Gómez Aguilar Guillermo Reynaldo

Un total de nueve procesamientos más fueron dictados por violaciones de los derechos humanos, en un contexto donde crecen las expectativas para conocer por dónde la derecha, independientemente de mejorar la indemnización a familiares de las víctimas, abordará una propuesta legislativa que intentaría poner fin a los juicios contra militares a 30 años desde ocurrido el golpe militar.

En una resolución dictada por el ministro Juan Guzmán Tapia, fueron ayer procesados como autores del delito de secuestro en 1976 de nueve militantes comunistas los ex integrantes de la DINA coronel (R) Carlos López Tapia, brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko, coronel (R) Germán Barriga Muñoz, coronel (R) de Carabineros Ricardo Lawrence Mires y el médico Osvaldo Pincetti.

Los encausamientos fueron dictados por la desaparición del ex diputado Bernardo Araya y su esposa, María Olga Flores, y de los integrantes de la dirección clandestina del PC, todos desaparecidos a la fecha, Mario Zamorano, Jorge Muñoz (esposo de la hoy presidenta del PC, Gladys Marín), Elisa Escobar, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Lenín Díaz y Víctor Díaz. Este último era padre de la ex presidenta de la AFDD, Viviana Díaz. La desaparición de la primera dirección clandestina del PC se conoce como el caso de calle Conferencia, porque en una casa de esta arteria, en Santiago Poniente, la DINA montó una ratonera para capturar a la cúpula del PC.

Estas víctimas están incluidas en la primera querella contra Augusto Pinochet y otros militares (R), que presentó el 12 de enero de 1998 Gladys Marín.

El abogado querellante, Eduardo Contreras, destacó que “esto demuestra que se puede seguir haciendo verdad y justicia, a diferencia de lo que quiere la UDI”. Contreras subrayó también “la valentía y la condición ética del juez Guzmán, que, sin inhabilitarse en el caso, procesó a un familiar suyo tan directo”.

Efectivamente, Carlos López Tapia, primo del juez Guzmán, fue el jefe del centro clandestino Villa Grimaldi en 1976, lugar donde fueron llevados y desaparecieron los detenidos del PC. López integró también la Caravana de la Muerte en su primera gira por el sur y, según sus propias declaraciones en el proceso, asistió la noche del 3 de octubre de 1973 en Valdivia a la ejecución extrajudicial del líder del MIR en la zona de la precordillera de la hoy Décima Región, José Liendo Vera, más conocido como el “comandante Pepe”.

Ayer Guzmán admitió que la medida “fue difícil, porque los jueces somos seres humanos”.

Otros Cuatro

En tanto, el juez Jorge Zepeda sometió a proceso al oficial de Ejército (R) Claudio Lecaros Canales, al suboficial (R) José Muñoz Pozo, y al suboficial (R) de Carabineros Omar Mella Lillo. El encausamiento fue dictado como autores del homicidio de Rubén Acevedo Gutiérrez y del secuestro de Vidal Riquelme Ibáñez y Cesáreo Soto.

Las tres víctimas se presentaron el 15 de septiembre de 1973 al retén El Melosal de San Javier, en la hoy Séptima Región, desde donde fueron retirados por militares de la Escuela de Artillería de Linares, conducidos al puente Loncomilla y ejecutados. Sólo apareció el cuerpo de Acevedo.

A su turno, el ministro Daniel Calvo procesó al coronel (R) de la FACH Guillermo Gómez Aguilar, como autor del secuestro de Gabriel Marfull González. Este fue detenido el 13 de septiembre de 1973 y llevado a la Base Aérea El Bosque. Allí fue ejecutado y su cuerpo trasladado hasta la Cuesta Barriga, donde fue abandonado.

En ambas causas actúa como querellante en representación de las familias el abogado del Fasic Nelson Caucoto, que valoró ayer la investigación instruida hasta ahora por los dos magistrados.

LA CAÍDA DEL PC

En la calle Conferencia, ubicada en la zona poniente de la comuna de Santiago, la DINA montó en mayo de 1976 una “ratonera”: agentes del organismo represivo esperaron durante varios días la llegada de la dirigencia del PC que trabajaba en la rearticulación del partido y los fueron capturando para luego hacerlos desaparecer.

En diciembre del mismo año, la DINA volvió a golpear y esta vez sus agentes detuvieron a integrantes de una nueva dirección del PC, en lo que se conoce como el “caso de los trece”. En esta segunda oleada represiva cayó Waldo Pizarro, esposo de Sola Sierra y padre de la hoy presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro.

El ministro Joaquín Billard, quien indaga diversas causas de derechos humanos, condenó a cinco años y un día de presidio al ex subdirector de la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea (FACH) Guillermo Gómez Aguilar, como autor del secuestro calificado de Gabriel Marfull.

Tras su investigación, el magistrado determinó que Gómez es responsable del arresto ilegal de Marfull, quien fue encontrado muerto el 16 de septiembre de 1973 en la Cuesta Barriga, dos días después de su detención producto de una herida cráneo-encefálica.

El juez desestimó los argumentos planteados por la defensa del ex militar, que pedía la aplicación de la ley de Amnistía, sosteniendo que el secuestro calificado terminó con el hallazgo del cuerpo de la víctima. La resolución, sostiene que el secuestro calificado es un delito “imprescriptible e inamnistiable”, y da validez a los tratados internacionales suscritos por Chile en materia de Derechos Humanos.

Según consigna El Mostrador, el magistrado, además, sentenció al fisco a pagar $30 millones de pesos como indemnización por daño moral a la familia de la víctima.

“Este fallo demuestra que los jueces chilenos están invocando el derecho internacional para resolver las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en dictadura militar”, afirmó el abogado querellante, Nelson Caucoto.

El jurista además que el magistrado haya reconocido el derecho del padre de la victima para ser reparado.

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones Santiago confirmó ayer la condena en contra del ex subdirector de la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea (FACH), coronel (R) Guillermo Gómez Aguilar, por el secuestro calificado del estudiante Gabriel Marfull González, ocurrido en 1973.

El tribunal de alzada redujo de cinco años a tres años un día y de presido menor en su grado máximo, con el beneficio de libertad vigilada, la sentencia dictada en primera instancia por el ministro Joaquín Billard. Esta reducción de pena se debe a que Gómez carecía de antecedentes penales y poseía una trayectoria destacada dentro de la institución, según el fallo.

El tribunal integrado por Hugo Dolmestch, Haroldo Brito y la abogada integrante Paulina Veloso, aumentó de 30 a 150 millones de pesos la indemnización fijada por Billard. El argumento de los magistrados fue que este delito provocó a Pedro Marfull, padre de la víctima, un daño emocional irreparable.

La resolución señala que el secuestro calificado es un delito la cual no se le puede aplicar la amnistía y es de carácter imprescriptible, debido a que Chile está suscrito a tratados internacionales de protección a los derechos humanos.

Nelson Caucoto, abogado querellante de la causa, dijo que “lo importante es que dicten condenas en este tipo de casos para no dejar impunes estos atropellos de los derechos humanos. El aumento de la indemnización es una buena señal, porque se reivindica la reparación moral.”

El 14 de septiembre de 1973, Gabriel Marfull transitaba en su bicicleta por la Gran Avenida, en donde fue detenido por efectivos de la Escuela de Especialidades de la FACH y fue trasladado a una unidad de inteligencia de la base aérea de El Bosque, que estaba a cargo de Gómez Aguilar, debido a una pelea con uno de los centinelas que lo escoltaban.

El protocolo de autopsia señala que el cadáver fue trasladado desde la cuesta Barriga hasta el Servicio Medico Legal y como causa de muerte se anotó “herida de bala en el cráneo”.

TC rechaza recurso de Aarón Vásquez. En un fallo dividido, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por la defensa de Aarón Vásquez, condenado a 7 años por el homicidio calificado del ciclista Alejandro Inostroza. Sus abogados pedían declarar inaplicable, por inconstitucional, una parte del artículo 387 del Código Procesal Penal, que impide recurrir de nulidad contra una sentencia dictada en un segundo juicio oral. Ahora, la Corte Suprema deberá resolver si declara o no admisible el recurso que busca anular el segundo juicio contra Vásquez.

Condenan a oficial (r) FACh. La sala Penal de la Corte Suprema confirmó la condena a tres años y un día -con libertad vigilada- que pesa sobre el ex subdirector de la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea, Guillermo Gómez Aguilar, por su responsabilidad en el homicidio de Gabriel Marfull González, en 1973. En fallo dividido, el tribunal dejó sin efecto la condena que obligaba al Fisco a pagar $150 millones a la familia de la víctima, argumentando la "incompetencia absoluta" para pronunciarse en materia civil.

Orozco libre de cargo por injuria. La Novena Sala de la Corte de Santiago anuló el procesamiento que pesaba sobre el doctor y ex presidente del club deportivo Universidad de Chile, René Orozco, por injurias graves con publicidad en contra del ex socio y ex presidente de la comisión revisora de cuentas del club, Rodrigo Salcedo. El médico fue encausado en 2006 por el Trigésimo Tercer Juzgado del Crimen; pero, tras analizar la apelación, el tribunal anuló el cargo por considerar que "las expresiones calificadas de injuriosas por el querellante fueron vertidas en un contexto de polémica al interior de un club de fútbol".

Croacia: Letelier apela. La defensa del general (r) Guillermo Letelier Skinner apelará a la sentencia que lo condenó a cinco años y un día de presidio por su responsabilidad como autor del tráfico de armas a Croacia, que tuvo lugar en noviembre de 1991. El abogado Mauricio Hernández buscará que la Corte Marcial absuelva a su cliente, puesto que, a su juicio, no hay delito.

En Proceso 
El ministro Jorge Dahm dictó acusación por obstrucción a la justicia contra el retirado general de la FACh Patricio Campos, a quien se le imputa haber ocultado información a la Mesa de Diálogo. Campos fue designado en la FACh para recibir los datos, que los miembros activos y en retiro de esa rama pudieran proporcionar sobre el destino de los detenidos desaparecidos. Campos admitió haber obtenido información de tan sólo 23 casos de una lista de 55 víctimas. Sin embargo, el general de Ejército Carlos Molina Johnson, -encargado de sistematizar los antecedentes de las ramas-, dijo que Campos sólo dio cuenta sobre 18 casos. Campos reconoció la omisión y destrucción de 5 casos.

Salas de Verano. El lunes el pleno de la Corte de Apelaciones sorteó la integración de las salas de verano durante el feriado judicial que comienza el 1 de febrero. La 1ª Sala estará integrada por: Juan Manuel Muñoz Pardo, Juan Eduardo Fuentes Belmar y Joaquín Billard. En la 2ª estarán: Alfredo Pfeiffer, Jorge Dahm y Gloria Ana Chevesich. Y en la 3ª: Patricio Villarroel, Raúl Rocha y Alejandro Madrid.

Caso Marfull. La 6ª Sala de la Corte de Apelaciones, rebajó de 5 años a 3 años y un día de presidio la condena al general (r) de la FACh Guillermo Gómez Aguilar, único imputado en el homicidio del joven Gabriel Marfull, detenido en 1973. Se aumentó pago del Fisco a la familia a $150 millones.

El tribunal redujo de cinco a tres años la pena de cárcel para el general (r) de la FACh Guillermo Gómez Aguilar, pero resolvió también aumentar desde 50 a 150 millones de pesos el monto que el Fisco debe pagar a las familias de la víctima.

SANTIAGO.- La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones, en decisión unánime, rebajó la condena de cinco años a tres años y un día de presidio para el general (r) de la FACh Guillermo Gómez Aguilar, único imputado por el homicidio del joven Gabriel Marfull.

El tribunal, integrado por los ministros Haroldo Brito, Hugo Dolmestch y la entonces abogada Paulina Veloso, resolvió además aumentar desde 50 a 150 millones de pesos el monto que el Fisco debe pagar a las familias de la víctima.

Gabriel Marfull fue detenido el 12 de septiembre de 1973 en la Gran Avenida por efectivos de la FACH quienes lo trasladaron hasta la base aérea de El Bosque, donde fue ultimado.

La bicicleta de propiedad de la víctima, que fue encontrada al interior de la base, fue el elemento que permitió comprobar que estuvo en ese recinto. Su cuerpo apareció años más tarde en la cuesta Barriga, con evidentes marcas de disparos.

El abogado querellante Nelson Caucoto, se mostró satisfecho con esa resolución. "La Justicia avanza y creo que es un buen mensaje para el inicio de año y para la sociedad chilena", afirmó.