Haase Mazzei Nelson Edgardo

José Adolfo Paredes Márquez fue sometido a proceso como uno de los autores materiales del crimen del Víctor Jara. Su declaración dejó al descubierto la participación de quienes estaban al mando del pelotón. Haase, posteriormente, fue miembro de la DINA y a pesar de las imputaciones niega haber pisado el Estadio Chile.

Por primera vez, se sometió a proceso como autor material de homicidio a una persona que confesó haber sido uno de los fusileros que lo acribilló el 15 de septiembre de 1973.

Pero también, quedó claro que tras este paso, viene otro tan o más decisivo que este: identificar al oficial que dio la orden de muerte.

Las últimas diligencias realizadas por la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI permitieron ir sustentando la nueva tesis de que el cantante y actor fue ultimado en el interior del Estadio Chile.

También, se estaría comprobando que en el hecho participó un contingente del Regimiento de Ingenieros Tejas Verdes, con asiento en San Antonio, Región de Valparaíso, que estaba al mando de Nelson Edgardo Haase Mazzei, como teniente y Pedro Barrientos, como subteniente.

El nombre de Haase es absolutamente nuevo en la retina de todos los actores que hasta hoy participan como querellantes en este caso.

Se trata de un oficial que, trascendió, tenía una férrea doctrina de mando durante esos días, la que se vio reflejada en su ascendente carrera que lo llevó a integrar, al año siguiente, la primera camada de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA (ver nota).

La semana pasada, tras haber interrogado a varios de los ex conscriptos que estuvieron en el Regimiento de Tejas Verdes, cumpliendo el servicio militar, la policía dio con el testimonio de José Adolfo Paredes Márquez (54).

Ante los detectives reconoció haber formado parte del pelotón que fusiló a Víctor Jara. Cuando los policías lo llevaron para que declarara lo mismo ante el juez Juan Fuentes Belmar, el hombre titubeó, pero mantuvo su decisión, junto con dar varios nombres de compañeros de arma de ese momento.

Tras quedar detenido e incomunicado ese día -tal como lo adelantó La Nación en su edición de ayer , el ex soldado se reasentó ayer, nuevamente, ante el juez con la intención de retractarse.

La incomunicación es una medida del viejo sistema procesal penal que quedó anulada con la nueva justicia, por considerar que vulnera garantías de los imputados.

Durante cinco días, el ex conscripto no tuvo ningún contacto con el exterior ni con su familia; no tuvo derecho a asearse en una ducha ni tuvo entretención de ningún tipo.

Solo en la celda de aislamiento de la Cárcel de Alta Seguridad, el hombre volvió a enfrentar al juez con la intención de retractarse.

Entre llantos, Paredes expuso esto ante Fuentes, sin embargo, la decisión del magistrado no varió: lo sometió a proceso, pero levantó la incomunicación.

Junto con Paredes, también estuvo detenido otro conscripto. Pero finalmente, Francisco Quiroz Quiroz (55), corrió con otra suerte porque el juez lo dejó en libertad por falta de antecedentes.

Otros dos ex conscriptos concurrieron al tribunal para entregar su testimonio. Uno de ellos, Carlos Espinoza, negó haber formado parte de ese destacamento, pero confirmó que fueron dos secciones de la Segunda Compañía de Tejas Verdes las que estuvieron destinadas a labores de custodia de prisioneros en el Estadio Chile.

"Yo no participé en eso. Todos conocíamos a Víctor Jara y escuchamos que estaba allí. Pero nosotros no fuimos".

A su paso desde el despacho privado del juez (en el cuarto piso del Palacio de Tribunales) hasta el calabozo del tribunal (en el subterráneo), Paredes confirmó que formó parte de ese tribunal.

"Yo era un simple pelao, los altos mandos son los responsables". El ex conscripto confirmó que había entregado el nombre de sus superiores jerárquicos.

Uno de esos nombres, el de Haase Mazzei, es el que capta en estas horas la atención, tanto del tribunal como de la policía.

Al terminar su jornada, el magistrado confirmó que "se decretaron varias diligencias para recabar más antecedentes, pero no puedo pronunciarme sobre el contenido".

Sin embargo, fuentes consultadas por La Nación confirmaron que una de las órdenes de investigar corresponde a determinar la participación del ex teniente en los hechos que se están configurando.

El abogado querellante, Nelson Caucoto, dijo que "donde hubo acción de un conscripto hay la orden de un oficial y deben ser tratados con el máximo rigor de la ley, porque los soldados solo fueron la carne de cañón".

El profesional valoró la colaboración de los conscriptos y aseguró que "ellos son la clave para identificar a los autores intelectuales e insisto en un llamado para que colaboren. Nosotros no los hemos perseguido, no nos interesa, prueba de ello son los caso de Paine donde se procesó a los altos mandos y no a los de más bajo rango".

En las próximas horas se determinará si Haase fue quien dio la orden y si finalmente cumple o no con la descripción del llamado "Príncipe".

Buenas razones debió tener el ex director de la DINA, Manuel "Mamo" Contreras, para integrar en el primer equipo de agentes del organismo represivo a Nelson Edgardo Haase Mazzei.

Su paso por el Estadio Chile y las acciones que hoy está revelando uno de los conscriptos que estuvo bajo su mando en los minutos finales de Víctor Jara eran desconocidos hasta hoy.

Haase era oficial desde 1967 y se integró en 1972 al Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes, cuyo comandante era el Mamo.

Tras el golpe militar, el entonces coronel Contreras formó la Escuela de Inteligencia, que se transformó en la cuna de lo que a finales de 1973 sería la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).

En las listas aparece en la conformación del estado mayor de dicho organismo, entre 1973 y 1975. Su nivel de aprecio por parte de Contreras se habría visto reflejado cuando lo nombró jefe de la Brigada Ongolmo, que cumplió algunas labores operativas reconocidas en los procesos que instruyen otros jueces.

También se habría manifestado cuando su nombre apareció como socio de la empresa Pedro Diet Lobos que, según las informaciones reunidas en algunos procesos judiciales, operó como una de las empresas de papel con que la DINA encubría actividades ilícitas, tanto en Chile como en el extranjero, para obtener y mover millonarias sumas para financiar las actividades del organismo.

"Arrogante, prepotente y despiadado" son algunos de las características que describen algunos ex prisioneros en el Informe Rettig.

Consultado en el pasillo del Palacio de Tribunales, por La Nación, si estando en el pelotón que ultimó a Víctor Jara, Nelson Haase Mazzei era quien daba las órdenes, José Paredes Márquez, albañil y obrero de la construcción, asintió con su cabeza afirmativamente.

Hasse nació el 6 de julio de 1946. Actualmente tiene 62 años y vive en Las Condes.

En la actualidad figura con dos empresas de su propiedad denominada Muebles y Decoraciones Haase Limitada y Proyexim S.A.

En una conversación telefónica con La Nación, Haase desmiente siquiera haber pisado el Estadio Chile.

-Algunos conscriptos lo mencionan a usted como quien dio la orden de asesinar a Víctor Jara en el Estadio Chile.

-Yo nunca estuve en el Estadio Chile y no conozco a ese caballero (Víctor Jara).

-Pero usted sí fue oficial del Ejército.

– Sí, estuve en el Ejército.

-¿Y estuvo en Tejas Verdes?

-Yo he estado en muchas partes.

-¿Y en el Estadio Chile?

-Yo nunca he estado ahí. No lo conozco. Ni siquiera me gusta el fútbol.

-No me refiero al estadio como recinto deportivo, sino de prisioneros.

-Nunca estuve ahí.

-¿Por qué cree que estos conscriptos lo señalan a usted?

-No tengo idea de lo que me habla.

-¿Dónde estaba usted el 15 de septiembre de 1973?

-En el sur.

-¿En qué parte del sur?

-Eso a usted no le importa.

-Seguramente será citado a declarar

-Mire, no sé por qué estoy hablando esto con usted, pero responderé a quien corresponda si es una llamada oficial.

Por unanimidad, la Novela Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el procesamiento del ex conscripto José Paredes Márquez, uno de los autores del homicidio del cantautor Víctor Jara.

Esta mañana, la sala del tribunal de alzada capitalino, compuesta por los jueces Emilio Elgueta y Mario Carroza escucharon los alegatos del abogado de la familia del asesinado artista, Nelson Caucoto, y de la representante del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, Karina Fernández.  

Ambos juristas coincidieron en la necesidad de esclarecer la responsabilidad de los oficiales que dieron la orden de acribillar a Víctor Jara, punto que falta por dilucidar tras el encausamiento de Paredes por parte del ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar.  

Paredes es un ex conscripto que al momento del crimen, el 15 de septiembre de 1973, formaba parte de un contingente del regimiento Tejas Verdes y tomó parte del pelotón de fusileros que acribilló al emblemático cantante.  

En la misma resolución de la Novena Sala se determinó mantener en prisión preventiva a Paredes en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), mismo recinto donde permanece desde el viernes pasado.  

A los alegatos de hoy se ausentó el abogado defensor del procesado, quien por el sistema de turno fue designado para representar los derechos constitucionales de Paredes

Por un momento José Paredes Márquez (54) volvió a tener 18 años. El ex conscripto que fue procesado como uno de los fusileros que mató a Víctor Jara recorrió con detectives de DDHH y junto al propio ministro de fuero Juan Fuentes Belmar, los fríos pasillos del ex Estadio Chile, y le mostró cómo se asesinó al cantante, compositor y actor.

La diligencia no fue una reconstitución de escena como tal. Pero lo extenso y sorprendente del relato llevó a que el propio detenido mostrara los pasillos que recorrió el cantante, el lugar dónde estaban los oficiales y finalmente recreara el momento en que se abrió fuego sobre el cuerpo machacado del artista.

Fuentes contó a La Nación que la visita al recinto, que hoy lleva el nombre del autor de "El derecho de vivir", se hizo el mismo viernes 22 de mayo, día en que Paredes fue presentado al juez por parte del equipo de la Jefatura Nacional de Delitos Contra los DDHH.

El ex conscripto contó que ese 15 de septiembre de 1973, llegó una orden para separar a varias personas que se encontraban en la fila de prisioneros que esperaban ser embarcados en un camión para ser llevados, posteriormente, al Estadio Nacional. Entre los segregados estaba Víctor Jara. Dijo que iba junto a otro conscripto (Francisco Quiroz Quiroz) bajo la orden del subteniente Pedro Barrientos. Lo llevaron hasta uno de los camarines del edificio deportivo, donde los esperaba el teniente Nelson Haase Mazzei, a la postre, oficial de mayor rango de lo que se convertiría en el patíbulo de Víctor. En presencia de este último, Barrientos y, al menos, otros tres conscriptos, se desató la barbarie en que Paredes dice haber visto cómo el subteniente descarga un balazo en el parietal derecho de Víctor Jara y, luego, con la anuencia de Haase, se ordena que los conscriptos terminaran la sesión descargando sus municiones sobre el cuerpo del cantor popular.

Después, lo sabido: Paredes fue sometido a proceso como uno de los autores materiales,

A la espera de determinar la responsabilidad de Haase Mazzei como oficial superior.

El ex teniente del grupo declaró hace unas semanas sobre el tema, pero al igual como señaló el martes, al ser consultado por este diario, negó estar en el lugar. Quiroz, el otro conscripto, también niega la versión de Paredes.

El coronel (R) Nelson Haase era el teniente de mayor rango en septiembre de 1973. Se investiga si estaba a cargo de la sección de la Segunda Compañía del Regimiento de Tejas Verdes que llegó después del golpe militar al Estadio Chile. Ayer, el juez Juan Fuentes Belmar lo interrogó por tercera vez durante más de dos horas.

Hace dos semanas que el coronel (R) del Ejército, Nelson Haase Mazzei, no puede salir del país.

El ministro Juan Fuentes Belmar, quien investiga el crimen de Víctor Jara, ocurrido el 15 de septiembre de 1973, en el ex Estadio Chile, le dictó una orden de arraigo en su contra.

Durante el tiempo en que ocurrió el crimen, el entonces teniente estuvo al mando de una de las secciones de la Segunda Compañía del Regimiento de Ingenieros Tejas Verdes.

Dicha unidad castrense custodió a los prisioneros que fueron trasladados hasta ese recinto, tras el golpe militar.

La restricción fue dictada hace dos semanas por el juez, tras la primera declaración judicial que prestó ante el magistrado y tiene una vigencia inicial de 60 días.

Y no es todo, porque Haase también ha debido enfrentar cara a cara al ex conscripto José Paredes Márquez.

El juez Fuentes los sometió a un careo, que se efectuó en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, donde confrontó las versiones de ambos.

En ese lugar, Paredes Márquez se encuentra en prisión preventiva, desde mayo pasado, cuando el magistrado lo procesó como uno de los autores materiales del homicidio del cantautor.

Según los antecedentes reunidos en la indagación, Haase encabezó el contingente de 60 hombres que envió Manuel Contreras desde el Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes a la capital, tras el golpe militar, en 1973.

El mismo Paredes, en su confesión, lo identificó como el jefe de la segunda sección, de la segunda compañía de dicha unidad militar y como el oficial de mayor rango la noche en que el cantante habría sido asesinado por el disparo de un oficial en uno de los camarines del recinto deportivo.

Tan activa han estado las diligencias respecto a los oficiales responsables de los conscriptos, que ayer Nelson Haase prestó una nueva y larga declaración ante el juez Fuentes Belmar.

El magistrado lo interrogó desde las 10:30 horas hasta pasadas las 12:30 horas, en su despacho del Palacio de Tribunales.

Al ser consultado por La Nación, el 26 de mayo pasado, cuando su nombre apareció en la investigación judicial, el ex teniente negó toda participación en el asesinato del cantautor y aseguró que en esa fecha se encontraba en el sur del país.

También aseguró, en esa oportunidad, que no conocía a Paredes Márquez.

Tras su paso por Tejas Verdes, en 1974, Haase integró la primera camada de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y figura en los informes como uno de los encargados de la estructura financiera del organismo represivo.

A casi cuatro meses de conmemorarse 36 años de la muerte del destacado folclorista chileno, el tesón de su viuda Joan Turner y de sus hijas, logró que la investigación judicial llegara al punto que se creía imposible: individualizar al grupo de oficiales y conscriptos que perpetraron el asesinato. Las confesiones de los involucrados, entre ellos un conscripto que participó en forma directa en el crimen, permiten conocer las estremecedoras últimas horas de vida de Víctor Jara y la forma en cómo lo mataron en uno de los camarines del subterráneo del Estadio Chile. También la historia nunca antes contada de cómo se rescató su cuerpo desde la Morgue. Junto al artista, fueron acribilladas otras 15 personas, entre los que se encontraba el ex Director de Prisiones, Litre Quiroga. Los detalles del homicidio fueron recabados en la presente investigación de CIPER.

El caos, la incertidumbre y el miedo que reinaron en el país durante los primeros días tras el golpe militar de 1973 parecían, hasta ahora, haberse conjugado de manera perfecta para que el asesinato del destacado folclorista Víctor Jara siguiera siendo un enigma judicial, llevando incluso al juez que instruye el proceso, Juan Eduardo Fuentes, a cerrar el caso a mediados del año pasado, con un solo procesado como responsable del crimen: el comandante (r) César Manríquez Bravo, jefe del improvisado campo de prisioneros que se instaló en el Estadio Chile a partir del 12 de septiembre de ese año.

La decisión del magistrado fue cuestionada por los querellantes del caso, quienes incluso obtuvieron el respaldo del entonces subsecretario del Interior Felipe Harboe, para pedir la reapertura de la investigación, llamado al que se sumaron varios parlamentarios de la Concertación. La urgencia por revocar la decisión de Fuentes fue tal que incluso la autoridad gubernamental se sumó al emplazamiento público que hizo la viuda del artista, Joan Turner, para que cualquiera de las cerca de 6.000 personas que pasaron por el recinto deportivo en esa fecha (entre detenidos y uniformados), que pudiera tener antecedentes del asesinato se acercara a entregarlos, incluso, bajo la más estricta reserva.

Nelson Caucoto, abogado de la familia Jara Turner, relata que se recibieron muchas colaboraciones que podían aportar a esclarecer el homicidio, lo cual le permitió presentar un escrito solicitando más de 90 nuevas diligencias al juez. Y Juan Eduardo Fuentes reabrió el caso.

Sin embargo, ninguno de estos datos entregó pistas concretas para llegar a los responsables del crimen, cuyas identidades quedaron bajo el secreto de un grupo reducido de oficiales y conscriptos que estuvieron a cargo de interrogar a los detenidos en los camarines ubicados en los subterráneos del Estadio Chile. Fue la exhaustiva búsqueda de los conscriptos de distintos regimientos que estuvieron después del golpe en el Estadio Chile, la que terminó por dar las pistas de quienes fueron los uniformados que ultimaron con ráfagas de fusil a los cerca de 15 detenidos -entre ellos Víctor Jara- que fueron apartados de los restantes prisioneros al producirse su traslado al Estadio Nacional, entre el 16 y 17 de septiembre de 1973.

Las primeras horas del final

En la madrugada del 11 de septiembre de 1973, personal de varios Regimientos militares ubicados en regiones se trasladaron a Santiago, bajo la excusa de realizar los preparativos de la Parada Militar, para conmemorar el día de las Glorias del Ejército. Así arribaron a Santiago las unidades de La Serena y el Maipo, las que se constituyeron en el Regimiento Tacna. Otros efectivos provenientes de Calama y de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes – comandada por el coronel Manuel Contreras Sepúlveda, quien a los pocos días iniciaría la organización de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)- lo hicieron en las dependencias de Arsenales de Guerra.

Cerca de las cinco de la mañana de ese día, las tropas apostadas en esta última repartición fueron informadas del golpe de Estado, bajo la arenga del teniente Pedro Barrientos, quien los emplazó a participar en la toma del territorio capitalino bajo la premisa que en esa misión no habían rangos, que todos eran importantes en ese crucial y patriótico acontecimiento. El episodio ha sido relatado en las declaraciones judiciales de varios conscriptos de los regimientos Maipo y Tejas Verdes que llegaron desde la Quinta Región.

Tras el bombardeo a La Moneda y la muerte de Salvador Allende, cerca de 600 estudiantes y profesores se amotinaron en la Universidad Técnica del Estado (UTE, actual USACH) para resistir la ocupación militar. Sin llegar a producirse enfrentamientos, ya que casi no tenían armas, fue muy poco el tiempo durante el cual pudieron oponerse a la entrada de los uniformados.

Pasadas las dos de la tarde del 12 de septiembre comenzó el desalojo de los académicos y alumnos. Entre escenas de gran violencia y dramatismo fueron detenidos y trasladados al Estadio Chile. En ese grupo se encontraba Víctor Jara Martínez, profesor de esa casa de estudios. El procedimiento fue dirigido por el entonces capitán Marcelo Moren Brito, quien luego se transformaría en uno de los más temidos agentes operativos de la DINA. Al momento de ingresar al Estadio Chile, convertido en campo de prisioneros, a los detenidos se les quitaban sus especies de valor, se les anotaba su nombre y filiación política.

Antes de ello, durante la tarde del 11 de septiembre, después de encargarse del funeral de Salvador Allende, el comandante César Manríquez fue encomendado por el general Arturo Viveros -jefe del Comando de Apoyo Logístico y Administrativo del Ejército (CAE)- para crear el primer recinto de detención que se debía instalar en el Estadio Chile. A la mañana siguiente, Manríquez se constituyó en el recinto. Poco después comenzaron a llegar los miles de detenidos que arribaban en buses de la locomoción colectiva y camiones del Ejército.

Según las propias declaraciones de Manríquez que, hasta ahora, era el único procesado en el caso, lo ocurrido al interior del recinto deportivo –construido sólo cuatro años antes de los hechos- era un escenario “dantesco” debido a la gran cantidad de prisioneros (5.600, según sus cálculos). El ex uniformado asegura que sólo contó con personal de apoyo del CAE para custodiar el recinto, pero que en los subterráneos del edificio se constituyeron oficiales de Inteligencia de las distintas Fuerzas Armadas, cuyas identidades desconocía, ya que no habrían estado bajo su mando.

Esa es la razón con la que justificó haber montado una escena de terror para amedrentar a los detenidos. Colocó dos ametralladoras punto 50 –usadas en la Segunda Guerra Mundial- en los balcones del edificio, las que eran publicitadas por los parlantes como las “sierras de Hitler, capaz de partir a una persona en dos”. En el segundo piso también se instalaron potentes focos de luz, que permanecían encendidos día y noche, provocando que todos los que permanecieron al interior del Estadio perdieran la noción del tiempo.

Los primeros días de encierro fueron caóticos, ya que incluso se reventaron algunos alcantarillados, generando problemas de insalubridad. Tampoco tenían alimentos ni para los soldados ni menos para los prisioneros. La escasez de comida incluso provocó que los mismos militares saquearan negocios aledaños al recinto. Sólo al cuarto día, el 16 de septiembre, se recibieron algunas raciones para los soldados, según declaró el capitán David González Toro, encargado de abastecimiento del recinto.

Se desconoce la hora a la que ese miércoles 12 de septiembre arribaron los miembros de los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Lo que sí se sabe es que, tras su llegada, comenzaron a interrogar a los detenidos. Todo se anotaba en una ficha previamente confeccionada, donde se consignaba el nombre, la cédula de identidad, domicilio, filiación política, antecedentes de la detención y observaciones. En la parte inferior del documento, se añadía un pronunciamiento del interrogador en el que debía calificarlo como prisionero bajo las siguientes premisas: ley de control de armas, marxista o comunista y sobre la necesidad o no de someterlo a Consejo de Guerra.

Según diversos testigos que han declarado en el caso, previo al traslado al Estadio Nacional hubo muchos hechos de violencia en contra de los prisioneros. Se ha determinado que al menos tres personas habrían perdido la vida en las graderías del recinto. Una persona de contextura pequeña y delgada que muchos confundieron con un niño y que en un acto de desesperación se abalanzó sobre un conscripto, quien reaccionó descargando una ráfaga en su abdomen. Según testimonios, el comandante Manríquez felicitó al soldado por su “heroica labor”. Otro prisionero se lanzó del segundo piso gritando ¡Viva Allende!, mientras que un hombre joven fue muerto a golpes de culata en su cabeza por haberse negado a cumplir órdenes de los militares.

A esta cifra se suman otras 15 personas que habrían sido acribilladas junto a Víctor Jara en los subterráneos del Estadio, según la confesión del primer hombre en ser individualizado por la justicia como uno de los autores del asesinato del destacado folclorista.

Los hombres de Tejas Verdes

En sus declaraciones, todos los conscriptos que viajaron desde la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes (dirigida entonces por el coronel Manuel Contreras) a Arsenales de Guerra, en Santiago, coinciden en que las tropas venían bajo el mando del capitán Germán Montero Valenzuela, sumando un contingente de aproximadamente un centenar de soldados y una veintena de oficiales.

El 12 de septiembre, al llegar al Estadio Chile, el contingente quedó a cargo del comandante Mario Manríquez. Entre los oficiales que participaron en esta misión, los conscriptos mencionan a los tenientes Nelson Haase y Rodrigo Rodríguez Fuschloger, y a un subteniente que tendrá un papel decisivo en el asesinato de Víctor Jara.

La primera confesión que obtuvo el juez Fuentes sobre el crimen fue la del ex conscripto José Alfonso Paredes Márquez (55 años). El entonces joven de 18 años llegó a Santiago durante la madrugada del 11 de septiembre de 1973, proveniente de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, donde desde abril de ese año realizaba su servicio militar.

Durante el día en que la vida de los chilenos se partió en dos, su sección fue enviada, al mando del teniente Pedro Barrientos, a custodiar el camino Padre Hurtado. Paredes dice haber sido una suerte de guardaespaldas del teniente Barrientos.

Al mediodía del 12 de septiembre, el contingente se trasladó, primero a Arsenales de Guerra y luego a la Universidad Técnica (actual USACH). Allí, pasadas las dos de la tarde, procedieron a trasladar a los detenidos al Estadio Chile. El mencionado oficial, junto a Paredes, acompañaron a bordo de un jeep la caravana de buses de la locomoción colectiva que trasladaron a los prisioneros. Una vez la misión cumplida, regresaron a Arsenales de Guerra.

El 16 de septiembre, cerca de las 18:00 horas, el escuadrón de militares llegó hasta el Estadio Chile, donde se presentaron ante un oficial de rango superior cuya identidad desconoce, quien les ordenó vigilar las casetas de transmisión del recinto. Y en el interior del Estadio, los otros conscriptos comentaban que ahí estaban detenidos el Director de Prisiones, Litre Quiroga; el cantautor Víctor Jara y el Director de Investigaciones, Eduardo “Coco” Paredes.

Siempre según la confesión de Paredes, al día siguiente fue enviado al sector del subterráneo. Y permaneció como centinela en la puerta de uno de los camarines destinados a los detenidos. En ese camarín había 5 ó 6 oficiales de otros regimientos, con tenida de combate, cuya identidad desconoce. Los vio escribir en unos papeles los datos que le respondía un detenido al que observó sentado frente a un escritorio. En otro ángulo del camarín, Paredes vio a otros prisioneros mirando hacia la pared.

Unas horas después, llegaron a la habitación el teniente Barrientos y el subteniente que bajo las órdenes de Haase y Rodríguez estaba a cargo de los conscriptos. Traían a un detenido. Fue entonces que dice haber sido llamado, junto al conscripto Francisco Quiroz Quiroz (55 años), y que se les comunicó que el detenido era Víctor Jara. El grupo lo comenzó a insultar por su condición de comunista. Paredes lo miró y lo reconoció. Víctor Jara quedó allí, en ese camarín, custodiado por Quiroz.

Más tarde, recordará el principal testigo, el teniente Barrientos lo mandó nuevamente al subterráneo, al mismo camarín. Pero esta vez Paredes no encontró a nadie: ni interrogadores ni detenidos y tampoco a Víctor Jara. Pasaron las horas hasta que Paredes vio nuevamente llegar a los oficiales interrogadores. La orden fue precisa: traer a los detenidos que figuraban en una lista que uno de los oficiales le entregó a un cabo. Y nuevamente el mismo procedimiento: interrogatorio y las anotaciones en cada una de las fichas.

Y llegó la noche. Paredes se encontraba de centinela en el mismo camarín del subterráneo cuando observó el ingresó de unos quince detenidos. Y entre ellos reconoció a Víctor Jara y también a Litre Quiroga. Ambos fueron lanzados contra la pared. Detrás de los prisioneros, Paredes vio llegar al teniente Nelson Haase y al subteniente que también estaba a cargo de los conscriptos. Y fue testigo del minuto preciso en que el mismo subteniente comenzó a jugar a la ruleta rusa con su revólver apoyado en la sien del cantautor. De allí salió el primer tiro mortal que impactó en su cráneo.

El cuerpo de Víctor Jara cayó al suelo de costado. Paredes observó cómo se convulsionaba. Y escuchó al subteniente ordenarle a él y a los otros conscriptos que descargaran ráfagas de fusiles en el cuerpo del artista. La orden se cumplió. Todo lo que ocurrió fue presenciado por Nelson Haase, quien se encontraba sentado detrás del escritorio de interrogación. Según el protocolo de autopsia, el cuerpo del cantautor tenía aproximadamente 44 impactos de bala en su cuerpo.

Pocos minutos después, el mismo subteniente que le disparó en la cabeza solicitó el retiro del cuerpo. Llegaron unos enfermeros con camilla, lo levantaron y metieron al interior de una bolsa y luego lo cargaron hasta la parte trasera de un vehículo militar estacionado en el patio del recinto, al costado nororiente.

No fue fácil para José Alfonso Paredes Márquez confesar ante el juez lo que vio y protagonizó. Primero fue renuente a reconocer su real participación en los hechos. Y finalmente se quebró, empezó su relato y ya no paró. Este obrero de la construcción que fabrica casas en la zona del litoral central, reveló haber guardado el secreto durante casi 36 años, sin siquiera habérselo contado a su mujer. También hizo una aclaración ante el juez: durante los días posteriores al golpe, y como trabajaban casi 24 horas al día, la oficialidad les entregaba estimulantes para evitar el sueño y el hambre, por lo cual su relato podía no ser exacto en las fechas.

Lo que Paredes y otros conscriptos sí recordaron fue lo que pasó luego que el cuerpo de Víctor Jara desapareció del camarín. Los otros 14 detenidos que venían con el cantautor y director teatral fueron acribillados con fusiles percutados por los propios conscriptos y oficiales presentes. Entre las víctimas cayó asesinado Litre Quiroga. Sus cuerpos también fueron cargados en el mismo vehículo. Poco después y al amparo de la noche, todos ellos fueron abandonados en la vía pública.

El último vía crucis de Víctor Jara

Durante la reconstitución de los hechos, los testigos pudieron recrear el miedo y el caos reinante en el Estadio Chile, clima al que tampoco escapaban. Escenas que enlazadas permiten reconstruir en forma difusa las últimas horas de vida de Víctor Jara y en las que aparecen nuevamente personajes ya conocidos.

Durante sus cuatro días de cautiverio, Jara fue reconocido por un oficial de Ejército que se hacía llamar “El Príncipe”. Otros testigos señalan que ese reconocimiento lo hizo un militar que no coincide con las características del mítico personaje del Estado Chile (ver recuadro), quien fue descrito como de una estura superior a 1.80 metros, rubio, de tez blanca, cara redondeada y de contextura atlética.

En lo que sí coinciden los testimonios de los prisioneros es en que Víctor Jara fue interrogado al menos dos veces en los camarines del recinto, ubicados en la zona nororiente del subterráneo. Allí fue sometido a diversas torturas, entre ellas la fractura de sus manos a golpes de culata.

Tras la segunda de esas sesiones, Víctor Jara logró acercarse a personas que habían sido detenidas en la UTE, quienes lo limpiaron y trataron de cambiar su aspecto cubriéndolo con una chaqueta azul y cortándole su pelo negro rizado con un cortaúñas. Los últimos detenidos que lo vieron con vida han dicho que estaba muy golpeado, con la cara hinchada y sus manos fracturadas. Muchos coinciden en que durante el traslado al Estadio Nacional, que duró muchas horas, su cuerpo sin vida fue visto en el hall del recinto, junto a otros cadáveres.

Se estima que el cuerpo de Víctor Jara fue encontrado el 17 de septiembre en las afueras del Cementerio Metropolitano, por funcionarios de la Primera Comisaría de Carabineros de Renca, quienes lo trasladaron como N.N. al Instituto Médico Legal.

Un funeral sin flores y en silencio

En los últimos meses de la investigación se han rescatado reveladores testimonios inéditos que ayudan a entender por qué, a diferencia de los otros prisioneros asesinados en el Estadio Chile, el cuerpo de Víctor Jara fue encontrado por su familia y pudo ser enterrado de manera clandestina en el Cementerio General.

Después de guardar silencio durante 35 años, Héctor Herrera Olguín, ex funcionario del Registro Civil y quien actualmente reside en Francia, relató ante el ministro Juan Eduardo Fuentes lo que vivió en esos días. Herrera explicó que el 15 de septiembre de 1973, el oficial designado como director interino del Registro Civil lo envió en comisión de servicio al Instituto Médico Legal (IML), lugar en donde se le ordenó medir, tomar las características físicas y las huellas de los cuerpos apostados en el estacionamiento del recinto.

Herrera calcula que había unos 300 muertos apostados en ese lugar, entre los cuales vio niños y mujeres. Unos veinticinco estaban rapados. Todos eran jóvenes. Le dijeron que correspondían a extranjeros. Durante todo el día Herrera vio llegar camiones del Ejército con más cuerpos. Y cada vez los mismos movimientos: los conscriptos los tiraban al suelo al interior del estacionamiento y luego, con algo más de delicadeza, funcionarios del IML los recogían y los apilaban en distintas partes de ese sector.

La investigación deberá determinar la fecha exacta en que fue asesinado Víctor Jara. Pero lo cierto es que el ex funcionario del Registro Civil recordó ante el juez que el 16 de septiembre, alrededor de las 9.00 horas, una persona a la que identifica como “Kiko”, oriundo de Chiloé, le señaló que entre los cuerpos apilados parecía estar el de Víctor Jara. Y con sigilo lo llevó frente al cuerpo. Al principio Héctor Herrera dudó que se tratara del mismo famoso cantautor. Estaba muy sucio, con tierra en las heridas, el cabello apelmazado entre tierra y sangre. A simple vista se le notaban heridas profundas en ambas manos y en la cara. Y tenía sus ojos abiertos, pero con una mirada tranquila. En una de sus muñecas vio un alambre con un pedazo de cartón donde estaba anotado “Octava Comisaría”.

Para salir de la duda, Héctor Herrera a escondidas anotó su número de ficha, sus características físicas y sus huellas dactilares. Para ello tuvo que abrir sus manos. No fue fácil: las tenía empuñadas, muy rígidas. Lo hizo con la ayuda de “Kiko”, comprometiéndose ambos a no decirle a nadie lo ocurrido. Terminada la misión, dejaron el cuerpo en el mismo lugar.

A primera hora del día siguiente, Herrera se fue directo a la sección dactiloscópica del Registro Civil, en calle General Mackenna. Allí y en la más completa reserva, le pidió a la funcionaria Gelda Leyton, que le buscase la ficha de Víctor Jara. A eso del mediodía, ambos comprobaron que efectivamente habían asesinado a Víctor Jara. Volvió a revisar los registros del cantautor. Y se percató que era casado. Anotó los datos de su esposa, Joan Turner Robert, y su dirección.

Ya había amanecido cuando el 18 de septiembre, en la casa de Víctor Jara, en calle Plazencia, en Las Condes, Joan Turner escuchó que alguien llamaba a su puerta. Salió a mirar desde una ventana del segundo piso. Un hombre al que no conocía le dijo que necesitaba hablar con Joan Turner. Ella bajó y se acercó a la reja de la casa. Herrera recuerda haberla visto muy nerviosa. Se identificó como funcionario del Registro Civil y le relató lo que había vivido.

Poco después ambos partieron de la casa en la renoleta de Joan Turner en dirección al IML. Entraron juntos. Pero no encontraron el cuerpo de Víctor Jara en el lugar donde Herrera recordaba muy bien haberlo dejado la tarde anterior. Se inició la búsqueda. Y llegaron al segundo piso del edificio, sitio a donde habían llevado los cadáveres que estaban para las llamadas “autopsias económicas”. En el lugar Nº 20 estaba el folclorista. El cuerpo fue abrazado por su esposa, quien lloró en silencio tratando de no despertar sospechas. Estaba muy consciente de que no tenía autorización alguna para estar ahí.

El trámite del certificado de defunción lo realizaron en el primer piso. Para poder sacar el cuerpo en día feriado, Herrera invocó su calidad de funcionario del Registro Civil. Al ser consultado en la ventanilla por la causa de muerte y fecha de la misma, requisito indispensable para llenar el documento de defunción, Herrera sólo atino a decir que falleció por herida de bala el 14 de septiembre a las 5:00 horas. Fue el apresurado cálculo que logró hacer en esos pocos minutos al recordar que el cuerpo de Víctor Jara habría llegado al IML antes que él lo descubriera. La hora la sacó de un poema que le vino a la memoria sobre fusilados.

Como el cuerpo debía ser sacado en una urna y la esposa de Víctor no tenía dinero para comprarla, Héctor Herrera se contactó con su amigo Héctor Ibaceta Espinoza, a quien le pidió ayuda. Juntos fueron hasta calle Agustinas, en el centro de Santiago, a buscar el dinero. Pero Ibaceta decidió acompañarlos.

Alrededor del mediodía de ese 18 de septiembre, llegaron con el ataúd al IML. Sólo los dos hombres ingresaron a buscar el cuerpo de Víctor Jara. Su cadáver desnudo fue trasladado en una camilla metálica con su ropa doblada a los pies. Recogieron el cuerpo y lo pusieron dentro de la urna. La ropa fue depositada a sus pies. Lo cubrieron con un poncho nortino que traían y encima la mortaja. Cerraron la urna. El ataúd lo ubicaron en una sala que se utilizaba como velatorio.

-Nos prendieron unas cuatro ampolletas e hicimos entrar a Joan para que se quedara a solas con él, para que se despidiera de su marido. Estuvo alrededor de una hora –recordó el ex funcionario del Registro Civil.

Herrera agregó: “Posteriormente, concurrí al Cementerio General, ubicado al frente, para solicitar un carrito para trasladar el cuerpo, ya que era muy caro hacerlo en una carroza. Una señorita me indicó que no se podía hacer eso, pero al ver el nombre del occiso me dijo que para él sí se podía. Volví al IML en compañía de un funcionario del Cementerio. Entre los cuatro colocamos el ataúd en el carro y lo trasladamos al campo santo, enterrando a Víctor Jara en un modesto nicho al final del recinto donde se encuentra hasta hoy. Fue enterrado sin flores y con la sola presencia de nosotros tres”.

Héctor Herrera siguió trabajando en el Registro Civil hasta 1975. Desde 1969 y hasta el día en que se fue se desempeñó en el departamento de Carné de Identidad. Debió abandonar el país como miles de otros chilenos llevando consigo un secreto que Joan Turner también guardó para protegerlo y que hoy le pertenece a todos los chilenos que podrán cantar con nuevas esperanzas “Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano”.

El oficial al que llamaban “Príncipe”

Casi como mito urbano, la figura de un despiadado oficial de Ejército, de contextura atlética, estatura superior a 1.80 metros, ojos claros y pelo rubio, quien habría vociferado entre los detenidos que no necesitaba micrófono para hablar porque tenía “voz de príncipe”, ha sido adjudicada a por lo menos dos ex militares que habrían estado entre los uniformados que custodiaron el Estadio Chile.

Varios de los detenidos han declarado que este fue el uniformado que más se ensañó con Víctor Jara, siendo uno de los primeros que apartó desde el grupo de detenidos de la UTE. Algunos de los testimonios apuntaron al ex agente de la DINA Miguel Krassnof Martchenko como el que actuó en contra del cantautor. Sin embargo, otros lo niegan rotundamente, ya que señalan que es más bajo de estatura (1.70 metros aproximadamente) y que su color de pelo es más oscuro que el militar que se ha tratado de identificar.

Con el correr de los años, surgió otra identidad que podía corresponder a “El Príncipe”, la del ex teniente Edwin Dimter Bianchi, quien fue uno de los militares detenidos por la sublevación del Regimiento Tacna en junio de 1973, movimiento golpista que fue desarticulado, dando origen al llamado “Tanquetazo”. En ese episodio Dimter ingresó con un tanque hasta el Ministerio de Defensa.

Efectivamente, Dimter coincide con las características del Príncipe, pero varios de los testigos que estuvieron detenidos en el Estadio Chile también han descartado que se trate de la misma persona.

Lo importante es que fue el propio Dimter, con su primera declaración judicial de 2006, quien dio luces sobre otros oficiales que también podrían corresponder a la identidad de “El Príncipe”. El ex uniformado, quien fue expulsado del Ejército en 1976 por diversos actos de indisciplina, reconoce haber custodiado a los prisioneros de ese recinto, pero asegura no haber tenido relación con las golpizas y el asesinato de Víctor Jara.

Acto seguido, señala que él no era el único oficial con esas características, y que al menos habían otros dos que podían coincidir con las señas de “El Príncipe”: los entonces tenientes Rodrigo Rodríguez Fuschloger y Nelson Edgardo Haase Mazzei, ambos de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes. Este último oficial (R) fue mencionado en la declaración del primer conscripto confeso de participar en el crimen.

Aunque Haase, al ser interrogado en el caso, negó rotundamente haber estado en el Estadio Chile, declaraciones de otros oficiales presentes en el recinto respaldan la versión de Dimter.

Haase fue uno de los hombres de confianza del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y fue jefe del recinto de detención clandestino ubicado en calle Bilbao, conocido como “Cuartel Bilbao”. Diversos testimonios y documentos, entre ellos el entregado por la agente de la DINA Luz Arce, indican que el inmueble –habilitado desde 1976- tenía como fachada un aviso luminoso que decía “Implacate”.

El historial del teniente también lo registra como miembro de la Sociedad Pedro Diet Lobos, pantalla comercial de la DINA para encubrir actividades tanto en Chile como afuera del país. A lo largo de los años, quienes sobrevivieron lo han descrito como arrogante, prepotente y despiadado; de hecho se llegó a decir que se enorgullecía de llevar permanentemente en su automóvil una picota para usarla en los allanamientos.

Las pocas veces que Haase salió de su anonimato en los últimos años fue cuando –junto a otros ex uniformados- manifestó públicamente su total respaldo a la sublevación del general (r) Raúl Iturriaga Newman, quien intentó evadir la primera condena de cárcel efectiva en su contra, por el crimen del militante del MIR Dagoberto San Martín Vergara, según consta en la página del “Movimiento 10 de septiembre”.

Tras retirarse del Ejército, el ex uniformado formó en 1994 una empresa de cajas de madera para vinos de exportación, llamada Envases Haase o Envases Exportables. Desde entonces es proveedor de varias de las empresas del rubro, lo que le ha permitido codearse con ese ambiente. De hecho, el 2007 participó en el Quinto Campeonato de Golf “Copa Viñas de Chile”, en el Club de Golf Los Leones, a beneficio de la Fundación Escúchame. En el website de esta última aparece una foto del equipo de “Envases Exportables”, en la que Nelson Haase figura junto al ex vicecomandante en jefe del Ejército, general (r) Guillermo Garin, el brigadier general (r) Juan Lucar y el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, general (r) Richard Quaas.

La esposa de Haase, María Isabel Blaña Lüttecke, recibió del Ministerio de Agricultura $ 5.595.466 en febrero y abril de este año, en virtud de un “Programa Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados”, según consta en la información de transparencia activa de esa cartera. 

Esta tarde el ministro en visita Miguel Vázquez condenó a nueve funcionarios en retiro del Ejército, por su responsabilidad en el homicidio del cantautor Víctor Jara, el 15 de septiembre de 1973, y del ex director de Gendarmería Littré Quiroga.

El magistrado decidió condenar a Hugo Hernán Sánchez Marmonti, Raúl Aníbal Jofré González, Edwin Armando Roger Dimter Bianchi, Nelson Edgardo Haase Mazzei, Ernesto Luis Bethke Wulf, Juan Renán Jara Quintana, Hernán Carlos Chacón Soto y Patricio Manuel Vásquez Donoso, a la pena de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autores de los delitos de homicidio calificado de Quiroga y Víctor Jara.

Además se les aplicó la pena de tres años de presidio menor en su grado medio a los militares (r) antes mencionados como autores de los delitos de secuestro simple en contra de Jara y Quiroga.

Por otro lado, en el caso de Rolando Melo Silva de dictó la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como encubridor del homicidio antes mencionados. A esto se suma 60 días de presidio como encubridor del ilícito de secuestro.

En el aspecto civil, por su parte, el magistrado, dictaminó condenar al Fisco a pagar $ 1.370 millones a los familiares de las víctimas de estos hechos.

COMISION FUNA

Nelson Edgardo Haase Mazzei
Jefe Grupo Operativo DINA.

Oficial del ejercito desde 1967,ingeniero militar, agente de la dina, jefe de una de sus brigadas oprativas y agente del departamento de electronica.
Pertenece al circulo mas estrecho de Manuel Contreras. Tras el fin de la DINA continuo ligado a contreras en empresas del rubro turistico.

Fue miembro de la sociedad pedro diet lobos, pantalla comercial de la dina para encubrir actividades economicas tanto en chile como en el exterior del pais. A ella, entre varios, tambien pertenecieron augusto pinochet hiriart, vianel valdivieso, gerardo huber, pedro espinoza bravo, juan morales salgado, guillermo salinas torres y julio cerda carrasco.

Arrogante, prepotente y despiadado es la forma en que prisioneros sobrevivientes lo recuerdan, se jactaba porque siempre portaba una picota en su automovil para usarla en los allanamientos.

Por estos dias mantiene la misma actitud como dueño y gerente general de la empresa envases exportables haase s.a, maltratando a sus trabajadores y aprovechandose de las mujeres que ingresan a la empresa.

Su personalidad prepotente se agudiza con el consumo excesivo de alcohol, presentandose reiteradamente a sus oficinas en estado de ebriedad. En la empresa no se permite la organizacion sindical y se explota al maximo a los trabajadores.

Para los torturadores,asesinos y sus complices
 

Ni Perdon,Ni Olvido

si no hay justicia hay funa

Comision FUNA

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, cerró la etapa de sumario en la investigación que sustancia por los homicidios calificados del cantautor Víctor Jara Martínez y del ex director de Gendarmería Littré Quiroga Carvajal, que ocupaba esa función a la fecha del golpe militar. Con esta resolución del ministro de fuero, dictada el 5 de marzo recién pasado, concluye la etapa investigativa del proceso que investiga las muertes ocurridas en septiembre de 1973.

 La investigación determinó que los procesados en la causa son  las siguientes 12 personas: José Adolfo Paredes Márquez; Pedro Pablo Barrientos Núñez; Hugo Hernán Sánchez Marmonti; Raúl Aníbal Jofré González; Edwin Armando Roger Dimter Bianchi; Nelson Edgardo Haase Mazzei; Jorge Eduardo Smith Gumucio; Ernesto Luis Bethke Wulf; Juan Jara Quintana; Rolando Humberto Melo Silva; Hernán Chacón Soto, y Patricio Vásquez Donoso.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la investigación, en el caso de Víctor Jara, se ha logrado determinar la siguiente secuencia de hechos:

"A) Que, el día 11 de septiembre de 1973, a raíz de la asunción del Gobierno Militar de facto, la entonces Universidad Técnica del Estado, fue sitiada por efectivos del Regimiento "Arica" del Ejército de Chile, provenientes de la ciudad de La Serena.

B) Que dichas tropas procedieron, el día 12 de septiembre de 1973, previo disparos de proyectiles de diversa naturaleza, a ocupar sus dependencias y a la detención masiva de docentes, alumnos y personal administrativo que se encontraban en el establecimiento educacional; personas que luego fueron trasladadas en buses de locomoción colectiva hasta el entonces Estadio Chile (actual Estadio Víctor Jara), recinto que previamente había sido habilitado como centro de detención, con la coordinación del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército de Chile y cuyo resguardo interior fue efectuado igualmente por efectivos provenientes de distintas Unidades Militares, entre ellos: el Regimiento "Tejas Verdes" de la ciudad de San Antonio, el Regimiento "Blindados N°2" de Santiago, Regimiento "Esmeralda" de la ciudad de Antofagasta y el Regimiento "Maipo" de Valparaíso.

C) Que, entre los docentes aprehendidos, se encontraba el cantante popular y también investigador de dicha Universidad, Víctor Lidio Jara Martínez, quien ingresó al Estadio Chile junto con el referido grupo de detenidos, para posteriormente ser ubicado con éstos en las graderías de dicho recinto deportivo.

D) Que, durante su detención, Víctor Jara Martínez fue reconocido por el personal militar instalado al interior del Estadio Chile, siendo separado del resto de los prisioneros, para ser llevado a otras dependencias ubicadas en los camarines, ocupadas como salas de interrogatorios y apremios, donde fuera agredido físicamente en forma permanente, por varios Oficiales.

E) Que, entre los días 13 y 16 de septiembre de 1973 se desarrollaron interrogatorios a detenidos al interior del Estado Chile, sin que ellos obedecieran a procedimientos judiciales y/o administrativos previos, algunos de los cuales fueron practicados por personal de la Segunda Fiscalía Militar de la época; y, entre otros, fue interrogado Víctor Lidio Jara Martínez.

F) Que, el día 16 de septiembre de 1973, se procedió al traslado de todos los detenidos del Estadio Chile, con excepción de Víctor Lidio Jara Martínez y de Littré Quiroga Carvajal, oportunidad en que se dio muerte a Víctor Lidio Jara Martínez, hecho que se produjo a consecuencia de, al menos, 44 impactos de bala, según se precisa en el respectivo informe de autopsia.

G) Que, el cadáver de Víctor Lidio Jara Martínez, junto con los cadáveres de otras tres personas más, fue encontrado por pobladores en los días posteriores, en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, en un terreno baldío cercano a la línea férrea, con signos evidentes de haber recibido golpes en el cuerpo y los impactos de bala detallados en el informe de autopsia".

Pasaron 45 años para que se conociera la verdad de la muerte del cantautor Víctor Jara. Pero gracias a la constancia de la familia, que nunca ha dejado de buscar la verdad y la justicia para su ser querido, se ha llegado a una conclusión inesperada que, tal vez, muy pocos conocían y que Cambio21 la entregó en exclusiva. El cantante murió producto de un balazo en la cabeza provocado por el entonces teniente Pedro Pablo Barrientos, quien decidió jugar a la ruleta rusa con él.

Según consta en el texto del fallo que, declaró culpables a 9 oficiales del Ejército, Barrientos “decidió jugar a la ruleta rusa con Víctor Jara, asi que sacó su arma corta, acercándose a éste que estaba de pie, con sus manos en la espalda, ya que estaba esposado, haciendo girar la pistola, poniéndosela en la nuca y disparándole, por lo que cayó al suelo, pidiéndose ayuda por radio y concurriendo de inmediato personal paramédico, quienes lo pusieron en una camilla y se lo llevaron”

Luego fue rematado por 44 balazos. Pero antes había sido torturado. Sus dedos y manos fueron fracturadas con la culata de los fusiles y con un linchaco.

Lo dramático del caso y el horror que lo rodeó tuvo, al menos, un hecho fortuito, pero grandioso: cuando su cuerpo llegó a la morgue alguien lo reconoció y le avisó a su viuda, y así lograron que fuera sepultado en el Cementerio General donde permanece hasta ahora.

 En el fallo el juez condenó al ex teniente coronel del Ejército Hugo Hernán Sánchez Marmonti, al ex brigadier del Ejército Raúl Aníbal Jofré González, al ex teniente Edwin Armando Roger Dimter Bianchi, al ex coronel Ernesto Luis Bethke Wulf, coronel Nelson Edgardo Haase Mazzei, el ex teniente coronel Juan Renán Jaras Quintana, al ex brigadier de Ejército Hernán Carlos Chacón Soto y al ex coronel Patricio Manuel Vásquez Donoso todos a penas de 15 años y un día, en calidad de autores del delito de secuestro simple de las víctimas.

En tanto, el ex coronel de justicia militar, abogado, que era fiscal durante la dictadura Rolando Camilo Humberto Melo Silva deberá purgar 5 años y un día de presidio, como encubridor del homicidio y 61 días como encubridor de secuestros.

Respecto del procesado por estos delitos Pedro Pablo Barrientos Núñez, también ex oficial de Ejército, en enero de 2013 y en agosto de 2016 la Corte Suprema solicitó su extradición a Estados Unidos, donde el criminal reside. Sin embargo, aún dicho país no ha dado respuesta a la petición, pero de acuerdo a los tratados internacionales tiene que aprobar la extradición porque se trata de un delito de lesa humanidad.

Cambio21 conversó con el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, quien ha sido el abogado de la familia de Víctor Jara.       

¿Qué ha significado para usted en su defensa por los derechos humanos el caso de Víctor Jara?

—Para mí ha sido un caso extraordinariamente importante. He aprendido a conocer a un personaje, una leyenda, a su familia. Me he embuido de este anhelo y ansias de justicia que tiene la familia de Víctor.

Conocer que estamos en presencia de un gran ícono en el firmamento cultural, social y político de Chile, de un personaje que traspasa fronteras. Una persona que, indudablemente, tenía marcada la muerte en su destino el mismo día en que lo toman prisionero. Habría sido insufrible para la dictadura tener a Víctor Jara cantando desde la resistencia.

Entonces, para mí ha sido un orgullo tener este caso como tantos otros de gente igualmente importante, aunque no aparezcan en los medios, pero Víctor indudable que me tiene sorprendido.

A través de la investigación, tantos años, ¿habrá pasado por distintas etapas?

—Yo sabía con lo que me iba a encontrar, un caso inmensamente dificultoso, un crimen cometido desde las más altas esferas del Estado y esos crímenes se cometen para no ser resueltos jamás.

En derechos humanos todos los casos son desafiantes porque todos implican una resistencia a la verdad oficial. Y esto no fue una excepción porque de acuerdo a lo que informó la dictadura a la Comisión Interamericana, Víctor fue muerto por francotiradores, porque alguien le disparó y eso es absolutamente falso y así quedó demostrado con la investigación.

Y, además, tenemos la tremenda dificultad de no tener ninguna declaración de los organismos pertinentes (se refiere sin duda ni nombrar al Ejército) de manera que la verdad que se construyó en este caso  se fue haciendo artesanalmente a través de la participación de muchos protagonistas entre ellos conscriptos  que ya no están en Chile, los miles de detenidos en el Estadio Chile (ahora nombrado Víctor Jara), la familia y la inmensa cantidad de amigos de Víctor.

Además se encontraron con jueces que estuvieron abiertos a investigar para desentrañar lo acontecido. De  manera que se dio una conjunción perfecta de muchos factores para llegar a este resultado exitoso.

Crueldad indescriptible

La familia nunca bajo los brazos y siempre siguieron buscando justicia…

— Ellos al igual que todos nosotros incluso, los que estábamos en los juicios, sabíamos que podría pasar, aunque cinco años atrás no se si había alguien que estaba en condiciones de avisorar lo que aconteció; no creíamos que se iba a aclarar el crimen, pero la historia nos dijo otra cosa. En eso la familia tuvo una capacidad enorme.

¿Ustedes se imaginaron que hubo tanta crueldad en la forma como fue asesinado Víctor Jara?

—No, es algo indescriptible, ni siquiera uno es capaz de ponerse en el lugar de Víctor por lo que sufrió él y tantos otros que fueron torturados. A Víctor dispararle 44 balazos y atormentarlo de la manera que lo hicieron eso es inimaginable. Creo que el nivel de sufrimiento es difícil de describir.

Extradición pendiente

¿En este fallo están todos los culpables o eran más personas? 

—Hay dos que murieron: El jefe del Estadio Chile Mario Manríquez  y otro que era uno de los oficiales que también participó en los hechos que estaba procesado, Jorge Smith. Ellos se liberaron porque murieron si no estarían condenados también.

¿ Qué posibilidades reales hay de traer a Barrientos?

—Bueno las que existen en todo proceso de extradición. Creo que este es un tema que implica colaboración también gubernamental y judicial de parte del gobierno norteamericano. Estamos a la espera de que se ponga a la altura de lo que es un principio básico del derecho internacional,  que es que en los crímenes de lesa humanidad procede la extradición.

La Corte Suprema de Chile hace cinco años que pidió la extradición de Barrientos y ahora a raíz del fallo del caso, el canciller Ampuero, se comprometió a interceder como gobierno con las autoridades norteamericanas.     

Hoy 16 de septiembre se cumplen 46 años del asesinato del cantautor nacional Víctor Jara en el estadio que hoy lleva su nombre. El crimen cometido cinco días luego del golpe de Estado de 1973 remece a la sociedad chilena -e internacional- hasta el presente.

El 11 de septiembre de 1973 el Ejército de Chile traicionaba su juramento y ejecutó los planes de la CIA para derrocar al gobierno e instauró una máquina de muerte contra sus propios compatriotas. Las víctimas comenzaron aquel mismo día, entre ellos, un símbolo de la Nueva Canción Chilena y de la cultura popular: Víctor Jara.

Jara se encontraba en la entonces Universidad Técnica del Estado sede Santiago (UTE), hoy USACh, cuando fue trasladado junto a docentes y estudiantes por una patrulla militar al entonces Estadio Chile, recinto que hoy lleva su nombre.

El estadio se transformó en el primer campo de concentración del país para prisioneros políticos. Ahí permaneció durante cuatro días donde, al igual que los restantes detenidos, fue víctima de brutales sesiones de torturas, quizás con particular ensañamiento por su condición de figura pública e indisociable de la causa de los trabajadores.

«¿Me escucha la cloaca marxista? ¿Me oyen los comemierda? ¡Ahora se acabaron los discursos, chuchas de su madre! Ahora van a tener que trabajar. Los que se nieguen a trabajar, los fusilaremos. ¿Me escuchan los vendepatria?» ladraba desde los pasillos del estadio el teniente Edwin Dimter, autodenominado como «el príncipe».

Finalmente, el 16 de septiembre, fue acribillado. Su cuerpo fue encontrado tres días más tarde, el 19, por vecinos de la Población Santa Olga con 44 impactos de bala en su cuerpo. Gracias a la gestión del funcionario del SML Héctor Herrera, fue posible rescatar su cuerpo y avisar a su viuda para que lo reclamara evitando así que se transformara, como tantos, en un detenido desaparecido.

En medio del presidio logró escribir el 15 de septiembre, antes de morir, un poema en una servilleta, lo que sería su última creación. «Somos cinco mil» es el nombre del poema corrió de prisionero en prisionero por el Estadio hasta que fue descubierto por los militares en el calcetín de uno de los presos, al que interrogaron y torturaron para descubrir quién más lo tenía. Finalmente un detenido pudo sacarlo fuera. A pesar de que los golpistas intentaron borrarlo, cuando empezó a correr se convirtió, también fuera del país, una canción de denuncia de las barbaridades que se habían cometido, y fue interpretado por artistas internacionales como Joan Báez o Pete Seeger.

Somos cinco mil aquí.
En esta pequeña parte de la ciudad.
Somos cinco mil.
¿Cuántos somos en total
en las ciudades y en todo el país?
Somos aquí diez mil manos
que siembran y hacen andar las fábricas.
¡Cuánta humanidad
con hambre, frío, pánico, dolor,
presión moral, terror y locura!
Seis de los nuestros se perdieron
en el espacio de las estrellas.
Un muerto, un golpeado como jamás creí
se podría golpear a un ser humano.
Los otros cuatro quisieron quitarse todos los temores,
uno saltando al vacío,
otro golpeándose la cabeza contra el muro,
pero todos con la mirada fija de la muerte.
¡Qué espanto causa el rostro del fascismo!
Llevan a cabo sus planes con precisión artera sin importarles nada.
La sangre para ellos son medallas.
La matanza es acto de heroísmo.
¿Es éste el mundo que creaste, Dios mío?
¿Para esto tus siete días de asombro y trabajo?
En estas cuatro murallas sólo existe un número que no progresa.
Que lentamente querrá la muerte.
Pero de pronto me golpea la consciencia
y veo esta marea sin latido
y veo el pulso de las máquinas
y los militares mostrando su rostro de matrona lleno de dulzura.
¿Y Méjico, Cuba, y el mundo?
¡Qué griten esta ignominia!
Somos diez mil manos que no producen.
¿Cuántos somos en toda la patria?
La sangre del Compañero Presidente
golpea más fuerte que bombas y metrallas.
Así golpeará nuestro puño nuevamente.
Canto, que mal me sales
cuando tengo que cantar espanto.
Espanto como el que vivo, como el que muero, espanto.
De verme entre tantos y tantos momentos del infinito
en que el silencio y el grito son las metas de este canto.
Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento
hará brotar el momento…

El crimen, como tantos, quedó en la más absoluta impunidad durante toda la dictadura y buena parte del post-pinochetismo. El año 2006, la comisión funa realizó una acción a Edwin Dimter, responsable directo del crimen del cantautor, en su lugar de trabajo en la Superintendencia de AFPs (otro legado dictatorial), que fue grabado para el documental «La funa de Víctor Jara»:

La justicia que tarda

En un juicio civil, entablado el año 2013 por la familia del cantautor, el ex teniente del ejército chileno Pedro Barrientos Núñez, radicado en Estados Unidos desde 1991 donde adquirió una inusualmente rápida ciudadanía, fue encontrado culpable del delito de tortura y asesinato extrajudicial de Víctor Jara. Barrientos, que se fue de Chile para evitar la justicia finalizada la dictadura, realizó en este país diversas acciones  tendientes a eludir la acción de la justicia chilena.

Sin embargo, no pudo evitar ser demandado en Estados Unidos. El jurado de un tribunal federal de Orlando, Estado de Florida, lo encontró culpable de una demanda había sido interpuesta por Joan Jara, la viuda del artista, y sus dos hijas, Manuela y Amanda.

Barrientos se encuentra en un proceso de extradición solicitada por la Corte Suprema de Chile para que pueda ser condenado por este crimen y brindar así finalmente justicia.

Por su parte, el 4 de julio del 2018, el ministro en visita para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó a nueve ex oficiales del Ejército por su responsabilidad en los delitos de homicidio de Víctor Jara. Los condenados fueron el teniente coronel de ejército Hugo Hernán Sánchez Marmonti, al ex brigadier de ejército Raúl Aníbal Jofré González, al ex teniente Edwin Armando Roger Dimter Bianchi, al ex coronel Nelson Edgardo Haase Mazzei, al ex teniente coronel Ernesto Luis Bethke Wulf, al ex teniente coronel Juan Renán Jara Quintana, al ex brigadier de ejército Hernán Carlos Chacón Soto y al ex coronel Patricio Manuel Vásquez Donoso, todos a penas de 15 años y un día.

En tanto, el ex coronel de justicia militar, abogado, que fungía de fiscal durante la dictadura, Rolando Camilo Humberto Melo Silva deberá purgar 5 años y un día de presidio, como encubridor de los homicidios, y 61 días como encubridor de los secuestros.

Guitarrista de Rage Against the Machine y Audioslave Tom Morello homenajea a Víctor Jara en concierto.

El asesinato de Víctor Jara es un crimen que traspasa las fronteras de Chile, pues su legado es reivindicado no solamente por artistas nacionales, sino latinoamericanos, españoles o anglosajones como Pete Seeger, Joan Báez, Tom Morello o Roger Waters. La historia de su muerte fue motivo para realizar un documental de la cadena de streaming Netflix titulada «Masacre en el Estadio» que reavivó la polémica de Barrientos y su traslado a Chile para que pueda pagar por sus crímenes.

La Segunda Sala del máximo tribunal descartó error en la sentencia recurrida, dictada Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto a penas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los homicidios; y a 10 años y un día de presidio, como autores de los secuestros calificados.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en contra siete miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado del cantautor Víctor Lidio Jara Martínez y del director de prisiones, a la época de los hechos, Littré Abraham Quiroga Carvajal. Ilícitos perpetrados en septiembre de 1973, en Santiago.

La Segunda Sala del máximo tribunal descartó error en la sentencia recurrida, dictada Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto a penas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los homicidios; y a 10 años y un día de presidio, como autores de los secuestros calificados.

En tanto, el otrora oficial Rolando Melo Silva deberá purgar 5 años y un día y 3 años y un día de presidio, como encubridor de los homicidios y los secuestros, respectivamente.

El fallo señala que, de la atenta lectura tanto de los considerandos vigesimoctavo a trigésimo tercero; cuadragésimo tercero a cuadragésimo quinto; cuadragésimo noveno a quincuagésimo primero; quincuagésimo quinto; quincuagésimo séptimo; sexagésimo quinto; y, sexagésimo octavo a septuagésimo del fallo de primer grado; y de las motivaciones sexta, duodécima, cuadragésimo séptimo; cuadragésimo octavo; y, quincuagésimo segundo a quincuagésimo sexto del fallo en revisión, aparece de manifiesto que las afirmaciones efectuadas por los impugnantes en sus arbitrios carecen totalmente de sustento, toda vez que en dichos razonamientos los sentenciadores del grado explicitaron los fundamentos conforme a los cuales se determinó la participación de los sentenciados en los delitos investigados.

La resolución agrega que, de lo expuesto, aparece con meridiana claridad que la sentencia materia del recurso dio cabal cumplimiento a las exigencias legales que el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal le impone, sin que exista mérito alguno para cuestionarla a través de los arbitrios en examen.

Para el máximo tribunal, distinto es el caso que los impugnantes no compartan los razonamientos jurídicos o la aplicación de una norma en particular en cuanto a sus requisitos legales, o la manera a través de la cual los sentenciadores establecieron la participación atribuida a cada uno de ellos, sin embargo, dichas discrepancias no pueden servir de base para construir una causal que solo está dirigida a controlar que la sentencia cumpla con ciertos requisitos formales mas no para cuestionar la aplicación o inaplicación normativa, pues tal reproche la ley lo ha reservado para la casación sustancial, motivo por cual se desestimarán los recursos de nulidad formal en análisis.

Asimismo, el fallo consigna que, en torno a lo denunciado por los articulistas en el contexto de la causal en estudio –la vulneración de normas reguladoras de la prueba, en lo que respecta al artículo 488 del código adjetivo– tal norma establece diversos extremos para que las presunciones judiciales puedan constituir la prueba completa de un hecho, en este caso, de la participación de los acusados en los delitos objeto de la sentencia.

De dichos extremos, esta Corte ha aclarado que solo constituyen normas reguladoras de la prueba que pueden ser revisadas en sede de casación, el contenido en el ordinal 1°, esto es, que las presunciones judiciales se funden en hechos reales y probados y no en otras presunciones, sean legales o judiciales; y, del ordinal 2°, la exigencia de multiplicidad de ellas. Los demás extremos, esto es, que las presunciones sean graves; precisas, de tal manera que una misma no pueda conducir a conclusiones diversas; directas, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho que de ellas se deduzca; y, que las unas concuerden con las otras, de manera que los hechos guarden conexión entre sí, e induzcan todas, sin contraposición alguna, a la misma conclusión de haber existido el hecho de que se trata, no pueden considerarse reglas reguladoras de la prueba, ya que queda entregado a los jueces de la instancia afirmar o negar su cumplimiento como resultado de un ejercicio de ponderación y valoración del conjunto de las presunciones judiciales, cuestión que les es privativa a los sentenciadores del grado y que no puede ser controlado por esta Corte.

Así ha dicho antes este Tribunal al señalar: ‘las exigencias contenidas en los ordinales N° 2 a 5 del artículo 488 para constituir prueba completa, como las relativas a su gravedad, precisión y concordancia, tampoco puede conseguirse por esta vía [recurso de casación], pues demanda juicios y valoraciones que escapan a un control acotado a errores de derecho propio de la casación de fondo’ (entra otras, SCS N° 32.259-2015, de 23 de diciembre de 2015. En el mismo sentido, N° 8758-2015, de 22 de septiembre de 2015); y, complementando lo anterior, ha declarado que el artículo 488 en estudio es norma reguladora de la prueba, ‘solo en cuanto establece una limitación a las facultades de los jueces del fondo para dar por probados los hechos litigiosos a través del uso de presunciones judiciales”.

El fallo concluye que, desprendidos de las piezas procesales que en cada caso se ha indicado, son reales, desde que ocurrieron en determinado lugar y tiempo y están probados, esto es, acreditados legalmente en los autos a través de los medios probatorios detallados en el motivo precedente. Son hechos reales y probados, ha explicado esta Corte Suprema, ‘los indicios de cualquier género, el dicho de un testigo hábil o de varios inhábiles, la opinión de un perito singular, la declaración extrajudicial y otras semejantes, siempre que ellas formen parte del mérito de autos’ (SCS, 14.12.1967, R., t. 65. Secc. 4ª, p. 71). En cuanto a que son múltiples esos hechos, tal requisito está al margen del cuestionamiento dado su pluralidad respecto los encartados Haase Mazzei y Jara Quintana. De los hechos o indicios señalados, precisos y concordantes, pueden inferirse, mediante el ejercicio lógico valorativo a que es llamado el tribunal, presunciones judiciales de la participación de los encausados en los delitos legalmente establecidos.

Por tanto, se resuelve que, se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por las defensas de los sentenciados Raúl Aníbal Jofré González, Rolando Melo Silva, Hernán Carlos Chacón Soto y Edwin Armando Roger Dimter Bianchi a fojas 14.131, 14.186, 14.204 y 14.252, respectivamente; y, los recursos de casación en el fondo propuestos por las defensas de los sentenciados Ernesto Luis Bethke Wulf, Nelson Edgardo Haase Mazzei y Juan Jara Quintana, según se lee a fojas 14.136, 14.216 y 14.237, contra la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago, de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno y que obra a fojas 14.045 y siguientes, la que por consiguiente, no es nula.

En el fallo de primera instancia, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Miguel Vázquez Plaza dio por establecido los siguientes hechos: a).- Que, el día 11 de septiembre de 1973 se produjo un golpe de Estado en el país y, el hasta esa fecha director general del Servicio de Prisiones, Littré Abraham Quiroga Carvajal, el que estaba haciendo uso de una licencia médica en su domicilio, al tomar conocimiento que su nombre estaba incluido en una lista de personas llamadas a presentarse ante el Ministerio de Defensa Nacional, por medio del primer Bando Militar, dictado por las nuevas autoridades, decidió trasladarse a su despacho de la Dirección General de Prisiones ubicado en calle Rosas esquina de Teatinos en el centro de Santiago, donde realizó gestiones para presentarse ante la autoridad que lo requería. Luego, en horas de la noche de ese día, una patrulla de Carabineros perteneciente a la Tercera Comisaría de Santiago, al saber que Littré Quiroga estaba en la Dirección General de Prisiones y quería presentarse, lo conminó a salir de su oficina y entregarse, lo que aquel hizo, siendo conducido como detenido de inmediato al Ministerio de Defensa y llevado al Regimiento Blindados N° 2, lugar donde fue sometido a apremios físicos y, en las horas subsiguientes, trasladado siempre como detenido al entonces Estadio Chile –actual Estadio Víctor Jara–, sin formulársele cargo alguno.

b).- Que, ese mismo día 11 de septiembre de 1973, a raíz de la asunción del Gobierno Militar de facto, la entonces Universidad Técnica del Estado, fue sitiada por efectivos del Regimiento ‘Arica’ del Ejército de Chile, provenientes de la ciudad de La Serena, a cargo del entonces capitán Marcelo Moren Brito, quienes, el día 12 de septiembre de 1973 en horas de la mañana, procedieron previamente a efectuar disparos de proyectiles de diversa naturaleza contra el edificio central de esa casa de estudios, y luego ocuparon sus dependencias y detuvieron a un gran número de docentes, alumnos y personal administrativo que habían concurrido a ese establecimiento educacional, las que pernoctaron allí por haberse decretado toque de queda, que les impedía transitar por la vía pública y regresar a sus domicilios; personas que fueron mantenidas en el suelo con las manos en la nuca y luego trasladadas en diversos buses hasta el entonces Estadio Chile, encontrándose, entre los docentes aprehendidos, el cantante popular, profesor e investigador de dicha universidad, Víctor Lidio Jara Martínez, el que al entrar al Estadio Chile con el referido grupo de detenidos, fue reconocido de inmediato por el personal militar que se ubicaba en el acceso al recinto, siendo agredido verbal y físicamente desde su llegada, para ser temporalmente ubicado en el sector de las graderías, junto a las personas detenidas en esa casa de estudios, sin formulársele cargo alguno.

c).- Que, las referidas detenciones, fueron decididas por las autoridades administrativas sin orden judicial de ninguna naturaleza y bajo ningún procedimiento y, el encierro en el Estadio Chile, que era un lugar que se ocupaba para espectáculos deportivos y culturales, fue decidida por las autoridades y oficialidad que estaba a cargo del mismo, no teniendo facultad legal alguna para ello, sin haberse dejado constancia de la identidad de los detenidos, fecha y circunstancias de su detención, motivos y cargos que se les imputaban a los mismos, autoridad que la ordenó y de dónde provenían.

d).- Que, dentro de las dependencias del Estadio Chile, los prisioneros de cierta connotación pública, fueron identificados por el personal militar y separados del resto, y, durante los respectivos períodos de su detención, tanto Víctor Jara Martínez como Littré Abraham Quiroga Carvajal, fueron reconocidos por los efectivos militares instalados al interior del Estadio Chile, siendo, de la misma manera, apartados del grueso de los prisioneros y asignándoseles custodia especial, sufriendo en todo su cautiverio, constantes y violentos episodios de agresión física y verbal por parte de los oficiales de Ejército allí presentes, imputándosele, en el caso de Littré Quiroga, el hecho supuesto de haber sido responsable de la prisión y maltrato que habría sufrido el general de Ejército Roberto Viaux, lo que agravaba el castigo que le fue propinado por quienes pasaban a su lado, alentándose incluso a los propios conscriptos a tomar parte en dicho castigo, y, de manera muy similar, respecto de Víctor Jara Martínez, las agresiones tuvieron como principal aliciente, la actividad artística, cultural y política del mismo, estrechamente vinculada al recién derrocado Gobierno, quien fue sometido a idénticas torturas físicas, siendo los golpes más severos, aquellos que recibió en la región de su rostro y en sus manos, ambas víctimas fueron objeto de patadas, golpes de puño y golpes de culata con armas.

e).- Que, entre los días 13 y 15 de septiembre de 1973 se practicaron interrogatorios a detenidos al interior del Estadio Chile, sin que ellos obedecieran a procedimientos judiciales y/o administrativos previos, algunos de los que fueron realizados por personal de la Segunda Fiscalía Militar de la época, dirigidos en alguna ocasión por su propio Fiscal, y, entre otros, fueron interrogados Víctor Lidio Jara Martínez y Littré Abraham Quiroga Carvajal, sin que de estas actuaciones quedara constancia alguna, como tampoco de los supuestos cargos imputados o de la formación de algún proceso.

f).- Que, el día 15 de septiembre de 1973, se procedió a organizar el traslado de todos los detenidos del Estadio Chile al Estadio Nacional, siendo separados desde una fila de prisioneros, Víctor Lidio Jara Martínez, Littré Quiroga Carvajal y el médico del Presidente Allende, Danilo del Carmen Bartulín Fodich, por los efectivos militares que estaban a cargo del recinto, ordenándose que fueran llevados al sector de camarines, ubicado en el subterráneo del mismo, donde también había personal militar, instantes en que Danilo Bartulín fue llamado desde el primer piso por un oficial, para ser introducido a un vehículo en el cual fue finalmente trasladado al Estadio Nacional junto a otros detenidos, quedando en los camarines, en lugares diferentes, Víctor Lidio Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal, luego se les dio muerte a ambos, hecho que se produjo a consecuencia de, al menos, 44 y 23 impactos de bala, respectivamente, en todos los casos de calibre 9,23 milímetros, según se precisa en los correspondientes informes de autopsia y pericias balísticas, lo que corresponde al armamento de cargo que era utilizado por los oficiales del Ejército que se encontraban en dicho recinto.

g).- Que, acto seguido, los cuerpos de Víctor Lidio Jara Martínez y de Littré Abraham Quiroga Carvajal, fueron sacados del Estadio Chile y tirados en la vía pública, junto a los cadáveres de otras personas de identidad desconocida –muertas igualmente a raíz de proyectiles balísticos–, encontrados el 16 de septiembre de 1973 por pobladores que pertenecían a organizaciones comunitarias y sociales, en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, en un terreno baldío cercano a la línea férrea, los que limpiaron sus rostros y pudieron reconocerlos, los que presentaban diversos hematomas y signos inequívocos de haber recibido fuertes golpes y los múltiples impactos de bala que se detallaron en los respectivos informes de autopsia, siendo llevados en las horas siguientes al entonces Instituto Médico Legal, en denuncias previamente efectuadas por Carabineros, lugar donde, a consecuencia de la directa y fortuita intervención de terceros, pudieron ser identificados, permitiendo a sus familiares más cercanos concurrir a dicha repartición y obtener la entrega de sus cadáveres, para su posterior inhumación.

En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar a cada uno de los demandantes, cónyuge e hijos de la víctima Littré Quiroga Carvajal, la suma de $150.000.000; y a cada uno de sus hermanos la suma de $80.000.000; en tanto, a la viuda e hijos de la víctima Víctor Jara Martínez, la suma de $150.000.000, para cada uno.

Se trata de una lista elaborada por el Estudio Jurídio Caucoto Abogados, que integran 14 criminales entre los que destacan personas vinculadas al homicidio de Víctor Jara, a la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y al asesinato del diplomático español Carmelo Soria.

Este viernes, el Estudio Jurídio Caucoto Abogados oficializó la nómina actualizada de los exuniformados prófugos de la justicia condenados por diversos delitos de lesa humanidad.

Se trata de 14 personas, algunas de ellas involucradas en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria,  entre otras investigaciones, detalla un comunicado de la oficina especializada en derechos humanos.

Respecto del listado, lo integran exmilitares, carabineros, exfuncionarios de la Armada, y civiles miembros de aparatos represores de la dictadura, como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI) e inteligencia naval, quienes están acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros ilícitos.

Específicamente, este está integrado por:

1.   Jorge Octavio Vargas Bories (oficial en retiro del Ejército, CNI), sentenciado como coautor del asesinato de Federico Álvarez Santibáñez a 10 años y un día.

2. Rubén Aroldo Morales López (oficial en retiro de Carabineros), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

3. Luis Enrique Barrueto Bartning, empresario condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

A ellos, se suman cuatro condenados en el episodio Conferencia II:

4. Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial en retiro del Ejército, DINA)

5. José Miguel Meza Serrano (funcionario en retiro de la Armada, DINA)

6. Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial en retiro del Ejército, DINA)

Todos ellos, están sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, a lo que se adicionan los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a tres años de presidio, respectivamente.

7. Víctor Álvarez Droguett (funcionario en retiro del Ejército, DINA), condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Además, está sentenciado como coautor de los delitos de secuestro calificado de Fernando Alfredo Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio.

Adicionalmente, fue condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

Por último, Álvarez Droguett enfrenta una sentencia de 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

8. Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo, oficial en retiro de la Armada, quien fue sentenciado como autor del homicidio calificado y la aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días respectivamente.

9.  Juan Dionisio Opazo Vera (exconscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.

10.  Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial en retiro del Ejército)

11.  Juan Renán Jara Quintana (oficial en retiro del Ejército), quien junto a Hasse Mazzei está condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal.  Por estos delitos, se les estableció una pena de 10 años y un día por los secuestros, además de 15 años de presidio por los crímenes.

12. Guillermo Salinas Torres (oficial en retiro del Ejército)

13. Pablo Belmar Labbé (oficial en retiro del Ejército)

14. René Patricio Quilhot Palma (oficial en retiro del Ejército)

En el caso de estos tres prófugos de la justicia, fueron condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, y como autores de una asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes, mientras que el delito de asociación ilícita, se sentenció a todos a la pena de 541 días de presidio.

«Sentencias deben cumplirse»

Atendiendo a este listado, el abogado Francisco Bustos asegura que trata de una situación preocupante que debiera ser prioridad para las autoridades. “Los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar delitos de lesa humanidad”, sostiene.

“Este deber no se agota con la mera dictación de un fallo condenatorio, estas sentencias deben cumplirse, y en ese sentido, que existan prófugos por cualquier delito, y especialmente 14 prófugos por crímenes de lesa humanidad, representa una falta grave a los deberes estatales”, agrega.

Por último, recalcó que “la judicatura y los querellantes en procesos por delitos de lesa humanidad deben extremar las medidas, incluyendo imposición de cautelares, a fin de evitar esta forma de impunidad”.

El Estudio Caucoto Abogados, oficina especializada en derechos humanos, dio a conocer un nuevo listado actualizado con un total 18 ex uniformados prófugos de la justicia condenados por diversos delitos de lesa humanidad, algunos involucrados en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, Operación Cóndor, Caravana de la Muerte y Caso “Quemados”, entre otras investigaciones.

De acuerdo al listado dado a conocer por dicha oficina en noviembre de 2023, de un total de 14 prófugos, cerca de la mitad han sido capturados. Sin embargo, ahora se agregan a lista 10 nuevos ex uniformados que habiendo sido condenados por sentencia firme, están en calidad de fugitivos de la justicia.

El listado está compuesto por ex militares, carabineros, ex funcionarios de la Armada, y civiles integrantes o de aparatos represores de la dictadura como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI), inteligencia naval, y el Comando Conjunto, acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros delitos.

Se trata de los sentenciados:

1) Rubén Aroldo Morales López (oficial de Carabineros ®), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

2) Luis Enrique Barrueto Bartning (empresario), condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

3) Un condenado en el episodio Conferencia II (antes eran cuatro)

Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial de Ejército ®, DINA),

Chaigneau tiene además condenas en el proceso Operación Cóndor. Está sentenciados a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

4) Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo (oficial Armada ®),

sentenciado como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días respectivamente.

5) Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial del Ejército ®),

– Condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.

6) Guillermo Salinas Torres (oficial del Ejército ®),

7) Pablo Belmar Labbé (oficial del Ejército ®),

8) René Patricio Quilhot Palma (oficial del Ejército ®),

– Condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza y autores de asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes. Por el delito de asociación ilícita se impuso a todos la pena de 541 días de presidio.

A ellos se suman ahora los nuevos prófugos:

9) Juan de Dios Higueras Álvarez (suboficial de Carabineros ?), condenado en el Episodio Mulchén, como coautor de los homicidios calificados perpetrados en el (i) Fundo Carmen y Maitenes: Florencio Rubilar Gutie´rrez, Jose´ Liborio Rubilar Gutie´rrez, Jose´ Lorenzo Rubilar Gutie´rrez, Alejandro Albornoz Gonza´lez, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acun~a, Daniel Alfonso Albornoz Gonza´lez; ii) del Fundo Pemehue: Alberto Albornoz Gonza´lez, Felidor Exequiel Albornoz Gonza´lez, Jero´nimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y Jose´ Fernando Gutie´rrez Ascencio, ocurridos en los di´as 6 y 7 de octubre de 1973; a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias;

También en el mismo episodio fue condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado de las siguientes personas del (ii) Fundo El Morro: de Juan de Dios Laubra Brevis, Jose´ Florencio Ya´n~ez Dura´n, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo Jose´ Vidal Aedo, Domingo Sepu´lveda Castillo y de Guillermo Jose´ Albornoz Gonza´lez, perpetrados a partir de los di´as 5, 6 y 7 de octubre de 1973, en la comuna de Mulche´n, a la pena de diez an~os y un di´a de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales.

10) René Riveros Valderrama (oficial de Ejército ?) sentenciado en el proceso Operación Cóndor, a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

11) Jaime Ojeda Torrent (oficial de Ejército ?), condenado en el proceso Caravana de la Muerte, episodio La Serena, condenado en calidad de cómplice de 15 homicidios calificados, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio

Las víctimas son Óscar Aedo Herrera, Marcos Barrantes Alcayaga, Mario Ramírez Sepúlveda, Hipólito Cortés Álvarez, Jorge Contreras Godoy, Roberto Santa Cruz, Jorge Jordán Domic, Gabriel Vergara Muñoz, Carlos Alcayaga Varela, Jorge Osorio Zamora, José Araya González, Óscar Cortés Cortés, Manuel Marcarian Jamett, Víctor Escobar Astudillo y Jorge Peña Hen.

12) Ricardo Lilllo Morandé (oficial de Carabineros ?), condenado a la pena de 15 an~os y un día de presidio mayor en su grado ma´ximo, por los homicidios calificados de He´ctor Mari´n A´lvarez, don Jose´ Luque Schurman y Benjami´n Garzo´n Morillo, el di´a 23 de septiembre de 1973, en el sector del Salar del Carmen, ubicado en la comuna de Antofagasta.

13) Iván Humberto Figueroa Canobra (oficial de Ejército ?), condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales, por los delitos de homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas De Negri, y homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia.

14) Juan Daniel Marambio López (suboficial del Ejército ?) Condenado como coautor del homicidio calificado de Francisco Javier Santoni Díaz, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias.

Dos del Episodio Janequeo:

15) Miguel Fernando Gajardo Quijada (empleado civil del Ejército ? – CNI) Condenado como cómplice de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio más accesorias legales.

16) José Isaías Vidal Veloso (comisario de la Policía de Investigaciones de Chile ? – CNI) Condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo más accesorias legales.

17) Luis Raimundo Quezada Chandía (ex conscripto) condenado como coautor de los homicidios calificados de Hernan Henríquez Aravena, y de Alejandro Flores Rivera, a la pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo.

18) Andrés Pablo Potin Lailhacar (ingeniero civil – Patria y Libertad – Comando Conjunto). Condenado en calidad de coautor del delito de secuestro calificado de Luis Emilio Maturana González, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y en calidad de coautor del delito de secuestro de Juan René Orellana Catalán, a la pena de 400 días de presidio menor en su grado mínimo.

Prófugos capturados a la fecha:

Jorge Vargas Bories, oficial de Ejército ? y agente de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por lo que fue trasladado al penal Colina I. El exuniformado fue condenado como coautor del asesinato bajo tortura del profesor de enseñanza media y ex militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, ocurrido el 21 de agosto de 1979.

Manfredo Enrique Jurgensen Caesar (médico, CNI) sentenciado como coautor del homicidio calificado de Federico Álvarez Santibáñez, a la pena de 8 años de presidio. Estuvo prófugo desde enero, detenido en Argentina en junio de 2023 cuando intentaba abordar un vuelo a Alemania, siendo solicitada su extradición pero falleció días después privado de libertad;

Olegario Enrique González Moreno (Ejército ®, DINA), condenado como

coautor de 9 secuestros calificados (desapariciones forzadas), a la pena de 10 años y un día, entrando a cumplir condena en julio de 2023;

Héctor Fernando Osses Yáñez (oficial de Carabineros ®, dirigente gremial de uniformados en retiro), condenado como autor en casi una docena de casos por asesinatos en la Población San Gregorio, quién estuvo prófugo entre 2021 a 2023.

José Miguel Meza Serrano (Armada ®, DINA), y Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial Ejército ®, DINA), sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, y de los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a 3 años de presidio respectivamente;

Víctor Álvarez Droguett (Ejército ®, DINA),

– condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo;

– condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado en las personas de don Fernando Alfredo Navarro Allendes y de Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio;

– condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio“

– condenado a 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

-Juan Dionisio Opazo Vera (ex conscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.

-Juan Renán Jara Quintana (oficial del Ejército ®), Condenados como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.

Prófugos como forma de impunidad

Para el abogado Francisco Bustos, del Estudio Caucoto Abogados, “nos parece importante alertar sobre este fenómeno, el cual tiene una doble dimensión de análisis. Por un lado, nos muestra que el Estado chileno, y en particular el Poder Judicial, está cumpliendo con su obligación de investigar, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad. Por esa razón se han dictado decenas de sentencias, y aquí solo basta recordar que el año pasado concluyeron 96 procesos por crímenes contra la humanidad por sentencia firme”.

Agrega que “la segunda dimensión muestra un déficit. Las agrupaciones de familiares, organizaciones de la sociedad civil como Londres 38 han venido denunciando la existencia de prófugos como forma de impunidad. El hecho que desde que esto se advirtiera haya aumentado el número de evadidos, es indicativo de que el sistema de persecución penal puede tomar más medidas para prevenirlo, especialmente en materia de mejorar el control o imponer medidas cautelares más gravosas”.

Bustos, informó que “por nuestra parte como querellantes hemos solicitado las medidas cautelares correspondientes en cada caso”.

Pese a ello, también hay algunas buenas noticias, señala el abogado “como el hecho que varios de estos represores han sido detenidos, y hoy cumplen sus condenas, lo que habla también de un buen trabajo policial”, finalizó.