Gabrielli Rojas Hernán Hector Jose

Carlos Bau, quien al momento del golpe era gerente de finanzas de Inacesa –empresa que administraba Ruiz-Tagle- relata hoy lo que sufrió a manos de uniformados en 1973. De entre sus recuerdos, reforzados con conversaciones de oficiales de la Fach que compartieron celda con él, surge el nombre del general Hernán Gabrielli Rojas, a quien dice haber visto golpeando al asesinado ingeniero y haber sido torturado a manos suyas. "De repente, Gabrielli llamó a Eugenio Ruiz-Tagle, y cuando él se presentó, empezó a golpearlo, a darle puñetazos. Cuando Eugenio cayó al suelo, se sumaron a la golpiza otros miembros de la comitiva, le daban puntapiés en el suelo. Fue una cosa horrorosa. Le pegaban entre varios".

En una reunión en La Moneda, en la que participó el Vicepresidente José Miguel Insulsa, se decidió que el general Hernán Gabrielli debiera responder las denuncias que lo vinculan con torturas a detenidos ocurridas en 1973. El testimonio dado a conocer el miércoles pasado por Carlos Bau Aedo, donde involucró, entre otros, al actual Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, general Hernán Gabrielli, en las torturas sufridas por Eugenio Ruiz-Tagle Orrego en la base aérea de Cerro Moreno en Antofagasta, causaron preocupación tanto al interior de la institución como en el Gobierno.

En todo caso y tal como consta en el curriculum vitae del general Gabrielli, en 1973 se encontraba destacado en el Ala N1 de la Fuerza Aérea con asiento en la base aérea de Cerro Moreno en Antofagasta. Y lo complicado para el general, en todo caso, es que el testimonio de Bau formará parte de la investigación que sustancia el juez Juan Guzmán. De hecho, el magistrado ya lo citó a declarar, pues es uno de los sobrevivientes de la Caravana de la Muerte y estuvo detenido junto a otros prisioneros que, como Eugenio Ruiz-Tagle y Mario Silva Iriarte -dos de los hombres que según Bau fueron golpeados por Gabrielli- fueron ejecutados tras el paso de la comitiva encabezada por el general (R) Sergio Arellano Stark.

El modus operandi para enfrentar este episodio se estableció ayer temprano y sin dificultad: Gabrielli enfrenta una acusación extrajudicial y La Moneda le concederá el beneficio de la duda hasta que se adopte alguna resolución judicial. Recién entonces podría hablarse de la aplicabilidad de la llamada "doctrina Izurieta", que ya falló en Carabineros.

Por lo demás, el gobierno no olvida los desmentidos judiciales a denuncias contra otros altos oficiales como el actual comandante en jefe subrogante del Ejército, general Emilio Cheyre o las revocatorias de los procesamientos de otros camaradas de armas. Así las cosas, la línea política frente a esta y futuras denuncias será la misma que se ha adoptado oficialmente frente a los antecedentes que entregaron las FF.AA acerca de los detenidos desaparecidos: quien verifica es la Justicia.

Luego de reunirse con el ministro del Interior, el comandante en jefe (s) de la Fach, Hernán Gabrielli, se declaró inocente de los cargos que pesan en su contra y aseguró que no estuvo en Cerro Moreno en la fecha que consignan las denuncias. 

Cuatro horas después, el abogado Jorge Balmaceda interpuso un requerimiento por ley de seguridad. Así, Gabrielli utilizó el arma judicial más potente que tenía entre manos, pues actualmente es el comandante en jefe subrogante de la Fach. Y como tal, está protegido -al igual que las principales autoridades de todos los poderes del Estado- contra "las ofensas" que se efectúen en su contra. Esta opción judicial -que fue analizada por la Auditoría de la Fach- fue interpretada en círculos ligados a la defensa como una señal para envidenciar la molestia de las Fuerzas Armadas frente a la serie de acusaciones surgidas contra los uniformados tras la entrega del informe sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, entre las que se incluye una querella por obstrucción a la justicia presentada contra los comandantes en jefe de las instituciones armadas. De hecho, el Ejército y la Armada apoyaron los pasos seguidos por Gabrielli.

Ex subteniente de la FACh: ''Gabrielli es una persona siniestra'' El ex suboficial, quien declarara en 1976 que el comandante en jefe (S) de la FACh había torturado a un niño que más tarde murió, sostiene desde España -donde vive y trabaja como médico- que "Gabrielli es una persona siniestra. Es un mentiroso patológico. Le conozco muy bien, desde que tenía 14 ó 15 años, de los tiempos de la Escuela de Aviación".

En una carta a la opinión pública chilena a la que ha tenido acceso El Mundo, Navarro afirma que "en esos días se formó rápidamente y en forma voluntaria un grupo de torturadores" encabezado por el citado Vargas del Campo y "del que formaban parte el entonces comandante de grupo Gonzalo Pérez Canto, los entonces capitanes Hernán Gabrielli Rojas, León Dufey y Raúl Tapia Edole y el comandante de escuadrilla sanitario Silvio del Lago". Este último, según el testimonio de Navarro, era el doctor que "mantenía con vida a los torturados para que pudieran seguir siendo torturados".

En relación con publicaciones de diferentes medios de prensa, que dan cuenta de declaraciones del Sr. Carlos Bau Aedo y posteriormente de otras dos personas que me señalan como autor de una agresión en la persona de Dn. Eugenio Ruiz-Tagle, y presunto autor de apremios ilegítimos inferidos a ellos, debo manifestar a la opinión pública lo siguiente:

1.- Niego de la manera más categórica y absoluta cualquier participación que me pudiera haber correspondido en los hechos denunciados, señalando mi completa inocencia respecto de ellos, así como desconocimiento de las razones que puedan tener los denunciantes para imputármelos.

2.- Los más de veintisiete años transcurridos hacen tremendamente dificultuoso para cualquier persona reconstituir lo ocurrido en esa época, en particular en la fecha en que se me imputa la agresión al Sr. Ruiz Tagle. Sin embargo, una situación de carácter estrictamente personal me permite recordar en forma precisa lo sucedido en aquellos días. Así fue que siendo Teniente de la Fuerza Aérea, contraje matrimonio religioso el día 7 de septiembre de 1973, el que se celebró en la ciudad de Santiago y en consecuencia, me encontraba haciendo uso de un permiso especial. Por este motivo no tuve actuación alguna en el pronunciamiento militar del día 11 de septiembre de 1973, encontrándome en esa fecha fuera de la Guarnición de Antofagasta.

3.- Con ocasión de los hechos ocurridos el 11 de septiembre del 73, obviamente tuve que suspender mi permiso de matrimonio y presentarme en Santiago, para luego iniciar viaje a Antofagasta, junto a mi cónyuge, el cual hicimos en mi automóvil particular. Mi presentación al servicio en la Base Aérea de Cerro Moreno, en Antofagasta, fue el día 13 de septiembre en la tarde, asumiendo mis funciones de piloto en el Grupo de Aviación N 8 al día siguiente.

4.- En mi calidad de piloto e instructor de aeronaves de combate, no me correspondió participar en interrogatorios de ninguna naturaleza, toda vez que no me desempeñaba en funciones de seguridad.

5.- Con posterioridad, dentro del mismo mes de septiembre de 1973, fui destinado como Jefe Militar del Aeropuerto Chacalluta, de la ciudad de Arica, puesto en el que permanecí hasta aproximadamente fines del mes de octubre del año 1973.

6.- Me llama profundamente la atención que esta denuncia en los medios de prensa aparezca en esta fecha, siendo que el suscrito ascendió a general el año 1998 y posteriormente fui ascendido a General de Aviación el año 1999, ocupando, a contar de entonces, el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea que actualmente ostento, acontecimientos ambos que fueron de amplia difusión en el país y que por lo tanto podrían haber sido fácilmente cuestionados de haber algún impedimento en mi contra.

7.- Finalmente informo a la opinión pública que los hechos señalados precedentemente los he puesto en conocimiento del Sr. Comandante en jefe de la Fuerza Aérea y del Sr. Ministro de Defensa nacional Subrogante y he decidido presentar ante los tribunales de justicia, una querella criminal en contra de todos los que resulten responsables de las graves injurias de que he sido objeto

HERNÁN GABRIELLI ROJAS

General de Aviación

Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (Subrogante)

Hace no tanto tiempo, cada paso, cada fallo, cada apelación del caso Pinochet eran seguidos ansiosa y detalladamente, sin importar lo remoto del tribunal o lo lejana que estuviera la posibilidad de que el ex dictador fuera sometido a juicio. Podía resultar curiosa entonces la relativa indiferencia ayer ante el comienzo de la audiencia en la Corte de Apelaciones de Santiago que decidirá si Pinochet seguirá procesado y bajo arresto domiciliario en su quinta de Bucalemu. Un motivo es lo endeble de la argumentación de la defensa, que aseveró ayer que su cliente sólo se enteró de los fusilamientos de la “Caravana de la Muerte” después del hecho, y que en cualquier caso ahora no recuerda nada porque padece de “demencia moderada”. Esta versión contrasta con pruebas casi inapelables, incluyendo una nota firmada por Pinochet que ordenaba encubrir un fusilamiento. Y estas pruebas, a su vez, generaron una crisis en el Estado chileno que contribuyó bastante a desviar la atención del último giro en el caso Pinochet: la denuncia de torturas contra el actual jefe en funciones de la Fuerza Aérea Chilena (FACH), Hernán Gabrielli Rojas. 

Ayer el escándalo estaba hundiendo cada vez más al gobierno del presidente socialista Ricardo Lagos. Gabrielli era el sucesor casi seguro del actual comandante de la FACH, Patricio Rojas, y como su segundo ya asumió ese cargo ante la ausencia de su jefe por enfermedad. Ahora, su carrera está jaqueada por las versiones de que habría sido uno de los verdugos más sanguinarios de la “Caravana de la Muerte”. Un ex oficial, quien había asistido a la Escuela de Aviación junto con Gabrielli, Ricardo Navarro Valdivia, relató ayer cómo fue arrestado por “constitucionalista” y detenido en su propia base aérea unos días después del golpe de Estado de 1973, y cómo pasó a recibir las atenciones de varios de sus ex camaradas en armas, incluyendo Gabrielli: “Era una persona siniestra, un mentiroso patológico y una bestia despiadada: fue uno de los torturadores más brutales con Ruiz Tagle, le pegaba culatazos en la espalda, le pateaba, le insultaba”. El propio Navarro fue torturado por Gabrielli (“con el ‘submarino’, con corrientes eléctricas”) y sólo lo salvó la “piedad” de Pinochet, quien conmutó su pena a destierro. En una declaración anterior hecha en los ‘70, Navarro había afirmado que Gabrielli fue directamente responsable de la tortura y muerte de un joven de 14 años. 
Confrontado con este personaje, el ministro de Defensa chileno Mario Ramírez aseguró ayer que Gabrielli cuenta con el respaldo de Lagos sólo en la medida en que “es un oficial que defiende su honra”. ¿Pero no sabía el gobierno sobre sus antecedentes? “No sabía, me gustaría saberlo todo, pero yo no soy de esas personas que lo saben todo, es difícil eso.” Además de la dificultad en que todo esto ya colocó al socialista Lagos, su neutralismo se hizo más insostenible ayer a partir de una contraquerella que presentó el general. Con ese notable talento de los abogados pinochetistas para exagerar el contraataque, ayer el letrado Jorge Balmaceda anunció que invocaría la Ley de Seguridad Nacional (un legado de la dictadura) contra denuncias que eran “un delito contra el orden público, contra la Fuerza Aérea como institución del Estado”. Incluso Ramírez, acusado varias veces de ser demasiado cercano a los militares, admitió que tenía “muy serias reservas” acerca de esa estrategia. 

Frente a esta crisis del gobierno, no podía sino resultar menos excitante el último giro del proceso contra Pinochet. Un factor podría ser su falta de originalidad respecto a los anteriores: la decisión de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago (la sala de verano, vale aclarar) es impredecible (dos de sus tres jueces votaron por desaforar a Pinochet, pero los tres rechazaron el viernes procesar al ex jefe de la DINA Manuel Contreras), la defensa argumentó que el proceso contra Pinochet era parcial e inconstitucional y, por supuesto, el fallo, sea cual fuere, puede y sin duda será apelado ante la Corte Suprema. Lo único notable ayer era que la defensa reservó su arma más importante, la supuesta incapacidad física y mental de su cliente para someterse ajuicio, para una apelación aparte que comenzará el mes que viene. No en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, claro, sino en la Quinta

«Yo vi cómo torturaba el general Gabrielli»

Ricardo Navarro Valdivia, un ex oficial represaliado acusa al 'número dos' de la Fuerza Aérea Chilena de violar los derechos humanos

MADRID.- Ricardo Navarro Valdivia se ha decidido a tirar de la manta. Cuando Augusto Pinochet dio el golpe de Estado en Chile que derrocó al presidente Salvador Allende —aquel fatídico 11 de septiembre de 1973—, Navarro tenía 19 años y era subteniente (el equivalente a alférez en España) de la Fuerza Aérea Chilena.

Estaba destinado en la base aérea de Cerro Moreno, en la región de Antofagasta, justo el lugar donde operaba la tétrica Caravana de la Muerte que torturó y ejecutó a decenas de personas.

Pocos días después de la cruenta asonada, a Navarro le citaba el entonces comandante de grupo y jefe del Estado Mayor de Cerro Moreno, Marcial Vargas del Campo, y le comunicaba que, conocidas «sus posiciones constitucionales», es decir, contrarias a la rebelión militar, estaba arrestado y se le prohibía abandonar el cuartel. El subteniente Navarro, sin embargo, tenía cierta libertad de movimientos dentro de las dependencias destinadas a los oficiales y dice que, por eso mismo, pudo ver «cosas que ponen los pelos de punta».

En una carta a la opinión pública chilena a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Navarro afirma que «en esos días se formó rápidamente y en forma voluntaria un grupo de torturadores» encabezado por el citado Vargas del Campo y «del que formaban parte el entonces comandante de grupo Gonzalo Pérez Canto, los entonces capitanes Hernán Gabrielli Rojas, León Dufey y Raúl Tapia Edole y el comandante de escuadrilla sanitario Silvio del Lago». Este último, según el testimonio de Navarro, era el doctor que «mantenía con vida a los torturados para que pudieran seguir siendo torturados».

Navarro, que ahora es médico estomatólogo y reside en Madrid, declara con detalles que vio cómo Gabrielli y Rafael Ulzurrún los más brutales, según sus palabras torturaban a Eugenio Ruiz-Tagle, un ingeniero que terminó fusilado sin juicio previo en octubre de 1973. «Fue entre el 15 y el 20 de septiembre. Le pegaban culatazos en la espalda, le pateaban, le insultaban… ¡A cara descubierta!», manifestó.

Gabrielli es ahora general y el número dos de la Fuerza Aérea Chilena y sobre él ya pesan las denuncias de, al menos, dos ex presos políticos que le tachan también de haber practicado la tortura. Tras haber cancelado abruptamente sus vacaciones para dar explicaciones a las autoridades civiles y militares, Gabrielli negó ayer «de manera categórica» los cargos que le imputan y anunció que había presentado una querella criminal por injurias.

«Gabrielli es una persona siniestra. Es un mentiroso patológico. Le conozco muy bien, desde que tenía 14 o 15 años, de los tiempos de la Escuela de Aviación», sostiene Navarro, dispuesto a testificar ante el juez Juan Guzmán. «Todos estos torturadores tienen el mismo hilo de personalidad. Hacia el exterior son gente agradable, pero por dentro son bestias despiadadas». ¿Fue Navarro testigo de delitos aún más serios como el asesinato? «Sé muchas cosas, pero no me constan. Por lo que vi, creo que en Cerro Moreno murió gente por las torturas. Se les fueron de las manos. Luego inventaron lo de los helicópteros que salían hacia el Pacífico [para echar al mar a los represaliados]».

El propio Navarro fue detenido el 6 de octubre de aquel año y fue torturado por cuatro compañeros de la base aérea (por el momento prefiere no decir sus nombres). «Me aplicaron el submarino [meten la cabeza del torturado bajo el agua y la sacan cuando aquél está a punto de ahogarse], me dieron corrientes eléctricas. Otra vez me dejaron totalmente desnudo durante toda la noche [en una región donde hace mucho frío]». Condenado a cinco años y un día de prisión por traición a la patria, Pinochet le conmutó la pena por la de extrañamiento (exilio forzado). Asilado político en España, sólo pudo visitar su patria en 1990.

¿Por qué no ha hablado antes este valioso testigo ocular? «La verdad es que yo ya lo había hecho. Hice declaraciones en plena dictadura, en 1976-1977, pero no me hicieron caso. La primera vez, en una entrevista a un diario alemán; la segunda, durante un congreso antifascista en Helsinki». Ahora considera que «es el momento oportuno» de evocar el pasado, porque «han cambiado mucho las cosas en Chile», sobre todo después de que «le tomaran las huellas dactilares a Pinochet». «Sé positivamente que hay gente muy decente dentro de las Fuerzas Armadas chilenas. Hay coroneles que quieren cambiar la imagen del estamento castrense y castigar a los torturadores. Estoy muy orgulloso del pueblo chileno y de sus Fuerzas Armadas», concluyó Navarro.

A la opinión pública chilena:

Mi nombre es Ricardo Navarro Valdivia de profesión médico estomatólogo residente en España.

El 11 de septiembre de 1973 tenía yo 19 años y era subteniente de la FACH destinado en la base aérea de Antofagasta Cerro Moreno. En los primeros días después del 11 de septiembre fui citado por el entonces comandante de grupo y jefe de Estado Mayor de Cerro Moreno, Marcial Vargas del Campo. Este me informó que eran conocidas mis posiciones constitucionalistas, por esto era arrestado y pasaba a un estado de observación, me quitaron el mando de tropa y las armas, además se restringió mi libertad de movimiento con la prohibición de abandonar la base aérea.

En esos días se formó rápidamente y en forma voluntaria un grupo de torturadores de los cuales el jefe era el ya mencionado comandante de Grupo Marcial Vargas del Campo y del cual formaban parte los entonces comandante de Grupo Gonzalo Pérez Canto, los capitanes Hernán Gabrielli Rojas, León Dufey y Raúl Tapia Edole y comandante de escuadrilla sanitario Dr. Silvio del Lago.

En la base aérea de Cerro Moreno torturaban fundamentalmente en tres lugares: en una pieza adyacente al comedor en el casino de oficiales, en una oficina en el primer piso del edificio administrativo y en las celdas de arresto en el edificio de la guardia a la entrada de la base.

Del grupo de torturadores se destacaban Hernán Gabrielli Rojas y Rafael Ulzurrun por la brutalidad y la frecuencia con que torturaban a la gente.

Además en varias oportunidades al entrar o al salir del comedor en el casino de oficiales pude presenciar que en la pieza adjunta al comedor Hernán Gabrielli y Rafael Ulzurrun torturaban a los señores Eugenio Ruiz Tagle y Mario Silva.

El 6 de octubre de 1973 fui detenido y brutalmente torturado por cuatro oficiales de este grupo, la acusación «traición a la patria». La experiencia demuestra que en acusaciones a miembros del alto mando de las FFAA éstos intentan transformar su responsabilidad en un «problema institucional» escudándose cínicamente en el espíritu de cuerpo que tienen estas instituciones, insinuando una crisis política que compromete a todas las FFAA.

Investigaciones científicas internacionales sobre la psicología del torturador demuestran que éstos presentan características psíquicas comunes en todas partes del mundo. Entre otras tienen una gran incapacidad para reconocer y asumir su responsabilidad (recibieron órdenes, los hechos sucedieron en medio del combate, etc.) además poseen una personalidad dividida, hacia el exterior obsesionados por dar una imagen de personas correctas, honorables y excelentes padres de familia, en su interior en alguna esquina oscura y lúgubre de su conciencia acecha la bestia insaciable esperando su oportunidad.

Por esto no es de extrañar que algunos miembros de las FFAA no teniendo la información y conociendo sólo la imagen exterior del torturador, se declaren solidarios con algunos de ellos en primera instancia.

Personas de la estatura moral de un Hernán Gabrielli no deben ser nunca un parámetro para enjuiciar y condenar a toda una institución como la FACH.

Hay torturadores que alcanzan altos grados en las instituciones armadas, esto es debido a que muy rápido se formó una nomenclatura de la tortura y el terror al interior de las FFAA, sobre la base de dependencias mutuas basadas en el conocimiento y el silencio de sus crímenes. Esto les permite hacer carrera sin méritos profesionales. Si se aisla a los torturadores del resto del alto y medio mando, se puede ver que en el orden jerárquico están unidos unos a otros como las perlas de un collar.

A los críticos de las Fuerzas Armadas les digo que piensen que los oficiales que se graduaron en diciembre del 2000 eran niños menores de 10 años en el año 1989 cuando llegó la democracia en Chile, y las generaciones de oficiales de 1989 hasta el año 2000 llegan hasta el grado de capitán, esto es más que un simple análisis de un aspecto generacional. Yo conocí las Fuerzas Armadas por dentro, en especial a la FACH, en ellas hubo y hay gente honesta y excelentes profesionales. Por esta razón las críticas y condenas generalizadas me parecen injustas, poco éticas y sin ningún valor para el proceso democrático. Hay que castigar a los culpables con todo el peso de la ley, este es un proceso complejo y difícil muy sensible al clima político general que se vive en el país.

Sin dar nombres me consta que hay muchos oficiales de alta, mediana y pequeña graduación que están dispuestos a limpiar la imagen injustamente dañada por unos pocos miembros de las FFAA.

Estoy y estaré siempre orgulloso de lo que el pueblo chileno ha alcanzado en el proceso democrático, incluyendo a las FFAA sin las que esto hubiera sido imposible.

Dr. Ricardo Navarro Valdivia.

Madrid, 12 de febrero de 2001

Dos nuevas querellas criminales contra el general de la Fuerza Aérea, Hernán Gabrielli Rojas fueron presentadas ante el ministro Juan Guzmán Tapia, a cargo del proceso por la denominada "Caravana de la Muerte". De esta forma ya suman 5 las acciones legales contra el alto oficial.

Los abogados de derechos humanos Carmen Hertz y Eduardo Contreras afirmaron que ambas acciones legales se dedujeron por la presunta responsabilidad que tendría el alto oficial en los delitos de aplicación de tormento (tortura) y asociación ilícita.

Los libelos acusatorios se interpusieron a nombre de los ex ejecutivos de la hoy desaparecida empresa Inacesa, Carlos Bau, -quien concurrió personalmente a los tribunales- y Eugenio Ruiz-Tagle, ejecutado en Antofagasta, el 19 de octubre de 1973.

El viernes de la semana pasada se entablaron ante el juez Guzmán otras tres querellas por torturas y apremios ilegítimos relacionados al paso por Antofagasta de la comitiva militar a cargo del general Sergio Arellano, conocida como "Caravana de la Muerte".

Los abogados Hiram Villagra y Eduardo Contreras sostuvieron que las tres acciones legales están dirigidas -entre otros- contra Gabrielli, pero el profesional Juan Bustos sostuvo que en los libelos sólo se menciona en forma específica al ex Presidente Augusto Pinochet.

TESTIMONIOS

La querella interpuesta ayer por los apremios en contra de Eugenio Ruiz-Tagle fue oficializada ante el juez Juan Guzmán por la abogada Carmen Hertz, en representación de la hija del fallecido, Josefa Ruiz Tagle.

"Va contra Pinochet y Gabrielli. Hay numerosos testimonios que fundamentan nuestra acción. En el escrito no se habla de la ejecución de Ruiz-Tagle, pues por ese hecho se interpuso un libelo hace mucho tiempo", explicó la profesional.

En tanto, Eduardo Contreras, patrocinante de la querella interpuesta a nombre de Carlos Bau, precisó que en el escrito se acusa de los hechos al general Gabrielli, a Augusto Pinochet y a dos ex oficiales de la FACH, León Duffey y Gonzalo Pérez Canto.

"Gabrielli está identificado por varias personas como responsable de torturas en la base aérea de Cerro Moreno de Antofagasta. Bau, mi representado, así lo ha denunciado desde hace muchos años, incluso ante órganos internacionales", subrayó el abogado.

Al planteársele que el alto oficial de la FACH insiste en su total inocencia, Contreras comentó: "Está faltando a la verdad. Primero dijo que no estuvo en Cerro Moreno. Después que estuvo, pero que no vio prisioneros. Ahora admitió que trasladó presos ¿Cómo se entiende esa situación?", se preguntó. BAU DECLARO POR INJURIAS 

En tanto, Carlos Bau prestó también ayer su declaración ante el ministro Jaime Rodríguez, a cargo del proceso por el requerimiento por Ley de Seguridad Interior interpuesto por el general Hernán Gabrielli mientras se desempeñaba como comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

El magistrado Rodríguez interrogó el viernes de la semana pasada como inculpado a Juan Ruz, otra de las personas que acusan de torturas a Gabrielli. 

AUDITORES DE LAS FF.AA.

Los auditores de las Fuerzas Armadas y Carabineros siguen analizando distintos cursos de acción a seguir, en el plano judicial, frente a las dos querellas presentadas, por sectores de izquierda, en contra de los comandantes en jefe, a quienes acusan de obstruir a la Justicia. Ayer, el Octavo Juzgado del Crimen acogió a tramitación la segunda de las querellas por obstrucción a la justicia presentada por familiares de detenidos desaparecidos en contra de los altos mandos.

Uno de los cursos de acción que se analizan es invocar normas de la Ley de Seguridad del Estado. También se discute si se responde querellándose por injurias y calumnias graves. Ambos caminos los estiman plenamente válidos, pese a que algunos abogados dudan que los altos oficiales puedan recurrir a la Ley de Defensa del Estado puesto que primero deben responder a la querella interpuesta en su contra. En tanto, un tercer estamento de juristas sostiene que no se debe seguir ninguno de esos dos caminos, sino simplemente no contestar. Indican que las querellas presentadas por sectores "que se dicen defensores de los DD.HH. son netamente políticas" y sin ningún asidero legal sólido y que se destruirán en breve, por parte de los mismos Tribunales.

Afirman que es inconvenientes que las autoridades uniformadas se coloquen a la misma altura que los querellantes, contestando con otra querella, pues al seguir esa vía, le están abriendo una "caja de resonancia" a grupos de izquierda dura, que son muy minoritarios en el país.

Afirman que los Comandantes en Jefe deben tener una reunión con el ministro de Defensa y demandar del gobierno una solución política, pues es evidente que las querellas presentadas contra ellos tienen ese cariz.

Los hechos ocurridos durante el régimen de Pinochet podrían llevar a los tribunales a jefes militares en actividad.

El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Chile llegó este domingo a Santiago para defenderse de acusaciones por actos de tortura. El general (a) Hernán Gabrielli, interrumpió sus vacaciones en Estados Unidos y tiene previsto reunirse con el subsecretario de Aviación del ministerio de Defensa, Nelson Haddad.

El actual segundo en el mando aeronáutico de Chile fue señalado por varios testigos como uno de los protagonistas de violaciones a los derechos humanos tras el golpe que encabezó el general Augusto Pinochet en 1973.

Las denuncias vinculan a Gabrielli (cuando entonces era teniente) con la tortura a un preso político en la base aérea de Cerro Moreno, en Antofagasta, quien fue ejecutado por la "Caravana de la Muerte".

Sin declaraciones
El jefe aeronáutico llegó en un vuelo regular en la mañana del domingo al aeropuerto internacional de Santiago.
Sin hacer declaraciones a la prensa se retiró hacia su residencia, desde donde se esperaba que saliera a un encuentro con representantes del gobierno en un lugar no determinado. Algunas fuentes cercanas al ministerio de Defensa dijeron a la prensa que posiblemente el subsecretario de Aviación, Nelson Haddad le instará a hacer sus descargos en forma privada y pública.

La misma reserva que tuvo el militar en el aeropuerto, demostró también el ministro del interior, José Miguel Insulza quien se negó a comentar el tema. Sin embargo, la portavoz de la presidencia, Carolina Tohá calificó de grave la denuncia y negó que La Moneda haya solicitado formalmente una aclaración. "Pensamos que es ante los tribunales de justicia donde deben hacerse aclaraciones", indicó para dejar en manos del general Gabrielli la decisión de cómo enfrentará los cargos.

La denuncia
El general Hernán Gabrielli fue señalado esta semana por Carlos Bau Aedo, quien estuvo detenido en 1973 en la base aérea de Cerro Moreno, a más de 1.300 km. al norte de Santiago. El denunciante mencionó que el entonces teniente de la fuerza aérea participó de abusos, entre otros, contra el preso político Eugenio Ruiz Tagle, ex gerente de la Industria Nacional de Cemento (Inacesa).

La ejecución de Ruiz Tagle, el 19 de octubre de ese año es atribuida a la "Caravana de la Muerte", una comitiva militar que ejecutó a 75 presos políticos. Estos hechos ocurrieron a poco de comenzar el régimen que encabezó el general Augusto Pinochet, quien está siendo procesado por su supuesta autoría intelectual en los mismos.

Reacciona la FACH
Luego de las acusaciones, la Fuerza Aérea de Chile (FACH) salió al paso defendiendo al general en un comunicado en el que, además, expresó su preocupación por denuncias que "carecen de todo rigor jurídico". Fuentes de la FACH indicaron que un equipo jurídico analizará los pasos a seguir, tras las reuniones previstas entre el general Gabrielli, los mandos institucionales y autoridades del gobierno.

En los últimos meses se han multiplicado las denuncias contra jefes militares en actividad, a quienes se acusa de haber participado en violaciones a los derechos humanos en los primeros años del gobierno militar de Pinochet.

Inútiles han resultado los esfuerzos de la Fach por desligarse de los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Una consecuencia directa de los reportajes de denuncia del periodista Víctor Gutiérrez publicados en el diario “La Nación”, fue la dimisión del quinto hombre en la línea de mando institucional, general Patricio Campos Montecinos, ex jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil y enlace de la institución durante la mesa de diálogo. Su esposa, Viviana Lucinda Ugarte Sandoval (“la Pochi”), desempeñó un activo rol en el siniestro Comando Conjunto, según las declaraciones formuladas a “La Nación” por el ex agente “Colmillo Blanco”, a quien el diario “El Mercurio” identificó como el coronel en retiro de la Fach Otto Trujillo, actualmente procesado y recluido en la ex Penitenciaría.

El Comando se habría reorganizado con el objetivo de tergiversar la información entregada por la Fach a la mesa de diálogo y entorpecer las investigaciones judiciales que comprometen a miembros de la Fuerza Aérea, con ayuda de abogados civiles financiados por la institución. El informante de “La Nación” mencionó también al coronel Roberto Serón Cárdenas, comandante Juan Luis López López y al civil Alejandro Figari Verdugo (ex militante de Patria y Libertad), como agentes de la represión que se mantienen activos. La mayoría fueron procesados por el ministro en visita Carlos Cerda en 1986 y luego sobreseídos por la Corte Suprema. Pese a la trascendencia de las denuncias, la Corte de Apelaciones rechazó la designación de un ministro extraordinario y la investigación judicial quedó en manos del juez del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza, quien acumula la mayoría de los procesos de víctimas del Comando Conjunto. Pero también el presidente Ricardo Lagos solicitó al alto mando una investigación en el interior de la Fuerza Aérea y no faltaron quienes pidieron la salida del comandante en jefe, general Patricio Ríos.

Esta es la segunda gran crisis que estremece a la Fach bajo la comandancia del general Ríos. El año pasado debió pasar a retiro su mano derecha, el general Hernán Gabrielli, jefe del estado mayor y segunda antigüedad institucional. Este se perfilaba como futuro comandante en jefe hasta que cinco querellas por tortura frustraron sus planes.

Independientemente de que se haya reorganizado o no el Comando Conjunto, los ex uniformados de la Fuerza Aérea que están enfrentando en los tribunales a quienes los torturaron en los primeros tiempos de la dictadura militar no dudan que se ha urdido una trama para obstruir la justicia.

El capitán Donoso Parra encabeza un desfile en su base aérea.

Uno de ellos es Jaime Donoso Parra, ingeniero aeronáutico y capitán en retiro de la Fach, quien formó parte del grupo de oficiales constitucionalistas contrarios al golpe de Estado. “He declarado en muchos juicios y participado en varios careos, y lo único que ellos hacen es negar lo que hicieron -dice-. Luego, uno sale del careo y en los pasillos del juzgado ve cómo el tipo que acaba de declarar le cuenta a sus abogados todo lo que dijo al juez. Eso permite instruir al siguiente requerido por el tribunal sobre lo que tiene que decir para no entrar en contradicciones. Estoy convencido que esconden información sobre los detenidos desaparecidos. Esto no puede ignorarlo el comandante en jefe Patricio Ríos y es muy probable que exista una interacción entre las cuatro instituciones, lo que me parece un error porque a mi juicio los responsables de los crímenes son personas y no las instituciones en sí”.
El testimonio que entrega el ex capitán Jaime Donoso corresponde a la represión ejercida por la Fach contra alrededor de 60 hombres de sus filas en los primeros años del régimen militar, específicamente en la Academia de Guerra Aérea (Aga), verdadera escuela para quienes formaron en 1975 el Comando Conjunto. Uno de los más brutales torturadores de la Aga fue el jefe del naciente Comando Conjunto, Edgar Ceballos Jones (“Comandante Cabezas”).

BACHELET Y LOS OTROS

El capitán Donoso, con dos años de antigüedad al momento del golpe de Estado, tuvo una temprana evidencia de lo que preparaban los altos mandos. Entre mayo y junio de 1973 le correspondió desempeñarse como oficial de ronda de la Guarnición de Santiago y en una oportunidad le ordenaron inspeccionar la Academia de Guerra Aérea a las dos de la mañana. “Al identificarme ante el suboficial de guardia, quien me conocía porque yo era alumno de la Academia, pretendió impedirme la entrada. Eso me pareció sumamente sospechoso, así que saqué mi pistola y lo detuve por impedir que el oficial de ronda, máxima autoridad de la guarnición, ingresara a la base. Entonces me explicó que el general Gustavo Leigh, quien estaba en el interior, le había pedido que no dejara entrar a nadie”, relata el ex uniformado. Decidió llevarlo encañonado hasta adonde estuviera el general Leigh, que en esa época era jefe del estado mayor y segunda jerarquía después del comandante en jefe, César Ruiz Danyau. Al ingresar a la base vio que estaban estacionados los autos de casi todos los generales. En la sala de conferencias había luz, pero la puerta estaba cerrada. “La abrí de una patada, con la pistola en la mano y el suboficial al lado. La sala quedó sumida en un silencio espectral. Normalmente, cuando un capitán patea una puerta lo menos que hace un general es arrestarlo. Pero todos se quedaron calladitos. Lo que me quedó inmediatamente graficado en la mente fue el plano de Santiago, donde habían colocado aviones diseñando circuitos para atacar La Moneda, la casa del presidente en Tomás Moro y las estaciones de radio. No me cupo la menor duda que se estaba planificando un golpe de Estado. El general Leigh me pidió que lo disculpara, me dio todas las explicaciones posibles, dijo que estaban haciendo un juego de guerra… ¡Claro, a las dos de la mañana! Me imagino las puteadas que debe haber recibido el general que me envió a efectuar la ronda”.

¿Qué hizo usted luego de tener esa evidencia?
“Fue una luz de alerta para los cinco o seis capitanes que éramos constitucionalistas. Habíamos estado en la universidad, la mayoría éramos ingenieros y teníamos una relación con la sociedad diferente a la del militar neto. No estábamos por el golpe de Estado y sentimos que nuestra misión era denunciar lo que se preparaba. Decidimos agruparnos en forma más estrecha y buscar vías políticas para entregar esa información al presidente de la República. Nos reunimos con los senadores Eric Schnake (PS) y Anselmo Sule (PR), y con Carlos Lazo, presidente del Banco del Estado. Ellos consiguieron una entrevista de algunos miembros del grupo con el presidente Salvador Allende, pero él no les creyó. Dijo que estaba convencido que los militares jamás darían un golpe de Estado, porque le habían jurado lealtad. Pienso que Allende era muy orgulloso. Estaba convencido que podía manejar políticamente la situación y que no sería avasallado”.

¿Ustedes simpatizaban con algún partido político?
“No, ni siquiera estábamos de acuerdo con el gobierno de Allende, que a esas alturas no era bueno, aunque yo había votado por él, porque me gustó su programa. Pero teníamos la convicción que debíamos respetar la Constitución y la ley, de acuerdo con lo que habíamos juramentado. Para nosotros, el jefe máximo era el presidente de la República y no el comandante en jefe. Por eso, hasta el último momento seguimos insistiendo en entregar la información que teníamos. Cuando ocurrió el golpe de Estado nos detuvieron a todos, junto con los generales Alberto Bachelet y Sergio Poblete, y el coronel Ernesto Galaz. Les atribuyeron vinculaciones marxistas, pero sólo cumplían con su deber”.

¿Los mantuvieron en la Aga?
“Sí, y la agresión contra nosotros fue brutal, porque nos consideraban traidores… a ellos. Cuando conversábamos, les decíamos que eran ellos los que estaban traicionando la Constitución y la patria. Nos golpeaban, nos hacían simulacros de fusilamiento, nos ponían electricidad en las partes más sensibles -incluso en heridas abiertas- y nos quemaban con cigarrillos. También empleaban drogas e hipnosis. A algunos los colgaban de unos ganchos, como en una carnicería, y los azotaban. La Academia de Guerra Aérea era un centro de torturas atroz. Los generales eran pateados en el suelo por los pelados. Buscaban la degradación máxima de nuestra personalidad. Había presos a los que les sacaron las uñas. A otros los destrozaban, los cortaban igual como un carnicero corta un chancho”.

¿Quién estaba al mando?
“Ahí estaba comprometido Leigh. Lo vi dando instrucciones precisas de lo que había que hacer. Yo había sido instructor de vuelo del general Orlando Gutiérrez, y después él fue mi torturador. Era el jefe, lo presenciaba todo. También estuvo presente Leigh cuando torturaron al general Poblete. Me lo contó en una carta que me escribió, y que está en el juicio. A él lo quemaron en el pecho y en las manos. En la Fuerza Aérea, en 1973, se estableció la tortura como un procedimiento normal para interrogar a prisioneros. No se preguntaba qué había que hacer con un preso, derechamente se le torturaba y se le decía ‘esto es lo que tienes que confesar’. Era un procedimiento estándar”.

Usted fue procesado?
“Después de las torturas nos hicieron el famoso sumario en tiempo de guerra llamado ‘Fach contra Bachelet y otros’, que ahora estamos impugnando ante la Corte de Apelaciones. Desgraciadamente ésta señaló que el caso debía pasar a la justicia militar, lo que es una aberración. Vamos a seguir insistiendo, porque queremos que se reconozca que no se cumplió con el debido proceso y que nos entreguen la documentación que nos corresponde. Tras el sumario, se nos hizo un juicio en el cual no teníamos defensa, no se permitió que nuestros abogados argumentaran tortura. A mí, que había denunciado el golpe, me acusaron de ‘incitación a la sedición’, ‘traición a la patria’, ‘creador del Plan Zeta’ y del ‘Plan Fuga’. Nada de eso existía. Nos condenaron en diciembre de 1973, cinco a la pena de muerte y otros a presidio. Mi condena era a 20 años. Posteriormente me la rebajaron a 15 años, y a los condenados a muerte, a 30 años de presidio. Estuve dos años preso en distintos centros militares y al final nos llevaron a la cárcel pública de General Mackenna. En 1975 aplicaron el DL 504 que nos permitió partir al exilio”.

¿En algún momento se encontró con el general Alberto Bachelet?
“Estuvimos juntos en la cárcel. El general Bachelet tenía un problema al corazón perfectamente tratable, pero si le ponían corriente, la cosa se complicaba. Fue lo que ocurrió. Un día lo sacaron para llevarlo a la Academia de Guerra. Volvió con quemaduras de cigarrillos, marcas de electrodos y con una violenta taquicardia. El doctor Alvaro Yáñez, que era uno de los presos, dijo que estaba muy mal, que necesitaba cuidados especiales. Poco después murió. En una ocasión, Leigh dijo que cómo se podía pensar que la Fuerza Aérea podía hacer esas cosas. El cinismo de los torturadores era increíble”.

¿Ha tenido oportunidad de enfrentar a sus torturadores?
“He sido careado con quienes fueron mis torturadores directos, en diferentes procesos a cargo de los jueces Juan Guzmán, Mario Carroza y Rubén Ballesteros. He declarado contra Hernán Gabrielli, el general Orlando Gutiérrez y toda una lista de torturadores. En los careos he comprobado la pequeñez de estos hombres que cuando torturaban y tenían todo el poder sobrepasaban la racionalidad humana. En la Academia mataron a un sargento de un balazo y el general Gutiérrez felicitó al soldado que le disparó. Y ahora veo a algunos seriamente dañados, como Edgar Ceballos Jones; los comandantes Ramón Cáceres y Sergio Ulises Swain; el general Orlando Gutiérrez. En esa época se paseaban por la Academia como verdaderos pavos reales, ahora los veo escondidos y cabizbajos en los juzgados. Uno les dice ‘cobarde, maldito cobarde, cómo no puedes reconocer lo que hiciste’. Bajan la cabeza y responden ‘no me acuerdo’”.

¿No muestran arrepentimiento?
“Creo que no, pero sí vergüenza, porque no se atreven a mirar de frente. Y nunca dan sus direcciones. Son unos malditos cobardes, no se puede decir otra cosa. Felizmente, han caído en contradicciones. La gran diferencia con ellos es que nosotros andamos con la cabeza en alto, nos mostramos en cualquier parte y vamos a los juzgados abiertamente, sin ningún temor, porque tenemos la conciencia limpia”.

EL CAPITULO GABRIELLI

Los ex presos de la Fach vivieron el exilio en distintos países, pero siempre mantuvieron entre ellos lazos de amistad. Jaime Donoso Parra se fue a Inglaterra, donde estudió aeronaútica superior e hizo un doctorado en aerodinámica y mecánica de fluidos en la Universidad de Londres. Se convirtió en un investigador científico de alta calificación y desarrolló una exitosa carrera profesional en la empresa privada. Inventó cuatro métodos de alta tecnología para solucionar problemas matemáticos complejos, que fueron debidamente patentados. Con uno ganó en 1997 un Premio Nacional de Ciencia y Tecnología otorgado por el Ministerio de Defensa. Sus últimos años de exilio los vivió en Suiza.

¿Cuándo iniciaron acciones ante la justicia?
“Los ex presos de la Fach sólo pudimos volver a Chile a comienzos de la década del 90, cuando era imposible hacer un juicio contra las Fuerzas Armadas porque los poderes fácticos tenían intacto su poder. Pero pensamos que algo teníamos que hacer y participamos activamente en el proceso de gestación de la ley de exonerados. Finalmente algunas personas decidieron enjuiciar por daños físicos y perjuicios. Hay ex presos dementes en Inglaterra, recluidos en hospitales siquiátricos. Otros tienen daños en los oídos, algún miembro de su cuerpo inmovilizado, enfermedades óseas por los golpes y la electricidad, o no les funcionan bien algunas partes del cerebro y se olvidan de cosas. Así nos encontramos con el Codepu, que nos ha asesorado en los juicios, y con el problema del general Hernán Gabrielli. En febrero del 2001, Carlos Bau Aedo, ex ejecutivo de la Industria Nacional de Cemento S.A. (Inacesa), denunció que Gabrielli lo había torturado a él y a otros prisioneros en 1973 en la base aérea de Cerro Moreno, de Antofagasta, entonces a cargo del comandante Marcial Vargas del Campo. A sus denuncias se sumaron los ex detenidos Juan Ruz, doctor en pedagogía y actual funcionario del Ministerio de Educación, y Héctor Vera, doctor en comunicaciones y vicerrector de la Universidad de Antofagasta. Los tres fueron víctima de tormentos físicos y psicológicos, y presenciaron cómo el entonces subteniente Gabrielli torturó salvajemente a Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, gerente de Inacesa, que junto al gerente de Corfo, Mario Silva Iriarte, fue ametrallado el 19 de octubre por la Caravana de la Muerte. Los afectados iniciaron un proceso por torturas en contra de Hernán Gabrielli, en el que los ex presos de la Fach han participado como testigos. Según declaraciones de uno de ellos, el entonces subteniente de aviación Ricardo Navarro Valdivia, Hernán Gabrielli no sólo lo torturó a él, sino también a un niño de 14 años a quien le causó secuelas que acabaron con su vida en el hospital de Antofagasta. Navarro declaró desde España en una entrevista a Televisión Nacional: “Toda la Fuerza Aérea sabía y sabe que Gabrielli es un torturador”. Otros testigos de la Fach que fueron víctimas o presenciaron torturas ejecutadas por quien llegó a ser jefe del estado mayor de esa institución son el capitán Juan Muñoz y el subteniente Oscar Navarro, oficiales de la rama de finanzas de la Fach en Antofagasta, y los cabos segundos Luis Gabriel Torres Valeria y Antonio Jara Castro.

¿Usted conoció al ex general Gabrielli?
“Nos conocimos en la Escuela de Aviación, fuimos amigos y le tuve mucha estimación. Cuando estábamos en la cárcel comenzaron a llegar presos de Antofagasta, como Carlos Bau y algunos suboficiales, que describían a Gabrielli como uno de sus torturadores. No cabía la menor duda. Yo le escribí dos cartas entre 1999 y 2000, antes de los juicios, para que viera la forma de que se compensara a quienes éramos de la Fuerza Aérea. Primero, en el aspecto moral, que es lo que más nos interesa, y luego material, porque a nosotros nos cortaron la vida a los 30 años. Nunca contestó esas cartas. La querella que Gabrielli presentó contra Carlos Bau, Juan Ruz y Héctor Vera por difamación, injurias y calumnias fue cerrada a los tres meses por el juez Ballesteros, quedando en evidencia que Gabrielli torturó, aunque esto sigue siendo la declaración de una persona contra otra. El continúa negando, pero van a seguir declarando todos los que lo vieron y sufrieron las torturas. De acuerdo con lo legalmente establecido, tendremos a estas personas en primera línea hasta que en algún momento tengan que reventar. ¡Ya aparecerá un piloto o suboficial que cuente cómo les cortaban la guata a los prisioneros y los tiraban al mar! Nosotros tenemos que ir buscando los mecanismos para acorralarlos”.

¿Qué clase de torturador era Gabrielli?
“Existían los torturadores ‘profesionales’, como los de la Academia de Guerra Aérea, y otros ocasionales, que eran los que estaban en las guardias. En este último grupo se ubicaba Gabrielli, que en esa época era un teniente de 24 ó 25 años. Los torturadores ‘oficiales’ de la base de Cerro Moreno, como el comandante Gonzalo Pérez Canto, les decían a los tenientes jóvenes que ‘ablandaran’ a los presos antes de entrar a la interrogación. Y aunque podían evitarlo, porque no era su obligación, los agarraban a golpes y patadas. Yo los llamo ‘torturadores torpes’. Esto ocurrió en todas las bases, incluida la de Quintero, donde estaba el general Patricio Ríos, actual comandante en jefe. Todos los tenientes y subtenientes de esa época, si estaban en servicio, deben haber tenido contacto con prisioneros. También los alférez y subalférez, que hoy son los generales que están bajo Ríos, deben haber participado cuando menos en las ‘operaciones rastrillo’, donde también se torturó. Que unos pegaban más y otros menos, lo tendrá que determinar la historia. Para eso estamos haciendo estos procesos. Vamos a escarbar hasta encontrar testigos que se atrevan a declarar, porque la verdad es que muchos de la Fuerza Aérea aún no dan ese paso. En los años 96-97 algunos me pidieron que por favor no los nombrara, porque ellos y sus familias habían sido amenazados. Pero ahora tenemos una ley de prensa que nos permite hablar. Por eso estoy escribiendo un libro con mis memorias donde voy a decir lo que yo vi de la historia, desde el lugar en que ésta me puso. Y me puso a este lado, porque yo tenía principios distintos a los de ellos, tan simple como eso”.

¿Alguna vez lo han amenazado a usted?
“En forma indirecta, me enviaron amenazas por teléfono cuando puse un recurso de amparo contra el general Fernando Rojas Vender, en la época en que era comandante en jefe. Pero nunca tuve miedo, estoy haciendo lo que corresponde”.

¿Por qué ese recurso de amparo?
“Se relaciona con otro problema que tenemos. Cuando jubilamos o nos dan de baja, nos tienen que entregar un documento que diga que uno es un oficial de la Fuerza Aérea dado de baja, jubilado, exonerado o lo que sea. A nosotros no nos han entregado ese documento, y por eso no nos permiten entrar a algunos lugares de la Fach. A mí incluso me han obstaculizado el paso en el Ministerio de Defensa. ¡A qué nivel llega el enclaustramiento en que están los uniformados que ni siquiera permiten a la ministra de Defensa que intervenga en esto! Debería bastar que la ministra Michelle Bachelet le dijera al comandante en jefe que nos entregue la documentación, porque es lo que corresponde legalmente. En este momento se está tratando de llegar a un acuerdo, pero si no lo hay me voy a querellar contra la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea. Anteriormente presenté un recurso de amparo contra el general Rojas Vender y Jaime Lavados, rector de la Universidad de Chile. Sucedió que ambas instituciones convocaron a un diplomado en Derecho Aeronáutico y del Espacio, y postulé como un ciudadano cualquiera. Las clases se daban en la Academia de Guerra Aérea. El rector de la Universidad de Chile consultó a la Fach y le enviaron una carta firmada por Rojas Vender diciendo que yo no podía ingresar. Torpemente, él me remitió esa carta. Y con ella en mano, presenté el recurso. Fernando Rojas dilató todo lo que pudo la tramitación del recurso y al final mandó una carta a la Corte Suprema diciendo que yo no tenía ninguna prohibición para ingresar a la Academia. La presentó el 28 de agosto y el curso terminaba el 1 de septiembre. ¡Esa es la mentalidad sucia que tiene esta gente! Pero nada puede extrañar de alguien como Fernando Rojas Vender, que se llevaba muebles para su casa como pertrechos de guerra. El tiene una historia tenebrosa dentro de la Fach, porque siempre fue de mala calaña. Claro que todos los generales que viajaban al extranjero en esa época traían motos de agua y muebles como pertrechos de guerra, en circunstancias que la ley les permite, igual que a los diplomáticos, traer bienes de hasta 15 mil o 20 mil dólares sin impuestos. ¡Pero ellos traían mucho más!”.

¿Se ha enfrentado alguna vez con Hernán Gabrielli?
“Se ha negado a conversar conmigo. El día que teníamos un careo ante el magistrado Mario Carroza se fue a Estados Unidos y nos dejó al juez y a mí plantados. Tampoco se presentó a otro careo ante el juez Ballesteros. No me cabe la menor duda que torturó, tenemos testigos torturados por él y otros que presenciaron esas torturas. Eso es lo que he declarado en tres juzgados. El juez Carroza me va a volver a llamar, porque le pedí que quiero ver a Gabrielli y enfrentarlo. El general León Duffey, un hombre bruto que se sabía esconder muy bien, torturó con Gabrielli en Antofagasta y después pasó a la Academia de Guerra. Se dejaba ver muy poco en la Academia, igual que Florencio Dublé, quien llegó a ser jefe del estado mayor cuando Fernando Rojas Vender era comandante en jefe. Pero nosotros los identificábamos bien. Todos están siendo enjuiciados y tendrán que declarar. Hay que juzgarlos, pero no con el objetivo de que los castiguen. Lo único que me interesa es que reconozcan lo que nos hicieron y que queden claramente establecidas sus culpas”

Los siguientes oficiales, suboficiales y personal civil de la Fuerza Aérea, principalmente de la Academia de Guerra Aérea, participaron, practicaron o dirigieron las sesiones de tortura a que fueron sometidos los acusados en el proceso “Fach contra Bachelet y otros”, según una lista confeccionada por el capitán en retiro Jaime Donoso:

– General ingeniero Orlando Gutiérrez Bravo, jefe operativo y fiscal acusador en el proceso.
– Comandante de grupo piloto Sergio Lizosain Mitrano, presumiblemente segundo en la línea de mando de los torturadores.
– Comandantes de escuadrilla Edgar Ceballos Jones (ingeniero), Ramón Cáceres Jorquera y González Pérez Canto (pilotos). Este último operaba en la base Cerro Moreno y fue muy conocido por su sadismo.
– Comandante de escuadrilla piloto Jaime Lavín Fariña (después fue ascendido a general y se le prohibió ingresar a EE.UU. por su participación en actos de tortura).
– Capitanes de bandada pilotos Alvaro Gutiérrez (también reconocido por su agresividad y sadismo), Víctor Mettig, León Duffey (operó en Antofagasta y Aga, posteriormente ascendido a general) y Florencio Dublé (también ascendido a general).
– Tenientes Juan Carlos Sandoval (ingeniero), Hernán Gabrielli Rojas (piloto, operó en Antofagasta y fue ascendido a general), Franklin Bello y otro de apellido Dumont.
– Suboficial Juan Norambuena, sargento de aviación Hugo Lizana y cabo de aviación Gabriel Cortés.
– Asesores jurídicos Víctor Barahona, Jaime Cruzat y Cristián Rodríguez.
El general en retiro Sergio Poblete y otros ex presos de la Fach identificaron a los tenientes José García Huidobro, Alberto Waschtendorf y John Ramírez -la mayoría con títulos de inteligencia militar obtenidos en Panamá, Brasil y Estados Unidos- como también al coronel abogado Julio Tapia Falk, que fue auditor en el consejo de guerra que condenó a los procesados. Presidió ese consejo el general de brigada Juan Soler Manfredini y lo integraron los coroneles Eduardo Fornet Fernández (después ascendido a general), Humberto Berg Fontecilla (médico), Sergio Sanhueza López (ingeniero), Javier Lopetegui Torres y el comandante de grupo piloto Carlos Godoy Avendaño

Es un avance sin duda, señalar y sancionar a los torturadores que operaban bajo el amparo de la dictadura militar, ojala también que esto sea el inicio de un proceso de identificación y de llevar a la justicia a todos quienes se apoderaron de la las instituciones militares, en este caso de la Fuerza Aérea, para cometer uno de los actos mas repudiables, la traición, el asesinato y la tortura en contra de personas inocentes a nombre  de la libertad y del deber militar.

Que no sea esto un intento mas frustrado, son muchas las expectativas de justicia, de que estos temas que se relacionan a los torturadores, a las violaciones a los derechos humanos, no sigan siendo negociables con fines políticos o para mantener la impunidad. A los chilenos nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo con la ley de amnistía de 1978 que protege a cientos de  militares y civiles autores o encubridores de lo que paso en Chile, se nos impuso.

Es tiempo que estos temas salgan de los cuarteles y de los salones del congreso, haciendo de ello un gran debate nacional al cual tenemos derecho. En Chile la democracia recortada que vivimos no permite participar en las decisiones, por eso ya es tiempo que se escuche la opinión ciudadana sobre el amplio espectro de los derechos humanos.

Desde siempre hemos sostenido que deben ser los altos mandos militares, los oficiales superiores y subalternos, el personal de cuadro permanente involucrados, dirigentes políticos y empresarios que se coludieron para conspirar en contra de un gobierno legitimo y democrático, quienes deben responder por sus actos ante la justicia.

Hoy se ha corroborado una verdad pendiente, que los ex Coroneles Edgard Ceballos y Ramón Cáceres torturaron al General Bachelet y que son culpables de su muerte, que hicieron lo mismo con un centenar de sus ex compañeros de armas, quienes nos opusimos al golpe de estado y que la FACH se transformara en una institución al servicio de políticos y empresarios ambiciosos tanto nacionales como extranjeros.

La justicia sabe que en la Academia de Guerra había otros torturadores, el ahora General Gabrielli, el entonces Comandante de Escuadrilla Piloto Jaime Lavín Fariña, los Capitanes de Bandada Pilotos Álvaro Gutiérrez, Víctor Mettig, León Duffey, Florencio Dublé, Juan Carlos Sandoval y el Teniente Dumont. Los suboficiales Sargento de Aviación Hugo Lizana, el Cabo de Aviación Gabriel Cortes entre otros. También sabe que en diciembre de 1973, el director de la Academia de Guerra Aérea era el General Fernando Mathei, del centro de detención y tortura mas conocido de le época. Y que este general estaba a la cabeza del recinto militar durante el periodo en que el General Alberto Bachelet y nosotros ex miembros  de la Fach fuimos torturados en ese lugar.

No sé si habrá cobardía más grande que la de ocultarse detrás del uniforme militar, del poder o de la  obediencia debida y de las leyes de amnistía, para justificar o cometer violaciones, torturas crueles, infringidas a personas maniatadas o los asesinatos clandestinos. Para hacer esto sus autores se han justificado en que sostuvieron una guerra en contra del comunismo y del marxismo, lo que se ha comprobado es falso, que los enfrentamientos no pasaron de ser algunos focos  de resistencia valiente y heroica al poder de fuego de las FFAA en contra de un pueblo indefenso.

En premio a “los combates” que todos estos valientes soldados libraron en las cámaras de torturas, con  enemigos maniatados, maltratados y desarmados se pusieron cientos de medallas al pecho y se condecoraron entre ellos, algunos bendecidos por la iglesia,  alimentando el ego falso del deber cumplido.

Es bueno recordar a estos señores que el cumplimiento del deber militar y el honor, los valores militares, el patriotismo son conceptos que se materializan y comprueban en la vida real, en la práctica del quehacer militar. Que los militares valen por lo que valen sus valores y la manera de como los viven, cuyo ejemplo está en la figura del General Alberto Bachelet, de los Suboficiales Enrique Reyes e Ivan Figueroa entre otros.

Por eso es que con orgullo reivindicamos lo que hicimos, fueron estos torturadores quienes nos acusaron de traición a la patria y de faltar a los deberes militares, porque propagamos la libertad de pensar como parte del profesionalismo militar, la libertad de conciencia para ejercer el mando y obedecer sobre la base de la disciplina consciente, identificándonos con el respeto a quienes soñando con su libertad, eligieron responsable y pacíficamente a Salvador Allende como Presidente.

Creemos que es tiempo que las Fuerzas Armadas miren su historia, lo bueno y lo malo de sus actuaciones, porque necesitan reivindicarse con la base de su potencial combativo, que es su relación con el pueblo chileno. Rescatar esa identidad necesaria pasa por reconocer el periodo en el cual las Fuerzas Armadas fueron instrumentos del terrorismo de estado ejercido por una dictadura militar.

Una acción noble que permitiría de una vez por todas que muchas familias conozcan el paradero de sus seres queridos desaparecidos, lo que facilitaría reconstruir la identidad entre los chilenos y su ejército.

Como lo hemos afirmado antes, la historia de Chile no se puede cortar en dos, entre la realidad actual y la de esa época, porque ambos periodos corresponden a un proceso y son la base de una explicación coherente del porque aun somos un país dividido.

Por eso reconocemos la importancia de lo que ha hecho la justicia al identificar y juzgar a los ex Coroneles Ceballos y Cáceres, porque no se sigue el camino del olvido, que como se ha demostrado no ayuda a nadie, por el contrario, es una equivocación histórica que le hace mucho daño al país. Sobre todo a los jóvenes chilenos, quienes sin haber vivido esta etapa difícil y muy dura, son víctimas directas o indirectas de ella, por la cual continúan condenados a vivir en un país dividido.

Es muy importante también porque al haber justicia, eso nos permite a los chilenos entrar al futuro, leyendo nuestro propio pasado. Y eso si que permitirá que la sociedad en su conjunto se haga un juicio de los hechos y decida el rumbo a seguir sobre este delicado tema.

Pero aun falta y hay que avanzar en este esfuerzo, fallos judiciales como este en ningún caso alteran el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, por el contrario abren un camino necesario para establecer el reconocimiento institucional de los hechos pasados y de las responsabilidades en cada uno de los casos investigados.

Las generaciones mas jóvenes de militares tienen el derecho a conocer la historia de su país, que Oficiales del ejercito no solo torturaron a sus compañeros de armas, sino que asesinaron al General y Comandante en Jefe del Ejército Rene Schneider para impedir que Allende asumiera el gobierno en 1970.

Tienen que saber que oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas asesinaron al General Carlos Prats, a Ministros del Gobierno de la Unidad Popular, José Toha, Orlando Letelier. Que el Comandante de la Fuerza Aérea de Chile, Gustavo Leigh, ordenó el bombardeo a La Moneda y a la casa presidencial con el objetivo de asesinar a Salvador Allende y que son responsables de que más de cuatro mil chilenos fueran asesinados y que muchos de ellos continúen desaparecidos.

Desde hace bastante tiempo hemos manifestado que fuimos testigos del desenlace de una historia que intentamos denunciar y de una ofensiva militar a la cual intentamos oponernos. Por ello es que podemos dar fe que la Fuerza Aérea de Chile, conducida por Leigh y compañía, formaron parte de un plan de guerra y esta asumió la responsabilidad de bombardear La Moneda, para que luego en tierra el ejercito con las fuerzas de Infantería, terminaran la tarea de liquidar todo vestigio de resistencia “ del enemigo “.

Hemos denunciado que los aviones Hawker Hunter cumplieron una misión de bombardeo táctico cuando atacaron el Palacio de Gobierno, el mas importante símbolo de la democracia en Chile, asumiendo que allí estaban atrincheradas “las tropas enemigas” y el puesto de mando del gobierno de Allende, con la misión de aniquilarles. Hemos afirmado también que para ejecutar esta misión tuvieron que tener un plan previo y estudiado, además de practicarlo, lo que demuestra no solo la conspiración, sino que esa acción fue planificada con la misión explicita de asesinar a Salvador Allende y a todos los que estaban resistiendo en el palacio presidencial.

Si alguien tiene dudas de esto que revise los informes periodísticos de la época, los aviones descargaron los cohetes sobre el Palacio presidencial, uno entró por una ventana al salón presidencial y el otro hizo impacto en el techo de un pasillo en el segundo piso y en total, pasaron en vuelo rasante ocho veces descargando 18 cohetes en 20 minutos.

Hoy la justicia sabe que las practicas del bombardeo a la Moneda la realizaron en Cerro Moreno y que participaron el entonces Teniente Ernesto Amador González Yarra y al Teniente Fernando Rojas Vender, el Capitán Eitel Von Mühlenbrock y el teniente Gustavo Leigh Yates, hijo del comandante en jefe de la FACH y miembro de la junta militar. Sin embargo los que aun viven de este grupo  de Oficiales, han declarado a la justicia y se han negado  a reconocer su participación alegando secreto de honor.

Declaraciones que son una ofensa y un insulto a nuestra inteligencia, olvidan estos señores que nosotros somos testigos vivos de sus tropelías y que sabemos que actuaron de forma premeditada y consiente, haciendo uso de todo el poder de fuego contra enemigos creados por ellos para justificar sus acciones.

Los oficiales y suboficiales que participaron en todas las operaciones previas, durante y posteriores al golpe militar, fueron parte de la declaración de guerra demencial, que las FFAA hicieron en contra de los partidarios del gobierno de la Unidad Popular, enemigos que como lo hemos dicho, no eran capturados en combate, sino que se trataba de ciudadanos y ciudadanas chilenos (as) comunes y corrientes sacados (as) de sus casas y llevados a distintos cuarteles militares, maniatados con capuchas en sus cabezas para luego ser cruelmente torturados (as) y maltratados (as).

Estos oficiales subalternos en esa época se sienten orgullosos de lo que hicieron sentimiento que comparte el General Mathei, ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, el que se siente honrado, como lo declaro hace un tiempo atrás “ de haber participado en el gobierno militar, como ministro y como miembro de la Junta de Gobierno”.

Es tiempo entonces de que la justicia ayude a Chile a desenmascarar tanta mentira e hipocresía, son muchos los testigos y los antecedentes que permiten avanzar en este aspecto tan importante y decisivo para la convivencia nacional.

Las Fuerzas Armadas de hoy deben asumir la obligación moral ante la nación y reconocer sin medias tintas, los hechos contra la dignidad del hombre cometidos por integrantes de nuestras instituciones durante la dictadura militar.

Durante ese periodo la Fuerza Aérea fue parte y se involucró en el terrorismo de Estado y montó centros de torturas en sus unidades militares y bajo su jurisdicción. El mas importante fue la Academia de Guerra Aérea, una situación compartida y aceptada por los altos mandos institucionales y a través de ellos, traspasado  a toda la cadena de mando de la institución.

Este es un tema que debiera despertar el interés académico y de los juristas al calor de este tipo  de juicios post dictadura, vinculados con los programas de exterminio llevados a cabo por personas como los dos enjuiciados recientemente.

La profusa cantidad de documentación y testimonios que se hicieron públicos en los dictámenes de las comisiones Retigg y Valech, además de todo lo recopilado en la propia ONU, en Animista internacional, muestran al mundo una compleja burocracia estatal puesta casi exclusivamente al servicio del crimen y la tortura, es decir del terrorismo  de estado.

Habiendo sido parte de la estructura de las FFAA afirmamos que esas evidencias demuestran también, el grado de responsabilidad de sus ejecutores. SI partimos de quienes ejecutaban de propia mano los asesinatos, en la Academia  de Guerra Aérea por ej. y ascendemos a través de la cadena de mandos de la estructura organizativa del ejercito y la dictadura, hasta llegar al propio Pinochet, a medida que nos alejamos de los ejecutores, aumenta no sólo la responsabilidad por los hechos, sino también el dominio acerca de la decisión de lo que dio en llamarse guerra en contra del marxismo.

Por el contrario a medida que se desciende por la cadena de mando, el dominio sobre la concreta configuración de los asesinatos va en aumento, hasta llegar a los que tenían a su cargo cuidar a las víctimas o conducirlas a los recintos militares de tortura y muerte.

Por ultimo las complejas cuestiones que están vinculadas con este tema, se manifiestan ante todo respecto de la criminalidad estatal, dado que la estructura propia del Estado, con sus enormes recursos económicos y humanos, y sus cadenas de funcionarios conformadores de una gigantesca burocracia resulta ser la organización que se adaptó y se puso al frente  de todo esto.

Es necesario acotar también que tratándose de una organización criminal de esta envergadura, la realización del delito en modo alguno depende de los ejecutores singulares solamente. Ellos ocupan una posición subordinada en el aparato de poder, son intercambiables, y no pueden impedir que el hombre de atrás, el “autor desde las sombras”, alcance el resultado, ya que es éste quien conserva en todo momento la decisión acerca de la consumación de los delitos planificados.

Por eso es que en nuestro país hay unas cuantas verdades no dichas y unos cuantos simpatizantes y funcionarios de la dictadura que tratan de lavar su imagen, ya sea afirmando que votaron por el NO en 1989 o tomando distancia de lo que ellos mismos propiciaron. Esta pendiente enjuiciar a los que tuvieron el poder en Chile desde 1973 y encabezaron un esquema de terrorismo de estado contra quienes ellos consideraban eran enemigos del régimen, para condenarlos como autores mediatos con relación a los homicidios, secuestros, torturas y robos que en cada caso fueron comprobados.

En el caso de Chile los integrantes de la Junta Militar primero y del gobierno militar en su conjunto, mantuvieron siempre el dominio sobre los ejecutores y deben responder como autores mediatos de los delitos cometidos.

También es cierto que construyeron un aparato de poder paralelo al formal, basado sobre la estructura militar y que ordenaron a través de la cadena de mandos tanto de las fuerzas militares como de seguridad del Estado, pasar a actuar en la ilegalidad sirviéndose de ese aparato clandestino; no sólo eso, garantizaron a los cuadros no interferir en su accionar, y lo más importante, les aseguraron la impunidad de su actuación por todos los medios a su alcance.

Desde el Centro de Estudios de Exonerados de la Fuerza aérea 1973, seguiremos aportando a que la verdad se encuentre con la justicia. Tenemos la estatura moral para hacerlo, fuimos leales a nuestro juramento y con  nuestro pueblo.

Dr. Enrique Villanueva M.
Vicepresidente Centro  de Estudios
Exonerados Fuerza Aérea 1973