González Carrasco Rubén Darío

La localidad de Paine posee el triste record de tener el mayor número de ejecutados y detenidos desaparecidos en proporción a sus habitantes. Luego del golpe militar, allí operaron bandas de civiles, policías y militares, que dejaron una reguera de sangre y dolor, asesinado a campesinos de "asentamientos" nacidos con la Reforma Agraria. En Paine aún conviven víctimas y victimarios, bajo el manto de la impunidad y el olvido. En 1979, la Justicia Militar se encargó de sobreseer los procesos abiertos por los hechos de Paine en virtud de la Ley de Amnistía de 1978, aprobada por el propio general Pinochet para cubrir sus crímenes.

Luego de 29 años, la jueza María Estela Elgarrista se acerca a la verdad.

La Reforma Agraria iniciada en los años 1960 y acentuada bajo el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, permitió que muchas familias campesinas fueran beneficiadas con la asignación de tierras que, hasta entonces, pertenecían a un puñado de latifundistas. Así, los campesinos dieron vida a los "asentamientos", pero en Paine, como en el resto del campo chileno, el 11 de septiembre de 1973 volvió todo atrás. Bandas de civiles de extrema derecha, policías y militares cobraron "venganza", asesinando a dirigentes sindicales y campesinos "asentados". Los crímenes, la impunidad y el temor se extendieron por las pequeñas localidades de Paine, Hospital, Huelquén, Culitrín, Chada, Rangue, El Vínculo, Pintué y Laguna de Aculeo. Muchos campesinos y sus familias presenciaron cómo civiles de la zona guiaban a los uniformados por los "asentamientos" entregando nombres y, las más de las veces, participando directamente en la represión y crímenes.

Hace dos semanas, y luego de 29 años, la jueza de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, citó a familiares y victimarios a diversos careos. Holanda Vidal, esposa del detenido desaparecido Cristian Cartagena Pérez, señala: "Fui citada con objeto de la querella por el secuestro y asesinato de mi esposo, desaparecido el 18 de septiembre de 1973. Nuestro objetivo es que se procese a los culpables: carabineros de la dotación de la subcomisaría de Paine y civiles, que actuaron en conjunto. Identifiqué a varios de ellos: sargento Retamal, cabo Ortiz, Albornoz y Víctor Sagredo; y a civiles: Darío González Carrasco, hoy comerciante, miembro de Patria y Libertad, y que reconoció que detuvo a mi esposo en la Casa Escuela de Chada donde vivíamos, llevándolo a la subcomisaría, a las seis de la mañana".

Los ex carabineros han negado su participación en los crímenes durante los careos, argumentando que "estaban de guardia". "Eso me produjo un schok con paralización de mis brazos, una crisis de llanto y angustia. Es terrible revivir todo lo que pasó, verlos tan cerca, su cinismo, su osadía de negar la verdad. Verlos tan soberbios, sin aceptar que lo que hicieron fue atroz. Son los primeros careos, luego de 29 años de denuncias, búsquedas y golpear puertas. Este paso se pudo dar por todo nuestro esfuerzo y trabajo como Agrupación. No hemos transado el juicio y castigo a los culpables, y que paguen con cárcel sus crímenes".

Después de los careos debieran venir los procesamientos. La jueza tiene una larga lista de civiles, carabineros y militares del Regimiento de Infantería de San Bernardo. "Uno de los asesinos es el teniente Magaña Baum, y entre los carabineros, el sargento Verdugo, un torturador que ahora se presenta como un anciano que no ha hecho nada", agrega Holanda Vidal.

"Todos los vieron"

Juan Maureira es hijo de René Maureira Gajardo, detenido desaparecido el 16 de octubre de 1973 junto a otros 22 campesinos de los asentamientos Campo Lindo, 24 de abril y Nuevo Sendero. Presidente de la AFDD de Paine, recuerda que en la represión y asesinatos también participaron militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo: "La jueza investiga cerca de 40 querellas presentadas ante el juez Guzmán. En Paine hay más de 70 víctimas, de las cuales aún están desaparecidos unas 40. Son los casos recopilados en el informe Rettig, pero otros nunca fueron denunciados. Presumimos que son alrededor de 100 los asesinados en Paine, la mayoría campesinos de asentamientos. La ministra en algún momento va a tener que procesar a los carabineros, civiles y militares implicados. Es lo que esperamos y lo que hemos pedido, que se haga verdadera justicia y podamos encontrar a nuestros familiares… Sabemos que el teniente Magaña tiene antecedentes de qué pasó con mi padre y otros 22 campesinos, entre otros casos. Él mató a nuestro familiares… Los carabineros han negado su participación, pero son los mismos que todavía viven en el pueblo. ¿Cómo lo van a negar si todos los vieron? Lo mismo ocurre con los civiles que actuaron. Paine es un pueblo chico".

Según los familiares jueza ha actuado con rigurosidad, cautela e inteligencia. Confían en los testimonios y declaraciones que ha logrado recopilar. Para ellos, todo apunta a que se procesará a algunos implicados. "A muchos, incluso, se les vio entrando a las casas. Hay un sinnúmero de antecedentes recopilados desde ese tiempo".

Hasta el momento, están conformes con la investigación y las diligencias realizadas por la jueza. Para ellos, es la primera investigación luego de 29 años sin conseguir justicia. Hasta el minuto se ha citado a civiles y carabineros, y se han desarrollado algunos careos: "Lo que nos da un poco de satisfacción porque nunca antes se había logrado hacer. Por el momento no hay procesados, pero la ministra sigue trabajando. Y así lo hemos podido corroborar", dice Juan Maureira. Mientras, la mayoría de los civiles y carabineros que asesinaron a los campesinos de Paine continúan viviendo en la pequeña localidad rural, en completa impunidad. "Hasta donde hemos podido ver, por primera vez se da una investigación como debe ser. Los criminales van a tener entregar información de lo ocurrido. Son los mismos carabineros, civiles y militares los que aparecen mencionados en la mayoría de los casos", concluye.

Asesinos de Paine

Carabineros

Nelson Bravo Espinoza, capitán; Raúl Ortiz Maluenda, sargento 2º; Carlos Aburto Jaramillo, cabo 1º; José Retamal Burgos, cabo 1º; Víctor Sagredo Aravena, cabo 1º; Reyes, sargento; Luis Jara, teniente de Pintué; y los carabineros Samuel Ahumada Cabello; Raúl Donoso Figueroa; Alamiro Garrido Ubal; Jorge González Quezada; Víctor Labarca Díaz; Eduardo Molina Armijo; José Piñaleo Pérez y Jorge Verdugo, entre otros.

Civiles

Hugo Aguilera, Fernando Aguilera, Francisco Luzoro, Jorge Sepúlveda, Tito Carrasco, Claudio Oregón, Ruben Darío González Carrasco, Luis Guerrero, Mario Tagle, Ricardo Tagle, Yule Tagle, Jorge Aguirre.

Militares – Escuela de Infantería de San Bernardo

Leonel Köening Alternatt, Director; Samuel Rojas Pérez, teniente coronel; Mario Morales Durán, conscripto; Andrés Magaña Baum, teniente; Pedro Montalvo Calvo, coronel; Iván de la Fuente Sáez, mayor; Hernán Pizarro Collarte, mayor; Ciro Ahumada Miranda, mayor; Juan Carlos Nielsen Stambuck, capitán; Sergio Rodríguez Rautcher, capitán; Luis Cortés Villa, capitán; Víctor Pinto Pérez, capitán; Marcial Cobos Farías, capitán; Jorge Romero Campos, capitán; Luis Villarroel Contreras, capitán; Héctor Maturana Zúñiga, capitán; Luis Garfias Cabrera, capitán; Eduardo Silva Bravo, capitán; Sergio Valdivia M., capitán; y Julio Cerda Carrasco, capitán, entre otros.

Dictan procesamientos en causa por detenidos desaparecidos de Paine

Magistrado Héctor Solís encausó a siete personas por su responsabilidad en los secuestros agravados de una veintena de campesinos de Paine, tras el golpe de Estado de 1973. Proceso se reactivó a mediados del año pasado, cuando se encontraron algunas osamentas en el sector donde se produjeron los hechos.

El ministro que investiga la ejecución de campesinos en Paine tras el golpe de Estado de 1973, Héctor Solís, dictó procesamientos contra siete personas.

El único militar retirado del grupo, José Hugo Vásquez Silva, fue encausado como autor de delito de secuestro calificado de 23 personas ocurrido el 16 de octubre de 1973.

A Juan Guillermo Quintanilla Jerez se le imputó la autoría del delito de secuestro calificado de 23 personas ocurrido el 16 de octubre de 1973.

Mario Emilio Tagle Román fue procesado como coautor de homicidio calificado de una persona ocurrida el 16 de septiembre de 1973.

Sobre Juan Francisco Luzoro Montenegro pesan tres autos: como coautor de homicidio calificado de una persona ocurrida el 16 de septiembre de 1973; como coautor de cuatro homicidios calificados y un homicidio frustrado ocurridos el 18 de septiembre de 1973; y como cómplice de secuestro agravado de una persona ocurrido el 18 de septiembre de 1973.

A Ricardo Jorge Tagle Román se le investigará por la coautoría de cuatro homicidios calificados y un homicidio frustrado ocurridos el 18 de septiembre de 1973.

Rubén Darío González Carrasco fue procesado como cómplice de secuestro agravado de una persona ocurrido el 18 de septiembre de 1973.

Finalmente, se informó que Claudio Antonio Oregón Tudela fue encausado como cómplice de secuestro agravado de una persona ocurrido el 13 de septiembre de 1973 y como cómplice de secuestro calificado de una persona ocurrido el 18 de septiembre de 1973.

Los procesados fueron notificados de la resolución que los afecta y quedaron detenidos en distintas unidades de Gendarmería de Chile.

Una de las víctimas emblemáticas de este caso -reactivado el año pasado con diligencias en el lugar de los hechos que se prolongaron por al menos un mes- es Andrés Pereira Salsberg, el padre de la abogada ligada al Partido Socialista Pamela Pereira.

Según consta en el fallo, el 16 de octubre de 1973, una patrulla del Ejército, compuesta por más de 20 hombres armados, al mando de un subteniente (Orlando Andrés Magaña Bau), abordaron un camión Dodge rojo conducido por un civil que vestía uniforme militar y en su interior trasportaban palas y picotas; salieron desde el Cuartel Dos, ubicado en el Cerro Chena, dependiente de la Escuela de Infantería de San Bernardo con el objeto de detener a 22 personas.

Para dicha función, al uniformado a cargo se le entregó un listado con los nombres de las personas a privar de libertad y un plano con sus domicilios, que de esa forma llegaron hasta la localidad de Paine y entre la medianoche y las 04:30 horas, aproximadamente, se practicaron las detenciones.

"Una vez aprehendidos, fueron trasladadas por diversos caminos secundarios hasta una quebrada ubicada en las inmediaciones del Lago Rapel, lugar en el cual fueron fusiladas por los miembros del Ejército y el civil que disparó un arma del Ejército de Chile, y sus cuerpos fueron cubiertos con tierra", añade.

Agrega que el lugar de la inhumación, que corresponde a la quebrada "Los Arrayanes", de la Región de O’Higgins, ha sido reconocido por testigos como precisamente aquel en que se ejecutó a las personas y se han encontrado evidencias balísticas, culturales y óseas que actualmente se encuentran en etapa de pericia por las instituciones correspondientes (Servicio Médico Legal, Laboratorio de Criminalística de Carabineros y Laboratorio de Criminalística de Investigaciones).

Se trata de homicidios contra 26 opositores al régimen militar, que fueron detenidos en Paine entre septiembre y octubre de 1973 y cuyo destino aún está siendo investigado.

SANTIAGO.- El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Héctor Solís sometió a proceso a un total de siete personas -seis civiles y un militar (r)- por los secuestros y homicidios de un total de 26 opositores al régimen militar, que fueron detenidos en Paine entre septiembre y octubre de 1973 y cuyo destino aún está siendo investigado.

En cuatro resoluciones distintas, el magistrado procesó a los civiles Rubén González Carrasco, Claudio Orregón Tudela y Juan Francisco Luzoro como cómplices de secuestro agravado de dos víctimas.

Luego, Luzoro y Mario Tagle Román fueron encargados reos como autores del homicidio calificado de otras víctimas. En un tercer procesamiento, Juan Francisco Luzoro y Ricardo Tagle Román también fueron procesados como autores de homicidio calificado.

Finalmente, el ministro Solís procesó al civil Juan Guillermo Quintanilla Jerez y al militar (r) José Vásquez Silva como autores del secuestro calificado de 22 personas, entre ellas Andrés Pereira, padre de la abogada de Derechos Humanos Pamela Pereira.

Estas 22 víctimas fueron detenidas en la localidad de Paine, en octubre de 1973, de ahí fueron trasladadas a la quebrada de Los Quillayes en las cercanías del lago Rapel, donde habrían sido ejecutados.

Hace algunos meses, el ministro Solís efectuó una serie de excavaciones en esa zona, en donde halló más de un centenar de restos culturales -botones, anillos, etc.- que habrían pertenecido a los desaparecidos, además de piezas óseas, como dientes y restos de cráneos. 

Los procesamientos dictados por el ministro Héctor Solís tienen convulsionada a la localidad de Paine y sus alrededores, donde algunos de ellos siguen viviendo y amenazando a los familiares de las víctimas. Actuaron junto a efectivos del Ejército y Carabineros.

Seis civiles empresarios agrícolas y del transporte fueron procesados y arrestados por los asesinatos de 29 campesinos de Paine y sus alrededores, al sur de Santiago, cometidos entre el 16 de septiembre de 1973 y el 16 de octubre de ese año. Los terratenientes mataron a varias de las víctimas con sus propias armas, sacándolos desde sus casas, fundos del lugar, o desde la subcomisaría de Paine.

En el caso del crimen masivo del 16 de octubre de 1973 (22 muertos entre los que está Andrés Pereira, padre de la abogada Pamela Pereira), ellos mismos prepararon las listas con sus nombres, condujeron a los militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo hasta sus casas, y colaboraron con infraestructura para el traslado hasta una quebrada donde fueron acribillados entre los civiles y efectivos de ese regimiento.

La resolución dictada por el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís Montiel, tiene revolucionado a Paine y sus alrededores dado que los criminales todavía permanecen habitando en esos lugares. Según los vecinos del sector, algunos aún se jactan de su actuar y continúan amenazando a familiares de las víctimas. Los crímenes por los cuales resultaron encausados como autores materiales y cómplices corresponde a una venganza en contra de campesinos y dirigentes que tomaron parte en el proceso de reforma agraria durante el gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y su posterior profundización con la Unidad Popular de Salvador Allende.

El magistrado también encausó como autor de las 22 muertes del 16 de octubre al único militar, el suboficial (R) de Ejército José Vásquez Silva.

Los agricultores encartados son: Juan Francisco Luzoro, Rubén González Carrasco, Claudio Oregón Tudela, Juan Quintanilla Jerez y los hermanos Mario Emilio y Ricardo Jorge Tagle Román. La quebrada y fosa clandestina donde mataron y escondieron los cuerpos de las 22 víctimas que después desenterraron en 1978 para tirarlos al mar fueron descubiertas el año pasado. Se trata de la Quebrada Los Arrayanes, a 1,5 km al noreste del lago Rapel, al interior del fundo Cerro Alto, en la comuna de Las Cabras, en la Región de O Higgins.

Actuando en los episodios anteriores al de estas 22 personas, Luzoro, González, Oregón y los hermanos Tagle Román sacaron desde fundos del lugar y la subcomisaría de Paine en los primeros días después del golpe militar de septiembre de 1973 a Ricardo Carrasco Barrios, Cristián Cartagena Pérez, Carlos Chávez Reyes, Orlando Pereira Cancino, Pedro Ramírez Torres, Raúl Lazo Quinteros y Alejandro Bustos González y los mataron con sus armas en distintos lugares. En estos sucesos también participaron carabineros de esa subcomisaría, los que se espera que el magistrado someta igualmente a proceso.

El único que sobrevivió a los disparos simulando estar muerto fue Alejandro Bustos, quien se convirtió en testigo principal en contra de los ejecutores. En la causa de Paine ya estaba encausado en calidad de autor el coronel (R) Andrés Magaña Bau, quien siendo un subteniente comandó el pelotón que asesinó a los 22 campesinos.

El empresario agrícola y de transporte intentó eludir su responsabilidad penal mediante el recurso de amparo (hábeas corpus), la misma vía que utilizó el dictador Augusto Pinochet. Luzoro perdió en Apelaciones y Corte Suprema. 

El terrateniente de Paine, Juan Francisco Luzoro Montenegro, uno de los civiles involucrados en los crímenes de campesinos en Paine, perdió definitivamente el principal recurso (de amparo) por el cual se puede eludir responsabilidad penal.

Contra Luzoro pesan dos resoluciones de procesamiento en calidad de coautor y una tercera como cómplice de, en total, seis homicidios y un secuestro con desaparecimiento dictadas por el ministro Héctor Solís Montiel.

El habeas corpus fue la vía más utilizada en su momento por la defensa del ex dictador Augusto Pinochet, pues permite al recurrente llegar hasta la Corte Suprema, lo que no es posible por otro camino cuando no existe una sentencia dictada.

El recurso de amparo interpuesto por el abogado Carlos Cortés fue denegado primero por tres votos contra cero por una de las salas de la Corte de Apelaciones de San Miguel, y ahora lo rechazó la sala de verano de la Corte Suprema por cuatro votos contra uno. Esta última la integran los ministros Nibaldo Segura, que la preside, Adalis Oyarzún, Héctor Carreño, Pedro Pierre Arrau y Raúl Valdés Aldunate. El voto a favor de Luzoro lo dio Valdés.

Luzoro y su defensa intentaron demostrar de que los procesamientos dictados por el juez Solís fueron resueltos violando los procedimientos legales y constitucionales, y por tanto son injustos y arbitrarios. Sin embargo, ambas instancias desecharon estos fundamentos respaldando al juez Solís en su actuar respecto de Luzoro.

El camino se pone ahora cuesta arriba para el empresario, a quien habitantes de Paine acusan de aún jactarse de sus acciones cometidas en 1973 y le imputan amenazas en contra de familiares de las víctimas que buscan justicia para sus deudos.

De acuerdo a los antecedentes que existen en la investigación judicial del ministro Solís, Luzoro tomó parte directamente en varios de estos hechos, disparando personalmente en contra de las víctimas.

A diferencia del civil terrateniente Juan Quintanilla, encausado por el juez Solís por su participación junto a militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo en el episodio del 16 de octubre de 1973 en el que fueron asesinados 22 campesinos, Luzoro actuó siempre junto a efectivos de Carabineros. Paine, con un total de 70 víctimas, es el lugar que tiene la cuota más alta de ejecutados y desaparecidos, en proporción a su cantidad de habitantes. Otros civiles procesados por los crímenes de Paine son Rubén González Carrasco, Claudio Oregón Tudela y los hermanos Jorge y Mario Tagle Román.LN

Miguel Krassnoff, Marcelo Moren y Manuel Contreras recibieron nuevas condenas. Con esto, se acrecientan los casos que están cerrando y las condenas que se han ido dictando en temas de graves violaciones a los derechos humanos; y sin duda la curiosidad es porqué se está generando esta situación. 

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó una sentencia por el delito de tortura en contra de Miguel Krassnoff, uno de los ex integrantes la cúpula de la DINA, informó el Poder Judicial.

La Corte confirmó en un fallo, publicado por el Poder Judicial en su página web, la condena de 541 días de presidio contra Krassnoff por las torturas a que fue sometida Guacolda Raquel Rojas, simpatizante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenida en septiembre de 1975 en el centro clandestino Villa Grimaldi.

Sin embargo no es el único. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó en segunda instancia una nueva condena contra los ex líderes de la DINA, encabezada por el general (r) Manuel Contreras. El fallo corresponde a la causa por el asesinato de Luis Arias Pino, un tornero mecánico y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en 1975.

Contreras fue condenado a 15 años de cárcel como autor de homicidio calificado y a otros 3 años por asociación ilícita. Con las mismas penas y por iguales delitos fueron sancionados el ex coronel Marcelo Moren Brito y el ex oficial de Carabineros Gerardo Godoy García, todos integrantes de la cúpula de la DINA.

Con esto, se acrecientan los casos que están cerrando y las condenas que se han ido dictando en temas de violaciones a los derechos humanos; y sin duda la curiosidad es porqué se están generando esta situación.

Frente al tema, el abogado de derechos humanos, Héctor Salazar, aseguró que "indudablemente se pueden producir nuevos procesamientos a medida que se van investigando los casos, y sin duda algunos casos de ellos puede afectar a nuevas personas".

"Cada proceso tiene su propia dinámica, y cada juez actúa de acuerdo a su criterio y según su información. Por ello puede ser muy variado lo que suceda, en algunos casos quizás no hayan resultados, pero también puede existir una especie de hemorragia de procesamientos", mencionó el profesional.

Por otra parte, dijo a Cambio21 que "una de las cosas que hemos ido mejorando es la profundización de los casos. Ell trabajo que se ha realizado ha podido revelar gran parte de la situación criminal que se vivió durante la dictadura".

Muchos casos pendientes y que estarían por cerrar

Quien también tuvo palabras para poder explicar esta situación, fue el abogado Eduardo Contreras, quien dijo que "todo lo conseguido no es mérito del gobierno, es mérito de las agrupaciones que hemos sacado adelante cada caso. Los casos comenzaron en 1998 y recién ahora están saliendo a la luz, estamos muy atrasados, no es que se hayan presentado ahora los casos y ahora hayan salido", agregó el abogado.

Por último dijo a Cambio21 que "ahora están en juicio la querella por golpe de Estado, la cual es muy importante porque por primera vez logramos sentar en el banquillo de los acusados a los que cranearon el golpe".

Por su parte, el también abogado Nelson Caucoto tiene una opinión distinta, y aseguró que "si bien se han dictado varias condenas, para tener un avance de las causas de derechos humanos y una resolución de las mismas mucho más ágil, habría que volver a la designación de jueces con dedicación exclusiva".

"Este tema lo planteamos alguna vez, que pudieran restituir esta figura, que -según su juicio- ha sido una de las más exitosas en derechos humanos, y ahora pudo haber sido igualmente porque existe un número alto de casos pendientes", explicó el profesional.

Además, el defensor dijo que "igualmente los jueces tiene una sobre carga de trabajo al ser ministros. Pero si queremos avanzar realmente, necesitamos jueces que estén 24 horas pendientes del caso".

El abogado agregó a Cambio21 "esperamos que le dediquen tiempo porque realmente es agotador llevar este tipo de causas. Aunque reconozco que es una medida positiva".

Los casos que se verán

Los casos que están pronto a ser cerrados con sentencia por parte de la justicia son al menos cinco. La mayoría son emblemáticos y llevarían más de 100 nuevos detenidos en Punta Peuco.

Caso Calle Conferencia: Entre el 30 de abril y el 6 de mayo de 1976 la DINA desarrolló un procedimiento de detención y desaparición que tenía como objetivo la cúpula del Partido Comunista de Chile

Entre estos días un grupo de agentes de las fuerzas represivas de la dictadura militar se encontraban en dos casas ubicadas en calle Conferencia una y en la casa ubicada en la calle Alejandro del Fierro 5113, esperando por los 5 dirigentes comunistas que permanecen hasta hoy en calidad de detenidos desaparecidos.

En ese contexto se ha procesado a más de medio centenar de ex agentes de la DINA, quienes permanecen detenidos en diversos recintos militares, dado que la Corte de Apelaciones ha rechazado en diversas oportunidades otorgarles la libertad provisional, esgrimiendo que por los delitos que están procesados constituyen un peligro para la sociedad.

Entre los oficiales procesados y ya retirados del Ejército que cumplieron misiones operativas en la DINA, al menos están César Manríquez Bravo, Manuel Carevic Cubillos, Hernán Sovino Novoa, Humberto Chaigneau Sepúlveda y Sergio Castillo González. Este último es uno de los ex agentes represores que continúan recibiendo un sueldo mensual del Ejército, recontratado como empleado civil.

Caso Torres San Borja: El día 25 de marzo la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol 1520 2011, mantuvo la sentencia de primera instancia del 6 de abril de 2011, donde fueron condenados Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil, cada uno a la pena de 10 años de presidio sin beneficios por seis homicidios calificados por el caso conocido como Torres de San Borja.

Las víctimas son Ricardo Montecinos Slaughter, Carlos Adler Zulueta y Beatriz Elena Díaz Agüero (matrimonio de turistas argentinos) , Víctor Garretón Romero, Jorge Salas Pararadisi, y Julio Saa Pizarro . Todos fueron detenidos ilegalmente por miembros del Ejército en la noche del 16 de octubre en la torre 12 del complejo de viviendas San Borja en el centro de Santiago y ejecutados en el túnel de Lo Prado el 17 de octubre de 1973, simulando una situación de fuga para cubrir el crimen.

Ya en 1976 las Naciones Unidas se pronunció con una resolución condenando la acción, por figurar entre las víctimas un funcionario del Fondo Monetario Internacional (Ricardo Montecinos). En cuanto a la demanda civil acompañante, el Fisco fue condenado al pago de 100.000.000 de pesos chilenos (USD 210.000) a cada uno de los familiares querellantes de la causa.

Caso Paine: El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Héctor Solís sometió a proceso a un total de siete personas -seis civiles y un militar (r)- por los secuestros y homicidios de un total de 26 opositores al régimen militar, que fueron detenidos en Paine entre septiembre y octubre de 1973 y cuyo destino aún está siendo investigado.

En cuatro resoluciones distintas, el magistrado procesó a los civiles Rubén González Carrasco, Claudio Orregón Tudela y Juan Francisco Luzoro como cómplices de secuestro agravado de dos víctimas. Luego, Luzoro y Mario Tagle Román fueron encargados reos como autores del homicidio calificado de otras víctimas. En un tercer procesamiento, Juan Francisco Luzoro y Ricardo Tagle Román también fueron procesados como autores de homicidio calificado.

Finalmente, el ministro Solís procesó al civil Juan Guillermo Quintanilla Jerez y al militar (r) José Vásquez Silva como autores del secuestro calificado de 22 personas, entre ellas Andrés Pereira, padre de la abogada de Derechos Humanos Pamela Pereira.

Estas 22 víctimas fueron detenidas en la localidad de Paine, en octubre de 1973, de ahí fueron trasladadas a la quebrada de Los Quillayes en las cercanías del lago Rapel, donde habrían sido ejecutados.

Caso Comando Conjunto: – La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las condenas por los secuestros calificados de Alfredo Salinas Vásquez el 3 de noviembre de 1975, y de José Sagredo Pacheco y Juan Antonio Gianelli Company, el 2 de junio de 1976 en la Región Metropolitana.

La sentencia aplicada el 4 de febrero de 2011 en contra de 6 ex agentes del denominado Comando Conjunto, elevando la pena en tres de ellos condenados y sobreseyendo a uno por fallecimiento. De acuerdo al dictamen, Freddy Ruiz Bunger está sentenciado a 5 años y 1 día de presidio, misma pena que cumple César Palma Ramírez, Juan Saavedra Loyola y Manuel Muñoz Gamboa. Ninguno puede optar a beneficios por ser co-autores de los delitos reiterados de secuestro calificado.

Daniel Guimpert Corvalán, en tanto, está en libertad vigilada tras la condena por 4 años como co-autor de secuestro calificado en la persona de Juan Antonio Gianelli Company. 

Por fallecimiento fue sobreseído Jorge Cobos Manríquez, sentenciado en 2011 en primera instancia a 3 años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó, en costas, a dos funcionarios de Carabineros en retiro y a dos civiles, por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado del profesor de la escuela de la localidad de Chada Cristián Víctor Cartagena Pérez. Ilícito perpetrado a partir del 18 de septiembre de 1973, en la comuna de Paine.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó, en costas, a dos funcionarios de Carabineros en retiro y a dos civiles, por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado del profesor de la escuela de la localidad de Chada Cristián Víctor Cartagena Pérez. Ilícito perpetrado a partir del 18 de septiembre de 1973, en la comuna de Paine.

En el fallo (causa rol 4-2002), la ministra en visita condenó a Nelson Iván Bravo Espinoza, capitán de Carabineros a la época de los hechos, a la pena efectiva de 12 años de presidio en calidad de autor del delito; en tanto, el otrora carabinero Rogelio Lelan Villaroel Venegas deberá cumplir 10 años de presidio, en calidad de autor ejecutor del delito.

En el caso de los civiles Rubén Darío González Carrasco y Juan Francisco Luzoro Montenegro, el tribunal les impuso las penas efectivas de 8 años de presidio, en calidad de autores ejecutores del crimen.

En el ámbito civil, el fallo acogió la demanda interpuesta, condenado al fisco a pagar una indemnización total de $260.000.000 (doscientos sesenta millones de pesos) por concepto de daño moral, a la cónyuge e hijos de la víctima.

En el fallo, la ministra Cifuentes Alarcón dio por establecido los siguientes hechos:

“1° Que, en la época de los hechos, Cristián Víctor Cartagena Pérez, profesor y militante del Partido Comunista, vivía junto a su cónyuge Holanda Haydée Vidal Caballero –también profesora– y a sus hijos pequeños en la Escuela de Chada, lugar en que ocupaba el cargo de Director.

2° Que el 18 de septiembre de 1973, en la madrugada, Cristián Cartagena Pérez  fue detenido, sin derecho, en la Escuela de Chada, en presencia de su familia, por funcionarios policiales de dotación de la Subcomisaría de Carabineros de Paine, entre ellos, el Sargento José Osvaldo Retamal Burgos y el Carabinero Rogelio Lelan Villaroel Venegas, acompañados por los civiles Rubén Darío González Carrasco y Juan Francisco Luzoro Montenegro, entre otros.

3° Que, acto seguido,  fue trasladado a la Subcomisaría de Carabineros de Paine, lugar en que se le mantuvo ilegalmente encerrado y fue sometido a malos tratos, desconociéndose hasta la fecha su paradero.

4° Que la Subcomisaría de Carabineros de Paine se encontraba a cargo del Capitán Nelson Iván Bravo Espinoza”.

La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la sentencia que condenó a dos ex funcionarios de Carabineros (un ex oficial y un ex carabinero) y a dos individuos civiles, por su responsabilidad en el secuestro calificado del profesor rural Cristián Víctor Cartagena Pérez, perpetrado a partir del 18 de septiembre de 1973, en la localidad de Chada, comuna de Paine.

En fallo unánime (causa rol 1968-2022), la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras María Catalina González Torres, Dora Mondaca Rosales y abogado (i) Ignacio Castillo Val- ratificó la sentencia dictada por la ministra en visita extraordinaria Marianela Cifuentes Alarcón, que condenó al ex oficial de Carabineros Nelson Iván Bravo Espinoza, en calidad de autor del delito, a la pena de 12 años de presidio efectivo. Este sujeto, a la época de los hechos, ostentaba el grado de capitán y fungía como jefe de las Subcomisaría de Paine y de la Subcomisaría de Buin.

En tanto que el ex carabinero Rogelio Lelan Villaroel Venegas fue condenado a la pena de 10 años de presidio efectivo, en calidad de autor ejecutor. Mientras que los individuos civiles de ultraderecha Juan Francisco Luzoro Montenegro y Rubén Darío González Carrasco fueron condenados a la pena de 8 años de presidio efectivo en calidad de autores ejecutores.

Otros carabineros e individuos civiles implicados en este crimen (y en otros cometidos en esa comuna) han fallecido en el curso del proceso. Por su parte, el condenado ex coronel de Carabineros Nelson Bravo Espinoza se encuentra recluido en el penal Punta Peuco cumpliendo condenas por otros hechos criminales perpetrados en la época posterior inmediata al golpe militar en la comuna de Paine, tales como los episodios de Campo Lindo, Canal Viluco, Panadería El Sol, La Estrella, Díaz Manríquez, Godoy Román, Martínez Vera, y Silva Carreño.

En la investigación judicial se pudo establecer que el profesor y militante del Partido Comunista Cristián Cartagena Pérez, de 30 años de edad, era Director de la Escuela de Chada, lugar donde vivía junto a su cónyuge, también profesora en esa escuela, y a sus hijos pequeños.

Durante la madrugada del 18 de septiembre de 1973, el profesor Cartagena Pérez fue detenido en su lugar de vivienda por funcionarios policiales de la Subcomisaría de Carabineros de Paine, entre ellos, el sargento José Osvaldo Retamal Burgos (ya fallecido) y el carabinero Rogelio Lelan Villarroel Venegas, acompañados por los civiles derechistas Rubén Darío González Carrasco y Juan Francisco Luzoro Montenegro, entre otros.

Acto seguido, lo trasladaron hasta la Subcomisaría de Paine, lugar en que se le mantuvo ilegalmente encerrado, sometido interrogatorios y torturas, y desde donde se le hizo desaparecer, desconociéndose hasta la fecha su paradero

por Darío Núñez