Hernández Oyarzo Miguel Eugenio

Los encausados por la jueza María Inés Collin son Gerardo Urrich y Miguel Krassnoff, quienes fueron procesados como cómplices, además del ex agente Miguel Hernández Oyarzo, quien figura como autor del delito de secuestro de Dagoberto San Martín
Vergara
Los encausados por la jueza María Inés Collin son Gerardo Urrich y Miguel Krassnoff, quienes fueron procesados como cómplices, además del ex agente Miguel Hernández Oyarzo, quien figura en los autos como autor.

Dagoberto San Martín fue detenido el 17 de diciembre de 1974 y desapareció desde el centro de tortura de la DINA conocido como Venda sexy.

Gerardo Urrich González y Miguel Hernández Oyarzo, serán investigados por la desaparición del militante del Partido Socialista Víctor Olea Alegría, el 11 de septiembre de 1974.

La titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, sometió a proceso a los suboficiales en retiro y ex agentes de la desaparecida Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Gerardo Urrich González y Miguel Hernández Oyarzo, por la desaparición del militante del Partido Socialista Víctor Olea Alegría, el 11 de septiembre de 1974. 

Lermanda es una de las juezas a la que la Corte Suprema le encomendó dedicación exclusiva a los procesos de derechos humanos que se tramitan en tribunales.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó a cinco agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en calidad de autores de los delitos de asociación ilícita y secuestro calificado de Ramón Isidro Labrador Urrutia, ilícito perpetrado a partir del 14 de septiembre de 1974 en la comuna de San Joaquín.

En el fallo la ministra en visita condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann y Manuel Andrés Carevic Cubillos a sendas penas de 5 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos de asociación ilícita y secuestro calificado. En tanto, los exagentes Manuel Rivas Díaz y Hugo del Tránsito Hernández Valle deberán purgar 5 años como autores del secuestro calificado y 541 días por asociación ilícita.

En el aspecto civil, el fallo condena al Estado de Chile a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a hermana de la víctima.

En la etapa de investigación de la causa, la ministra Cifuentes logró establecer los siguientes hechos:

1° Que después del 11 de septiembre de 1973 el nuevo gobierno inició una campaña sistemática de represión de todos los militantes y/o simpatizantes de los partidos y movimientos opositores.

2° Que, en ese contexto, creó una organización destinada a cometer crímenes contra quienes se oponían al régimen político vigente, denominada Dirección de Inteligencia Nacional, integrada por un grupo de hombres y mujeres pertenecientes a las ramas de la Defensa Nacional y a la Policía de Investigaciones de Chile e incluso civiles, entre ellos, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, oficial del Ejército de Chile, Director de la Dirección de Inteligencia Nacional, actualmente fallecido; Pedro Octavio Espinoza Bravo, oficial del Ejército de Chile y Comandante de la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM) de la Dirección de Inteligencia Nacional, de quien dependían las brigadas operativas y cuarteles de dicho organismo; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, oficial del Ejército de Chile y Comandante de la Brigada Purén de la Dirección de Inteligencia Nacional; Manuel Andrés Carevic Cubillos, oficial del Ejército de Chile y Segundo Comandante de la Brigada Purén de la Dirección de Inteligencia Nacional; Miguel Eugenio Hernández Oyarzo, oficial de Carabineros de Chile, Jefe de la Agrupación Chacal, dependiente de la Brigada Purén de la Dirección de Inteligencia Nacional y encargado del cuartel Venda Sexy, actualmente fallecido y Risiere del Prado Altez España, Manuel Rivas Díaz y Hugo del Tránsito Hernández Valle, oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile, miembros de la Agrupación Chacal e interrogadores en el centro de detención y tortura denominado Venda Sexy, organismo que llevó a cabo la detención sin derecho de varios militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), entre ellos, Ramón Isidro Labrador Urrutia.

3° Que, en efecto, el día 14 de diciembre de 1974, en horas de la mañana, en Vicuña Mackenna con Carlos Valdovinos (ex San Joaquín), comuna de San Joaquín, Ramón Isidro Labrador Urrutia, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido, sin derecho, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo que, en esa época, era dirigido por Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Coronel del Ejército de Chile.

4° Que, posteriormente, Ramón Labrador Urrutia fue encerrado, sin derecho, en el centro clandestino de detención y tortura de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) conocido como Venda Sexy, ubicado en la intersección de Irán con Los Plátanos, comuna de Macul (ex comuna de Ñuñoa), a cargo de Miguel Eugenio Fernández Oyarzo, Teniente de Carabineros de Chile, Jefe de la Agrupación Chacal, dependiente de la Brigada Purén de la Dirección de Inteligencia Nacional, sin que existan antecedentes de que Labrador Urrutia haya sobrevivido a su cautiverio, desconociéndose hasta la fecha su destino.

5° Que, en la época, la Brigada Purén estaba comandada por los oficiales del Ejército de Chile Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y Miguel Andrés Carevic Cubillos y dependía de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, a cargo de Pedro Octavio Espinoza Bravo, Mayor del Ejército de Chile.

6° Que, en el contexto temporal indicado, se desempeñaron como interrogadores en el centro de detención Venda Sexy, entre otros, Risiere del Prado Altez España, Manuel Rivas Díaz y Hugo del Tránsito Hernández Valle, todos funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile.

La Corte Suprema condenó a cinco ex oficiales de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) a penas de 15 años y un día de presidio, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Eduardo Gustavo Aliste González, de 19 años de edad, Gerardo Ernesto Silva Zaldívar, de 23 años, y María Eugenia Martínez Hernández, de 25 años, al momento de sus respectivas detenciones.

Las tres víctimas fueron ingresadas en el centro clandestino de detención y tortura conocido como Venda Sexy o La Discotheque, ubicada en calle Irán con Los Plátanos, Irán N° 3037 de la comuna de 'uñoa. Ilícitos perpetrados entre septiembre y diciembre de 1974. Los detenidos Gerardo Silva y María Eugenia Martínez aparecen en la lista de 119 detenidos desaparecidos de la "Operación Colombo" de la DINA.

En la Venda Sexy, denominado como Cuartel "Tacora", operaba el Grupo Ciervo y el Grupo Chacal de la DINA, a cargo del ya fallecido ex oficial de carabineros Miguel Eugenio Hernández Oyarzo, que dependían de la Brigada Purén.

En fallo unánime (causa rol 11.601-2017), la Segunda  Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Jean Pierre Matus- confirmó la sentencia impugnada que condenó a penas de 15 de años de presidio a los ex oficiales de ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y Manuel Andrés Carevic Cubillos, y a los ex oficiales de Investigaciones Risiere del Prado Altez España y Hugo del Tránsito Hernández Valle, como autores de los tres secuestros calificados. En tanto, Gerardo Ernesto Urrich González deberá purgar 15 años como autor de los secuestros calificados  de Aliste González y Martínez Hernández. La Suprema anula el fallo de la Corte de Apelaciones que había rebajado penas y acordado la absolución de Carevic Cubillos; como se desprende, la sentencia absuelve por muerte a Manuel Contreras.

El fallo de primera instancia había sido dictado en mayo de 2015 por el ministro Leopoldo Llanos Sagristá. En la etapa de investigación, el ministro en visita Llanos, logró establecer los siguientes hechos:

«El recinto denominado Venda Sexy o La Discotheque, ubicado en calle Irán N° 3037 con esquina Los Plátanos, comuna de 'uñoa, fue utilizado por la Dirección de Inteligencia Nacional DINA como centro secreto de detención y tortura, el que funcionó desde mediados del año 1974 hasta el año 1975. Este recinto era una casa de dos pisos, con un subterráneo en donde también se realizaban las sesiones de tortura. En este lugar permanecieron muchos detenidos, los que eran mantenidos con la vista vendada, separados en piezas distintas los hombres de las mujeres.

Los agentes operativos realizaban los interrogatorios bajo tortura, para lo cual usaban métodos tales como la parrilla, que eran aplicaciones de corriente eléctrica en diferentes partes del cuerpo recostado sobre un catre metálico. Además una práctica habitual como método de tortura en este recinto eran las vejaciones sexuales. Este recinto se caracterizó por mantener continuamente música estridente a un alto volumen, la que se hacía más intensa al momento de realizar las sesiones de tortura y vejaciones de los detenidos.

Eduardo Aliste González fue detenido por agentes de la DINA el 24 de septiembre de 1974 y llevado al recinto denominado «Venda Sexy», luego de lo cual no se tienen noticias de su paradero, sin que hasta la fecha haya tomado contacto con sus familiares, ni realizado gestiones ante organismos del estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción.

Gerardo Silva Saldívar, de 23 años de edad, fue detenido el 10 de diciembre de 1974, en horas de la tarde, por agentes de civil pertenecientes a la DINA, los que se movilizaban en una camioneta de color verde y llevado al cuartel conocido como «Venda Sexy», según lo señalado por testigos, desde donde se pierde su rastro, luego de lo cual no se tienen noticias de su paradero, sin que hasta la fecha haya tomado contacto con sus familiares, ni realizado gestiones ante organismos del estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción.

María Eugenia Martínez Hernández, vinculada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, obrera textil en Industria Labán, fue detenida el 24 de octubre de 1974 en su lugar de trabajo, ubicado entonces en Irarrázabal N° 1515, 'uñoa, en presencia de sus compañeros, del jefe de personal de la industria, Mario Torres, y de uno de los dueños, Patricio Labán. Al día siguiente su domicilio fue allanado por un grupo de civiles armados, sin exhibir orden alguna y sin entregar antecedentes acerca de la detención de Eugenia Martínez. Posteriormente fue vista por diversos testigos con claras señales de tortura, en los recintos de reclusión clandestina de la DINA de calle Irán con Los Plátanos, conocido como la Venda Sexy y en Cuatro Álamos. Las últimas noticias que se tienen de su paradero son de mediados de noviembre de 1974, fecha en que es sacada del recinto Venda Sexy, luego de lo cual no se tienen noticias de su paradero, sin que hasta la fecha haya tomado contacto con sus familiares, ni realizado gestiones ante organismos del estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción».

La casa ubicada en Irán 3037, esquina de Los Plátanos, en la Comuna de Macul de la capital, tiene una historia especial. Al momento del golpe de Estado era propiedad de una familia uno de cuyos integrantes, Luis Gonzalo Muñoz Muñoz, era militante del Partido Comunista. La brutal represión desatada a partir de septiembre de 1973, con asesinatos, torturas, y desapariciones como parte de la vida cotidiana que amenazaba a miembros de la izquierda chilena, impulsó a la familia Muñoz a abandonar el país por un tiempo buscando seguridad. Entonces sus integrantes decidieron poner la propiedad en arriendo a través de un corredor de propiedades.

La amplia casa esquina, de dos pisos de altura, con un gran patio, y cerrada con una alta muralla y portón metálico, ubicada en un sector residencial, fue arrendada por el teniente de Carabineros Miguel Eugenio Hernández Oyarzo, quien era integrante de la recientemente creada Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Inicialmente la propiedad sirvió como casa dormitorio para agentes de la DINA que eran integrantes del Cuerpo de Carabineros en “comisión de servicio” en el principal organismo represivo de la dictadura.

Sin embargo, como resultado de la intensificación de la represión política, a partir de fines de agosto de 1974 la casa de Irán 3037 se transformó en un centro de torturas y de desaparición de personas, uniéndose a los centros de tortura de la DINA que ya operaban en Santiago en ese período, a saber, Londres 38 (Cuartel Yucatán) en el centro de Santiago, José Domingo Cañas 1367 (Cuartel Ollagüe) en la Comuna de Ñuñoa, y José Arrieta 8200, conocido como Villa Grimaldi (y en el léxico de la DINA, Cuartel Terranova) en la actual Comuna de Peñalolén.

Con anterioridad a agosto de 1974, la Venda Sexy fue ocupada de manera excepcional. Una de esas ocasiones fue el 26 de julio de 1974 cuando el sacerdote Mariano Puga, párroco de la Iglesia Cristo Liberador de la Villa Francia, fue detenido por la DINA, llevado al recinto y sometido a torturas, vejaciones, tratos humillantes y degradantes al tiempo que era interrogado respecto de tres miembros de la Comunidad Cristiana de Villa Francia, Enrique Toro, Eduardo Lara, y José Villagra. Todos los anteriormente nombrados, a excepción del sacerdote Mariano Puga, se encuentran desaparecidos. José Villagra Astudillo era obrero municipal y militante del Partido Comunista, militancia que compartía con Eduardo Lara Petrovich quien trabajaba en la Industria IRT. Ambos habían sido detenidos el 15 de julio; con anterioridad a ellos, el 10 del mismo mes, había sido detenido el Vicepresidente de la Unión de Obreros Ferroviarios Enrique Toro Romero quien, al igual que los anteriores, era militante del Partido Comunista y parte de la Comunidad Cristiana de Villa Francia.

No deja de sorprender lo oscuro y difícil que ha sido compilar información sobre la “Venda Sexy”. De partida, la mayor parte de los agentes que desde allí operaron, integrantes de la Agrupación Águila de la DINA, aceptan haber sido parte del organismo y también aceptan haber “cumplido funciones” en algunos de los otros centros de tortura ya mencionados. Sin embargo, al llegar a tema de la Venda Sexy niegan haber estado jamás en ese recinto. Es como si para los propios agentes de la DINA haber estado en la Venda Sexy sea un motivo de vergüenza y de oprobio. Es más, el nombre “Venda Sexy” se debe a la forma en que ha sido identificado el recinto por prisioneros y prisioneras sobrevivientes, al constatar que una parte importante de las torturas allí aplicadas tenían connotación sexual. Hasta el día de hoy desconocemos el nombre clave que tenia la DINA para identificar el recinto.

Una de las oficiales de Carabineros, la teniente Ingrid Olderock Bernhardt, entrenadora de perros policiales antes del golpe de Estado, dedicó parte de sus habilidades a adiestrar a un perro ovejero alemán, al que le puso por nombre “Volodia” (aludiendo a un senador y también alto dirigente del Partido Comunista antes del golpe) para que este violara a mujeres detenidas que eran forzadas a asumir una posición que facilitara la penetración por parte del animal.

También fue frecuente la utilización de botellas de Coca Cola, palos de escoba, y mangueras, para ser introducidas por el ano de algunos prisioneros, o por la vagina en el caso de mujeres.

Lo anterior sumado a torturas “de uso común” en otros recintos de la DINA en el período: aplicación de electricidad (la “parrilla”), colgamientos, quemaduras, golpizas, “teléfono”, inmersión de la cabeza de prisioneros en líquidos en descomposición (“submarino húmedo”), pau de arara, ahogamiento de prisioneros poniéndoles una capucha sobre la cabeza y cerrándola herméticamente alrededor del cuello (“submarino seco”), y simulacros de fusilamiento.

La Venda Sexy estaba bajo el mando del entonces Capitán de Carabineros (y hoy día Coronel en retiro de Carabineros, prófugo) Ricardo Víctor Lawrence Mires. Este oficial, conocido dentro de la DINA como “Cachete Grande”, muestra una destacada “hoja de servicios”: integrante de los instructores de la DINA para la preparación de agentes en Rocas de Santo Domingo a fines de 1973; después agente operativo en Londres 38, también en la misma función en José Domingo Cañas, Comandante de Cuartel en la Venda Sexy, Comandante de Agrupación en Villa Grimaldi, y segundo en el mando en la casa de exterminio de calle Simón Bolívar 8630, Comuna de La Reina.

Otros agentes vinculados a la Venda Sexy fueron el capitán Ciro Ernesto Torré Sáez, y los tenientes Gerardo Ernesto Godoy García (“Cachete Chico”), Ingrid Felicitas Olderock Bernhardt, Miguel Eugenio Hernández Oyarzo (“Columbo”), el sargento Heriberto del Carmen Acevedo Acevedo, el cabo 1º Emilio Hernán Troncoso Vivallos, el cabo José Aravena Ruiz (“Muñeca del Diablo”), los suboficiales Gino Fritz Esparza, Pedro René Alfaro Fernández, Emilio Marín Huincaleo (“Caballo Justiciero”), Manuel Clavijo Vera (“Alfaro”), Tulio Pereira Pereira, José Avelino Yévenes Vergara (“Quico Yévenes”), Osvaldo Pulgar Gallardo (“Negro Paz”), y Rosa Humilde Ramos Hernández, todos miembros de Carabineros de Chile, más los detectives Manuel Rivas Orellana (“El Papi”) y Fernando Cruzat Aguirre.

La Venda Sexy funcionó intensamente entre fines de agosto de 1974 hasta el 26 de diciembre del mismo año, día en que los prisioneros que quedaban en el recinto fueron trasladados a Villa Grimaldi. Posteriormente fue usada de manera esporádica hasta 1977.

Durante el periodo más intenso más de ciento cincuenta prisioneros y prisioneras fueron secuestrados por la DINA y llevados al recinto. Más de un tercio de ellos fueron asesinados o hechos desaparecer, lo que da una proporción de victimas con causa de muerte mucho mayor que en el resto de los centros de tortura de la época, donde la proporción de muertos no se eleva por sobre el diez por ciento del total de prisioneros. También, del total de prisioneros llevados a la Venda Sexy cerca del cuarenta por ciento fueron mujeres, lo que revela una proporción desmedida en relación a los otros recintos de la DINA donde lo común era de aproximadamente un veinte por ciento de mujeres dentro del total de prisioneros.

Otra característica que “distingue” a la Venda Sexy de los otros recintos de la DINA fue su forma de operar: el centro de torturas funcionaba “en horas de oficina”, significando ello que a las cinco de la tarde (aproximadamente) dejaba de operar como tal (los torturadores y los oficiales se iban a sus casas) y quedaban a cargo del recinto suboficiales y guardias de la DINA hasta la mañana siguiente cuando nuevamente entraba en funcionamiento. En estos momentos (fuera de “las horas de oficina”) era frecuente que prisioneras fueran sacadas de su celda para ser llevadas a otras dependencias dentro de la misma casa para ser violadas.

Fue en la Venda Sexy precisamente donde se explicita más claramente la participación de las mujeres en la lucha de resistencia antidictatorial. La Venda Sexy fue un centro de torturas especializado en la represión al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desde donde operaba la Agrupación Águila de la DINA, compuesta casi exclusivamente por Carabineros. La mayor parte (aunque no exclusivamente) de los prisioneros y prisioneras llevados allí estuvieron vinculados al MIR.

Los detenidos eran trasladados al recinto en las típicas camionetas Chevrolet C-10 de distintos colores y modelo 1974 que usaba la DINA. Después de trasponer el portón de entrada y ya en el patio de la casa los detenidos y detenidas eran sacados del vehículo con los ojos ocultos bajo grandes lentes de sol, lo que ayudaba a esconder la venda que cubría sus ojos desde el mismo momento de su detención. Los moradores de la casa vecina, desde el segundo piso de la cual era posible observar el patio de la Venda Sexy, manifiestan que ellos no se dieron cuenta de lo que realmente ocurría porque la mayor parte de las veces eran mujeres con lentes de sol las que salían de las camionetas, y poco después de entrar ellas en la casa, generalmente se escuchaba música de rock a alto volumen, lo que les hacía pensar que se efectuaban fiestas en esa casa en distintas horas del día. La música a alto volumen referida era el método empleado por la DINA en ese particular recinto, una casa de vecindario, para disimular y enmascarar los gritos, alaridos, y llantos de las personas torturadas.

La última vez sobre la que existe constancia acerca de la utilización del recinto fue en mayo de 1977, cuando un grupo de personas vinculadas a la Fundación Cardjin del Arzobispado de Santiago, entre ellos varios militantes del Partido Demócrata Cristiano, fueron secuestrados y llevados a la Venda Sexy. Estas personas fueron falsamente acusadas del rapto del menor Carlos Veloso Reidenbach (de 16 años y violado por sus captores, agentes de la DINA); uno de los detenidos, Jorge Andrés Troncoso Aguirre, militante del Partido Comunista, murió en la tortura.

El propietario legal, Luis Muñoz Muñoz, horrorizado al enterarse del uso que había tenido la casa familiar, la vendió en 1981. Fue adquirida por la familia vecina que intentó arrendarla por piezas a estudiantes de provincia que venían a Santiago con fines académicos, sin embargo, cuando los estudiantes arrendatarios se enteraban de la historia de la casa, rápidamente buscaban otro lugar donde mudarse. El negocio en estas condiciones no funcionó. Un último intento fue la instalación de un jardín infantil en la propiedad, intento que también fracasó por las mismas razones ya enunciadas, los padres de los menores inscritos, al saber de la historia de la casa, rápidamente mudaban a sus hijos a otros lugares con mejor reputación. Finalmente la casa fue adquirida por un empresario industrial que vivió allí con su familia por varios años.

La venta de la propiedad a principios de este año a una inmobiliaria, a pesar de haber sido declarada Monumento Nacional hace años atrás, hace temer que otro lugar de Memoria sea destruido y eliminado. Esto ya ocurrió con la casa de José Domingo Cañas 1367, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle la cual se encontraba en pie y en venta en esa época, y a pesar de haber concurrido un grupo de prisioneros políticos a solicitar la intervención del Ministerio de Bienes Nacionales para su protección y compra, finalmente fue adquirida por la fábrica de juguetes Rochet que procedió a su completa demolición. Hoy día, el sitio de José Domingo Cañas es un Sitio de Memoria simbólico donde existen monumentos, pinturas, y esculturas, pero la casa, que habría sido un lugar inapreciable e insustituible como legado de memoria histórica, desapareció por el desinterés e inercia de uno de los gobiernos de la Concertación.

Es de esperar que el actual gobierno reaccione para proteger uno de los pocos sitios de memoria donde la arquitectura del ex recinto de la DINA se mantiene con pocas modificaciones. De no hacerlo otro Sitio de Memoria se perderá y se dará un paso más en la invisibilización de las mujeres en la lucha de resistencia antidictatorial.

Pedro Alejandro Matta
Santiago, 16 de agosto de 2019.

El ex cuartel fue conocido por la práctica sistemática de la violencia sexual, especialmente dirigida contra las mujeres. Los prisioneros y prisioneras recuerdan la música ambiental a todo volumen que se escuchaba constantemente para disimular los gritos de los que estaban siendo torturados. Fue declarada Monumento Histórico Nacional y, de acuerdo a la Ley, tiene prohibida su modificación o alteración.

“Me llevaron con mi delantal de servicio sin dejarme tiempo de tomar mis ropas. Me subieron a una camioneta de la DINA [Dirección de Inteligencia Nacional], me pusieron una venda sobre los ojos, me golpearon […] Luego me hicieron subir una escalera, llegamos a una pieza donde me pidieron que me desnudara. Había una persona que escribía a máquina mi identificación. Luego me instalaron electrodos en la cabeza y en las manos y me enviaron electricidad repetidas veces […] violación, masturbación sobre mi cuerpo, me fotografiaron desnuda, todo esto interrumpido con descargas eléctricas”.

Es el testimonio de una mujer que en noviembre de 1974 fue recluida en la casa de tortura conocida como la Venda Sexy. Su experiencia es parte del informe elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura –conocido como Informe Valech, por el obispo que la presidió–, para identificar a los presos y presas políticas de la dictadura de Pinochet, iniciada tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, hoy hace 46 años.

El ex cuartel la Venda Sexy, conocido así por la cantidad de crímenes sexuales que allí se cometieron, se ubica en la esquina de la calle Irán número 3037, al frente de una plaza de un sector residencial del barrio de Macul, cerca del centro de la capital. Según describe el mismo informe, era una casa de dos pisos, con patio y subterráneo, suelo de parqué, una ventana redonda en el baño y una escalera de mármol, curva y ancha que conducía al segundo piso. “En este recinto se practicó con especial énfasis la tortura sexual; eran frecuentes las vejaciones y violaciones sexuales de hombres y mujeres, para lo que se valían de un perro adiestrado”, sostiene el documento. La oficial de Carabineros Ingrid Olderock Bernhardt fue la responsable de entrenar a un perro ovejero alemán al que bautizó como “Volodia” –en referencia a un dirigente comunista de la época– para que violara a las mujeres detenidas.

Los prisioneros y prisioneras del lugar recuerdan la música ambiental a todo volumen que se escuchaba constantemente para disimular los gritos de los que estaban siendo torturados en el subterráneo. Entre los artistas que sonaban estaba Julio Iglesias o la norteamericana Nydia Caro. “Había una música ‘anglo’, de repente también mucha música latina, Julio Iglesias y una canción de la Nydia Caro que a ellos [agentes de la DINA] les encantaba que decía ‘hoy solamente canto por cantar’ y que utilizaban contra nosotras: ‘Vaya a cantar’, nos decían. ¿Qué significaba ir a cantar? Delatar, entregar a alguien…”, relató hace unos años en una entrevista Beatriz Bataszew, una de detenidas.

Bataszew llegó a la Venda Sexy una noche de diciembre de 1974. Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), una organización de la izquierda radical. Estuvo seis días en esa casa antes de ser trasladada a otro centro de detención. En el subterráneo fue violada y torturada durante toda la noche. “El 95% de las mujeres que pasamos por esa casa fuimos objeto de violación de nuestra integridad corporal y sexual por los agentes del Estado”, explica la mujer.

Una historia aterradora

Entre agosto y diciembre de 1974 fue el período de más actividad de la Venda Sexy. A partir de 1975, fue usada de manera intermitente hasta 1981. En total, más de 80 prisioneros y prisioneras, la mayoría militantes del MIR y un tercio mujeres, pasaron por el recinto.

Pedro Alejandro Matta Lemonine fue detenido el 17 de mayo de 1975, cuando tenía 24 años y estudiaba Derecho en la Universidad de Chile. Era militante del Partido Socialista (PS), aunque sospecha que la DINA creyó que era ‘mirista’ y por eso lo llevaron a la Venda Sexy, donde cree que “probablemente” pasó cuatro días. “Digo probablemente porque una parte del tiempo estuve inconsciente”, precisa. Fue sometido a todo tipo de maltratos y colgamientos durante dos días hasta que fue trasladado a otro centro de detención: “Cuando se dieron cuenta que no era del MIR me llevaron a Villa Grimaldi, para entonces torturarme como militante socialista, ahí estaba el equipo encargado del PS”.

Se transformó en un centro de violencia sexual, torturas y desaparición de personas

Pedro Alejandro Matta investigó y reconstruyó la historia de la Venda Sexy. La casa era propiedad de una familia comunista que, con la llegada de la represión política, se vio obligada a exiliarse. Tras su partida, la pusieron en alquiler a través de una inmobiliaria, a la que un día acudió el teniente de Carabineros y miembro de la Dirección de Inteligencia Miguel Eugenio Hernández Oyarzo. Inicialmente, la propiedad sirvió como casa dormitorio para los agentes, pero cuando se intensificó la represión, a mediados del 74, se transformó en un centro de violencia sexual, torturas y desaparición de personas.

En 1981, aún en plena dictadura, el propietario legal puso a la venta la casa familiar aterrado luego de saber que su casa familiar había sido utilizada para reprimir y atormentar a los opositores. El inmueble fue adquirido por los vecinos que intentaron, sin éxito, arrendarlo por piezas a estudiantes –primero– e instalar una guardería infantil, después. “Cuando la gente se enteraba del uso que había tenido la casa, se iban”, relata Pedro Alejandro Matta. Finalmente, fue un empresario industrial quien decidió comprar la casa vivió allí con su familia por varios años.

Memoria a la venta

Según cuentan las mujeres sobrevivientes del lugar, hace unos años el empresario y dueño del ex cuartel solicitó al Estado más de 675.000 dólares para vender la propiedad. El gobierno, entonces liderado por Michelle Bachelet, ofreció una cifra en torno a los 500.000. Él no accedió.

Sin embargo, a principios de año el nuevo propietario vendió la residencia a la compañía inmobiliaria Sociedad de Inversiones Arriagui Limitada por un valor equivalente a 311.000 dólares, con la particularidad –además– de que en 2016 la casa fue declarada Monumento Histórico Nacional y, de acuerdo a la Ley, tiene prohibida su modificación o alteración.

“Nosotras exigimos que la casa fuera entregada a las mujeres. No hay ningún centro que haya sido recuperado, que hoy sea sitio de memoria y que reivindique la lucha que dimos las mujeres en la dictadura, que queda invisibilizada”, lamenta Beatriz Bataszew, que integra el colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes y además es portavoz de Memoria de la Coordinadora 8M.

El Consejo de Monumentos Nacionales, a cargo de la protección y tuición del patrimonio cultural de Chile, declaró que no fue informado de la transacción y que evaluaría posibles acciones legales. “No entendemos cómo es posible que se venda un sitio de memoria, un centro de tortura, un monumento histórico, sin que nadie se entere. Claramente, aquí no hay mecanismos de resguardo y conservación de los bienes patrimoniales”, critica Bataszew. Su organización ha instado al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pedir explicaciones al gobierno chileno por la polémica transacción y a solicitar la anulación de la venta.

Para las mujeres sobrevivientes de la dictadura el recinto constituye un “espacio de resistencia del pasado, pero también del presente y futuro” que recuerda que “los crímenes sexuales en dictadura quedaron absolutamente impunes”. Por eso, reivindican una tipificación distinta para ese tipo de delitos: “No pueden considerarse un daño colateral de la tortura porque la violencia sexual es una política de género, direccionada hacia las mujeres”, sostiene la portavoz. 27 de las personas que pasaron por la Venda Sexy hoy siguen desaparecidas, cinco de ellas son mujeres.

Amediados de 1981 el general Augusto Pinochet dio la orden para que la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, al mando del general Arturo Álvarez Scoglia, asesinara a Tucapel Jiménez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, que se había erigido en el principal líder sindical chileno y planificaba, junto a otros líderes opositores, un gran paro nacional en contra del gobierno militar.

Álvarez Scoglia creó un grupo especial para que cumpliera la misión y designó a tres oficiales como integrantes del comando ejecutor. No obstante, los agentes mostraron una evidente “falta de compromiso” con la tarea encomendada y el mando del DINE debió reemplazarlos acudiendo a dos oficiales que habían sido miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, y ese año 1981 estaban adscritos a la Central Nacional de Informaciones, CNI, creada en 1977 para suceder a la DINA. Se trataba del teniente coronel Maximiliano Ferrer Lima y del capitán Carlos Herrera Jiménez, alias “Mauro” o “Bocaccio”.

Ambos oficiales se instalaron a comienzos de noviembre en las dependencias de la Unidad de Contraespionaje, dependiente del Departamento II de Contrainteligencia del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, CIE, ubicadas en la avenida Echeñique 5995, en la comuna de La Reina. Aquella unidad formaba parte de la intrincada y muy secreta estructura de la DINE, a cargo del comandante Víctor Pinto Pérez., Ferrer Lima y Herrera Jiménez, junto a dos equipos de agentes a su cargo, se abocaron entonces a preparar cada detalle del plan para asesinar a Tucapel Jiménez.  En eso estaban cuando los diversos servicios de la comunidad de inteligencia de la dictadura militar se enteraron de que el ex presidente Eduardo Frei Montalva había decidido internarse en la clínica Santa María para operarse de una molesta hernia al hiato.

 

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Al iniciarse la primavera de 1981, la CNI tuvo la certeza de que la tan temida unidad sindical opositora se estaba consiguiendo rápidamente y que el principal forjador de ella era Tucapel Jiménez. El asunto era aún más grave pues Jiménez también sostenía conversaciones con varios de los principales líderes políticos de la disidencia, entre ellos Eduardo Frei Montalva. El líder de la ANEF y el ex mandatario se habían reunido ya en la Vicaría de la Pastoral Obrera junto a algunos dignatarios de la iglesia católica. Los analistas de la CNI llegaron a la conclusión de que se preparaba un amplio paro nacional de impredecibles consecuencias, con el apoyo, además, de numerosas instancias y gobiernos del mundo entero.

La tarea de la CNI

Desde sus inicios, la CNI ejerció una estrecha vigilancia sobre el mundo sindical a través de la Brigada del Trabajo o Brigada Político Sindical, que dependía directamente de la División de Inteligencia Metropolitana, al mando del coronel de Ejército Roberto Schmied Zanzi. El jefe de la brigada desde 1979 fue el capitán de Carabineros Miguel Eugenio Hernández Oyarzo (“Felipe Bascur”), quien había cumplido funciones similares en la DINA, en 1977, desde el cuartel “Ollagüe”, ubicado en la calle José Domingo Cañas, en la comuna de Ñuñoa.

Al promediar 1979, la brigada se trasladó a un nuevo cuartel secreto en calle Agustinas y se dividió en cuatro grupos, cada uno de ellos al mando del capitán de Ejército Raúl Lillo Gutiérrez (“Manolo Arriagada”), de Héctor Lira (“Julián Reyes”), de Nelson Fernández Franco (“Carlos Santander” y de Jorge Ramírez Romero (“Carlos de la Fuente”), respectivamente.

La Brigada del Trabajo obtuvo un importante logro cuando logró captar para sus tareas a Luis Becerra, chofer de Frei Montalva, un hombre que, además, era de absoluta confianza del ex mandatario. 

Entre los agentes figuraban Pedro Alfaro Fernández, Juan Araos Araos, Carlos Asalgado Martínez, Edmundo Alberto Asenjo Gálvez, Daniel Cancino Varas, Gustavo Caruman Soto, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Germán Erazo Ahumada, Ricardo Erazo Ahumada,  Héctor Alfredo Flores Vergara, Segundo Gangas Godoy, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Gutiérrez Uribe, Guido Jara Brevis, Jaime Márquez Campos, Luis Mora Cerda, José Mora Diocares, José Muñoz Leal, Enrique Naranjo Muñoz, Nelson Ortiz Vignolo, Manuel Poblete Vergara, Luis Tomás Rojas Torres, Manuel Tapia Tapia y Rudeslindo Urrutia Jorquera.

La Brigada del Trabajo obtuvo un importante logro cuando logró captar para sus tareas a Luis Becerra, chofer de Frei Montalva, un hombre que, además, era de absoluta confianza del ex mandatario y conocía muy de cerca las actividades y el círculo de mayor confianza del líder demócrata cristiano. 

En 1977 el Ministerio Secretaría General de Gobierno creó, bajo la dependencia de la Dirección de Organizaciones Civiles, la Secretaría Nacional de los Gremios y puso al frente de ella a Misael Galleguillos, un profesor de Matemáticas de la sede Valparaíso de la Universidad de Chile, activo militante de Patria y Libertad en el gobierno de la Unidad Popular. Su misión aparente era formar dirigentes sindicales gobiernistas, pero en verdad su papel principal consistió en vigilar e infiltrar a las dirigencias sindicales opositoras y traspasar toda esa información a la CNI.

Una de las acciones con mayor repercusión pública de Galleguillos, quien dirigía, además, el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, MRNS, fue el boicot a una conferencia de prensa de la ANEF, en la que Guillermo Henríquez, Jorge Salazar Hojman, Genaro Pozo y Jorge Baldrich Camus irrumpieron gritando “traidor” y “vende patria” a Tucapel Jiménez.

Al día siguiente Baldrich apareció fotografiado en El Mercurio. Declaró más tarde que la orden se la había dado el entonces ministro secretario general de Gobierno, el general Sergio Badiola Brodeg, a quien secundaba el subsecretario de la cartera, el abogado Jovino Novoa Vásquez.

Galleguillos también contaba con un secreto informante entre los opositores que le anticipaba todas las actividades del Grupo de los Diez. Era Federico Mujica Canales, un hombre bajito, de origen radical, constante fumador de pipa, que presidía la Confederación de Empleados Particulares de Chile, Cepch.

Muy pronto la CNI afinó sus métodos de seguimiento, vigilancia, escucha y penetración. Los antecedentes recabados se incorporaban a carpetas individuales y sus contenidos eran periódicamente replicados y las copias enviadas al cuartel central en la calle República. Allí las recibía Mirtha Espinoza Caamaño, la secretaria del coronel Roberto Schmied, jefe del Departamento Interior, quien luego fue nombrado comandante de la División de Inteligencia Metropolitana, donde se ubicaban las diversas brigadas antisubversivas. Bajo el mando directo de Schmied estaban el mayor Zanelli y el capitán Álvaro Corbalán Castilla, encargados de las tareas operativas.

Uno de los más secretos soplones a sueldo que mantuvo el organismo represivo en los ámbitos dirigentes del sindicalismo opositor sólo pudo ser identificado el primer semestre de 2009. Se trataba del socialista Víctor Hugo Gac, miembro del comité ejecutivo de la CNS, un hombre entonces muy cercano a Arturo Martínez.

La secretaria registraba la información en libros de control, con la fecha de ingreso, la unidad de procedencia y una breve descripción del contenido. Se empleaban siglas y códigos según las respectivas unidades y secciones. Así, por ejemplo, F.1.1, correspondía al jefe de la división; F-1.2, al subjefe y así sucesivamente, según las diversas reparticiones en que se dividía la CNI.
Dirigentes como Tucapel Jiménez, Eduardo Ríos, Ernesto Vogel y Manuel Bustos, entre otros, tenían sus teléfonos intervenidos y se revisaba, en la unidad que mantenía la CNI en Correos, toda la correspondencia que se les enviaban a ellos y a sus familiares desde el exterior e interior. Se llevaba una carpeta de cada uno con sus antecedentes personales, laborales y familiares, además de sus redes de contactos.

En 1976, un agente de la CNI, apodado “Omar” reclutó como informante al empleado que laboraba como auxiliar de la ANEF, en su sede de tres pisos ubicada en Alameda con Riquelme. El “junior” se llamaba Julio Olivares Silva y era hijo de una amiga de Tucapel Jiménez. Dos veces a la semana el muchacho entregaba sus informes en el cuartel de la Brigada del Trabajo, donde a cambio recibía un pago en efectivo. En 1977 Olivares Silva fue incorporado a la planta de la CNI bajo la chapa de “Gabriel Carrasco González”, aunque todos le llamaban “Barnabás”.

Valericio Orrego, por su parte, se transformó también en colaborador a sueldo de la CNI. Infiltró a Carlos Santa María, dirigente del Grupo de los Diez, reclutando a un empleado de éste en un negocio que tenía en Bandera con General Mackenna. El informante se llamaba Patricio Pezoa y debía rendir cuentas periódicamente a “Manolo” o “Carlos de la Fuente”, sus agentes de control en la CNI.

Uno de los más secretos soplones a sueldo que mantuvo el organismo represivo en los ámbitos dirigentes del sindicalismo opositor sólo pudo ser identificado el primer semestre de 2009. Se trataba del socialista Víctor Hugo Gac, miembro del comité ejecutivo de la CNS, un hombre entonces muy cercano a Arturo Martínez.

El duro camino a la unidad

A fines de mayo de 1976 diez importantes dirigentes sindicales, nueve de ellos vinculados al PDC, que afirmaban representar a 400 sindicatos y más de 600 mil trabajadores, enviaron un documento al gobierno militar donde reclamaron por la nueva legislación laboral que se estaba imponiendo y la marginación de los trabajadores de las decisiones políticas. Los firmantes eran Tucapel Jiménez (ANEF), Ernesto Mellado (campesinos), Pedro Cifuentes (Iansa), Antonio del Campo (bancarios), Guillermo Santana (Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC), Manuel Bustos (textiles), Ernesto Vogel, (Fifch), Federico Mujica (Cepch), Antonio Mimiza (petróleo) y Eduardo Díaz (ComaCh). Desde ese momento fueron conocidos como el Grupo de los Diez y muy pronto se le sumaron otras importantes organizaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores del Plástico, la Federación de Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional de Salud y la Federación de Sindicatos del Banco Español.

A fines del verano de 1978 ingresó clandestinamente al país la ex diputada Gladys Marín y luego Manuel Cantero Prado, ambos integrantes de la comisión política. Dos meses después, en mayo, se constituyó el nuevo Equipo de Dirección Interior (EDI), encabezado por Marín, junto a Cantero (“Miguel”), Oscar Riquelme (“El viejo Pablo”) y Nicasio Farías (“Héctor”), quien se hizo cargo del Frente de Infraestructura, encomendado de todo el trabajo logístico y de la búsqueda de recursos y materiales para las tareas clandestinas. “Mariana”, en tanto, debió asumir el delicado manejo de las finanzas del partido.

Una de las principales tareas del EDI fue rearmar las estructuras internas y, en particular, el tejido sindical. Para ello, Moisés Labraña, responsable de ese sector en las JJ.CC., fue promovido a encargado sindical del partido e integrado al EDI. Labraña contaba con un decidido equipo en el que destacaban Héctor Cuevas, Alamiro Guzmán y José Lecaros, entre otros. Los sindicalistas del PC consiguieron afinar vínculos con los principales dirigentes laborales de la Democracia Cristiana, donde figuraban Manuel Bustos, de los textiles; Eduardo Ríos, de los marítimos; y, Ernesto Vogel, de los ferroviarios; y con otros históricos, como el octogenario Clotario Blest. 

El sindicalismo de izquierda se agrupó, en tanto, en la Coordinadora Nacional Sindical, CNS, creada al alero del Centro de Estudios Laborales, dependiente de la Fundación Cardijn, que a su vez estaba estrechamente vinculada a la Iglesia católica. La CNS apareció públicamente en 1978, representando, según sostenía, a unos 400 sindicatos de base, principalmente industriales, de la pequeña y mediana minería y del campesinado. Entre los integrantes destacaban la Confederación Minera, Fensimet, Fenamex, Fiemec, Ranquil, UOC, Asociación de Pensionados, Obreros de Obras Sanitarias, la Federación de la Pintura y el Sindicato Gráfico.

También existía el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, pequeña formación de sindicalistas cristianos, dirigidos por Carlos Frez, presidente destituido del Sindicato de Portuarios, ligado desde mucho antes a la Juventud Obrero Católica y al Movimiento Obrero de Acción Católica.

Así, más de tres mil trabajadores de estos tres referentes sindicales, convergieron el 1° de mayo de 1978 hacia la plaza Almagro, pocas cuadras al sur de La Moneda, para conmemorar el Día del Trabajo. Carabineros los obligó a dispersarse, pero se reagruparon a pocas cuadras de allí, en la iglesia de San Francisco, junto a la Alameda Bernardo O’Higgins, donde nuevamente fueron ahuyentados. Al promediar la tarde, piquetes de trabajadores seguían gritando consignas en diversos lugares del centro de Santiago. Al anochecer, el balance de las manifestaciones indicaba cerca de 400 detenidos, varios extranjeros y religiosos entre ellos. La dictadura militar y la prensa oficialista se vieron obligadas a reconocer, por primera vez, las manifestaciones callejeras disidentes.

Ni el PC ni los otros partidos de izquierda ni tampoco la democracia cristiana percibieron bien los efectos que el Plan Laboral diseñado por el ministro Piñera provocaría entre los trabajadores.

El 22 de mayo, familiares de detenidos desaparecidos ocuparon simultáneamente las oficinas de la Unicef y las parroquias de Jesús Obrero, en General Velásquez, en el sector poniente de la capital; La Estampa, en Independencia, a escasos metros de la plaza Chacabuco, en el sector norte; y Don Bosco, en Gran Avenida, en la zona sur. Allí se quedaron hasta el 7 de junio, exigiendo saber el destino de sus parientes. Ni la CNI ni las policías se atrevieron a desalojarlos pues estaba involucrada la iglesia católica y, además, la manifestación coincidió con la llegada al país de cinco altos representantes de la sindical estadounidense AFL-CIO y con una visita del fiscal Eugene Propper, quien investigaba en Washington el asesinato de Orlando Letelier.

El 7 de junio se efectuaron dos sorpresivas marchas por las calles céntricas de Santiago en solidaridad con los familiares de los desaparecidos. Se hizo frecuente por esos días la presencia de panfletos disidentes en lugares de gran concurrencia y empezaron a multiplicarse los rayados en murallas en los barrios y en las principales avenidas de la ciudad. En las sedes universitarias surgieron los mítines relámpagos y se multiplicaron las peñas folclóricas al alero de recintos religiosos y de algunos locales nocturnos. En las barriadas obreras, en tanto, empezaron a crearse todo tipo de organizaciones poblacionales y en las fábricas, lentamente, los trabajadores se atrevieron a reunirse para balbucear sus reclamos.

En agosto, en la división Chuquicamata de Codelco, junto a la ciudad de Calama, los mineros del cobre decidieron acudir a los casinos a la hora de almuerzo con sus “loncheras” vacías. El prolongado movimiento de protesta por demandas laborales recibió el nombre de “viandazo”.

A principios de septiembre, sorprendido y ofuscado por los síntomas de malestar sindical, la dictadura decretó el estado de Sitio en el grado de conmoción interior. Se limitó el recurso de amparo ante los tribunales de justicia, se autorizó el arresto y la relegación de personas, la cancelación de la nacionalidad y el procesamiento de los detenidos en los tribunales militares. Casi un mes después, el 20 de octubre de 1978, se decretó la ilegalidad de las principales entidades que conformaban la CNS, se allanaron sedes sindicales, se confiscaron bienes y cuentas bancarias y se detuvo a numerosos dirigentes. Al mismo tiempo se decretó también la renovación de dirigentes sindicales en el sector privado y muchos empresarios aprovecharon de despedir a los trabajadores opositores que podían resultar electos. En las semanas siguientes se renovaron unos nueve mil dirigentes laborales.

Intervinieron entonces varias de las principales organizaciones sindicales mundiales y la poderosa estadounidense AFL-CIO amenazó con un boicot a las exportaciones chilenas a partir de los inicios de 1979. Alarmado, el gobierno militar anunció el nombramiento de un nuevo ministro del Trabajo, el economista José Piñera, quien asumió el 26 de diciembre, se comprometió a normalizar las relaciones laborales y anunció la promulgación a mediados del 79 de un Plan Laboral que pondría fin a los problemas.

Pérez Zujovic, Frei, Jaime Castillo y Modesto Collados

Ni el PC ni los otros partidos de izquierda ni tampoco la democracia cristiana percibieron bien los efectos que el Plan Laboral diseñado por el ministro Piñera provocaría entre los trabajadores. En julio de 1979 se promulgaron los principales decretos que impusieron la nueva institucionalidad laboral: la afiliación a los sindicatos dejó de ser obligatoria y se autorizó la formación de varios sindicatos en la misma empresa; la negociación colectiva pasó a ser por empresa y no por rama productiva, se autorizó el despido de trabajadores “por necesidades de la empresa”, se restringió el derecho a huelga hasta los 60 días, pudiéndose reemplazar a los trabajadores luego de ese plazo y se postergó la jubilación de 60 a 65 años en caso de los hombres y de 55 a 60 entre las mujeres, entre otras medidas. Aquellas disposiciones fueron demoledoras; se debilitó en extremo al movimiento sindical y se impuso el miedo “a perder la pega”.

En 1980 y 1981, pese a las protestas de los dirigentes sindicales, se consolidó el Plan Laboral de Piñera. El Grupo de los Diez se transformó en la Unión Democrática de Trabajadores, UDT, aunque sin varios dirigentes demócrata cristianos que fueron marginados, como Manuel Bustos, quien se transformó en el líder de la nueva Coordinadora Nacional Sindical, CNS. 

La hora de los ejecutores

Cuando el plan para asesinar a Tucapel Jiménez ya estaba en marcha y la dictadura militar se enteró de que Frei Montalva se internaría para operarse, aparentemente se activó una operación paralela para eliminar al ex presidente y encubrir el homicidio en una serie de complicaciones postquirúrgicas. No obstante, el juez Alejandro Madrid no logró precisar los detalles de la conspiración.

Condenó al ex capitán Raúl Lillo Gutiérrez, ex miembro de la CNI y más tarde de la DINE y al chofer Luis Becerra, pero no pudo esclarecer de qué instancia de la dictadura militar provino la orden para asesinarlo. Lillo Gutiérrez era el agente que controlaba a Becerra y a Genaro Cerda Weber, militante de la DC y esposo de Hilda Navarro Varas, secretaria de ese mismo partido. Lillo, trasladado a fines de los años 80 a la DINE, participó en el asesinato en Uruguay del químico Eugenio Berríos y por ese crimen fue condenado en agosto de 2013 a diez años y un día de presidio.

Durante muchos años se presumió que el químico Berríos era quien había inoculado al ex presidente con algún veneno u otra sustancia tóxica mientras estaba en la clínica. De hecho, el ex director de la Policía de Investigaciones, PDI, Nelson Mery, aseguró en el proceso que Berríos fue asesinado para evitar que hablara sobre el asesinato de Frei Montalva.

El juez Madrid también condenó a cuatro médicos, uno –el cirujano gástrico Patricio Silva Garín- como el principal autor; otro –Pedro Valdivia Soto, ex miembro de la DINA- como cómplice; y los dos restantes –los tanatólogos Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere- como encubridores. El magistrado tampoco logró establecer si estos médicos se confabularon entre ellos para el crimen y/o obedecieron órdenes para cometerlo.

Abogados de derechos humanos, muy cercanos al PDC, que pidieron reserva de sus nombres, dijeron a INTERFERENCIA que consideraban muy débil el fallo de más de 800 páginas y que, en su opinión, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema deberán hacer ingentes esfuerzos para redactar una nueva y mejor resolución.

Al promediar 1979, la brigada se trasladó a un nuevo cuartel secreto en calle Agustinas y se dividió en cuatro grupos, cada uno de ellos al mando del capitán de Ejército Raúl Lillo Gutiérrez (“Manolo Arriagada”), de Héctor Lira (“Julián Reyes”), de Nelson Fernández Franco (“Carlos Santander” y de Jorge Ramírez Romero (“Carlos de la Fuente”), respectivamente. Entre los agentes figuraban Pedro Alfaro Fernández, Juan Araos Araos, Carlos Asalgado Martínez, Edmundo Alberto Asenjo Gálvez, Daniel Cancino Varas, Gustavo Caruman Soto, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Germán Erazo Ahumada, Ricardo Erazo Ahumada,  Héctor Alfredo Flores Vergara, Segundo Gangas Godoy, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Gutiérrez Uribe, Guido Jara Brevis, Jaime Márquez Campos, Luis Mora Cerda, José Mora Diocares, José Muñoz Leal, Enrique Naranjo Muñoz, Nelson Ortiz Vignolo, Manuel Poblete Vergara, Luis Tomás Rojas Torres, Manuel Tapia Tapia y Rudeslindo Urrutia Jorquera.

En 1977 el Ministerio Secretaría General de Gobierno creó, bajo la dependencia de la Dirección de Organizaciones Civiles, la Secretaría Nacional de los Gremios y puso al frente de ella a Misael Galleguillos, un profesor de Matemáticas de la sede Valparaíso de la Universidad de Chile, activo militante de Patria y Libertad en el gobierno de la Unidad Popular. Su misión aparente era formar dirigentes sindicales gobiernistas, pero en verdad su papel principal consistió en vigilar e infiltrar a las dirigencias sindicales opositoras y traspasar toda esa información a la CNI.

La dirección de la Secretaría de los Gremios tenía sus oficinas en el edificio Diego Portales, pero la mayoría de sus funcionarios y colaboradores trabajaban cerca de allí, en una casa de tres pisos que se levantaba en la esquina de la Alameda con la calle Victoria Subercaseaux, a un costado del cerro Santa Lucía.

Galleguillos, entusiasmado con su tarea, recreó el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, MRNS, -inspirado en un antiguo movimiento del mismo nombre- con sede en una casona en calle Vergara 180, en el antiguo barrio República, al suroriente del centro de Santiago, y estrechamente ligado a la CNI. En aquel lugar se congregaron varios de los principales dirigentes sindicales gobiernistas, entre ellos René Sotolicchio, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Municipales; Valericio Orrego Salas, presidente de la Asociación de Empleados del Ministerio de Obras Públicas; Carlos Navarrete, presidente del Sindicato N° 1 de Ferias Libres de Santiago; y, Jaime Tramont Castillo, dirigente sindical de Valparaíso.

Galleguillos convocó además a Werner Anís Bischosausen, Eugenio Cáceres Contreras, Ramón Callís Arrigorriaga, Iván Catalina Sánchez,

Gustavo Cuevas Torrealba, Héctor Larenas Bugueño, Luis Lillo Abarca, Lázaro Maluenda, Claudio Matte y Pedro Urquieta. Claudio Matte y Héctor Larenas financiaron el arriendo de la sede, donde los encargados de seguridad eran Hugo Cabezas Freire, miembro de la CNI, y Rigoberto Moreno, ex funcionario de la Armada.

La dirección del movimiento, encabezado por Galleguillos, la integraban José Fernández Jorquera, Arturo Marshall de Amesti, Alfredo Urrutia, Fernando Muñoz Parra y Marcelo Retamal Moreno, los que se abocaron a planificar las acciones de choque, producir la propaganda, programar los cursos de capacitación sindical para los cuadros y dirigentes que convocaban a sus reuniones. Luis Lillo Abarca se encargaba de la capacitación y Héctor Larenas Buqueño de la propaganda y las relaciones públicas.

Camisas negras y saludos nazis

En otro inmueble, situado en calle Larraín 8081, frente al aeródromo de Tobalaba, o en un sitio baldío en Farellones, se efectuaba el adiestramiento paramilitar de los militantes que componían los grupos de choque. Esta tarea la realizaban Fernando Muñoz, Genaro Pozo y Manuel Hernández. Era obligatorio el uso de camisas negras, el saludo con el brazo en alto al estilo nazi y los cantos de himnos militares.

Otros militantes como Pablo Medina, Jorge Salinas, ex Patria y Libertad, apodado “Bombero Loco”, y Santiago Schesta asumieron la preparación de  explosivos que instalaban en zonas previamente determinadas y que los comunicados de prensa atribuían a grupos de izquierda.

Una de las acciones con repercusión pública del MRNS fue el boicot a una conferencia de prensa de la ANEF, en la que Guillermo Henríquez, Jorge Salazar Hojman, Genaro Pozo y Jorge Baldrich Camus irrumpieron gritando “traidor” y “vende patria” a Tucapel Jiménez. Al día siguiente Baldrich apareció fotografiado en El Mercurio. Declaró más tarde que la orden se la había dado el entonces ministro secretario general de Gobierno, el general Sergio Badiola Brodeg, a quien secundaba el subsecretario de la cartera, el abogado Jovino Novoa Vásquez

Galleguillos también contaba con un secreto informante entre los opositores que le anticipaba todas las actividades del Grupo de los Diez. Era Federico Mujica Canales, un hombre bajito, constante fumador de pipa, que presidía la Cepch.

Ya en 1975, en los años de gloria de la Dina, los dirigentes sindicales opositores eran estrechamente vigilados y sus reuniones grabadas por agentes o colaboradores infiltrados entre ellos. Marcia Merino, “la flaca Alejandra”, mirista que colaboró con la Dina, recibía de Rolf Wenderoth en el cuartel central de Belgrado transcripciones textuales de las reuniones del Grupo de los Diez, de la Coordinadora Nacional Sindical, CNS, y del Frente Unitario de Trabajadores, FUT. Su tarea era analizar los contenidos e inferir cursos probables de acción de los sindicalistas, devolviéndolos luego a las oficinas de Wenderoth.

Tras la instalación de la CNI en 1977, la reemplazante de la Dinaprosiguió el mismo método de seguimiento, vigilancia, escucha y penetración. Los antecedentes recabados se incorporaban a carpetas individuales y sus contenidos eran periódicamente replicados y las copias enviadas al cuartel central en la calle República. Allí las recibía Mirtha Espinoza Caamaño, la secretaria del coronel Roberto Schmied, jefe del Departamento Interior, quien luego fue nombrado comandante de la División de Inteligencia Metropolitana, donde se ubicaban las diversas brigadas antisubversivas. Bajo el mando directo de Schmied estaban el mayor Zanelli y el capitán Álvaro Corbalán Castilla, encargados de las tareas operativas.

La secretaria registraba la información en libros de control, con la fecha de ingreso, la unidad de procedencia y una breve descripción del contenido. Se empleaban siglas y códigos según las respectivas unidades y secciones. Así, por ejemplo, F.1.1, correspondía al jefe de la división; F-1.2, al subjefe y así sucesivamente, según las diversas reparticiones en que se dividía la CNI.

Se ejerció una estrecha vigilancia sobre el mundo sindical a través de la Brigada del Trabajo o Brigada Político Sindical, que dependía directamente de la División de Inteligencia Metropolitana, al mando del coronel Schmied Zanzi. El jefe de la brigada desde 1979 fue el capitán de Carabineros Miguel Eugenio Hernández Oyarzo (“Felipe Bascur”), quien había cumplido funciones similares en la Dina, en 1977, desde el cuartel “Ollagüe”, ubicado en la calle José Domingo Cañas, en la comuna de Ñuñoa.

Al promediar 1979, la brigada se trasladó a un nuevo cuartel secreto en calle Agustinas y se dividió en cuatro grupos, cada uno de ellos al mando del capitán de Ejército Raúl Lillo Gutiérrez (“Manolo Arriagada”), de Héctor Lira (“Julián Reyes”), de Nelson Fernández Franco (“Carlos Santander” y de Jorge Ramírez Romero (“Carlos de la Fuente”), respectivamente. Entre los agentes figuraban Pedro Alfaro Fernández, Juan Araos Araos, Carlos Asalgado Martínez, Edmundo Alberto Asenjo Gálvez, Daniel Cancino Varas, Gustavo Caruman Soto, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Germán Erazo Ahumada, Ricardo Erazo Ahumada,  Héctor Alfredo Flores Vergara, Segundo Gangas Godoy, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Gutiérrez Uribe, Guido Jara Brevis, Jaime Márquez Campos, Luis Mora Cerda, José Mora Diocares, José Muñoz Leal, Enrique Naranjo Muñoz, Nelson Ortiz Vignolo, Manuel Poblete Vergara, Luis Tomás Rojas Torres, Manuel Tapia Tapia y Rudeslindo Urrutia Jorquera.

Dirigentes como Eduardo Ríos, Ernesto Vogel, Manuel Bustos y Tucapel Jiménez, entre otros, tenían sus teléfonos intervenidos y se revisaba, en la unidad que mantenía la CNI en Correos, toda la correspondencia que se les enviaban a ellos y a sus familiares desde el exterior e interior. Se llevaba una carpeta de cada uno con sus antecedentes personales, laborales y familiares, además de sus redes de contactos.

En 1976, un agente de la CNI, apodado “Omar” reclutó como informante al empleado que laboraba como auxiliar de la ANEF, en su sede de tres pisos ubicada en Alameda con Riquelme. El “junior” se llamaba Julio Olivares Silva y era hijo de una amiga de Tucapel Jiménez. Dos veces a la semana el muchacho entregaba sus informes en el cuartel de la Brigada del Trabajo, donde a cambio recibía un pago en efectivo. En 1977 Olivares Silva fue incorporado a la planta de la CNI bajo la chapa de “Gabriel Carrasco González”, aunque todos le llamaban “Barnabás”.

Infiltración de las dirigencias

Valericio Orrego, por su parte, se transformó también en colaborador a sueldo de la CNI. Infiltró a Carlos Santa María, dirigente del Grupo de los Diez, reclutando a un empleado de éste en un negocio que tenía en Bandera con General Mackenna. El informante se llamaba Patricio Pezoa y debía rendir cuentas periódicamente a “Manolo” o a “Carlos de la Fuente”, sus agentes de control en la CNI.

Uno de los más secretos soplones a sueldo que mantuvo el organismo represivo en los ámbitos dirigentes del sindicalismo opositor sólo pudo ser identificado el primer semestre de 2009. Se trataba del socialista Víctor Hugo Gac, miembro del comité ejecutivo de la CNS, un hombre entonces muy cercano a Arturo Martínez, el actual presidente de la CUT, a quien la CNI le pagaba 40 mil pesos mensuales por sus informes.

Así, al iniciarse la primavera de 1981, la CNI tuvo la certeza de que la tan temida unidad sindical opositora se estaba consiguiendo y que el principal forjador de ella era el presidente de los empleados fiscales, Tucapel Jiménez. El asunto era aún más grave pues Jiménez también sostenía conversaciones con algunos de los principales líderes políticos de la disidencia, entre ellos Eduardo Frei Montalva. El líder de la ANEF y el ex mandatario se habían reunido ya en la Vicaría de la Pastoral Obrera junto a algunos dignatarios de la iglesia católica. Los analistas de la CNI llegaron a la conclusión de que se preparaba un paro nacional de impredecibles consecuencias, con el apoyo, además, de numerosas instancias y gobiernos del mundo entero.

Los antecedentes reunidos por la CNI llegaron a La Moneda y en las semanas siguientes el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINE, general Ramsés Arturo Álvarez Sgolia, recibió del general Augusto Pinochet la orden de eliminar a Tucapel Jiménez. 

Si Aylwin decretó que su período sería el de la justicia en la medida de lo posible , Lagos ha instaurado definitivamente la justicia negociada , de la que son claros ejemplos la locura de Pinochet y el esmirriado fallo por el asesinato de Tucapel Jiménez Alfaro.

Hace quince días, los familiares, dirigentes sindicales y abogados querellantes en el caso Tucapel Jiménez, desbordaban optimismo. Tenían la certeza de que las penas contra los implicados en este horrible crimen serían ejemplarizadoras, más aún cuando la investigación avanzaba hacia la culpabilidad directa del Ejército como institución. Sin embargo, el lunes 5 en las afueras del 18 Juzgado del Crimen sus rostros no podían esconder la sorpresa y el desencanto: el juez Muñoz los había defraudado.

Luego de los casi 18 años de inútil trabajo del ministro Sergio Valenzuela Patiño, el magistrado Sergio Muñoz había avanzado aceleradamente en la investigación de los hechos, reencausó a muchos de los que Valenzuela había liberado y dirigió los dardos hacia el corazón del Ejército y su rama de inteligencia, la DINE.

Las condenas de primera instancia
Ramsés Arturo Alvarez Sgolia, Director DINE, condenado a la pena de diez de años presidio mayor en su grado mínimo, por su responsabilidad de autor del homicidio.
Se le impone la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, condenado a pena única de presidio perpetuo, por su responsabilidad de autor de los delitos de homicidio calificado de Tucapel Jiménez y de Juan Alegría Mundaca. Se le impone la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

Víctor Raúl Pinto Pérez y Francisco Maximiliano Ferrer Lima, condenados a ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, como autores del delito de homicidio calificado. Se le impone la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

Manuel Segundo Contreras Donaire y Miguel Segundo Letelier Verdugo, condenados a seis años de presidio mayor en su grado mínimo, como autores del delito de homicidio calificado. Se le impone la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge Luis León Alessandrini, condenados a tres años de presidio menor en su grado medio, como cómplices del delito de homicidio calificado. Se impone a los sentenciados la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas de la causa. Se les concede el beneficio alternativo de remisión condicional de la pena (firmar una vez al mes).

Hernán Ramírez Hald, Hernán Ramírez Rurange y Juan Fernando Alfredo Torres Silva, condenados a ochocientos días de presidio menor en su grado medio, como encubridores del homicidio calificado. Se les impone la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas de la causa. Se les concede el beneficio alternativo de remisión condicional de la pena (firmar una vez al mes).

Enrique Gabriel Ibarra Chamorro, condenado a quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, como encubridor del homicidio calificado. Se impone al sentenciado la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas de la causa. Se le concede al procesado el beneficio alternativo de remisión condicional de la pena (firmar una vez al mes).

Absueltos
Roberto Urbano Schmied Zanzi, Jefe Brigada Metropolitana de Inteligencia, acusado como cómplice.
Miguel Eugenio Hernández Oyarzo, Jefe de la Unidad Político Sindical de la CNI, acusado como cómplice.
Julio Olivares Silva, junior de la ANEF y agente de la Unidad Político Sindical de la CNI, acusado como cómplice.
Alvaro Corbalán Castilla, Jefe Unidad Operativa de la CNI, acusado como cómplice. Condenado a cadena perpetua por el asesinato de Juan Alegría Mundaca.

La disminución de las penas
A pesar de la gran acumulación de pruebas que inculpaban a agentes de la CNI, de la DINE y a altos mandos del Ejército, el magistrado Muñoz fue estrechando su cerco sólo en algunos de ellos, eliminando del procesamiento a personajes que también tuvieron actuación en el crimen (ver recuadro) y al Comandante en Jefe del Ejército, el autodenominado Presidente de la República que no dejaba moverse ni una hoja sin su consentimiento. Poco a poco dejó de lado los datos que confirmaban que la CNI, con Gordon al mando, al menos cumplió en torno a Tucapel Jiménez labores de seguimiento, intercepción de teléfonos, grabación de reuniones y captación de agentes, como el caso del junior de la ANEF Julio Olivares Silva. También desestimó su propio fallo, del 15 de noviembre de 2000, con que había sentenciado a cadena perpetua por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca a los integrantes de la CNI Alvaro Corbalán, Armando Cabrera Aguilar y Carlos Herrera Jiménez, y a Osvaldo Pincetti con pena de diez años de prisión. Este delito comprobadamente se realizó con la única intención de encubrir el crimen del líder de la ANEF.

Por otra parte, eludiendo las interpretaciones sobre crímenes de lesa humanidad aplicadas últimamente por la Corte Suprema, optó por aplicar medidas atenuantes a gran parte de los condenados en el proceso y dictar bajas penas, sustentándose en el principio de prescripción gradual , justificado por la inoperancia de Valenzuela Patiño. Con ese razonamiento, el fallo señala que "el delito estuvo ininterrumpido hasta que quedó ejecutoriado el sobreseimiento temporal dictado en autos el 26 de abril de 1986. Luego permaneció paralizada la tramitación por más de tres años, circunstancia que determinó que continuara corriendo el plazo de prescripción de la acción penal, como si nunca hubiere sido suspendido, hasta que acontece al reponerse el proceso a sumario el 30 de julio de 1990. Es así que entre el 25 de febrero de 1982 y el 30 de julio de 1990 transcurrieron ocho años, cinco meses y cinco días, antecedente de hecho que importa el transcurso de más de la mitad del tiempo establecido para que opere la prescripción de la acción penal en este caso y, por lo mismo, lleva a acoger el planteamiento formulado por las defensas de los encausados Arturo Ramses Alvarez, Víctor Pinto Pérez, Francisco Ferrer Lima, Manuel Contreras Donaire, Miguel Letelier, Hernán Ramírez Hald, Juan Carlos Arriagada, Jorge Luis León Alessandrini, Hernán Ramírez Rurange, Fernando Torres Silva y Enrique Ibarra".

Muñoz también premió a Herrera Jiménez, unificando la condena con la pena perpetua por el homicidio de Alegría Mundaca, con lo que en la práctica deberá cumplir solamente 20 años de presidio efectivo y se le abre la posibilidad de solicitar el indulto presidencial. Incorpora otros beneficios, aduciendo la irreprochable conducta anterior de algunos procesados como Arriagada Echeverría, León Alessandrini, Ramírez Rurange, Ibarra Chamorro, Torres Silva y Ramírez Hald, a quienes se les remitió la pena privativa de libertad, debiendo firmar sólo una vez al mes. A pesar de no tener condenas anteriores, Torres Silva ha sido acusado por la tortura que afectó a numerosos presos políticos y Ramírez Hald está implicado en la desaparición del joven estudiante del Liceo Industrial de Maipú José Flores.

De esta forma, las penas definitivas no guardan relación con el horror del crimen ni con las agravantes de premeditación, alevosía, ensañamiento y asesinato en despoblado en que se cometió. Tampoco con que los hechores tuvieron la protección absoluta del Estado, que la negligencia de un juez reconocidamente pinochetista alargara con premeditación el proceso y que, el mismo Ejército, negara insistentemente su colaboración.

Los que salvaron ilesos
Extraña en la resolución que muchos de los implicados no fuesen parte de la condena, más allá de la inexplicable absolución de Alvaro Corbalán, Miguel Hernández Oyarzo, Julio Olivares Silva y Roberto Schmied Zanzi, existen otros personajes que tuvieron clara participación en el crimen y ni siquiera fueron considerados en la resolución.
Se trata, por ejemplo, de los integrantes de la Secretaría Nacional de los Gremios y el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, encabezados por Misael Galleguillos Vásquez, Valericio Orrego Salas y Raúl Manolo Lillo Gutierrez, quienes espiaban las acciones de este traidor de la patria , entregando antecedentes a sus superiores de la Dirección de Organizaciones Civiles y de la Subsecretaría General de Gobierno, bajo el mando del hoy senador UDI Jovino Novoa Vásquez. No es desconocido que desde esta repartición existían gastos reservados para financiar a grupos paramilitares afines. Incluso, entre las diligencias solicitadas por los querellantes, se encontraba la de carear a Novoa con Sergio Fernández y Enrique Montero Marx, quienes ocuparon el cargo de Ministro del Interior en las cercanías de la fecha del asesinato. A Galleguillos se le vincula a la planificación del crimen, mientras Valericio Orrego contactaba a agentes de la CNI para el seguimiento de Tucapel Jiménez y el Grupo de los 10 , y un auto Opala usado en el crimen sería de su propiedad. Lillo Gutiérrez también las oficiaba de espía de los grupos sindicales opositores.

Entre los cómplices del crimen, según ameritaba la investigación, también aparecían los agentes destinados al espionaje de dirigentes sindicales Nelson Hernández Franco, alias Marcos de la Fuente , Héctor Lira Aravena, Luis Pino Moreno y José Ramírez Romero, alias Carlos Santander . Patricio Pezoa Araya, empleado de un dirigente sindical DC, habría espiado al Grupo de los 10 y tomado contacto con los tres agentes de la CNI que seguían a Tucapel Jiménez. El capitán de Ejército Raúl Descalzi Sporke, que siempre fue considerado entre los autores, tampoco está en el listado final.

Tampoco nombra al suboficial (r) de Carabineros Luis Pinto Moreno, encausado en un principio como cómplice, y el capitán (r) de Ejército y miembro de la Dine, Arturo Silva Valdés, que había sido procesado como encubridor por su participación en la fuga de Herrera Jiménez hacia Argentina.
El año pasado el juez Muñoz había considerado entre los autores al suboficial de Ejército Humberto Calderón Luna, jefe de personal de la CNI en 1982, quien no figura entre los condenados pese a ser quien habría reclutado a Galvarino Ancavil para conseguir las armas usadas en el crimen. Ancavil Hernández, que estuvo siempre vinculado al proceso, presuntamente estaría en Francia y nunca se presentó ante el juez. Lo que no debería ser obstáculo para que se le condenara en ausencia por haber facilitado las armas -una Pasper calibre 22 y otra calibre 32- usadas en el asesinato. Finalmente Humberto Gordón Rubio, a la fecha Director de la CNI, fue absuelto por su deceso.

Las órdenes de Pinochet
Aunque para el magistrado Muñoz no existieron las pruebas suficientes para considerar en el proceso al dictador, Augusto Pinochet Ugarte jugó un papel central en la determinación de eliminar a Jiménez y en las posteriores maniobras de encubrimiento.

Alertado por Jovino Novoa y sus dirigentes sindicales de la Secretaria Nacional de los Gremios, Pinochet supo de la traición que el otrora aliado Tucapel Jiménez estaba preparando. El mismo que defendía a la junta militar en el exterior, tras los primeros meses del golpe de Estado, en los inicios de la década del 80 formaba parte del grupo opositor que políticamente estaba vinculado al ex Comandante en Jefe de la FACH Gustavo Leigh Guzmán.

En el verano de 1982, Jiménez Alfaro hacia un llamado amplio a la unidad de los trabajadores contra el régimen, reuniéndose con Manuel Bustos y otros dirigentes sindicales para el efecto. Las citas en casa de Leigh se hacían más frecuentes. La figura del dirigente de la ANEF se hacía peligrosa.

El 21 de febrero de 1982, en una ceremonia de entrega de títulos de propiedad en Calbuco, Augusto Pinochet señaló que: Lógicamente, cuando hay estas pequeñas acciones negativas momentáneas, aparecen los de siempre. Aparecen los negativos de siempre y a ellos les mando hoy este mensaje: el gobierno tolera muchas cosas, pero jamás va a tolerar volver atrás. Jamás va a tolerar que algunos enquistados estén actuando en forma negativa y tratando de sembrar la cizaña en las mentes de los trabajadores. Por ello, me atrevo a decir a aquellos que están en estos momentos realizando acciones contrarias al Gobierno: mucho cuidado señores, por que también ustedes pueden salir fuera del país. Luego agregó: Y aquellos que han firmado cartas, telegramas o cables hacia entidades comunistas en el exterior, son tan comunistas como esos, porque, señores, dime con quien andas y te diré quien eres. Si se apegan a una acción comunista, son tan comunistas como los que están actuando . Las expresiones, ampliamente reproducidas por los medios de comunicación, firmaban la pena de muerte de Jiménez. Sólo cuatro días después se haría efectiva.

El encubrimiento
Carlos Herrera Jiménez ha sostenido en forma reiterada, desde que reconociera su participación en los hechos, que al momento de exponérsele la planificación para la eliminación física de Tucapel Jiménez, se le indicó que estaba en conocimiento de ello Arturo Alvarez Sgolia, Director de Inteligencia del Ejército, quien, además, una vez ejecutados los hechos, efectuó una reunión con quienes tomaron parte en esas acciones o tuvieron conocimiento de las mismas, en la que se le prohibió referirse al tema en sus conversaciones. Afirma que Alvarez directamente le felicitó por la acción realizada, expresándole que estuviera tranquilo, que nada le ocurría y que le había hecho un gran favor a la patria . Herrera reconoce que la orden fue dispuesta por su jefe directo, Francisco Ferrer Lima, la que le fue reiterada por el superior, comandante del Cuerpo de Inteligencia del Ejército Víctor Pinto Pérez, expresándosele que había sido ordenada o estaba en conocimiento del Director de Inteligencia del Ejército, Arturo Alvarez Sgolia y, además, que la había dispuesto o lo sabía el Mando, lo que entendió referido al Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, a lo cual se le agregó que Tucapel Jiménez era un traidor a la patria, que estaba causando mucho daño al país y que era necesaria su eliminación .

Francisco Ferrer Lima, partícipe de una reunión posterior al crimen, declaró que Alvarez solicitó a todos los funcionarios del Cuerpo de Inteligencia del Ejército que tomaron parte de los hechos, que no se dijera más que tales sucesos los había dispuesto el general Augusto Pinochet Ugarte, que él asumía toda la responsabilidad. El mismo Pinochet, en su libro Camino recorrido , intentó que la responsabilidad quedara en Alvarez al decir que la muerte de Jiménez Alfaro pudo haberla dispuesto un cabeza caliente sin remedio . El Jefe de Estado Mayor General del Ejército de la época, Enrique Morel Donoso, declaró en el proceso que: si el hecho está vinculado a la Dirección de Inteligencia del Ejército, sería producto de la iniciativa personal de su Director, Arturo Alvarez Sgolia, a quien le tengo considerado como una persona muy inteligente, pero en cierto modo carente de criterio .

El 17 de enero de 1992, ante algunos avances en las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos, Pinochet Ugarte dio una orden de comando al Auditor General del Ejército Fernando Torres Silva: debía crear el Departamento de Estudio y Planificación. Las funciones de este nuevo organismo estaban dirigidas a afinar las estrategias de defensa de los uniformados, las que incluían la posibilidad de sacar a algunos del país, encubiertas en un lenguaje que definía: analizar las situaciones procesales a que pudiera verse enfrentada la institución, desde los puntos de vista político, comunicacional y de inteligencia . La unidad se creó entre finales de 1992 y principios de 1993, destinando a ella a los abogados de la CNI que habían sido destinados a la Auditoría General.

Bajo el mando de Torres Silva estaba Enrique Ibarra, en su calidad de Jefe del Departamento IV de la Auditoría. Entre los favores concedidos están el ocultamiento de Osvaldo Romo Mena en Brasil, de Miguel Fanta Estay Reino en ese país y Paraguay, y la salida de Herrera Jiménez hacia Argentina.
A fines de 1982, Carlos Herrera Jiménez se habría reunido con Alvaro Corbalán para solicitar su reincorporación a la CNI, contándole del crimen de Tucapel. Luego de eso conversan con Gordon, quien lleva a Herrera a La Moneda, se entrevista con Augusto Pinochet y, al salir, le dice que el Presidente le envía su reconocimiento, que le felicita y que lo tendría presente en el futuro.

La presiones uniformadas
Tal como en el caso del sobreseimiento de Pinochet, antes de conocerse este fallo se reactivaron las visitas de personeros gubernamentales y uniformados a Tribunales. Ya en enero de este año, los abogados defensores de los criminales solicitaron a Muñoz declararse incompetente para dar paso a la Justicia Militar. Jorge Balmaceda Morales, Juan Carlos Manns y José Luis Sotomayor, enmarcaron su petición en las denominadas excepciones de previo y especial pronunciamiento , que contempla el Código de Procedimiento Penal, y que se refieren a la declinatoria de jurisdicción y la prescripción de la acción penal por el tiempo transcurrido desde ocurrido el delito, que se encuentran en la etapa de dictación de cargos, fase anterior a las condenas de primera instancia que serían dictadas por el magistrado. También intentaron que Muñoz declarara prescrito el crimen y detener la investigación para que los tribunales castrenses se hagan cargo del caso .

En la etapa final de la investigación el Ejército comenzó a operar de manera desesperada, los oficiales de enlace que supuestamente se preocupaban del bienestar de los procesados se dedicaban a portar antecedentes a la DINE y a Torres Silva, para rediseñar la planificación de defensa, y amenazaban a los detenidos que prestaban colaboración. Ricardo Opazo Wildner, enlace de Herrera Jiménez, lo amenazó directamente señalándole que su actitud tendría consecuencias negativas para su seguridad personal y la de su familia. La decisión de que Herrera Jiménez saliera de Chile fue tomada por Torres Silva e Ibarra, quienes cumplían así el mandato de Pinochet para ayudar a los procesados, incluida en su orden de comando de crear el Departamento de Estudio y Planificación de la Auditoría General del Ejército.

A pesar de que Juan Emilio Cheyre dice acatar las resoluciones de la Justicia, sus visitas privadas al Palacio de Tribunales son conocidas, como también su negativa a ayudar en este caso, en el que el juez tuvo que acudir a otros medios para conocer el listado de integrantes de la DINE en 1982, y en el proceso por los ejecutados y desaparecidos de Cerro Chena, donde a la jueza Cecilia Flores le ha sido negada sistemáticamente toda colaboración. En el caso del juez Mario Carroza, a cargo entre otros del proceso por la desaparición de Domingo Blanco Tarres, sus solicitudes no han sido acogidas o se le han enviado documentos irrelevantes que dilatan la etapa investigativa. Estos son sólo algunos de los casos en que las palabras del Comandante en Jefe se contrastan brutalmente con la realidad.

Quince días antes de conocerse el fallo, cuando los familiares, dirigentes sindicales y abogados querellantes aún desbordaban optimismo, un extraño incidente hizo retrasar la entrega de las penas: el computador del juez había sufrido una falla. Todo indica que, entre esa falla y el lunes 5 de agosto, algo pasó en el computador del magistrado que terminó con el optimismo reinante en el círculo cercano a Tucapel Jiménez Alfaro.