González Cuevas Luis Orlando

El 16 de agosto de 1981, en la calle Santa Petronila N° 644, en Quinta Normal, Santiago, la represión dictatorial cobró una más de sus víctimas. En un acto usual en aquellos tiempos, bajo la farsa de un falso enfrentamiento, efectivos de la Policía de Investigaciones ejecutaron a Arcadia Flores Pérez, miliciana de la Resistencia y militante del MIR.

Hacía ya casi dos años que las Milicias de la Resistencia habían comenzado a organizarse e iniciar acciones de propaganda y propaganda armada dirigidas contra el régimen. Las Milicias intentaban romper el cerco informativo con que la censura oficial, los medios de prensa lacayos y las campañas de guerra psicológica de los aparatos represivos pretendían mantener desinformada, sojuzgada y atemorizada a la población. Las técnicas del terror le habían dado frutos y resultados a los fachos para consolidar su criminal dictadura y la población parecía hundida en el miedo. Romper ese cerco del terror era el primer objetivo que se habían propuesto las nacientes Milicias.

Tomas de radio emisoras de cobertura nacional para difundir proclamas, postura de lienzos en céntricos y estratégicos lugares, masivos volanteos de planfletos, captura y distribución de alimentos en barrios y poblaciones, ataques incendiarios a símbolos del nuevo modelo económico, ataques de distracción a unidades policiales, todo ello en medio de un constante acoso represivo, fueron algunas de las singulares acciones desarrolladas por los milicianos desde fines del 79 en adelante.

Progresivamente, en los barrios populares, creció  el rumor de que parecía haber gente dispuesta a luchar contra el régimen tirano; luego surgió la certeza de la existencia de una fuerza miliciana en alguna parte; y luego llegó la evidencia y constatación de que era cierto, que allí estaban los milicianos, que la intención era sincera, que la lucha era verdadera. Esta fue la forma directa en que comenzó a romperse el cascarón del temor, definitivamente. De forma oculta y llenos de cautela, al principio, pero de modo creciente y más abierto después, sectores poblacionales y trabajadores cesantes comenzaron a organizarse y plantear demandas de trabajo; a poco andar se atrevieron a plantear demandas de pan y trabajo. Pero no solo eran sectores pobladores y trabajadores activos y cesantes los que comenzaban a activarse; a ellos se sumaban sectores estudiantiles y juveniles con actividades y demandas propias. Esta efervescencia semioculta, pequeña,  segmentada, se sumaba a la actividad ya pública e histórica de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de familiares de ejecutados políticos que no cejaban ni un día en su búsqueda incesante de sus familiares y en la exigencia de respuestas y justicia. De modo natural las demandas populares se expresaron entonces en exigencias de pan, trabajo, justicia y libertad, que desde entonces lideraron los trajines de la Resistencia. Este fue el esfuerzo y el escenario que empezó a construirse generando condiciones para las grandes protestas nacionales que se desarrollaron desde mayo del 83 en adelante. Por lo mismo es que desde su aparición, las Milicias se convirtieron en uno de los objetivos más codiciados por los aparatos represivos.

Nada surgió producto de situaciones o de cuestiones espontáneas o de ideas geniales; todo surgió del esfuerzo, la constancia, la decisión de un puñado de luchadores que no claudicaron nunca en el afán de resistirse a la dictadura y desarrollar la lucha para terminar con el oprobioso régimen tirano.

Arcadia Flores fue una de estas personas, de estos luchadores. Profesora de inglés y ex estudiante de periodismo en la Universidad de Chile, desde 1975 combinaba sus actividades laborales con la pertenencia a la Agrupación de Familiares de Detenidos Políticos Desaparecidos ya que su hermano Julio Fidel permanecía en esa condición desde enero de ese año. En la Agrupación, Arcadia vivió el dolor propio y de sus compañeras de infortunio, y sufrió la impotencia que provocaba el desdén de la justicia, la complicidad de jueces y tribunales con las atrocidades del régimen, la indolencia de una sociedad sometida por el temor y manipulada a su antojo por la impudicia de fachos de uniforme y de civil. Sus convicciones primarias de izquierda que se habían forjado en el núcleo familiar se vieron reforzadas a pesar del dolor, los atropellos, el abuso y el desamparo.

En busca de datos, pistas, huellas, que le permitieran rastrear a su hermano comenzó a visitar cárceles y campos de prisioneros donde se encontraban encarcelados miembros del MIR. Las acciones judiciales que ella y otros familiares emprendían con la información obtenida en estos casos jamás tuvieron la tramitación debida en los corruptos y desvergonzados tribunales de la dictadura.

En las cárceles Arcadia buscó y encontró el contacto necesario para ingresar al MIR. Comenzó a militar en 1977 y el 79 fue una de las fundadoras de las Milicias de Resistencia, participando en varias de las acciones más relevantes. Al poco tiempo integraba el núcleo de mando de las Milicias. A comienzos de agosto de 1981, la Brigada de Asaltos de la Policía de Investigaciones logró dar con una hebra de información que los condujo hacia un miliciano que formaba parte del grupo de apoyo al mando. A partir de allí inician una serie de seguimientos y vigilancia que dan origen a una cadena de detenciones y tortura; esta cadena represiva es la que finalmente culmina en la vivienda de calle Santa Petronila  donde Arcadia arrendaba una pieza habitación.

En otra de las características propias de la época, la Policía de Investigaciones actuaba como un aparato represivo más del sistema dictatorial y se esforzaba por mostrar eficiencia represiva y por hacer méritos de sangre ante los amos uniformados; se producía una competencia sórdida entre los entes represivos por demostrar quién cometía los peores crímenes contra los opositores, resistentes y rebeldes que atentaran contra la omnipresencia dictatorial. En este caso los tiras no fueron la excepción.

Al llegar a la vivienda, poco después de mediodía, los policías sabían que allí se encontraba una mujer, sola. Desalojan a los arrendatarios de las otras piezas vecinas para que no corrieran riesgos, según la policía; para que no hubiera testigos según la evidencia. Arcadia se encontraba tendida en su cama, probablemente durmiendo, cuando los policías irrumpieron disparando a mansalva; fue abatida en la cama donde yacía. Recibió entre 8 a 9 disparos, uno de ellos con apoyo en su cabeza. Es decir, fue un crimen cobarde y una ejecución criminal.

Los autores fueron el personal de la V Subcomisaría de la Brigada de Asaltos que participaron en pleno en el operativo sobre la vivienda. Los ejecutores materiales son los entonces subcomisarios de Investigaciones Omar Segundo del Carmen Vega Vargas y Luis Orlando González Cuevas quienes han sido procesados, por el Ministro de Fuero que lleva la causa en la Corte de Apelaciones de Santiago, como autores del delito de homicidio calificado, con los agravantes de premeditación y alevosía.

Arcadia Flores tenía 27 años de edad. Todo pasó  hace 31 años, pero nunca es tarde para esperar y exigir justicia.

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por violaciones a los derechos humanos, Leopoldo Llanos, dictó condena de primera instancia contra  dos ex subcomisarios de la Brigada de Asaltos  de la Policía de Investigaciones de Chile ( PDI),  por su participación en el delito de homicidio simple de la profesora de inglés y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Arcadia Patricia Flores Pérez, ilícito perpetrado el 16  de agosto de 1981, en la comuna de Quinta Normal.

 En la resolución, el ministro Llanos condenó a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo a Omar Segundo del Carmen Vega Vargas y Luis Orlando González Cuevas. A ambos se les concedió  el beneficio de la libertad vigilada.

Según los antecedentes recopilados en la investigación: «A las 8:30 horas del 16 de agosto de 1981 fue detenido por funcionarios de la Brigada Investigadora de Asaltos de la Policía de Investigaciones Guillermo Aurelio Rodríguez Morales, quien el 14 de septiembre de 1973 fue condenado por un Consejo de Guerra a 23 años de presidio, y mediante decreto 504 se le conmutó por extrañamiento, saliendo del país a Canadá; ingresó en 1978 en forma clandestina a Chile, y se encargó de desarrollar una milicia de resistencia al gobierno militar; una de cuyas integrantes era Arcadia Patricia Flores Pérez, de 27 años de edad, soltera, con estudios de periodismo en la Universidad de Chile. Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) donde ocupó el cargo de Sub-jefa de la Estructura Miliciana y Jefa de Organización, la cual pasó a ser pareja de Rodríguez Morales, arrendando una pieza en calle Santa Petronila N°644 de Quinta Normal. En esas circunstancias, se organizó un operativo para realizar el allanamiento al inmueble mencionado, al que concurrieron varios miembros de la Brigada Investigadora de Asaltos (a lo menos diez), disponiéndose que las personas que iban a entrar al inmueble fueran los funcionarios que tenían la calidad de jefe y subjefe de la Subcomisaría a cargo de la diligencia, por tener mayor antigüedad; una vez que éstos ingresaron al inmueble, caminaron por un pasillo que terminaba en un patio interior, y atrás de los anteriores los siguieron en «fila india» varios funcionarios, entre ellos Nelson Roberto Cortés Gutiérrez; permaneciendo Carlos Juvenal Díaz en las afueras del inmueble. El jefe de la Subcomisaría encontró a dos personas, Osvaldo del Tránsito Rojas Castillo y Sara del Carmen López Llantén, a quienes trasladó de inmediato hasta la parte posterior del inmueble, en tanto que el sub jefe ingresó a la habitación de la casa en que se encontraba Arcadia Flores Pérez. Ésta, que tenía en su poder un revólver calibre 38 y se encontraba tendida en una cama, intercambió disparos con  los policías y recibió varias heridas de bala de carácter mortal, falleciendo en el lugar».

Continúa el fallo: «Se desprende que los hechos descritos son constitutivos del delito de homicidio, pero en su hipótesis simple que describe el Art. 391 N° 2 del Código Penal, y no en la hipótesis calificada, descrita en el N° 1° de la primera disposición. En efecto, se ha comprobado que se dio muerte a una persona, mediante el uso de armas de fuego, con las que  le provocaron las heridas que fueron la causa de su deceso. Sin embargo, no se ha establecido en la especie la concurrencia de la premeditación expresada en la acusación, como quiera que numerosos declarantes en el proceso  están contestes en que se dirigieron al domicilio  de Arcadia Flores Pérez con el fin de allanarlo y detenerla, y no con el fin de darle muerte».

Agrega: «Cabe señalar, sin embargo, que los ejecutores del delito reaccionaron u obraron ante una agresión ilegítima (en cuanto siempre resulta antijurídico intentar impedir una posible detención disparando a los aprehensores), sin existir provocación de su parte, pero –como se dijo- , sin que concurriera la necesaria racionalidad de los medios empleados para impedirla o repelerla».

El ministro Llanos calificó los hechos como constitutivos de delito de lesa humanidad, en el contexto de la normativa nacional e internacional,  discrepando  del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que estimó que Flores Pérez «murió víctima de la violencia política imperante».

Al respecto señala «(…) resulta un contrasentido afirmar que tales muertes, en esas condiciones, no constituyan un «acto inhumano», toda vez que el organismo estatal, contando con manifiesta superioridad de hombres y armamentos, optó por darle muerte, en vez de obtener su rendición a fin de ser puesta a disposición de la autoridad judicial competente».

Arcadia Flores tenía 27 años cuando una brigada de la Policía de Investigaciones asaltó su casa y terminó baleándola mortalmente.

La Corte Suprema condenó a dos ex integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) por su responsabilidad en el delito de homicidio simple de la estudiante de periodismo Arcadia Patricia Flores Pérez, crimen perpetrado en agosto de 1981 en la Región Metropolitana.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia que condenó a Omar Segundo del Carmen Vega Vargas y Luis Orlando González Cuevas a penas de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.

En 1981 Arcadia Flores tenía 27 años. Había estudiado periodismo en la Universidad de Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), donde ocupó el cargo de sub-jefa de la Estructura Miliciana y Jefa de Organización. El 16 de agosto de ese año funcionarios de la Brigada Investigadora de Asaltos de la PDI llegaron hasta la pieza que arrendaba en Quinta Normal junto a su pareja, Guillermo Rodríguez Morales.

Doce años antes, en septiembre de 1973, Guillermo había sido condenado por un Consejo de Guerra a 23 años de presidio, pero se le había conmutado la pena por extrañamiento, saliendo del país a Canadá. En 1978 ingresó nuevamente a Chile de forma clandestina, encargándose de desarrollar una milicia de resistencia a la dictadura cívico-militar, una de cuyas integrantes era Arcadia.

En esas circunstancias es que se organizó un operativo por parte de la PDI para realizar el allanamiento a la casa de ambos, en el que participaron al menos 10 integrantes de la mencionada Brigada Investigadora de Asaltos. Al ingresar al lugar, los policías trasladaron hasta la parte posterior del inmueble a dos personas que encontraron allí, para luego entrar a la habitación en donde estaba Arcadia Flores Pérez. La joven tenía en su poder un revólver calibre 38 y se hallaba tendida en una cama. Pudo intercambiar disparos con los policías, pero recibió varias heridas de bala que terminaron por quitarle la vida en el lugar.