Haag Blaschke Óscar Ernesto

El 16 octubre de 1973 llegó a Copiapó el helicóptero “Puma” comandado por el general de Ejército, Sergio Arellano Stark, a fin de “revisar y acelerar los procesos”. Trece personas fueron fusiladas durante esa jornada.

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó este jueves el procesamiento de 18 militares involucrados en el caso Caravana de la Muerte, capítulo Copiapó. La lista es encabezada por el general de Ejército Sergio Arellano Stark.

La ministra en visita del caso, Patricia González, acusó a nueve ex uniformados en calidad de autores de secuestros y homicidios calificados reiterados. Estos son: Sergio Víctor Arellano Stark, Carlos Arredondo González, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Moren Brito, Patricio Ramón Félix Díaz Araneda, Ricardo Fernando Yáñez Mora, Waldo Antonio Ojeda Torrent, Marcelo Arnaldo Marambio Molina y Oscar Ernesto Haag Blaschke.

En tanto, fueron acusados como autores de secuestro calificado, en carácter de reiterados, Sergio Víctor Arellano Stark, Carlos Arredondo González, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Moren Brito, Ramón Adolfo Zúñiga Ormeño, Fernando Raúl de Fátima Castillo Cruz, Edwin Reynaldo Herbstaedt Gálvez, Oscar Gonzalo Pastén Morales y Oscar Ernesto Haag Blaschke.

Según informó Bío Bío, entre los antecedentes considerados por la magistrada está el hecho de que el 16 octubre de 1973 llegó a Copiapó un helicóptero “Puma” -con varios uniformados- comandado por el general de Ejército, Sergio Arellano Stark, a fin de “cumplir labores de coordinación de criterios institucionales, de gobierno interior y de procedimientos judiciales”, o “para revisar y acelerar los procesos”.

Este grupo sustrajo a cuatro personas que se encontraban detenidas en el Regimiento “Atacama” de la ciudad de Copiapó, y otras nueve, que estaban en la Cárcel Pública. Los trece detenidos fueron llevados hacia un sector denominado “Cuesta Cardone”, donde fueron ejecutados.

Lo mismo ocurrió más tarde con otras tres personas, a quienes se les perdió el rastro tras ser vistos por última vez en la “Cuesta Cardone”.

Proceso Judicial que se inicia en 1998 

A Copiapó llegó el helicóptero Puma el mismo día 16 de octubre de 1973, alrededor de las 20.00 horas. Estuvo allí hasta la mañana del 18 de octubre. El trágico resultado de su estadía en la ciudad fueron dieciséis víctimas.

Durante muchos años, el general Sergio Arellano sostuvo que su misión en Copiapó consistió en verificar el fusilamiento de tres prisioneros que habían sido condenados a muerte por un consejo de guerra (García, Tapia y Castillo). Aún no había llegado a la ciudad, dijo al juez Guzmán, "cuando fueron fusilados los trece prisioneros de Copiapó, yo no me encontraba en la ciudad". "Sea cual sea la fecha, estoy convencido de que en este caso no hubo participación de los miembros de mi grupo militar", reiteró el general Arellano.

¿Cuándo se enteró de lo ocurrido? Dijo el general que lo había sabido por un informe del comandante del regimiento, coronel Óscar Haag, "como un hecho ocurrido con anterioridad a mi llegada". 

El brigadier Pedro Espinoza dijo que nada supo de lo ocurrido en Copiapó.

El coronel Sergio Arredondo declaró que tampoco se enteró de nada en su momento y que, más tarde, "tuve conocimiento de que había habido fusilamientos, posiblemente durante o después de nuestra pasada por Copiapó".

El coronel Marcelo Moren Brito dijo que, al momento de partir de Copiapó hacia Antofagasta, "antes de zarpar, el coronel Arredondo nos informó acerca de unos fusilamientos que se habían efectuado en la ciudad". Y más tarde, rectificó su declaración: "En Copiapó y La Serena, presencié parte" de las ejecuciones.

El oficial Juan Chiminelli, ayudante del general, fue nuevamente quien demostró tener la mejor capacidad de memoria y desmintió incluso a su jefe: "Recuerdo que hubo una balacera muy fuerte, puesto que la gente fusilada no quedó en muy buenas condiciones"

Pero como en Copiapó hubo dos ejecuciones masivas el 17 de octubre de 1973, podría argumentarse que hay confusión en los recuerdos. De modo que el juez decidió aclarar a fondo el episodio. Partamos con la declaración del entonces teniente Enrique Vidal Aller, quien era el ayudante del comandante del regimiento (fojas 1372). Y vayamos al comienzo de este episodio.

Dijo el teniente (R) Vidal Aller que, desde La Serena, le avisaron que venía a Copiapó el helicóptero con el general Arellano a bordo. Se lo comunicó de inmediato al comandante Haag, "quien no le dio mucha importancia, me comentó que dicho helicóptero pasaría directo a Antofagasta, ya que en su concepto Copiapó no era tan importante". 

Poco después, un sargento de guardia le avisó que se aproximaba el Puma: "Le ordené al sargento que rodeara al helicóptero cuando se posara en tierra con unos quince hombres que tenía a disposición en esos momentos. Una vez que el helicóptero se posó en tierra, recuerdo que el primero en bajar fue el teniente Armando Fernández Larios, quien venía con tenida de combate, con corvos, granadas, etcétera, y por sus desplazamientos daba la impresión de que estaba desorientado.

Me acerqué y le pregunté qué sucedía, informándome que venía el general Arellano y una comitiva, formada por Fernández Larios, el mayor Arredondo, el capitán Moren Brito y un subteniente, Hugo Julio".

Sigue la declaración de Vidal Aller: "Una vez descendido en tierra el general Arellano, le informé que no había novedades. Luego me preguntó por el comandante de la unidad, señor Haag, informándole que estaba en la comandancia". El general Arellano, entonces, le ordenó que lo fuera a buscar de inmediato. Y cuando Arellano tuvo enfrente al comandante Haag, "lo reprimió por la forma en que vestía, añadiendo que el país estaba en guerra, razón por la cual le ordenó que se cambiara de ropa". El coronel Haag se cambió su ropa por tenida de combate.

Luego, en la comandancia, se reunieron el general Arellano con el comandante Haag, los oficiales de la comitiva Arredondo y Moren, así como el capitán Brito del regimiento de Copiapó. Luego, aseguró Vidal Aller al juez, "el general Arellano pidió todas las carpetas de la gente que estaba detenida tanto en la unidad como en la cárcel de Copiapó. Luego de estar reunidos dos a tres horas, bajó el capitán Brito con las carpetas que había estudiado el general Arellano y de las cuales se separaron trece, relacionadas con las personas que finalmente masacraron".

Mientras la reunión se efectuaba, sucedió algo que el ex teniente Vidal Aller no pudo olvidar jamás: "Salió el teniente Armando Fernández Larios, me preguntó dónde estaban los detenidos, fue hasta dicho lugar y premunido de un arma —que consiste en un mango con cadena y una bola de púas—golpeaba en la cabeza a la gente. De este accionar resultó muerta una persona de nombre Leonello Vincenti. Esto estuvo en conocimiento del mayor Arredondo y del capitán Carlos Brito, quien increpó al teniente Fernández Larios por su cometido, respondiéndole éste que dependía del general Arellano y no de él".

Y si el entonces teniente Vidal Aller fue testigo de lo ocurrido desde su sala de ayudantía, la versión de lo que sucedió dentro de la oficina de la comandancia sólo podía darla el coronel Óscar Haag Blaschke. En su primera declaración (fojas 2059 y siguientes) fue más bien cauteloso. Dijo que cuando el general Arellano le mostró el documento firmado por el general Pinochet, nombrándolo su Oficial Delegado, comprendió "que en ese momento quedaba subordinado del mando pues, de acuerdo al reglamento, el Oficial Delegado tiene plenas y amplias atribuciones para obrar en todos los aspectos del mando". Haag aseguró al juez que el general Arellano, junto al entonces mayor Pedro Espinoza, "comenzó a revisar las tarjetas de identificación de cada uno de los detenidos, más las causas que estaban en tramitación (…) En varias oportunidades, pidió ampliación de los datos de algunos detenidos, como —por ejemplo—la forma en que lo habían detenido, actitud, lugar de su detención y cargos que se le formulaban (…) debo manifestar que, durante la revisión, tanto el general Arellano como el mayor Espinoza tomaron notas o hacían anotaciones en la lista de detenidos".

Pero fue en un segundo interrogatorio, realizado el 29 de enero de 2000, cuando el coronel Óscar Haag Blaschke hizo un pormenorizado relato de lo que allí ocurrió y que culminó con la muerte de dieciséis prisioneros políticos.

Veamos lo que dijo al ministro Juan Guzmán: "Nos reunimos en la comandancia con el general Arellano y, además, participaron de esa reunión el Prefecto de Carabineros, comandante René Peri, y el Prefecto de Investigaciones, cuyo nombre no recuerdo. Además estaban otro funcionario de Investigaciones y un oficial de Carabineros, cuyos nombres y grados no recuerdo. Además estaba el abogado Rojas Hidalgo, quien era mi asesor. De la comitiva, además de Arellano, se encontraba el entonces mayor Pedro Espinoza. Todos ellos revisaban los antecedentes de los detenidos. También estaba junto a ellos el capitán Carlos Brito, quien tenía los archivos de las personas detenidas". "El general Arellano, el mayor Espinoza, el capitán Carlos Brito, junto con los funcionarios de Investigaciones y Carabineros a cargo de Inteligencia, cuyos nombres no recuerdo, trabajaban en una mesa con los archivos y los antecedentes de los detenidos. Estábamos al frente de la mesa sentados, presenciando de lejos lo que ellos hacían. Existía un fichero con todos los datos de las personas detenidas, que contenía su filiación política y cargos que existían contra ellos. Esta documentación se guardaba en un cárdex. A cargo del cárdex se encontraba el capitán Carlos Brito. Este último iba mostrando las tarjetas correspondientes a cada detenido y el general Arellano, a veces, efectuaba anotaciones marginales. No, no recuerdo el color del lápiz que usaba. Lo vi solamente de lejos, de manera que no podía precisar qué era lo que anotaba. En algunos casos hacía anotaciones y en otros, no. Esta reunión comenzó alrededor de las 20.00 horas del día 16 de octubre de 1973 y terminó poco antes de la medianoche de ese día". "Recuerdo que el teniente coronel Arredondo u otro oficial entraban esporádicamente a la reunión. A Arredondo lo conocía porque practicaba equitación. Además, el general Arellano mandaba misivas para afuera a través de cualquiera de los miembros de su comitiva, pues eran de su confianza. Enviaba mensajes escritos, presumiblemente a miembros de su comisión. Ignoro su contenido". "Al final de la reunión, el general Arellano entregó la lista que había recibido de parte de la Fiscalía con los nombres de todos los detenidos que se encontraban en el regimiento y en la cárcel local —alrededor de setenta—en la que había marcado el nombre de trece personas, ordenando que debían ser fusiladas a la brevedad. Estas personas fueron ejecutadas estando con sumarios pendientes porque la orden del general no podía dejar de cumplirse, dada la alta investidura que éste tenía". 

Trece prisioneros, ¿y los otros tres? El coronel Haag dijo al juez que, en esa misma reunión, el general Arellano examinó los expedientes de los tres funcionarios del mineral El Salvador. Porque García, Tapia y Gastillo habían sido juzgados por un consejo de guerra, el que propuso pena de muerte para los tres. El caso estaba siendo revisado por Haag, pero el general le ordenó al asesor jurídico, abogado Daniel Rojas Hidalgo, que cerrara la causa y preparara el documento para firmar el cúmplase de la sentencia al día siguiente. Nos encontramos, en el relato, cerca de la medianoche del 16 de octubre de 1973. Acaba de terminar la reunión donde se ha decidido la muerte de un total de dieciséis prisioneros.

¿Qué pasó después? El teniente (R) Vidal Aller lo relató así al juez: "Terminada la reunión del general Arellano y su comitiva, se dio orden de trasladar a trece personas con destino a La Serena, orden dispuesta por el propio general Arellano al comandante Haag. Esta misión debía cumplirla el capitán Patricio Díaz Araneda, quien me pidió que lo acompañara, a lo que respondí que yo era ayudante del comandante y no podía recibir órdenes de él. Posteriormente, el capitán Díaz Araneda designó a tres subtenientes, recién salidos de la Escuela Militar, para que lo acompañaran a cumplir la misión de traslado de los detenidos". 

El oficial Patricio Díaz Araneda pasó, entonces, a ser clave para continuar averiguando lo sucedido. En su primera declaración, no abrió la boca. Ya estaba retirado del Ejército, pero trabajaba para la institución como ingeniero químico de FAMAE. No recordaba nada de lo ocurrido en Copiapó. En los años 73 y 74, explicó al juez, pasó por "uno de los períodos más difíciles de mi vida". Dijo que estaba recién casado y que, aunque su mujer vivía a tres cuadras del regimiento, podía verla sólo cada tres meses. Por eso, dijo, tenía "lagunas de memoria". —¿Ha recibido ayuda siquiátrica? —le preguntó el ministro Guzmán. —No, porque sólo ahora me doy cuenta, ya que en 25 años nadie me ha preguntado sobre este tema —contestó el oficial Díaz Araneda.

Pero en junio de 1999, el ministro Guzmán fue a la cárcel de Copiapó y, en el libro de guardia de 1973, encontró la prueba. Allí estaba registrado que a las 0.30 horas del día 17 de octubre, el suboficial Orlando Lukes Smith —alcalde subrogante—había entregado nueve prisioneros al capitán Patricio Díaz Araneda. Por esa misma fecha, junio del año 99, le fue negada al ministro Guzmán su petición de conocer el listado de oficiales y suboficiales que estaban en los regimientos de Copiapó y La Serena en 1973. El Jefe del Estado Mayor del Ejército, mayor general Patricio Chacón Guerrero, le contestó que "es una materia clasificada como secreta". Así fue como el ministro Guzmán decidió arrestar al oficial Patricio Díaz Araneda y someterlo a proceso. El arresto fue crucial para aclarar el episodio.

Tras seis meses de reclusión, Patricio Díaz Araneda recuperó la memoria y confesó: "No antes de las 23-00 horas fui citado a la comandancia, siendo recibido en el sector de la ayudantía, porque en esos momentos en la comandancia se encontraba el general Arellano y los miembros de su comitiva y demás personas que participaron en la reunión, esto es, el capitán Brito y el comandante Pery, entre otros. En la ayudantía se encontraba el comandante Haag y el mayor Enriotti. En ese momento recibo la orden verbalmente, encontrándonos todos de pie. Esta orden consistía en fusilar, fuera del recinto del cuartel y sólo con la participación de oficiales, a unos detenidos, los que serían indicados en una lista. Efectivamente recibí una lista con nombres. Esta lista, me da la impresión, estaba escrita en forma manuscrita". El entonces capitán Patricio Díaz Araneda "representó" la orden a sus superiores. Es decir, preguntó si podía evitar su cumplimiento. Pero la orden le fue reiterada, momento en el cual supo que no tenía otro camino que cumplirla, ya que sus superiores se hacían responsables por lo ordenado.

Continúa el relato del entonces capitán Díaz Araneda: "Para el cumplimiento de la misión se me puso a disposición un camión militar que yo personalmente conduje y en el cual trasladamos a los detenidos. Mientras yo preparaba el armamento fueron retirados cuatro de los detenidos que se encontraban en el interior del cuartel, los que subimos al camión para trasladarnos a continuación a la cárcel de Copiapó a retirar a los nueve restantes. El nombre de los detenidos de la cárcel me fue entregado en una lista. Recuerdo que a la cárcel ingresé alrededor de las 00.30 horas del día 17 de octubre, comunicando al personal encargado que, por orden de la Fiscalía Militar, debían hacerme entrega de los detenidos que figuraban en la lista. De eso se deja constancia en el Libro de Guardia del recinto penitenciario".

"Retirados los detenidos de la cárcel, los que junto a los sacados del recinto militar sumaban trece personas, me dirigí con el camión hacia el sur de Copiapó por la carretera Cinco Norte. Recorrimos un poco más de veinte kilómetros y, en cuanto el terreno me lo permitió, me salí con el camión de la carretera y me interné en la pampa hacia el poniente, aproximadamente unos 200 metros, procediendo a detener el camión. En ese momento, al bajar los oficiales, le comuniqué a los subtenientes cuál era la misión que debíamos cumplir. Los subtenientes me preguntaron si no había forma de no cumplir esa orden, ante lo cual yo les reiteré que no y que la orden debía ser cumplida por cuanto a mí me había sido ratificada.

Acto seguido, procedimos a bajar a los detenidos en grupos de tres, los que fueron fusilados por tres de los oficiales, en tanto uno aseguraba la permanencia del resto en el camión. El fusilamiento fue rotativo respecto a los participantes, naturalmente en el último grupo fueron cuatro los fusilados.

Deseo dejar constancia que, por nerviosismo, no me percaté de que mi fusil estaba en ráfaga y fusilé a dos de ellos en esas condiciones".

—¿Iban atados o encapuchados los prisioneros? —le preguntó el juez a Patricio Díaz Araneda.

—Las manos les fueron atadas en la parte de atrás, al momento de subirlos al camión. Y las bolsas con las cuales se encapuchaban las caras, al momento de ser fusilados, eran bolsas de sacos de dormir.

—¿En qué orden los fusilaron? —preguntó el juez. —Yo participé en los fusilamientos de los cuatro grupos, para lo cual utilizamos fusiles SIG 7.62 mm. de cargo militar.

Éramos tres fusileros para cada grupo, pero para el último fuimos cuatro. No recuerdo el orden de los fusileros en cada caso. Los fusilamientos se realizaron con los detenidos de pie, enfrentando al grupo de fusileros, a una distancia aproximada de ocho metros. Fallecieron instantáneamente con los primeros disparos, no fue necesario ejecutar tiros de gracia.

—¿Qué pasó después? —Terminado el fusilamiento, procedimos a cargar los trece cadáveres en el camión, cubriéndolos con una carpa. Y me dirigí con el camión hacia el predio del regimiento, donde permanecieron hasta alrededor de las 20 ó 21 horas del día 17 de octubre de 1973, oportunidad en que trasladamos los restos hasta el cementerio de Copiapó. La custodia del camión estuvo inicialmente a cargo de dos oficiales, los que posteriormente fueron relevados por personal del regimiento.

—¿Dirigió usted el traslado de los cadáveres al cementerio y su entierro? —Sí, al cementerio ingresamos por la puerta trasera, en cuyo interior ya había personal militar, además del administrador del cementerio. Procedimos a bajar los cuerpos del camión, para luego realizar su entierro.

Pero el administrador nos señaló que no era posible realizar el entierro sin un documento del Registro Civil. Por este motivo, personal militar concurrió a buscar al oficial de Registro Civil, quien una vez en el lugar procedió a tomar las huellas dactilares de cada una de las víctimas, las que registró en un formulario. Entretanto, esta operación era alumbrada por las luces de los vehículos.

—¿Quién le dio la orden de fusilar a los prisioneros? —La orden me fue dada por el comandante del regimiento, teniente coronel Óscar Haag, cuando nos encontrábamos ambos de pie en la ayudantía de la comandancia, ya que yo fui llamado por él. En el intertanto, se encontraba en la oficina del comandante el general Sergio Arellano Stark y algunos miembros de su comitiva. Todos se encontraban en tenida de campaña. Me consta que el general Arellano y parte de su comitiva estaban en la comandancia, ya que yo los vi entrar. Le representé la orden al comandante Haag y éste me señaló que había que cumplir dicha orden.

El 29 de enero de 2000, a las 11.45 horas, en el Comando de Telecomunicaciones se realizó el careo entre el general Sergio Arellano Stark y el entonces capitán Patricio Díaz Araneda. —Precise, general Arellano, dónde durmió la noche del 16 al 17 de octubre y la noche del 17 al 18 de octubre de 1973 —inquirió el juez. —Mi comisión llegó a Copiapó el día 16 de octubre de 1973, alrededor de las 20.00 horas, donde pernocté. Estuvimos todo el día en esa ciudad, donde pernoctamos para partir el día 18 de octubre de 1973, a primera hora, a Antofagasta —respondió el general Arellano. 

Luego, el general Arellano dijo que —tras su llegada—se reunió con el comandante Haag para planificar las actividades del día siguiente y se fue a dormir a su hotel. Y en la mañana del 17 de octubre había tenido una reunión con los oficiales y suboficiales del regimiento, en la cual recomendó "el respeto a la población civil y la necesidad de evitar cualquier forma de abuso de poder". Y terminó esta parte de su declaración reafirmando que su comitiva no estuvo en Copiapó cuando fueron asesinados los trece prisioneros.

—¿Ordenó usted el traslado de esas trece personas y/o su fusilamiento? —preguntó el ministro Guzmán al general Arellano.

—Definitivamente no ordené ni el traslado ni el fusilamiento —contestó el general Arellano.

—¿Participó usted en el traslado y en el fusilamiento de los trece prisioneros? —preguntó el juez a Patricio Díaz Araneda.

—Efectivamente dirigí y participé en el fusilamiento de trece personas en Copiapó, el día 17 de octubre de 1973. Estimo que estos fusilamientos se realizaron entre la una y media o dos de la madrugada. Enfáticamente puedo decir que los hechos ocurrieron en la madrugada del día 17 de octubre, fecha que coincide con la estadía del general Arellano con su comitiva. Es cuestión de asociar. La comitiva del general Arellano llegó a Copiapó el día 16 de octubre, alrededor de las 20 horas —contestó el oficial Díaz Araneda.

—¿En qué momento y quién le encomendó la misión? —El día 16 de octubre de 1973, pasadas las 23 horas, fui llamado a la comandancia del Regimiento Atacama. En la ayudantía se encontraba el comandante Haag y el mayor Enriotti. Allí recibí, de parte del coronel Haag, la misión de ejecutar a los detenidos que estaban señalados en una lista, actividad que debía ser realizada sólo por oficiales y fuera del cuartel. Fue el comandante Haag. El comandante estaba muy alterado, pues es una persona muy nerviosa. Estaba muy conmovido. Me dijo que tenía que cumplir con la orden de ejecutar a las trece personas mencionadas en la lista. Estaba muy asustado. Incluso yo le representé la orden. Nunca el comandante Haag había tomado una decisión tan drástica y estoy convencido de que cumplía órdenes superiores (…) La razón que más me impulsa a decir que el comandante Haag cumplía órdenes superiores es que las dieciséis ejecuciones habidas en Copiapó se producen exactamente durante el período de permanencia de mi general Arellano y su comitiva en la guarnición. Ni antes ni después de la presencia de mi general Arellano en Copiapó, hubo detenidos que hayan sido ejecutados —contestó el oficial Díaz Araneda.

—¿Dónde estaba el general Arellano cuando la orden de fusilamiento le fue dada?

—Estaba en la comandancia del regimiento Atacama, alrededor de las 23 horas del día 16 de octubre. 

Fue entonces cuando el general Arellano decidió intervenir y así quedó registrado en el proceso: "No es la primera vez que se aprovecha el paso de mi comitiva por alguna guarnición donde había comandantes pusilánimes que incluso no cumplieron con las disposiciones del Comandante en Jefe del Ejército, como ocurrió en la guarnición de Calama".

—¿Estaba el general Arellano en la noche del 16 de octubre en la comandancia del regimiento? —preguntó el ministro Guzmán. General Arellano Stark: "Concretamente no estaba. Me encontraba en el hotel".

Oficial Díaz Araneda: "Puedo asegurar que estaba en la comandancia. Lo vi entrar el día 16 de octubre alrededor de las 20.20 horas, cual es el tiempo que demora en llegar desde el helicóptero a la comandancia. No más de 15 a 20 minutos".

—¿Estaba el general Arellano en la comandancia cuando se le dio la orden de ejecutar a los trece detenidos? —repitió el juez, dirigiéndose a Díaz Araneda.

—Creo que estaba en la comandancia porque no lo vi salir.

—¿Dónde estaba, general Arellano, cuando se dio la orden de fusilar?

General Arellano Stark: "No, a esa hora me encontraba en el hotel".

Oficial Díaz Araneda: "Mi general Arellano se encontraba en la comandancia".

General Arellano Stark: "Insisto, me encontraba en el hotel".

El general Arellano argumentó, entonces, que la prueba de su inocencia y, por ende, la prueba de la culpabilidad del comandante Haag en los crímenes de Copiapó, estaba justamente en el hecho de que Haag no hubiera llamado a su superior jurisdiccional —el general Lagos—antes de dar la orden de fusilamiento.  

El oficial Díaz Araneda le replicó así: "Yo sólo aseguré, y no me cabe duda, que el comandante Haag cumplió órdenes superiores. No había nada ni antes ni después de la llegada del general Arellano a Copiapó que pudiera precipitar los hechos referidos".

—¿Por qué el comandante Haag no solicitó autorización al general Lagos para hacer algo tan grave como el fusilamiento de trece personas? —preguntó el juez. —Ignoro si esa noche el comandante Haag comunicó la orden al general Lagos Osorio, sólo sé que asumió como Oficial Delegado del Comandante en Jefe, desde el momento de su llegada a Copiapó, mi general Arellano —contestó Díaz Araneda.

El general Arellano, entonces, reiteró que el documento que recibió de manos del general Pinochet no indicaba "que yo asumiría el mando de la unidad ni tampoco que cumpliría funciones como juez militar". Dijo que el documento que lo nombró Oficial Delegado sólo se refería al comportamiento de los militares con la población civil, a fin de mantener la buena imagen del Ejército; a la revisión de procesos militares; a velar por que los consejos de guerra dispusieran la debida defensa de los procesados.

El careo entre el coronel Óscar Haag Blaschke y el oficial Patricio Díaz Araneda aportó nuevas pruebas al ministro Guzmán. Se realizó el 29 de enero de 2000, a las cuatro de la tarde, en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército.

¿Quién dio la orden de sacar a los trece detenidos y fusilarlos? Esa fue la pregunta del juez que gatillo la siguiente aclaración por parte del coronel Haag:

"Al momento en que me fue exhibido el documento en que el general Pinochet nombraba Oficial Delegado al general Arellano, quedé relevado del mando y, por lo tanto, sobrepasado en mis atribuciones. El día 16 de octubre de 1973, en la reunión que sostuvimos con el general Arellano en la comandancia, éste ordenó el fusilamiento de trece personas que estaban en una lista. La lista fue elaborada en triplicado. Una la tenía el capitán Carlos Brito, otra la Fiscalía Militar y la tercera le fue entregada al general Arellano. No vi la lista de cerca, pero posteriormente me percaté de que la lista tenía unas marcas que había hecho el general Arellano. El criterio que tuvo en cuenta el general Arellano para seleccionar a las trece personas que iban a ser fusiladas atendió a la gravedad del delito, a las circunstancias que rodearon su detención y al partido político a que pertenecían las trece personas".

Y agregó el coronel Haag: "Concretamente yo sabía que esas trece personas iban a ser fusiladas porque la orden había sido dada por el general Arellano, estando en la oficina de la comandancia. No di la orden de fusilar a esas trece personas, ni en forma verbal ni escrita. Pienso que la orden la dio Enriotti, quien era el segundo del regimiento y a quien —estando en el interior de la comandancia—le comuniqué la orden del general Arellano". Siguió el coronel Haag: "Lo del traslado y posterior evasión de los trece detenidos fue una ficción para dar una explicación que no impactara al personal del regimiento, pero la verdad es que las personas fueron ordenadas fusilar por el general Arellano. El general Arellano, una vez que mostró la lista con las trece personas detenidas que serían fusiladas, la mandó fuera de la comandancia por intermedio de un emisario de su comisión que bien pudo ser Arredondo, quien era su segundo. El general Arellano dijo que estas trece personas debían ser fusiladas de inmediato y las otras tres debían ser fusiladas a la mayor brevedad, ordenando que se diera término al sumario".

Y fue entonces cuando el coronel Haag agregó nuevos datos: "Luego de que se llevaran a las trece personas, supuestamente rumbo a La Serena, en mi vehículo fiscal —junto a Arredondo y al abogado Rojas Hidalgo—nos dirigimos por la carretera que va a La Serena en busca del camión militar que pertenecía al regimiento y que llevaba a las trece personas". "Como Arredondo se molestó porque no encontrábamos el camión, después de llegar a la cima de la cuesta Cardone, ordenó que regresáramos a Copiapó. De vuelta, a unos pocos kilómetros de Copiapo, con los fusilados en su carrocería, tapados con una carpa y chorreando sangre. Nos detuvimos y Arredondo, para verificar, se bajó del vehículo, se subió al camión, levantó la carpa que cubría los cuerpos y contó los cuerpos para comprobar la muerte de las trece personas. Posteriormente, por orden de Arredondo, nos dirigimos al hotel donde se alojaba el general Arellano, quien nos recibió en bata. Entonces Arredondo dijo textualmente: 'Cumplida su orden, mi general, las trece personas fueron ejecutadas y lo he confirmado personalmente'.

No es difícil imaginar el estupor que debió experimentar el ministro Guzmán al escuchar las palabras del coronel Óscar Haag, como asimismo el actuario al teclear la declaración en su máquina de escribir.

Agregó el coronel Haag que volvió al regimiento, esa madrugada de octubre, y ordenó que se redactara el comunicado oficial, dando cuenta del traslado de los trece prisioneros a La Serena, su intento de escapar en el momento en que el camión sufrió un desperfecto eléctrico y la muerte de todos por "ley de fuga".

—¿Quién dio la orden de fusilar a los trece prisioneros? —repitió el ministro Guzmán.

—Oficial Díaz Araneda: "La orden la recibí del comandante Haag, estando en la oficina de la ayudantía junto al mayor Enriotti. Es probable que cuando llegué a la comandancia, el comandante Haag y el mayor Enriotti estuvieran en ese momento comentando la orden de fusilar a las trece personas. Entonces, en ese momento, se me ordenó cumplir la orden de ejecutar a las trece personas"

Coronel Haag Blaschke: "Es posible que así haya sucedido. Lo que ocurrió fue que, estando en el interior de la comandancia, le entregué la lista a Enriotti, diciéndole que el general Arellano había ordenado la ejecución de trece detenidos".  

—¿Mantiene su versión de que la orden de fusilar la dio el coronel Haag? —preguntó el juez a Díaz Araneda.

Oficial Díaz Araneda: "La orden la recibí estando el coronel Haag junto al mayor Enriotti en la ayudantía. El coronel Haag sabía que la orden era fusilar".

Coronel Haag Blaschke: "Estando junto al mayor Enriotti, que era mi segundo comandante, es posible que tácitamente le haya transmitido la orden al entonces capitán Patricio Díaz, en el sentido de que en mi presencia el mayor Enriotti le informó al capitán Díaz que la orden era fusilar a las trece personas que, momentos antes, el general Arellano había tiqueado en la oficina de la comandancia. Yo le entregué el papel a Enriotti para que se encargara de los detalles y tomara las medidas del caso con el objeto de cumplir la orden dada por el general Arellano, orden que había que cumplir de todas maneras. Había que fusilar a las trece personas".

Oficial Díaz Araneda: "Sí, al momento de recibir la orden, estábamos los tres. En ese momento, le representé la orden a mi comandante Haag". 

Coronel Haag Blaschke: "Yo tenía que darle la orden al mayor Enriotti para que la cumpliera. No podía ser de otra manera. La orden había que cumplirla. Entonces, cuando me la representó el capitán Díaz Araneda, le dije que era una orden superior y que, dada la alta investidura del general Arellano, era imposible no cumplir con la orden".

Oficial Díaz Araneda: "Efectivamente es así".

—A ver, ¿quién dio la orden? —preguntó nuevamente el juez, tratando de entender la lógica y el lenguaje militar en el cumplimiento de órdenes.

Oficial Díaz Araneda: "La orden me la transmitió el comandante Haag, quien me comunicó que la orden era del general Arellano y que había que cumplirla. Esto sucedió en presencia del mayor Enriotti, quien me dio las instrucciones para su cumplimiento, estando los tres en la ayudantía de la comandancia".

Coronel Haag Blaschke: "Efectivamente así es. La orden se la transmití al capitán Díaz en presencia del mayor Enriotti, reiterándole que esa orden debía cumplirse por la investidura de Oficial Delegado que tenía el general Arellano".

Cuando el juez quiso saber del momento en que ambos oficiales se encontraron en la carretera, cuando ya el camión venía de regreso con los cadáveres y el coronel Arredondo se subió para contar los cuerpos, dijeron lo siguiente:

Oficial Díaz Araneda: "Yo no recuerdo haber visto a Arredondo en la cuesta Cardone".

Coronel Haag Blaschke: "Efectivamente, Arredondo y yo estuvimos en la Cuesta Cardone, junto al abogado Rojas Hidalgo. Es posible que el entonces capitán Patricio Díaz no se haya dado cuenta de mi presencia, junto a Arredondo, por el estado de conmoción en que se encontraba después de la muerte de las trece personas".

—¿Y quién ordenó el fusilamiento de los tres prisioneros provenientes de El Salvador? —preguntó el juez, refiriéndose a García, Tapia y Castillo.

Coronel Haag Blaschke: "En la misma reunión de la noche del día 16 de octubre, el general Arellano —al ver los expedientes de los tres funcionarios de El Salvador, cuya condena a muerte había sido propuesta por un consejo de guerra—le comunicó al asesor jurídico, abogado Daniel Rojas Hidalgo, que cerrara la causa y que, en la reunión de las diez de la mañana del día siguiente, le presentara el documento para firmar el cúmplase de la sentencia. Al final de la reunión del día 17 de octubre, el abogado Rojas le presentó los expedientes de las tres personas condenadas a muerte, firmando el general Arellano el cúmplase, en presencia de todas las personas que estaban en la reunión". Agregó: "Inmediatamente dispuse que se diera cumplimiento a la sentencia al segundo comandante, mayor Enriotti, haciéndole presente que se cumpliera con todos los requisitos legales del caso. Al final del día 17 de octubre, el mayor Enriotti me comunicó que estaba todo dispuesto para el cumplimiento de la sentencia, que ésta se iba a realizar en el predio del regimiento y que había designado como jefe del pelotón al teniente Ramón Zúñiga Ormeño. No me comunicó los nombres del resto de los oficiales que conformaron el pelotón de fusilamiento. A la mañana siguiente, el mayor Enriotti me comunicó que la orden había sido cumplida conforme a lo programado y que las personas habían sido colocadas en urnas y enterradas en el cementerio de Copiapó, en tumbas separadas, y que habían quedado registradas en los libros del cementerio en el patio 16, sepulturas 13, 14 y 15".

—¿Participó el capitán Díaz Araneda en esos tres fusilamientos? —preguntó el juez. 

—Oficial Díaz Araneda: "No tuve participación ni directa ni indirectamente en los fusilamientos de esas tres personas. Y debo agregar que los oficiales Yáñez, Marambio y Ojeda tampoco tuvieron participación en el fusilamiento y posterior inhumación de esas tres personas". 

Coronel Haag Blaschke: "Confirmo lo dicho por Díaz Araneda". 

—¿Qué les habría sucedido si no cumplen la orden del general Arellano de fusilar a las trece personas y luego la sentencia de muerte para las otras tres personas? —preguntó el juez.

Coronel Haag Blaschke: "En tiempo de guerra, el no cumplir órdenes de un superior de la investidura del general Arellano, pienso que me habría expuesto a graves sanciones, incluso la muerte".

Oficial Díaz Araneda: "En tiempo de guerra, no cumplir una orden, en particular la dada para fusilar, podría haberme expuesto a ser condenado a fusilamiento". 

Al amanecer del 17 de octubre de 1973, en el regimiento de Copiapó, había un camión con su trágica carga en la carrocería: trece prisioneros asesinados. Una guardia militar lo custodiaba, de modo que nadie pudiera acercarse. El capitán Díaz Araneda —según su confesión—se había preocupado, en el curso del día, de preparar el entierro clandestino. Así le fue ordenado. Esperó a que anocheciera y cerca de las nueve de la noche —ya con toque de queda—dio la orden para que el camión saliera del regimiento.

El dictamen es por hechos ocurridos en Copiapó y Calama.

Los oficiales de Ejército (r) Oscar Haag Blaschke y Hernán Núñez Manríquez fueron procesados y detenidos por orden del ministro de fuero Víctor Montiglio, por su presunta responsabilidad en los secuestros y homicidios que tuvieron lugar en las ciudades de Copiapó y Calama, en el caso Caravana de la Muerte.

El general (r) Haag, quien en 1973 se desempeñaba como comandante del Regimiento de Ingenieros "Atacama" de Copiapó, fue encausado como coautor de los secuestros y homicidios de 16 víctimas que el 16 de octubre de 1973 fueron ejecutadas en la cuesta "Cardone" de la mencionada ciudad.

El fallo relata que el día citado, "un grupo de militares del regimiento Atacama procedió a retirar a 4 personas que se encontraban detenidas en dicha unidad, y luego a 9 que estaban en la cárcel pública, las que fueron trasladadas hacia un sector denominado "Cuesta Cardone", donde los hicieron descender del vehículo, y en unión con otros militares, procedieron a ejecutarlas, utilizando fusiles SIG". Lo mismo ocurrió con otras tres víctimas.

En el caso de Núñez, fue encargado reo como autor de los secuestros y homicidios calificados cometidos en el regimiento Topater de Calama contra 26 víctimas, el 19 de octubre de 1973.

Esto se debe al secuestro y posterior muerte de copiapinos en la Caravana de la Muerte en Copiapó

La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González Quiroz, quien investiga el denominado “Episodio Copiapó” del caso conocido como Caravana de la Muerte, dictó acusación en contra de nueve personas en calidad de autores de secuestros y homicidios calificados reiterados en contra de 13 víctimas y de 9 como autores de secuestro calificado reiterado de otras 3 víctimas.

De acuerdo a los antecedentes que constan en la acusación “se encuentra legalmente acreditado en autos que, en horas de la noche del día 16 de octubre de 1973, llegaron hasta Copiapó en un helicóptero “Puma” varias personas comandadas por el, a la sazón, General de Ejército Sergio Arellano Stark, quien por delegación del entonces Comandante en jefe del Ejército, para “cumplir labores de coordinación de criterios institucionales, de gobierno interior y de procedimientos judiciales”, o “para revisar y acelerar los procesos”, junto a un grupo de militares pertenecientes al Regimiento “Atacama” de la ciudad de Copiapó, sustrajeron a cuatro personas que se encontraban detenidas en dicha unidad militar, las subieron a un camión del Ejército y, con ellas, se dirigieron a la Cárcel Pública de Copiapó, lugar desde donde sustrajeron a otras nueve personas más, que se encontraban privadas de libertad en dicho recinto, por orden de la autoridad jurisdiccional militar. 

Luego, el grupo de militares transportó a los trece detenidos, hacia un sector denominado “Cuesta Cardone”, los obligaron a descender del vehículo en que eran transportados y en unión con otros militares que se encontraban en el lugar, procedieron a disparar contra Alfonso Ambrosio Gamboa Farías, Atilio Ernesto Ugarte Gutiérrez, Fernando del Carmen Carvajal González, Agapito del Carmen Carvajal González, Winston Dwight Cabello Bravo, Manuel Roberto Cortázar Hernández, Raúl del Carmen Guardia Olivares, Raúl Leopoldo de Jesús Larravide López, Edwin Ricardo Mancilla Hess, Adolfo Mario Palleras Sanhueza, Héctor Leonelo Vincenti Cartagena, Pedro Emilio Pérez Flores y, Jaime Iván Sierra Castillo, utilizando para ello fusiles SIG calibre 7.62 mm.; verificadas las muertes, los cadáveres fueron trasladados a la unidad militar y, desde ese lugar, al cementerio de la ciudad, lugar donde fueron identificados, siendo sepultados en una fosa común, practicándose con posterioridad las correspondientes inscripciones de defunción”.

Agrega que “con los mismos antecedentes se tiene por legalmente acreditado además, que en horas de la noche del día 17 de octubre de 1973, un grupo de militares pertenecientes al Regimiento Atacama de la ciudad de Copiapó, en un camión del ejército, se trasladaron hasta los barracones donde mantenían a detenidos políticos y sustrajeron del lugar, sin derecho, a Benito Tapia Tapia, Maguindo Castillo Andrade y a Ricardo Posada García, a quienes trasladaron presuntamente al mismo sector denominado “Cuesta Cardone”, privándolos de libertad en forma ilegal y arbitraria, lugar desde el cual se pierden sus rastros, sin que hasta la fecha se conozcan sus paraderos. Los acusados como autores de secuestros y homicidios calificados reiterados son: Sergio Víctor Arellano Stark, Carlos Arredondo González, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Moren Brito, Patricio Ramón Félix Díaz Araneda, Ricardo Fernando Yáñez Mora, Waldo Antonio Ojeda Torrent, Marcelo Arnaldo Marambio Molina, Oscar Ernesto Haag Blaschke. 

En tanto, los acusados como autores de secuestro calificado, en carácter de reiterados son: Sergio Víctor Arellano Stark, Carlos Arredondo González, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Moren Brito, Ramón Adolfo Zúñiga Ormeño, Fernando Raúl de Fátima Castillo Cruz, Edwin Reynaldo Herbstaedt Gálvez, Oscar Gonzalo Pastén Morales, Oscar Ernesto Haag Blaschke. 

Ambos fueron detenidos hoy y llevados ante el juez, quien dispuso su reclusión en el Batallón de Policía Militar, en Santiago.

SANTIAGO.- Dos militares chilenos retirados fueron detenidos hoy y procesados por su presunta responsabilidad en 42 crímenes cometidos en 1973 por la llamada "Caravana de la Muerte’’, informaron fuentes judiciales.

Los procesados, contra los que el juez Víctor Montiglio dictó también orden de arresto, son el general Hernán Nuñez Manríquez y el coronel Oscar Haag Blaschke, ex comandante del regimiento Copiapó.

Ambos fueron detenidos hoy y llevados ante el juez, quien dispuso su reclusión en el Batallón de Policía Militar, en Santiago.

Estos procesados pertenecían a las dotaciones de los regimientos de las norteñas ciudades de Calama, donde fueron asesinados 26 prisioneros, y Copiapó, donde las víctimas sumaron 16.

Según la resolución de Montiglio, los procesados participaron en las ejecuciones de las víctimas, quienes años más tarde fueron exhumados o lanzados al mar.

Entre los muertos de Calama hubo dirigentes sindicales, profesionales y un periodista, Carlos Berger, que había sido condenado por un consejo de guerra a sólo 61 días de prisión.

El caso de la "Caravana de la Muerte" estuvo anteriormente a cargo del juez Juan Guzmán Tapia, que en el 2001 procesó a Augusto Pinochet, quien fue absuelto por la Corte Suprema por padecer supuestamente demencia subcortical.

 La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González Quiroz, dictó este jueves una acusación en contra de nueve personas en calidad de autores de secuestro y homicio calificado de 13 víctimas, y además a nueve como autores de secuestro calificado reiterado de otros tres afectados, en el marco del denominado "Episodio Copiapo".

Los antecedentes constatados en la acusación acreditan que "en horas de la noche del 16 de octubre de 1973 llegaron hasta Copiapo en un helicóptero 'Puma' varias personas comandadas por el General de Ejército, Sergio Arellano Stark".

El general llegó a la zona por delegación del entonces Comandante en Jefe del Ejército, "para cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y procedimientos judiciales".

Junto a un grupo de militares pertenecientes al Regimiento "Atacama" de la ciudad de Copiapo, se llevaron a cuatro personas detenidas en la unidad de militar y las subieron a un camión. Posteriormente se dirigieron a la Cárcel Pública y subieron a nueve personas más, que se encontraban privadas de libertad por orden de la autoridad jurisdiccional militar.

Los 13 detenidos fueron llevados a la "Cuesta Cordone", los obligaron a descender del vehículo y junto con otros militares que estaban en el lugar, le dispararon a cada uno de ellos.

Alfonso Gamboa, Atilio Ugarte, Fernando Carvajal, Agapito Carvajal, Winston Cabello, Manuel Córtazar, Raúl Guardia, Raúl Larravide, Edwin Mancilla, Adolfo Palleras, Héctor Vicenti, Pedro Pérez y Jaime Sierra perdieron la vida en el lugar.

La rutina se volvería a repetir la noche siguiente. El 17 de octubre de 1973, un grupo de militares se trasladaron hasta los barrancones donde mantenían detenidos políticos y sustrajeron del lugar a Benito Tapia, Maguindo Andrade y Ricardo Posada llevándolos hasta la "Cuesta Cardone", donde según el documento "se pierden sus rastros, sin que nadie hasta la fecha se conozcan sus paraderos".

Sergio Arellano Stark y otros 12 acusados
Nueve son los acusados como autores de secuestros y homicidios reiterados por la ministra en visita Patricia González: Sergio Arellano Stark, Carlos Arredondo, Pedro Espinoza, Marcelo Moren, Patricio Díaz, Ricardo Yañez, Waldo Ojeda, Marcelo Marambio y Oscar Haag.

Mientras, que por secuestro calificado en cáracter reiterado fueron acusados también Arellano Stark, Arredondo, Espinoza, Moren y Haag, además de Ramón Zuñiga, Fernando Castillo y Oscar Pastén.

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó este jueves acusaciones en contra de los involucrados en el caso Caravana de la Muerte, con episodio en Copiapó.

Fue la ministra en visita, Patricia González, quien acusó a nueve personas en calidad de autores de secuestros y homicidios calificados reiterados y de nueve por secuestro calificado reiterado .

Según los antecedentes que se utilizaron para demostrar estos hechos, se conoció que el 16 octubre de 1973 llegó a Copiapó un helicóptero “Puma” con varias personas comandadas por el general de Ejército, Sergio Arellano Stark, a fin de “cumplir labores de coordinación de criterios institucionales, de gobierno interior y de procedimientos judiciales”, o “para revisar y acelerar los procesos”.

Este grupo sustrajo a cuatro personas que se encontraban detenidas en el Regimiento “Atacama” de la ciudad de Copiapó, y otras nueve, que estaban privadas de libertad en la Cárcel Pública. Los trece detenidos fueron llevados hacia un sector denominado “Cuesta Cardone”, donde finalmente fueron ejecutados.

Lo mismo ocurrió más tarde con otras tres personas, a quienes se les privó de libertad y luego se les perdió rastro, tras ser ubicados por última vez en la “Cuesta Cardone”.

Así entonces, los acusados como autores de secuestros y homicidios calificados reiterados son:
1.- Sergio Víctor Arellano Stark
2.- Carlos Arredondo González
3.- Pedro Octavio Espinoza Bravo
4.- Marcelo Luis Moren Brito
5.- Patricio Ramón Félix Díaz Araneda
6.- Ricardo Fernando Yáñez Mora
7.- Waldo Antonio Ojeda Torrent
8.- Marcelo Arnaldo Marambio Molina
9.-Oscar Ernesto Haag Blaschke

Los acusados como autores de secuestro calificado, en carácter de reiterados son:
1.- Sergio Víctor Arellano Stark
2.- Carlos Arredondo González
3.- Pedro Octavio Espinoza Bravo
4.- Marcelo Luis Moren Brito
5.- Ramón Adolfo Zúñiga Ormeño
6.- Fernando Raúl de Fátima Castillo Cruz
7.- Edwin Reynaldo Herbstaedt Gálvez
8.- Oscar Gonzalo Pastén Morales
9.-Oscar Ernesto Haag Blaschke

 

Los beneficiados, encausados a inicio de semana, son los uniformados en retiro Hernán Núñez, Oscar Haag, Carlos Massouh y César Corvalán, quienes quedaron en libertad previo pago del equivalente a 100 dólares.

La Justicia chilena otorgó hoy  la libertad provisional a cuatro ex militares procesados por su  presunta responsabilidad en la desaparición de opositores a la  dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en el episodio  denominado Caravana de la Muerte. Los beneficiados, encausados a inicio de semana, son los  uniformados en retiro Hernán Núñez, Oscar Haag, Carlos Massouh y  César Corvalán, quienes quedaron en libertad previo pago del  equivalente a 100 dólares.

El juez a cargo del caso, Víctor Montiglio, procesó a Núñez y  Haag, por su responsabilidad en las desapariciones de al menos  40 opositores en las ciudades de Calama y Copiapó, 1.556 y 807  kilómetros al norte del país, respectivamente. En tanto, Massouh y Corvalán fueron encausados por su  participación en el secuestro y posterior ejecución de  Wagner  Salinas y Francisco Lara, dos ex agentes del Grupo de Amigos  Personales (GAP) del ex Presidente Salvador Allende, en octubre  de 1973.

Por el caso de Salinas y Lara se encuentra procesado y bajo  arresto domiciliario el ex dictador Pinochet y la Corte de  Apelaciones de Santiago deberá resolver mañana si le concede o  no la libertad provisional solicitada ayer por la defensa. La Caravana de la Muerte fue una comitiva militar encabezada  por el general Sergio Arellano que en 1973 ejecutó a 75  opositores en un recorrido por el norte y sur de Chile. 

A la espera de la decisión de la Corte Suprema se encuentra el episodio Copiapó de la Caravana de la Muerte, que a su paso por esa ciudad asesinó a 16 personas. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las condenas de primera instancia de la ministra en visita Patricia González que impuso penas de 15 a 10 años de presidio. El fallo condenó a miembros del ejército provenientes de Santiago y a personal del regimiento de Copiapó que participó en esos crímenes.
Durante la investigación se determinó que el 16 de octubre de 1973, alrededor de las 19 horas, el general Sergio Arellano Stark llegó al regimiento Atacama de Copiapó en un helicóptero Puma, con un grupo de militares y un documento con atribuciones delegadas por Pinochet “para cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales, como también, para revisar y acelerar los procesos”.
La Caravana de la Muerte, junto a miembros del regimiento, revisó fichas y antecedentes de los presos políticos recluidos y en la cárcel de Copiapó. Los militares “en horas de la noche, apartaron a cuatro personas que se encontraban detenidas en dicha unidad militar, las hicieron subir a un camión del éjército, y con ellas se dirigieron a la cárcel pública de Copiapó, lugar desde donde sustrajeron a otras nueve personas que se encontraban privadas de libertad en dicho recinto por orden de la autoridad jurisdiccional militar” sin que conste que “haya existido alguna causa o proceso en contra de ellos”, estableció la sentencia.

AMARRADOS Y CON UNA BOLSA EN LA CABEZA
El proceso comprobó que el 17 de octubre de 1973 un capitán de ejército, Patricio Díaz Araneda, sacó a los nueve presos de la cárcel. En su confesión dijo que “comunicó al encargado que por orden de la Fiscalía Militar tenía que entregarle a esas personas”.
Ese mismo día a las 9:15 horas, fue sacado Ricardo García Posada con destino a la Fiscalía Militar de Copiapó. A las 19:20 horas con el mismo destino, sacaron a Maguindo Castillo Andrade y Benito Tapia Tapia.
“El grupo de militares pertenecientes al regimiento de la ciudad, transportó a los trece detenidos hacia las afueras de la ciudad, a un sector llamado Cuesta Cardone; los obligaron a descender del camión y procedieron a disparar contra ellos”, señala el dictamen. El capitán Díaz detalló que se “ataron las manos de los detenidos por la espalda y al momento de subirlos al camión se les había colocado una bolsa de saco de dormir en la cabeza”.
El vehículo conducido por Díaz se dirigió hacia el sur por la carretera 5 Norte. A unos 20 kms., y “cuando el terreno se lo permitió, se salió de la carretera y se internó en la pampa hacia el poniente, unos 200 metros”. Díaz puntualizó que el pelotón los acribilló en grupos de tres. “Por tres de los oficiales, en tanto uno aseguraba la permanencia del resto en el camión, y en el último grupo fueron cuatro los fusilados”. Díaz precisó que él fusiló a dos de los detenidos con su arma en posición de ráfaga. El capitán Ricardo Yáñez Mora calculó que “el fusilamiento debe haber concluido a las 2:00 de la mañana”.
“Cargaron los trece cuerpos en el camión, los cubrieron con una carpa y se dirigió al predio del regimiento donde permanecieron hasta las 21 horas del día 17 de octubre, cuando los trasladaron al cementerio de Copiapó”, consignó Yáñez.

CAMION MILITAR CHORREANDO SANGRE
En el proceso se interrogó al comandante del regimiento de Copiapó, Oscar Ernesto Haag Blaschke, quien dijo que realizó una reunión con Arellano Stark el 16 de octubre. Arellano ordenó fusilar a trece personas que estaban en una lista, en la que hizo unas marcas. Le dijo que dichas personas deberían ser fusiladas de inmediato, y otras tres, a la brevedad.
Haag hizo un relato escalofriante sobre uno de los miembros de la Caravana de la Muerte. Después que el camión se llevó a los trece detenidos y por orden del teniente coronel Sergio Arredondo González, debió conducir su vehículo para ir en busca del camión. A pocos kilómetros de Copiapó lo encontraron cuando “venía de regreso con los fusilados en la carrocería, tapados con una carpa y chorreando sangre”, confesó. “Se detuvieron, y Arredondo, para verificar si estaban muertos, se subió al camión, levantó la carpa que cubría los cuerpos, y los contó para constatar que eran trece”.
Leonardo Meza Meza, administrador del cementerio municipal de Copiapó dijo que el 17 de octubre llegó “en horas de la mañana un grupo de tres militares en un jeep”. Fue llevado al regimiento de Copiapó. Allí “un oficial le comunicó que llevarían trece cadáveres al cementerio, sin especificación de hora y que lo pasarían a buscar a su domicilio”. Meza ordenó al personal del cementerio que buscaran trece urnas en desuso. En la madrugada “como a las tres o cuatro de la mañana llegó una patrulla militar a buscarlo. Subió al jeep militar y se percató de un camión que transitaba también, emprendieron rumbo al cementerio ingresando por la puerta posterior y una vez en el interior, les indicó el lugar para sepultar a las personas”, expresó a la justicia.
Los militares no aceptaron enterrarlos en urnas. Agregó que “al tener los cadáveres en el suelo, le planteó al militar al mando de la patrulla, que él no podía sepultar los cuerpos sin una autorización del Registro Civil”. En pleno toque de queda fueron a buscar a su domicilio al oficial del Servicio de Identificación y Registro Civil, Víctor Monroy. Este tomó las huellas dactilares a los cadáveres.
En cierto momento -continuó Meza- intentó ir a buscar los ataúdes que había preparado junto a un uniformado. Este “estaba choqueado, le había contado que un militar habría cortado con un corvo a uno de estos detenidos, quien le pedía que no lo matara, que tenía tres hijos”.
 “Fue terrible la identificación de los cadáveres, considerando que los conocía a todos, lo peor fue ver a Gamboa (Alfonso Ambrosio Gamboa Farías), a quien le faltaba casi toda la mandíbula”, manifestó Monroy.
Dijo que en sus piernas, brazos y manos presentaban muchos balazos. Algunos “estaban degollados y con heridas cortantes, todos los cuerpos acribillados con múltiples balas. Por ejemplo a Jaime Sierra le faltaba un ojo y Vincenti (Héctor Leonelo Vincenti Cartagena), profesor en el colegio de su hijo, presentaba heridas con arma blanca”, precisó.
Los restos de las trece víctimas fueron negados a sus familiares y sólo les entregaron certificados de defunción. Fueron encontrados y exhumados en julio de 1990, luego que Meza denunciara los hechos ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

SECUESTRO Y ASESINATO DE OTROS TRES PRISIONEROS
La ministra González estableció que “en las últimas horas del día 17 de octubre de 1973, un grupo de militares perteneciente al Regimiento Atacama de la ciudad de Copiapó, se dirigieron hasta unos barracones existentes en esa unidad militar, lugar en que se mantenían, privados de libertad y en calidad de detenidos políticos, Benito Tapia Tapia, Maguindo Castillo Andrade y Ricardo García Posada”. Fueron llevados “presuntamente, al mismo sector de la Cuesta Cardone, lugar desde el cual se pierden sus rastros”, expresa la magistrada.
Iván Patricio Murúa Chevesich estuvo preso con ellos. Era médico del hospital de El Salvador, a 150 kilómetros de Copiapó y militaba en el Partido Comunista y fue detenido el 11 de septiembre. Murúa señaló que cuando era interrogado en el regimiento “llegó el general Arellano que pidió expedientes, y cree que no le pasaron el suyo por nervios de la persona que estaba a cargo, y vio que Arellano hacía círculos rojos con una lápiz de mina, y agrega que escuchó que dijo ‘estos señores deberán ser eliminados’ (…) En esa oportunidad, y después que se retiró Arellano, fueron devueltos a la cárcel y permaneció en una de las dos carpas que había en el patio, y en ella también se encontraban Ricardo García y Maguindo Castillo, a quienes los sacaron del lugar”, declaró.
Respecto a Tapia, Castillo y García Posada, el administrador del cementerio municipal dijo que los cuerpos llegaron al Instituto Médico Legal de Copiapó, que se encontraba a un costado del cementerio, y fueron sepultados en el patio 16.
Arturo Araya Nieto era su ayudante. Sus funciones consistían en desvestir los cadáveres y prepararlos para la autopsia. Vio los despojos de García, Castillo y Tapia el 18 de octubre cuando llegó a cumplir con sus labores. Observó que en la mesa de autopsia había un cuerpo, y otros dos estaban en la sala contigua envueltos en sábanas blancas y al descubrir uno, vio que tenía terno azul y un impacto en el pecho.
Juan Aníbal Mendoza Gómez fue designado el 18 de septiembre de 1973 como director del Hospital de Copiapó y para labores médicas de confianza del jefe de plaza, el teniente coronel Oscar Haag. Mendoza dijo que le llegó una solicitud de autopsia para tres cadáveres. Allí estaba el oficial del Registro Civil, con quien entraron y constató que estaba el cadáver de Ricardo García Posada, de Maguindo Castillo Andrade y Benito Tapia Tapia. Tenían como tres o cuatro entradas de proyectil en el tórax. Emitió certificados de defunción colocando como causa de muerte: colapso cardio-vascular por herida a bala. Hasta ahora no se ha logrado encontrar sus restos, a pesar de varias excavaciones en el cementerio.

¿QUIENES ERAN LAS VICTIMAS?
Alfonso Ambrosio Gamboa Farías, 35 años, profesor de la Escuela Normal de Copiapó y director de Radio Atacama, militante del PS. Atilio Ernesto Ugarte Gutiérrez, técnico en construcciones metálicas y estudiante de ingeniería en minas de la Universidad Técnica del Estado (UTE) de Copiapó, militante del MIR. Fernando del Carmen Carvajal González, PS. Agapito del Carmen Carvajal González, 32 años, PS. Winston Dwight Cabello Bravo, 28 años, ingeniero comercial, jefe de la Oficina Regional de Planificación ODEPLAN, PS. Manuel Roberto Cortázar Hernández, 19 años, presidente del centro de alumnos del Liceo de Hombres José Antonio Carvajal, MIR. Raúl del Carmen Guardia Olivares, 23 años, funcionario público, PS. Raúl Leopoldo de Jesús Larravide López, 21 años, estudiante de ingeniería en minas y presidente de la Federación de Estudiantes de la UTE, Copiapó, MIR. Edwin Ricardo Mancilla Hess, 21 años, estudiante de pedagogía, presidente del centro de alumnos de la Escuela Normal de Copiapó, secretario regional del MIR. Adolfo Mario Palleras Norambuena, 26 años, comerciante, presidente de la junta de vecinos del Campamento de Pobladores Arnoldo Ríos de Copiapó, MIR. Héctor Leonelo Vincenti Cartagena, 33 años, profesor de física en la UTE de Copiapó, secretario regional del PS. Pedro Emilio Pérez Flores, 29 años, ingeniero en minas, profesor de la Escuela de Minas de la UTE de Copiapó, interventor de la planta minera Elisa de Bordo, dirigente del PS. Jaime Iván Sierra Castillo, 27 años, locutor de radio Atacama, PS. Benito Tapia Tapia, 32 años, empleado de la división Salvador de Codelco, dirigente nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre, miembro del comité central de las Juventud Socialista. Maguindo Castillo Andrade, 40 años, empleado de Codelco El Salvador, PS. Ricardo Hugo García Posada, 43 años, ingeniero civil y economista, gerente general de la división El Salvador de Codelco, militante del Partido Comunista. 

MILITARES CONDENADOS
La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por las ministras Dobra Lusic, Jenny Book y Viviana Toro, condenó a Sergio Arredondo González y Pedro Espinoza Bravo a 15 años y un día como autores de trece homicidios calificados y tres secuestros. A los militares Patricio Díaz Araneda, a 11 años, Ricardo Yáñez Mora, Waldo Ojeda Torrent y Marcelo Marambio Molina, 10 años y un día. El fallo absolvió a los oficiales Edwin Herbstaedt Gálvez y Fernando Castillo Cruz.

CARLOS ANTONIO VERGARA

A Copiapó la comitiva llegó igual cómo a los demás lugares donde fueron a matar, vestidos con tenida de combate, armados con pistolas, y corvos a la vista. Y de la misma forma Arellano Stark criticó al comandante del Regimiento porque no estaban en tenida de combate, sin darse cuenta que se estaba en guerra. Pidieron el listado de prisioneros, y de la misma forma que en las demás regiones Sergio Arellano Stark marcó a quienes matarían.

En la Demanda Civil que Zita Cabello, hermana de Winston Cabello, presentó en Miami en el año 2002, en contra de Armando Fernández Larios quien reside allí desde 1987 bajo un "acuerdo de protección”, quedó registrada la declaración de Enrique Vidal, teniente y ayudante del comandante del regimiento de Atacama, Oscar Haag Blanscke en 1973. Vidal declaró que el 16 de octubre de 1973 arribó un helicóptero al regimiento con una comitiva en la que venían Armando Fernández Larios, Sergio Arellano Stark y otros oficiales que no identificó. "Cuando vi a Fernández Larios, me acerqué a saludarlo", dijo Vidal. Ambos habían sido compañeros en la Escuela Militar y esta era la primera vez que se veían luego de haber egresado como oficiales. "Él estaba armado con una pistola, un corvo y una subametralladora; le pregunté a qué venían, a lo que él me respondió, 'ya te darás cuenta"'. Además del armamento que traían, Vidal recalcó que la comitiva vestía tenida de combate. Esto, producto de un llamado de atención del general Arellano Stark al comandante de la guarnición. "Cuando se encontraron, Arellano Stark le dijo: 'Nosotros en este país estamos en guerra, y usted está vestido de salida"', enfatizó Vidal. El ex uniformado aseguró haber visto a Fernández Larios, quien caminaba con la comitiva, con una especie de macana. "Era como una pelota de acero con pinchos, sostenida por una cadena con empuñadura de madera (…) se asemejaba a la de las películas romanas", agregó. Según Vidal, el objeto no era parte del armamento utilizado por el ejército chileno. "'¿Para qué es eso?', le pregunté. 'Para hacerles cariño a las palomitas', me respondió, lo que yo entiendo como pegar a los prisioneros", explicó.

Todo indica que el Puma que transportaba al general Sergio Arellano y su comitiva aterrizó en Copiapó como a las 19.00 horas del 16 de octubre de 1973. Porque el comandante Lapostol lo despidió en el aeropuerto de La Serena cerca de las 18 horas y no tiene dudas acerca del destino: Copiapó. "Fui testigo de los arreglos con la torre de control para el plan de vuelo. Se fue directamente a Copiapó", afirmó el coronel Lapostol.

En la Demanda Criminal con Premeditación y Alevosía que presentó Angélica Palleras, hermana de Adolfo Palleras en el año 1985, uno de los detenidos y testigo, Lincoyán Zepeda, aseguró que todos "éramos miembros y dirigentes de partidos de la Unidad Popular, con la excepción de cuatro sacerdotes prisioneros. La relación con los soldados y suboficiales era buena. No así con los oficiales, que tenían un trato muy duro con nosotros". Había también muchos prisioneros en la cárcel de Copiapó. Unos y otros, los del regimiento y la cárcel, pasaban por los interrogatorios en el cuartel, donde el consejo de guerra – por lo que ha podido saberse – estaba formado por el mayor Carlos Enriotti Bley (fiscal militar), el mayor Carlos Brito Gutiérrez, además del mayor de Carabineros René Peri. No hay más datos.

Zepeda asegura que ese día – 16 de octubre – informaron que vendría un general de Santiago. "Se nos hizo levantar muy temprano, dejar todo ordenado, hacer aseo. Recuerdo incluso que se nos dijo que este general podía tener buenas noticias para nosotros. Los suboficiales pensaban que venía a revisar los procesos de los presos políticos y a darles una solución rápida". "Como a las dos de la tarde tuvimos los primeros indicios que de esta visita no había que esperar nada bueno. En forma desacostumbrada nos obligaron a encerrarnos como a las dos y media. El trato de los soldados era cortante y se vivía en un ambiente muy tenso. Como a las nueve de la noche, se abrió sorpresivamente la puerta y entró un grupo de uniformados que no habíamos visto antes en el regimiento. Nos miraron. Hicieron el siguiente comentario: "aquí están las palomitas" y se retiraron. Mi impresión es que eran oficiales. Dos horas más tarde, el grupo regresó, se leyó una lista e hicieron salir a los nombrados. Fue la última vez que los vimos vivos".

Juan Lafferte, preso que estaba en el regimiento relató: "Me acuerdo que esa noche llegaron los soldados preguntando si alguien conocía a Mansilla o a Palleras. A los presos nos tenían en unas carpas individuales y en un barracón. Yo estaba en las carpas, junto a un cura francés. Había un ambiente de gran tensión. Los soldados, que no eran del Regimiento, empezaron a llamar a los presos. En la carpa al lado mío, estaba Guardia y se lo llevaron. A mí me miraron, pero no me dijeron nada. Después se fueron y sentimos ruidos como de golpes de culata, quejidos. Parece que hubo uno que se les encachó. Después gritos. Imagínese, yo estaba como a unos 10 metros y lo sentía. Después, ruido como si tiraran fardos pesados a un camión. Luego, el ruido del motor y silencio". 

Juan Morales, cabo en la guarnición de Copiapó durante 1973 y testigo en el juicio civil que se efectuó en Miami contra el ex militar chileno Armando Fernández Larios, identificó a este como uno de los oficiales que dio una paliza al preso Jaime Sierra horas antes de que, junto a otros 12 detenidos, fuera ejecutado. "Jaime Sierra (el detenido) pedía a los militares que lo mataran, porque no aguantaba más los golpes", dijo además que el hombre que le pegó a Sierra "dos o tres veces" en el pecho con la culata de su fusil era Fernández Larios. "(Sierra) cayó de rodillas. Estaba inclinado hacia adelante, con la frente a unos 15 centímetros del suelo, y Fernández lo golpeó en la nuca con la suela de la bota. La cabeza pegando en el piso hizo mucho ruido", agregó. Precisó que la paliza se efectuó en el pasillo vecino a su oficina de la guarnición de Copiapó. 

En otro testimonio presentado en ese juicio presentado en Miami en el 2002, el funcionario municipal Víctor Bravo, quien tomó las huellas dactilares de las víctimas de Copiapó, dijo que no había tenido dificultades en reconocer a Sierra ya que lo conocía desde antes del golpe de Estado de 1973. "Me acuerdo que tenía ojos verdes", señaló Bravo, quien agregó que cuando vio el cadáver "a Sierra le faltaba un ojo. Parecía que se lo habían sacado con un corvo (cuchillo)".

Fernández Larios, que logró un "acuerdo de protección" en EE.UU. después de declararse culpable de complicidad en el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976, permaneció impasible ante los testimonios. En este juicio civil se le acusó y se le condenó a pagar una indemnización por ser responsable legal de los delitos de tortura, asesinato extrajudicial y crimen contra la humanidad. 

En la querella por homicidio presentada en noviembre de 1985 por Angélica Palleras, hermana de Adolfo Palleras, el juez alcanzó a realizar varias diligencias que resultaron claves para aclarar algunos puntos en este caso de Copiapó, antes de que la justicia militar clausurara la investigación de esta causa mediante la "ley de amnistía". 

De la cárcel se obtuvo la constancia del día y hora en que fue sacado:

"Miércoles 17 de octubre de 1973. Folio N° 50. Párrafo N° 45, siendo las 00.30 horas y por orden de la Fiscalía Militar de Copiapó, se hace presente en este cuerpo de guardia el capitán de Ejército Sr. Patricio Díaz Araneda con orden de la Fiscalía Militar (verbal) a que le fuera entregado el recluso por dicho tribunal, Adolfo Palleras Norambuena, quien fue entregado en presencia del suboficial mayor de Ejército, señor Orlando Luke Smith y para constancia firma conforme".

Además, el fiscal militar de Copiapó le informó al juez que "revisada la documentación de esta Fiscalía, no hay constancia de haberse instruido ninguna causa en contra de Adolfo Palleras". Es decir, Palleras ni siquiera alcanzó a ser procesado por algún supuesto delito. Agregó el fiscal militar- a fines de 1985-copias de cuatro oficios que encontró en la documentación.

1 -Fechado el 16 de octubre, donde el entonces alcaide de la cárcel – suboficial Orlando Luke- -informaba que "dada la inseguridad del recinto penal por exceso de recluidos, se estarían realizando reuniones nocturnas de los individuos más peligrosos para intentar una fuga".

2 -Fechado el 17 de octubre, donde el fiscal militar – mayor Carlos Enriotti Bley – oficia al fiscal militar de La Serena enviando "la siguiente relación de detenidos que por su alto grado de peligrosidad y falta de capacidad de la cárcel pública y regimiento Ingenieros N° 1 de Copiapó, deben ser recluidos en la Cárcel de La Serena".

3 -Con fecha 16 de octubre, donde el comandante Oscar Haag pide la fosa común para los muertos. Textual:

EJERCITO DE CHILE
1 DIVISION
REGTO. N° 1 "ATACAMA"
Copiapó, 16 de octubre de 1973
DEL JEFE DE LA ZONA EN ESTADO DE SITIO DE ATACAMA
AL SR. ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO
DEL SERV. NAC. DE SALUD
Esta Administración se servirá dar las facilidades del caso para la sepultación de
los siguientes individuos, en fosa común, fallecidos en tentativa de fuga:
(viene listado de nombres)
OSCAR HAAG BLASCHKE
TCL.
Jefe de Zona en Estado de Sitio.

4- Fechado el 17 de octubre, donde el capitán Patricio Díaz Araneda da cuenta al
Comandante Haag sobre lo ocurrido. Textual:
EJERCITO DE CHILE
I DIVISION
REGTO. ING. N° 1 "ATACAMA"

OBJ: Informa sobre Fuga y Ejecución de detenidos.
Ref: Oficio FISMIL N° 201 de fecha
17 de Oct. 1973
Al Fiscal Militar de La Serena
Copiapó, 17 de Oct. de 1973

DEL CAPITAN PATRICIO DIAZ ARANEDA
AL SR. CDTE. DEL REGIMIENTO

1. En cumplimiento a la Orden dada en el sentido de trasladar a la Fiscalía Militar de La Serena la cantidad de 13 (trece) detenidos por complicidad en actos extremistas, informo a Ud., que el día 17. Octubre. 1973, aproximadamente a las 01.00 horas se sucedieron los siguientes hechos:
a) Al recibir la Orden de trasladarme a La Serena, dispuse el alistamiento del camión P:A:M: 5354 con su conductor y tres guardias para efectuar el traslado de los detenidos al lugar dispuesto.
b) La salida del Cuartel se realizó aproximadamente a las 01.15 horas.
c) Antes de llegar al término de la subida de la Cuesta Cardones y debido a fallas producidas en el Sistema Eléctrico, el vehículo debió ser detenido y estacionado en la berma. La falla eléctrica produjo el apagón de la totalidad de las luces del camión.
d) En atención a la panne producida el chofer, dos guardias y el suscrito procedimos a buscar el origen, dejando a cargo de los detenidos un guardia ubicado en la carrocería.
e) En un momento de descuido del guardia, los detenidos procedieron a empujarlo fuera del camión, produciéndose con ello la fuga masiva de todos ellos.
f) En atención a ello, y viendo que el alto dispuesto no produjo la reacción de los prófugos, hice un tiro de advertencia al aire y como ello tampoco diera resultado, ordené hacer fuego en contra de sus personas, produciéndose la muerte de los trece por efecto de los tiros.
g) Acto seguido y con el personal que iba en el camión como Guardia, se procedió a recoger los cuerpos, los que fueron traídos en él hasta el Predio Militar para los fines que corresponde.
2.- Lo sucedido lo informo al Sr. Cdte., del Regto., debido a que el alto concepto de peligrosidad de los prófugos, no permitía otra resolución.
3 – Su conocimiento y Resolución.
Saluda a Ud.
PATRICIO DIAZ ARANEDA
Capitán.

En esta misma causa judicial, el preso político Lincoyán Zepeda, declara, "la primera información que tuvimos fue proporcionada por un soldado. Nos dijo que había pasado una noche muy mala por los gritos horrorosos que había escuchado dentro del regimiento". Como a las nueve de la mañana, sus sospechas fueron confirmadas por suboficiales: "Nuestros compañeros habían sido asesinados. Algunos soldados, al darnos la noticia, se mostraban conmovidos y visiblemente acongojados. Durante ese día y el siguiente pudimos completar la información. Nos contaron que los compañeros no habían sido fusilados, sino que masacrados en vida. Algunos suboficiales tenían testimonios sobre huellas de cuchillo y corvo en los cuerpos de los ejecutados. Incluso contaron que uno de los detenidos fue asesinado en el regimiento, en presencia del Comandante, el que quedó helado, sin poder reaccionar ante la brutalidad de este grupo que acompañaba al general Arellano".

Lo que sucedió esa noche fue informado a la ciudadanía de Copiapó a través de un banco militar publicado a todo lo ancho de la primera página del diario local.

Diario "Atacama", de Copiapó
Jueves 18 de octubre de 1973
Provincia de Atacama
Jefe de Zona en Estado de Sitio
Copiapó, 17 de octubre de 1973
FUGA FRUSTRADA DE REOS
Hace dos días se detectó en la Cárcel Presidio de Copiapó un Plan de Fuga masiva de reos que se encuentran detenidos por la Justicia Militar, denunciado justamente por uno de los detenidos por estas causas. En atención a la poca seguridad y sobrepoblación penal que tiene actualmente la
Cárcel de Copiapó, la Fiscalía Militar y previa comunicación en el día de ayer, se procedió a remitir a un grupo de los procesados más peligrosos de la Justicia Militar a la Cárcel Presidio de La Serena.
El traslado se cumplió a partir de las 01.00 horas de ayer miércoles por personal militar en un camión del Regimiento. 
Conforme lo informado por el Jefe de la Comisión y hecha las averiguaciones del caso, se comprobó que el vehículo tuvo una panne eléctrica casi al llegar a la cumbre a la Cuesta de Cardones, lo que obligó a detenerlo en la berma al costado del camino. Aprovechando que el conductor y ayudante se encontraban preocupados de solucionar el desperfecto, sorpresivamente los detenidos aprovechándose del descuido de uno de los centinelas, saltaron a tierra dándose a la fuga hacia la pampa. Pese a que los centinelas les gritaron !Alto! varias veces e incluso dispararon al aire para amedrentarlos, no se detuvieron. En vista de esta situación, procedieron a disparar contra los fugitivos, hiriendo a trece de ellos que fallecieron en el lugar.

Los afectados resultaron ser: Fernando Carvajal González, Manuel Cortázar
Hernándes, Winston Cabello Bravo, Agapito Carvajal González; Alfonso Gamboa
Farías; Raúl del C. Guardia Olivares; Raúl Leopoldo Larravide López; Ricardo
Mansilla Hess; Adolfo Palleras Norambuena, Pedro Pérez Flores; Jaime Iván
Sierra Castillo, Atilio Ugarte Gutiérrez y Leonello Vicentti Cartagena. Sus restos
fueron inhumados en el cementerio local.

Jefe de Zona en Estado de Sitio
PROVINCIA DE ATACAMA

Basándose en dicho bando militar, la siguiente información apareció en el diario
"El Día", de La Serena, el mismo 18 de octubre de 19973.

A 23 kilómetro de Copiapó.
"REOS POLÍTICOS MUEREN EN UN INTENTO DE FUGA"
Trece fueron los que cayeron en esta acción suicida.
Eran trasladados a la cárcel de La Serena.
Copiapó (Corresponsal) En la madrugada del 16, un microbús de la Jefatura de Plaza de esta provincia trasladaba a un grupo de 13 presos políticos hacia la Cárcel de La Serena, por disposición de las autoridades militares. El vehículo sufrió una falla eléctrica, que obligó al personal a detenerse para arreglar el desperfecto. Esto ocurría a 23 kilómetros al sur de Copiapó. Los detenidos quisieron aprovechar esta circunstancia y se rebelaron contra el personal militar e
intentaron huir, ante lo cual se hizo fuego contra los fugitivos que pagaron cara su
osadía. Los que cayeron en este intento de fuga fueron: Alfonso Gamboa, director de radio
"Atacama"; Winston Cabello Bravo, ex jefe de Orplan de Atacama; Fernando
Carvajal; Manuel Cortázar; Agapito Carvajal, Raúl del Carmen Guardia, Raúl
Leopoldo Larravide; Ricardo Mancilla, Pedro Pérez Flores; Jaime Iván Sierra; Atilio
Ugarte Gutiérrez. Este hecho fue dado a conocer por el Jefe de la Plaza de Copiapó en un Bando
Militar.

Gabriela Palleras visitó a su hermano cuando fue trasladado desde el regimiento a la cárcel – Cuando lo vi quedé muy impresionada, porque estaba muy flagelado, demacrado – declara – Le pregunté “Adolfo que te hicieron” y me respondió…”Quédate tranquila por favor y no te preocupes. Me dieron duro pero ahora estoy tranquilo porque ya llegó el Pilo (Edwin Mancilla) y el “Gafas” (Atilio Ugarte), me dijo que Mancilla venía muy mal por la tortura, pero que ellos lo iban a cuidar. Me dijo entonces que le trajera ropa porque desde el jueves no se cambiaba. Me mostró los brazos y los tenía negros producto de la corriente, mientras me decía que le trajera una cremita. Yo me puse a llorar y me dijo que eso era lo de menos, porque de la cintura para abajo estaba imposible, pero, que ya se habían aplicado unos lavados y que ya estaban en la cárcel y eso les daba seguridad de que ya no volverían a ser torturados. Me encargó comida, pero para cinco personas, y me pidió un colchón para el Pilo Mancilla, porque estaba en muy malas condiciones y necesitaba algo blandito. Inmediatamente me dirigí a la casa, no a la de él, porque él vivía con su señora y en ese instante no nos encontramos. Le llevé lo que encontré, unos pantalones de mi papá, una chaqueta de un cuñado, camisa blanca, jabón, crema, colchón, leche, sándwiches. Lo vi como a las cuatro y media de la tarde y retorné a la cárcel a las seis y media. Las cosas las entregué en la Guardia, donde las recibieron conformes. 

El día 16 le llevamos desayuno con mi marido. Y recuerda Gabriela que se levantaron muy temprano. Por la tarde llevamos diez almuerzos y más sándwiches. Todo ese día nos recibieron cosas. La última colación que llevamos debió ser, calculo yo, como a las cinco y media de la tarde, Ese día no lo vi, pero me recibieron todo lo que llevé.

El día 17 (sin saber que los habían matado en la madrugada), fuimos a dejarle desayuno y me dijeron que no lo hiciera, que ya no estaba allí, sino en el regimiento. Rogué que me recibieran las cosas y se lo dieran cuando regresara, pero no lo hicieron. Retorné a la hora de almuerzo y me dijeron que aún estaba en el regimiento; allí me dio una corazonada y pensé que se trataba nada más que de un interrogatorio. En ese instante un helicóptero sobrevolaba la población, que debió ser del general Arellano Stark. Era de color dorado y le hice un comentario a mi esposo que ese helicóptero no era de Copiapó. Cuando llegué al regimiento un oficial joven me dijo que no le podía dejar el almuerzo, porque estaba en interrogatorios. Le dije que Adolfo estaba desde la mañana y andaba sin desayuno, que por favor me dijera qué le estaba pasando. Él me respondió que no podía decirme nada y que estaban todos bien. Fuimos por la tarde y la misma respuesta. Junto con mi madre nos decidimos a buscar un a abogado para su defensa. Hablamos entonces con Elías Nehme, quien dijo que era prácticamente imposible hacer algo porque a ellos no se les permitía nada; no obstante, nos fuimos donde el abogado Frigolett y me respondió “No puedo hacer nada: en estos momentos como abogados somos cero a la izquierda, lo único que deben tener es resignación”.

El día 18 por la mañana, mi esposo Eugenio, muy de mañana se aprestaba para viajar a Caldera en una de las micros Abarcia. Iba con la intención de ver a las abuelas para decirles que Adolfo ya estaba en la cárcel. Eran como las siete de la mañana cuando mi esposo ve el titular del diario Atacama que decía que trece reos habían muerto en un intento de fuga. Se bajó de la micro y llegó a la casa. Para que le digo como fueron las escenas. Estaba embarazada y en ese instante aún no me levantaba. Él se acercó y me dice; Gaby hay una noticia en el diario y es algo terrible, prepárate para un golpe muy grande. “Qué pasa”, le consulté y la respuesta que recibí fue la de “Mataron a Adolfo”. En ese momento se me vino el mundo encima, primero porque era el hermano mayor y el único varón de la familia. Ese año había sido muy duro para nosotros; primero murió mi sobrino Leopoldo, hijo de Adolfo, quien pereció en marzo de ese año, ahogado en el mar de Caldera. En abril murió nuestro padre, de pena por la muerte de su nieto; y en mayo fallece mi segundo hijo. Habíamos sufrido mucho y Adolfo se había transformado en el pilar de la familia, en el único sostén de mi madre y hermanas menores. Me abracé a mi marido y a mi hermana Ana Luz. Me dirigí a donde estaba mi madre y le dije llorando “Mamá, mamita…mataron a Adolfo”. Mi madre se quedó paralizada, como una muerta, en silencio en un schock emocional sin comprender lo que estaba pasando. Ninguna lágrima, ningún llanto de dolor. A las horas después reaccionó y se pudo dar cuenta de la magnitud de los hechos.

Nos fuimos a la Intendencia, pero allí nadie nos atendió. Habían muchas familias de los ejecutados llorando. Un sacerdote al parecer de nombre Pedro, estuvo todo ese momento con nosotras. De allí nos fuimos al regimiento a reclamar los restos. La señora de Gamboa estaba en el suelo llorando y pidiendo que le entregaran el cadáver de don Alfonso. Fue tanta la presión que hicimos que nos hicieron pasar. Allí estaba el Fiscal Carlos Brito a quien le pedimos los cadáveres y nos respondió que no se podía, porque había sido una acción de guerra y que el vencedor era el que enterraba los cadáveres de los enemigos. ¿De qué guerra me habla? Le pregunté llorando y le agregué que mi hermano se encontraba encadenado, torturado y que no podía haber intentado escapar como ellos decían. No lo entregaron pese a todos los ruegos.

Retorné a la cárcel y me devolvieron las pertenencias que el día anterior le había hecho llegar a Adolfo. Allí estaba el colchón que solicitó para el Pilo, el cual ignoro si finalmente lo usó esa noche. Después nos fuimos al cementerio por la mañana y encontramos tierra removida en el lugar que siempre suponíamos que se hallaba. Había una cruz que decía N.N. octubre de 1973. Nosotros pusimos un cartón con todos los nombres de los ejecutados. Pensamos que quien colocó esa cruz, debió ser un panteonero, porque fue la única seña para llegar hasta donde estaban. 17 años esperamos para que las osamentas de Adolfo tuvieran una sepultura como cristiano y pudiera descansar en paz.

La familia Palleras, reducida a una madre con hijas pequeñas ya que había muerto el padre, el hijo y el nieto, y sólo tenía el apoyo de Eugenio Araya, esposo de Gabriela y psicólogo, quienes residían en Valparaíso, ciudad a donde retornaron, siguió siendo intimidada y perseguida por mucho tiempo, con interrogatorios a una madre destruida, a quien preguntaban por los amigos de su hijo ya muerto.

Ese mismo día 18 de octubre en la madrugada, la comitiva de la muerte asesino a tres detenidos más, Ricardo García Posada, Benito Tapia y Maguindo Castillo, el día previo al de sus asesinatos, los hogares de estas tres personas fueron violentamente allanados por efectivos del Ejército, los que formaban parte de la comitiva militar que había arribado desde Santiago.

Rolly Baltiansky, esposa de Ricardo García, relata: El 15 de octubre me dijeron que el proceso se llevaría a cabo en Potrerillos, con procedimiento de tiempo de guerra, que el fiscal sería el mayor de Carabineros Alarcón y como ayudante actuaría el capitán Ormeño y el teniente Manlio
Córdova, actuando como juez militar el Jefe de la Zona, es decir, el comandante Haag – Fui a Potrerillos y el mayor Alarcón me dijo que pediría "una pena de tres años para Ricardo por el solo hecho de haber sido Gerente General de la Empresa". Tranquila con esta información, retorné a Copiapó. El día 16 de octubre fui a visitarlo a la cárcel, en horas de la mañana. No estaba allí. Me dirigí al Regimiento donde me dijeron que tampoco estaba ahí. En el momento que hablaba con un funcionario militar, casualmente pude divisar a mi marido en el patio del regimiento, caminando maniatado y custodiado por dos militares a su lado. Yo lo llamé tratando de acercarme, pero él me hizo un gesto de que no podía hablar, que me fuera. Fue la última vez que lo vi con vida.
"El día 18 de octubre apareció en el diario "Atacama" de Copiapó una lista de trece personas muertas por intento de fuga. No estaba su nombre… Intranquila, pedí una entrevista con un mayor de Ejército de apellido Enryotti. Fui acompañada por la señora María Tapia, esposa del dirigente sindical Benito Tapia. Al exigirle mayores noticias sobre la suerte de nuestros cónyuges, bajó la vista, señalándonos que nos enviaría información por escrito esa misma tarde. "Pasaban y pasaban las horas. Me desesperé y decidí ir como a las 18 horas donde el abogado que había contratado, Frigolett, pidiéndole que hiciera algo. Y en el momento en que él me decía "a su marido no le va a pasar nada, recuerde que él fue funcionario de las Naciones Unidas", entró María Tapia con un sobre en la mano, los ojos muy abiertos, gritando:… ¡LOS MATARON!"·
En el sobre, un papel insignificante notificaba lo siguiente:

Copiapó, 18 de octubre de 1973
En cumplimiento de una sentencia dictada por el Consejo de Guerra, de fecha 17 de octubre de 1973 y aprobada por la H. Junta de Gobierno, el día 18 de octubre a las 04.00 horas fueron ajusticiados, en fusilamiento, los reos Ricardo García Posadas, Benito Tapia Tapia y Manguino Castillo Arredondo. Los condenados serán entregados a sus familiares para su sepultación en la
Morgue local, prohibiéndose la salida de los restos fuera del recinto del cementerio, conforme a las disposiciones penales vigentes para estos casos. La sepultación será sin ceremonia alguna y con asistencia de no más de 5 personas y debe realizarse hasta las 19.00 de hoy.

Corrí al cementerio, pero allí no se me permitió ver sus restos. Ese día el toque de queda se adelantó para las 20 horas, por lo tanto fui obligada a abandonar el Camposanto. A la mañana
siguiente, fui a primera hora al cementerio y el cuerpo de Ricardo ya había sido sepultado. Sólo se leían sus nombres en un pedazo de madera. Luego las cruces, al igual que las sepulturas, desaparecieron. Hasta hoy no sabemos dónde están enterrados".

Un amigo de Ricardo, el geólogo Patricio Villarroel, fue detenido el mismo 18 de octubre, horas después del fusilamiento. Y le aseguró a la viuda que, en el regimiento, todos comentaban que era responsable de los fusilamientos un grupo militar que vino desde Santiago en helicóptero: "Vinieron de Santiago y no te olvides de un nombre: Arellano Stark".

Días después, Bernardo Pinto, trabajador de Cobresal, pagó a un sepulturero para que abriera la fosa y lo que vio no lo olvidó jamás. "Estaban sin ataúdes y los tres cuerpos destrozados, con tajos en la cara, el tórax, las piernas, se les veían a veces los huesos en las heridas". Los tres cuerpos desaparecieron del cementerio para siempre.

Rolly Baltiansky, esposa de Ricardo García, se exilió en México en 1974 con sus hijas Ximena, de siete, y Paula de tres. Cuando Ximena cumplió 15 volvió a Chile tras las huellas de su padre. No soportaba su trágica ausencia. Recorrió los lugares por donde él anduvo, pero nunca superó su drama.

El 16 de marzo de 1990, cuando en Chile renacía la democracia, en Ciudad de México Ximena se roció diluyente y murió quemada. "Dios, que el aguarrás no mate mi alma", escribió en una carta.

Arellano Stark admitió en su "Testimonio", manuscrito de 1990 con el que pretendió lavar la sangre de sus manos, que él firmó "la sentencia" del supuesto Consejo de Guerra que habría condenado a muerte a los tres de Cobresal. En todo caso, fue Arellano quien incluyó en esta segunda lista de muerte a García, Castillo y Tapia, ordenando ejecutarlos en las primeras horas del jueves 18 de octubre.

Ello ocurrió a las cuatro de la madrugada en el regimiento, según el comandante del Atacama, Óscar Haag. "El fusilamiento de García, Castillo y Tapia lo dirigió el teniente Ramón Zúñiga Ormeño, y lo acompañó el subteniente Fernando Castillo Cruz", declaró Díaz Araneda ante el juez Juan Guzmán.

Arturo Araya, asistente del médico legista Juan Mendoza, llegó temprano a la morgue de Copiapó aquel día 18. Vio los tres cuerpos tendidos en camillas y tapados con sábanas blancas. Destapó a uno para desvestirlo y preparar la autopsia, pero el administrador del cementerio, Leonardo Meza, se lo impidió. "Esos cuerpos son intocables", le dijo. Araya alcanzó a ver que la víctima vestía ambo azul y tenía una tapadura dental de oro.

A las tres de la tarde de ese 18, Víctor Bravo, oficial del Registro Civil, llegó a la morgue para tomar las huellas dactilares de los tres cuerpos. "El señor García tenía un anillo de oro con un rubí y las heridas de bala las tenían todos en el pecho", afirmó Bravo judicialmente.

Cerraron el cementerio, a un costado de la morgue, y los tres cuerpos fueron sepultados sin urnas en una fosa abierta en el Patio 16. En el libro de ingreso a García se asignó el número 13, Tapia el 14 y Castillo el 15. Informados los familiares de las ejecuciones por el supuesto Consejo de Guerra, no se les admitió en el cementerio. Ricardo García, Benito Tapia y Maguindo Castllo, nunca aparecieron y son detenidos desaparecidos hasta hoy día. 

A los familiares de los trece ejecutados del 17 de octubre, más allá de no entregarles los restos de sus seres queridos, se les ocultó donde estaban enterrados y a pesar de que en el bando se informó que estaban en el cementerio, allí no se les dijo en qué lugar. Pero desde el mismo momento que se publicó el crimen, los familiares fueron a buscar al cementerio y encontraron una mancha de tierra removida con huellas de camión que venían desde un portón lateral del cementerio, allí dejaron flores que fueron retiradas por una permanente guardia militar que se instaló en el cementerio por mucho tiempo, encargada de retirar las flores que allí se dejaban, hasta que los familiares y el pueblo copiapino tiró semillas de siempre vivas, rayitos de sol y docas, las que crecieron rebeldemente casi sin agua y le ganaron a la vigilancia militar que fue retirada, formándose allí una mancha de flores que se transformó en un jardín que todo el pueblo visitó y cuidó por 17 años.

Inmediatamente después del hallazgo y apertura de la fosa clandestina de Pisagua, junio de 1990, parte importante del equipo técnico y profesional que participó en ello se trasladó a Copiapó para impulsar la apertura de la fosa clandestina ubicada en el cementerio de Copiapó. A principios de julio, como un preludio de lo que vendría y mientras se preparaban las querellas por inhumación ilegal, Angélica Palleras, quien era en esa época dirigente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y DD DD de Iquique-Pisagua, declara en el Diario Atacama – “Mi hermano hablo en la última concentración pública que se hizo en la Plaza de armas de Copiapó y allí llamó a detener la escalada golpista del fascismo, dijo que una vez más los poderosos asesinarían a los trabajadores y a sus dirigentes. Mi hermano aspiraba a una sociedad justa, humana y solidaria, donde todos tuvieran posibilidad y derecho a ser feliz. Hoy queremos rescatarlo, desenterrarlo y regresarlo, para darle una sepultura que él se merece y que él hubiera deseado para cualquier ser humano” – declaración que hacía mientras se coordinaban las acciones legales entre el grupo llegado desde Iquique a cargo de Olaff Olmos, arqueólogo antropólogo, la Vicaría de la Solidaridad de Copiapó con su abogado Erick Villegas y su Secretario Godofredo Escalante, con la Vicaría de la Solidaridad de Santiago representada por la abogada Rose Mary Bornard, el Obispado de Copiapó con Monseñor Fernando Ariztía y la Comisión de Verdad y Reconciliación presidida por Raúl Rettig.

Durante todo ese mes se hicieron gestiones para que entre el 27 y el 30 de julio de 1990, con múltiples querellas presentadas por viudas, hermanas y madres de las víctimas, se realizaran las acciones judiciales para abrir la mancha de flores donde estaba la fosa común de los ejecutados de la Caravana de la Muerte en Copiapó, se hallaron y se sacaron, ante el horror de los familiares y de todo el pueblo, que pudo comprobar la forma espantosa en habían muerto, víctimas de un crimen alevoso, que se reflejaba en los múltiples cortes de corvos, cuchillos, punzones, yataganes y destrucciones de cráneos y cortes de huesos que habían en todos los cuerpos de los ejecutados. 

Todo el pueblo de Copiapó, que había visitado durante diecisiete años ese jardín, se mantuvo expectante durante todo ese mes, siguiendo los anuncios de la prensa, hasta que en portada se publicó, “Hoy se desentierran a los 16 fusilados”. Para luego, en otra portada publicar “Fueron exhumados 13 restos de ejecutados” , “Torturados y Quemados Hallaron a Ejecutados” y finalmente “Reinician búsqueda de tres ejecutados” por los tres que no aparecieron en la fosa.

Fueron días de sufrimiento colectivo por los mártires que habían sido dirigentes sociales y políticos del lugar, quienes habían sufrido una muerte tan horrorosa a manos de criminales sin piedad, lo que causó alarma e impresión nacional al ser publicado en medios periodísticos de la capital, en los cuales se entrevistó al abogado de la vicaría a cargo de la causa y presidente de la Comisión de DD HH de Copiapó, Erick Villegas, quien detalló en una entrevista en la revista Análisis, “los restos muestran huellas evidentes de corvos, especialmente en sus extremidades y estómagos”. De la misma forma el arqueólogo Olaff Olmos declaro en una entrevista del programa televisivo Informe Especial de Televisión Nacional: “En este lugar no se encontraron balas, lo que indica que las muertes no se produjeron por fusilamiento, sino por heridas producidas por arma blanca, son cortes a la altura de órganos vitales, como riñones, hígados, páncreas, cortes en el cuello a la altura del cuello, de las cervicales, las primeras dorsales. También hay utilización de punzones o un arma blanca que penetra.

Los funerales fueron masivos y muy sentidos, dejando atrás todas las dudas acerca de un posible fusilamiento o fuga, con la más evidente prueba, no habían balas, lo que vino a comprobar la veracidad del testigo que en 1985 había declarado en la causa presentada por María Angélica Palleras, testigo que también declaró en la Revista Análisis, asegurando que al regimiento llegó un camión militar con unos presos políticos, los cuales fueron trasladados a los “famacoles traseros”, especie de subterráneo ubicado al costado sur del regimiento, en calle Los Carrera altura 1489, donde estaban otros presos que habían andado llamando promovidos de una lista, en ese lugar estaban los boinas negras llegados de Santiago y sus superiores, junto a oficiales locales, los cuales “en la madrugada sacaron a tres personas que se veían en malas condiciones y las llevaron al edificio principal del regimiento. Los subieron al segundo piso, donde estaba la enfermería y la Fiscalía Militar, dirigidos por el Fiscal Militar, Carlos Brito y frente a las cuadras, los tiraron al vacío, Solo uno de ellos gritó y opuso resistencia. Después los cuerpos fueron arrastrado a los famacoles”. “Transcurrido un tiempo, dos camiones tolva cargaron en ese lugar varias bolsas de polietileno y salieron del regimiento en dirección norte”.

Este testimonio, que coincide con muchos otros testimonios de presos y soldados que estuvieron esa noche allí, y relatan la noche de horror que se vivió, se pudieron comprobar con la exhumación hecha en 1990 y al margen de los errores que pueden tener en relación a los tiempos, horarios y nombres determinados, el hecho de fondo es el que se comprobó, todos sus cuerpos estaban mutilados y no habían balas.

Sin embargo, y a pesar de todas las más de cuarenta querellas que los familiares de cada uno de los ejecutados presentaron en esa ocasión y del reconocimiento que los familiares hicieron en cada uno de ellos, comprobando la forma en que los mataron, y teniéndose pruebas a la vista en fotografías y declaraciones grabadas…en estos momentos, a 26 años de esta exhumación, la Causa Caravana de la Muerte capítulo Copiapó se está cerrando por muerte por fusilamiento, debido a las negligencias dela investigación, a la incapacidad de los Tribunales y a la negación de la Justicia que hay en Chile para las víctimas de la Dictadura.

A cuarenta y tres años de la defensa que no se pudo hacer con abogados contratados por los familiares de los presos políticos de Copiapó, a treinta y un años de la primera querella interpuesta por la hermana de Adolfo Palleras en contra de los responsables del crimen, a veintiséis años de las querellas que interpusieron todos los familiares de los ejecutados para exhumarlos de la fosa común, a dieciocho años de la apertura de la Causa Caravana de la Muerte y a trece años de la demanda civil presentada por la hermana de Winston Cabello en Miami, donde se estableció que Fernández Larios, uno de los más sanguinarios miembros de la comitiva criminal, había matado con cortes de corvos y cuchillos a Winston Cabello, puesto que este no tenía balas, demanda en la que el acusado aseguró que solo había matado de esa forma a la víctima contemplada en esa causa, en circunstancias que hacía trece años atrás se habían exhumados los restos de las trece víctimas y estaban todas ultimadas con armas blancas…Hoy, se está cerrando esta causa llena de contradicciones y errores que llevan a la impunidad y la protección de los asesinos, los que tan pronto sean condenados por la Corte Suprema a los años que ellos estimen convenientes, serán solicitadas sus libertades condicionales, de parte del Poder Legislativo, representado por senadores y diputados, por el Poder Judicial, representado por jueces de la Corte Suprema y su Presidente, por la Iglesia Católica, representada por un sacerdote jesuita y por el Estado en su conjunto, representado por un gobierno que no tiene el coraje de obrar de acuerdo a las Normas Internacionales de Defensa de los Derechos Humanos y el castigo obligatorio que toda Nación civilizada debe dar en estas circunstancias a los Criminales de Lesa Humanidad.

viernes, 14 de abril de 2017

 

DDHH. Máximo tribunal sentenció a 15 años por delitos reiterados de homicidio calificado en caso Caravana de la Muerte. Familiares anunciaron otras instancias.

Constanza R. Álvarez

Luego de 19 años de presentada la querella por los familiares de 13 personas que fueron ejecutadas en el regimiento de Copiapó, en el marco del caso de la Caravana de la Muerte episodio Copiapó, la Corte Suprema dictó sentencia en contra de seis miembros del Ejército, actualmente en retiro, sindicándolos como los responsables de 13 delitos de homicidio calificado, además de tres secuestros calificados.

De esta forma el máximo tribunal rechazó los recursos interpuestos en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que ya había condenado a penas de 15 años y un día a los ex militares, Sergio Arredondo, Pedro Espinoza en calidad de autores de los delitos.

También fue condenado Patricio Díaz, militar en retiro, a 11 años de presidio en calidad de autor de delitos reiterados de homicidio calificados de las 13 víctimas. Además los miembros retirados del Ejército, Ricardo Yáñez, Waldo Ojeda y Marcelo Marambio pagarán penas de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad en los mismos delitos por los que fueron condenados los anteriores uniformados.

Por su parte, los ex oficiales Edwin Herbstaedt Gálvez y Fernando Castillo Cruz fueron absueltos de los cargos de secuestro calificado.

Civil

Otra sentencia que fue ratificada, fue la orden para el Estado de Chile y los demandados de pagar a familiares de las víctimas la suma de seis mil 400 millones de pesos.

Angélica Palleras, hermana de Adolfo Palleras Norambuena, víctima de la Caravana de la Muerte presidida por el general Sergio Arellano Stark, está contenta y triste a la vez, asegura que la resolución de la Suprema "produce una gran alegría porque fueron tantos años buscando justicia", sin embargo cree que fue un poco tarde.

"Nosotros no tenemos la verdad, tenemos ahora un fallo y una condena que si bien son 15 años, en el fondo es demasiado poco, es demasiado injusto y no es la verdad", sentencia Palleras. Esto porque los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Atacama están convencidos que en el caso de la Caravana de la Muerte episodio Copiapó, las víctimas no fueron fusiladas como dictó la Corte, sino fueron muertos en tortura.

"En esa situación en particular los hechos son bastante poco claros, ellos estuvieron en el regimiento de Copiapó y de acuerdo a los antecedentes que tenemos ellos fueron brutalmente torturados y eso era una práctica común que hacían también los militares de la época y no me cabe la menor duda de que algunos de nuestro familiares murieron producto de las torturas", aseguró el seremi de Economía, Mario Silva, hijo de Mario Silva Hiriarte quien fue fusilado por la Caravana de la Muerte ese 17 de octubre de 1973.

El secretario de economía aseguró, respecto del fallo dictado por la Corte Suprema, que "después de 40 años, exigiendo justicia, cuando llega tarde, no es justicia".

"Para nosotros es un reconocimiento que hace el Estado de Chile en el cual los militares actuaron bajo la orden del dictador Augusto Pinochet Ugarte, entonces lo que queda de manifiesto acá es que nuestros familiares fueron ejecutados y asesinados por el Estado de Chile", indicó el seremi.

La Causa

Respecto de la posible causa de muerte, la que familiares ponen en duda, Angélica Palleras asegura "que se está haciendo un fallo por un fusilamiento, circunstancia en la que nosotros abrimos la fosa mediante un acto personal de los familiares, nos las arreglamos para que pudiéramos abrir judicialmente las fosas; y pudimos ver y comprobar algo que el pueblo de Copiapó sabía, que los habían matado solo con corvos y cuchillos".

Silva comentó que "los hechos son bastante poco claros, ellos estuvieron en el regimiento de Copiapó y de acuerdo a los antecedentes que tenemos ellos fueron brutalmente torturados y eso era una práctica común que hacían también los militares de la época y no me cabe la menor duda de que algunos de nuestro familiares murieron producto de las torturas".

Es por ese motivo que ambos miembros de la Agrupación de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, aseguran que esta no será la última instancia en búsqueda de justicia, ya que acudirán a la Corte Internacional de Derechos Humanos para esclarecer la causa de la muerte de sus familiares.

"Luego de este fallo iremos a la Corte Internacional de Derecho humanos a exigir la verdad, nosotros sacamos a nuestros muertos y vimos cómo estaban y si los tribunales chilenos quieren ocultar esa verdad, nosotros tenemos que ir a las cortes internacionales a exigirle al Estado que establezca la verdad y sobre ella se configure esa reparación que necesitamos como país", indicó Palleras.

Silva agregó que "creemos que hay antecedentes suficientes que podrían aclarar que no fueron ejecutados, sino muertos en tortura".

Por Pedro Vega 
y Jorge Escalante 
 Después de dos años de investigación judicial de la Caravana de la Muerte, el caso por el cual el ex dictador Augusto Pinochet podría ser desaforado y procesado en Chile, los protagonistas rompieron el silencio. Esta "caravana" militar fue enviada por Pinochet al sur y norte del país en octubre de 1973 y asesinó a 75 prisioneros políticos. Y por primera vez, desatendiendo la lealtad impuesta por la ex policía secreta de la dictadura, reconocieron que la misión era, simplemente, matar prisioneros.

La revelación la hizo el coronel retirado Sergio Arredondo el 27 de enero pasado en un careo con quien fue entonces el jefe de esa misión y que actuó como "Oficial Delegado" de Pinochet, el general en retiro Sergio Arellano Stark. Aunque la actuación está bajo secreto de sumario, Página/12 accedió en forma exclusiva al documento.

  La diligencia judicial fue practicada en el regimiento de Telecomunicaciones bajo estricta reserva por el juez del fuero Juan Guzmán Tapia, que investiga las 76 querellas presentadas hasta ahora en contra del ex dictador. Y constituyó la primera vez que ambos militares se enfrentaron en el proceso. Durante 5 horas, cara a cara y en presencia del magistrado Guzmán, Arellano y Arredondo se contradijeron y acusaron mutuamente de los asesinatos perpetrados.

  Arredondo le dijo al juez que él sabía que la misión era ejecutar

prisioneros y que eso le fue comunicado al inicio de la partida el 30 de setiembre de 1973 por el propio oficial delegado de Pinochet. En esta confrontación entre los dos más altos oficiales que integraron la Caravana de la Muerte, el coronel (R) Arredondo también le reveló al juez que el general (R) Arellano siempre estuvo en conocimiento de todas las ejecuciones ocurridas al paso de su comitiva. A continuación las partes más relevantes de estas confesiones, hasta ahora nunca difundidas.

  "¿Sabía que precisamente usted iba a cumplir ejecuciones?", le preguntó a Arredondo el juez Guzmán. "Sí sabía, tomé conocimiento a través de mi general Arellano", contestó Arredondo. "Es una aberración lo sostenido por el coronel Arredondo. Me da vergüenza que un oficial de su trayectoria falte a la verdad en forma descarada", reaccionó Arellano. La contrarrespuesta de Arredondo no se hizo esperar: "Mi general dijo que él estaba consciente de que la responsabilidad era del mando, del más antiguo y de la verticalidad del mando".

  Respecto de doce de las 15 ejecuciones en La Serena del 16 de octubre de 1973, el general (R) Arellano dijo al juez: "Tomé conocimiento de esas muertes en 1986, cuando el general Gordon (Humberto), en presencia de mi hijo Sergio y el abogado Víctor Gálvez, me exhibió la sentencia que condenaba a muerte a esas personas, la que estaba sin firmar".

  Sin embargo, respecto de los hechos de Calama donde el 19 de octubre de 1973 a las 17 horas fueron fusilados 26 prisioneros, el general afirmó que "tomé conocimiento a mi regreso de Chuquicamata el día 19 de octubre de 1973, a las 20 horas, del fusilamiento de 26 detenidos que habían sido sacados desde la Cárcel de Calama. Hablando con el teniente coronel Arredondo, reconoció su participación en los hechos y le ordené que elaborara un acta dando cuenta de estos hechos". El coronel Arredondo lo contradijo: "Mi general estuvo siempre informado de las ejecuciones y el número de ellas, en La Serena, Antofagasta y Calama. En La Serena le di cuenta de la ejecución de 15 personas. Estaba acompañado del comandante de La Serena, señor Lapostol Orrego". Y agregó que "como jefe del Estado Mayor del general Arellano, mi obligación era comunicarle todas las acciones sin apartarme de la verdad. El no hacerlo significaría faltar al más elemental principio de la ética de un oficial".

  Respecto de las ejecuciones de Antofagasta, Arredondo manifestó al juez: "Se produjeron durante la noche, y al día siguiente antes de embarcarnos hacia Calama le comuniqué al general Arellano que se habían fusilado a 14 personas. Quisiera agregar que, si se mantiene la tesis de que el comandante Pedro Espinoza no habría participado en estos fusilamientos, mal podría haberle informado al general Arellano".

  El general (R) Arellano también debió desistirse de la acusación de "conducta brutal y cruel" que le formuló –también en el proceso– a Arredondo y a su subordinado Marcelo Moren. "Esa frase debe quedar sin efecto porque nunca la dije. En este acto manifiesto que no es verdad lo expresado en dicha frase", admitió. Pero a pesar de las duras acusaciones que el general Sergio Arellano le ha formulado a Arredondo desde el fin de su misión al sur y al norte, acusándolo de actuar a su espalda y de cometer él los crímenes, en 1978, sin embargo, le manifestaba su amistad con grandes sentimientos. En otro punto del careo, y ante evidencias documentadas que presentó Arredondo, Arellano debió admitir que Arredondo y el entonces capitán Marcelo Moren Brito sí fueron designados por él mismo para integrar la comitiva.

  Como los dos principales jefes de la Caravana de la Muerte, Arellano Stark y Sergio Arredondo se encuentran procesados y detenidos, al igual que el subjefe de la DINA, brigadier (R) Pedro Espinoza y otros tres altos oficiales retirados por dictamen del ministro de fuero Juan Guzmán por el delito de secuestro calificado de 19 personas que fueron ejecutadas en el norte del país en octubre de 1973 y que aún permanecen desaparecidos.

Vetar la superinmunidad

El sábado un pleno del congreso chileno aprobó con mayoría abrumadora una reforma constitucional que podría darle al ex dictador Augusto Pinochet (en calidad ex mandatario) un fuero indestructible si decide abandonar el senado. Pero ayer aumentó la presión para que el presidente socialista Ricardo Lagos utilice su derecho a veto para detener la reforma. La secretaria general del Partido Comunista Gladys Marín denunció una "inmoralidad política y presión indebida" a la Justicia chilena –que está procesando un pedido de desafuero contra el ex dictador–. La presidente del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, condenó la reforma por ser "un engaño y una provocación". Un veto de Lagos no es del todo seguro: el mismo sábado el gobierno impulsó la aprobación de la reforma, aseguró ayer La Tercera. 

 

"¡Los trece fueron ejecutados, mi general!"

Por J. E. y P. V. 
 Dos días después de la confrontación Arellano-Arredondo, otro careo del juez Juan Guzmán confirmaba las acusaciones de Arredondo sobre las responsabilidades en la Caravana de la Muerte. Esta vez, era entre Oscar Haag Blaschke, ex comandante del regimiento Atacama de Copiapó, al norte de Santiago, y el ex capitán del mismo cuartel, Patricio Díaz Araneda. Ninguno de los dos integró la Caravana. Pero dieron muchas precisiones sobre el horror de las ejecuciones, las listas que designaban a las víctimas, y cómo se respetaba la cadena de mandos. 

  "Por orden de Arredondo nos dirigimos al hotel donde se alojaba el general Arellano Stark, quien nos recibió en bata. Entonces Arredondo le dijo textualmente: 'Cumplida su orden, mi general. Las trece personas fueron ejecutadas y lo he confirmado personalmente'", le reveló Haag al juez Guzmán.

  Media hora antes, cerca de la 1.30 hora del 17 de octubre de 1973, la orden de ejecutar a los trece prisioneros había sido cumplida por el capitán Díaz. Lo habían acompañado el capitán Ricardo Yáñez Mora y los subtenientes Waldo Ojeda Torrent y Marcelo Marambio Molina, todos del Atacama. El comandante Haag reconoció que le encargó el cumplimiento de las ejecuciones a su capitán Díaz. Y dijo a Guzmán que "el general Arellano ordenó el fusilamiento de trece personas que estaban en una lista". Según Haag, la lista fue elaborada por el mismo Arellano y "tenía unas marcas que había hecho el general".

  Haag contó que debió llevar en su jeep a Arredondo para confirmar que efectivamente los trece prisioneros estaban muertos. Y esto también lo había ordenado Arellano. "Encontramos el camión militar que venía de vuelta con los fusilados en su carrocería, tapados con una carpa y chorreando sangre. Nos detuvimos y Arredondo, para verificar, se bajó del vehículo, se subió al camión, levantó la carpa que cubría los cuerpos, y los contó para comprobar la muerte de las trece personas", afirmó Haag ante el magistrado Guzmán.

  Fue después de esa confirmación ocular y numérica que Arredondo le ordenó a Haag llevarlo al hotel Copiapó, para informarle a Arellano.

El atardecer del martes 16 de octubre de 1973, cuando Arellano llegó con su Caravana a Copiapó, le mostró al comandante Haag el documento firmado por Pinochet, donde lo nombraba "Oficial Delegado" para "acelerar procesos" de los prisioneros. Haag recuerda que Arellano se lo pasó y luego le preguntó: "¿Está claro el contenido, comandante?", "Sí mi general, está claro", dijo Haag que le respondió.

En enero de este año, el juez Juan Guzmán, quien investiga las 76 querellas que hay en Chile contra Augusto Pinochet por los crímenes cometidos durante su dictadura, sometió a un exhaustivo careo a jerarcas militares en la causa por la llamada Caravana de la Muerte, un operativo de represión efectuado en octubre de 1973, y en el que se fusiló a 72 personas.Esos testimonios, a los que Clarín accedió en forma exclusiva, forman parte del secreto de sumario y relatan la mayoría de las ejecuciones. Por ella es que el juez Guzmán pidió el desafuero de Pinochet, en su condición de senador vitalicio. Y la querella que más complica al ex dictador, entonces comandante en jefe del Ejército y de la junta militar.Los abogados querellantes en esa causa quieren demostrar que fue Pinochet quien otorgó la orden de puño y letra al jefe de la comitiva de la caravana de la muerte, general Sergio Arellano Stark quien está procesado junto a otros 6 militares.De los careos se desprende no sólo la crueldad de los fusilamientos, también las internas militares y el cruce de culpas y responsabilidades, e incluso mutuas acusaciones de brutalidad y crueldad.La responsabilidad de Pinochet, quien siempre dijo que nunca ordenó nada ni supo nada sobre la Caravana, reaparece ahora en el careo efectuado entre el general Oscar Haag Blaschke, quien era comandante del Regimiento de Copiapó, donde se fusiló a 13 personas, y Patricio Diaz Araneda, un capitán que trabajó en el complejo químico militar de Talagante donde se acumulaba el mortal gas sarín.En ese careo Blaschke señala que el 17 de octubre de 1973 le fue exhibido el documento de nombramiento como oficial delegado (de la Caravana) del general Arellano por el Comandante en jefe del Ejército y presidente de la Junta de gobierno, es decir Pinochet. Arellano aseguró tener ese documento clave, pero nunca lo mostró.En un crudo testimonio Araneda relata el fusilamiento de 13 detenidos en Copiapó, el 17 de octubre de ese año. En la noche del 16 de octubre, indica, fueron retirados cuatro detenidos del cuartel y el resto fue sacado de la cárcel de Copiapó cerca de las 0,30 del 17.Los soldados llamaban a los presos blancas palomitas. Araneda asegura que la misión debía ser cumplida sólo por oficiales. Según el militar, bajo prisión preventiva por secuestro agravado, los presos eran subidos a un camión que él mismo condujo, maniatados por la espalda y encapuchados con un saco de dormir.El camión con los 13 presos se dirigió unos 20 kilómetros al sur de Copiapó y en cuanto el terreno me lo permitió me salí de la carretera y me interné en la pampa hacia el poniente. Allí los mataron.Los detenidos fueron bajados en grupos de tres y fusilados en forma rotativa por tres oficiales en tanto se aseguraba la permanencia del resto en el camión. Como eran 13, el último grupo de ejecutados fue de cuatro. Araneda confirmó su participación en los cuatro fusilamientos hechos con fusiles SIG, calibre de 7.62 mm.Por nerviosismo no me percaté que mi fusil estaba en ráfaga y fusilé a dos de ellos en esas condiciones, remata Araneda.Contó que los cuerpos fueron entrados por la puerta trasera del cementerio de Copiapó y enterrados sin participación de soldados. Al preguntarle qué habría ocurrido de negarse al fusilamiento, dijo que él también hubiese sido fusilado porque estabamos en tiempo de guerra.También Haag Blaschke dijo que en tiempo de guerra el no cumplir órdenes de un superior de la investidura de Arellano, pienso que me habría expuesto a graves sanciones, incluso la muerte.Al preguntársele a estos militares quién dio la orden de ejecutar, Araneda cuenta que el 16 de octubre, después de la llegada de Arellano y su comitiva a Copiapó en helicóptero fue llamado por Haag Blaschke en compañía del comandante Carlos Enriotti, segundo del regimiento. La comitiva, dice, vestía ropa militar y la orden de fusilamiento me la transmitió Haag, quien me comunicó que la orden era del general Arellano y que había que cumplirla. Enriotti fue quien me dio las instrucciones para su cumplimiento.No di la orden de fusilar a esas 13 personas ni en forma verbal ni escrita se atajó Blaschke en su careo, y remarcó que en virtud del documento como delegado oficial del comandante en jefe del Ejército que llevaba Arellano quedé relevado del mando y de mis atribuciones.Aunque Haag Blaschke asegura no haber visto de cerca la lista de los condenados notó que tenía unas marcas hechas por Arellano Stark para seleccionar a las trece personas que iban a ser fusiladas. ¿El criterio de selección? En base a la gravedad del delito, las circunstancias que rodearon su detención y el partido político al que petenecían, contesta el militar.Los careos están acompañados por subtítulos de la justicia, que va marcando las contradicciones. Por ejemplo, el de Arellano contra Sergio Arredondo González, miembro de su comitiva.El primero dice que se enteró del fusilamiento de 26 personas en Calama recién a su regreso a Chuquicamata el 19 de octubre de 1973, y que no intervino ni supo del fusilamiento de un grupo de tres personas y de otro de 12 en La Serena, hasta 1986.Arellano Stark dice que un acta de los fusilados que vio en 1986 sólo tenía la lista de los nombres. No estaba firmada por el juez militar ni los vocales. Eso demostró que el Consejo de Guerra ni siquiera se constituyó.Arredondo contesta que Arellano estuvo siempre informado de las ejecuciones y el número de ellas, en La Serena, Antofagasta y Calama. En La Serena, insiste Arredondo, le di cuenta de quince personas ejecutadas.Arellano lo refuta en todo indicando que lo que ha dicho es una aberración. Pero Arredondo vuelve a la cúpula golpista. Mi general (por Arellano) dijo que él estaba consciente de que la responsabilidad era del mando y del más antiguo y de la verticalidad del mando.La admisión de los asesinatos tiene una estrategia oculta: el intento de demostrar que todos los desaparecidos fueron ejecutados y de ese modo buscar el cierre de los procesos vía la ley de amnistía militar. Esa herramienta no cubre los secuestros en lo que no se sabe el destino de las víctimas.

Anoche en un emotivo acto, en Rödelheim, Alemania, de la organización “Ñuke Mapu” en recuerdo a las víctimas del golpe militar en Chile fue entregado, entre otros, este Testimonio:

El día diez de septiembre, al atardecer había tomado el Pulman bus que me llevaría de regreso a Copiapó, ciudad en que laboraba, había egresado de la Universidad Técnica del Estado, “UTE” y ocupaba en aquel entonces, en la Fundición de cobre “Paipote” la jefatura del “Departamento de Prevención de riesgos y seguridad Industrial” y mi actividad política se reducía prácticamente a mostrar, junto a un “Cura Obrero” Antoni Sempere Ferràndiz, documentales y películas en las poblaciones, centros de madres y otras organizaciones populares, que nos enviaban de Chile Film, en esos tiempos no existía la televisión en Copiapó y mi departamento contaba con los medios necesarios y estas cintas eran muy bienvenidas por los habitantes de la región.

Pasado La Serena alcanzamos un convoy de Jeeps Militares que viajaban en dirección a Vallenar, sólo nos sorprendió el que lo efectuaran a esas horas de la noche. Posteriormente en la ruta del Desierto, por la Panamericana, junto con otros pasajeros, debimos caminar adelante del bus para ir recogiendo una cantidad de “Miguelitos” (clavos doblados en forma de zig-zag) que alguien había desparramado sobre la carretera.

El día once en la tarde al enterarnos de lo que ocurría en Santiago y Valparaíso nos reunimos los mandatarios de izquierda, UP, para determinar que hacer, durante el día habían sobrevolado la Fundición, en simulacro de bombardeo algunos Hawker Hunter, y por las condiciones en que nos encontrábamos, la decisión fue unánime, “Sumergirse”, ya que cualquiera actividad que realizáramos nos llevaría a una desgracia, temíamos una matanza, como decían las informaciones recibidas de los cordones industriales en Santiago.

Por motivos de mi trabajo, debí ir a la Intendencia, donde se me hizo hacer antesala, pues el personero con quien debía entrevistarme estaba en una reunión de una “Comisión de seguridad regional”, cual sería mi sorpresa al ver a la salida de esta reunión, junto a los Oficiales de Carabineros, militar, aviación y marina, a un “Oficial de la Marina de Estados Unidos”, es decir, ellos estaban participando directamente en el Golpe o sobre vigilándolo. En Caldera, el puerto vecino, se encontraban atracados barcos de la Operación Unitas.

Pasaron los días y el 14 de octubre me encontraba en el patio de mi casa, cuando veo caer por las paredes una cantidad de soldados fuertemente armados, me detuvieron con la explicación de que “me necesitaban por algunas horas para hacerme algunas preguntas” y me lanzaron boca abajo en el pick-up de una camioneta. Luego de una sesión de electroshocks que duró toda la noche, me dejaron incomunicado en una carpa de campaña que estaba en un patio interior del “Regimiento Atacama” en Copiapó.

El día 15 de octubre pude observar por un resquicio de la carpa como el Capitán Boina Negra Patricio Díaz Araneda, hacía que un muchacho con el torso desnudo se apoyara con las manos abiertas en el muro de la bodega que teníamos al frente, sacara su corvo y dejando caer la parte ganchuda de este sobre la espalda, le dibujara una equis y luego las letras UP a medida que un hilillo de sangre corría por ella.

El 16 de octubre, a media tarde, comenzó una actividad inusitada, todo el regimiento portaba armamento de guerra y las guardias estaban apostadas más o menos a cada diez metros y se pasaban el santo y seña que lo sentíamos avanzar y retornar por la línea de soldados. A eso de las siete, vimos aterrizar frente a nosotros un helicóptero Puma, de él bajaron un oficial de alta graduación y cuatro boinas negras, posteriormente nos enteramos que se trataba del general de Ejército Sergio Arellano Stark, Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo González, Pedro Espinoza Bravo y Armando Fernández Larios.

Serían las ocho de la tarde cuando todos estos personajes acompañados del Comandante Oscar Haag Blaschke llegaron a la primera carpa y a golpes sacaron al detenido que ahí se encontraba: Quién eres, porque te tienen aquí.
La respuesta: Mi teniente, a mí me tienen solo por borrachito

Ante esta respuesta el general Arellano manifestó: No, así no se puede, vamos a las oficinas – y se retiraron.

A eso de las diez de la noche regresaron con una lista y comenzaron a llamar en alta voz pidiendo que los nombrados salieran de las carpas:

Winston Cabello, Rubén Herrera, Atilio Ugarte, Rubén Duarte, Agapito Carvajal, Fernando Carvajal, Manuel Cortázar, Alfonso Gamboa, Raúl Guardia, Edwin Mancilla, Adolfo Palleras, Edwin Mancilla, Jaime Sierra, Néstor Leonello Vincenti, Pedro Pérez…

Se produjo una confusión de nombres, ya que no todos estaban ahí, a Rubén Herrera lo estaban operando en el hospital y Atilio Ugarte junto a otros, estaban recluidos en la cárcel de Copiapó, mientras aclaraban esto, el cabo “Valeria” que estaba al pie de mi carpa me dijo “éntrese” y un compañero que era el “Encargado regional de finanzas” del Partido Comunista de Chile, no recuerdo su nombre, dijo muy despacito: Aquí estoy – Pero no salió de la carpa. En ese momento dieron la orden de que todos los que estaban afuera los lanzaran en un camión tolva, pasando por un callejón oscuro donde los golpeaban con las culatas de los fusiles.

En todo Copiapó sonaban disparos y la caravana se dirigió a las Alturas de Cardones, allí formaron un circulo con los soldados y al centro los detenidos. Los cuatro Comandos los destrozaron uno a uno con sus corvos de guerra, luego, para que no quedara constancia de su salvajismo, los rociaron con bencina y calcinaron los cuerpos, pero la cuenta no les salía, faltaban tres cadáveres. Fueron a buscar a un empleado del registro civil para que identificara a los que ahí había, pero por las condiciones de los restos este no pudo tomar huellas digitales.

Al regresar al regimiento se percataron que también Pedro Pérez se les había quedado en el “chucho”, una pequeña pieza para guardar escobas y artículos de aseo que estaba en el segundo piso. Lo tomaron entre dos y lo lanzaron por sobre la baranda al vacío, en todo el regimiento se pudo escuchar el rebotar de su cuerpo contra la tolva del camión. Luego lo arrastraron al interior de la panadería, las carpas estaban detrás de esta y solo un muro nos separaba de los hechos. Aquí el general Arellano lo hizo colocar contra este muro y le disparo, primero a los hombros, luego a las piernas y enseguida al pecho con una sarta de insultos que escuchábamos junto al tronar de los disparos.

…“Ni olvido ni perdón para estas bestias humanas”… ¿Cuál puede ser la justicia para estas masacres?…

Posteriormente se llevaron los cuerpos al cementerio y los depositaron en la Fosa Común, luego lapidaron esta con hormigón.

Después de algunos días me trasladaron a la cárcel de Copiapó y de ahí a la antigua salitrera “Chacabuco”, la que habían transformado en un “campo de concentración”

No puedo dejar de mencionar una situación que me parece de extrema gravedad para el futuro y que no la he escuchado nombrar en otro lado:
A Chacabuco llego de inspección el general Bonilla, en la perorata que nos dedicó, aparte de afirmar de “que se habían equivocado, que si nos hubieran muerto a todos no tendrían en ese momento problemas de presos políticos y que la reacción internacional habría sido la misma”, manifestó:

“Yo soy general del ejército chileno, pero además tengo el grado de coronel en el ejército norteamericano”

Es decir, cualquier oficial del Ejército de Chile o Latinoamérica que haya pasado por la ”Escuela de las Américas” también es parte del “Ejército Norteamericano” y ellos solo tienen que enviar las ordenes pertinentes para que estos efectúen cualquier barbaridad en contra del pueblo de su patria.

De Chacabuco fui trasladado al “Campo de concentración de Puchuncaví” y de ahí a “Tres Álamos”, de donde, salí el veintiuno de marzo de 1975, junto a 200 detenidos, “expulsado a México”. La lista de pasajeros estaba encabezada por la hermana del Presidente Allende, la diputada Laura Allende, incluía por cierto a un nada despreciable número de dirigentes, era el primer avión de expulsados de Chile. A esa altura ya llevaba 17 meses detenido sin que estuviera formalmente acusado o condenado por delito alguno. Con ayuda de “Amnesty International” logré reunirme con mi familia en Alemania Federal, donde, desde entonces vivo comprometido con la lucha solidaria por la libertad y la democracia en “Chile nuestra patria”.