Rut: 3908746-4
Cargos: Comandante del Regimiento Los Ángeles
Grado : Coronel
Rama : Ejército
Año Fallecimiento : 2021
Academia de Guerra
«Operación Retiro de Televisores»: 9 ex militares procesados por desaparición de 18 campesinos en dictadura
Fuente :elciudadano.cl, 29 de Enero 2014
Categoría : Prensa
Los primeros procesamientos en el país por la llamada Operación Retiro de Televisores -ejecutada durante la dictadura- dictó el ministro Carlos Aldana en contra de nueve militares en retiro
Los primeros procesamientos en el país por la llamada Operación Retiro de Televisores -ejecutada durante la dictadura- dictó el ministro Carlos Aldana en contra de nueve militares en retiro. Las resoluciones se enmarcan en la causa por el asesinato y desaparición de 18 campesinos el año 1973.
Esta investigación había sido cerrada el año pasado, con cinco ex carabineros procesados por homicidio e inhumación ilegal. Sin embargo, tras ser reabierta, el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, ordenó una serie de diligencias que lo llevaron a dictar los encausamientos.
La abogada del Programa de Derechos Humanos, Patricia Parra, explicó las resoluciones, que dijo son las primeras por la operación a cargo del Ejército que consistió en la exhumación de los restos de ejecutados, de manera de hacerlos desaparecer.
Los procesamientos son por exhumación e inhumación ilegal, además de encubrimiento en los delitos de homicidio y secuestro calificado, y entre los imputados está el general en retiro del Ejército Jaime García Zamorano, además de Julio Reyes Garrido, José Puga Pascua, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Muller Áviles, Julio Fuentes Chavarriga, Luis Palacios Torres, Juan Cares Molina y Juan Carlos Balboa Ortega.
Informados de esta resolución, familiares de las víctimas expresaron su esperanza que ahora los encausados vayan a la cárcel, como lo sostuvo Marina Rubilar, hija y sobrina de tres detenidos desaparecidos.
Según relató Marina Rubilar, los 18 campesinos asesinados en octubre de 1973 -entre ellos Lorenzo, Manuel y José Rubilar- fueron enterrados por personal de Carabineros en una fosa, desde la que fueron exhumados seis años después por los militares ahora procesados.
El ministro Aldana concedió a los ex miembros del Ejército la libertad bajo fianza, medida que debe ser aprobada por la Corte de Apelaciones de Concepción. Hasta entonces los encausados permanecerán detenidos en dependencias del Regimiento Chacabuco.
Rol N° 226-2011: caso homicidio calificado de Luis Ricardo Herrera González y Mario Parra Guzmán
Fuente :Poder Judicial, 29 de Diciembre 2016
Categoría : Prensa
Vistos: En estos autos Rol N° 226-2011, del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, por sentencia de seis de enero de dos mil quince, se condenó a los enjuiciados que a continuación se indican a las penas que en cada caso se señalan, por su responsabilidad de autores de los delitos de homicidio calificado de Luis Ricardo Herrera González y Mario Parra Guzmán, cometidos el 27 de septiembre de 1973 en la comuna de Santiago:
1.- Pedro Enrique Silva Jiménez y Pedro José Rivera Piña, cada uno, a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo;
2.- Jaime Oscar García Zamorano, a siete años de presidio mayor en su grado mínimo;
3.- Jorge Muñoz Pontony, diez años y un día de presidio mayor en su grado medio.
Considerando:
Cuarto: Que previo al análisis de los recursos es conveniente recordar que el tribunal ha tenido por demostrados los siguientes hechos: El 27 de septiembre de 1973, alrededor de las 17:00 horas, una patrulla militar concurrió hasta la empresa “Chilean Autos S.A.” y pidió conversar con el encargado de la misma, a quien se le solicitó la presencia de dos de sus trabajadores, ambos dirigentes sindicales, Luis Herrera González y Mario Parra Guzmán, quienes al llegar fueron detenidos por funcionarios del ejército y trasladados a dependencias de la Academia de Guerra de esa institución castrense, donde fueron interrogados. Se les mantuvo en la unidad hasta la madrugada y posteriormente se decidió su ejecución y el abandono de sus cuerpos en la vía pública.
Luis Herrera González perdió la vida por múltiples heridas a bala tóraco abdominales y Mario Parra Guzmán por múltiples heridas a bala en extremidades inferiores y una herida abdominal y pelviana con perforaciones múltiples del intestino y hemoperitoneo. Esos sucesos fueron estimados como constitutivos de homicidio calificado, dada la absoluta indefensión de las víctimas, sin riesgo alguno para los autores del delito.
Condenas irrisorias contra ex carabineros y militares por crímenes e inhumaciones ilegales en Mulchén
Fuente :resumen.cl, 31 de Octubre 2017
Categoría : Prensa
Indignación ha provocado en los familiares de las víctimas del caso Mulchén el fallo dictado este lunes 30 por el ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, quién condenó a 11 ex integrantes del ejército y de carabineros por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, inhumación ilegal y exhumación ilegal de 18 víctimas ejecutadas en Mulchén, en octubre de 1973, y cuyos restos fueron posteriormente, exhumados ilegalmente para hacerlos desaparecer.
A todos los procesados, Aldana les condena a penas irrisorias dada la gravedad y cuantía de los delitos criminales indagados y dado el hecho de que se trata de delitos de lesa humanidad; además, el fallo les otorga a siete de los condenados el beneficio de la libertad vigilada, lo que se traduce en impunidad disfrazada. Familiares de las víctimas y abogados querellantes ya manifestaron su voluntad de apelar al fallo buscando penas acorde con los crímenes cometidos y con el sentido de la justicia.
En el fallo (causa rol 30-2007 y acumuladas), el ministro Aldana condenó a los ex carabineros: Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña a penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Godoy Sandoval, Miguel Albornoz Acuña, Daniel Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Albornoz González, Jerónimo Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Gutiérrez Ascencio, 12 crímenes cometidos en octubre de 1973, en los fundos Carmen, Maitenes y Pemehue, en la comuna de Mulchén. Estos cuatro condenados son los únicos que, en juicio de Aldana, deben cumplir pena efectiva de presidio.
Asimismo, Ortiz Palma, Higueras Álvarez, Díaz Díaz y Guzmán Saldaña deberán purgar 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los secuestros calificados de otras 6 víctimas, Juan de Dios Laubra Brevis, José Yañez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo Albornoz González. Estos crímenes fueron cometidos en octubre de 1973, en el fundo El Morro. Además de 541 días de presidio por la inhumación ilegal de las 12 víctimas de homicidio.
En tanto, los ejecutantes de la "Operación Retiro de Televisores", el ex oficial de ejército Jaime Oscar García Zamorano, y los ex suboficiales José María Iturriaga Valenzuela, Jaime Jorge Muller Avilés, Julio Hernán Fuentes Chavarriga, Luis Alberto Palacios Torres y Juan Carlos Balboa Ortega fueron condenados a solo 3 años y un día de presidio, solo en calidad de encubridores del delito de homicidio simple de 11 víctimas de los fundos Carmen, Maitenes y Pemehue, más 541 días de presidios por su responsabilidad en la exhumación ilegal de dichas víctimas.
En el caso del ex oficial de ejército Julio Guillermo Humberto Reyes Garrido, también implicado en la operación de desaparecimiento de las víctimas, el fallo lo condenó a purgar una pena de 3 años de presidio como encubridor de 11 homicidios simples, y a la pena de 300 días de presidio por su responsabilidad en la exhumación ilegal de esas víctimas.
Además, el ministro Aldana, absolvió al ex suboficial José Francisco Puga Pascua y Juan Luis Cares Molina resultó absuelto por fallecimiento.
La "Operación Retiro de Televisores" es una de las acciones más bestiales cometidas por la dictadura militar, por orden expresa del tirano, organizada con prontitud por la CNI y ejecutada con solicitud criminal por las hordas de agentes que se solazaron con el terror que provocaban y causaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general.
Entre fines de 1978 y comienzos de 1979, personal del Regimiento «Húsares» de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, retiró los restos de quienes fueron ejecutadas en octubre de 1973, y llevados con destino desconocido, llevando a cabo la "Operación retiro de televisores" que fue ordenada para hacer desaparecer los restos de los detenidos desaparecidos que habían sido asesinados. Hechos como estos, no pueden seguir quedando impunes.
El condenado Jaime García Zamorano permanece en prisión en el Penal Punta Peuco, desde hace un par de años, donde cumple condena efectiva de siete años de prisión por dos delitos de homicidio en otras causas de derechos humanos.
Los hechos
En la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer que el 4 de octubre de 1973 un cabo del regimiento N° 13 del Ejército de Chile con asiento en la ciudad de Los Ángeles junto a 3 conscriptos de la misma unidad fue comisionado para ponerse a disposición del Comisaría de Carabineros de la ciudad. Esa comisión acompaña de un teniente de Carabineros y 4 funcionarios de esa unidad partió al sector cordillerano de la localidad para buscar una lista de personas opositoras al gobierno de la época.
El 5 de octubre el grupo llegó hasta el fundo «El Morro» en el sector precordillerano de Mulchén y detuvo, sin orden administrativa o judicial legítima, a 5 personas que fueron interrogadas en un retén provisorio, y trasladadas hasta el sector «La Playita» del río Renaico donde fueron ejecutadas y sus cuerpos hechos desaparecer.
El 6 de octubre, la comitiva llegó hasta los fundos Carmen y Maitenes, donde se detuvo a 7 personas a las que se les obligó a cavar una fosa de 6 por 4 metros para luego ser fusilados en el lugar e inhumados ilegalmente. Horas más tarde se detuvo en el lugar a otro prisionero el que fue llevado por el grupo hasta la casa patronal del fundo Pemehue hasta donde se llegó al día siguiente.
El 7 de octubre, se detuvo a 5 personas en el fundo Pemehue, las que fueron ejecutadas en el lugar y sus cuerpos dejados en fosas clandestinas, donde fueron encontrados por sus familiares.
En tanto, entre fines de 1978 y principios de 1979 un sección del regimiento «Húsares» de Angol, luego de recibir un criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época concurrió a las sitios de las inhumaciones ilegales y exhumó los restos y los hizo desparecer, pese a que un ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción investigaba los hechos.
Los tres mil años de cárcel para criminales de Punta Peuco y que acusan a Piñera de traición
Fuente :cambio21.cl, 4 de Junio 2018
Categoría : Prensa
En una bomba de tiempo se le transformaron al Gobierno las promesas que hizo en campaña a los familiares e internos del penal, que ofrecían perdonazos y cumplimientos alternativos de pena, lo que llevaba a conceder la libertad a prácticamente todos con condenados y procesados por delitos de lesa humanidad.
Escándalo tras declaraciones del Presidente: “Me parece muy mal que una persona que cometió delitos atroces contra otros seres humanos esté recibiendo ese tipo de pensiones (…) Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por corregir ese tipo de situaciones que hieren y atentan contra la conciencia de todos los hombres y mujeres”.
Lo que menos le han exigido desde la “familia militar” es que cumpla el ofertón: ley de conmutación de penas y aplicación de nuevo sistema penal. Además le advierten que “no abuse de la paciencia” que hasta ahora han tenido, pues “las confianzas y los apoyos se agotan”. Exigen respeto a sus pensiones y ronda la palabra “traición”.
Algo tiene Punta Peuco que ha complicado de manera evidente a todos los gobiernos democráticos habidos tras la dictadura de Pinochet. Así como el tema de su cierre empañó de manera brutal el término del gobierno pasado, hoy, al comienzo de esta nueva administración, vuelve a estar presente, pero por otras razones. Promesas de campaña incumplidas y amenazas a las pensiones (algunas de estrés postraumático por las labores de represión que hicieron), han llevado a los internos, sus familias y a su abogado a exigir de manera airada que se cumpla el acuerdo no tan secreto: votos por impunidad.
La unidad penal creada en 1995 nació en una especie de transacción entre las autoridades democráticas que recién asumían el poder y las FFAA aún bajo el imperio del Augusto Pinochet y que mantenían la amenaza latente de re intervenir. Allí serían llevados los máximos jerarcas que habían implementado la represión y que en ese momento empezaban a enfrentar sus fechorías ante tribunales que se vieron forzados a procesarlos producto de la presión norteamericana por el crimen del excanciller Orlando Letelier en EE.UU.
Justicia con elástico
Así, lentamente, fueron cayendo ya no solo los jerarcas sino que también agentes de menor “pelaje”, encargados de la tarea sucia, secuestrar, torturar, violar, mutilar, asesinar y hacer desaparecer personas. Los reclamos llevaron a trasladar a los de más alta jerarquía a otra prisión de lujo, el Penal Cordillera, donde se diferenciaban de los de menos rangos o de los civiles que actuaron materialmente en los crímenes.
Los tribunales, en tanto, presionados nuevamente, esta vez por la detención del dictador en Inglaterra, ampliaban las pesquisas a más crímenes –torturas, violaciones y otros- y a un mayor número de involucrados. También dejaron de implementar a diestra y siniestra las amnistías y prescripciones. Incluso, en un arranque que descolocó a todos, un gobierno de derecha cerró el Penal Cordillera y agrupó a todos los violadores en Punta Peuco.
La segunda administración Bachelet, atendido el alto número de internos en Punta Peuco y dado que este se hacía insuficiente para albergar más criminales y que era “poco prudente” seguir ampliándolo, sobre todo cuando pesaba una promesa de la propia Mandataria de cerrarlo, se optó por crear un módulo especial en Colina I destinado a los nuevos delincuentes que ingresarían condenados o procesados por crímenes en contra de la humanidad.
Piñera la hace de nuevo
En la previa a la primera administración de Piñera, este se reunió con los familiares de los condenados y procesados por delitos de lesa humanidad y la llamada “familia militar”, a quienes hizo promesas que abarcaban desde el campo judicial de los casos que tenían en su contra hasta beneficios carcelarios para todos. Nada de eso cumplió y, es más, cerró el Penal Cordillera, que albergaba a lo más rancio de la represión.
La extrema derecha y los cercanos a los criminales acusaron traición. En la reciente elección presidencial este segmento levantó su propio candidato en primera vuelta, José Antonio Kast, y le negó los votos a Piñera. En el balotaje, Kast sirvió de puente –reuniones en Punta Peuco incluidas-, para que la familia militar renovara su confianza en el abanderado de la derecha y le diera los votos. Nuevas reuniones y nuevas promesas. Incluso ya asumido el gobierno y hasta hace pocos días.
Sin embargo lo idílico de este nuevo romance entre el actual mandatario y la derecha dura, sumada a los criminales y sus familiares, se rompió. Primero fue la denegación a indultos solicitados. Luego vino la tardanza –hasta hoy- para mandar las leyes prometidas de conmutación de penas y de aplicar el actual sistema procesal penal y no el antiguo a las causas que los persiguen por los delitos en su condición de agentes de Estado.
El corolario, fueron las declaraciones del propio Piñera, que se escandalizaba por las pensiones que recibían estos criminales “que cometieron delitos atroces”.
De la desilusión a la rabia
El 15 de mayo pasado una reunión de “representantes del Mundo Militar en Retiro” con la subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren, para solicitarle al gobierno definiciones políticas y legislativas y plazos para los proyectos de ley que fueron prometidos durante su campaña, terminó en nada; se les hizo un desaire.
Lo único que disponía el gobierno para apaciguar los ánimos era que el día anterior el Contralor había liberado a Piñera para hacer y deshacer en materia de indultos por un año, a contar justamente del 15. Sin embargo al día siguiente, el ministro de Justicia, Hernán Larraín declaró: “no somos partidarios de indultar a violadores de derechos humanos y asesinos en serie". El conflicto era inminente.
Advertido el gobierno que se desataría una nueva crisis con ese sector, 48 horas después de la áspera reunión se ordenó al ministro del Interior, Andrés Chadwick, salir a apagar el incendio. El jueves 17 apareció reiterando el compromiso del gobierno de llevar adelante un proyecto de ley que permitiría conmutar penas a reos enfermos terminales. De pasada, generó un nuevo conflicto, pues aclaró que no existía un compromiso de otorgar indultos, pues aquello le compete únicamente al Mandatario y nada dijo sobre los ansiados beneficios intrapenitenciarios, también prometidos.
Faltaba más, el miércoles 23 de mayo, en una entrevista televisiva, Piñera agregaría la gota que colmó la paciencia de los internos y sus familiares. Allí abordó un tema sensible que acababa de reabrirse: las millonarias pensiones que reciben los criminales, abultadas además por la figura de beneficios adicionales por presunta invalidez, algunas “postraumáticas”, consecuencia de “haber tenido” que asesinar, torturar, hacer desaparecer personas etc.
Piñera prometió estudiar qué hacer con esas pensiones escandalosas: “Me parece muy mal que una persona que cometió delitos atroces contra otros seres humanos esté recibiendo ese tipo de pensiones del Estado, pero eso es porque así lo establecen las leyes. Pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande por ‘corregir’ ese tipo de situaciones que hieren y atentan la conciencia de todos los hombres y mujeres”. Se desató la tormenta.
“Traición”
Una declaración pública de los internos de Punta Peuco canalizada a través de su abogado, Raúl Meza, dio cuenta del desencanto con Piñera. Una frase marcó su estado de ánimo: “Al parecer su corazón lo traiciona”, dijeron, al mismo tiempo que le advirtieron que “no abuse de la paciencia” que hasta ahora habían demostrado, pues “las confianzas y los apoyos se agotan”.
“Traición”, “abuso”, “paciencia” agotada, “confianzas” perdidas y “apoyos” quitados, marcaron la misiva. “En el mundo militar las palabras no son elegidas al azar”, explicó un militar de alto rango en retiro a Cambio21.
El abogado Raúl Meza y la Multigremial de FFAA en retiro suscribieron la carta en que le dicen a Piñera que sus palabras “producen una profunda desconfianza y desencanto en aquellos cientos de miles de compatriotas que confiaron nuevamente en su persona para que dirigiera los destinos de esta patria. Al parecer su corazón y sus sentimientos hacia el mundo militar lo traicionan y delatan un sesgo político con aquellos que en algún momento de la historia les reconocerá el sacrificio que hicieron por defender a su querida patria”, dijeron.
En la nota se preguntan “cómo les explicamos a esos chilenos defensores de la libertad y su patria y profundamente agradecidos del gobierno de las fuerzas armadas que votaron mayoritariamente por usted, sus irreflexivos ‘agravios’ e ‘injurias’ hacia aquellos que les correspondió asumir una misión histórica, ordenada por sus superiores, para salvar a su patria de aquellos que intentaron infructuosamente convertir a Chile en un país al servicio de las ideologías totalitarias que destruyen al hombre en su dignidad y derechos”.
No hubo respuesta oficial desde el gobierno, aunque se tendieron puentes para bajar los decibeles. Nada dijo la vocera Cecilia Pérez acerca de los duros epítetos contenidos en la carta.
Las pensiones escandalosas
A una denuncia de Cambio21 sobre “pensiones de invalidez” de los reos de Punta Peuco y una querella interpuesta por el abogado Roberto Ávila, quien fue el primero en iniciar acciones legales, se sumaría más tarde Capredena, que efectuó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigaran eventuales obtenciones fraudulentas de beneficios previsionales. Recientemente el Consejo de Defensa del Estado tomó cartas en el asunto, querellándose a su vez contra diversos personajes ligados a la dictadura y al mundo militar, entre ellos algunos internos de Punta Peuco.
Capredena paga mes a mes pensiones a internos de Punta Peuco que en su tramo superior llegan a los $3.254.853, como es el caso del ex fiscal militar Fernando Torres Silva. No es el único, pues en promedio los condenados por delitos de lesa humanidad reciben la friolera mensual de $1.618.459. Uno de los internos emblemáticos por su crueldad, Miguel Krassnoff, ex brigadier del Ejército e integrante de la Brigada Lautaro de la Dina, recibe $2.489.658. Y no es uno de los más altos en ingresos.
El Consejo de Defensa del Estado, sumándose a la querella de Roberto Ávila y a la denuncia de Capredena, apunta a cuatro reos y dice relación con que además de sus pensiones en razón de sus grados al momento de jubilar, perciben millonarias sumas por “inutilidad de segunda clase”, sin que ninguno de ellos presente ninguna incapacidad física. Ninguno sufrió un accidente en acto de servicio o padeció enfermedades profesionales o tienen alguna enfermedad invalidante de carácter permanente. Siguen trabajando o están aptos para ello. Se trata de Enrique Neira ($2.605.979), Patricio Ferrer ($2.161.406), Jaime Torres ($1.647.687) y Rubén Fiedler ($1.340.000).
Los argumentos de Raúl Meza
“Las señales del Gobierno de Sebastián Piñera son muy preocupantes y desalentadoras en relación a los compromisos asumidos durante su campaña presidencial en favor de aquella familia militar que nuevamente cayó en la trampa de creer que su voto sería debidamente recompensado”, parte diciendo a Cambio21 Raúl Meza, el abogado de la mayoría de los internos de Punta Peuco.
“Durante estos casi tres meses de gobierno se han solicitado audiencias a los ministros de Interior, Andrés Chadwick, y al de Justicia, Hernán Larraín, para conversar sobre el estado de avance de los proyectos de ley anunciados en favor de los reos de avanzada edad y los que padecen enfermedades crónicas y terminales. Sin embargo, a la fecha aún no se ha tenido una respuesta, informándosenos que el Gobierno ya tiene una agenda legislativa en la que no está contemplada, por ahora, enviar un proyecto de ley humanitaria”, se lamenta el defensor.
“A lo anterior se agrega el rechazo de la subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren, a recibir en audiencia a este abogado que representa a los internos de Punta Peuco, sin que se haya indicado alguna razón que justifique dicha negativa. Se suma a lo anterior la falta de consideración y respeto que tuvo en la audiencia que concedió a la Multigremial de las FFAA, Carabineros e Investigaciones en retiro, pues excusó su presencia en el mismo momento de la reunión, delegando a su jefe de gabinete su representación. En esta audiencia no se asumió ningún compromiso en favor de los internos de Punta Peuco ni tampoco se informó de proyectos de ley que favorecerían a los mismos”, denuncia el profesional.
Meza reclama que “con la llegada de la nueva directora de Gendarmería, Claudia Bendeck, quien tampoco ha concedido audiencia a representantes del mundo militar en retiro, se han restringido algunas medidas en contra de los internos de Colina 1 y de Punta Peuco. A los internos de Colina 1 se les restringió el horario de las salidas a los patios hasta las 17:00 hrs., debiendo ingresar a sus celdas en dicho horario, y se les ha negado el derecho a las visitas conyugales. A los de Punta Peuco se les restringió el horario de las llamadas telefónicas hasta las 17:00 hrs y se les ha intensificado el número de allanamientos en sus celdas”.
“Al parecer, los tiempos mejores que prometió el Presidente Sebastián Piñera a la familia militar durante su campaña están concebidos solo para aquellos que están gozando de los privilegios del poder y, el resto de la derecha, deberá observar cómo el gobierno que ayudaron a elegir enarbola las banderas de la izquierda para que los dejen gobernar y, de paso, sacrificará a ese fiel electorado que nuevamente volvió a creer en su palabra, su lealtad y su liderazgo”, termina diciendo Raúl Meza a Cambio21.
Nómina internos en CCP Punta Peuco
Internos Total Años de condenas Ingreso
1 Juan Lorenzo Abello Vildósola 5 años y 1 día 14/10/2015
2 Miguel Chile Aguirre Álvarez 10 años y 1 día 09/10/2016
3 Gerardo Alejandro Aravena Longa 7 años 11/04/2012
4 José Abel Aravena Ruiz 10 años y 1 día 19/07/2016
5 Sergio Arévalo Cid 35 años 28/09/2015
6 Sergio Carlos Arredondo González 45 años 10/02/2016
7 Alejandro Francisco Astudillo Adonis 32 años 30/03/2015
8 Blas Daniel Barraza Quinteros 10 y 1 día 03/10/2016
9 Carlos Enrique Blanco Plummer 5 años y 1 día 30/08/2016
10 Patricio Horacio Burgueño Robles 6 años 07/12/2016
11 Marco Antonio Bustos Carrasco 5 años y 1 día 24/04/2017
12 Ramón Pedro Cáceres Jorquera 4 años 21/10/2016
13 Daniel Valentín Cancino Varas 30 años 01/08/2015
14 Manuel Andrés Carevic Cubillos 31 años 07/10/2014
15 Julio Cerda Carrasco 5 años y 1 día 24/04/2017
16 Juan Viterbo Chiminelli Fullerton 15 años y 1 día 11/02/2016
17 Francisco Fernando Contreras Torres 7 años 16/03/2017
18 Álvaro Julio Corbalán Castilla Perpetuo 01/01/2017
19 Carlos Alfredo Córdova Salinas 15 años y 1 día 16/02/2016
20 Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela 15 años 16/12/2016
21 Hernán Alejandro De la Fuente Irribarra 5 años y 1 día 08/09/2015
22 Emilio Robert De la Mahotiere González 3 años y 1 día 11/02/2016
23 Pedro Octavio Espinoza Bravo 307 años 29/09/2013
24 Miguel Arturo Estay Reino Perpetuo 07/03/2000
25 Juan Ramón Fernández Berardi 10 años 14/03/2014
26 Santiago Fernández Espinoza 5 años y 1 día 11/05/2015
27 Adrián José Fernández Hernández 15 años 15/07/2014
28 Patricio Gerardo Ferrer Ducaud 15 años y 1 día 10/02/2016
29 Francisco Maximiliano Ferrer Lima 53 años 04/01/2008
30 Rubén Agustín Fiedler Alvarado 15 años 21/08/2015
31 José Manuel García Reyes 5 años y 1 día 29/04/2015
32 Jaime Óscar García Zamorano 7 años 27/01/2017
33 Gerardo Ernesto Godoy García 94 años 07/10/2014
34 Fernando Luis Gómez Segovia 10 años 22/01/2015
35 Felipe Luis Guillermo González Astorga 5 años y 1 día 16/09/2015
36 Aquiles Mauricio González Cortés 18 años 20/03/2015
37 Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán 10 años 05/09/2016
38 José Luis Guzmán Sandoval 6 años 06/12/2016
39 Juan Guzmán Valencia 15 años y 1 día 11/11/2016
40 Jorge Eduardo Hernández Espinoza 15 años y 1 día 21/09/2015
41 Hugo del Tránsito Hernández Valle 9 años 07/10/2014
42 Carlos Alberto Herrera Jiménez Perpetuo 31/03/2004
43 Pedro Alejandro Lorenzo Herrera Mossuto 7 años 09/03/2017
44 Pedro Pablo Hormazábal Fuentes 10 años y 1 día 16/06/2017
45 Raúl Eduardo Iturriaga Neumann 61 años 06/08/2007
46 Patricio Enrique Jeldres Rodríguez 5 años y 1 día 17/02/2014
47 Klaudio Erich Kosiel Hornig 10 años y 1 día 13/05/2014
48 Miguel Krassnoff Martchenko 555 años 29/09/2013
49 Adolfo Nicolás Lapostol Sprovera 6 años 25/09/2015
50 Haroldo Alberto Latorre Sánchez 10 años y 1 día 12/05/2015
51 Fernando Eduardo Lauriani Maturana 90 años 05/01/2015
52 Raúl Diego Lillo Gutiérrez 10 años y 1 día 13/08/2015
53 Carlos José Leonardo López Tapia 72 años 21/01/2015
54 Gonzalo Fernando Maass del Valle 10 años y 1 día 26/04/2017
55 Juan Heraldo Maldonado Sanhueza 10 años y 1 día 17/02/2015
56 César Manríquez Bravo 94 años 29/09/2013
57 Juan de Dios Mansilla Díaz 10 años y 1 día 16/06/2016
58 Orlando José Manzo Durán 77 años 27/09/2012
59 Patricio Orlando Marabolí Orellana 5 años y 1 día 03/10/2016
60 Jorge Segundo Marín Jiménez 10 años y 1 día 23/03/2012
61 Pablo Abelardo Martínez Latorre 5 años 10/02/2016
62 Patricio Gustavo Martínez Moena 20 años 24/11/2014
63 Alejandro Molina Cisternas 5 años 27/01/2017
64 Patricio Montecinos Bustos 10 años y 1 día 29/08/2016
65 Manuel Ángel Morales Acevedo 5 años y 1 día 26/04/2017
66 José Miguel Morales Morales 10 años y 1 día 26/04/2017
67 Juan Hernán Morales Salgado 60 años 13/07/2010
68 Manuel Agustín Muñoz Gamboa 15 años 04/08/2014
69 Osvaldo Muñoz Mondaca 10 años 15/07/2016
70 Jorge Muñoz Pontony 15 años y 1 día 27/01/2017
71 Aquiles Navarrete Izarnotegui 5 años y 1 día 24/04/2017
72 Óscar Hernán Norambuena Retamal 5 años y 1 día 29/06/2017
73 Rodolfo Enrique Olguín Gonzalez 10 años y 1 día 09/01/2017
74 Víctor Manuel Olivos Gallardo 12 años 23/06/2016
75 Héctor Manuel Orozco Sepúlveda 10 años y 1 día 21/08/2017
76 René Ortega Troncoso 30 años 16/11/2016
77 Vittorio Orvieto Tiplitzki 10 años y 1 día 13/05/2014
78 Jorge Aníbal Osses Novoa 5 años y 1 día 13/05/2015
79 Nelson Alberto Paz Bustamante 10 años y 1 día 12/05/2015
80 Rodrigo Pérez Martínez 5 años y 1 día 26/04/2017
81 Manuel Antonio Pérez Santillán 5 años y 1 día 14/08/2015
82 Fernando Guillermo Polanco Gallardo 3 años y 1 día 10/02/2016
83 Hernán Ernesto Portillo Aranda 5 años y 1 día 28/09/2015
84 Hugo Aquiles Prado Contreras 5 años y 1 día 24/04/2017
85 Manuel Jorge Provis Carrasco 25 años 14/08/2015
86 Raúl Pablo Quintana Salazar 10 años y 1 día 13/05/2014
87 José del Carmen Quintanilla Fernández 5 años y 1 día 16/09/2015
88 lván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz 27 años 24/01/2008
89 Hernán Alejandro Ramírez Hald 10 años y 1 día 12/05/2015
90 Moisés Retamal Bustos 6 años 18/05/2015
91 Manuel de la Cruz Rivas Díaz 4 años 12/01/2017
92 Pedro José Rivera Piña 5 años y 1 día 31/01/2017
93 Pablo Marcelo Rodríguez Márquez 10 años y 1 día 13/08/2015
94 Fernando Rafael Rojas Tapia 15 años 16/10/2013
95 Patricio Sergio Román Herrera 22 años 28/05/2015
96 Nelson Williams Román Vargas 10 años y 1 día 13/08/2015
97 Víctor Eulogio Ruiz Godoy 20 años 09/01/2017
98 Juan Francisco Saavedra Loyola 22 años 04/08/2014
99 Hugo Iván Salas Wenzel Perpetuo 29/09/2013
100 Enrique Erasmo Sandoval Arancibia 30 años 21/10/2013
101 Manuel Gustavo Sandoval Cifuentes 10 años y 1 día 30/03/2017
102 Marcelo Ariel Sandoval Durán 10 años y 1 día 14/08/2015
103 Wellington Sarli Pose 5 años y 1 día 13/08/2015
104 Roberto Urbano Schmied Zanzi 10 años y 1 día 12/07/2016
105 Pedro Enrique Silva Jiménez 5 años y 1 día 31/01/2017
106 Arturo Rodrigo Silva Valdés 20 años 04/09/2015
107 Gonzalo Baldemar Soto Sandoval 10 años y 1 día 30/03/2017
108 Gamaliel Soto Segura 10 años y 1 día 21/03/2013
109 Ciro Ernesto Torré Sáez 15 años 05/10/2016
110 Jaime Fernando Torres Gacitúa 15 años 17/08/2015
111 José Andrés Torres Riquelme 5 años y 1 día 16/06/2016
112 Juan Fernando Torres Silva 10 años y 1 día 14/08/2015
113 Lander Mickel Uriarte Burotto 6 años 18/05/2015
114 Gerardo Ernesto Urrich González 25 años 14/03/2014
115 Juan Artemio Valderrama Molina 6 años 16/09/2015
116 Guillermo Antonio Vargas Avendaño 6 años 18/05/2015
117 Hernán Antonio Vásquez Villegas 25 años 15/09/2015
118 Erasmo Francisco Vega Sobarzo 5 años y 1 día 16/09/2015
119 Máximo Arturo Venegas Véjar 5 años y 1 día 23/10/2015
120 Juan Iván Vidal Ogueta 5 años y 1 día 08/09/2015
121 Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo 187 años 05/01/2015
122 Christoph Georg Paul Willeke Floel 25 años 10/09/2009
123 Raúl Enrique Zapata 8 años 27/11/2014
124 José Octavio Zara Holger 15 años y 1 día 29/09/2013
Fallece por COVID-19 reo de Punta Peuco Coronel (r) Jaime Garcia
Fuente :lanacion.cl, 4 de Septiembre 2021
Categoría : Prensa
De acuerdo a lo informado, el exuniformado, condenado por exhumación e inhumación ilegal durante la dictadura, estuvo una semana internado en el Hospital Millitar. Había solicitado indulto por su estado de salud, el cual fue rechazado por el gobierno.
El coronel en retiro del Ejército, Jaime García Zamorano (85), condenado por exhumación e inhumación ilegal durante la dictadura, falleció por Covid-19.
La mañana de este sábado se confirmó el deceso del exuniformado, que se transformó en el primer reo fallecido por coronavirus al interior del penal.
Según se reportó, García estuvo hospitalizado durante una semana en el Hospital Militar, y había solicitado indulto por su estado de salud, el cual fue rechazado por el gobierno.
García falleció a las 21 horas de este viernes por una pulmonía grave a consecuencia de su contagio.
Muere tercer reo de Punta Peuco producto del COVID-19
Fuente :lavozdelosquesobran.cl, 6 de Septiembre 2021
Categoría : Prensa
El tercer recluso en morir en el penal en menos de 24 horas fue el comandante (r) de la FACh, Luis Enrique Campos Poblete de 82 años, quien estaba cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad.
Durante la noche de ayer domingo, se confirmó la muerte por contagio de coronavirus del tercer criminal de la dictadura cívico-militar condenado en Punta Peuco. Se trata del comandante (r) de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) Luis Enrique Campos Poblete de 82 años, quien tenía enfermedades de base.
Campos Poblete estaba cumpliendo condena de 17 años de presidio como responsable del asesinato de José Francisco Bordas Paz, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en diciembre de 1974. La condena fue en calidad de autor.
Esta es la tercera muerte por el virus al interior del penal, que comenzó su brote por una visita que ingresó contagiada. Campos Poblete se suma así a las muertes de Miguel Estay Reyno (68) “El Fanta”, condenado a cadena perpetua por el Caso Degollados en 1985, y del coronel (r) Jaime García Zamorano (85), sentenciado por por exhumación e inhumación ilegal durante la dictadura.
Los testimonios de militares que sacaron a la luz el plan para desenterrar a las víctimas y lanzar sus cuerpos al mar
Fuente :ciper.cl, 7 de Septiembre 2023
Categoría : Prensa
En los primeros años de la dictadura, cuando el régimen aún negaba la existencia de los detenidos desaparecidos, cada secuestro de opositores consideró siempre la destrucción de registros documentales que permitieran dilucidar el destino final de las víctimas. Esos intentos de borrar evidencias alcanzaron, a fines de 1978, un nivel de maldad difícil de dimensionar: desenterrar los cuerpos sepultados en fosas clandestinas para arrojarlos al mar desde aviones o quemarlos en hornos o tambores. Bajo el nombre clave de Operación Retiro de Televisores, el plan condenó a los familiares de las víctimas a una dolorosa búsqueda que se ha prolongado por casi medio siglo.
Exhortado a decir la verdad, el suboficial mayor en retiro de la Fuerza Aérea, Sergio Orlando López Maldonado, decidió que ya era hora de romper el silencio. Lo hizo a las 16:05 del 22 de agosto de 2005, ante dos funcionarios de la PDI. Lo que dijo ese día, en Antofagasta, sería la punta de una madeja que permitiría reconstruir uno de los planes más crueles de la dictadura y que ha condenado a los familiares de los detenidos desaparecidos a vivir casi medio siglo de búsqueda dolorosa. Esa tarde reconoció que él fue el encargado de arrojar cuerpos al mar desde un avión C 47. Eran los restos de ejecutados por la Caravana de la Muerte, en octubre de 1973. Habían sido desenterrados de una fosa clandestina y los conjurados en ese operativo macabro debían hacerlos desaparecer para siempre.
Estaban envueltos en una tela blanca, dijo López. Recordó también que miembros del Ejército subieron los cuerpos a la aeronave que él tripulaba. Lo hicieron en Calama, en un ya lejano 1976.
“No recuerdo cuántos eran, cargaron diez o más bultos”, relató el suboficial de la FACH, quien luego justificó su silencio de décadas, señalando que durante años temió las represalias de sus superiores (ver declaración judicial). López Maldonado, finalmente fue condenado a tres años de pena remitida en 2022 (vea la sentencia).
Lo ocurrido en Calama en 1976 fue la antesala de una operación a gran escala que se ejecutaría dos años después para deshacerse definitivamente de los cuerpos de los desaparecidos. La dictadura no podía dejar que se supiera que se había asesinado a personas fuera de toda legalidad y que sus cuerpos habían sido ocultados. Había mentido dentro del país y también ante organismos internacionales, asegurando que no había tales víctimas, que nunca se les detuvo ni se les ejecutó. Pero en 1978 los cuerpos de campesinos asesinados aparecieron en Lonquén y dejaron en evidencia la mentira. Entonces, la dictadura puso en marcha uno de sus planes más oscuros: había que repetir lo hecho en Calama dos años antes, sacar los cuerpos de las fosas clandestinas y desaparecerlos para siempre.
Los documentos judiciales que muestran cómo se ejecutó la Operación Retiro de Televisores y que fueron revisados para este reportaje, ahora están disponibles en el buscador online “Papeles de la Dictadura”, una iniciativa desarrollada por CIPER con la colaboración del Centro de Investigaciones y Proyectos Periodísticos (CIP) de la Universidad Diego Portales
CALAMA, EL APRENDIZAJE
Las víctimas de Calama fueron ejecutadas por la Caravana de la Muerte, la comitiva asesinó a 93 personas que estaban detenidas a lo largo de Chile, con la excusa de acelerar los juicios militares que enfrentaban. De esos asesinatos, 26 ocurrieron en la ciudad de Calama.
En calidad de delegado del general Augusto Pinochet, el responsable de la operación fue el general Sergio Arellano Stark, secundado por el teniente coronel Sergio Arredondo González, el entonces mayor Pedro Espinoza Bravo, el capitán Marcelo Moren Brito y el teniente Armando Fernández Larios, entre otros oficiales.
En octubre de 1973, la comitiva llegó a Calama y sacó de la cárcel a 26 prisioneros. Los vendaron, los amarraron, los fusilaron y los enterraron clandestinamente en el sector de Topater.
En declaración ante la justicia, el suboficial en retiro Lorenzo Alvear González dijo que 12 militares fueron escogidos para acompañar en estas labores a la comitiva encabezada por el general Arellano. “Yo subí los cuerpos al camión”, dijo, señalando que lo hizo luego que el doctor Luis Rojas los identificara.
Después del crimen, el capellán militar Luis Jorquera informó a algunos deudos que sus familiares habían muerto tranquilamente, como evocó ante la justicia Violeta Berrios, conviviente de Mario Arguellez.
El gobernador Eugenio Rivera Desgroux prometió a los familiares que en un año les indicaría dónde estaban los cuerpos. Sobre lo mismo, el intendente y jefe de Zona en Estado de Sitio en Antofagasta, Joaquín Lagos, dio una explicación complementaria en una entrevista al diario El País, de España.
“Me daba vergüenza verlos (los cuerpos). Si estaban hechos pedazos. De manera que yo quería armarlos, por lo menos dejarlos en una forma humana. (…). Se ensañaron”, dijo.
Los cuerpos jamás fueron entregados y cuando la búsqueda de los familiares comenzó a acercarse a la verdad, la decisión fue desenterrarlos y arrojarlos al mar, actos por los que la Corte Suprema impuso penas de 720 días de reclusión, con el beneficio de la remisión condicional de la pena (vea una nota informativa del Poder Judicial).
El militar Emilio Pardo, uno de los condenados, admitió que en 1976 fueron a la zona de la inhumación ilegal por órdenes del general Carol Urzúa, quien deseaba confirmar dónde estaban los restos. “Procedimos a abrir y cerrar la fosa”, evocó. También tomaron fotografías como registro.
A los días siguientes, los militares volvieron, exhumaron los cuerpos y los llevaron al aeropuerto El Loa, donde el avión de la FACH los esperaba, según declaró el suboficial Manuel Segundo Aguirre Cortés.
“Allí debíamos esperar la llegada de un avión”, dijo (vea su declaración). Aquella, por cierto, era la nave que tripulaba el suboficial mayor, López Maldonado, el hombre que arrojó los cuerpos al mar.
Pero estas acciones sólo fueron el inicio. Dos años después, nuevos restos humanos serían encontrados en los hornos de Lonquén, una localidad campesina cercana a Santiago, y la operación se extendió por todo el país.
1978, EL CASO LONQUÉN
Todo se precipitó en noviembre de 1978, cuando un hombre llamado Inocencio de Los Ángeles llegó hasta la Vicaría de la Solidaridad, la institución creada en 1976 por el cardenal Raúl Silva Henríquez para encabezar la defensa de los derechos humanos en dictadura. Bajo estricto anonimato, entregó pruebas de que existían restos humanos al interior de unos hornos ubicados en una antigua mina de cal en Lonquén.
El 30 de noviembre de ese año, luego de una reunión convocada por Silva Henríquez, una comitiva liderada por el sacerdote Cristián Precht acudió al lugar, ratificando la veracidad de la denuncia y entregando de inmediato los antecedentes a la jueza Juana Godoy, quien abrió una investigación.
Los cuerpos pertenecían a 15 campesinos de la zona, de entre 17 y 51 años, quienes habían sido detenidos en octubre de 1973 y cuyo paradero se perdía en la Tenencia de Carabineros Isla de Maipo, hasta donde fueron llevados inicialmente.
La justicia, auxiliada por el Servicio Médico Legal, recién concluyó las labores de identificación de aquellos restos el 19 de febrero de 2010, 32 años después del hallazgo, en un trabajo que demoró cuatro años desde que fue pedido por el juez Alejandro Solís (ver fallo).
Contrariamente a esa lentitud procesal, en 1978 la velocidad de los hechos y las decisiones para ocultar otros cuerpos fue mucho mayor.
La aparición de los restos en Lonquén fue la primera prueba material de la existencia de los detenidos desaparecidos en América Latina. El hallazgo provocó preocupación en la dictadura y en el propio general Pinochet. Aquella inquietud fue reconocida públicamente el año 2000 por el general en retiro Odlanier Mena, quien en 1978 era director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), el órgano que reemplazó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el primer organismo represivo del régimen.
“El hallazgo de cuerpos en Lonquén produjo una grave conmoción social interna. El país estaba en los preliminares de la casi guerra con Argentina. Se podía inferir que si aparecían nuevos ‘lonquenes’ el frente interno se iba a dañar”, dijo Mena al vespertino La Segunda.
El general Mena, quien se suicidó en 2013 para evitar su traslado al penal Punta Peuco, quedó desde entonces a cargo de la Operación Retiro de Televisores, la que consistió en desenterrar todos los cuerpos de detenidos desaparecidos sepultados en fosas clandestinas, hecho por el que jamás fue condenado.
La mayoría de los cadáveres exhumados fueron arrojados al mar, como había sucedido en Calama. Otros fueron quemados en hornos o tambores metálicos, como ocurrió en el sur del país.
UN CRIPTOGRAMA DESDE SANTIAGO
En el Regimiento Los Ángeles la orden llegó entre fines de 1978 y principios de 1979, a través de un criptograma enviado por la Comandancia en Jefe del Ejército, como estableció una investigación penal realizada por el juez Carlos Aldana. Según la indagación judicial, aquel documento cifrado fue recibido en esa unidad por el sargento Juan Carlos Balboa Ortega, quien lo traspasó a su superior, el comandante Patricio Escudero Troncoso, quien desconocía la existencia y ubicación de este tipo de fosas.
“Era un criptograma secreto A-1 proveniente del comandante en jefe y dirigido a todas las unidades militares del país (…). Se ordenaba realizar todas las diligencias para evitar que terceros encontraran los lugares de inhumación de cada jurisdicción militar”, reconoció Balboa (vea su declaración).
Este suboficial, según su propio relato judicial, se enteró días después de la existencia de un entierro irregular en la zona, antecedente que comunicó a su superior, quien a su vez informó al comandante del regimiento, coronel Jaime García Zamorano. Este último, tras una reunión de coordinación con inteligencia regional, ordenó realizar un operativo militar inmediato para cumplir las instrucciones de Santiago.
El teniente Julio Reyes Garrido quedó a cargo de la misión, en la que fue secundado por los suboficiales José Puga Pascua, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Muller Avilés, Julio Fuentes Chavarriga, Luis Palacios Torres y Juan Cares Molina, además del fallecido suboficial mayor, Eduardo Paredes Bustamante.
Los uniformados, serpenteando la ribera del río Renaico, avanzaron hasta los dos puntos en que había cuerpos de detenidos desaparecidos, inhumados ilegalmente. En ambos lugares sacaron los cadáveres, los metieron en sacos y los llevaron al regimiento, donde el suboficial Juan Cares procedió a incinerarlos en un horno de ladrillos (vea su declaración).
El teniente coronel Julio Reyes describió aquel operativo paso a paso, en su declaración. “El traslado a la zona se realizó en un camión corto (…). De esta forma, tres ocupantes abordamos el vehículo en la parte delantera, mientras los tres funcionarios restantes viajaron en la parte posterior”, comenzó su relato.
“El personal de Concepción conocía el lugar exacto de la inhumación, por lo que nos dirigimos directamente a este sitio. Mi labor, junto al personal de la sección que tenía a cargo, consistió en brindar seguridad y vigilancia al equipo de la III División que realizó la excavación. Por este motivo, permanecí a unos treinta o cuarenta metros de distancia, por lo cual no pude apreciar la cantidad de cuerpos que fueron exhumados. Estas osamentas fueron guardadas en unas bolsas plásticas de color negro y subidas al vehículo, para posteriormente ser trasladadas a Concepción. Recuerdo que estos trabajos se organizaron debido a que los lugareños ya conocían este lugar de entierro”, detalló Reyes (ver declaración)
Una vez en el regimiento, y tras la incineración de los cuerpos, el cierre de la misión quedó a cargo del conscripto Julio Fuentes. “Tuve que enviar un criptograma donde decía que se habían retirado los televisores”, dijo ante la Justicia. Luego, Fuentes sostuvo que con los años siguió indagando sobre lo sucedido y que descubrió que entre los cuerpos exhumados había campesinos que él conocía desde la infancia, de sus veranos en las colonias escolares organizadas en las Termas de Pemuhue (ver su declaración)
Finalmente, la justicia estableció la veracidad de estos relatos y fijó las sanciones, las que en el caso de las exhumaciones fueron de tres años o menos.
“Los hechos descritos anteriormente -escribió el ministro Aldana en su fallo de primera instancia- constituyen el último eslabón del episodio que se inició el 6 de octubre de 1973 ya referido en el considerando primero, respecto de las víctimas de (el fundo) Carmen y Maitenes y de Pemehue, destinado a lograr la eliminación de los restos de las víctimas a fin de ocultar o inutilizar el cuerpo de los delitos para impedir su descubrimiento”.
En 2020, la Corte de Apelaciones de Concepción ratificó aquella verdad judicial y elevó las penas impuestas por el magistrado, en relación con el asesinato y posterior desaparición e incineración de 18 campesinos asesinados en Mulchén.
SECRETOS EN UN CUADERNO RESERVADO
Otro relato que muestra de manera especial el esfuerzo persistente de la Operación Retiro de Televisores está resguardado en un cuaderno reservado del Poder Judicial al que tuvo acceso CIPER.
En este archivo, el oficial Mario Gianotti, quien en 1978 era capitán en la Escuela de Artillería de Linares, relató paso a paso sus labores en la misión de búsqueda, exhumación clandestina e incineración de cuerpos que se verificó en el sur del país. “Me ordenaron realizar un rastreo en terrenos del predio militar, con la finalidad de ubicar los lugares en que se encontraban inhumados los cuerpos de personas que habían sido fusiladas con posterioridad al 11 de septiembre de 1973”, sostuvo el oficial.
Gianotti recordó además que organizó un equipo de trabajo con dos oficiales y dos suboficiales, señalando que de ellos sólo recordaba el nombre del entonces teniente Hernán Vejar, quien luego se recibiría de abogado, jurando ante la Corte Suprema. “No recibimos información precisa de dónde se encontraban los cuerpos y comenzamos el rastreo de acuerdo con los antecedentes conocidos, pero no sólo en la Escuela de Artillería de Linares, sino en toda la ciudad”, precisó.
Aquellas labores, que se concentraron en el polígono de tiro General Bari, se extendieron por 20 días, sin resultados, hasta que finalmente encontraron un cuerpo, el que fue entregado a otro equipo de cuatro militares, provenientes de Concepción, quienes procedieron a incinerarlo “al interior de un tambor metálico con petróleo”.
Gianotti y sus hombres luego prosiguieron sus labores de exhumación en Constitución, en una cueva costera, cerca de la desembocadura del río Maule, donde se encontraron con carabineros que estaban realizando las mismas funciones. “Habían encontrado tres cuerpos, uno sobre otro, no a mucha profundidad”, recordó (vea la declaración)
El oficial Hernán Vejar, quien se retiró en 1996 como miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), confirmó ante la justicia las confesiones de Gianotti, precisando que el jamás debió rendir cuentas a sus superiores de estos hechos y que desconocía mayores detalles de lo sucedido (ver declaración).
EL ÚLTIMO PASO, DESTRUIR DOCUMENTOS
Por cierto, en los últimos años de la dictadura, la destrucción de evidencias dejó de centrarse en los cuerpos inhumados clandestinamente, para concentrarse en la incineración de documentación, como muestran diversos archivos de esa época revisados por CIPER.
Por ejemplo, en el oficio secreto 03146 de 1988, el entonces canciller Ricardo García remitió a la CNI un “Acta de Destrucción” de documentos en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores, firmada por el funcionario James Sinclair
Por cierto, aquella eliminación de información reservada fue ordenada a todos los ministerios.
No obstante, unas cien mil fojas de documentos secretos quedaron olvidadas en los 27 kilómetros de estanterías del Archivo Nacional de la Administración (ARNAD), material revisado por CIPER para elaborar esta serie de reportajes sobre los 50 años del golpe de Estado.
Las investigaciones judiciales además establecieron que los archivos de la DINA y la CNI fueron traspasados a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) con el advenimiento de la democracia. Ante la justicia, el suboficial Raúl Luis Otárola López, exmiembro de la DINA y luego de la CNI, dijo que durante su paso por la DINE fue testigo de que esos materiales estuvieron guardados al menos hasta 2005.
“(Ese año) bajé al subterráneo (de la DINE) a dejar documentos microfilmados, donde existen repisas metálicas donde están los rollos de celuloide soportados por cartridges, ordenados por códigos y números”, relató Otárola, según quedó consignado en un informe de la PDI.
Sin embargo, los documentos fueron finalmente incinerados según estableció a posterior el juez Alejandro Madrid (ver reportaje de CIPER: Testimonios acreditan que el Ejército guardó archivos secretos de la dictadura). En 2020, el juez Mario Carroza procesó por estos hechos al general (r) Eduardo Jara Hallad, exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE); a la exjefa de archivos en el Departamento II de contrainteligencia, dependiente de la DINE; la teniente coronel (r) Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich; y al exjefe del Estado Mayor General del Ejército, general (r) Carlos Chacón Guerrero.
