Gajardo Giadach Sergio Alberto Del Carmen

Sergio Gajardo Giadach Y EL Caso Mamiña: Muertes para aterrorizar

Los Hechos:

Durante las ultimas horas del día 30 de junio y las primeras del primero de julio de 1986, fuerzas represivas y personal del GOPE (Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros) violentaron el domicilio del artista popular y folclorista, Benedicto “Piojo” Salinas, ubicado en la calle Mamiña Nª 150, en la periferia de Santiago. Durante esa acción, según investigaciones, los uniformados habrían dado muerte a Margarita Martín Martínez, Maria Paz Martín Martínez e Isidoro Salinas Martín; Esposa, cuñada e hijo del Folclorista.

Según la versión entregada por Carabineros a los medios de Prensa de la época, en la medianoche del lunes primero de julio de 1986, efectivos de la Sección Encargos y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros, apoyada por otras unidades policiales. Practicó un allanamiento al inmueble de la calle Mamiña N° 150, de la comuna de la Cisterna. Encontrando los cuerpos sin vida, de las hermanas MARTIN MARTINEZ, y del Joven Isidro SALINAS.

Se informa asimismo que los tres fallecidos eran integrantes del FPMR muertos por auto eliminación mediante disparos efectuados desde corta distancia.

Esta versión contrasta diametralmente con las indagaciones posteriores. Carabineros trato de encubrir el crimen diciendo, que una de las mujeres disparó contra la otra y contra el niño, para luego auto eliminarse, lo que quedó completamente descartado, ya que las victimas no tenían rastros de pólvora en sus manos.

Los informes de autopsia constatan:

-“En el cadáver de Isidro Salinas, presentaba dos impactos en la cabeza, uno de larga y otro de corta distancia”.

– En el de María Paz Martín, la causa de la muerte, es una herida de bala, cráneo encefálica. La trayectoria seguida por el proyectil, es de derecha a izquierda, abajo arriba y levemente hacia atrás. Se trata de un disparo con cañón apoyado.

– En el caso de Margarita Eliana Martín, la causa de la muerte fue traumatismo cráneo encefálico y toráxico por balas con salida de proyectil.

Los exámenes a las armas encontradas junto a los cadáveres, eran un revolver marca Colt Calibre 38, en regular estado de funcionamiento y una pistola sin marca modelo D 64 calibre 9 mm. , con un cartucho en su recámara sin percutar.

La premura con que la policía, da a conocer la militancia de las víctimas, deja en evidencia una persecución política a priori, agudizada por el antecedente de la muerte de Pedro Martín Martínez, Rodriguista fallecido en un confuso accidente tras una voladura de vías del ferrocarril un año antes.

La ministra en visita de la corte de apelaciones de san Miguel, Ariaselva Ruz, individualizó y encargó reo a funcionarios de carabineros que participaron en el operativo, pero se declaro incompetente, dejando que actuara la Fiscalía militar, quien sobreseyó el caso sin dictar responsabilidades.

Entre los sindicados como culpables de estos crímenes y sobreseídos por la Fiscalía Militar, figuran:

Sergio Gajardo Giadach, actual Director del GOPE. Experto tirador, que en el año 1978, siendo subteniente, se coronó Campeón de Tiro, en un Torneo Inter Institucional de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Posteriormente en el año 1985 ,en el Campeonato Internacional de Tiro, realizado en Bophuthaswana, Sudáfrica, con rango de Teniente, obtuvo el Primer lugar individual con 584 puntos. Este uniformado también figura en la nómina de acusados por la tortura y posterior muerte, de los jefes máximos del Frente Patritico Manuel Rodriguez FPMR (Cecilia Magni y Raúl Pellegrin), según consta en el proceso judicial, rol 5004.

Julio Eladio Benimelli Ruz, Mayor. Fallecido el 26 de Enero de 1988, como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo. El Mayor, junto a otros funcionarios policiales, acudió a una casa ubicada en la comuna de La Cisterna, a investigar una denuncia de los dueños de la propiedad, acerca de la existencia de armas. En ese entonces era Jefe del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE).

José Luna García, sargento

Augusto Sobarzo Legido, comandante. Como encubridor

La antesala del crimen

Corrían los primeros meses del año 1986 y los movimientos sociales hicieron de la protesta, una vía de movilización permanente, buscando profundizar el conflicto político y social, con el empleo de todas las formas de lucha, que permitiera la caída de la Dictadura de Pinochet, que a balas y sangre se perpetuaba en el poder desde el 11 de septiembre de 1973, con la complicidad de la derecha Chilena y el Gobierno Norteamericano.

La Dictadura Militar y sus colaboradores civiles de la derecha, preparaba la transición institucional, asegurándola a través de dos vías: La represión selectiva (secuestros, flagelamientos y destrucción del “enemigo”) y el terror masivo (copamiento de calles y poblaciones, allanamientos, censura y empleo de la Unidad Fundamental Antiterrorista -UFA- (unidades operativas adaptadas de la guerra en ciudad, al enfrentamiento con la guerrilla urbana) .

El Centro político, fortalecido por la alianza lograda, con la firma del “Gran Acuerdo Nacional” para la “transición a la plena democracia”, persistiría en una “salida negociada”. De las demandas globales (“no a Pinochet”, “no a la Constitución”, “Asamblea Constituyente”, “plebiscito y Renuncia”), había rebajado sus expectativas a un encuentro entre personalidades civiles y militares para dirigir la transición. Finalmente, con el ánimo de negociación, paulatinamente iría cundiendo la idea de reconocer la Constitución de 1980, para ensayar desde adentro su transformación, lo que transformaría la Protesta, en base electoral para una transición institucional.

Por su parte, la izquierda, no sin divisiones internas, se encuentra en un momento de decisiones estratégicas, acumulando sobre la marcha fuerzas «en caliente», internando recursos humanos y medios. Se preparaban para el enfrentamiento, considerando la Protesta, como una escuela de aprendizaje. Al copamiento de calles y poblaciones por parte de las fuerzas represivas, se respondía con la barricada. Al allanamiento, con bombas caza-bobos. Al armamento convencional, con armamento casero. Al desplazamiento de unidades moto-mecanizadas, con minas “vietnamitas”. A la clausura de medios de comunicación, con radios clandestinas. Y a la UFA (Unidades antiterroristas), con micro-grupos operativos o milicias urbanas..

El equilibrio se tornaba catastrófico. Así se llegaba a un 1º de mayo extraordinariamente violento. Momentos de explosión social, de permanentes enfrentamientos, tanto pacíficos como violentos, fueron la respuesta a la estrategia- militar con que actuaba el régimen, con el objetivo de infundir Miedo.

La protesta convocada para los días 2 y 3 de Julio se preveía violenta. Pero, el discenso en la oposición, seguía impidiendo la constitución de una fuerza estratégica que pusiera en peligro al régimen. Este jugaba al desgaste opositor y sometía a la población a la guerra psicológica para quebrantar su estado de ánimo. La represión selectiva se expandía, a los muertos y heridos que provocaban los disparos desde autos polarizados, se sumó la aparición de cuerpos de opositores destrozados por explosiones dinamiteras, simultáneamente decenas de jóvenes, líderes en sus comunidades, eran golpeados o amedrentados. La represión masiva la sufrían los pobladores y la ciudadanía -en general- con allanamientos prolongados. Las ciudades habían sido militarizadas. La espera a la jornada de protesta era tensa. Fue en ese contexto, cuando en la madrugada del 1 de julio, fuerzas represivas de Carabineros, asesinan a tres presuntos miembros del FPMR, luego de un allanamiento en un inmueble de la calle Mamiña Nº 150, de la comuna de La Cisterna, sector sur de la capital. Esto marcaría el comienzo de una escalada terrorífica de asesinatos, cuya aberración máxima se alcanzó, cuando dos jóvenes (Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri), fueron quemados vivos por una patrulla militar.

Si el Terror produce paralización, la faena estaba cumplida, de manera que confiadamente el ministro de defensa de la época, podía declarar 24 horas antes de la Jornada de Protesta Nacional … “no creemos que vaya a ser un paro general”.

Sin embargo, la paralización fue total. Pero con un triste saldo de vidas humanas

A más de 35 años desde su ejecución y nueve de su segunda exhumación fueron entregados a sus familiares los restos de tres víctimas de violaciones de derechos humanos. Se trata del caso Mamiña, uno de los más emblemáticos acontecidos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Durante la mañana del sábado 11 de diciembre fueron entregados los restos mortales de Margarita Martín Martínez, María Paz Martín Martínez e Isidro Salinas Martín, quienes habrían sido asesinados entre la noche del 30 junio y la madrugada del 1 de julio de 1986 por Carabineros, la policía militarizada chilena.

A más de tres décadas y media del crimen, el cual fue encubierto como un suicidio por sus perpetradores y archivado por años por la Justicia, el Servicio Médico Legal de Chile (SML) ratificó la causa de la muerte de las tres víctimas.

"Los mataron, Carabineros de Chile asesinaron a Margarita, Maria Paz y a Isidro. Y vamos a seguir firmes buscando la justicia que hemos estado pidiendo por 35 años", señaló Matilde Martín Martínez hermana de las víctimas a la salida del SML en Santiago, la capital chilena.

En conversación con Sputnik, Matilde Martín detalla lo vivido y valora, a pesar de las décadas trascurridas en busca de verdad y justicia, lo sucedido con sus familiares. "Hoy día es un paso superimportante, porque viene a reafirmar lo que nosotros durante 35 años hemos estado reivindicando, que es justicia por el asesinato de ellos. Que una vez más se comprueba que lo realizaron Carabineros, como han ocurrido en muchos casos ahora, han suicidado gente en las comisarías. Nosotros sabíamos que no era así".

A más de 35 años de su ejecución por parte de la policía chilena, son entregados a sus familiares los restos de tres luchadores sociales asesinados durante la dictadura chilena.

Asesinados en su casa

Fue durante las últimas horas del 30 de junio y las primeras del 1 de julio de 1986, que tres grupos de especializados de Carabineros allanaron el domicilio de quien fuera un reconocido folclorista chileno de la época, Benedicto Piojo Salinas, ubicado en la comuna de La Cisterna, en el sector sur de la capital chilena.

En el lugar se encontraban su esposa, Margarita Martín Martínez, de 43 años; su cuñada, María Paz Martín Martínez, de 30, y su hijo, Isidoro Salinas Martín, de 18. Los tres fueron ejecutados a tiros por efectivos de la Policía. Allí se encontraban el teniente Sergio Gajardo Giadach, el sargento José Luna García, los mayores Augusto Sobarzo y Julio Binimelli, además del cabo Nabih Soza.

"Entran a Mamiña 150, que es donde las matan a ellas, María Paz, Margarita e Isidro, y ahí se van a mi casa y me detienen a mí. Yo a todo esto no tenía idea de lo que había pasado, porque llegan a mi casa tipo 3 AM, me llevan detenida después de allanar mi casa y nada", detalla Matilde.

Ese mismo día 30 al mediodía también había sido detenido Jorge Martín Martínez, otro de los hermanos de la familia, quien luego estaría encarcelado durante cuatro años y se fugaría de la Cárcel Pública de Santiago junto con otros 48 presos políticos en 1990.

Lo cierto es que la detención de los dos hermanos Martín Martínez y la ejecución de los otros tres miembros de la familia ocurrieron un día antes de la mayor protesta contra la dictadura de Pinochet (1973-1990), convocada para el 2 y 3 de julio de ese 1986.

Una manifestación que fue testigo de uno de los hechos más brutales producidos durante el régimen dictatorial chileno, cuando los jóvenes Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri fueron quemados vivos por una patrulla militar, un doloso crimen que se sumó al asesinato de Margarita, María Paz e Isidoro. Matilde recuerda que nunca le fue informado, por ningún funcionario ni autoridad a cargo de su detención, lo que le había sucedido su familia.

"Una vez que pasé a libre plática a la cárcel de mujeres donde estaban las presas políticas, que era en San Miguel, por las compañeras me enteré de lo que había ocurrido. Porque hasta ese momento ningún cobarde de la fiscalía militar que me había interrogado me había dicho lo que había pasado".

El encubrimiento

Según el detalle de la versión oficial de Carabineros, en la medianoche del lunes 1º de julio de 1986 efectivos de tres unidades especializadas practicaron un allanamiento al inmueble de calle Mamiña N° 150, a raíz de la presunta detección de un depósito de armas y una clínica de primeros auxilios. El informe policial sostuvo que al momento de ingresar escucharon un disparo y al internarse encontraron los cadáveres de las hermanas Margarita Eliana y María Paz Martín Martínez y del joven Isidro Salinas Martín, hijo de una de ellas.

Se informó asimismo que los tres fallecidos eran integrantes del grupo subversivo Frente Patriótico Manuel Rodríguez, "muertos por auto-eliminación mediante disparos efectuados desde corta distancia". Se detalló que una de las mujeres portaba un revólver con el cual disparó en la sien de los otros dos, y luego a sí misma.

Sin embargo, los propios informes de las autopsias practicadas a las tres víctimas constataron que en el caso de Isidro Salinas, su cuerpo registraba dos impactos en la cabeza, uno de larga distancia y otro de corta. En el de Margarita Eliana Martín, la causa de la muerte fue traumatismo cráneo encefálico y torácico por balas con salida de proyectiles.

En el de María Paz Martín, la causa de la muerte es una "herida de bala cráneo encefálica, la trayectoria intracraneana seguida por el proyectil es de derecha a izquierda, abajo arriba y levemente hacia atrás. Se trata de un disparo con cañón apoyado".

Un triple homicidio que Carabineros quiso encubrir como suicidios, versión que, junto con las autopsias, quedó completamente descartada luego de la primera exhumación.

"La primera exhumación se hizo a los 40 días de sepultados, para ver el examen de pólvora, porque como decían que una de ellas había asesinado a los demás, y se comprobó que ninguno de ellos tenía restos de pólvora en las manos", detalla Matilde.

Las muertes fueron investigadas en la época por la jueza Ariaselva Ruz, quien hizo una reconstitución de la escena y determinó la responsabilidad de Carabineros en los hechos.

"En una primera instancia lo llevó la justicia civil, una ministra en visita que se nombró, que fue Ariaselva Ruz. Cuando ella declara reos a los pacos [carabineros] que participaron en el asesinato, entonces se declara incompetente. Porque claro, en aquellos años no se podía juzgar, y yo creo que ahora todavía los están juzgando las Policías militares. Entonces se declara incompetente y pasa a la fiscalía militar. Y la fiscalía militar es la que archiva el caso", puntualiza Matilde.

La jueza Ruz procesó en 1988 a los funcionarios de Carabineros Sergio Gajardo Giadach, Julio Eladio Benimello Ruz, José Luna García como autores de homicidio, y como encubridor, el coronel Augusto Sobarzo Legido. Pero al pasar el caso a la justicia militar fueron sobreseídos en 1993.

Una justicia que aún no llega

Cinco años después de los crímenes, la Comisión de Verdad y Reconciliación —creada en abril de 1990 con el objeto de esclarecer las violaciones de derechos humanos durante la dictadura chilena— estimó que, según los antecedentes reunidos, no era verdadera la información oficial, por cuanto al menos dos de los presuntos suicidas presentaban dos impactos de bala y las armas en su poder se encontraban en regular estado.

"Por lo que ha llegado a la convicción de que Isidro Salinas y las hermanas Margarita Eliana y María Paz Martin no se suicidaron, sino que fueron ejecutados por efectivos de Carabineros, considerando sus muertes violaciones a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales", detalla el informe de la Comisión.

Los policías involucrados no han sido castigados, incluso uno de ellos, Sergio Gajardo Giadach, fue ascendido a coronel y llegó a ser el Director del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), mismo grupo que fue esa noche a la calle Mamiña 150.

Gajardo Giadach también figura en la nómina de acusados por la tortura y posterior muerte de los jefes máximos del Frente Patritico Manuel Rodriguez, Cecilia Magni y Raúl Pellegrin, según consta en el proceso judicial, rol 5004. Y solo se le solicita la renuncia tras la muerte del joven con discapacidad Manuel Gutierrez en el contexto de las manifestaciones estudiantiles del 2011. Hoy percibe una millonaria pensión por parte de la institución, como lo denunció una investigación periodística.

Las muertes de Margarita, María Paz e Isidro se sumaron a la su hermano mayor Pedro, quien murió en una acción del FPMR en abril de 1983. Sus hermanos Matilde y Jorge continuaron exigiendo justicia, solicitaron la reapertura del caso hace 12 años y una nueva exhumación, la cual se realizó hace nueve años.

"Nosotros presentamos una querella y pedimos que se volvieran a exhumar y se hicieran nuevas investigaciones, que fue el resultado de lo que nos entregaron hoy. Hoy nos entregaron el resultado de que estaba fehacientemente comprobado que fueron asesinados", explica Matilde.

 

Tras la entrega de los restos, desde el SML el cortejo con los tres féretros se trasladó al Cementerio General en la capital del país sudamericano, donde se les rindió un homenaje a Margarita, María Paz y Pedor Martín Martínez e Isidro Salinas Martín, en un acto realizado en el Memorial de las Ejecutadas y Ejecutados Políticos. Allí varias organizaciones sociales y de derechos humanos los despidieron junto a sus familiares.

"Aquí estamos, llenos de pena, de impotencia, de tristeza, pero también con mucha convicción, que las banderas hoy día están más altas que nunca, las banderas resistentes de cada una y cada uno que hemos resistido, hemos luchado contra la dictadura cívico-militar, pero también estos 31 años", señaló Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos.

Una resistencia y una lucha que también recordó Carla Pellegrín, del Colectivo de Familiares y Amigos de Rodriguistas Caídos, y hermana de Raúl Pellegrin: "Margarita, María Paz e Isidro estaban en un puesto de salud, estaban arriesgándose durante la clandestinidad, eran ayudistas, estaban realmente en una situación de absoluta entrega y riesgo en una dictadura brutal. Son tres héroes que cayeron, que también nosotros queremos rescatar hoy".

Matilde y su familia continuarán en su lucha por conseguir justicia. "Nosotros como familia siempre hemos estado unidos y vamos a seguir unidos hasta conseguir que cada uno de los pacos asesinos pague su culpa y termine en la cárcel (…) ojalá fuera perpetua porque ellos ya han disfrutado harto todos estos años en libertad, y por lo menos que los últimos años que le queden los paguen en la cárcel, porque los pacos siguen torturando, siguen asesinando. Entonces nada más ni nada menos que justicia, justicia y justicia".

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) se prepara para lanzar el libro ‘Rompiendo el silencio’, el cual da cuenta de la ejecución de 205 niñas, niños y adolescentes chilenos a manos de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

En la investigación, se dan a conocer las historias y fotografías de los menores asesinados, así como también los relatos de sus familiares que hasta el día de hoy siguen buscando justicia.

Yorka Salinas tenía 16 años en 1986. La noche del 30 de junio, y por razones familiares y fortuitas, no estaba en su domicilio en la calle Mamiña N°150, ubicada en la comuna de La Cisterna, en la zona sur de la capital de Chile. Cerca de la medianoche llegaron a ese inmueble los efectivos de Carabineros —la policía militarizada de Chile—, el teniente Sergio Gajardo Giadach, el sargento José Luna García, los mayores Augusto Sobarzo y Julio Binimelli, además del cabo Nabih Soza.

Durante la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio de 1986, en el inmueble de la calle Mamiña fueron asesinadas las hermanas Margarita Eliana y María Paz Martín Martínez y el adolescente Isidro Salinas Martín, hijo de Margarita y hermano mayor de Yorka, quien perdió a tres de sus familiares en un lapso de horas.

Yorka, en conversación con Sputnik, recuerda que Isidro «era un chico superinteligente, tenía las mejores calificaciones en su escuela. Era un buen hijo y hermano, era estudiante de tercer año medio».

Isidro Salinas tenía 18 años recién cumplidos cuando fue ejecutado por Carabineros. Es uno de los 205 niños y adolescentes que fueron asesinados por la dictadura cívico-militar. Su historia se encuentra en la investigación realizada por la AFEP titulada Rompiendo el silencio.

La deuda pendiente con niñas, niños y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) es una colectividad que nació en 1976, en plena dictadura militar, y que busca la verdad, justicia y reparación para los graves e indescriptibles crímenes llevados a cabo por el régimen de Augusto Pinochet, que en su mayoría permanecen impunes.

Alicia Lira, presidenta de la AFEP, en conversación con Sputnik comenta que «como agrupación siempre hemos intentado recuperar la memoria y la historia, n o solamente de las y los ejecutados políticos, sino que también de las luchas que han dado los familiares a través de largas décadas por la verdad y la justicia».

«El primer acto que hicimos fue un libro en homenaje a la Agrupación, los familiares, aquellos que conformaron la agrupación en 1976 muchos de ellos han fallecido, están enfermos. Después nos dimos cuenta de que en el caso de niñas, niños y adolescentes nunca se tocaba el tema», agrega.

La histórica dirigente de derechos humanos explica a Sputnik que durante la dictadura la agrupación hablaba de la defensa de la vida, de la libertad de los presos políticos y se movilizaron por ello. Sin embargo, comenta Lira, había un gran segmento de niñas y niños de los cuales no se hablaba y que sufrían el terror del aparataje estatal.

En la transición democrática, la AFEP siguió con las banderas de libertad y justicia para los crímenes de la dictadura, libertad a los presos políticos que quedaban aún y la búsqueda de las y los detenidos desaparecidos, pero tampoco hubo mención de los niños.

Lira comenta que «nos dimos cuenta de que esta sociedad y estos familiares teníamos una deuda pendiente con ellos, necesitábamos visibilizarlos, mostrarlos, si hay fotografías, si hay escritos, necesitábamos darlos a conocer. Por lo anterior, presentamos un proyecto hace más de dos años a lo que era antes la Unidad de Derechos Humanos que luego pasó al Ministerio de Justicia donde fue rechazado».

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está encabezado por Hernán Larraín, y ha sido cuestionado en innumerables ocasiones por su defensa irrestricta a Colonia Dignidad cuando era senador de la República.

Colonia Dignidad fue una secta alemana ubicada en Villa Baviera, a 382 kilómetros de Santiago, y sus dependencias fueron ocupadas para detener, torturar, ejecutar y desaparecer a opositores del régimen dictatorial. Su líder, Paul Schäfer, fue acusado de la violación de más de 20 niños que se encontraban al interior del recinto.

El asesinato de Isidro Salinas junto a su madre y tía

La versión oficial de Carabineros sostuvo que al allanar el inmueble de calle Mamiña N°150 se encontraron con los cadáveres de Margarita Eliana y María Paz Martín Martínez y del joven Isidro Salinas Martín. Según consignó la Policía, «muertos por autoeliminación mediante disparos efectuados desde corta distancia».

Sin embargo, en las autopsias realizadas en agosto de 1986, tras una exhumación de los cuerpos, quedó completamente descartada la versión entregada por Carabineros. El cuerpo de Isidro Salinas registraba dos impactos en la cabeza, uno de larga distancia y otro de corta. La causa de muerte de Margarita Eliana Martín fue traumatismo cráneoencefálico y torácico por balas con salida de proyectiles.

En el caso de María Paz Martín, la causa de la muerte es una «herida de bala cráneoencefálica, la trayectoria intracraneana seguida por el proyectil es de derecha a izquierda, abajo arriba y levemente hacia atrás. Se trata de un disparo con cañón apoyado«.

La jueza Ariaselva Ruz, quien estuvo a cargo de la investigación, procesó en 1988 a los funcionarios de Carabineros Sergio Gajardo Giadach, Julio Eladio Benimello Ruz, José Luna García como autores de homicidio, y como encubridor, el coronel Augusto Sobarzo Legido. Pero al pasar el caso a la justicia militar fueron sobreseídos en 1993.

Yorka comenta que «desde ese tiempo fuimos una parte de la familia que hemos seguido el caso y ya han pasado 35 años y aún no tenemos justicia. Lo que tenemos es parte de la verdad de lo que sucedió. Se les cayó abajo el montaje que hicieron, que ellos se habían quitado la vida, pero no fue así».

«Nosotros seguiremos exigiendo justicia porque es lo que queremos. La verdad ya la sabemos y la hemos dicho siempre y ahora hay papeles que lo avalan, que Isidro no se suicidó, que él no mató a mi mamá o viceversa, sino que lo asesinaron de una forma brutal», agrega.

Rompiendo el silencio

Pese a la negativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la AFEP continuó con su periplo para poder reunir los fondos para lanzar el libro que recopila las historias de 205 menores de edad ejecutados por la dictadura. Lograron, finalmente, optar a un fondo monetario del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio.

Alicia Lira explica que la investigación se basó principalmente en el Informe de Verdad y Reconciliación. Sin embargo, en la agrupación no querían mostrar una estadística, querían mostrar las historias y por eso se pusieron en contacto con los familiares de las víctimas.

De las 205 historias contadas en el libro, 160 corresponden a niños ejecutados, 41 niñas y cuatro nonatos que tienen un espacio aparte producto de lo delicado del tema, puesto que fueron cuatro las mujeres detenidas que dieron a luz a sus hijos durante las interminables sesiones de torturas.

Alicia Lira comenta que «si bien el proyecto tuvo financiamiento, fue poco apoyado por el Gobierno de Sebastián Piñera y solo se lograron imprimir 500 copias del libro, pero a raíz de la actitud de la preocupación, de la difusión, de lo que está pidiendo la gente, se verán en la obligación de buscar reeditar el libro y esperamos contar con el futuro Gobierno de Gabriel Boric para hacerlo».

El libro se iba a lanzar el próximo 27 de enero en la Región de Valparaíso. Sin embargo, y ante la gran cantidad de contagios de COVID-19 que sacude a Chile, fue postergado hasta nuevo aviso.

Finalmente, Yorka Salinas comenta que «es totalmente necesario un libro así y que sean muchos, puesto que tenemos que seguir trabajando en la memoria de nuestros caídos, eso es parte de nuestro trabajo, que se siga haciendo memoria, que las nuevas generaciones conozcan lo que se ha vivido, lo que se vivió hasta hace poco con el estallido y lo que se vive hasta el día de hoy».