Garat Gálvez Alejandro Fernando

Destapado a balazos
Oficiales del Ejército montaron a mediados de los '80 una financiera ilegal que llegó a administrar más de mil quinientos millones de pesos de la época. Su existencia fue descubierta en la investigación del asesinato de un empresario gastronómico.

Lo último que Aurelio Sichel vio la madrugada del 19 de julio de 1989, fue el portón de su casa. Tres tiros en la nuca le borraron la vista y al instante estaba tendido en el suelo bañado en su propia sangre. El asesinato de este empresario gastronómico, dueño de la cadena de restaurantes Rodizzio, desató una investigación que permitiría descubrir una financiera ilegal, conocida como "La Cutufa", que funcionaba al interior del Ejército y que manejaba – según se dijo en la época- el equivalente a US$ 4 millones de la época y que estafó a civiles y militares.

Era 1984 cuando el capitán de Ejército Gastón Ramos Cid utilizando "un pequeño capital propio" decidió crear un sistema de financiamiento que se dedicara a captar fondos para invertirlos en negocios de alta rentabilidad. Posteriormente se sumó el también capitán Patricio Castro.

Ramos y Castro convencían a sus conocidos, especialmente uniformados, para que invirtieran dinero en esta 'financiera' que rentaba intereses mucho más altos que los usuales. Tanto Castro como Ramos respaldaban la devolución del capital con cheques de cuentas corrientes bancarias personales.

Los fondos obtenidos los entregaban a un operador financiero – que después se diría era Jorge Larraín- para que comprara y vendiera acciones, obteniendo así importantes utilidades. éstas fueron utilizadas en diversas oportunidades para adquirir pagarés de la deuda externa chilena, la cual posteriormente vendían al Banco Central consiguiendo nuevamente importantes ingresos.

Si bien en un principio la financiera operaba especialmente entre uniformados, con el tiempo extendió sus operaciones a civiles, elegidos especialmente entre amigos y parientes de los militares.

Durante la investigación del crimen de Sichel, su socio en la Gelatería Pavarotti, Carlos Pesce, declararía que "…quien me habló de esta financiera fue Aurelio Sichel, invitándome a participar en ella, cuando yo trabajaba en forma particular la Gelatería Sebastián. Esto fue en febrero de 1985, indicándome Aurelio que quien recibía los dineros era Patricio Castro, y fue así como en febrero de 1988, le hice entrega de un millón de pesos a Patricio Castro…".

Luego, Pesce agregaría que "…me consta que Aurelio le entregó a Patricio Castro dinero proveniente de la Sociedad Gelatería Pavarotti, en dos oportunidades, siendo la última vez el día 18, el día antes de fallecer, dinero este último que le fue cancelado a la Gelatería imputándolo a gastos de arriendo y consumo de luz".

Los fondos se van de viaje
Sin embargo, fue en 1986 cuando se transformaron en inversionistas, entre otros, los brigadieres Jaime Lucares Robledo, Jerónimo Pantoja Henríquez y Enrique Cowell Mancilla; el coronel Sergio Silva Castro y el comandante Gerardo Paredes. En 1988 estaban entre los más importantes colocadores de dinero.

Ese año comenzaron los problemas.

El primer traspié fue la abrupta desaparición de los fondos de la financiera. Según diría Isabel Margarita Pizarro, viuda de Sichel, "los sacó un señor de apellido Larraín. Su nombre no lo podemos pronunciar por ahora". 

Jorge Larraín – de quien nunca pudo probarse la existencia- habría tomado cerca de $300 millones y viajado supuestamente a Ecuador para invertirlos a nombre de la organización. Pero de Larraín nunca más se supo.

Ante esta situación Castro y Ramos comenzaron a captar nuevos 'inversionistas' para así generar los recursos con que pagarles a los antiguos. En ese momento Lucares, Cowell y Silva tomaron el control de la entidad, asumieron el papel de relacionadores, captadores y administradores. 

Como inversionistas principales ordenaron a Ramos y a Castro que continuaran girando cheques de sus cuentas personales.

Sin embargo, la falta de fondos hizo crisis. Los documentos girados por Ramos y Castro continuaron cubriéndose hasta que se acabaron los recursos y en ese momento comenzaron a ser protestados por sus poseedores. Uno sólo de los inversionistas poseía siete documentos de una cuenta personal de Ramos del BHIF, por un monto de $53 millones.

A medida que el asunto se destapaba comenzó a aparecer un verdadero alud de cheques protestados en los tribunales del crimen. En ese momento, la investigación del asesinato de Sichel, a través de un peritaje judicial contable – realizado por Alejo Lira y Germán Cereceda- confirmó la existencia de la financiera informal y que uno de los principales implicados era Patricio Castro.

Entretanto, los cobros por los cheques continuaban llegando.

El 9 de octubre ya había protestos por $150 millones en las cuentas de Castro, ya entregados para la cobranza. Ramos estaba declarado reo por una suma superior a los $100 millones. Mientras Castro huía del país, Ramos se entregaba voluntariamente y quedaba detenido en una unidad militar.

En octubre de 1990, Ramos Cid es sometido a proceso por la titular del undécimo Juzgado del Crimen de Santiago, magistrada Mónica Tagle Madrid, y encargado reo como presunto autor de giro doloso de cheques. Mientras las querellas contra Ramos se acumulaban en la causa rol 571273-3, su abogado, Sergio Rodríguez Wallis, declararía que estos procesos no tenían nada que ver con el asesinato de Sichel.

Ante la detención de Ramos Cid, el general (r) Augusto Pinochet ordenó realizar una investigación interna "ante la posibilidad de que sus acciones hayan perjudicado a miembros de la institución".

El sumario al interior del Ejército desataría gran ruido, especialmente porque se dejaba entrever una posible corrupción a alto nivel que involucraba incluso probables manejos de dineros fiscales. Incluso se involucraría al general Gastón Abarzúa, en esa época director de inteligencia del Ejército (DINE).

Sin embargo, el proceso civil que el ministro en visita Marcos Libedinsky cerró recién en agosto de 1992 comprobaría que sólo había ocho oficiales ( r) involucrados.

Utilizando un programa computacional especialmente creado para la investigación, tras interrogar a más de 400 personas y examinar 11.200 cheques, Libedinsky llegaría a la conclusión de que la Cutufa había llegado a "administrar" 1500 millones de pesos, que en esa época equivalían a más de US$ 4 millones.

El tribunal estimó que los inversionistas no eran culpables, según la Ley General de Bancos. Pero sí lo eran aquellos que se habían dedicado a ejercer acciones correspondientes a empresas bancarias, es decir, captar o recibir dinero del público. 

De esta manera fueron encargados reos los capitanes (r) Patricio Castro Muñoz, Gastón Ramos Cid y Alejandro Garat; los brigadieres (r) Jaime Lucares Robledo, Jerónimo Pantoja Henríquez y Enrique Cowell Mancilla; el coronel (r) Sergio Silva Castro y el comandante (r) Gerardo Paredes Paredes.

El general Abarzúa, si bien confesó ser inversor de la Cutufa, no fue condenado pues no habría participado en las otras actividades.

El destino de los dineros nunca se supo, ni tampoco pudo ser comprobada la existencia de Jorge Larraín. De hecho, lo más parecido que se encontró fue una casa de cambios de Guillermo Larraín, pero quedó claro que no era el mencionado en el proceso. Incluso se pensó que Larraín podría eventualmente haber sido Sichel.

Así, lo que se había iniciado como un bullado caso de estafa se redujo a un fraude entre uniformados y que afectó a algunos civiles.

A pesar de que se suponía que el asesinato de Sichel había ocurrido porque había anunciado el retiro de sus fondos de la financiera, la investigación no pudo detectar vinculo material entre ambos delitos. 

De hecho, su participación como inversionista sólo fue mencionada por declaraciones de los interrogados. 

Fue alrededor de un año después de iniciada la financiera que Castro independizó parte de sus negocios y, con fondos facilitados por su suegro, se asoció con Sichel en el restaurante Rodizzio de Apoquindo y la heladería Pavarotti. Pero no abandonó la Cutufa.

El proceso no pudo comprobar, finalmente, que Castro y Ramos habían operado en algún momento con dineros fiscales..

El magistrado del 12° Juzgado del Crimen de Santiago, Alejandro Rivera, resolvió revocarles el beneficio de la remisión condicional de la pena por no cancelar más de 123 millones de pesos a los querellantes en el caso. Sólo se les descontará los días en que cumplieron prisión preventiva durante el proceso.

Aunque las condenas criminales que fueron aplicadas a los responsables de la financiera ilegal "La Cutufa", que funcionó al interior del Ejército desde mediados de la década del ’80, fueron consideradas bastante exiguas en su momento, cuatro de los principales gestores de la estafa deberán cumplir la sentencia con cárcel efectiva.

Así lo resolvió el titular del 12° Juzgado del Crimen de Santiago, Alejandro Rivera, quien despachó órdenes de detención contra del coronel (r) Jaime Lucares, el capitán (r) Gastón Ramos Cid y el civil Gerardo Paredes Paredes. Mientras, el mayor (r) Patricio Castro ya se encuentra cumpliendo la sentencia pronunciada por el ministro Hugo Dolmestch en 1994.

La decisión del tribunal se debe a que estos cuatro condenados incumplieron uno de los requisitos mediante los que pudieron acceder a la remisión condicional de la pena que se les impuso: el pago solidario de más de 123 millones de pesos a ocho querellantes de la causa tramitada a principios de 1990.

Los cabecillas de la millonaria estafa, Castro y Ramos, fueron condenados a tres años de reclusión en calidad de autores de infracciones a la Ley General de Bancos, mientras que a Lucares y Paredes -único civil involucrado- a 300 días de presidio como cómplices.

Pero junto a ese castigo, la justicia también determinó que éstos debían hacerse responsables solidariamente (es decir, uno o todos ellos) del pago de la retribución a quienes resultaron afectados por el fraude. El monto, según la última liquidación calculada el 2003, supera los 123 millones de pesos.

Hasta un año de cárcel

Con la decisión del 12° Juzgado de Crimen de Santiago y descontando los días que cumplieron prisión preventiva cuando se investigaban los hechos, Ramos Cid deberá cumplir un año y 10 meses de presidio. En tanto, los casos de Lucares y Paredes los días de reclusión serán de 298 y 291 días, respectivamente.

Patricio Castro, por su parte, fue notificado de la sentencia durante la primera quincena de junio, luego que fuera detenido por orden del 31° Juzgado del Crimen de la capital, por su eventual participación en otras estafas similares a las que realizó en la Cutufa.

Cabe recordar que en este caso también fueron condenados el mayor (r) Alejandro Garat y los coroneles (R) Sergio Silva y Enrique Cowell, quienes no fueron sancionados con el pago de las indemnizaciones a los afectados.

Ante la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, la defensa del brigadier retirado planteará que no existen elementos concretos para involucrarlo en los hechos que desencadenaron la muerte de Gerardo Huber, y que las lealtades del Ejército se vieron trastocadas con el descubrimiento de esta financiera ilegal.

La Segunda Sala de la Corte Suprema, especializada en materias penales, avanzó este lunes en la revisión del único recurso interpuesto por los primeros procesados en la investigación judicial sobre la muerte del coronel Gerardo Huber Olivares, cuyo crimen se habría perpetrado para impedir las investigaciones respecto al tráfico ilegal de armas a Croacia, detectado en 1991.

Se trata del amparo presentado por los abogados del brigadier (R) Manuel Provis -Cristián Letelier y Héctor Musso-, quienes intentarán derribar los argumentos del ministro en visita Claudio Pavez, procesó al ex militar y a otros cinco ex oficiales de esta rama por el delito de asociación ilícita, una eventual organización delictual que habría operado para realizar actividades de tráfico de armas y ocultar el hecho a través del asesinato del malogrado uniformado.

Provis, otrora jefe del Batallón de Inteligencia (BIE), se encuentra encausado junto a los generales (R) Eugenio Covarrubias (ex director de la DINE), Víctor Lizárraga (secretario de coordinación de la DINE), Carlos Krumm (ex director de Logística) y el coronel (R) Julio Muñoz (supuesto amigo de la víctima), a quienes se les imputa haber realizado distintas maniobras con el fin de que este crimen apareciera como un suicidio a ojos de la opinión pública y la justicia.

Sin embargo, las sospechas apuntan a que el móvil habría evitar los avances en la investigación judicial sobre el contrabando de 11 toneladas de pertrechos que fueron vendidos a Croacia, país en estado de guerra y bajo una prohibición de la ONU para adquirir armamento.

En la jornada de este lunes, el máximo tribunal sólo alcanzó a escuchar la relación de la causa, por lo que sólo mañana, martes, se iniciarán los alegatos.

Sospechas
Al entonces jefe del BIE, brazo operativo de la DINE, específicamente se le imputa haber secundado una serie de acciones sospechosas, ya que él ni Lizárraga -su superior- han dado explicaciones suficientes o racionales sobre la forma, oportunidad y condiciones en que se impusieron de la desaparición del coronel.

Sin embargo, ambos aparecen actuando en el sitio del suceso -puente El Toyo, en el Cajón del Maipo- a primera hora de la mañana del día siguiente a la desaparición (30 de enero).

El magistrado deja constancia que el secretario de coordinación de la DINE aún no asumía ese cargo oficialmente, pero actuaba como jefe. Además, extraña que los grupos de reacción del BIE llegaron alrededor de las 04.30 horas al lugar, mientras que el auto de Huber fue encontrado recién a las 03.00 horas y la denuncia puesta ante Carabineros una hora después. En el sumario se encuentra establecido que ni la policía uniformada, ni el jefe Militar de la zona metropolitana, ni familiares del desaparecido se comunicaron con ellos.

Asimismo, el juez Pavez sostiene que pese a que Provis estuvo de vacaciones desde el 3 de febrero al 6 de marzo de 1992, siguió interviniendo en la situación para unirse a Lizárraga en un viaje a Linares. El magistrado ha establecido que el objetivo de esa travesía tuvo por único objeto apoderarse del hijo menor del coronel, quien permanecía desaparecido y, presumiblemente, secuestrado en una dependencia secreta de la Escuela de Inteligencia del Ejército (EIE).

La versión que ha sostenido el retirado brigadier es que fue llamado para unirse a la misión de buscar una vidente que les ayudara a dar con el paradero del coronel Huber, lo cual ha reiterado su defensa apuntando a que es más común de lo que parece que los equipos dedicados a investigar acudan a este tipo de personas para encontrar pistas de un desaparecido.

"No realizaron en la ciudad de Linares, ni en ningún otro lugar, gestiones de este tipo y, por otra parte, la posible intervención de la vidente mencionada está referida a otro lugar", consigna el documento redactado por Pavez.

El otro hecho que inculpa a Manuel Provis es la intervención de miembros del BIE en el sitio del suceso, quienes acordonaron el sector y bloquearon el ingreso de la Policía de Investigaciones -a cargo de las indagaciones del tribunal-, además de alterar las condiciones al trasladar, incluso, en helicóptero el cuerpo del fallecido militar. Esas acciones no fueron ordenadas por el fiscal militar a cargo del caso, Humberto Julio, según lo ha declarado

En tanto, fuentes allegadas a la investigación dan cuenta que a partir de los encausamientos dictados por Pavez, los uniformados que han prestado declaraciones han comenzado a cooperar para intentar reconstruir las verdaderas circunstancias que determinaron la muerte del coronel. Por ello, proyectan que la investigación ya entró en tierra derecha para establecer tanto a los ejecutores materiales, como a aquellos que decidieron eliminar a Huber.

La Cutufa
El principal argumento que ha manifestado el brigadier (r) Provis sobre cómo se dieron los acontecimientos se refiere a que sólo cumplió con la misión de viajar a Linares por tratarse de una orden de un superior, pero que ahora puede interpretarla como una maniobra distractiva para desviar su atención de los reales acontecimientos.

En esa medida, fuentes de su defensa explican que él habría sido "pasado por alto" en todas las operaciones que realizaron los efectivos a su cargo al momento de aparecer el cadáver del militar. Esa "alteración" en las jerarquías del Ejército se explicaría por el fenómeno judicial que generó el caso Cutufa al interior de las filas castrenses.

Según se dijo, la creciente desconfianza que se originó entre los militares, a raíz del asesinato del empresario gastronómico y uno de los principales inversionistas de la financiera ilegal, Silvio Aurelio Sichel, el 19 de julio de 1989, habría incidido en el cambio en las lealtades dentro de la oficialidad del Ejército.

Sichel fue ultimado en las afueras de su parcela, ubicada en el sector de Casas Viejas, luego que decidiera retirarse del negocio o "sistema", como fue bautizada la Cutufa. Sin embargo, el proceso judicial sobre su muerte fue sobreseído sin determinar responsabilidades. En su momento, la entonces Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda dictó una encargatoria de reo contra el capitán (r) Patricio Castro, por su presunta participación en el crimen, pero el dictamen fue dejado sin efecto tiempo después.

La Cutufa quedó al descubierto luego que se interpusieran, en tribunales civiles, una serie de demandas por giro doloso de cheques. Los documentos tenían la firma de Castro y del capitán en servicio activo Gastón Ramos, cuyas dos últimas destinaciones habían sido la DINE y la Escuela de Suboficiales.

El 10 de noviembre de 1990, tuvo lugar en Paraguay la detención del capitán (r) Castro, quien intentó evadir la justicia, pero fue localizado a tiempo por la policía de Investigaciones. El 8 de julio de 1992, el ministro en visita del caso, Marcos Libedinsky, cerró el sumario y encargó reo a Patricio Castro, Gastón Ramos, Alejandro Garat, Enrique Cowel, Sergio Silva y Jerónimo Pantoja.

No obstante, aún las dudas persisten sobre los reales involucrados en esta financiera ilegal, ya que se especula que sería imposible que una actividad oculta y que involucró a cerca de 250 oficiales de Ejército, e incluso empresarios, funcionará desde fines de 1986 a mediados de 1989 sin que los altos mandos del Ejército se enteraran, pues muchos de ellos eran inversionistas.

La defensa de Provis también ha deslizado las sospechas de su cliente, en cuanto a que la materialización del crimen recaerían sobre los mismos sicarios que perpetraron el asesinato de Sichel. En dicho caso, las dudas recaen sobre ex agentes de la entonces disuelta CNI, como Juan Carlos Solimano, capitán (r) Arturo Sanhueza Ross y Francisco Zúñiga Acevedo. No obstante, éste último se suicidó en sospechosas circunstancias al interior de su automóvil a fines de 1991, por lo que es imposible que haya estado involucrado en la muerte de Huber.

43.– Informe Policial N° 5947, rolante a fojas 478 y siguientes, diligenciado por la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policia de Investigaciones de Chile, el cual tuvo por objeto individualizar y entrevistar por los hechos que dieron origen a esta causa a ex agentes de la CNI, informándose que Roberto Antonio Farías Santelices, apodado "El Petete", se encuentra vivo; mientras que José Ramón Meneses Arcauz, apodado "El Shogún", Héctor Juan Jaque Riffo, apodado "El Anteojitos" y Alejandro Fernando Garat Gálvez, apodado "El Turco", se encontrarían fallecidos;