González Betancourt Guillermo Washington

La repartición que funcionó bajo el nombre eufemístico de Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), primero que nada, no fue nunca una “dirección de comunicaciones”. Y, en segundo lugar, su cuartel general, conocido como “La Firma”, no era una simple oficina, sino que un recinto ilegal de detención, en el que se torturó a gran cantidad de personas por su pensamiento polìtico. La DICOMCAR fue, en realidad, una “asociación ilícita terrorista”. Así de categórico… ¿De donde salen todas estas afirmaciones? Del fallo vigente de la justicia chilena sobre el Caso Degollados, emanado el 31 de marzo de 1994. ¿Quién firma? El entonces ministro en visita, y actual presidente de la Corte Suprema de Chile, Milton Juica:

“LOS ANTECEDENTES DE JUICIO QUE SE HAN RESUMIDO ANTERIORMENTE, HAN SERVIDO ASIMISMO PARA TIPIFICAR EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍTICA TERRORISTA, TODA VEZ QUE PARA LA CONSUMACIÓN DE LOS ILÍCITOS YA DESCRITOS, SE HA DETERMINADO LA EXISTENCIA DE UN GRUPO DE PERSONAS, QUE DEPENDIENDO DE UN ORGANISMO POLICIAL, SE EXCEDIERON DE SUS FUNCIONES LEGALES, PROCEDIENDO BAJO EL SUBTERFUGIO DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA A PRIVAR DE LIBERTAD A DISTINTAS PERSONAS DE UNA IDEOLOGÍA POLÍTICA DETERMINADA, MANTENERLOS EN CAUTIVERIO, INTERROGARLAS CON APREMIOS ILEGÍTIMOS, ACERCA DE SUS ACTIVIDADES POLÍTICAS EN LUGARES QUE NO ERAN PÚBLICOS DE DETENCIÓN, MATARON A TRES DE ELLAS, DE UNA MANERA QUE CAUSÓ CONMOCIÓN PÚBLICA Y LUEGO PARA ELIMINAR LAS EVIDENCIAS QUE LOS HECHOS PUNIBLES, DESTRUYERON POR MEDIO DE EXPLOSIVOS UN VEHÍCULO QUE PERTENECÍA A UNA DE LAS VÍCTIMAS Y DESTRUYERON TAMBIÉN EL INMUEBLE DONDE FUERON LLEVADAS LAS PERSONAS SECUESTRADAS”.

Así reza el texto, rescatado en estos días por el periodista Matías Fouillioux, del Centro de Investigación e Información Periodística, CIPER.

Hace unas semanas, nadie en el gobierno parecía tener en mente este fallo. El general de Carabineros (r) Iván Andrusco, asumía como director nacional de Gendarmería. Casualmente era un 29 de marzo, el día en que se cumplían 25 años exactos del secuestro y asesinato de Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada -los “degollados- muertos a manos de la esa “asociación ilícita terrorista” llamada DICOMCAR.

¿Pero, dónde trabajaba Andrusco hace justamente 25 años? No era una pregunta obvia. De hecho, formulada así, de la nada, a quién le podía importar. Sin embargo, la respuesta, una vez difundida por el diputado Hugo Gutiérrez, no podía dejar indiferente a nadie…

¿CARRERA EJEMPLAR?

Resultaba que la persona encargada de dirigir todos los recintos de reclusión legal del país, trabajó largo tiempo en un centro de detención ilegal y tortura. A él debían, en lo sucesivo, los jueces confiar las personas que declararan reas. Andrusco, el responsable final de resguardar el propio edificio de la Corte Suprema, de acuerdo al fallo firmado por el mismo presidente del máximo tribunal, había sido miembro de una “asociación ilícita terrorista”.

Los antecedentes del Caso Degollados, según el fallo de Milton Juica, terminaron por no involucrarlo directamente en los asesinatos de Nattino, Guerrero y Parada, pero todo lo demás indicaba, definitivamente, que, tras su designación, algo no estaba en su lugar. Las condenas por “asociación ilícta terrorista”, en su oportunidad, cayeron piadosamente sólo sobre los cinco máximos oficiales de la DICOMCAR, incluyendo al general César Mendoza, de cuya comandancia en jefe dependía, de acuerdo al irregular organigrama, este grupo criminal. Andrusco, como el resto de los oficiales subalternos, se libró del cargo. Pero, algo no podía ignorarse, Andrusco había sido parte de “La Firma”.

Así que (pese a que El Mercurio asegure que se trata de un oficial “de carrera ejemplar”) la mancha en el expediente podía resultar difícil de olvidar. Y se puede presumir que, si hay una persona que tendría la mancha siempre en mente, ésta debe ser el presidente de la Corte Suprema; aquel juez que tuvo que investigar a ese organismo, que de policial pasó a terrorista y que, en vez de proteger a los ciudadanos, los había detenido ilegalmente, torturado y asesinado.

Y un pelo de la cola. A propósito de esta “carrera ejemplar”, el mismo El Mercurio informó el 9 de abril del 2005 de versiones que hablaban de “una eventual baja del servicio del general Andrusco”, envuelto en un bochornoso incidente como general de Carabineros a cargo de la Región del Bío Bío. En esa ocasión, un grupo de doce miembros de la institución firmó una carta denunciando inhumanas condiciones de trabajo instauradas bajo el mando de Andrusco. La misma nota habla del “impacto causado por la carta denuncia” en el alto mando, que no se caracteriza por aceptar este tipo de misivas de subordinados que critican el actuar de generales.

LAS “AMENAZAS”

Ivan Andrusco terminó por renunciar a su puesto como director nacional de Gendarmería el viernes 16 de abril. En esa oportunidad declaró que lo hacía porque se habían detectado “amenazas” de muerte, en plural, en contra de su persona.

Finalmente, resultó que se trataba de una única amenaza: un comentario posteado por un troll en theclinic.cl usando el nombre “Ciclista Maulino”. Un troll , como todos los usuarios de internet saben, es una persona que ingresa, a manera de hobby, comentarios provocadores en diversos sitios web, como una forma de matar el tiempo. El troll en cuestión, como muchos de sus congéneres, aparentemente escribe, bajo varias identidades, mensajes de diferente tenor, en los que asume distintas personalidades y estados ánimo. Con esto, el troll busca molestar o lograr alguna reacción de sus interlocutores cibernéticos. En el trato con los trolls hay una sola máxima “don`t feed the troll”, no alimente al troll (no le haga caso), una regla que en este caso no se ha cumplido.

Se anunció, en su momento, con bombos y platillos, que se iniciaría una investigación judicial para buscar a la persona autora de esta trascendente amenaza, que había logrado amedrentar a un general veterano, al mando de miles de hombres armados, al punto de hacerlo renunciar a su puesto. Pero, hasta el día de hoy, nadie ha llamado a esta oficina.

A mediados de 2013 y poco antes de cumplirse 40 años del Golpe Militar y de que Sebastián Piñera cerrara el penal Cordillera, familiares y políticos protestaban fuera de la Corte Suprema luego de que ésta confirmara la salida dominical de dos de los asesinos de los militantes comunistas Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino. Solo cuatro días después, Gendarmería les daba el mayor de los beneficios intrapenitenciarios, autorizándolos a salir de Punta Peuco todos los días. Beneficio del que hasta ahora los familiares de las víctimas no habían sido informados.

El jueves 20 de junio del año pasado, Javiera Parada Ortiz y Manuel Guerrero Antequera protestaban frente al Palacio de Tribunales junto a familiares, abogados y políticos luego de que la Corte Suprema confirmara el otorgamiento del beneficio intrapenitenciario de salida dominical de dos condenados por el secuestro y asesinato de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino.

Conocido como el Caso Degollados, sus hijos veían con impotencia cómo el coronel de Carabineros Guillermo González Betancourt y el sargento José Fuentes Castro, ambos en retiro, mantendrían el beneficio penitenciario autorizado por el alcaide de Punta Peuco, Luis Meneses.

González y Fuentes son ex carabineros y agentes de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), y fueron dos de los seis implicados en el homicidio perpetrado el 29 de marzo de 1985 contra los militantes comunistas José Manuel Parada –entonces jefe de documentación de la Vicaría de la Solidaridad–, el pintor y publicista Santiago Nattino, y el dirigente gremial de los profesores Manuel Guerrero.

Sus asesinatos fueron un claro mensaje de la dictadura para infundir terror en la población, que –tras la fuerte crisis económica– se había tomado las calles para manifestarse contra el régimen.

Los tres cuerpos degollados de Parada, Nattino y Guerrero remecieron al país. Así como el llamado de la viuda de José Manuel Parada afuera del Servicio Médico Legal, tras ser notificada de que su marido había sido identificado.

“Hace ocho años detuvieron a mi padre, que está desaparecido. Hoy día me mataron a mi marido. Me dejan con cuatro niños. Con Javiera, con Camilo que tiene 8 años, y Antonio que tiene 1 año 8 meses. Se llevaron a mi padre y han matado a mi marido. Sepan bien que cada uno de ellos va a pagar cada uno de estos crímenes, no les quepa duda… hasta que me quede la última gota de sangre los voy a vengar. No quiero que más gente sufra lo que yo he sufrido. Esto es demasiado terrible. ¡Tenemos que cambiar este país de una vez por todas! ¡Hasta cuando siguen dialogando con los asesinos! (…) ¡Por favor, por favor, exijamos justicia de una vez por todas!”.

La justicia llegó. En 1995 cinco de los seis implicados fueron condenados a cadena perpetua por los delitos de secuestro con homicidio, robo con intimidación y asociación ilícita.

Pero hoy, y desde hace siete meses, González y Fuentes ya no pasan sus días en Punta Peuco. Y es que la salida dominical obtenida por ambos en septiembre de 2012, se había ampliado en enero de 2013 al fin de semana, lo que los familiares de los militantes comunistas asesinados ignoraban cuando protestaron.

No sólo eso: cuatro días después de la manifestación frente a tribunales, el sargento (r) José Fuentes Castro y el coronel (r) Guillermo González Betancourt accedían al más importante beneficio intrapenitenciario: la salida diaria.

Es así como, desde el 24 de junio del año pasado, los asesinos de los militantes comunistas fueron beneficiados con “la salida controlada al medio libre”, que –según señala el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios–, les da la libertad de salir del recinto penitenciario hasta 15 horas diarias, con el objeto de “concurrir a establecimientos laborales, de capacitación, justicia laboral o educacional, a instituciones de rehabilitación social o de orientación personal, con el fin de buscar o desempeñar trabajos”.

Todo, el mismo año en que se cumplían 40 años del Golpe Militar y en que el Presidente Sebastián Piñera cerraba el Penal Cordillera. 
Consultados sobre la medida, desde Gendarmería señalan que “de acuerdo a la normativa legal vigente, cumplidos 20 años de reclusión, el interno tiene derecho a postular a Libertad Condicional”.

En el caso de los dos ex carabineros, ese tiempo se cumplió en mayo de 2012. 
“Al tenor de lo anterior, en conformidad a lo establecido en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, un año antes de cumplirse el tiempo para postular a la Libertad Condicional, los internos pueden postular a los beneficios intrapenitenciarios”, señalan desde la institución liderada por el coronel Marco Fuentes. De esta forma, González podía postular a beneficios a partir de febrero de 2011 y Fuentes desde mayo de ese mismo año. 
Hasta la publicación de esta nota, los familiares no tenían noticias del nuevo beneficio obtenido por los verdugos de los militantes comunistas.

INDIGNACIÓN
Para Manuel Guerrero hijo “resulta sumamente violenta esta situación. Sabiendo que se trata de un crimen de lesa humanidad y que se les aplica un reglamento pensado para presos comunes… no hay comparación, para personas que atentaron contra la vida y además fueron recluidas en una cárcel especial, que obtengan más beneficios que los presos comunes”.

Y agrega que “con Javiera le demostramos a la ministra de Justicia, junto al abogado del área de DDHH del Gobierno, con quienes nos entrevistamos, que los beneficios fueron entregados de forma irregular porque su hoja de vida no está limpia y uno de los requisitos que se necesitan es que no se tenga ningún tipo de falta al reglamento interno (…) es vergonzante y muy doloroso. Estamos indignados de saber que andan prácticamente libres y constituyen un peligro para la sociedad”.

El abogado Fernando Leal, que interpuso el recurso de protección que intentó impedir la salida dominical de los ex carabineros, considera la decisión de darles salida diaria como “impresentable y repudiable. Una muestra más de que en Chile hay algunos que gozan de privilegios que no todos tienen (…) Esto habla muy mal del gobierno de Piñera y del sector justicia”.

Leal explica que, luego del fallo de la Corte Suprema, se reunieron con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries. Además, detalla, “Javiera Parada y Manuel Guerrero se reunieron con la ministra de Justicia (Patricia Pérez) que ofreció impulsar un proyecto para que no se entreguen más beneficios a gente que ha cometido delitos contra los Derechos Humanos, lo que no se ha concretado”. 
En palabras del abogado, “me parece lamentable que la ministra se haya reunido con hijos de las víctimas mientras el servicio dependiente de su cartera seguía dando más beneficios a estos mismos asesinos”.

ACCIONES LEGALES
Uno de los requisitos para que los internos obtengan este tipo de beneficios carcelarios es que tienen que haber tenido una conducta sin sanciones. 
“Durante los alegatos presenté artículos de prensa que daban cuenta de que habían tenido una pésima conducta penitenciaria. Incluso, que Gendarmería presentó una denuncia contra Fuentes Castro al Ministerio Público por amenazar de muerte a otro interno”, asegura Leal. Dicha situación, le costó una sanción de cuatro días de internación en celda solitaria. “González Betancourt también estaba sancionado por participar en una huelga de hambre para obtener beneficios”.

Pero “cuando terminé mi alegato en la Corte, empieza a alegar el abogado de Gendarmería y dijo que habían cumplido con todo. Al final, y porque el juez lo exigió, reconoció que tenían sanciones. Así que pensé que el fallo lo iban a acoger. Pero si bien en el fallo dejaron constancia que, de acuerdo a los antecedentes proporcionados, se podía dar por establecido que Gendarmería había entregado beneficios sin apegarse al reglamento, no fue tomado en cuenta porque nosotros no habíamos acreditado cómo eso había dañado la integridad física de los afectados. O sea, querían que les llevara un psiquiatra que dijera que a los hijos les afecta que anden libres los asesinos de sus padres”. 
En su opinión, “lo delicado era que la Corte Suprema estaba validando beneficios sobre la base de una mentira: Gendarmería y el Ministerio de Justicia dijeron que cumplían requisitos cuando no los cumplían. Así que hice una presentación a Contraloría, pidiendo iniciara sumario administrativo en contra de Gendarmería y el Ministerio”.

Pero el órgano contralor se abstuvo de pronunciarse sobre el tema. 
Luego de esto, hicieron una denuncia ante el Ministerio Público, el que dio a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI orden de investigar . 
Hace 10 días, Leal presentó una querella criminal por falsificación ideológica –que se aplica cuando un funcionario público falta a la verdad en hechos sustanciales– en representación de una hija de Guerrero que vive en Suecia, América Guerrero. Fue declarada admisible. 
Según detalla el abogado, “estamos pidiendo que sea citado el ex director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, el jefe de gabinete del director, coronel Cristian Alveal, y también el funcionario del Ministerio de Justicia que informó a la Corte”.

La mayoría se encuentra en libertad vigilada y otros obtuvieron la salida dominical, como los dos condenados por los secuestros y degollamientos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Observatorio de DDHH de la Universidad Diego Portales cuestiona estos beneficios.

 El 3 de agosto se informó que el Consejo Técnico de Gendarmería concedió el beneficio de la salida dominical al coronel (R) de Carabineros Guillermo González Betancourt y el sargento (R) José Fuentes Castro, quienes se encuentran recluidos en Punta Peuco, cumpliendo cadena perpetua simple por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, así como del secuestro de otras 6 personas en marzo de 1985, situación que fue conocida como el “Caso Degollados”. La condena de primera instancia fue dictada por el ministro Milton Juica en marzo de 1994 y quedó a firme en octubre de 1995.

 La noticia impactó en el mundo de los derechos humanos y particularmente entre los familiares de las víctimas, quienes para tratar de revertir la medida presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, indicando que les causaba un profundo daño moral y perturbaciones sicológicas. El recurso fue aceptado a tramitación y el tribunal solicitó a Gendarmería que informe los antecedentes que se tuvieron a la vista para adoptar la resolución.

 Fue en estas circunstancias que se supo que otros condenados también habían recibido beneficios carcelarios. En total, se trata de 14 reclusos que cumplen sentencia en Punta Peuco y el Penal Cordillera de Peñalolén. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales informó que los siguientes condenados por violaciones a los DDHH gozan de distintos beneficios penitenciarios (todas las sentencias son afirme, es decir, ratificadas por la Corte Suprema):

 – Hugo Enrique Alarcón Vergara, ex empleado civil de la Central Nacional de Informaciones (CNI), condenado en 2006 a 5 años y 1 días como cómplice del homicidio calificado del carpintero Juan Alegría Mundaca (caso Tucapel Jiménez). Recibió una conmutación de 8 meses y actualmente se encuentra en libertad condicional.

 – Primitivo Castro Campos, suboficial (R) de Carabineros, condenado en 2007 a 5 años y 1 días por el homicidio de Carlos Fuentealba Herrera. Se le conmutaron 17 meses y está en libertad condicional.

 – Luis Fernando Romo Morales, mayor (R) de Carabineros, sentenciado en 2007 a 5 años y 1 días por los secuestros calificados de José Lorenzo Cofré Obadilla y Carlos Montecinos Urra. Se le benefició con una reducción de pena de 8 meses, la conmutación de otros 3 y se encuentra en libertad condicional.

 – Juan de Dios Caniulaf Hualme, civil, condenado en 2007 a 3 años como encubridor del homicidio simple de José Matías Ñanco. Recibió los beneficios de salida controlada y se le redujo la pena en 5 meses. Se encuentra libre.

 – Alejandro Molina Cisternas, suboficial (R) de Carabineros, sentenciado en 2007 a 5 años y 1 día por los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría. Se le redujo la pena en 8 meses y está libre.

 – Gerardo Ernesto Urrich González, mayor (R) de Ejército, condenado en 2007 a 5 años y 1 día por los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría. Además, está acusado en otras 3 causas y procesado en otras 21. Se le redujo la pena en 8 meses y está libre.

 – Patricio Zamora Rodríguez, capitán (R) de Carabineros, condenado en 1995 a 15 años y 1 día por los secuestros de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino y como cómplice de los homicidios de los tres y por los secuestros de otras cinco personas en el mismo caso. También tiene otras tres condenas a 5n años y 1 días por violencia innecesaria con resultado de muerte de Percy Arana; 541 días por asociación ilícita y 541 días por lesiones. Se le redujo la pena en 13 meses y está libre.

 – Emilio Enrique Neira Donoso, ex agente de la CNI y teniente coronel (R) de Ejército, condenado a la pena única de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, como autor de los homicidios calificados de José Valenzuela Levi y de Recaredo Valenzuela Pohorecky, ocurridos en junio de 1987 en el marco de la “Operación Albania”, cuya sentencia quedó a firme en agosto de 2007. Se le concedió el beneficio de la salida dominical.

 – Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, coronel (R) de Ejército, condenado en 7 oportunidades, entre 2007 y 2011, por varios secuestros calificados (desapariciones). Recibió una reducción de pena de 7 meses. En algunos casos ya se encontraba con libertad vigilada. Actualmente está en libertad.

 – José Florentino Fuentes Castro, sargento (R) de Carabineros, condenado en 1995 a presidio perpetuo simple (mínimo de 20 años) y 541 días por los homicidios de Parada, Nattino y Guerrero y por los secuestros de 6 dirigentes de la Agech. Acaba de recibir el beneficio de salida dominical.

 – Guillermo Washington González Betancourt, coronel (R) de Carabineros, condenado a presidio perpetuo simple en el mismo caso del anterior. Junto con Fuentes, acaba de obtener la salida dominical.

 – Otto Silvio Trujillo Miranda, alias “Colmillo Blanco”, ex empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile e integrante del Comando Conjunto, condenado en 2010 a 3 años y 1 día como cómplice del secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, detenido por el Comando Conjunto en noviembre de 1975. Trujillo, además, se encuentra procesado o acusado en otras 5 causas, como autor o cómplice de las desapariciones de 11 militantes del Partido Comunista, detenidos por el Comando Conjunto en los años 1975 y 1976. Se le concedió la salida dominical.

 – César Luis Palma Ramírez, alias “Fifo”, también ex empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile e integrante del Comando Conjunto, quien igualmente fue condenado en 2010 a 5 años y 1 día por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez. También fue condenado en 2007 a 3 años y 1 día, con el beneficio de la libertad vigilada,  como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje, detenido en noviembre de 1976. Además, se encuentra procesado o acusado en otras 6 causas, como autor de las desapariciones de 13 militantes del Partido Comunista, detenidos por el Comando Conjunto en los años 1975 y 1976. Se le concedió la reclusión nocturna.

 – Odlanier Rafael Mena Salinas, general (R) de Ejército, ex director de la CNI, condenado en 2008 a 6 baños por tres secuestros calificados (Caso Caravana de la muerte, episodio Arica).

 El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, al ser consultado acerca del tema, manifestó que respaldaba plenamente las decisiones del Consejo Técnico de Gendarmería, ya que si bien los beneficiados podían haber cometido “delitos rechazables, también tienen derechos humanos”. Sin embargo, en opinión del Observatorio de DDHH “hay razones muy fundamentadas para cuestionar la aplicabilidad de normas del derecho interno diseñados para crímenes comunes a crímenes que, por su carácter de lesa humanidad, revisten la mayor gravedad, según normas activamente reconocidas y ratificadas por el mismo Estado de Chile”.

Están sentenciados por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca, operación Albania y caso Degollados. Entre ellos se cuentan Álvaro Corbalán Castilla y Carlos Herrera Jiménez. No cumplirían requisitos para beneficio por razones humanitarias.

Nueve ex militares condenados a cadena perpetua cumplen sentencia en el penal de Punta Peuco, según datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP). Estos reos no pueden recibir beneficios antes de 20 años de sentencia y tampoco podrían optar a un eventualindulto por razones humanitarias.

Se trata de Álvaro Julio Corbalán Castilla, Carlos Herrera Jiménez, Armando Cabrera Aguilar, Hugo Iván Salas Wenzel, Miguel Arturo Estay Reino, José Florentino Fuentes Castro, Guillermo Washington González Betancourt, Alejandro Segundo Sáez Mardones y Claudio Alberto Salazar Fuentes.

El mayor de Ejército (R) Álvaro Julio Corbalán Castilla no requiere de mayores presentaciones. En el año 2000, el ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) de Santiago fue condenado a perpetua por la Corte Suprema por el homicidio calificado del carpintero Juan Alberto Alegría Mundaca.

LO "SUICIDARON"

En 1983 el cadáver de Alegría apareció en Valparaíso con las muñecas cortadas, junto a una "carta-suicida" en que se incriminaba por el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez. Sin embargo, los homicidas cometieron el error de cercenarle tan profundamente una mano, que no habría podido manejar un arma blanca para cortarse la otra.

Por el crimen de Alegría Mundaca también fueron condenados a perpetua el mayor de Ejército (R) Carlos Herrera Jiménez y el suboficial de Carabineros (R) Armando Cabrera Aguilar, los dos adscritos a la CNI. Los homicidas pensaron que, en su condición de alcohólico y por tener antecedentes penales, el carpintero sería el chivo expiatorio perfecto para el crimen del sindicalista.

Herrera Jiménez es otro que tampoco requiere presentación. Estuvo prófugo en Argentina, de donde fue extraditado. Paradojalmente, en 2004 Herrera Jiménez fue condenado por la Corte Suprema a sólo 10 años de cárcel como autor material del homicidio de Tucapel Jiménez, ex presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), crimen cometido en 1982.

OPERACIÓN ALBANIA

En 2007, el máximo tribunal del país dejó a firme la condena a cadena perpetua en contra del general de Ejército (R) Hugo Iván Salas Wenzel, ex director de la CNI, como coautor de cinco homicidios simples y como coautor de siete homicidios calificados en el caso Albania.

La Operación Albania o "Matanza de Corpus Christi" se produjo entre los días 15 y 16 de junio de 1987, en Santiago. En ella doce miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fueron ejecutados por agentes de la CNI en diversos puntos de la capital en supuestos enfrentamientos.

En esta misma causa, Álvaro Corbalán fue condenado por la Suprema a 20 años de cárcel como coautor de cuatro homicidios simples y como coautor de ocho homicidios calificados.

CASO DEGOLLADOS

Los otros cinco condenados a perpetua son ex carabineros que participaron en uno de los peores crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet: el degollamiento de los profesionales comunistas José Manuel Parada Maluenda, Manuel Leonidas Guerrero Ceballos y Santiago Esteban Nattino Allende.

El 28 y 29 de marzo de 1985, los tres fueron secuestrados por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, Dicomcar. Al día siguiente, sus cuerpos aparecieron degollados y con signos de tortura en un camino de Quilicura. En agosto de ese año, el caso provocó la salida del general director de Carabineros, César Mendoza, de la Junta Militar de Gobierno.

En 1995, el coronel de Carabineros (R) Guillermo Washington González Betancourt, ex jefe de la Dicomcar, fue condenado por la Corte Suprema a presidio perpetuo como autor de los secuestros seguidos de homicidios de Parada, Guerrero y Nattino, y también como autor de los secuestros de otras seis personas.

Nattino y Guerrero pertenecían a la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech), entidad paralela al entonces oficialista Colegio de Profesores. Los seis secuestrados que sobrevivieron pertenecían a la Agech. El sociólogo José Manuel Parada era hijo de los actores Roberto Parada y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad.

Los otros ex carabineros condenados a perpetua por este crimen son el ex empleado civil Miguel Arturo Estay Reino ("El Fanta"), el sargento (R) José Florentino Fuentes Castro, y los cabos (R) Alejandro Segundo Sáez Mardones y Claudio Alberto Salazar Fuentes.

La Corte Suprema demoró solo horas en rechazar la libertad condicional que pedía el coronel (r) de Carabineros, Guillermo González Betancourt, condenado a presidio perpetuo por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, degollados en marzo de 1985. En el fallo se alude al informe sicológico de Gendarmería sobre González: “no ha adquirido una adecuada conciencia del delito cometido, del daño y el mal causado…”. En su alegato, el abogado Luciano Fouillioux planteó que no se le pueden otorgar a condenados por delitos de lesa humanidad, beneficios que corresponden a delitos comunes y citando a Fito Paéz en Vengo a ofrecer mi corazón, explicó por qué estaban allí los ex funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad.

El corvo con que los degollaron pesaba 410 gramos y medía 19 centímetros de largo por 3,6 centímetros de ancho. Era de Miguel Estay Reyno, el “Fanta”. Se lo había regalado uno de los torturadores más temidos de la dictadura, Roberto Fuentes Morrison, el “Wally”, el año anterior. Ese 30 de marzo de 1985 en Quilicura, el primero en usar el arma fue el sargento segundo José Fuentes, quien tomó por atrás  la cabeza de Manuel Guerrero  y le hundió el cuchillo en el cuello. El corvo pasó luego a manos del cabo Alejandro Sáez Mardones, quien repitió el procedimiento con Santiago Nattino. Luego el cabo Claudio Salazar agarró el arma y le hizo un profundo corte en el vientre a José Manuel Parada, quien cayó adolorido al piso segundos antes de que otro agente tomara nuevamente el arma y lo degollara también.

Quien comandó el degollamiento de los tres profesionales comunistas, una de las operaciones más sangrientas y estremecedoras de la dictadura, fue el entonces coronel Guillermo González Betancourt, jefe operativo del Departamento de Asuntos Internos y Externos de la Dicomcar, la Dirección de Comunicación de Carabineros. Este lunes 21, los cinco ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema –integrada por Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y los abogados integrantes Jean Pierre Matus y Jaime Rodríguez- rechazaron de forma unánime el recurso de amparo con el cual González Betancourt buscaba acceder a la libertad condicional y revertir la decisión en contrario de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago

González Betancourt cumple pena de presidio perpetuo como autor del secuestro y homicidio de Parada, Guerrero y Nattino, además del secuestro de Ramón Arriagada Escalante y de los dirigentes de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech) Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas. Suma a su condena otra pena de 5 años y un día como autor de asociación ilícita y una más de 5 años y un día por el robo con intimidación del auto de Traverso, uno de los secuestrados sobrevivientes. Además, se le dieron las penas accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por su tiempo de vida, y la de sujeción de vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el Código Penal.

En mayo de 2012, González Betancourt cumplió 20 años de condena en el penal de Punta Peuco y en septiembre comenzó a recibir una serie de cuestionados beneficios carcelarios. Ese mes, el Consejo Técnico de Gendarmería le concedió la salida dominical. Luego, en enero de 2013, consiguió salir del penal el fin de semana completo y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Ahora González Betancourt buscaba la libertad condicional, pero los ministros del máximo tribunal que le negaron el beneficio se basaron en el último informe sicológico entregado por  Gendarmería, el que da cuenta de que el oficial (r) de Carabineros  “no ha adquirido una adecuada conciencia del delito cometido, del daño y el mal causado con el mismo y no ha demostrado una real disposición al cambio”.

El fallo considera que, de acuerdo a la ley chilena, la libertad condicional debe ser “un medio de prueba” de la rehabilitación del condenado, lo que en este caso no se cumpliría.

La resolución de la Segunda Sala incluye una prevención del ministro Lamberto Cisternas, quien estimó que González Betancourt no cumplía con los requisitos para optar a la libertad condicional debido a que su acumulación de penas exigiría que cumpliera 25 años en prisión y no 20. Además, Cisternas hizo ver que la defensa del condenado no rebatió la acusación de que su conducta penitenciaria no puede considerarse como intachable, según constaría en su hoja de vida de Gendarmería.

“VENGO A OFRECER MI CORAZÓN”

El abogado Luciano Fouillioux fue quien asumió el alegato en representación de una de las víctimas del comando que encabezó González Betancourt. Al iniciar sus palabras, lo calificó como un «criminal que también tiene derechos humanos», los que jamás se les negarán en un Estado de Derecho, pero desde un piso jurídico distinto al que planteó su defensa. Y fundamentó sus dichos diciendo que al rechazar su libertad condicional no hay vulneración de garantía de libertad personal y seguridad individual de aquellas que permite la invocación del recurso de amparo (Artículo 21 de la Constitución); y que su recurso estaba mal fundado por cuanto se invocan como vulnerados derechos constitucionales que no pueden ser remediados por la vía del recurso de amparo. El estado de confusión de su defensa es tal, afirmó, que se llevó “al recurrente a confundir recurso de protección con recurso de amparo”.

Luego, Fouillioux recordó la enorme conmoción que provocó en marzo de 1985 el asesinato de los tres profesionales, que incluso provocó la caída del entonces jefe de Carabineros y miembro de la Junta Militar, general César Mendoza Durán. También hizo mención a los obstáculos que debieron enfrentar los jueces que tuvieron a cargo la investigación del triple homicidio, desde Cánovas Robles hasta Milton Juica.

Frente a familiares de las víctimas y a numerosos ex compañeros de trabajo de José Manuel Parada en la Vicaría de la Solidaridad, el abogado Fouillioux hizo un perfil del sociólogo, relatando sus características como padre, marido y joven sensible y comprometido que cuando vio en 1974 – citando la canción de Fito Páez  «Vengo a ofrecer mi corazón«- «cuanta sangre se llevó el río, corrió y se enroló en el Comité Pro -Paz y luego siguió su tarea en la Vicaría de la Solidaridad, lugar donde trabajó hasta que fue detenido y degollado, mientras por más de una década protegió, amparó y acompañó al perseguido”.

Respecto del tema penal de fondo, Fouillioux le planteó a los ministros de la Segunda Sala que lo que estaba en discusión era de “singular relevancia, ya que el asunto es si tiene o no derecho a beneficios carcelarios un condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, que no demuestra arrepentimiento, según se afirma en los propios informes de Gendarmería, y que aún así pide que se le aplique un beneficio como autor de delito común”.

Fouillioux planteó también que el recurso de amparo estaba mal formulado tanto en la forma como el fondo: era improcedente por la materia en que incidía, como por la indudable búsqueda indebida de un forzamiento o invención de un procedimiento, para llegar hasta la Segunda Sala de la Corte Suprema, que conoce los temas penales. Si el recurso es acogido –afirmó- se busca generar una ruta de próximas libertades a condenados por delitos de lesa humanidad, llevando casi a cero todo avance jurisdiccional en estas materias.

-Y eso nadie lo puede tolerar, ni las victimas ni las propias Fuerzas Armadas y menos aún el Poder Judicial, que viene ajustando su actuar desde la carencia del ayer. Por lo tanto, no se le puede pedir a la Corte Suprema borrar con el codo todo lo escrito con la mano, ya que nadie entendería que habiendo condenado reiteradamente por delitos de lesa humanidad, entendiendo la imprescriptibilidad penal y ahora civil –como con el fallo reciente sobre los prisioneros políticos de Isla Dawson- se pueda también otorgar beneficios carcelarios por delitos que son reclamados como » comunes » por el recurrente –agregó el abogado.

Al terminar, Luciano Fouillioux reclamó coherencia en los fallos de la Corte Suprema y dijo ante los ministros de la Corte que frente a este tipo de delitos ya estaba todo dicho y conocido:

“Así planificaron el crimen, así los secuestraron, así los asesinaron, así después del debido proceso los condenaron, así después de 23 años de la condena y 30 años de los hechos, no demuestra arrepentimiento… Estamos frente  a una situación inalterable, que une dos puntas de un mismo lazo, el hombre que ofrece su corazón, tal como cantó Fito Páez y que generó el alistamiento de quienes hemos querido proteger la indemnidad de las victimas y sus familias. Esto obligó a un grupo de ex compañeros de José Manuel Parada en la Vicaría de la Solidaridad (y leyó una larga nómina que encabezaban María Luisa Sepúlveda y Roberto Garretón) a hacerse parte en este recurso para defender la posición del compañero degollado por estos sicarios del mal. Cerradas así las cosas y el tiempo transcurrido y actuado, nos hacen decir: señores ministros, nos habrán visto llorar muchas veces pero jamás de rodillas, por eso estamos aquí para invocar nuestra posición”.

LOS CRIMENES

Otros condenados del Caso Degollados han tenido mejor suerte que González Betancourt. El 12 de agosto de este año, la Corte Suprema ratificó el dictamen de la Corte de Apelaciones que un mes antes aprobó la libertad condicional de Alejandro Sáez Mardones. Esa vez no sirvieron los esfuerzos judiciales de las familias de las víctimas ni la decisión del gobierno de hacerse parte en la apelación a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Sáez Mardones circula hoy libre por las calles (ver recuadro).

Guillermo Washington González Betancourt, también conocido como “Bototo”, nació en Curicó en 1943. A los 20 años ingresó como aspirante a oficial a la Escuela de Carabineros. Su ascenso fue rápido: al año siguiente ya era subteniente de la Séptima Comisaría Prefectura Santiago Norte y en 1966 ascendió a teniente en Graneros. En 1968 volvió a Santiago, a la Sexta Comisaría, y en 1970 se integró al Grupo Móvil, en la Primera Comisaría de Servicios Especiales. Después del Golpe Militar pasó al Departamento de Orden y Seguridad de la Dirección General de Carabineros y fue ascendido a capitán.

Entre 1974 y 1979 integró las Fuerzas Especiales en varias comisarías de Santiago, hasta que en marzo de 1980 fue ascendido a mayor. En agosto de ese año, en un oscuro episodio, sufrió un accidente con explosivos que le provocó la amputación traumática de su mano derecha. El episodio no lo inhibió de seguir realizando operaciones con explosivos para ocultar sus crímenes. En 1985, luego del secuestro del profesor de la Agech Alejandro Traverso, escondieron su Fiat 600 en el patio del cuartel de la Dicomcar de calle Dieciocho, allí en el mismo lugar donde funcionó el diario Clarín hasta septiembre de 1973. En su declaración ante Juica, el suboficial Luis Huaiquimilla dijo que tiempo después de los asesinatos y secuestros, González Betancourt ordenó destruir el auto de Traverso. El propio González manejó su Chevette rojo con una carga de explosivos en el asiento del copiloto camino a Quinta Normal. Lo seguía el Fiat 600, manejado por otro agente. Cuando llegaron a un sector solitario, cargaron los explosivos en el auto de Traverso y lo hicieron explotar.

González usa una prótesis y fue enviado en varias ocasiones en comisión de servicio a Alemania para recibir tratamiento médico en el Hospital Militar de Hamburgo. Allí estuvo reemplazando su prótesis pocos días antes de ordenar el asesinato de los tres profesionales comunistas, lo que le permitió conducir personalmente el vehículo Chevy Chevette -junto al “Fanta” y otro agente de la Dicomcar- hasta el sitio en Quilicura donde fueron degollados.

Los hechos que desencadenaron el asesinato de Guerrero, Parada y Nattino comenzaron a gestarse en 1984. En agosto de ese año, angustiado por la culpa, desertó el ex integrante del Comando Conjunto Andrés Valenzuela, alias “Papudo”. El Comando Conjunto fue una de las organizaciones más siniestras y secretas de la dictadura, en la que participaban los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, Armada y Carabineros (en un principio también participó el Ejército). El grupo competía en la cacería de los disidentes políticos con la DINA, liderada por Manuel Contreras, llegando a disputarse los prisioneros hasta en las calles. Al Comando Conjunto  se incorporaron también algunos civiles ex Patria y Libertad (como el grupo que asesinó en julio de 1973 al edecán naval de Salvador Allende, Arturo Araya Peters) y más tarde ex prisioneros que tras ser torturados brutalmente se convirtieron en agentes.

Entre estos últimos está Miguel Estay Reyno, el “Fanta”, un ex militante comunista que se convirtió en colaborador y años después en asesino de sus propios ex camaradas. Guillermo González Betancourt también participó en las actividades del Comando Conjunto, actuando bajo las órdenes del capitán Germán Esquivel, jefe de Contrainteligencia de Carabineros.

La existencia del Comando Conjunto se mantuvo en absoluto secreto hasta que en agosto de 1984 Andrés Valenzuela se acercó a las oficinas de la revista Cauce para relatarle los crímenes que había presenciado a la periodista Mónica González, hoy directora de CIPER. Luego prestó testimonio ante funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad y fue sacado del país.

Según se narra en “Los Casos de la Vicaría”, los relatos de los crímenes de la dictadura recopilados por Andrea Insunza y Javier Ortega que inspiraron la serie “Los Archivos del Cardenal”, dos meses después de la deserción de Valenzuela, agentes de inteligencia de la dictadura asaltaron la sede del Movimiento Democrático Popular (MDP).  Entre otros documentos se llevaron una libreta con apuntes y teléfonos que pertenecía al arquitecto Ramón Arriagada Escalante, un militante comunista al que apodaban “Vincenzo”. Esa libreta contenía información de reuniones de varios militantes y dirigentes, entre ellos los tres profesionales asesinados.

En febrero de 1985, Arriagada fue secuestrado bajo las órdenes de González Betancourt, y en las semanas siguientes fueron también secuestrados varios profesores de la Agech. Bajo tortura, a Arriagada lo interrogaron sobre las actividades de Manuel Guerrero y José Manuel Parada, quienes en los últimos meses habían estado trabajando para confirmar los datos entregados por Valenzuela sobre el Comando Conjunto. Toda la historia se encuentra detallada en el libro “Los Secretos del Comando Conjunto”, de Mónica González y Héctor Contreras, publicado en 1991 por Ediciones del Ornitorrinco.

CONDENADOS

No tardó mucho el juez José Cánovas Robles, nombrado ministro en visita para investigar los asesinatos de Guerrero, Parada y Nattino, en llegar a la conclusión de que el crimen había sido ordenado desde el Departamento de Asuntos Externos e Internos de la Dicomcar, a cargo de Guillermo González Betancourt, a quien declaró reo. Pero la decisión del juez fue rápidamente anulada por la Corte de Apelaciones, por entones supeditada a las ordenes que emanaban desde el Ministerio del Interior del régimen. El juez Cánovas descubrió que González Betancourt había salido sin permiso de su lugar de reclusión y que además había alojado al “Fanta” en su casa de la costa para ayudarlo a eludir la justicia.

A pesar de la conmoción pública que provocó el triple asesinato y de la acuciosa investigación que realizó el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda (hoy ministro de la Suprema), a quien le ordenaron cerrar el proceso sobre el Comando Conjunto y fue castigado por ordenar la detención de algunos de sus integrantes, el juicio llegó hasta allí. No habría justicia. Hasta que en 1992, un nuevo ministro en visita, Milton Juica, declaró reo a González Betancourt y a otros 15 carabineros como autores de asociación ilícita.

Seis meses antes de ser procesado, González Betancourt vivió un drama familiar. El 3 de octubre de 1991, su hija Estrella González Jepsen fue asesinada a tiros por su pareja, el teniente de Carabineros Félix Sazo. Eran padres de un niño que en ese entonces tenía 9 meses. Según relatan los informes policiales de la época, ese día la joven de 24 años se encontraba en su trabajo en el Hotel Crowne Plaza, en el centro de Santiago. Alrededor de las 10 de la mañana, Sazo llegó a la oficina vestido con su uniforme y Estrella salió con él a conversar afuera, frente al Monumento a los Mártires de Carabineros, donde discutieron violentamente. Estrella volvió muy nerviosa a su oficina. Minutos después ingresó nuevamente el oficial, quien se acercó al mostrador, gritó el nombre de su novia y le disparó cuatro balazos: dos en el pecho, uno en la cabeza y otro en la espalda. Segundos después, el uniformado se disparó dos tiros en su propia sien.

DISTANCIAMIENTO DEL FANTA

Según narra el libro “Los Secretos del Comando Conjunto”, Miguel Estay Reyno había ingresado a las juventudes Comunistas en 1969, siendo estudiante del Liceo Gabriela Mistral. Se hizo conocido entre los jóvenes de la “Jota” como integrante de las Brigadas Ramona Parra y fue apodado Fanta, por “Fantomas”, un personaje de la revista cómica “La Chiva”, que circulaba en esa época. Cuando cayó detenido por los miembros del Comando Conjunto, lo amenazaron con asesinar a su hermano Jaime  y a la novia de éste (la que después se convirtió en su esposa) y el “Fanta” se abrió a colaborar. Así le explicó su decisión al ministro Carlos Cerda, juez que investigó al Comando Conjunto:

-Ofrecí a cambio de la libertad de ambos confeccionar un currículum completo de mi actividad en la juventud y en el aparato de inteligencia del PC, en el que proporcionaría todos los antecedentes sobre los militantes comunistas que he conocido. Ese documento lo confeccioné en mi celda.

El “Fanta” no sólo entregó a sus compañeros sino que se convirtió en un activo colaborador en los crímenes de la dictadura. “Yo opté y la verdad es que he pagado con creces mi decisión”, dijo Estay en entrevista con CIPER en 2007. Y agregó:

-En el camino me fui encontrando con otra gente, con otras ideas y las empecé a asumir. La verdad es que como una parte importante de los chilenos, yo creí en el sello que logró imponer el gobierno militar, fundamentalmente en términos económicos. Y como además tenía cierto grado de especialización en el área de inteligencia, se dio una vinculación relativamente natural con gente de los servicios, por el interés que podían tener en esos conocimientos. Debo reconocer que ya en 1984 ó 1985, cuando me meto en esta sección (Dicomcar), yo tenía un grado de afinidad importante con la visión del gobierno militar.

El “Fanta” era un hombre de confianza de González Betancourt. Compartían una oficina en el cuartel de la Dicomcar de calle Dieciocho, la misma que adornaban con el corvo con que degollarían a Guerrero, Parada y Nattino. Pero la relación entre ellos no volvió a ser la misma luego de que Estay acusara a su jefe de ser responsable de los secuestros y asesinatos. González se vengó de Estay Reyno declarando que la decisión de matar había sido suya, diciendo que se había adjudicado más poder del que realmente tenía dentro de la organización. Decepcionado del que había sido su agente de confianza, González Betancourt dijo: «Si fue capaz de traicionar a sus camaradas comunistas, por qué no podía volver a hacérmelo ahora a mí», según se narra en el libro “La Noche de los Corvos”, de Nelson Caucoto y Héctor Salazar.

González Betancourt, imperturbable, no reconoció  ninguno de sus crímenes, acusando a sus subalternos de operar sin su conocimiento. Ante Juica declaró: “El hecho es que al día siguiente los más sorprendidos fuimos (Patricio) Zamora y yo cuando nos impusimos de la muerte de estos detenidos”. Para entonces, el ministro Juica ya tenía acreditado su rol en el triple homicidio y la condena era inevitable.

Los delitos, condenas y beneficios de los involucrados en el Caso Degollados

Guillermo Washington González Betancourt, coronel (r) de Carabineros, fue condenado a la pena de presidio perpetuo como autor del secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos; y a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a 5 años y un día por el robo con intimidación del auto de Alejandro Traverso. En mayo de 2012 González Betancourt cumplió 20 años de condena en Punta Peuco y, en septiembre del mismo año, obtuvo el beneficio de salida dominical. Luego, en enero de 2013 consiguió salir el fin de semana completo del penal y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Miguel Arturo Estay Reyno (El Fanta), ex militante del PC, convertido luego en delator y torturador, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos. Condenado además en la misma causa a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a dos penas de 541 días como autor de los delitos reiterados de usurpación de nombre y uso malicioso de pasaporte falso. Actualmente está recluido en Punta Peuco.

José Florentino Fuentes Castro, sargento primero (r) de Carabineros, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Se le condenó además a 541 días como autor de asociación ilícita. En mayo de 2012, Fuentes Castro cumplió 20 años de condena en Punta Peuco y, en septiembre del mismo año obtuvo el beneficio de salida dominical. Luego, en enero de 2013, consiguió salir el fin de semana completo del penal y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Alejandro Segundo Sáez Mardones, cabo primero (r) de Carabineros, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y del secuestro y asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Además fue condenado a 541 días como autor de asociación ilícita, y a 3 años y un día como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje en 1976. Cumplió condena en Punta Peuco hasta que el 12 de agosto de este año se le otorgó el beneficio de libertad condicional.

Claudio Alberto Salazar Fuentes, cabo (r) de Carabineros, condenado a presidio perpetuo por el secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y por el secuestro y asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Condenado en la misma causa a 541 días como autor del delito de asociación ilícita. Cumple su condena en Punta Peuco.

Patricio Augusto Zamora Rodríguez, capitán (r) de Carabineros, fue condenado a 15 años y un día por el secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara, Eduardo Osorio Venegas, Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Nattino Allende y José Manuel Parada Maluenda, y como cómplice del asesinato de los tres últimos. También tiene otras tres condenas de 5 años y un día por violencia innecesaria con resultado de muerte de Percy Arana; 541 días por asociación ilícita y 541 días por lesiones. En 2012 se le redujo la pena en 13 meses y está libre.

Luis Alfredo Canto Arriagada, sargento segundo (r) de Carabineros fue condenado a 541 días de prisión como cómplice del secuestro de cinco miembros de la AGECh y por los homicidios de Parada, Guerrero y Nattino. Está libre.

Juan Luis Huaiquimilla Coñoepan, el suboficial (r) de Carabineros fue condenado a la pena de 5 años y un día como autor de los delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; como autor del delito de asociación ilícita terrorista, por el delito de daños en bienes de Alejandro Traverso y como cómplice del secuestro de Santiago Nattino Allende. Cumplió su condena y hoy está libre.

Julio Enzo Hurtado Lazcano, cabo (r) de Carabineros, fue condenado a la pena de 41 días de prisión como cómplice del secuestro de Ramón Arriagada Escalante. Cumplió su pena, hoy está libre. Trabajó intermitentemente entre 2011 y 2013 como administrativo en el Cementerio General.

Luis Ernesto Jofré Herrera, cabo (r) de Carabineros, fue condenado a 5 años y un día como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal, Eduardo Osorio Venegas, Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos, y como autor de asociación ilícita. Además, fue condenado a 541 días de presidio como autor del delito de lesiones cometido en perjuicio de Leopoldo Muñoz de la Parra. Ya cumplió su condena y hoy está libre.

Julio Luis Omar Michea Muñoz, el coronel (r) de Carabineros fue condenado a 5 años y un día como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y asociación ilícita terrorista. Cumplió su condena y hoy está libre.

Manuel Agustín Muñoz Gamboa, el mayor (r) de Carabineros fue condenado a 5 años y un día como autor del delito de asociación ilícita terrorista. En 2014 fue condenado a 5 años y un día por el secuestro calificado de Alfredo Salinas Vásquez, José Sagredo Pacheco y Juan Gianelli Company, además de asociación ilícita. Cumple su condena en Punta Peuco.

Santiago Segundo San Martín Riquelme, en mayo de 1992 fue el primero en confesar ante Milton Juica. El cabo en retiro fue luego condenado a la pena de 61 días de presidio como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas. Hoy está libre.

Sergio Enrique Saravia Henríquez, el coronel (r) de Carabineros fue condenado a dos penas de 41 días de prisión cada una como cómplice en el secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara y Eduardo Osorio Venegas. En 2002, se supo que luego de cumplir su condena siguió activo y en ese momento se desempeñaba como subprefecto del área oriente de Santiago. Pasó a retiro luego de que se hiciera pública su condición en servicio activo.

Óscar Ramón Valdebenito Valdebenito, el sargento segundo (r) fue condenado a 41 días de prisión como cómplice del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara y Eduardo Osorio Venegas. Cumplió su condena y hoy está libre.

Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, condenado a 541 días de prisión como cómplice del robo con intimidación y secuestro de Alejandro Traverso Carvajal. Cumplió su condena y está libre.

Fuente: “La noche de los corvos: El caso degollados o un verde mando de impunidad”, de Nelson Caucoto y Héctor Salazar, actualizado con información de prensa.

Corte Suprema ratificó el beneficio al coronel en retiro de Carabineros Guillermo González Betancourt. La Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, criticó la medida.

Como violenta calificó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, la decisión de la Corte Suprema de entregar la libertad condicional al coronel en retiro de Carabineros Guillermo González Betancourt, condenado a presidio perpetuo en el marco del Caso Degollados.

La dirigenta indicó que la determinación transgrede el derecho internacional en materia de derechos humanos al tratarse de delitos de lesa humanidad que no pueden recibir beneficios carcelarios.

“Porque no estamos hablando solamente de un crimen. Hay que recordar que González Betancourt tiene que ver con varios crímenes. Pero cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando del proceso en el que se le dan estos beneficios que contravienen los convenios internacionales, hablamos de que ellos secuestraron a tres personas, los torturaron y después los botan como basura vivos y los degüellan”, recordó la dirigenta.

Alicia Lira sostuvo que esta política se vio alentada luego de los dichos del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, quien se mostró abierto a precisamente entregar beneficios a quienes cometieron delitos graves contra los derechos humanos durante el régimen que encabezó Augusto Pinochet.

Para la dirigenta, los dichos del magistrado fueron la apertura para liberar a estos condenados. “Esto que hizo el presidente de la Corte Suprema, deja la puerta abierta al avalar que –los criminales- no necesitan arrepentimiento sino que ellos tienen derechos humanos. Nosotros jamás hemos negado los derechos humanos de ellos, solamente hemos exigido que cumplan con las condenas, a pesar que las condenas no tienen nada que ver con la gravedad de los crímenes cometidos y así y todo les dan beneficios carcelarios”, criticó la presidenta de la AFEP.

Alicia Lira estimó que la decisión de la Corte Suprema afecta la imagen del país, puesto que se pasa por encima del derecho internacional al dejar libre a uno de los principales involucrados en los crímenes contra los tres profesionales comunistas, hecho ocurrido en marzo de 1985.

“Lamentablemente Chile queda muy mal porque hay que recordar el 2006 cuando condenan al Estado chileno por denegación de justicia, por mantener el decreto ley de amnistía, una ley que es oprobiosa en un Estado democrático, es impresentable para el Poder Judicial, el mismo Poder Judicial que durante 17 años fue cómplice de los crímenes del terrorismo de Estado” que implementó la dictadura militar.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos emplazó finalmente a los tribunales a no continuar por el camino de otorgar beneficios a violadores de los derechos humanos, situación que por una parte violenta a los deudos de miles de asesinados, pero también porque deja en mal pie al Estado ante la comunidad internacional.

Ricardo García ejercía como ministro del Interior en 1985 y quiso establecer que el asesinato de José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero era un delito común. Francisco Javier Cuadra, ministro Secretario General de Gobierno en esa época, reconoció tener información de que el crimen lo había cometido Carabineros, pero no realizó ninguna diligencia judicial y se dedicó a defender a la Junta Militar, sobre todo al dictador Augusto Pinochet. Hugo Rosende, ministro de Justicia de los militares, se hizo a un lado, validó versiones de Pinochet y no inició gestión alguna ante el dramático caso de violación a los derechos humanos. Andrés Allamand y Alberto Espina, ex ministros del recién terminado Gobierno de Sebastián Piñera, lideraban el Movimiento Unión Nacional, y permanecieron callados ante el horrendo crimen de opositores al régimen militar. Años más tarde Piñera quiso nombrar en un cargo importante a un ex integrante de la Dicomcar, el grupo de la policía uniformada que mató a los tres chilenos.

Como en muchos otros episodios de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, civiles de derecha y comprometidos con la dictadura cívico-militar, actuaron como cómplices políticos e incluso encubridores de los actos criminales cometidos por agentes del Estado, apostaron por resguardar al dictador Augusto Pinochet o simplemente guardaron silencio.

El caso del degollamiento de los profesionales comunistas José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, ocurrido en marzo de 1983, hace 37 años, no fue una excepción. Junto a las acciones criminales de oficiales, suboficiales y funcionarios de Carabineros, en las operaciones en esos días de parte del alto mando de la dictadura, hubo actuaciones decidoras de funcionarios civiles.

En marzo de 1985, civiles estaban ubicados, por los militares, a cargo de ministerios claves. Ricardo García en Interior, Francisco Javier Cuadra en Secretaría General de Gobierno (Segegob), Hugo Rosende en Justicia, Alberto Cardemil como subsecretario de Interior, José Miguel Armendáriz director de Dinacos (Dirección Nacional de Comunicaciones) y Carlos Krumm Rojas, subsecretario de Segegob.

Frente al hecho del secuestro, torturas y degollamiento de Parada, Nattino y Guerrero, esos funcionaros fueron parte de las operaciones políticas y comunicacionales destinadas a desvirtuar los hechos, mentir y proteger a la Junta Militar. Incluso protegieron, inicialmente, al general director de Carabineros, César Mendoza, responsable del organismo que había ejecutado los crímenes.

Por cierto, los primeros en establecer declaraciones mentirosas y siniestras fueron los integrantes del mando dictatorial, en esos años respaldados por actuales dirigentes y parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y el Partido Republicano.

El almirante José Toribio Merino, jefe de la Armada, sostuvo que el degollamiento de los tres ciudadanos era “un crimen del Partido Comunista” en un ajuste de cuentas por conflictos internos. El ministro de Defensa y almirante Patricio Carvajal, dijo a la prensa en ese año que responsables del crimen era “el comunismo dirigido desde Moscú”. El más descarado y mentiroso fue Mendoza, quien al salir de una reunión de la Junta Militar donde se analizó el caso de los degollados, declaró: “Hay que pensar en varias cosas. Primero, ¿a quién le interesa que se produzca un problema como este? Otra pregunta: ¿quiénes propician el crimen, el terrorismo, el explosivo como medio de conseguir sus propósitos? Bueno, y con eso, ¿para qué discutimos más? Ustedes saben que estos eran dirigentes de alto nivel y el fracaso de los paros, de las protestas y todo aquello, esto no lo perdona el comunismo internacional. No lo perdonará jamás. Entonces tienen un doble objetivo: uno, castigar a quienes consideran culpables, y otro, dejárselo caer al Gobierno”.

En las primeras horas y primeros días, esas declaraciones fueron refrendadas y defendidas por García, Cuadra, Rosende, Cardemil y Armendáriz. El entonces ministro del Interior, Ricardo García, manifestó que los hechos tenían “características propias de un caso policial”. Francisco Javier Cuadra, que además era quien actuaba como vocero de la dictadura y daba las órdenes a la Dinacos, instruyó la tesis del delito común y dejar despejada cualquier vinculación con las Fuerzas Armadas (FFAA), Carabineros, Investigaciones y organismos de seguridad. Hugo Rosende sacó de cualquier actividad investigativa al Ministerio de Justicia, y entendió que eso lo llevaría en sus manos la Junta Militar.

Hubo situaciones particulares, como el comportamiento del Movimiento Unión Nacional (MUN), que tenía entre sus dirigentes a los ex ministros del Gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Allamand (elegido hace poco Secretario General Iberoamericano, avalado por gobiernos europeos), y Alberto Espina, quienes guardaron silencio ante el secuestro, torturas y degollamiento de los tres profesionales chilenos, y no se sumaron a ninguna actividad si quiera de petición de esclarecimiento de los hechos. Desde ese grupo, junto a sectores pinochetistas, surgieron después la UDI y RN.

Frente a la crisis desatada a partir del 25 de marzo de 1985 por el asesinato de los tres opositores al régimen militar, la Junta Militar recibió el apoyo público y privado de personeros como Jovino Novoa (senador y expresidente de la UDI, ya fallecido), Juan Antonio Coloma (actual senador de la UDI), José Antonio Kast (candidato presidencial de la ultraderecha) y Sergio Onofre Jarpa (antiguo dirigente de RN y ex ministro del Interior de la dictadura).

Los puntos conflictivos del caso aparecieron en los procesos judiciales, aunque los funcionarios civiles de la dictadura pudieron salvarlos, incluso por omisión. Sin embargo, de acuerdo a información publicada hace unos años por el diario La Nación, Francisco Javier Cuadra se vio en un escenario difícil, engorroso. Interrogado por un juez, reconoció que el general Humberto Gordon, jefe de la represiva Central Nacional de Informaciones (Cni), le dijo en los días de los asesinatos, que “había sido obra de Carabineros”. Es decir, tuvo la información respecto a los autores de la acción criminal.

Entonces, el abogado Héctor Salazar hizo ver que “Cuadra se cazó los dedos con el caso degollados, porque dijo haber tenido conocimiento de esos delitos y él, como funcionario público, estaba obligado a denunciarlos y no lo hizo”. El jurista sostuvo que Cuadra debía responder penalmente “como encubridor” de esos asesinatos.

La salida que buscó la Junta Militar y el papel de Stange

Un par de años más tarde, se comprobó que en una reunión de la Junta Militar, efectuada en La Moneda, se estableció que los secuestros, torturas y degollamientos los habían ejecutado oficiales, suboficiales y funcionarios civiles de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar). Ahí se analizó que el suceso había provocado “alarma pública” nacional e internacional. Se instruyó quitar de cualquier responsabilidad a la Junta Militar y sobre todo a Augusto Pinochet, se cuestionó al general Mendoza por falta de prolijidad y mando, y se indicó a Ricardo García que diera instrucciones de nombrar un Ministro en Visita, del Poder Judicial, para las indagaciones y bajar los niveles de la crisis política. Es decir, García estuvo al tanto de toda la información y participó de la operación de la dictadura para deshacerse del caso.

En medio de todo, el general director de Carabineros, César Mendoza, fue obligado a renunciar y siguiendo con un tono prepotente y desentendiéndose del horrible crimen, dijo a los periodistas que dimitía “porque se me antojó, no más”. Añadió que “se está desgranando el choclo”, en referencia a salida de generales desde la Junta Militar. Luego lo hicieron callar, en un operativo comunicacional que dirigió Francisco Javier Cuadra.

Luego García formó parte del plan para nombrar al general Rodolfo Stange como jefe de Carabineros, y generar todo un armazón de protección a esa institución y oficiales y suboficiales de la Dicomar. En rigor, Stange cometió delitos y protegió a criminales, algo que fue común de los altos mandos de las FFAA y Carabineros.

Por ello, en 1994 fue acusado de “incumplimiento de deberes militares y obstrucción a la justicia”, de lo cual nunca dio cuenta y aprovechó condiciones en su calidad de jefe de Carabineros para evadir a la justica. Tanto así, que el ex presidente Eduardo Frei-Ruíz Tagle quiso destituirlo del cargo pero él se negó y siguió como jefe de la policía uniformada, en uno de los episodios más bochornosos de la transición chilena.

Como si fuera poco, el jefe policial que ocultó información y protegió a asesinados en el Caso Degollados, fue senador por la pinochetista Unión Demócrata Independiente.

Oídos sordos de Piñera

Todo indica que para el ex presidente Sebastián Piñera el asesinato de los tres profesionales y la actuación de la Dicomcar fue algo secundarios, olvidable y salvable. Es así que en su primer Gobierno, nombró como director de Gendarmería al general en retiro de Carabineros, Iván Andrusco. El entonces mandatario lo defendió, exaltó sus cualidades profesionales como policía y su perfil para estar al frente de la institución del Estado relacionada con las prisiones y los presos en el país.

Claro que Andrusco fue oficial y agente de la Dicomcar, organismo que Milton Juica, presidente de la Corte Suprema de Justicia, calificó en su momento de grupo para la “asociación ilícita terrorista”. Él era Teniente de ese organismo cuando ocurrió el secuestro y asesinato de Parada, Nattino y Guerrero. Además, en reportes de prensa se estableció que el oficial que promovía Piñera, estaba metido en investigaciones por una muerte por tortura en la Sección de Investigación Policial (SIP), de la cual Andrusco era jefe operativo.

La investigación policial nunca pudo establecer que Iván Andrusco tuvo participación en el secuestro, torturas y degollamiento de los militantes comunistas, pero sí que era Teniente de Inteligencia de Carabineros y que fue parte de la Dicomcar en 1985 cuando ocurrieron los hechos criminales.

Nombres de asesinos y delincuentes

Hubo años de investigación y trabajo de jueces y abogados, testimonios y recopilación de antecedentes, y el procesamiento judicial llevó a concluir que los asesinatos fueron ordenados por Guillermo González Betancourt, jefe del Departamento de Asuntos Externos e Internos de la Dicomcar, ejecutados por los cabos Alejandro Segundo Sáez Mardones y Claudio Alberto Salazar Fuentes y el sargento José Florentino Fuentes Castro. En el vehículo que trasladó a las víctimas hasta Quilicura (donde en un terreno fueron asesinados y abandonados los profesionales) también iban González Betancourt, el capitán Patricio Zamora Rodríguez y Miguel Estay Reyno, conocido como “El Fanta”.

También en su momento se encargó reos a los dos presuntos pilotos del helicóptero policial que habría sobrevolado la escena del secuestro de Parada y Guerrero en la comuna de Providencia, y fueron procesados el coronel Luis Fontaine Manríquez, jefe de la Dicomcar, el coronel Julios Luis Michea Muñoz, jefe de Asuntos Internos y Externos del organismo, y el teniente coronel Iván González Jorquera, jefe del Gope.