Hernández Araya Laureano Enrique

Por unanimidad de sus miembros, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el miércoles la libertad del suboficial mayor de Carabineros (r) Laureano Hernández, detenido en dependencias de la institución como uno de los autores de los delitos de homicidio calificado y secuestro calificado de nueve militantes de izquierda perpetrados en Quillota en enero de 1974.

El ex funcionario policial –conocido en Quillota como “El Loco Hernández”- fue el único de los ocho procesados en el proceso conocido como “asalto a la patrulla” que apeló al auto de procesamiento y a la vez pidió la libertad provisional ante la Corte porteña. Previamente, la ministra en visita Gabriela Corti, que instruye el sumario, le había denegado la libertad “por representar un peligro para la sociedad”.

Contrariamente a lo que había trascendido en el tribunal, los restantes procesados, todos ex oficiales y suboficiales del Ejército, se abstuvieron de presentar apelaciones o recursos ante el tribunal de alzada. Vencido el plazo para apelar, podrían en cualquier momento presentar recursos de amparo o bien pedir la libertad provisional.

Como se informó oportunamente en este sitio, la ministra en visita sometió a procesamiento la semana antepasada a siete ex militares y un ex carabinero como autores del homicidio calificado de seis prisioneros y el secuestro calificado y reiterado de otros tres hoy considerados detenidos desaparecidos: el ex alcalde Pablo Gac, el dirigente campesino Levi Arraño y el abogado de la ex CORA Rubén Cabezas.

Los procesados que se encuentran detenidos en recintos de sus respectivas instituciones, son el brigadier general (R) Francisco Pérez Egert; coronel (R) Sergio Arredondo González; coronel (R) Pedro Durcudoy Montandon; coronel (R) Daniel Walker Ramos; suboficial (R) Raúl Muñoz Gutiérrez; suboficial (R) Leonardo Quilodrán; suboficial mayor (R) Sergio Placencia Sepúlveda; y el suboficial mayor de Carabineros (R) Laureano Hernández Araya.

Defensa del ex carabinero

Durante su alegato en favor de Laureano Hernández, el abogado Florencio Hunt sostuvo que a su defendido solamente le cupo participación colateral en los crímenes, porque solamente entregó citaciones a algunos detenidos. Pero también sostuvo que Hernández actuó obedeciendo órdenes en su calidad de funcionario adscrito por su Institución a los nacientes servicios represivos de la dictadura. Igualmente afirmó que el ex carabinero cumplió funciones “movido por fuerza irresistible”, lo que constituye un eximente de responsabilidad penal.

Al conversar con “ZonaImpacto.cl”, el profesional explicó que la defensa del ex funcionario policial se basó en que “este no fue un hecho común sino está inserto en un contexto político que se vivía en un régimen de excepción, de manera que no podemos aplicar las reglas que rigen un Estado de Derecho”.

Esta circunstancia debe ser considerada al resolver el auto de procesamiento, dijo el abogado Hunt, pero también instituciones como la prescripción de delitos penales, de 15 años y la aplicación de la Ley de Amnistía. “Estos delitos están prescritos y amnistiados”, aseguró.

En cuanto a la participación de Hernández en los crímenes, Hunt aseguró que “en ningún caso amerita responsabilidad penal, porque e trata de un funcionario que obedecía a un mando. En esa época había una Junta de Gobierno y él debía acatar las órdenes de un superior, ya que de otra manera le habría significado la muerte”.

Además, aseguró que Hernández sólo participó en la citación de los posteriormente ejecutados. “No tuvo ninguna otra participación; tanto así, que aparece con irreprochable conducta anterior”.

Al cierre de la presente información, no se había informado de nuevos recursos en favor de Hernández ni de los demás procesados en esta Causa.

Uno de los seis ejecutados en el montaje montado por efectivos del Ejército el 18 de enero de 1974 no murió inmediatamente en el lugar de la masacre sino fue trasladado junto a los cinco cadáveres de sus compañeros hasta el Regimiento de Ingenieros, a donde llegó muerto. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares en ataúdes amarrados con alambres de púa y se les obligó a sepultarlos en nichos consecutivos en el Cementerio de El Mayaca, donde quedaron custodiados por militares armados, que por algún tiempo impidieron a los deudos acercarse aunque fuese para dejarles flores…

Esos son algunos de los escalofriantes detalles contenidos en la Resolución dictada por la ministra Gabriela Corti al someter a proceso a ocho uniformados en retiro como autores de los delitos de homicidio calificado de seis militantes de izquierda y el secuestro calificado y reiterado de tres dirigentes políticos: el ex alcalde Pablo Gac Espinoza (PS), el abogado y dirigente socialista Rubén Cabezas Parés y el dirigente campesino, militante del MAPU, Levi Arraño Sánchez.

La ministra Corti concurrió hasta el Segundo Juzgado del Crimen de Quillota para notificar a los abogados querellantes sobre los autos de procesamiento dictados el sábado pasado contra ocho ex uniformados implicados en la matanza. Originalmente se habló de diez procesados, porque la ministra sólo los notificó uno a uno, enviándolos detenidos a unidades del Ejército y Carabineros, pero no se dio a conocer los nombres ni cargos.

Ministra en visita

La ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gabriela Corti, ya no tiene la calidad de Ministra de Fuero para este caso, porque al ser definitivamente sobreseído el ex dictador y ex senador vitalicio Augusto Pinochet, no hay ningún querellado ni acusado con fuero especial (en este caso, parlamentario).

En tal circunstancia y como Ministra en Visita, la jueza Corti fijó como asiento para su labor, el Segundo Juzgado del Crimen de Quillota, donde se hicieron efectivas las primeras denuncias y querellas en torno a este caso.

En esta oportunidad, la ministra Gabriela Corti se reunió con todos los abogados patrocinantes de las diversas querellas acumuladas en su investigación: Héctor Salazar, Hugo Gutiérrez, Nelson Caucoto, Julia Urquieta e Hiram Villagra. A ellos se unieron ayer la abogada de Quillota Elmita Puebla, quien patrocinó las primeras demandas inmediatamente después de ocurridos los hechos, y el procurador del CODEPU, Federico Aguirre.

Los procesados

El auto de procesamiento, de sólo seis fojas –se esperaba un documento de al menos 15- no abunda en detalles sobre los hechos establecidos por la magistrada, limitándose a un escueto resumen que, sin embargo, permite confirmar muchas de las sospechas y antecedentes que manejaban tanto los familiares de las víctimas como este periodista.

Tras el detalle de las declaraciones, careos, informes y documentos tenidos a la vista, somete a proceso a Sergio Carlos Arredondo González (teniente coronel y director de la Escuela de Caballería en 1974; había llegado a fines de 1973 después de haber participado como oficial operativo en la Caravana de la Muerte), Francisco Javier Pérez Egert (entonces capitán, dirigió personalmente las “operaciones” para asesinar a las nueve víctimas), Pedro Alberto Durcudoy Montandón, Daniel Javier Walker Ramos (ambos oficiales de la Escuela de Caballería, con directa participación en los asesinatos), Leonardo Quilodrán Burgos (suboficial, uno de los más crueles represores que conoció la zona), Sergio Placencia Sepúlveda (suboficial, especializado en “inteligencia”, participó en la planificación y detenciones) Raúl Aurelio Muñoz Gutiérrez (suboficial de Ejército, participó activamente) y Laureano Enrique Hernández Araya (suboficial de Carabineros, también caracterizado por la crueldad de sus acciones represivas).

El documento detalla que los ex uniformaos ya mencionados son encausados “como autores del delito de homicidio calificado en carácter de reiterado, de Hugo Hernán Aranda Bruna, Julio Arturo Loo Pardo, Manuel Hernán Hurtado Martínez, Eduardo Manzano Cortés, Ángel Mario Díaz Castro y Víctor Enrique Fuenzalida Fuenzalida, previsto y sancionado en el Art. 391 del Código Penal, y como autores del delito de secuestro calificado, en carácter de reiterado, de Pablo Gac Espinoza, Rubén Guillermo Cabezas Parés y Levi Segundo Arraño Sancho, previsto y sancionado en el Art. 141 Inc. 4º del mismo Código”.

En una primera lectura, los párrafos antes descritos dejan de manifiesto que los seis crímenes perpetrados en el Paso bajo Nivel de San Isidro y las tres ejecuciones cometidas al interior de la Escuela de Caballería, desde donde los restos fueron hechos desaparecer, fueron consumados por los mismos uniformados.

Interrogatorios y careos

Durante sus casi dos años de indagaciones, la Ministra Corti interrogó a más de treinta testigos, imputados, sospechosos, acusados y familiares de las víctimas, muchos de los cuales son nombrados en el auto de procesamiento.

Gran responsabilidad en el éxito de las indagaciones recae sobre los detectives de Investigaciones, tanto del departamento Quinto como de la Interpol. Mientras los primeros tuvieron a su cargo un enorme cantidad de diligencias en el país, los últimos ubicaron e interrogaron testigos en diversas ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa.

La participación de algunos de los procesados era hasta ahora desconocida por los familiares de las víctimas, como los oficiales Pedro Durcudoy y Dabniel Walker y el suboficial Raúl Muñoz.

También varias de las personas que prestaron declaraciones tanto en el país como en el exterior resultan desconocidas para los familares. Tales son los casos del oficial de Ejército en retiro Mario René del Carmen Díaz Pérez, interrogado por Interpol en Estados Unidos y Ángel Rafael Muñoz Pavez, interrogado en Amsterdam, Holanda, cuya declaración quedó resguardada en cuaderno separado del expediente principal.

También se desconoce la relación de Marcelino Bugeño Bugueño, Segundo Aladino Jofré Morales, Ismael Enrique Villavicencio Carrasco y José Arnoldo Escobar Ojeda, todos declarantes en el proceso, algunos de los cuales serían militares. Como Carlos Varas Frederick, que fue oficial en la Escuela de Caballería, donde destacó como equitador.

En fojas 572 consta la declaración del civil Osvaldo Romo Mena, ex militante de izquierda que se convirtió en uno de los más crueles torturadores en los operativos y centros de reclusión en santiago, pero cuya relación con los hechos de Quillota se desconocía hasta ahora.

Sucinta relación de los hechos

La relación de los hechos establecidos por la investigación judicial es sucinta en el documento que procesa a los ocho ex uniformado. Por lo mismo, los abogados querellantes solicitaron a la Ministra en Visita tener acceso al sumario, lo que podrán hacer recién desde este viernes; es decir, un día después que venza el plazo para que los procesados apelen o interpongan algún recurso legal.

Sin embargo, obviando algunos antecedentes, revela detalles escalofriantes sobre lo acontecido en la madrugada del 18 de enero de 1974.

En documento precisa que en base a los antecedentes, interrogatorios, careos e informes acumulados, “se puede establecer” que el 17 de enero de 1974 “efectivos militares sacaron de la Cárcel Pública de Quillota a seis personas, dirigentes sindicales, todas militantes o simpatizantes de izquierda, las que fueron conducidas por éstos al Regimiento de Ingenieros Nº 2 ‘Aconcagua’ de dicha ciudad, donde quedaron detenidas; lugar al que ese mismo día se presentaron voluntariamente otras tres, también militantes de izquierda previa citación que se les hiciera en sus domicilios y lugares de trabajo por efectivos militares, esta vez vestidos de civil, quedando también detenidas, siendo estas últimas el Alcalde de la ciudad, el Fiscal de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) con asiento en la ciudad de Quillota, y el presidente del Comité de Campesinos del sector San Isidro”. Estos últimos son Pablo Gac, Rubén Cabezas y Levi Arraño, respectivamente.

 “Podría llamarse emboscada”

La relación e los hechos establecidos prosigue señalando que en las últimas horas del día 17 o primeras del 18 de enero e 1974, todos los detenidos fueron subidos a vehículos que, “en número de cuatro y fuertemente custodiados por contingente militar, los trasladarían a la Escuela de Caballería Blindada de Quillota, a la que dicha columna militar no llegó”.

La trayectoria fue interrumpida, según el documento, “debido a que al cruzar ésta por el Paso bajo nivel denominado de San Isidro, en lo que podría llamarse emboscada pues se produjeron ‘explosiones de granada’ y ‘ráfagas de metralleta’ desde ambos lados del Paso, que alcanzaron a los vehículos que la componían” se verificó después que uno de los jeeps se había incendiado.

Igualmente se comprobó que “del contingente militar sólo uno resultara con una lesión cuya naturaleza no se acreditara”.

En efecto, recordamos que el capitán Pérez Egert apareció con una mano vendada y se informó que fue el único militar herido en el “asalto extremista” e “intensa refriega con terroristas”.

Un detenido no murió de inmediato

La relación contenida en la Resolución judicial agrega que después del estallido de granadas y las ráfagas de metralleta, en cambio, entre los detenidos, “uno de ellos se encontraba herido y cinco se encontraban fallecidos a consecuencia de las múltiples lesiones provocadas en sus cuerpos por proyectiles” (las palabras en negritas han sido así resaltadas en el documento judicial).

En Quillota se supo, días después, que los protocolos de autopsias –realizadas por los doctores Oracio Bruzzone y Jorge Abde- establecieron que todos presentaban decenas de impactos de bala efectuados desde la espalda.

La Resolución de los procesamientos detalla que después del ataque con fuego graneado de los militares contra los civiles desarmados y maniatados, los cuerpos de los cinco asesinados y el herido “fueron llevados de vuelta en los mismos vehículos hacia el Regimiento del cual habían salido momentos antes, lugar desde el cual todos fueron trasladados por personal militar hacia la morgue local, por haber fallecido también el detenido que quedara herido”.

No se detalla en qué circunstancias murió la sexta víctima, la que pudo haber sido ultimada con un tiro de gracia o haber muerto en el trayecto por desangramiento o efectos de los proyectiles.

Se señala a continuación que todas estas víctimas fueron entregadas por el Gobernador Militar (coronel Ángel Torres) a sus familiares “en ataúdes cerrados y amarrados con alambres de púa, dejando al descubierto la cara de cada una de ellas para su reconocimiento, las que luego fueran sepultadas en nichos contiguos en el Cementerio local, permaneciendo dichos nichos abiertos por espacio de dos o tres días, siempre custodiados por efectivos militares, para efectos que los familiares pudieran obtener autorización de la Gobernación para su sepultación en bóvedas familiares”.

Todo lo anterior, según la Magistrado, “configura el delito de homicidio calificado, en carácter de reiterado” de los seis militantes de izquierda ya enumeraos.

Tres detenidos desaparecidos

En cuanto a los detenidos desaparecidos, el documento expresa que “los otros tres detenidos Pablo Gac Espinoza, Rubén Cabezas Parés y Levi Arraño Sancho, se vieron allí –Paso bajo nivel de San Isidro- por última vez, situación que perdura hasta hoy, por lo que desconociéndose su actual paradero queda establecido que la detención de éstos se ha prolongado por más de quince días, configurándose así el delito de secuestro calificado, en carácter de reiterado”.

El entonces capitán de Ejército Daniel Walker habría dado el "tiro de gracia" a un prisionero que quedó con vida. Los cuerpos de las nueve víctimas habían sido llevados desde el lugar de la masacre al Regimiento de Ingenieros. Según un oficial que entregó su testimonio, cuando Walker se percató que uno seguía con vida, dispuso subirlo a un jeep y llevarlo al lugar donde habían realizado el montaje del falso "asalto a la patrulla" y allí, sobre un montó de tierra, le disparó para darle muerte. Después regresaron con el cadáver al Regimiento. Hasta ahora no se sabe cuál de las víctimas fue tan fríamente ultimado por el uniformado.

Esos y otros espeluznantes detalles se encuentran establecidos -gracias a declaraciones de testigos- en el voluminoso expediente de la Causa Rol Nº 35.738 que instruye la ministra en visita Gabriela Corti por secuestro y homicidio calificado, referida al episodio mal llamado "asalto a la patrulla", que en la madrugada del 18 de enero de 1974 dejó un saldo de nueve militantes de izquierda muertos en Quillota.

Los antecedentes fluyen de una treintena de fojas del proceso, cuya fotocopia fue entregada a este medio por el hijo de una de las víctimas de la masacre.

En la ocasión, la autoridad militar realizó un montaje para dar muerte a los nueve dirigentes y luego sostener que los detenidos eran trasladados desde el Regimiento de Ingenieros a la Escuela de Caballería, y que en el trayecto la patrulla había sido asaltada por "elementos extremistas" dejando como saldo seis prisioneros muertos. Los tres restantes -el ex alcalde socialista Pablo Gac Espinoza, el abogado y dirigente socialista Rubén Cabezas Parés y el dirigente campesino Levi Arraño Sancho, del Mapu- havbrían escapado, según el bando emitido en la época.  

Todo fue planificado

De acuerdo a los antecedentes recopilados durante los dos años de indagaciones a cargo de la ministra Corti, la orden de detener a los militantes y dirigentes de izquierda Manuel Hurtado, Hugo Aranda, Arturo Loo, Eduardo Manzano, Ángel Díaz y Víctor Fuenzalida (algunos de los cuales ya se hallaban en prisión) junto a Pablo Gac y Rubén Cabezas, la habría dado el coronel Sergio Arredondo González, quien había sido jefe operativo de la "Caravana de la Muerte" -que dejó un centenar de muertos por todo Chile-, quien en la época era director de la Escuela de Caballería. Levi Arraño se habría encontrado detenido desde antes en la misma Escuela.

La masacre habría sido planificada con anterioridad, con participación -incluso- de civiles, quienes asesoraron a los militares y colaboraron apoyando las acciones.

Los nueve prisioneros fueron concentrados en la noche del 17 de enero de 1974 en el Regimiento de Ingenieros, hasta donde también fueron llegando los oficiales y suboficiales citados para esos efectos. A cargo de todo el operativo habría estado el entonces capitán Francisco Pérez Egert.

Algunos de los participantes reconocen que se les citó "sólo para colaborar en el traslado" de los prisioneros de una a otra unidad militar.

Granadas y ráfagas de metralleta

Lo que está establecido es que en el mismo Regimiento fueron separados los tres detenidos que serían dados por fugitivos de los seis restantes. Todos salieron pasada la medianoche en una caravana de cuatro vehículos que enfiló por Yungay hasta Freire y de ahí al Camino a San Isidro, que da a la Escuela de Caballería. Pero a metros del paso bajo nivel de la vía férrea, la caravana se detuvo y el capitán Pérez dispuso que bajen todos los detenidos, maniatados como se encontraban, ubicándolos a un costado de los vehículos. A cada lado del camino, unos 80 metros del lugar, efectivos militares fueron ubicados para impedir el paso de vehículos. Detrás del escenario de la masacre, un civil observaba desde la casa de su parcela, con la misión de avisar a la Escuela de Caballería apenas ésta hubiese concluido.

A la orden del capitán Pérez, se inició el estallido de granadas y las ráfagas de metralletas orientadas hacia los nueve prisioneros. Fueron escasos segundos; lo suficiente para asesinar a los nueve dirigentes e incendiar uno de los jeeps de la caravana, con lo que se pretendió hacer aparecer la masacre como un "asalto extremista a la patrulla" que transportaba detenidos.

Remoción de los cuerpos

Finalizada la balacera, el capitán Pérez ordenó levantar los cuerpos y llevarlos de vuelta al Regimiento. Allí, tras percatarse que uno de los ejecutados permanecía con vida, el entonces capitán Daniel Walker ordenó subirlo a un vehículo militar para trasladarlo personalmente al lugar donde se efectuó el montaje. Allí lo hizo ubicar sobre un montón de tierra y le habría disparado el tiro de gracia.

Devuelto el cadáver hasta el Regimiento de Ingenieros, se dispuso que los cuerpos de los tres que serían dados por fugados, fueran llevados a la Escuela de Caballería, desde donde antes de las diez de la mañana siguiente, fueron retirados por un helicóptero de la Armada para ser lanzados al mar, frente a las costas de Quintero.

Los restos de los otros seis dirigentes asesinados, fueron enviados a la morgue del Hospital de Quillota, donde los doctores Jorge Abde (ya fallecido) y Orazio Bruzzone -quien declaró ante la Ministra- les practicaron las autopsias. Posteriormente, los cadáveres fueron entregados a los familiares en ataúdes cerrados y sellados por una empresa funeraria escogida por los propios militares.

Todo este procedimiento se apartó absoluta y arbitrariamente de los que corresponden judicialmente, porque los militares levantaron los cuerpos sin esperar las pericias de Investigaciones, que debió intervenir inmediatamente en el sitio del suceso.

Todos niegan su participación

De las piezas del expediente a las que tuvieron acceso los familiares de las víctimas y ZonaImpacto.cl , fluye que cada uno de los involucrados y procesados en esta causa continúan negando sistemáticamente su participación, al parecer respetando el ya conocido "pacto de silencio". El coronel (r) Arredondo, que ordenó toda la operación, asegura haber llegado justo esa madrugada desconociendo todo lo sucedido. El entonces capitán Walker dice no haber tenido conocimiento de lo sucedido, igual que su colega Pedro Durcodoy, mientras el también capitán Pérez Egert asegura haber ido pasando casualmente por el lugar cuando fue sorprendido por el estallido de una granada, que desbarrancó su vehículo y le causó un traumatismo encéfalocraneano y graves lesiones en un brazo. Perdió el conocimiento -sostiene- y por tanto no sabe nada de lo ocurrido.

Sin embargo, la ministra Corti ha obtenido contundentes antecedentes que le permitieron establecer participación "en calidad de autores" de secuestros y homicidios calificados, de los siete ex militares y un ex carabinero a quienes sometió a proceso en julio pasado.

Ellos son los coroneles en retiro Sergio Arredondo, Francisco Pérez, Pedro Durcodoy y Daniel Walker; el mayor en retiro Raúl Muñoz; los suboficiales mayores Leonardo Quilodrán y Sergio Placencia, todos del Ejército, y el suboficial mayor en retiro de Carabineros Laureano Hernández. A excepción del coronel Arredondo, todos los procesados obtuvieron la libertad bajo fianza.

Treinta años más tarde

Al cumplirse ayer treinta años de la masacre que conmocionó -hasta ahora- la vida en la apacible ciudad de Quillota, los familiares de las víctimas se manifiestan muy acongojadas tras conocer detalles de lo sucedido, pero también algo aliviadas porque perciben que el acucioso trabajo de la Ministra en Visita está logrando acercarse decididamente al establecimiento de toda la verdad, lo que permitirá que los responsables sean sancionados.

Ayer domingo, día del trigésimo aniversario de esta cruel matanza, los familiares y organizaciones humanitarias de Quillota recordaron la fecha con una exposición audiovisual junto al Monumento a las Víctimas de Violaciones contra los Derechos Humanos, en la Plaza de Armas, y luego una "velatón" en el mismo lugar.

Sorpresivo encuentro de hijo de ex Alcalde asesinado y dos de los procesados como autores de crímenes

En la mañana del pasado miércoles 14 de enero, el profesor Pedro Pablo Gac concurrió a un local comercial de Quillota para fotocopiar parte del expediente sobre los homicidios de su padre –el ex alcalde Pablo Gac- y otros ocho militantes de izquierda, perpetrados el 18 de enero de 1974.

Había comprometido entregar dicha fotocopia a este periodista para la redacción de reportajes para este y otros medios de comunicación, con motivo del trigésimo aniversario de la masacre.  

Durante la noche y la madrugada previas, había leído una y otra vez las fojas del sumario, y aún estaba conmocionado por los espeluznantes detalles allí descritos.

Mientras una dependiente del negocio sacaba sus fotocopias, se percató con inusitada sorpresa que en otra máquina, la funcionaria a cargo, fotocopiaba idénticos escritos y partes del mismo expediente.

Tras vacilar unos minutos, preguntó a los clientes que llevaban esos documentos quiénes eran.

Momentos más tarde, aún excitado por el inusitado encuentro y en la calma de una mesa de un café, intentaba reponerse de la impresión y ordenar sus ideas.

 “Se trataba de un sujeto bajo, de bigotes, de unos 65 años, y otro más alto, algo menor –relató a ZonaImpacto.cl-. Les pregunté quiénes eran y se me presentaron, dándome la mano: uno era el suboficial en retiro del Ejército Sergio Placencia y el otro, suboficial retirado de Carabineros Laureano Hernández”.

Dos de los procesados como autores del secuestro calificado de su padre, cuya condición de desaparecido aún se mantiene. También se les procesa por el secuestro de Rubén cabezas y Levi Arraño, junto con el homicidio de otros seis militantes de izquierda.

Lo niegan todo, todo…

A Pedro Pablo Gac le impresionó sobremanera la actitud de los dos procesados.

– Se les veía demacrados, disminuidos. Nada refleja en ellos a los sujetos altaneros y prepotentes de antes, aquellos que detenían y torturaban, según tengo entendido.

¿Los conocías de antes?

– Para nada. Había escuchado sobre ellos y visto sus nombres en el auto de procesamiento. Nada más.

¿Se manifestaron humildes?

– Diría que sí, aunque más bien fueron extremadamente amables conmigo. Me relataron las funciones que dicen haber cumplido en la época de la masacre y aseguraron que no tuvieron absolutamente nada que ver con los crímenes.

¿Qué explicación tienen?

– No sé, no retuve mucho, estaba muy impresionado y además confieso que no les creí lo que decían.

¿No te parecieron sinceros?

– En realidad, se esforzaban por parecerlo; me dijeron que estaban a mis órdenes, que les gustaría volver a conversar… pero la Ministra Corti ha investigado minuciosamente por dos años, ha ido atando cabos y los procesó como autores. No tengo dudas sobre el trabajo de la Magistrado, de tal modo que debo sospechar que ellos no dicen la verdad.

¿Te pidieron perdón?

– ¡No, pues! ¡Si ellos aseguran que son inocentes! Entonces lo único que hicieron fue justificarse, argumentar que no tuvieron participación y ponerse a las órdenes de nosotros, los familiares, para “ayudarnos” a descubrir la verdad.

Pero ellos deben saberla…

– Sostienen que no saben nada de lo acontecido, que nunca se les ocurrió averiguar, que no escucharon nada, que no les correspondía investigar.

¿Ni siquiera reconocen haber tenido participación colateral?

– En ex carabinero Hernández dice que sólo actuó como chofer en varias detenciones, pero no sabe quiénes fueron los detenidos y no se acuerda el nombre de los aprehensores.

 ¿Qué sensación te queda después de esta experiencia?

– Que se trata de personas cobardes que no quieren asumir sus responsabilidades y no están dispuestos a pagar con cárcel su participación en los delitos tan graves en los que participaron. Creo que ellos estaban convencidos que jamás les caería encima la mano de la justicia y temo que hace treinta años alguien –o más de alguien- les debe haber garantizado la total y eterna impunidad. Da la impresión que ahora se sienten desconcertados, temerosos y abandonados. Quedé con la sensación que tienen miedo… mucho miedo.

Proceso estableció participación de civiles en la planificación de los homicidios

Una cantidad indeterminada de civiles participó en la planificación y ejecución de los homicidios perpetrados por militares el 18 de enero de 1974.

El expediente registra interrogatorios a varios de ellos, tanto en Chile como en el exterior; los primeros realizados directamente por la Ministra instructora y los demás, por efectivos del Departamento Quinto de Investigaciones.

Las piezas del sumario conocidas por ZonaImpacto.cl demuestran no sólo el minucioso e incansable trabajo cumplido por la magistrada Gabriela Corti sino también por los funcionarios de la policía civil, que no dejaron diligencia alguna sin cumplir.

Civiles

Un suboficial de Ejército, en su testimonio, menciona al empresario agrícola Claudio Monreal Navarro, sosteniendo que “esta persona era un ‘ayudista'del Ejército, quien presenció estos hechos, además él mismo me comentó que estaba en conocimiento con antelación de la planificación de cómo iba a ocurrir el ‘asalto a la patrulla'; a él lo prepararon para esto y le correspondió hacer la llamada telefónica a la Escuela de Caballería para informar de lo sucedido, como asimismo facilitó vehículos e incluso coordinó con la funeraria que transportó a los fallecidos. Esta es una persona mayor de edad y me ha señalado que está dispuesta a colaborar, pero está asustado”.

Al parecer, tuvo que superar el miedo, porque finalmente declaró como testigo, al igual que Osvaldo “Guatón” Romo e Ismael Villavicencio Carrasco.

El mismo suboficial dice haber reunido una serie de antecedentes sobre este episodio, “enterándome que no fue un asalto sino un ‘show' realizado por camaradas militares de esa época para eliminar a una serie de personas políticas contrarias al gobierno militar, simulando un enfrentamiento entre una patrulla militar que transportaba detenidos políticos y elementos subversivos”.

También menciona nombres de otros militares que tuvieron participación: Eladio Lara Valenzuela, René Olivares Faúndez, Carlos Retamal Salazar, René Gutiérrez Herrera. También a un carabinero: Orlando Tapia Tapia.

El general Juan Arenas Franco, en tanto, menciona a un tal “Pepe” como otro de los ayudistas de los militares: “Lo único que yo recuerdo de esa noche (la de la masacre) es que anduve de patrullaje acompañado de un civil de nombre Pepe, que era dueño de una parcela ubicada frente a la Escuela de Caballería, que facilitaba su camioneta para este tipo de diligencias”.

¿Existió la cena de delatores?

Al conocer estos detalles, junto a la demostración de que la matanza de dirigentes quillotanos fue fríamente planificada, cobra vigor la denuncia formulada hace algunos años por Pablo Cabezas Salamanca, hijo del abogado Rubén Cabezas.

Pablo Cabezas aseguró tener conocimiento de una cena “social” que se realizó días antes de este episodio, poco después de la llegada del entonces teniente coronel como Director de la Escuela de Caballería.

El nuevo jefe militar habría seleccionado un grupo de civiles que eran empresarios –especialmente agricultores- y dirigentes políticos de derecha o personas adineradas que habían engendrado odio hacia la gente de la derrocada Unidad Popular.

En esa ocasión, los asistentes habrían elaborado para Arredondo una fatídica lista de los dirigentes políticos de izquierda “más peligrosos” de la zona.

Esa habría sido la sentencia de muerte para nueve destacados dirigentes sociales de la ciudad.

Son muchos los nombres que circulan sobre los asistentes a esta reunión “social”, pero las versiones destacan la de un agricultor que fue alo ejecutivo de una empresa estatal durante el régimen de Pinochet.

Otros detenidos desaparecidos

En todos los interrogatorios a militares, la magistrado Corti no dejó de preguntarles si conocían el destino de dos detenidos desaparecidos cuyo paradero final desea establecer.

Invariablemente, todos los interrogados aseguran no tener idea ni haber escuchado antes esos nombres.

Se trata de Jorge Eduardo Villarroel Vilches, de Limache, entonces dirigente del MOPARE (organización afín al gobierno de Salvador Allende), quien fue detenido el 19 de abril de 1974 cuando se presentó en el Retén de Carabineros de San pedro, a donde había sido citado.

El segundo desaparecido es Bernardino Rodríguez Cortez, talabartero que vivía en el Cerro Mayaca, militante del Partido Comunista, detenido el 6 de marzo de 1974 al interior de una suelería de calle O'Higgins de Quillota. La detención la practicaron funcionarios de Investigaciones de Quillota, entre los que estaban el subinspector Omar Mercado y los detectives Juan González y Hugo Olivari.

Ex gobernador militar

Ha llamado la atención que el entonces Gobernador, Jefe militar de Quillota y comandante del Regimiento de Ingenieros, Ángel Custodio Torres, no haya declarado ni fue procesado. La autoridad pudo no haber participado directamente, pero al menos sería encubridor, ya que firmó el bando engañando a la comunidad con la versión del asalto extremista.

Las partes del expediente conocidas por este medio no arrojan plenas luces sobre el detalle, pero fuentes allegadas al proceso nos aseguraron que el ex gobernador está afectado por demencia total. En el expediente hay un certificado médico que acusa pérdida parcial de memoria debido a su pronunciado alcoholismo.

Las confusiones de Placencia

Una curiosidad del proceso es la afirmación inicial del suboficial mayor (r) Sergio Placencia en el sentido que el ex capitán Daniel Walker le dio el “tiro de gracia” a una de las víctimas que no murió instantáneamente.

Pero careados ambos, a Placencia le entra la duda: “Mantengo lo declarado anteriormente en lo que respecta al herido en el asalto a la patrulla que posteriormente fue rematado por un oficial en el Camino Internacional. Pero ahora viendo a mi mayor Walker no puedo precisar con certeza de que éste haya sido dicho oficial, manteniendo al respecto las dudas que expresé anteriormente; es decir, si era éste o era Jaime Bachler…”+

Pero luego enfrentado con este último oficial, nuevamente se “confunde”: “Mantengo mis anteriores declaraciones. Ahora que tengo frente a mí al Oficial Bachler no puedo decir que éste era el oficial que remató al herido. Insisto la duda persiste si era éste o el Mayor Walker y para despejar dicha duda me remito al careo que se me efectuó con este último”.

Séptimo: Que en mérito de lo razonado precedentemente, se disiente de la opinión de la Fiscal Judicial en su informe de fojas 779en cuanto a confirmar la sentencia en alzada sin modificaciones.- Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 510, 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal y lo resuelto en forma reiterada porjurisprudencia sobre la materia, se confirma la sentencia de primera instancia dictada con fecha 10 de enero de 2005 y escrita de fojas 754a fojas 766 vta. , con declaración que se condena a Sergio Placencia Sepúlveda, a Laureano Enrique Hernández Araya y a José RenéVelásquez Núñez, como coautores del delito de secuestro calificado,previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal en la persona de Jorge Eduardo Villarroel Vilches, cometido en San Pedro, Quillota a contar del día 19 de abril de 1974, a sufrir cada uno de ellos la pena corporal de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, la que lleva como accesoria la del artículo 30 del Código Penal, esto es, la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y a pagar las costas de la causa.- Igualmente, se declara que a los sentenciados se les concede el beneficio de la libertad vigilada contemplada en el artículo 15 de la Ley18.216, quienes deberán cumplir con las condiciones establecidas enel artículo 17 de dicho cuerpo legal quedando sometidos a un plazo detratamiento y observación igual al de la duración de la pena impuesta.-

Quillota / Familiares y abogados querellantes calificaron las sanciones como insuficientes y apelarán a la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Cinco oficiales en retiro del Ejército fueron condenados a penas de 3 a 6 años de presidio, como autores del delito de secuestro con grave daño cometido en contra de 9 prisioneros políticos, en el caso conocido como "Asalto a la Patrulla", hecho ocurrido el 18 de enero de 1974 en Quillota.

El fallo de primera instancia emitido por el ministro en visita, Julio Miranda Lillo, condenó a los acusados Ángel Custodio Torres Rivera, ex gobernador de Quillota y Sergio Carlos Arredondo González, ex director de la escuela de Caballería Blindada, a una pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, como autores de los delitos de secuestro agravado con grave daño en contra de las nueve víctimas.

También fueron condenados a cinco años de presidio, Francisco Javier Pérez Egert, comandante de la patrulla militar y Leonardo Quilodrán Burgos. En tanto el acusado Daniel Javier Walker Ramos fue condenado a tres años y un día.

Fueron absueltos Pedro Alberto Durcudoy Montandon, Raúl Aurelio Muñoz Gutiérrez y Laureano Enrique Hernández Araya, por no encontrarse suficientemente acreditada su participación en este proceso.

Las víctimas fueron Rubén Guillermo Cabezas Pares (abogado de la Cora), Pablo Gac Espinoza (alcalde de Quillota), Levy Segundo Arraño Sancho (dirigente campesino), cuyos cuerpos no han sido encontrados, además de las ejecuciones de Víctor Enrique Fuenzalida Fuenzalida, Manuel Hernán Hurtado Martínez, Hugo Hernán Aranda Bruna, Ángel Mario Díaz Castro, Osvaldo Mario Manzano Cortés y Arturo Julio Loo Prado.

Edda Hurtado, hija del empleado de la tesorería Manuel Hurtado, dijo que la justicia a actuado con temor y que no descarta acudir a tribunales internacionales . "Me parece que un resultado indecente, improcedente y no esperaba más. Estoy pensando llevar el caso de mi padre a la Corte Interamericana", dijo Hurtado

Quillota / Oficiales (r) del Ejército recibieron siete años de presidio como autores de secuestro con grave daño.

En fallo unánime la Corte de Apelaciones de Valparaíso, condenó a siete de años de presidio, sin beneficios, a cinco oficiales en retiro del Ejército, como autores del delito de secuestro con grave daño cometido en contra de nueve prisioneros políticos, en el caso conocido como "Asalto a la Patrulla", hecho ocurrido el 18 de enero de 1974, en Quillota

En la resolución adoptada por el tribunal de alzada porteño, en sentencia de segunda instancia, se estableció que Ángel Custodio Torres Rivera, ex gobernador de Quillota; Sergio Carlos Arredondo González, ex director de la escuela de Caballería Blindada; Francisco Javier Pérez Egert, comandante de la patrulla militar; Leonardo Quilodrán Burgos y Daniel Walker Ramos, fueron condenados a siete años de presidio, sin beneficios.

Las víctimas fueron Rubén Guillermo Cabezas Pares (abogado de la Cora), Pablo Gac Espinoza (alcalde de Quillota), Levy Segundo Arraño Sancho (dirigente campesino), cuyos cuerpos no han sido encontrados, además de las ejecuciones de Víctor Enrique Fuenzalida Fuenzalida, Manuel Hernán Hurtado Martínez, Hugo Hernán Aranda Bruna, Ángel Mario Díaz Castro, Osvaldo Mario Manzano Cortés y Arturo Julio Loo Prado.

En el fallo se estableció que los ex militares fueron condenados a 10 años y un día de presido, pero fueron beneficiados por su irreprochable conducta anterior, y no perjudicándoles agravante alguna, no se les aplicó la pena en el grado máximo, por lo que finalmente se impuso una condena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo.

En el fallo de primera instancia del octubre de 2008, dictado por el ministro en visita Julio Miranda Lillo, se había condenado a los ex uniformados a penas de entre tres a seis años de presidio.

"PENAS DESPROPORCIONADAS"

Según explicó Karinna Fernández, abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el fallo si bien aumenta la pena de los condenados en primera instancia, a 10 años, "deja demostrada la existencia de penas desproporcionadas, cuando se trata de casos seguidos por graves violaciones a los derechos humanos en el pasado, toda vez que se trata del secuestro de nueves víctimas, que permanecen actualmente desaparecidas".

Además, se revoca el beneficio de la libertad vigilada a los sentenciados Pérez Egert, Walter Ramos y Quilodrán Burgos, pues por la extensión de la pena impuesta, no procede otorgarles beneficio alternativo alguno para su cumplimiento.

Se confirmó la absolución de Pedro Alberto Durcudoy Montandon, Raúl Aurelio Muñoz Gutiérrez y Laureano Enrique Hernández Araya por no encontrarse suficientemente acreditada su participación en este proceso y a quienes se les consideró que actuaron por obediencia debida a sus superiores

Quillota / Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez calificó como inaudita la pena dictada por el Máximo Tribunal.

Como insuficiente calificaron familiares de los nueve dirigentes socialistas asesinados en el montaje denominado "Asalto a la Patrulla" en el año 1974, la pena que la Corte Suprema dictó el pasado jueves para cinco militares en retiro implicados en el caso que conmocionó a la comunidad quillotana. A 37 años de los sucesos, el hijo del aquel ex alcalde de Quillota Pablo Gac Espinoza, Pedro Pablo Gac expuso que lo único rescatable de este dictamen es el hecho de que se esclareció que las víctimas no tuvieron culpabilidad alguna en el asunto y que quedaron como "héroes de la revolución chilena".

Cabe mencionar que la pena que dictó la Corte Suprema para estos cinco militares fue de 5 años con el beneficio de libertad vigilada para Ángel Custodio Torres Rivera y Sergio Arredondo González, mientras que para Leonardo Quilodrán Burgos, Daniel Gálvez Ramos y Francisco Pérez Egert se les aplicó una pena de 4 años de presidio. En tanto, el Máximo Tribunal absolvió a Pedro Alberto Durcudoy Montandon, Raúl Aurelio Muñoz Gutiérrez y Laureano Enrique Hernández Araya, por no encontrarse acreditada su participación en este proceso.

En el hecho acontecido el 18 de enero de 1974, que tuvo lugar en el sector de San Isidro en la comuna de Quillota, los militares simularon un ataque terrorista a una patrulla de la Escuela de Caballería de Quillota, disparando por las espaldas a Pablo Gac Espinoza, ex alcalde de Quillota; Rubén Guillermo Cabezas Pares, funcionario de la Corporación de Reforma Agraria (CORA), Levy Segundo Arraño Sancho, dirigente campesino, Mario Manzano Cortés y Arturo Julio Loo Prado, dirigentes sindicales; Víctor Enrique Fuenzalida Fuenzalida, directivo de la Reforma Agraria; Manuel Hernán Hurtado Martínez, funcionario de Tesorería; el dirigente vecinal Hugo Hernán Aranda Bruna y Ángel Mario Díaz Castro, dirigente agrícola.

CONDENA SIMBÓLICA

Para el hijo de ex alcalde de Quillota, la condena que la Corte Suprema es un simple acto simbólico, ya que para él, en casos como el Asalto a la Patrulla no existe una condena apropiada, ya que la gravedad de los hechos es inmensamente superior a cualquier tipo de castigo que pueda aplicar la justicia.

Por otro lado, dijo que el hecho de que la Justicia haya sentenciado una pena 37 años después de ocurridos los hechos es lamentable. En este sentido, Gac aseveró que "La Justicia chilena actúa de acuerdo a los vaivenes del país. Se perdieron 16 años por razones que no vale la pena ahondar, lo lamentable aquí es que se perdieron 20 años más".

En tanto, el hijo del ex funcionario de la CORA Rubén Cabezas, Pablo Cabezas, declaró que el falló en este caso era algo "esperable" considerando el comportamiento del Máximo Tribunal en los últimos días. Pese a ello, valoró que tras casi 20 años de abierto el caso, se logró dar con la verdad y sentenciar a los militares como reales culpables más allá de la pena que éstos recibieron.

PENA "INAUDITA"

Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez, quien como abogado se desempeñó en los años 90 como querellante en varias causas de Derechos Humanos, calificó como "inaudita" la pena aplicada por el Máximo Tribunal en este caso, argumentando que la baja condena solo causará un nuevo daño a los familiares de las víctimas, y planteó que con estos hechos queda demostrado que no existe un Estado comprometido con los casos de DD.HH.

El diputado comunista explicó que la investigación careció de rigurosidad, ya que los otros implicados en el caso (Durcudoy, Muñoz y Hernández), no fueron sentenciados por no haber sido autores materiales del crimen, sin haber considerado su participación intelectual.