que guarda el secreto del "caso Berríos".

DETECTIVES CHILENOS EN LA PISTA

En vísperas del pase a retiro del general Pinochet y su automática incorporación al Parlamento como senador vitalicio, era necesario archivar el "caso Berríos", cuya investigación policial había avanzado mucho más allá de lo que podían prever los policías y magistrados uruguayos. El voluminoso expediente de 570 páginas del 6º Juzgado del Crimen de Santiago se detiene exactamente en el momento en que la División Metropolitana de Homicidios inicia el interrogatorio del coronel Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, finalmente identificado como el "Carlos Ramírez" que a fines de octubre de 1991 trasladó a Berríos hasta Montevideo y lo depositó en manos del teniente coronel Thomas Cassella. La prolija investigación de los detectives de Homicidios introduce nuevas luces sobre la vida del bioquímico y llena algunos huecos vitales de la historia que se pretendió enterrar en un médano.

Luis Fuentes Sotomayor, inspector; Nelson Jofré Cabello, inspector; y Rafael Castillo Bustamante, subcomisario, son policías empecinados. En sus fojas de servicio aparece como defecto un sentido del deber que a veces sobrepasa los límites de las órdenes recibidas. Son parte de un equipo que exhibió un celo profesional inconveniente al investigar algunos episodios, como los antecedentes chilenos del asesinato de Orlando Letelier en Washington o el atentado contra Bernardo Leighton en Roma. De hecho, el Grupo Operacional Táctico (GOT) de la Policía de Investigaciones de Chile fue amonestado por seguir pistas que no habían sido expresamente autorizadas. Un interrogatorio al agente Michael Townley, en Washington, todavía bajo el sistema de protección a testigos, a propósito del caso Letelier, derivó casi naturalmente hacia las conexiones chilenas con los grupos fascistas Avanguardia Nazionale y Ordine Nuovo. Las elípticas respuestas de Townley a las preguntas sobre la identidad de quienes le ordenaron "contratar" el asesinato de Leighton (Mamo Contreras no resolvía estas cuestiones por su propia iniciativa, sugirió Townley) ponían directamente en el centro de la escena a Augusto Pinochet. El informe escrito que brindaron los policías a la justicia ya no podía ser ignorado, pero las autoridades del Ministerio del Interior tomaron medidas disciplinarias por el "exceso de celo".

Algo similar era posible prever cuando el ministro del Interior, Enrique Krauss, formuló una denuncia ante la justicia por "presunta desgracia del ciudadano chileno Eugenio Berríos". El pedido de investigación recayó en la jueza María Isabel Reyes, quien resolvió iniciar un sumario el 15 de junio de 1993, es decir, una semana después que se conociera en Montevideo el escándalo del secuestro en la comisaría de Parque del Plata(*). Los tres policías se tomaron en serio la investigación, de modo que al cabo de dos años llegaron a descubrir algunos extremos molestos.

Los detectives comenzaron su tarea por la esposa de Berríos, la ex modelo Gladys Erika Schmeisser, y acotaron tiempos: la última vez que Erika vio a su marido en Santiago fue a comienzos de octubre de 1991. El matrimonio vivía separado, ella en su piso de Viña del Mar y él en casa de sus padres, en la calle Bellet 59, del barrio Providencia, en Santiago. Eugenio estaba acosado por la justicia por libramiento de cheques sin fondos, de modo que Erika no se extrañó cuando a comienzos de noviembre supo que su marido había partido sorpresivamente, sin revelar su destino. Los suegros de Erika suponían que su hijo había viajado a Libia, a Iraq o a Irán, pues en sus apremios económicos el bioquímico fantaseaba con la posibilidad de vender sus conocimientos científicos, a los que se refería con vaguedad, pero vinculados con secretos armamentísticos.

Pero el 8 de noviembre Erika recibió una llamada de larga distancia: "Chanchita, no comentes con nadie, no hables. Estoy en Uruguay, te me vas a las oficinas de PLUNA y retiras un pasaje que compré a tu nombre", dijo Berríos. Erika viajó a Montevideo el 11 de noviembre y regresó dos semanas después. Dice no haber intentado averiguar por qué su marido se escondía en Montevideo. A lo largo de 1992 mantuvo conversaciones telefónicas en varias oportunidades con Eugenio y en octubre de ese año volvió a viajar a Montevideo, esta vez cruzando primero por tierra la cordillera de los Andes hasta Mendoza. La última vez que habló con Eugenio fue dos días antes de la Navidad de 1992. Para la investigación resultó relevante determinar que Eugenio Berríos estaba vivo un mes después de los acontecimientos de Parque del Plata. Setenta y dos horas después de iniciadas las investigaciones, el 17 de junio de 1993, los policías chilenos accedieron a pistas que cambiaron el curso de las pesquisas. Ese día, el ministro de RR.EE. uruguayo se presentaba ante el Parlamento para informar sobre dos cartas y una foto entregadas en el consulado uruguayo en Milán por un joven que hablaba perfecto inglés. La foto, ya se sabe, pretendía documentar su actualidad con el ejemplar de Il Mesaggero. Una de las cartas, manuscrita, era enviada supuestamente por Berríos a sus padres. Estaba firmada y fechada 9 de junio; la otra, mecanografiada, estaba dirigida a las autoridades uruguayas. Un perito calígrafo documentó la autenticidad de la firma, contrastándola con la que Berríos estampó al pie de su denuncia, en Parque del Plata, y con la que lucía en una fotocopia de su documento de identidad. El perito se equivocó: Berríos no podía haber escrito la carta, había sido asesinado tres meses antes.

LA DINA Y EL NARCOTRAFICO

Uno por uno todos los personajes mencionados en la supuesta carta de Berríos fueron interrogados (por los policías chilenos); algunos en Madrid, donde cumplían condena por tráfico de drogas. Los testimonios de Manuel Novoa, Hernán Prieto, Enrique Palavicino, Carlos Board, Rodríguez Núñez, "el Aragonés", Hernán Monje, Hernán López y el peruano Máximo "Bocanegra" Guevara, confirmaron la vinculación de Eugenio Berríos con el narcotráfico y aportaron nuevos elementos de la personalidad del bioquímico; pero, quizás inadvertidamente para el redactor de la carta, permitieron también establecer ciertos vínculos entre el negocio del narcotráfico y los antiguos agentes de la DINA, hasta que la pista aportada completó un círculo y regresó al comienzo, enriqueciendo las razones por las que el aparato de inteligencia militar chileno se involucró en una operación encubierta de coordinación. Fue en ese momento que la investigación se estancó.

La lista inicial de nombres aportados en la carta de Milán se incrementó rápidamente. Todos los personajes giraban en torno a un puñado de locales nocturnos (en Santiago): Oliver, Les Assassins, Crazy Horse, frecuentados por narcotraficantes, consumidores de cocaína y muchos ex agentes de la DINA.

Los indagados, casi sin excepción, reclamaban inocencia (sobre el narcotráfico). Eran explícitos, en cambio, sobre las confidencias que, drogado o bebido, Eugenio Berríos destilaba sobre su pasado de agente secreto. Así, Viviana Patricia Egaña, una actriz que frecuentaba Les Assassins, que se enamoró perdidamente de Berríos y que vivió con él entre 1983 y 1986, cuenta cómo el bioquímico hacía experimentos en el laboratorio instalado en la cochera de la calle Bellet, con gatos que él asfixiaba con sus propias manos. Berríos solía recibir tarjetas de saludo de Michael Townley y la visita del capitán Armando Fernández Larios. Viviana recuerda haber conversado brevemente con el hijo del general Contreras en una ocasión en que Berríos la llevó al bar Oliver, donde se reunían "puros militares, pero de civil".

Berríos solía montar en cólera, descontrolarse y amenazar de muerte a Viviana: "En una ocasión peleamos, se dirigió a un mueble y sacó un frasco muy pequeño de perfume. Me dijo: 'Sabe, pellito, si usted se me porta mal, yo la mato con esto', pero nunca supe qué me quiso decir". Viviana nunca relacionó el frasco de perfume con el gas Sarín.

Viviana creía que podía manejar el malhumor de Berríos; en cambio, sentía un temor profundo cada vez que un tal "Arroyo" llegaba de visita a la casa. De hecho, Arroyo, "un tipo parco, serio, muy duro", seguía a Berríos a todos lados, era como su sombra. "En otra oportunidad escuché, tanto de Eugenio como de Arroyo, que éste había matado a un tal Carmelo Soria", declaró Viviana a la justicia. Cada vez que Berríos se enojaba con Viviana, reclamándole dinero o cheques, "me amenazaba diciéndome que Arroyo ya había matado personas y que a mí me podía suceder lo mismo".

No fue el temor, sino la indignación, lo que provocó la ruptura de Viviana con el bioquímico: en 1986, durante un fin de semana en una casa de campo de un amigo de Berríos, Viviana salió de compras, "y al regresar los encontré a ambos acostados en la cama, comprobando que Eugenio y el otro eran homosexuales". No obstante, Viviana mantuvo relación con Berríos y más tarde con su esposa Erika, pero decidió esconderse cuando se difundió el secuestro y la desaparición, por temor a las represalias de Arroyo.

Otros indagados dejaron constancia de las indiscreciones de Berríos. Juan Carlos Cheyre, dueño de Les Assassins, confirmó que Berríos solía distribuir entre sus amigos anfetaminas que decía fabricar; y contaba su participación en el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, entre otras historias de la época del cuartel de Townley en Lo Curro.

El gas Sarín ronda siempre en las declaraciones. David Manuel Morales, ex integrante del movimiento fascista Patria y Libertad, confirmó que en 1979 Berríos había entregado la fórmula del Sarín al Alto Mando, Complejo Químico Lo Aguirre. Morales tenía razones para saberlo, porque él conectó a Berríos con su conocido, el coronel Víctor Barría, para restablecer un contacto con el general Contreras. De esa época data la presencia constante de Arroyo en torno a Berríos.

TRAFICANTES Y AGENTES

Fue Manuel Andrés Novoa quien confirmó a los policías la misión del hombre que provocaba un temor incontrolable en Viviana Egaña. En su celda de la cárcel de Alcalá, Madrid 2, donde permanecía recluido desde octubre de 1991 por tráfico ilícito de cocaína, Novoa identificó a Arroyo como un ex agente de la DINA, encargado de custodiar a Berríos por orden del general Contreras.

Los policías no tardaron en establecer la verdadera identidad de Arroyo: José Remigio Ríos San Martín, un suboficial del ejército que integraba la estructura "informal" de la ex DINA, desde su disolución a fines de los años 70. Lo que se cuidó de mencionar Novoa era que él, antiguo estudiante de derecho, comerciante, empresario, y finalmente traficante de cocaína, al igual que Berríos había sido agente civil de la DINA. La pista inicial surgió al investigar las cuentas bancarias de Berríos. Una caja de seguridad en la sucursal Providencia del Banco de Crédito e Inversiones deparó una momentánea frustración, al ser abierta mediante orden judicial: entre los papeles de Berríos no había ningún testimonio, a modo de salvoconducto, que revelara la historia secreta de la DINA; pero se incautaron los documentos de algunas sociedades anónimas y empresas de las que el bioquímico había sido socio fundador. Una de ellas, Ibercom Chile, resultó ser una pantalla para las actividades de la DINA en Europa. El socio de Berríos en Ibercom era Alberto Comunián Pivari, miembro de Avanguardia Nazionale, citado como testigo por la justicia italiana en relación con el atentado contra Bernardo Leighton. En Fitoquímica Nacional, una empresa de productos agroindustriales que, después se comprobó, fue parte de un complejo para la fabricación y exportación de cocaína, el socio de Berríos era Manuel Andrés Novoa. En la mayoría de los casos, el abogado de las firmas era Enrique Palavicino, también ex agente civil de la DINA.

El testimonio de Juan Enrique Momberg Villarroel, de profesión estafador, deportado desde España (a Chile) después de cumplir condena, confirma la vinculación de los traficantes de droga con elementos de la policía secreta de la dictadura. Su contribución al conocimiento de la estructura delictiva provocó un alud de detenciones. Novoa y Palavicino operaban como mano derecha de Rodolfo Robinson Carril, el "segundo" en la organización que dirigía un peruano con documentos falsos a nombre de Jorge Acosta y que en realidad se llama Justo Cornejo Hualpa. El negocio de Cornejo Hualpa -involucrado en una operación de 285 kilos de cocaína decomisados a bordo del Eten, barco de la Armada peruana- consistía en comprar cocaína en Perú e introducirla en Chile, desde donde la exportaba a Australia, Alemania o España. Su principal proveedor en Perú era el ex comandante de la Guardia Nacional, Percy Lazo, detenido en España por tráfico ilícito de estupefacientes. Fue de Lazo la idea de transportar cargamentos de 25 ó 30 kilos en los tanques de gasolina de autos, en los baúles y hasta en los faros que cruzaban la frontera con Chile.

Novoa y Palavicino, que colaboraban con Robinson en operaciones de lavado de dinero manipulando cheques, introdujeron en la organización de Cornejo Hualpa a Eugenio Berríos y al periodista Emilio Rojas, un habitual parroquiano de los bares y restaurantes que frecuentaba el bioquímico y donde se codeaba con ex agentes de la policía secreta, a pesar de que él, Rojas, había sido torturado durante la dictadura en la unidad militar de Tejas Verdes (y estuvo luego en el campo de prisioneros de Chacabuco).

Encandilado por Berríos con sus cuentos sobre el gas Sarín, Novoa entusiasmó a sus socios narcotraficantes con una idea en principio descabellada: una fórmula para eliminar el olor que delata los cargamentos de cocaína.

Berríos y Emilio Rojas formaban parte de los invitados que solían emborracharse los fines de semana en la residencia rural de Cornejo Hualpa, una verdadera fortaleza que gozaba de la protección de la policía local. Este narcotraficante -el único de los indagados que no pudo ser detenido- mostró un marcado interés cuando el periodista Rojas anunció su nombramiento como agregado de prensa en la embajada de Chile en Uruguay. Acaso fue una coincidencia, pero ya para entonces el nombre de Eugenio Berríos se multiplicaba en el expediente del juez Adolfo Bañados sobre el caso Letelier, y su citación ante el tribunal se tornaba inminente; era perentorio evacuarlo. Novoa recuerda que muy poco antes de su desaparición, en un encuentro al que asistió el "ángel guardián" Arroyo, Berríos dijo enigmáticamente: "No me dejan tranquilo, voy a tener que irme". Novoa supuso que se refería a sus acreedores, que eran legión, pero Berríos aclaró que esta vez iba a escapar "con chapa", es decir con documento falso proporcionado por los ex jefes de la DINA.

DROGA CON INMUNIDAD DIPLOMATICA

Para entonces Novoa había viajado en tres oportunidades a Montevideo y se había alojado en la casa de Rojas; incluso había visitado la embajada. Las negociaciones de Novoa con el encargado de prensa culminaron en una reunión "cumbre" en Buenos Aires. Rojas y Novoa se trasladaron desde Montevideo; Cornejo Hualpa y Robinson lo hicieron desde Santiago, por tierra. En los baños turcos del hotel Libertad, Cornejo Hualpa propuso a Rojas utilizar su pasaporte especial y la valija diplomática para introducir cocaína en Montevideo, en tránsito hacia Europa y Australia. El narcotraficante estimaba que esa vía podía ser muy lucrativa y segura, porque, además, su organización contaba con otro aliado en la misión diplomática (chilena) en Montevideo, el hijo del cónsul (Federico Marull). Según Novoa, Rojas postergó una decisión; pero Juan Enrique Momberg confesó que un cargamento de nueve kilos de cocaína, parte de uno más grande de 54 kilos, fue acondicionado en el local de la firma exportadora Susset, propiedad de Cornejo Hualpa, en una maleta que retiraría Emilio Rojas.

Para finales de 1991, de acuerdo a los testimonios, Rojas manipulaba con cierta frecuencia cargamentos de droga en Montevideo. Cerca de las fiestas de fin de año, de vacaciones en Chile, Rojas fue visto una vez más en las instalaciones de la firma Susset. Pero poco antes de retornar a Montevideo recibió la visita del señor Rodrigo Arteagabeitía, encargado de relaciones públicas de la Policía de Investigaciones. Fue una conversación informal: acaso Rojas estaría dispuesto, propuso Arteagabeitía, a mantener una entrevista con un señor Aránguiz, detective de la total confianza del juez Bañados, porque el magistrado sospechaba que Berríos, el testigo que se le acababa de escapar de las manos, podía estar en Uruguay. Rojas accedió y se entrevistó con el detective al día siguiente en las oficinas de una emisora de radio. La reunión fue turbulenta: el detective insinuaba que Berríos podía tomar contacto con el agregado de prensa y que acaso ya lo había hecho. Rojas se ofendió: si él tuviera noticias del paradero de Berríos lo habría comunicado inmediatamente; por otro lado, dijo, no mantenía ninguna relación con Berríos, salvo algún saludo protocolar cuando coincidían en lugares públicos.

Por una vez, Rojas decía la verdad. Fue a su regreso a Montevideo, en enero de 1992, que recibió en su domicilio una llamada telefónica de Eugenio Berríos. Era una llamada local. Berríos se había comunicado con la embajada y allí le habían proporcionado el número telefónico particular del agregado de prensa. Rojas se puso nervioso. Comentó el incidente con el agregado militar, el general Emilio Timmerman. "Berríos nos está saliendo muy caro", admitió el militar, aunque no se entiende por qué confesaba el conocimiento oficial del operativo ante un diplomático a quien la dictadura juzgó oportuno torturar.

(Más adelante Blixen relata la investigación en Montevideo de los detectives chilenos Rafael Castillo Bustamante y Nelson Jofré Cabello, en octubre de 1993. Lograron identificar al oficial chileno Carlos Herrera Jiménez como la persona que alquiló un departamento de la capital uruguaya, donde vivió Berríos. El aval para el alquiler lo prestó el coronel Thomas Cassella de la inteligencia uruguaya. Herrera -actualmente preso en Punta Peuco por la tortura y muerte de un transportista en La Serena-, estaba encargado de vigilar a Berríos en Montevideo, hasta donde lo acompañó, y probablemente tuvo participación en su muerte).

La última actuación policial relevante en el expediente del Juzgado del Crimen de Santiago es el interrogatorio al que fue sometido el 16 de septiembre de 1996 el oficial en retiro Carlos Herrera Jiménez, tras su extradición desde Argentina. Dijo haber viajado en octubre de 1991 a Montevideo por cuestiones de negocios, y haber conectado allí a Thomas Cassella, viejo amigo al que conoció en Chile cuando el militar uruguayo viajaba frecuentemente, en épocas de las dictaduras, para realizar "cursos de paracaidismo". Negó rotundamente haber introducido clandestinamente al bioquímico en Uruguay y sólo admitió haberlo conocido ocasionalmente, una noche, en la tanguería La Cumparsita. Herrera estaba con otros chilenos, a los que no identificó, y Berríos se acercó a su mesa. La charla continuó en su apartamento de Pocitos, donde Berríos permaneció "un par de días, porque estaba en mala situación económica y no tenía dónde dormir". Las flagrantes contradicciones entre su versión y el resultado de las investigaciones policiales quedaron en el tintero. Cuando finalmente, y después de recorrer un largo trecho salpicado de cocaína, la investigación prometía avanzar en línea recta, el caso fue enterrado. El expediente fue finalmente archivado en Chile por decisión de las instancias superiores de la justicia. A modo de compensación, y quizás como documento histórico, fue incorporado al expediente judicial el sumario administrativo del Ministerio de RR.EE. chileno para determinar la conducta de los diplomáticos y funcionarios de la embajada en Uruguay. Casi cien fojas que revelan detalles desconocidos y aportan una convicción: casi todos los funcionarios de la representación diplomática tenían elementos de juicio para presumir la presencia de Eugenio Berríos en Uruguay, mucho antes del episodio de la comisaría de Parque del Plata; algunos tuvieron noticias incluso al mes del arribo del ex agente de la DINA. La conclusión es inevitable: Berríos podría estar vivo, todavía, si cada uno de los funcionarios, por distintas razones, no hubiera optado por el silencio. De la lista se exceptúa el general Emilio Timmerman, cuya función era, precisamente, coordinar el ocultamiento de Berríos y que, por razones que no se explican en el sumario administrativo, no fue interrogado como el resto de los funcionarios, desde los administrativos hasta los embajadores. Timmerman está considerado como un hombre de confianza de Augusto Pinochet

por Julio Oliva García

Si Aylwin decretó que su período sería el de la justicia en la medida de lo posible , Lagos ha instaurado definitivamente la justicia negociada , de la que son claros ejemplos la locura de Pinochet y el esmirriado fallo por el asesinato de Tucapel Jiménez Alfaro.
Hace quince días, los familiares, dirigentes sindicales y abogados querellantes en el caso Tucapel Jiménez, desbordaban optimismo. Tenían la certeza de que las penas contra los implicados en este horrible crimen serían ejemplarizadoras, más aún cuando la investigación avanzaba hacia la culpabilidad directa del Ejército como institución. Sin embargo, el lunes 5 en las afueras del 18? Juzgado del Crimen sus rostros no podían esconder la sorpresa y el desencanto: el juez Muñoz los había defraudado.
Luego de los casi 18 años de inútil trabajo del ministro Sergio Valenzuela Patiño, el magistrado Sergio Muñoz había avanzado aceleradamente en la investigación de los hechos, reencausó a muchos de los que Valenzuela había liberado y dirigió los dardos hacia el corazón del Ejército y su rama de inteligencia, la DINE.
Las condenas de primera instancia
Ramsés Arturo Alvarez Sgolia, Director DINE, condenado a la pena de diez de años presidio mayor en su grado mínimo, por su responsabilidad de autor del homicidio.
Se le impone la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.
Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, condenado a pena única de presidio perpetuo, por su responsabilidad de autor de los delitos de homicidio calificado de Tucapel Jiménez y de Juan Alegría Mundaca. Se le impone la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.
Víctor Raúl Pinto Pérez y Francisco Maximiliano Ferrer Lima, condenados a ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, como autores del delito de homicidio calificado. Se le impone la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.
Manuel Segundo Contreras Donaire y Miguel Segundo Letelier Verdugo, condenados a seis años de presidio mayor en su grado mínimo, como autores del delito de homicidio calificado. Se le impone la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.
Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge Luis León Alessandrini, condenados a tres años de presidio menor en su grado medio, como cómplices del delito de homicidio calificado. Se impone a los sentenciados la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas de la causa. Se les concede el beneficio alternativo de remisión condicional de la pena (firmar una vez al mes).
Hernán Ramírez Hald, Hernán Ramírez Rurange y Juan Fernando Alfredo Torres Silva, condenados a ochocientos días de presidio menor en su grado medio, como encubridores del homicidio calificado. Se les impone la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas de la causa. Se les concede el beneficio alternativo de remisión condicional de la pena (firmar una vez al mes).
Enrique Gabriel Ibarra Chamorro, condenado a quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, como encubridor del homicidio calificado. Se impone al sentenciado la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas de la causa. Se le concede al procesado el beneficio alternativo de remisión condicional de la pena (firmar una vez al mes).
Absueltos
Roberto Urbano Schmied Zanzi, Jefe Brigada Metropolitana de Inteligencia, acusado como cómplice.
Miguel Eugenio Hernández Oyarzo, Jefe de la Unidad Político Sindical de la CNI, acusado como cómplice.
Julio Olivares Silva, junior de la ANEF y agente de la Unidad Político Sindical de la CNI, acusado como cómplice.
Alvaro Corbalán Castilla, Jefe Unidad Operativa de la CNI, acusado como cómplice. Condenado a cadena perpetua por el asesinato de Juan Alegría Mundaca.
La disminución de las penas
A pesar de la gran acumulación de pruebas que inculpaban a agentes de la CNI, de la DINE y a altos mandos del Ejército, el magistrado Muñoz fue estrechando su cerco sólo en algunos de ellos, eliminando del procesamiento a personajes que también tuvieron actuación en el crimen (ver recuadro) y al Comandante en Jefe del Ejército, el autodenominado Presidente de la República que no dejaba moverse ni una hoja sin su consentimiento. Poco a poco dejó de lado los datos que confirmaban que la CNI, con Gordon al mando, al menos cumplió en torno a Tucapel Jiménez labores de seguimiento, intercepción de teléfonos, grabación de reuniones y captación de agentes, como el caso del junior de la ANEF Julio Olivares Silva. También desestimó su propio fallo, del 15 de noviembre de 2000, con que había sentenciado a cadena perpetua por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca a los integrantes de la CNI Alvaro Corbalán, Armando Cabrera Aguilar y Carlos Herrera Jiménez, y a Osvaldo Pincetti con pena de diez años de prisión. Este delito comprobadamente se realizó con la única intención de encubrir el crimen del líder de la ANEF.
Por otra parte, eludiendo las interpretaciones sobre crímenes de lesa humanidad aplicadas últimamente por la Corte Suprema, optó por aplicar medidas atenuantes a gran parte de los condenados en el proceso y dictar bajas penas, sustentándose en el principio de prescripción gradual , justificado por la inoperancia de Valenzuela Patiño. Con ese razonamiento, el fallo señala que "el delito estuvo ininterrumpido hasta que quedó ejecutoriado el sobreseimiento temporal dictado en autos el 26 de abril de 1986. Luego permaneció paralizada la tramitación por más de tres años, circunstancia que determinó que continuara corriendo el plazo de prescripción de la acción penal, como si nunca hubiere sido suspendido, hasta que acontece al reponerse el proceso a sumario el 30 de julio de 1990. Es así que entre el 25 de febrero de 1982 y el 30 de julio de 1990 transcurrieron ocho años, cinco meses y cinco días, antecedente de hecho que importa el transcurso de más de la mitad del tiempo establecido para que opere la prescripción de la acción penal en este caso y, por lo mismo, lleva a acoger el planteamiento formulado por las defensas de los encausados Arturo Ramses Alvarez, Víctor Pinto Pérez, Francisco Ferrer Lima, Manuel Contreras Donaire, Miguel Letelier, Hernán Ramírez Hald, Juan Carlos Arriagada, Jorge Luis León Alessandrini, Hernán Ramírez Rurange, Fernando Torres Silva y Enrique Ibarra".
Muñoz también premió a Herrera Jiménez, unificando la condena con la pena perpetua por el homicidio de Alegría Mundaca, con lo que en la práctica deberá cumplir solamente 20 años de presidio efectivo y se le abre la posibilidad de solicitar el indulto presidencial. Incorpora otros beneficios, aduciendo la irreprochable conducta anterior de algunos procesados como Arriagada Echeverría, León Alessandrini, Ramírez Rurange, Ibarra Chamorro, Torres Silva y Ramírez Hald, a quienes se les remitió la pena privativa de libertad, debiendo firmar sólo una vez al mes. A pesar de no tener condenas anteriores, Torres Silva ha sido acusado por la tortura que afectó a numerosos presos políticos y Ramírez Hald está implicado en la desaparición del joven estudiante del Liceo Industrial de Maipú José Flores.
De esta forma, las penas definitivas no guardan relación con el horror del crimen ni con las agravantes de premeditación, alevosía, ensañamiento y asesinato en despoblado en que se cometió. Tampoco con que los hechores tuvieron la protección absoluta del Estado, que la negligencia de un juez reconocidamente pinochetista alargara con premeditación el proceso y que, el mismo Ejército, negara insistentemente su colaboración.
Los que salvaron ilesos
Extraña en la resolución que muchos de los implicados no fuesen parte de la condena, más allá de la inexplicable absolución de Alvaro Corbalán, Miguel Hernández Oyarzo, Julio Olivares Silva y Roberto Schmied Zanzi, existen otros personajes que tuvieron clara participación en el crimen y ni siquiera fueron considerados en la resolución.
Se trata, por ejemplo, de los integrantes de la Secretaría Nacional de los Gremios y el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, encabezados por Misael Galleguillos Vásquez, Valericio Orrego Salas y Raúl Manolo Lillo Gutierrez, quienes espiaban las acciones de este traidor de la patria , entregando antecedentes a sus superiores de la Dirección de Organizaciones Civiles y de la Subsecretaría General de Gobierno, bajo el mando del hoy senador UDI Jovino Novoa Vásquez. No es desconocido que desde esta repartición existían gastos reservados para financiar a grupos paramilitares afines. Incluso, entre las diligencias solicitadas por los querellantes, se encontraba la de carear a Novoa con Sergio Fernández y Enrique Montero Marx, quienes ocuparon el cargo de Ministro del Interior en las cercanías de la fecha del asesinato. A Galleguillos se le vincula a la planificación del crimen, mientras Valericio Orrego contactaba a agentes de la CNI para el seguimiento de Tucapel Jiménez y el Grupo de los 10 , y un auto Opala usado en el crimen sería de su propiedad. Lillo Gutiérrez también las oficiaba de espía de los grupos sindicales opositores.
Entre los cómplices del crimen, según ameritaba la investigación, también aparecían los agentes destinados al espionaje de dirigentes sindicales Nelson Hernández Franco, alias Marcos de la Fuente , Héctor Lira Aravena, Luis Pino Moreno y José Ramírez Romero, alias Carlos Santander . Patricio Pezoa Araya, empleado de un dirigente sindical DC, habría espiado al Grupo de los 10 y tomado contacto con los tres agentes de la CNI que seguían a Tucapel Jiménez. El capitán de Ejército Raúl Descalzi Sporke, que siempre fue considerado entre los autores, tampoco está en el listado final.
Tampoco nombra al suboficial (r) de Carabineros Luis Pinto Moreno, encausado en un principio como cómplice, y el capitán (r) de Ejército y miembro de la Dine, Arturo Silva Valdés, que había sido procesado como encubridor por su participación en la fuga de Herrera Jiménez hacia Argentina.
El año pasado el juez Muñoz había considerado entre los autores al suboficial de Ejército Humberto Calderón Luna, jefe de personal de la CNI en 1982, quien no figura entre los condenados pese a ser quien habría reclutado a Galvarino Ancavil para conseguir las armas usadas en el crimen. Ancavil Hernández, que estuvo siempre vinculado al proceso, presuntamente estaría en Francia y nunca se presentó ante el juez. Lo que no debería ser obstáculo para que se le condenara en ausencia por haber facilitado las armas -una Pasper calibre 22 y otra calibre 32- usadas en el asesinato. Finalmente Humberto Gordón Rubio, a la fecha Director de la CNI, fue absuelto por su deceso.
Las órdenes de Pinochet
Aunque para el magistrado Muñoz no existieron las pruebas suficientes para considerar en el proceso al dictador, Augusto Pinochet Ugarte jugó un papel central en la determinación de eliminar a Jiménez y en las posteriores maniobras de encubrimiento.
Alertado por Jovino Novoa y sus dirigentes sindicales de la Secretaria Nacional de los Gremios, Pinochet supo de la traición que el otrora aliado Tucapel Jiménez estaba preparando. El mismo que defendía a la junta militar en el exterior, tras los primeros meses del golpe de Estado, en los inicios de la década del 80 formaba parte del grupo opositor que políticamente estaba vinculado al ex Comandante en Jefe de la FACH Gustavo Leigh Guzmán.
En el verano de 1982, Jiménez Alfaro hacia un llamado amplio a la unidad de los trabajadores contra el régimen, reuniéndose con Manuel Bustos y otros dirigentes sindicales para el efecto. Las citas en casa de Leigh se hacían más frecuentes. La figura del dirigente de la ANEF se hacía peligrosa.
El 21 de febrero de 1982, en una ceremonia de entrega de títulos de propiedad en Calbuco, Augusto Pinochet señaló que: Lógicamente, cuando hay estas pequeñas acciones negativas momentáneas, aparecen los de siempre. Aparecen los negativos de siempre y a ellos les mando hoy este mensaje: el gobierno tolera muchas cosas, pero jamás va a tolerar volver atrás. Jamás va a tolerar que algunos enquistados estén actuando en forma negativa y tratando de sembrar la cizaña en las mentes de los trabajadores. Por ello, me atrevo a decir a aquellos que están en estos momentos realizando acciones contrarias al Gobierno: mucho cuidado señores, por que también ustedes pueden salir fuera del país. Luego agregó: Y aquellos que han firmado cartas, telegramas o cables hacia entidades comunistas en el exterior, son tan comunistas como esos, porque, señores, dime con quien andas y te diré quien eres. Si se apegan a una acción comunista, son tan comunistas como los que están actuando . Las expresiones, ampliamente reproducidas por los medios de comunicación, firmaban la pena de muerte de Jiménez. Sólo cuatro días después se haría efectiva.
El encubrimiento
Carlos Herrera Jiménez ha sostenido en forma reiterada, desde que reconociera su participación en los hechos, que al momento de exponérsele la planificación para la eliminación física de Tucapel Jiménez, se le indicó que estaba en conocimiento de ello Arturo Alvarez Sgolia, Director de Inteligencia del Ejército, quien, además, una vez ejecutados los hechos, efectuó una reunión con quienes tomaron parte en esas acciones o tuvieron conocimiento de las mismas, en la que se le prohibió referirse al tema en sus conversaciones. Afirma que Alvarez directamente le felicitó por la acción realizada, expresándole que estuviera tranquilo, que nada le ocurría y que le había hecho un gran favor a la patria . Herrera reconoce que la orden fue dispuesta por su jefe directo, Francisco Ferrer Lima, la que le fue reiterada por el superior, comandante del Cuerpo de Inteligencia del Ejército Víctor Pinto Pérez, expresándosele que había sido ordenada o estaba en conocimiento del Director de Inteligencia del Ejército, Arturo Alvarez Sgolia y, además, que la había dispuesto o lo sabía el Mando, lo que entendió referido al Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, a lo cual se le agregó que Tucapel Jiménez era un traidor a la patria, que estaba causando mucho daño al país y que era necesaria su eliminación .
Francisco Ferrer Lima, partícipe de una reunión posterior al crimen, declaró que Alvarez solicitó a todos los funcionarios del Cuerpo de Inteligencia del Ejército que tomaron parte de los hechos, que no se dijera más que tales sucesos los había dispuesto el general Augusto Pinochet Ugarte, que él asumía toda la responsabilidad. El mismo Pinochet, en su libro Camino recorrido , intentó que la responsabilidad quedara en Alvarez al decir que la muerte de Jiménez Alfaro pudo haberla dispuesto un cabeza caliente sin remedio . El Jefe de Estado Mayor General del Ejército de la época, Enrique Morel Donoso, declaró en el proceso que: si el hecho está vinculado a la Dirección de Inteligencia del Ejército, sería producto de la iniciativa personal de su Director, Arturo Alvarez Sgolia, a quien le tengo considerado como una persona muy inteligente, pero en cierto modo carente de criterio .
El 17 de enero de 1992, ante algunos avances en las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos, Pinochet Ugarte dio una orden de comando al Auditor General del Ejército Fernando Torres Silva: debía crear el Departamento de Estudio y Planificación. Las funciones de este nuevo organismo estaban dirigidas a afinar las estrategias de defensa de los uniformados, las que incluían la posibilidad de sacar a algunos del país, encubiertas en un lenguaje que definía: analizar las situaciones procesales a que pudiera verse enfrentada la institución, desde los puntos de vista político, comunicacional y de inteligencia . La unidad se creó entre finales de 1992 y principios de 1993, destinando a ella a los abogados de la CNI que habían sido destinados a la Auditoría General.
Bajo el mando de Torres Silva estaba Enrique Ibarra, en su calidad de Jefe del Departamento IV de la Auditoría. Entre los favores concedidos están el ocultamiento de Osvaldo Romo Mena en Brasil, de Miguel Fanta Estay Reino en ese país y Paraguay, y la salida de Herrera Jiménez hacia Argentina.
A fines de 1982, Carlos Herrera Jiménez se habría reunido con Alvaro Corbalán para solicitar su reincorporación a la CNI, contándole del crimen de Tucapel. Luego de eso conversan con Gordon, quien lleva a Herrera a La Moneda, se entrevista con Augusto Pinochet y, al salir, le dice que el Presidente le envía su reconocimiento, que le felicita y que lo tendría presente en el futuro.
La presiones uniformadas
Tal como en el caso del sobreseimiento de Pinochet, antes de conocerse este fallo se reactivaron las visitas de personeros gubernamentales y uniformados a Tribunales. Ya en enero de este año, los abogados defensores de los criminales solicitaron a Muñoz declararse incompetente para dar paso a la Justicia Militar. Jorge Balmaceda Morales, Juan Carlos Manns y José Luis Sotomayor, enmarcaron su petición en las denominadas excepciones de previo y especial pronunciamiento , que contempla el Código de Procedimiento Penal, y que se refieren a la declinatoria de jurisdicción y la prescripción de la acción penal por el tiempo transcurrido desde ocurrido el delito, que se encuentran en la etapa de dictación de cargos, fase anterior a las condenas de primera instancia que serían dictadas por el magistrado. También intentaron que Muñoz declarara prescrito el crimen y detener la investigación para que los tribunales castrenses se hagan cargo del caso .
En la etapa final de la investigación el Ejército comenzó a operar de manera desesperada, los oficiales de enlace que supuestamente se preocupaban del bienestar de los procesados se dedicaban a portar antecedentes a la DINE y a Torres Silva, para rediseñar la planificación de defensa, y amenazaban a los detenidos que prestaban colaboración. Ricardo Opazo Wildner, enlace de Herrera Jiménez, lo amenazó directamente señalándole que su actitud tendría consecuencias negativas para su seguridad personal y la de su familia. La decisión de que Herrera Jiménez saliera de Chile fue tomada por Torres Silva e Ibarra, quienes cumplían así el mandato de Pinochet para ayudar a los procesados, incluida en su orden de comando de crear el Departamento de Estudio y Planificación de la Auditoría General del Ejército.
A pesar de que Juan Emilio Cheyre dice acatar las resoluciones de la Justicia, sus visitas privadas al Palacio de Tribunales son conocidas, como también su negativa a ayudar en este caso, en el que el juez tuvo que acudir a otros medios para conocer el listado de integrantes de la DINE en 1982, y en el proceso por los ejecutados y desaparecidos de Cerro Chena, donde a la jueza Cecilia Flores le ha sido negada sistemáticamente toda colaboración. En el caso del juez Mario Carroza, a cargo entre otros del proceso por la desaparición de Domingo Blanco Tarres, sus solicitudes no han sido acogidas o se le han enviado documentos irrelevantes que dilatan la etapa investigativa. Estos son sólo algunos de los casos en que las palabras del Comandante en Jefe se contrastan brutalmente con la realidad.
Quince días antes de conocerse el fallo, cuando los familiares, dirigentes sindicales y abogados querellantes aún desbordaban optimismo, un extraño incidente hizo retrasar la entrega de las penas: el computador del juez había sufrido una falla. Todo indica que, entre esa falla y el lunes 5 de agosto, algo pasó en el computador del magistrado que terminó con el optimismo reinante en el círculo cercano a Tucapel Jiménez Alfaro.

Según el ex agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), el ex dictador debe "dar un paso de honestidad, de honor militar".

El mayor en retiro del Ejército Carlos Herrera Jiménez, condenado a cadena perpetua en el caso Tucapel Jiménez, pidió que Augusto Pinochet, "enfermo, sano o preso", admita sus errores en materia de derechos humanos por su "honor de soldado".

Herrera Jiménez hizo estas declaraciones a Televisión Nacional la noche del jueves, con motivo de haber comenzado a cumplir la cadena perpetua que se impuso como autor material del asesinato del dirigente sindical y del carpintero Juan Alegría.

A su juicio, el "mea culpa" del ex dictador chileno (1973-1990), sobreseído en varias causas sobre violaciones a los derechos humanos porque según la Corte Suprema padece una "demencia vascular irreversible", sería el primer paso para una reconciliación nacional.

"El que era comandante en jefe del Ejército en ese momento, el general Augusto Pinochet, enfermo o no enfermo, sano o no sano, preso o no preso, como soldado debió dar un paso de honestidad, de honor militar", dijo el mayor en retiro.

Carlos Herrera Jiménez, que fue agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), tiene cáncer y confesó ante la justicia su autoría en los crímenes por los que fue condenado a prisión perpetua, la que empezó a cumplir desde la noche del 31 de marzo en

el penal especial de Punta Peuco, a 30 kilómetros al norte de Santiago.

"Para que se nos reconozcan los aciertos que tuvo el gobierno militar, también desde luego debemos hacernos cargo de los errores de unos y otros", subrayó el ex agente.

Herrera Jiménez también reiteró su arrepentimiento por su participación en los crímenes y repitió que obedeció las órdenes de sus superiores que le convencieron de que estaba eliminando enemigos de la patria.

Durante el proceso, el ex agente acusó en varias oportunidades a los mandos del Ejército de la época y a la Dirección de Inteligencia (DINE) de haber abandonado a los subalternos en estos procesos.

Tucapel Jiménez fue secuestrado y asesinado en febrero de 1982, cuando trabajaba para reorganizar el movimiento sindical chileno y particular la resistencia civil contra la dictadura.

Herrera Jiménez también fue condenado por el homicidio, el 12 de septiembre de 1983, del carpintero Juan Alegría Mundaca, a quien agentes de la CNI y de la DINE mataron para tratar de encubrir el asesinato del líder sindical.

El carpintero fue encontrado muerto en su casa con sus muñecas seccionadas y a su lado una carta en la que el hombre explicaba que se suicidaba a causa de los remordimientos que sentía por haber matado al sindicalista. El montaje quedó al descubierto caside inmediato.

Por estos crímenes, además de Herrera Jiménez, fueron condenados a ocho años de prisión el ex jefe de la DINE Arturo Alvarez Sgolia y otros cuatro militares. 

La Corte Suprema solicitó a Argentina ampliar la extradición del ex agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Carlos Herrera Jiménez, quien cumple condena por el asesinato de Tucapel Jiménez Alfaro y Juan Alegría Mundaca.

De manera unánime, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal accedieron a la petición del ministro en visita para causas de DD.HH. de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda Lillo, de ampliar los cargos contra Herrera Jiménez y así poder procesarlo por su responsabilidad los homicidios de Luis Tamayo Lazcano, David Miño Logan, Marcelo Miño Logan y José Medel Rivas. Todos los asesinatos fueron perpetrados entre 1983 y 1985, en la Región de Valparaíso.

El fallo da cuenta de "la existencia de medios de convicción suficientes que satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 274 del texto legal citado y que permitirían su sometimiento a proceso. Se cumplen también, como las piezas de los procesos compulsados así lo confirman, todos los requisitos contemplados en el párrafo segundo del considerando Primero de esta resolución".

Luis Tamayo Lazcano fue ejecutado el 12 de agosto de 1984 en el Cerro Los Placeres de Valparaíso. Los hermanos David y Marcelo Miño Logan fueron ejecutados el 19 de enero de 1985, en la intersección de Avenida Valparaíso esquina Yungay, en la comuna de Quillota. José Daniel Medel Rivas fue muerto el 28 de enero de 1983, en la carretera entre La Calera y Quillota. 

"Procede el pedido" 

"La autorización del requerido no es requisito de la solicitud de ampliación de la extradición, sí lo es cuando el país requirente decide procesar y castigar al individuo por un delito común cometido con anterioridad al pedido de extradición y que no haya sido incluido en él, como perentoriamente lo dispone el apartado a) del artículo XVII de la Convención", indicaron los magistrados.

Añadieron que a "la falta de auto de procesamiento previo en contra del requerido y del libramiento de órdenes de aprehensión en las causas instruidas en su contra no obstan a lo decidido y obedecen a que el trámite o diligencia que se lleva a cabo es una solicitud de ampliación de una extradición ya concedida y con pleno acatamiento a lo dispuesto en el apartado b) del artículo XVII de la Convención. Que, como expresa también el Ministerio Público Judicial, en estas condiciones procede el pedido de extradición en estudio, por reunirse todas las exigencias contempladas en legislación nacional y en la citada Convención".

Fallaron la petición los magistrados Milton Juica, Lamberto Cisternas y Juan Escobar (suplente) además de los abogados integrantes Luis Bates y Jorge Lagos.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó sentencia en la investigación que sustancia por el delito de secuestros y homicidio calificado de once prisioneros, ilícitos perpetrados en octubre de 1973 y enero de 1974, respectivamente en la localidad de Pisagua.

En el fallo (causa rol 2182-98), dictado este miércoles 23, el ministro de fuero condenó al ex mayor de ejército Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez a la pena única de 12 años de presidio por su responsabilidad en los homicidios calificados de Orlando Tomás Cabello Cabello, Nicolás Chanez Chanez, Juan Apolinario Mamani García, Luis Aníbal Manríquez Wilden, Hugo Tomás Martínez Guillén y Juan Rojas Osega, perpetrados el 29 de enero de 1974; y de Nelson José Márquez Agusto, ejecutado el 18 de enero de 1974.

En tanto, el ex suboficial de ejército Miguel Chile Aguirre Álvarez deberá purgar 10 años y un día por los delitos reiterados de secuestro agravado de Rodolfo Jacinto Fuenzalida Fernández, Juan Antonio Ruz Díaz, José Demóstenes Rosier Sampson Ocaranza y Freddy Marcelo Taberna Gallegos, perpetrados el 29 de octubre de 1973.

Asimismo, el ministro Carroza decretó la absolución del ex mayor de carabineros Manuel Rogelio del Carmen Vega Collao por no acreditarse su participación en estos delitos.

Herrera Jiménez, es el mismo que con la chapa de Marcos Belmar y el alias de Bocaccio", continuó luego sus acciones criminales en la DINA, en la CNI y en el DINE, y en la actualidad permanece cumpliendo condena en Punta Peuco por otros crímenes.

Los hechos

En la etapa de investigación, el ministro Carroza logró establecer la siguiente secuencia de hechos:

«a.- Que los ilícitos ocurridos con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 en la ciudad de Iquique, se iniciaron en el Cuartel General de la Sexta División del Ejército, en ese entonces comandado por el General Ernesto Carlos Joaquín Forestier Haensgen, quien una vez ocurrido el Golpe Militar crea un organismo represivo de militantes o simpatizantes de partidos de izquierda y/o contrarios al Gobierno Militar, e incluye en ese conjunto a personas que el Fiscal Militar y ex Juez del Crimen de Iquique, Mario Acuña Riquelme, por razones personales, decide hacer responsables de presuntos ilícitos cometidos en la zona con anterioridad a la instauración del Gobierno Militar. En el cumplimiento de esta labor mutiladora de garantías individuales, este oficial de Ejército y el Fiscal Militar de la época, crean el Organismo de Inteligencia Regional, CIRE, con personal del Departamento de Inteligencia de la Sexta División del Ejército y de la Comisión Civil de la Primera Comisaría de Iquique;

b.- Que todas las operaciones efectuadas por los agentes del CIRE en la ciudad de Iquique, arbitrarias y restrictivas de derechos, lo fueron con evidente trasgresión de derechos fundamentales y no se limitaron a los allanamientos y detenciones de civiles y militares, sino que además intimidaron a numerosas personas de la zona para que se presentaran al Cuartel General de la Sexta División, bajo amenaza de dispararles si no se presentaban y se les encontraba en la vía pública, para ello se hizo uso de bandos militares que se publicitaban por los medios de comunicación;

c.- Que, como consecuencia de estas acciones, un número de personas indeterminado fue privado de libertad, trasladados al Regimiento de Telecomunicaciones de la ciudad de Iquique, sujeto a intensos interrogatorios bajo tormento, y algunos de ellos, como ocurrió con las víctimas de este proceso, fueron enviados al Campamento de Prisioneros de Guerra que se encontraba emplazado en la localidad de Pisagua, transformado en ese entonces en una unidad militar al mando del Oficial de Ejército Mayor Ramón Ibarra Ibarra, que además recibió cerca de 270 detenidos trasladados por vía marítima por la Armada de Chile en el Barco Mercante Maipo;

d.- Que en el Campamento de Prisioneros de Pisagua, los detenidos fueron encerrados en celdas compartidas y cada cierto tiempo, sacados de su lugar de encierro para ser interrogados y/o en ocasiones propinarle golpizas de ablandamiento, forzándoles así a firmar documentos en blanco, los mismos que posteriormente constituían una confesión de delitos de traición a la patria, con la cual el Fiscal Militar Acuña justificaba acusaciones falaces ante Consejos de Guerra espurios, que no fueron óbice para que este Fiscal Militar solicitara en ocasiones pena de muerte para los prisioneros, cuyo único delito era su ideología, y que una vez impuesta se ejecutaba dentro de las veinticuatro horas con fusilamientos en la zona norte de la localidad de Pisagua. Estos fallos fueron ratificados por el Comandante Regional Forestier y ejecutados por personal del Ejército y de otras instituciones;

e.- Que estos procedimientos por esencia arbitrarios e injustos, que incluían secuestros, encierros, interrogatorios, tortura y en ocasiones ejecuciones sumarias fueron dirigidos por el Fiscal Militar y Ex Juez del Crimen Mario Acuña Riquelme, en virtud de delitos admitidos bajo tormento, pese a ello constituyeron la base para Consejos de Guerra figurados y avalaron la despótica indefensión a que se sometía a los prisioneros por la jerarquía militar, en un marco carente de imparcialidad y de absoluto desprecio por las normas del debido proceso. Lo anterior se evidencia, porque en autos no existe constancia o antecedente alguno que acredite que se le permitió a las víctimas una defensa oportuna y eficaz ni menos cuando en aquellos casos en que se aplicó la pena de muerte, ésta ni siquiera fue aplicada con apego irrestricto a la ley de la época, sino que por el contrario lo fue con abierta vulneración a los requisitos que la ley exigía para estos casos, como en el que hoy nos preocupa, donde se aplica la pena capital sin la unanimidad de sus miembros, pero eso para otros ni siquiera se tuvo en consideración, sino que arbitrariamente se decidió que debían ser ejecutados sin un Consejo de Guerra, solamente amparado en consideraciones que solo sus aprehensores conocieron o en la llamada «Ley de Fuga»;

En virtud de lo expresado anteriormente, es posible colegir tres hechos ilícitos;
I.-) Que Orlando Tomás Cabello Cabello, Nicolás Chanez Chanez, Juan Apolinario Mamani García, Luis Aníbal Manríquez Wilden, Hugo Tomás Martínez Guillén y Juan Rojas Osega, fueron detenidos en la ciudad de Iquique en el mes de noviembre de 1973 y conducidos al Regimiento de Telecomunicaciones de la misma ciudad, luego de un tiempo trasladados al Campamento de Prisioneros Políticos de Pisagua, ambas unidades dependientes de la Comandancia General de la VI División del Ejército, bajo el mando del General de Ejército don Carlos Forestier Haensgen, actualmente fallecido. Los detenidos no tenían militancia política ni desarrollaban ningún tipo de actividad subversiva, pero si eran sindicados por las autoridades militares de ser autores de delitos de contrabando de mercaderías y/o tráfico de estupefacientes, sin base alguna que lo hubiese acreditado.

Un día del mes de enero de 1974, se informó a la ciudadanía y a sus familiares, por un bando militar, que los prisioneros ya aludidos habían sido dejados en libertad en la intersección del Camino de Pisagua y la carretera Panamericana. Sin embargo, con ocasión del descubrimiento y exhumación de restos humanos encontrados en una Fosa clandestina encontrada al costado del cementerio de Pisagua en el año 1990, sus cuerpos fueron encontrados en una fosa, todos con sus manos atadas, los ojos vendados y un circulo de color rojo adherido a sus ropas a la altura del corazón, cada uno de ellos estaba envuelto en sacos de arpillera y se les inhumó con otros prisioneros que recibieron la misma sanción punitiva.

Las pericias médico legales que se efectuaron a estos restos humanos, determinaron que la causa de sus decesos eran las múltiples heridas de bala producto de una ejecución, previa a que sus cuerpos fueran ensacados e inhumados en la fosa;

II.-) Que Nelson José Márquez Agusto, militante del Partido Comunista, es detenido en Iquique con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 y trasladado al Campo de Prisioneros de Guerra de Pisagua, donde se le mantiene por espacio de unos cuatro meses con reiterados castigos físicos, que se incrementaron con la visita del General Oscar Bonilla, autoridad militar ante la cual denunció maltrato por parte de los militares que lo custodiaban. En vista de esta violencia a su persona, el estado mental de Márquez se deteriora, por lo que sus captores deciden dejarlo sin custodia en cancha ubicada al frente de la Cárcel Pública, cuestión que a éste le permite efectuar un intento de bajar al muelle para huir, pero es descubierto y pese a las órdenes no se detiene, por lo que se inicia una búsqueda por ley de fuga y logra detenérsele, a continuación se le da una golpiza de escarmiento y se le traslada nuevamente a la Cárcel, más tarde lo van a buscar y en la playa adyacente al teatro de Pisagua se decide ejecutarlo como escarmiento y ejemplo para los otros prisioneros, sin haber motivo alguno que lo hiciese necesario, solamente para evitar que otros detenidos decidieran seguir su ejemplo e intentar fugarse;

III.-) Que el día 29 de octubre de 1973, en la localidad de Pisagua, Región de Tarapacá, se realiza un Consejo de Guerra y se resuelve condenar a muerte a Freddy Marcelo Taberna Gallegos, José Demóstenes Rosiel Sampson Ocaranza, Juan Antonio Ruz Díaz y Rodolfo Jacinto Fuenzalida Fernández, quienes a la sazón se encontraban privados de libertad en el campo de prisioneros existente en dicha localidad, como consecuencia de ello fueron ejecutados al costado norte del Cementerio de ese lugar, sin que hasta la fecha se conozca el paradero de sus restos, por lo que no ha sido posible comprobar sus decesos, situación que subsiste hasta la fecha».

Como se sabe, este fallo es de primera instancia, lo que supone que la sentencia podría ser apelada a instancias superiores antes de ser ejecutoriada.

En la resolución, el ministro Jaime Arancibia sindicó como autores de los delitos a Carlos Herrera Jiménez, Máximo Lara Lara, Manuel Sergio Aliro Álvarez Lucero, Osvaldo Emilio Fredes Fredes, Manuel José Pastén Vera y Leoncio Velásquez Guala, por su responsabilidad en los delitos consumados de detención ilegal, secuestro y aplicación de tormentos a Pablo Emilio Hernández Dubo ocurridos en 1983.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, dictó auto de procesamiento en contra de seis ex agentes del Estado, por su responsabilidad en los delitos consumados de detención ilegal, secuestro y aplicación de tormentos a Pablo Emilio Hernández Dubo, ilícitos perpetrados en octubre de 1983, en Quillota y Viña del Mar.

En dicha resolución, el ministro Arancibia sindicó como autores de los delitos a Carlos Herrera Jiménez, Máximo Lara Lara, Manuel Sergio Aliro Álvarez Lucero, Osvaldo Emilio Fredes Fredes, Manuel José Pastén Vera y Leoncio Velásquez Guala.

Con los antecedentes recopilados durante la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita logró establecer que «con fecha 13 de octubre de 1983 la víctima, Pablo Emilio Hernández Dubo, fue detenido por Agentes del Estado en su domicilio de Quillota«.

En el documento se detalla que la víctima «es trasladado en un auto con su vista vendada al cuartel de la CNI que se encontraba en la calle Agua Santa o Habana en la ciudad de Viña del Mar. En el trayecto es interrogado por sus aprehensiones, quienes le daban golpes de puños en su cabeza. Cuando llegan a su destino, es conducido a un subterráneo, siguen los interrogatorios, le hicieron el submarino, consintiendo éste en que lo tomaron de sus pies, lo sumergieron en un tambor con líquido, lo sacaban, repitiendo esta operación hasta lograr alguna confesión, aplicándole además el teléfono, lo que era golpes con manos abiertas en ambos oídos, fue tratado durante toda la noche con violentos golpes de puños en diferentes partes de su cuerpo. En la madrugada del día siguiente nuevamente lo llevan a una sala estaba con su vista vendada, lo acuestan en una cama metálica, denominada parrilla, lo desnudaron, lo amarraron, aplicándole corriente eléctrica».

«Permaneció en este lugar por siete días. La víctima reconoce a quienes le agreden en el cuartel como los mismos sujetos que realizaron su aprehensión. A consecuencia de los malos tratos, la víctima resultó con fuertes dolores de columna, tiene dañadas sus vértebras y discapacidades agudas relacionadas con golpes de palma abiertas en las orejas y con un mayor daño psicológico, se siente perseguido, no podía dormir, configurándose de este modo los delitos de Detención Ilegal, Secuestro con grave daño y Aplicación de Tormentos», agrega.

En la resolución, finalmente el ministro Arancibia añade que «Teniendo presente la situación sanitaria del país con ocasión del COVID-19 y siendo la mayoría de los procesados personas de la tercera edad, manténganse estos detenidos en sus respectivos domicilios, bajo custodia de Carabineros de su sector, con excepción del procesado Carlos Herrera Jiménez, quien cumple condena en el Penal Punta Peluco, en tanto se aprueba la resolución que les concederá la libertad provisional y que será dictada a continuación en un trámite de consulta ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso».

« En 2010, Piñera decidió no indultar a condenados por delitos de lesa humanidad tras la petición de las iglesias Católica y Evangélica, después en 2013 cerró el Penal Cordillera y habló de “cómplices pasivos”. Hoy, a raíz del proyecto de indulto conmutativo, la posibilidad de indultar a reos por violaciones a los DD. HH vuelve a surgir.

Conmutar las penas a reos que cumplan con los requisitos en medio del COVID-19, un requerimiento en el Tribunal Constitucional para declarar “discriminatoria” la ley, presentado por senadores de la derecha, y la eventualidad de que criminales de lesa humanidad pasen a arresto domiciliario argumentado “razones humanitarias”, son parte de la trama que crispó los ánimos entre el gobierno y el oficialismo durante la semana recién pasada.
Sin embargo, para el gobierno, y en particular para el ministro Hernán Larraín, la preocupación hoy es otra: lograr que el proyecto de ley avance para así descongestionar las cárceles frente a la expansión del coronavirus en Chile.
Si bien, el proyecto de conmutación de penas presentado por el ministro el 25 de marzo fue despachado por el congreso, beneficiando a cerca de 1.300 reos dentro de los que se encuentran mujeres embarazadas o con hijos menores a dos años, adultos mayores y enfermos terminales, este dejaba fuera la disposición que establecía sanciones para quienes incumplieran con el arresto domiciliario.
La normativa fue rechazada por parte de algunos diputados del mismo oficialismo, quienes más tarde, encabezados por el senador Francisco Chahuán, presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por considerar el proyecto de ley como discriminatorio en su artículo 15, al no incorporarse a prisioneros que hoy cumplen sus condenas en el penal Punta Peuco. De declararse admisible el requerimiento “significaría que no sólo saldrían beneficiados con este indulto personas condenadas por delitos lesa humanidad, saldrían beneficiados también violadores, abusadores sexuales, femicidas o parricidas”, argumentó el ministro de Justicia. Finalmente, el Tribunal Constitucional resolvió ingresar el requerimiento a tramitación parcial al declararlo admisible.
Esta decisión del TC abre otro flanco para que violadores a los derechos humanos puedan acceder a beneficios penitenciarios y que se sumaría al anuncio realizado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, de poner máxima urgencia al proyecto de “ley humanitaria” para aquellos que estén “en peligro inminente de muerte”. Una oportunidad que podría significar la conmutación de penas para los reos de Punta Peuco. La arremetida de familiares por los derechos humanos Dicha situación generó el rechazo en diversas agrupaciones de derechos humanos que se mostraron contrarias a que estos internos accedan a este beneficio intrapenitenciario. Esta vez, la presidenta de la agrupación de ejecutados políticos, Alicia Lira, le entregó una carta al Presidente Sebastián Piñera, con diversas firmas, demostrando el rechazo a este eventual escenario.
“Estos pobres ancianitos torturaron a mujeres embarazas y les hicieron desaparecer, aniquilaron familias completas, o sea, no estamos hablando de un delito común ni un crimen pasional, sino que crímenes sistemáticos planificados para aniquilar a aquellos que querían y luchábamos por la libertad de nuestro país”, sostuvo. Por otra parte, Agrupaciones de Derechos Humanos también hicieron un llamado a no aprobar el proyecto de ley humanitario, que permitiría que internos de Punta Peuco accedan a beneficios carcelarios tras la emergencia sanitaria. Rechazan tajantemente el proyecto de ley humanitario, que busca que adultos mayores con enfermedades terminales, entre ellos, sentenciados por causas de Derechos Humanos, puedan acceder al beneficio de cumplir un arresto domiciliario total. Frente a esto, consideraron que el proyecto de ley humanitario es completamente contraria a la legislación nacional e internacional vigente. El Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, mencionó que la iniciativa del Ejecutivo es inconstitucional.
“La interpelación que nosotros hacemos al parlamento especialmente, donde se pretende aprobar esta iniciativa legal que es completamente incompatible con la legislación vigente hoy en Chile, es a que no se hagan cómplices de una iniciativa que es contra los derechos humanos y que constituye de paso una nueva afrenta a la memoria de las víctimas y sus familiares”, explicó. Por su parte, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, acusó que se están aprovechando de la pandemia para intentar liberar a internos de Punta Peuco. “Una cosa es tener posiciones políticas distintas, pero otra cosa es relativizar el terrorismo de estado.
Hay que ser muy indecente para intentar hacer uso de un momento tan dramático que vive Chile y la humanidad para ir nuevamente tras la determinación de liberar a los violadores de los derechos humanos”, dijo Pizarro.
En tanto, quien representa a diversos condenados por causas de Derechos Humanos, el abogado Maximiliano Murath, afirmó que el país tiene que velar por la salud de todos los adultos mayores que estén privados de libertad, independiente del delito que hayan cometido.
“Nosotros tenemos que velar por la protección de todas las personas adultas mayores de 75 años que estén en riesgo hoy día cumpliendo condena en las cárceles y por lo tanto los estándares del Derecho Internacional tienen que aplicarse a todos los adultos mayores, sin importar el delito que hayan cometido. Ese estándar internacional se exige en la Convención Interamericana de la protección del adulto mayor, que Chile aprobó y ratificó en 2017 y que está plenamente vigente”, se defendió.
“Indultar a un violador de DDHH va a quedar en la historia” El abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto dijo que “en el tema del indulto, hay que entender dos cosas, hay una ley humanitaria que está mandando Sebastián Piñera que está enviando al Congreso y hay otra que salió de la comisión mixta del senado, donde se incorpora otros delitos como asociación ilícita y violencia intrafamiliar”. Agregó a Cambio21 que “si es así, yo no tengo ningún problema, pero algunos senadores pusieron que no se incluyan a los violadores de derechos humanos de Punta Peuco, los que generó molestia en la derecha, diciendo que era discriminatorio que se les excluyera”. Por otro lado, Caucoto agregó que “por un lado está activando los indultos articulares, donde no tiene que rendirle cuenta a nadie, pero si es un indulto para un violador de derechos humanos, sin duda quedará escrito en la historia que indultó a tal y cual violador de derechos humanos”. “Se quieren aprovechar de una pandemia, para liberar a estos violadores de derechos humanos, pretenden mandarlos a sus casas. Y las propias encuestas son desfavorables para Piñera, y si los libera sería un paso en falso para él”, puntualizó el profesional.
Caucoto, agregó que “todos los que están condenados por lesa humanidad, no hay casos menos graves o no, son todos iguales, solo del hecho de ser condenados por ese delito no hay que distinguir por gravedad.
Lo malo es la desviación del objetivo, lo que se desliza a través de una pandemia, además en Punta Peuco tienen la mejor situación de aislamiento, no se van a contagiar por precariedad, tiene una red de salud exclusiva para ellos como la Fach o Carabineros”. El veto de parlamentarios al proyecto: “En Punta Peuco no hay riesgo de contagio de coronavirus” El senador Manuel Ossandón se expresó en contra de incluir a los condenados por violaciones a los Derechos Humanos dentro de la ley de indulto conmutativo, como han planteado parlamentarios de Chile Vamos. “Este proyecto excluye a todas las personas que hayan ido condenadas por un delito violento y esto se enredó diciendo que era inconstitucional porque dejaba fuera los de lesa humanidad. Y la verdad es que, a mi juicio, no es inconstitucional porque dejó a todos los de delitos violentos afuera”, dijo.
Ossandón argumentó que “hay ciertos delitos violentos que tienen un castigo mayor y además en muchos casos, una persona que tiene sobre 65 años y que es indultada con un proyecto como este y es narcotraficante, va a seguir operando”. “El presidente de la República tiene la facultad si él quiere y estima indultar a alguien con delitos de lesa humanidad, pero en forma general, yo creo que todos los delitos violentos, incluido esos, no debieran estar en un indulto masivo”, añadió. Por su parte, el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), expresó su postura respecto al proyecto de indulto conmutativo que analiza el Ejecutivo. “Vamos a respaldar el veto al indulto Covid -19, nos parece que va en la línea que plantea el Ministerio de Justicia, de evitar la propagación en los centros penitenciarios”, sostuvo el parlamentario.
Sin embargo, Quintana señaló que “otra cosa distinta es, en medio de la pandemia, intentar saldar deudas de campaña con genocidas, a sabiendas de que hoy, en Punta Peuco, no hay riesgo de contagio porque las condiciones, como se sabe, son bastante privilegiadas”, refiriéndose a la postura de algunos senadores de Chile Vamos, quienes recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) para que declaren la inconstitucionalidad de la exclusión de los reos que están en Punta Peuco del indulto conmutativo para reos de baja peligrosidad. Por su parte el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH.
Carlos Margota advirtió que Sebastián Piñera y su sector, olvidan que existen normas internacionales estrictas que obligan a los Estados que han sido objeto de una Dictadura, a cumplir acciones de justicia y reparación, principios que son contrarios a este proyecto de indulto. El abogado Carlos Margota recordó que el estatuto de Roma suscrito por nuestro país, sólo permite reducir la pena a violadores de DD.HH. Cuando estos colaboran con la justicia y manifiestan un arrepentimiento efectivo por sus abominables acciones, presupuesto que no cumplen los condenados en Punta Peuco.
Corte absolvió a autores de crímenes En el intertanto, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, acordó absolver a los autores de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos en el caso de 17 víctimas de gravísimas violaciones a los derechos humanos. A los ex uniformados Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Herman Alfaro, Pedro Betterlich, Claudio Pacheco, Orlando Torrejón, Orlando Altamirano y Eusebio López se les absolvió. Se otorgó, además, reducción de penas de 3 a un año, a Ricardo Lawrence, Jorge Andrade, Juan Morales, Ciro Torré, Sergio Escalona, Juvenal Piña, Jorge Díaz, Gustavo Guerrero y Gladys Calderón. Se estableció que podrán tener beneficio carcelario de “libertad vigilada”. Podrán cumplir condenas en sus casas. El fallo habla asimismo de desestimación de demandas en el caso de 17 víctimas de la dictadura cívico-militar. Los miembros de la Sala que emitió el fallo son Juan Cristóbal Mera, Mireya López y Cristian Lepin. Aplicaron la medida de prescripción.
Los represores a quienes la Sala de la Corte de Apelaciones absolvió y rebajó la pena, están vinculados a los asesinatos y desaparición de: Manuel Recabarren González; Manuel Recabarren Rojas; Daniel Palma Robledo; Julio Vega Vega; Carlos Vizcarra Cofré; Víctor Hugo Morales Mazuela; Luis Emilio Recabarren González; Carlos Godoy Lagarrigue; Iván Insunza Bascuñán; Nalvia Mena Alvarado; Clara Canteros Torres; Alejandro Rodríguez Urzúa; José Eduardo Santander Miranda; Mario Juica Vega; Miguel Nazal Quiroz; Juan Aurelio Villarroel Zárate; Eduardo Canteros.

La Corte Suprema condenó a tres exuniformados por su responsabilidad en los delitos consumados y reiterados de homicidio calificado y secuestro agravado, perpetrados en la localidad de Pisagua, entre octubre de 1973 y enero de 1974.

En fallo unánime (causa rol 36.319-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministras María Teresa Letelier y la abogada (i) Leonor Etcheberry- confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó al exoficial de Ejército, Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, a la pena de 20 años de presidio efectivo en calidad de autor del delito consumado y reiterado de homicidio calificado de Tomás Orlando Cabello Cabello, Nicolás Chanez Chanez, Juan Apolinario Mamani García, Luis Aníbal Manríquez Wilden, Hugo Tomás Martínez Guillén, Juan Orlando Rojas Osega y Nelson José Márquez Agusto. Los asesinatos fueron perpetrados en enero de 1974, en la localidad de Pisagua.

En tanto, el exsuboficial de Ejército, Miguel Chile Aguirre Álvarez, deberá cumplir 15 años de reclusión como autor del delito reiterado de secuestro agravado de Rodolfo Jacinto Fuenzalida Fernández, Juan Antonio Ruz Díaz, José Demóstenes Rosier Sampson Ocaranza y Freddy Marcelo Taberna Gallegos, cometidos en octubre de 1973, en la localidad de Pisagua.

Finalmente, el máximo tribunal revocó la sentencia en la parte que absolvió al exoficial de Carabineros, en la época de los hechos jefe del Retén de Pisagua, Manuel Rogelio del Carmen Vega Collao y, en su lugar, lo condenó a la pena de 20 años de presidio, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor de los delitos de homicidio calificado de Cabello Cabello, Chanez Chanez, Mamani García, Manríquez Wilden, Martínez Guillén y Rojas Osega.

Tres hechos acreditados

Las víctimas de estos hechos Tomás Orlando Cabello Cabello, Nicolás Chanez Chanez, Juan Apolinario Mamani García, Luis Aníbal Manríquez Wilden, Hugo Tomás Martínez Guillén y Juan Rojas Osega, fueron detenidos en la ciudad de Iquique en el mes de noviembre de 1973 y conducidos al Regimiento de Telecomunicaciones de la misma ciudad. Luego de un tiempo fueron trasladados al Campamento de Prisioneros Políticos de Pisagua. Ambas unidades militares eran dependientes de la Comandancia General de la VI División del Ejército, bajo el mando del entonces General de Ejército Carlos Forestier Haensgen, actualmente fallecido.

El campo de prisioneros estaba bajo el mando directo de un mayor de Ejército de nombre Ramón Ibarra Ibarra, que además recibió cerca de 270 detenidos trasladados por vía marítima por la Armada de Chile en el Barco Mercante Maipo. En dicho lugar cumplía funciones represivas los ahora condenados Carlos Herrera Jiménez, Miguel Aguirre Álvarez y el carabinero Manuel Vega Collao.

Los detenidos no tenían militancia política ni desarrollaban ningún tipo de actividad subversiva, pero arbitrariamente eran sindicados por las autoridades militares de ser autores de delitos de contrabando de mercaderías y/o tráfico de estupefacientes, sin base alguna que lo hubiese acreditado. Un día del mes de enero de 1974, se informó por medio de un bando militar que los prisioneros aludidos habían sido dejados en libertad en la intersección del Camino de Pisagua y la carretera Panamericana.

Sin embargo, en el año 1990, con ocasión del descubrimiento y exhumación de restos humanos encontrados en una fosa clandestina localizada al costado del cementerio de Pisagua, sus cuerpos fueron encontrados en dicha fosa, todos con sus manos atadas, los ojos vendados y un circulo de color rojo adherido a sus ropas a la altura del corazón; cada uno de ellos estaba envuelto en sacos de arpillera y se les inhumó con otros prisioneros que también habían sido ejecutados por los militares del Ejército.

Las pericias médico legales que se efectuaron a estos restos humanos, determinaron que la causa de sus decesos eran múltiples heridas de bala producto de una ejecución, previa a que sus cuerpos fueran ensacados e inhumados en la fosa.

Por otro lado, la víctima Nelson José Márquez Agusto, militante del Partido Comunista, luego del golpe militar fue detenido en Iquique y trasladado al Campo de Prisioneros de Guerra de Pisagua, donde se le mantiene por espacio de unos cuatro meses, sufriendo reiterados castigos físicos, que se incrementaron con la visita del General "scar Bonilla, autoridad militar ante la cual denunció maltrato por parte de los militares que lo custodiaban. Posteriormente, realiza un frustrado intento de fuga como consecuencia de ello, los militares deciden ejecutarlo como escarmiento y ejemplo para los otros prisioneros, solamente para evitar que otros detenidos decidieran seguir su ejemplo e intentar fugarse.

Por último, el día 29 de octubre de 1973, en la localidad de Pisagua, se realiza un espurio Consejo de Guerra que resuelve condenar a muerte a Freddy Marcelo Taberna Gallegos, José Demóstenes Rosier Sampson Ocaranza, Juan Antonio Ruz Díaz y Rodolfo Jacinto Fuenzalida Fernández, quienes se encontraban detenidos en el campo de prisioneros políticos existente en el propio Pisagua. A raíz de este arbitrio, los cuatro prisioneros señalados fueron ejecutados al costado norte del Cementerio de ese lugar. Luego de ello, sus cadáveres son hechos desparecer sin que hasta la fecha se conozca el paradero de sus restos

por Darío Núñez