Fuenzalida Rojas Luis Antonio

En fallo dividido la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a nueve militares en retiro por el delito de exhumación ilegal en la causa conocida como retiro de televisores en que se desenterraron cuerpos de víctimas de la dictadura para hacerlos desaparecer definitivamente.

El dictamen adoptado por los ministros Cornelio Villarroel, Mario Carroza y el abogado integrante Manuel Hasbún fija un apela de 270 días de presidio menor en su grado medio además de una multa de 14 UTM para Hernán Ricardo Canales Varas, José Jaime Darrigrandi Márquez, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, José Nelson Canario Santibáñez, Luis Antonio Fuenzalida Rojas, Darío Ernesto Gutiérrez de la Torre, Fernando Remigio Burgos Díaz,  Sergio Antonio Medina Salazar y  Isidoro Custodio Durán Muñoz.

Según detalla la resolución los cuerpos desenterrados desde el recinto militar de Peldehue eran detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, quienes luego trasladados hasta el Regimiento Tacna y más tarde fusilados en el recinto militar de Peldehue, en la comuna de Colina.

El fallo sostiene que “conforme a la acusación que se ha formulado a los encausados, es necesario analizar si el delito de exhumación ilegal, atendido a su forma de comisión y a la participación de agentes públicos en el mismo, puede ser calificado de un hecho común dentro de la óptica criminal; o si por sus características puede tener la calificación de crimen de lesa humanidad, en tanto cuanto la acción de remoción constituyó el último eslabón de una cadena que se inició con la detención de un grupo de personas en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, de los cuales el formado por miembros del Dispositivo de Seguridad y Asesores de la Presidencia de la República fueron amarrados de pies y manos con alambre, subidos a un camión militar y trasladados al recinto fiscal militar de Peldehue. Luego fueron presuntamente fusilados por agentes del Estado constituidos por Oficiales y Personal del Cuadro Permanente y finalmente enterrados en un pozo seco al cual fueron arrojados o cayeron a medida que eran ejecutados, considerando que la remoción efectuada más de cinco años después de dicho secuestro y  presunta ejecución, constituyó la última fase destinada a lograr el ocultamiento de los hechos”.

Y añade que para establecer que los delitos son crímenes contra la humanidad el voto de mayoría de los jueces plantea que “analizados tales antecedentes aparece inequívocamente que las conductas descritas hacen evidente referencia a un eslabón dentro de la cadena de que formó parte del ataque sistemático y generalizado en contra de miembros de la población civil, conforme al plan implementado por la autoridad militar que detentaba el poder, dirigido esencialmente a causar temor mediante el secuestro o desaparición de personas, conductas que realizaban agentes del Estado provistos de todo el poder  que la situación de facto les proporcionaba”.

Y agrega que “esta Corte estima que nos encontramos frente a un crimen de lesa humanidad, por cuanto ofende los sentimientos más íntimos del ser humano, como lo es otorgarle a sus deudos el derecho a una cristiana sepultura o un entierro digno a su condición de persona, y que en razón de ello contraría los principios generales de derecho y se transforma en una preocupación de la comunidad internacional”.

"Tratándose de delitos de lesa humanidad, la imprescriptibilidad de estos ilícitos, que ofenden gravemente los derechos humanos fundamentales, surge como barrera a la impunidad", consigna el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena contra los tres ex oficiales y seis suboficiales de Ejército que exhumaron de manera ilegal los cuerpos de los detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

Tras su arresto, las víctimas fueron trasladadas al Regimiento Tacna y, posteriormente, fusiladas en un recinto militar de Peldehue, donde se enterraron sus restos.

Cinco años después, en diciembre de 1978, los sentenciados hicieron desaparecer los cuerpos en la operación que se llamó Retiro de Televisores.

El dictamen del máximo tribunal ratificó así, por tres votos contra dos, lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, que, en 2008, impuso 270 días de presidio a los ex uniformados por su responsabilidad en los hechos y les otorgó la remisión condicional de la pena.

Los condenados son el coronel (R) Hernán Canales Varas (comandante del Regimiento Tacna a 1978), brigadier en retiro José Darrigrandi Marques (comandante del Comando de Aviación del Ejército a 1978), coronel (R) Luis Fuenzalida Rojas (jefe de Inteligencia del Tacna a 1978) y los retirados suboficiales Eliseo Cornejo Escobedo, José Canario Santibáñez, Darío Gutiérrez de la Torre, Fernando Burgos Díaz, Sergio Medina Salazar e Isidro Durán Muñoz.

El voto de mayoría fue de los ministros Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos Künsmüller, mientras que sus pares Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros estuvieron por acoger la figura de la prescripción de la acción penal.

Asimismo, los jueces resolvieron desechar la demanda de los querellantes contra el fisco. "El plazo de prescripción (de la acción civil) ha transcurrido en exceso", reseña el fallo.

La condena implica 270 días de reclusión menor en su grado medio y el pago de una multa de 14 Unidades Tributarias Mensuales.

La Octava Sala de la Corte de  Apelaciones de Santiago, en decisión dividida, condenó a  nueve ex integrantes del Ejército por el delito de exhumación  ilegal de personas que figuran en las nóminas de detenidos  desaparecidos, y cuyos cuerpos fueron desenterrados -en  diciembre de 1978- desde una fosa en el campo militar de  Peldehue, en la comuna de Colina, en la investigación por el  denominado caso “Retiro de televisores".

Los ministros Cornelio Villarroel Ramírez, Mario Carroza  Espinoza y el abogado integrante Manuel Hasbún Comandari  determinaron la sentencia de 270 días de reclusión menor en  su grado medio y el pago de una multa de 14 Unidades  Tributarias Mensuales (UTM) para Hernán Ricardo Canales  Varas, José Jaime Darrigrandi Márquez, Eliseo Antonio Cornejo  Escobedo, José Nelson Canario Santibáñez, Luis Antonio  Fuenzalida Rojas, Darío Ernesto Gutiérrez de la Torre,  Fernando Remigio Burgos Díaz, Sergio Antonio Medina Salazar,  Isidoro Custodio Durán Muñoz.

Los cuerpos desenterrados corresponden a detenidos en el  Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, quienes  fueron llevados al Regimiento Tacna y más tarde fusilados en  el recinto militar de Peldehue, en la comuna de Colina.

El ministro Carroza y el abogado integrante Manuel Hasbún fueron de  la idea de revocar la sentencia de primera instancia, de  fecha 31 de enero de 2007, que había absuelto a Canales Varas  y Darrigrandi Márquez por falta de participación y acoger la  excepción de prescripción para los otros 7 sentenciados, por  considerar que el delito es un crimen de lesa humanidad, por  lo tanto, imprescriptible.

Acosado por las huellas de sus robos, Pinochet vive momentos decisivos en tribunales. A la investigación por sus crímenes se han agregado la de las cuentas del Banco Riggs, el nuevo procesamiento de su hijo y la confesión de algunos autores de exhumaciones ilegales que lo acusan como quien dio directamente la orden para hacer desaparecer definitivamente los cuerpos de los prisioneros asesinados. Esta operación es la que, en mensaje encriptado, el dictador denominó "Retiro de Televisores".

A fines de 1978, siendo teniente en la Sección II de Inteligencia del Regimiento Buin, el capitán (R) Pedro Andrés Rodríguez Bustos recibió una orden codificada de la Comandancia en Jefe del Ejército, que a su vez era enviada a todas las guarniciones y divisiones del país. 21 años después, en 1999, declaraba ante el ministro Juan Guzmán Tapia que ese mensaje en clave estaba firmado por Augusto Pinochet Ugarte y daba órdenes perentorias "de reunir a los oficiales y suboficiales que hubiesen estado sirviendo en esas unidades entre los años 1973 y 1974. Dicha reunión debía tratar de obtener de este personal la información que tuviesen respecto al paradero de los cuerpos de personas ejecutadas y enterradas al interior de unidades militares o, en este caso específico, en el campo militar de Peldehue, atendiendo que ese campo iba a traspasar parte de sus terrenos a la Compañía Minera Andina y, por lo mismo, debía saberse si en dichos terrenos se encontraban inhumaciones clandestinas, ya que de ser así se requería la exactitud de los lugares para proceder a la exhumación y eliminación de los cadáveres". 
A pesar de que esta información traspasó las paredes de los tribunales, muchas voces interesadas se alzaron para desvirtuar la declaración de Rodríguez Bustos, incluso desde instancias oficiales que hablaban de una "operación de inteligencia", lo que atentó en contra de la credibilidad del ex uniformado.

El peso de los hechos

Sin embargo, el capitán Rodríguez insistiría y otros testimonios vendrían a avalar su exposición. A principios de julio de 2004 ratificaría sus dichos, comenzando por su historia personal: "Ingresé a la Escuela Militar en el año 1967, egresando como subteniente en el año 1972, sirviendo en diferentes unidades del país, entre las cuales puedo destacar el Regimiento de Artillería Motorizado N° 2 'Arica', con guarnición en La Serena, Escuela Militar, Regimiento de Infantería N° 1 'Buin', Cuartel general de la Segunda División, Regimiento de Infantería N° 4 'Rancagua' con guarnición en la ciudad de Arica. 
Hago presente que, luego de haber prestado servicios de refuerzo en el Regimiento Buin, entre los años 1974 y 1975, cumplí funciones como Oficial Instructor en la Escuela Militar, debiendo agregar que el año 1976 soy destinado al Regimiento Buin, donde pasé a cumplir funciones en la Sección II, Inteligencia, debiendo señalar que el año 1978 se recibe una orden de comando emitida por la Segunda División de Ejército, cuyo comandante a esa fecha era el general Enrique Morel Donoso. Dicha orden tenía como referencia la orden de la Comandancia en Jefe del Ejército y fue remitida a todas las guarniciones y divisiones del país". La orden impartida, que apuntaba a no repetir el "bochorno" de Lonquén, sería conocida como "Operación Retiro de Televisores".
En otra parte de su declaración, el oficial Rodríguez señala que "esta reunión -la que congregaba a los que habían participado en ejecuciones y entierros clandestinos- tuvo el carácter de general para estas personas, pero los comandantes de regimientos debían recibir la información en forma individual de los que la iban a proporcionar, así fue como sucedió en el Regimiento Buin y el comandante de la época, coronel Mario Navarrete Barriga, hoy general en retiro, recibió en su oficina privada al personal que debía entregar algún tipo de información, ya que a esa fecha existía un solo oficial que había estado en esos años. Esa información se mantuvo con el carácter de secreto, al igual que la calificación que tenía la orden emanada del escalón superior. Debo hacer presente que, en mi calidad de Oficial de Inteligencia de dotación en esos años de la Sección II del regimiento Buin, con el grado de teniente, recuerdo que entre los suboficiales que se presentaron ante el comandante para entregar la información que poseían, puedo mencionar a dos funcionarios que trabajaban bajo mi dependencia: Juan Ibáñez y Jorge Aguilar, debiendo agregar que a la fecha desconozco qué otros suboficiales de dotación del Buin fueron los que se presentaron ante el comandante para entregar información.
Debo señalar que, en reuniones de coordinación entre oficiales de inteligencia con el comandante del destacamento especial de Inteligencia de la II División, se nos informó que la información remitida a la división y guarnición militar de Santiago tendría siempre el carácter de secreto, pero no obstante ya habiendo hecho un catastro de los lugares donde se encontraban cuerpos, estos iban a ser exhumados por personal del Regimiento de Ingenieros de Puente Alto con apoyo de personal del Comando de Aviación, para su desaparición. También trascendió en esas reuniones que algunos restos humanos iban a ser trasladados dentro del mismo campo militar de Peldehue, desde su fosa original a otros lugares.
Con respecto al cumplimiento de esta orden a nivel nacional, debo señalar que de lo ocurrido con cuerpos enterrados en unidades militares de provincia, debo suponer que el procedimiento fue el mismo al aplicado a Santiago, tanto para obtener información del personal, como para proceder a la ubicación y exhumación de los cuerpos".
En efecto, después de recopilada la información, usando como pretexto público el que se estaba negociando la venta de terrenos de Peldehue con la empresa Minera Andina, se dispuso que era primordial limpiar una franja de tierra que corría al sur del predio, que se le denominaba "Cajón de los Ratones". Por lo mismo, se hizo necesario el traslado de fosas hacia el norte de Peldehue, hacia el cerro Las Tórtolas.
La remoción de cuerpos tuvo como fecha el 23 de diciembre de 1978, día en que un equipo de uniformados procedió a las exhumaciones usando una máquina retroexcavadora, para iniciar las siniestras labores, y luego se dieron a la tarea con picos y palas durante muchas horas. Quien guiaba la búsqueda y excavación era el suboficial Eliseo Cornejo Escobar, uno de los que había participado en los ametrallamientos de 1973. La supervisión había quedado en manos del comandante Hernán Canales Varas.
Los cuerpos, mayoritariamente enteros gracias a la conservación proporcionada naturalmente por la tierra de la zona, fueron metidos de a uno en sacos de papas, trasladados al camión tipo Unimog y subidos a un helicóptero Puma del Ejército. El destino final de los ejecutados de La Moneda estaría mar adentro.
Los traslados de fosas serían comprobados por la ministro Amanda Valdovinos, quien descubriera los restos de Juan Luis Rivera Matus, a quien la "Mesa de Diálogo" había dado por lanzado al mar. Unos meses después vino una nueva sorpresa: en una gran fosa al interior del Fuerte Arteaga se encontraron más de 500 piezas óseas, entre fragmentos de cráneos, extremidades y dientes, que corresponderían a parte de los detenidos de La Moneda. Junto a los restos humanos había restos de granadas y balas. Todo indicaba que, tras ser fusilados a pocos días del golpe militar, los prisioneros habían sido arrojados a la fosa y hechos explotar. 

Por todo Chile

Las últimas investigaciones realizadas en Cuesta Barriga por el ministro Héctor Carreño dieron como resultado el hallazgo de dientes y pequeñas vértebras, presumiblemente pertenecientes a parte de la dirección clandestina del PC secuestrada a fines de 1976. El hecho de que no pudiesen encontrarse huesos de mayor tamaño era prueba de que también aquí habían sido removidos los cadáveres.
Volvieron a tomar fuerza, después de años de silencio obligado, los testimonios de lugareños que aseguran haber visto camiones del Ejército trasladando cuerpos en 1987.
En Calama, la investigación del ministro Juan Guzmán permitió identificar restos de Carlos Berger y a Domingo Mamani. Los fragmentos encontrados evidencian remociones. En Pisagua existe la confirmación de que efectivamente hubo remociones de cuerpos y que fueron destruidos. 
En Chihuío, las 18 personas que fueron ejecutadas y enterradas en octubre de 1973 serían removidas cinco años después, cuando una patrulla militar llegó al sector a desenterrar los cuerpos sin que hasta ahora se conozca su destino final. En 1990 el ministro en visita Nibaldo Segura se constituyó en el lugar y pudo establecer que efectivamente había restos óseos muy fragmentados que quedaron después de la remoción de restos, los que fueron enterrados simbólicamente en el cementerio de Valdivia.
En noviembre de 1979, el Vicario de la Solidaridad Ignacio Ortúzar le entregó al ministro Humberto Espejo, quien investigaba la detención de seis campesinos de Paine, antecedentes acerca de inhumaciones masivas e irregulares en el Patio 29 del Cementerio General, en 200 fosas con cadáveres identificados y N.N. Entre los cuerpos sepultados con identificación había varios detenidos de Paine que habían pasado por el Cerro Chena.
El tribunal constató la existencia de decenas de tumbas con más de un sepultado, así como la existencia de más de 100 con anotaciones de N.N. A fines de 1979, el ministro Espejo comunicó al director del Cementerio la prohibición de incinerar, exhumar o trasladar los restos de personas enterradas sin identificación. A principios de los 80, trabajadores del Cementerio informaron que se estaban llevando los cuerpos, finalmente sólo se pudo identificar a 78 personas de un total que podría haber llegado a más de 200.
Un ex agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), entrevistado por Qué Pasa bajo el alias de "don Eduardo", asegura que las exhumaciones ilegales continuaron hasta muy avanzado el régimen dictatorial. Así fue como en 1986, ante las presiones que ejercía la Iglesia Católica y el difícil panorama político que se enfrentaba, "como se tenía certeza de que había lugares con fosas con restos de detenidos desaparecidos en Peldehue", afirma, "se encomendó la tarea a unidades especializadas de inteligencia a objeto de que se produjeran exhumaciones con el apoyo reservado del Comando de Aviación del Ejército. Los trabajos se realizaron con rapidez y reserva, pero no estuvieron exentos de dificultades. El terreno era muy duro y pedregoso y, si bien los cuerpos estaban enterrados a poca profundidad -entre 50 centímetros y un metro bajo tierra-, fue necesario llevar maquinaria pesada desde el Comando de Ingenieros que quedaba en Santiago, para remover la tierra.
Este proceso duró cerca de un mes. A medida que avanzaban las remociones de cadáveres, se iban almacenando en bolsas de polietileno negro grueso y se ordenaban a un lado de la fosa, para luego cargarlas dentro de un helicóptero Puma, que despegaba hacia la costa ubicada entre Quintero y Valparaíso. La tripulación de la aeronave estaba compuesta por dos oficiales pilotos, dos suboficiales mecánicos y otro telecomunicador. Las bolsas con los cuerpos eran mezcladas con piedras para hacerlas más pesadas. Eran lanzadas al mar desde mediana altura, ya que se creía que al momento de caer se podía romper el polietileno y disgregar su contenido en el mar. Todo se hizo en el más absoluto secreto".

El suboficial Balboa Ortega

Ratificando los dichos de Pedro Rodríguez Bustos, aparece el testimonio de Juan Carlos Balboa Ortega, retirado como sargento primero del Ejército, quien señala que "en marzo de 1979 postulé y fui aceptado en un curso de auxiliar de inteligencia impartido por la Escuela de Inteligencia ubicada en Nos, egresando a fines de agosto de ese año. Al llegar a mi unidad, el Regimiento de Caballería Blindada N° 3, "Húsares de Angol", fui destinado a la Sección II de Inteligencia, siendo en esa época el comandante del regimiento el coronel Patricio Escudero Troncoso. A fines de 1979 se recibió en la unidad un criptograma secreto con denominación A-1, que indica máxima urgencia, proveniente del Comandante en Jefe del Ejército, Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, dirigido a todas las unidades militares del país. En resumen, este documento informaba que todos los comandantes de unidades serían responsables administrativamente de la aparición de cuerpos de ejecutados políticos en su jurisdicción, por lo cual ordenaba realizar todas las diligencias correspondientes para evitar que terceros encontraran los lugares de inhumación de cada jurisdicción militar.
Este documento fue recibido, visado por el jefe de sección y entregado personalmente al coronel Patricio Escudero. Recuerdo claramente haber leído este criptograma y haberlo comentado con los otros integrantes de la sección, entre ellos los suboficiales Rebolledo, Cáceres y Castro. Los criptogramas clasificados A-1 pueden ser recibidos a cualquier hora del día y llegan a la sección Telecomunicaciones del regimiento, que los entrega a la Sección II. El funcionario de esta Sección que los recibe tiene una hora de plazo para descifrarlos y entregarlos al comandante. Posteriormente, en el mes de marzo de cada año, se procede a su incineración junto con todos los documentos recibidos hasta el 31 de diciembre".
El suboficial Balboa señala que "en enero de 1980 me encontraba de vacaciones en un fundo cercano a Mulchén, donde tuve la oportunidad de saber que un grupo de personas de ese lugar había sido asesinado en un lugar que correspondía a la jurisdicción de mi regimiento. Al volver de mi feriado legal le comuniqué esta situación al comandante Escudero, quien me ordenó que fuera a buscar el criptograma que impartía instrucciones sobre este tema y que daba cuenta que serían pasados a retiro los comandantes de regimientos en cuya jurisdicción se encontraran cuerpos de ejecutados políticos. Lo encontré y se lo pasé al comandante, quien llamó al comandante del regimiento de Los Angeles, haciéndole ver que había un problema de jurisdicción, ya que se conocían los antecedentes de ejecutados políticos por parte de personal de esa unidad militar. Por lo anterior, el comandante del regimiento de Los Angeles solicitó que me presentara de inmediato en su unidad.
En Los Angeles me reuní con el comandante del Regimiento de Infantería de Montaña Reforzada N° 17, que me contactó con el jefe de la Sección II de su unidad para organizar el viaje. Al día siguiente salimos en dos vehículos, una camioneta y un station wagon, sin identificaciones militares y de civil. Por el camino Curaco nos dirigimos hacia el sector El Amargo, donde el suboficial Paredes (ver recuadro), de dotación del Departamento II de la III División de Ejército de Concepción, conversó con un lugareño sobre los entierros en el sector.
El primer lugar que visitamos se encontraba en el sector El Amargo, a un costado del camino en la rivera norte del río Renaico. Como no correspondía a mi jurisdicción lo hice presente y unos ocho o nueve funcionarios cruzaron el río. Unas tres horas después regresaron cargando siete u ocho sacos paperos, cada uno con un cuerpo. Luego fuimos unos diez kilómetros al oriente, donde fueron desenterrados otros cuatro cuerpos y subidos a la camioneta, al igual que los primeros. El grupo de Los Angeles estaba bajo las órdenes del teniente jefe de la Sección II, pese a lo cual el mando operativo lo tenía el suboficial Paredes de Concepción, quien dirigía los trabajos mientras el oficial daba su aprobación". 
Sobre el mismo tema, el ex director de la CNI Odlanier Mena Salinas asumió públicamente, a fines del 2000, que "el hallazgo de cuerpos en Lonquén produjo una grave conmoción social interna. El país estaba en los preliminares de la casi guerra con Argentina. Uno de los elementos fundamentales era la cohesión del frente interno, es decir, que la gente estuviera convencida de que el país tenía la razón para ir a la guerra y que apoyara a sus Fuerzas Armadas. Se podía inferir que si aparecían nuevos 'lonquenes' el frente interno se iba a dañar. Por esto los comandantes en jefe resolvieron que las unidades, no CNI, hicieran un catastro de los posibles cementerios ilegales que hubiera en cada zona". 
Mena intenta descartar la participación de la CNI, pero todos los indicios apuntan a que trabajaron en conjunto con las secciones de inteligencia del Ejército para evitar "nuevos lonquenes" y, de este modo, mantener "la cohesión del frente interno". De esta forma, la única solución era obedecer la orden de Pinochet y "retirar los televisores".

Prácticas nazis 
 

En Auschwitz se llegó a un promedio de 24.000 asesinatos diarios usando el método de las cámaras colectivas de gas para luego aplicar la incineración, en crematorios científicamente planificados, como forma de asegurar la eliminación de los cadáveres. Existían 46 nichos de horno, cada uno con capacidad para entre tres y cinco personas. La incineración duraba media hora y, para la limpieza, se ocupaba una hora diaria. Cuando estos hornos no daban abasto, en agosto de 1944, se cavaron seis enormes fosas y se reabrieron algunas anteriores hechas en el bosque contiguo. Las fosas tenían canalizaciones en un lado para recoger la grasa humana hirviendo, que serviría para mantener su funcionamiento junto con la aplicación de aceite y alcohol, pues se necesitaba un fuego fuerte y permanente. Después de encender los hornos con coque al empezar el día hasta que alcanzaban la temperatura adecuada, apenas requerían un poco más de combustible para funcionar.
El suboficial Juan Carlos Balboa señala en parte de su testimonio respecto al destino final de los cuerpos exhumados que ignora lo sucedido "no obstante, recuerdo que el suboficial Paredes comentó que había realizado un curso de inteligencia en Alemania, donde había aprendido a incinerar cadáveres, incluso dijo que había que tener una parrilla grande, poner los cuerpos encima e iniciar el fuego con leña y petróleo, combustible que debía seguir poniéndose en el fuego cada cierto tiempo hasta conseguir que se convirtieran en cenizas completamente".
El Departamento II de Inteligencia del Regimiento Los Angeles contaba con un horno de ladrillos con chimenea. Allí fueron lanzados los cuerpos de una docena de ejecutados de la zona.

Los que saben del "destino final"

En la Escuela de Artillería de Linares, al momento de las exhumaciones ilegales se encontraba al mando el teniente coronel Patricio Gualda Tiffani, quien desde 1985 a 1988 sería el último rector designado de la Universidad de Santiago (USACH).
Gualda dio al capitán Mario Gianotti Hidalgo la orden de formar un equipo de desenterradores, según él luego de recibir la información del "retiro de televisores" por parte de su segundo, el subdirector Ricardo Gaete Villaseñor. Uno de los integrantes del especial equipo era el teniente Hernán Véjar Sinning.
Los autores de la desaparición de seis prisioneros en Linares, procesados por el ministro Alejandro Solís, son el ex vicecomandante en jefe del Ejército Jorge Zincke Quiroz; el ex director de la Escuela de Artillería de Linares y ex comandante de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana, mayor general Carlos Morales Retamal; el general (R) y ex subsecretario de Relaciones Exteriores del régimen militar, Humberto Julio; y los coroneles en retiro Juan Morales y Félix Cabezas.
Por este caso fue citado a declarar el ex director de Investigaciones, Nelson Mery, quien después de septiembre de 1973 fue destinado a la Escuela de Artillería de Linares, en calidad de oficial de enlace con el entonces director de la unidad, coronel Gabriel del Río.
En el caso de los desentierros de Peldehue, el ministro Juan Carlos Urrutia mantiene procesados a cinco uniformados, entre quienes destaca el comandante del Regimiento Tacna en 1978, coronel Hernán Ricardo Canales Varas. Los otros implicados son el jefe de inteligencia de la época Luis Antonio Fuenzalida Rojas, y los suboficiales Eliseo Cornejo Escobedo, José Canario Santibáñez y Darío Gutiérrez de la Torre. Anteriormente, el mismo juez había procesado, como autores del secuestro de 12 prisioneros de La Moneda, a otros nueve uniformados, entre los que figuran el general Luis Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Pedro Espinoza Bravo, quien habría supervisado el ametrallamiento y la sepultación clandestina de los ejecutados.
Canales Varas, en tanto, es quien aparece comandando la operación de exhumación y retiro de los cuerpos que eran ensacados y subidos a un camión Unimog, para luego llevarlos hasta el helicóptero que los conduciría a su "destino final". Los "favoritos" de Pinochet para pilotear estos helicópteros eran los mismos que participaron en la Caravana de la Muerte: Antonio Palomo Contreras, Emilio de la Mahotiere González y Luis Felipe Polanco.
En el caso de Pisagua, los mismos que están procesados por los secuestros y ejecuciones deben tener información de lo ocurrido con algunos de los cuerpos que aún no son encontrados. Entre ellos aparece el suegro del actual Comandante en Jefe del Ejército, el ex vicecomandante Carlos Forestier, junto a Pedro Espinoza Bravo y el suboficial Miguel Aguirre.

 

Nueve ex integrantes del Ejército deberán permanecer 270 días en reclusión menor y deberán cancelar 14 Unidades Tributarias Mensuales

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en decisión dividida, condenó a nueve ex integrantes del Ejército de Chile por el delito de exhumación ilegal de personas que figuran en las nóminas de detenidos desaparecidos, y cuyos cuerpos fueron desenterrados -en diciembre de 1978- desde una fosa en el campo militar de Peldehue, en la comuna de Colina, en la investigación por el denominado caso "Retiro de televisores".

Los ministros Cornelio Villarroel Ramírez, Mario Carroza Espinoza y el abogado integrante Manuel Hazbún Comandari determinaron la sentencia de 270 días de reclusión menor en su grado medio y el pago de una multa de 14 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) para: Hernán Ricardo Canales Varas; José Jaime Darrigrandi Márquez; Eliseo Antonio Cornejo Escobedo; José Nelson Canario Santibáñez; Luis Antonio Fuenzalida Rojas; Darío Ernesto Gutiérrez de la Torre; Fernando Remigio Burgos Díaz; Sergio Antonio Medina Salazar e Isidoro Custodio Durán Muñoz.

Los cuerpos desenterrados corresponden a detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, quienes fueron llevados al Regimiento Tacna y más tarde fusilados en el recinto militar de Peldehue, en la comuna de Colina.

El ministro Carroza y el abogado integrante Hazbún fueron de la idea de revocar la sentencia de primera instancia, de fecha 31 de enero de 2007, que había absuelto a Canales Varas y Darrigrandi Márquez por falta de participación y acoger la excepción de prescripción para los otros 7 sentenciados, por considerar que el delito es un crimen de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptible.

En este sentido ambos establecen que la exhumación de restos se enmarca dentro de un plan que se inició con la detención de los involucrados.

El ministro Cornelio Villarroel Ramírez fue partidario de confirmar la sentencia de primera instancia, por lo tanto rechazó las argumentaciones de sus colegas en cuanto a la aplicación de la legislación internacional para este tipo de hechos.

Dado la extensión de la sanción, la Corte de Santiago dispuso la remisión condicional de la pena debiendo los condenados firmar durante un año en Gendarmería.

El ex vicecomandante en jefe del Ejército Jorge Zincke Quiroz, otros dos generales y dos coroneles en retiro fueron procesados por el ministro Alejandro Solís, en calidad de autores del secuestro calificado en los casos de seis detenidos desaparecidos en Linares en septiembre de 1973. Entre los detenidos figuran dos mujeres, María Isabel Beltrán y Patricia Contreras.

Por este caso fue citado a declarar el actual director de Investigaciones, Nelson Mery, quien después de septiembre de 1973 fue destinado a la Escuela de Artillería de Linares, en calidad de oficial de enlace con el entonces director de la unidad, coronel Gabriel del Río. La resolución del magistrado afectaría, además, al ex director de la Escuela de Artillería de Linares y ex comandante de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana, mayor general Carlos Morales Retamal; al general (R) y ex subsecretario de Relaciones Exteriores del régimen militar, Humberto Julio, y a los coroneles (R) Juan Morales y Félix Cabezas.

Política de exhumaciones ilegales: Pacto de silencio
El 23 de diciembre de 1978 personal del Departamento II de Inteligencia, perteneciente al Regimiento de artillería Motorizado Nº 1 Tacna, junto con funcionarios del cuadro permanente, se constituyeron en el Fuerte Arteaga en Peldehue y premunidos de maquinaria pesada, procedieron a remover una fosa clandestina ubicada en un antiguo pozo seco, en donde el 13 de septiembre de 1973 habían sido enterrados un grupo de asesores y miembros del GAP del presidente Salvador Allende, detenidos en el Palacio de La Moneda.
Para ubicar el pozo, uno de los partícipes (el suboficial en retiro Eliseo Cornejo Escobar) quien cinco años antes había presenciado el fusilamiento de los detenidos en el Tacna y su posterior traslado y enterramiento en terrenos del Fuerte Arteaga, señaló el sitio exacto donde se encontraban dichos cuerpos. Una vez en el lugar, procedieron a cavar y con la ayuda de una pala mecánica, se llegó a unos seis metros de profundidad, encontrando cuerpos prácticamente enteros que se habían mantenido en buen estado al estar bajo tierra arcillosa, lo que impidió su descomposición.
Una vez extraídos los restos, los ponían en sacos, uno a uno para que no se desarmaran. En total fueron colocados entre 12 a 15 sacos y puestos en un camión marca Unimog. Esta acción se realizó entre las 10 y 22 horas, bajo la supervisión del comandante del regimiento de la época, Hernán Canales Varas. El camión trasladó los sacos hasta un parque de estacionamientos ubicado al costado oriente de la Carretera San Martín.
Alrededor de las 22 horas llegó un helicóptero Puma del Ejército que aterrizó en el parque, hasta donde fueron llevados los sacos conteniendo los restos humanos y embarcados en esa aeronave, siendo luego, presumiblemente, arrojados al mar.
Según el Informe Rettig, 21 son las personas que fueron detenidas el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de la Moneda y que, luego de haber permanecido dos días en el Regimiento Tacna de Santiago, fueron fusiladas. En septiembre de 1991, en las excavaciones de 108 tumbas caratuladas como N.N. en el Patio 29 del Cementerio General, se encontraron los restos de 9 de los detenidos de La Moneda.
La identidad de los 12 desaparecidos y que, según la Mesa de Diálogo, habrían sido lanzados al mar, incluye a los asesores Jaime Barrios Meza, (47) ingeniero comercial, gerente general del Banco Central; Enrique Huerta Corvalán, (48) Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, (33) sociólogo, dirigente del PS; Georges Klein Pipper, (27) médico siquiatra, del PC, asesor de la Subsecretaría General de Gobierno; Arsenio Poupin Oissel, (38) abogado, miembro del Comité Central del PS y Subsecretario General de Gobierno; Daniel Escobar Cruz, (37) del PC, Jefe de Gabinete del Subsecretario del Interior. El grupo del GAP lo integraban Oscar Lagos Ríos, (21) del PS; Juan Montiglio Murúa, (24) del PS; Julio Moreno Pulgar, (24) telefonista y ordenanza en La Moneda, del PS; Julio Tapia Martínez, (24) del PS; Oscar Valladares Caroca, (23) del PS; Juan Vargas Contreras, (23) del PS.

En enero de 2001, a raíz del informe de las Fuerzas Armadas sobre el destino de 200 detenidos desaparecidos, la jueza Amanda Valdovinos fue designada como ministra en visita para investigar uno de los datos más concretos aportados por los militares: la existencia de una caverna con 20 cráneos de detenidos desaparecidos en Colina.
Pasaron más de dos meses sin que lograra hallazgos. Pero en marzo sus indagaciones confirmaron uno de los mayores errores de la información emanada de la Mesa de Diálogo, al encontrar en el Fuerte Arteaga de Peldehue, el esqueleto del dirigente sindical del PC Luis Rivera Matus, cuyo cadáver estaba casi completo, pese a que en el informe castrense aparecía como lanzado al mar a la altura de San Antonio. El hecho derivó en el procesamiento del ex uniformado Freddy Ruiz Bunger por secuestro calificado.

Cuatro meses después, las investigaciones dieron más resultados. Al excavar en la gran fosa ubicada al norte de la zona de campaña, la jueza recuperó cerca de 500 piezas óseas (fragmentos de cráneo, de extremidades y dientes) que corresponderían a 12, de los 21 prisioneros ametrallados de La Moneda. Además halló restos de granadas y material balístico.

Durante el año y medio en que tuvo la causa, la magistrado Valdovinos determinó que en 1973 los cadáveres habrían sido detonados tras ser arrojados a un pozo, y que cinco años después fueron removidos. Aunque el informe de las FF.AA. afirma que fueron lanzados al mar, la jueza considera que algunos fueron enterrados en un nuevo lugar.

Según el informe enviado por la magistrado a la Suprema en mayo de 2002, "la detenida observación de restos encontrados en toda el área de la fosa y en el pozo aludido, en cuyas paredes aparecen éstos incrustados, permiten concluir en forma categórica el uso de explosivos del tipo granadas para la destrucción de los cuerpos". La ministra agrega que "hay indicios que el sitio fue removido con maquinaria pesada de gran tamaño y su contenido extraído a mano con relativa minuciosidad".

La ministra se concentró en la cadena de cerros El Talhuenal, ubicados en el mismo recinto militar. En otro escrito enviado a la Suprema , Valdovinos señala que "estos lugares aparecen hoy como destino final probable o entierros secundarios de restos extraídos de las remociones de las primeras sepulturas. Se sabe que los restos fueron sacados y posteriormente hubo un entierro secundario", agregó.

Este es un dato importante, ya que según Valdovinos "no todos los restos fueron lanzados al mar" tras ser exhumados ilegalmente. Agrega que los testimonios que ella recibió "son recurrentes en orden a llamar al lugar como "el rincón de los finados".

Los restos humanos encontrados en el Fuerte Arteaga están en proceso de identificación en el Servicio Médico Legal. Mientras no se establezca la identidad se establece la figura legal de una desaparición forzada. Judicialmente, se trata de secuestro calificado.

En junio de 2002 la Suprema decidió reestructurar las investigaciones de causas de derechos humanos y el caso del Fuerte Arteaga fue traspasado al juez Juan Carlos Urrutia. A partir de los vestigios óseos dejados por la remoción de los restos, el Quinto Juzgado del Crimen inició un proceso por exhumación ilegal por el traslado de cuerpos sin vida.

La penalidad por exhumación ilegal es baja (de 61 días a 540 más multa, según el artículo 322 del Código Penal), pero el hecho agrega otro frente de conflicto, porque amplía la cantidad y el espectro de los procesados. Por ello el juez Urrutia, procesó como autores de exhumación ilegal al ex comandante del regimiento Tacna en 1978, coronel (R) Hernán Ricardo Canales Varas; al ex jefe de Inteligencia, mayor (R) Luis Antonio Fuenzalida Rojas, y a los suboficiales (R) Eliseo Cornejo Escobedo, José Canarios Santibáñez y Darío Gutiérrez de la Torre.
En enero pasado el magistrado ya había procesado a nueve oficiales (R) y suboficiales (R) como autores del delito de secuestro y desaparición de 12 de los prisioneros de La Moneda ejecutados. Ellos son el ex comandante del regimiento Tacna en 1973, general (R) Luis Joaquín Ramírez Pineda, quien se encuentra detenido en Argentina a la espera de que se resuelva su extradición a Francia, donde es requerido por el secuestro y desaparición de Georges Klein. También fue procesado el ex segundo hombre de la DINA, brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo, quien supervisó el ametrallamiento de los detenidos y su posterior sepultación clandestina. Además los suboficiales (R) Teobaldo Mendoza, Servando Maureira, Jorge Herrera López, Eliseo Cornejo, Juan de la Cruz Riquelme, Fernando Soto y Jorge Ismael Gamboa:

El suboficial (R) Eliseo Cornejo Escobedo es el único que figura encausado tanto en las ejecuciones, como en el posterior desentierro de 1978. Su identidad corresponde al “suboficial Uno” que, en diciembre 2002 relató a La Nación Domingo cómo se hizo el desentierro en Peldehue. Los restos, según él, fueron subidos a un helicóptero para ser lanzados al mar.

¿Dónde está el piloto?
En su resolución el juez Urrutia estableció que "los cuerpos fueron desenterrados con máquina retroexcavadora, ensacados y trasladados en un camión hasta un punto en que fueron subidos a un helicóptero Puma del Ejército, que los llevó mar adentro para ser lanzados. Alrededor de las 22 horas llegó un helicóptero Puma del Ejército que aterrizó en el parque de estacionamientos ubicado al costado oriente de la carretera San Martín, a donde fueron llevados en el camión los sacos conteniendo los restos humanos y embarcados en esa aeronave, siendo luego presumiblemente arrojados al mar", señala. “Tal acción de remoción constituyó 'el último eslabón' del destino final de algunos de los detenidos de La Moneda", afirmó el juez.

Existe un cabo suelto en la investigación que lleva el magistrado, que dice relación con la identificación del piloto y del copiloto de la aeronave que habría arrojado los cuerpos al mar. Interrogado al respecto, el magistrado declaró que "por la vía de las presunciones estarían establecidos, pero si fueran las personas que suponemos, estarían fallecidos".

Distinta opinión tiene la jueza Amanda Valdovinos, quien en declaraciones a Radio Bío Bío dijo que "están identificados los responsables que sacaron los restos en dos helicópteros y los lanzaron al mar". Agregó que "hasta se sabe que los restos fueron sacados en dos helicópteros" y que "están identificados los responsables que sacaron los restos en dos helicópteros y los lanzaron al mar. Había personas perfectamente identificadas que realizaron remociones y, es más, había autoridades que sabían del caso", insistió la magistrada.
Con respecto a la remoción de los restos, la jueza Valdovinos señaló que " De acuerdo con lo que yo informé a la Corte Suprema habrían sido sacados con maquinaria pesada y ensacados después, y éstos, a su vez, trasladados por camiones al otro lado de la carretera donde estaban esperando los helicópteros. Uno habría tenido fallas mecánicas; entonces, aparentemente fueron sacados después en dos helicópteros. Fueron lanzados hipotéticamente al mar, de eso da cuenta el informe de la mesa de diálogo".

Interrogado por "El Mercurio" acerca de la identidad del piloto del helicóptero, el suboficial (R) Cornejo afirmó "No lo conocí y ni lo vi. Hay personas que saben quién era el piloto, que lo conocen todos, pero no sé si habrán declarado el nombre. Pero yo no tenía idea. Si hubiese sabido quién era el piloto lo habría dicho y de esto habríamos salido nosotros". El suboficial agregó que no sabe si los cuerpos "fueron llevados al norte, al sur, al mar o a la Cordillera" de los Andes.

Según testimonios, en los kárdex de la DINA se consignaba cuando un detenido estaba destinado a "Puerto Montt". Ese término indicaba que el preso sería asesinado. Otro término, "La Moneda", se usaba para indicar lo mismo, pero tirándolo al mar. Pero los archivos del Ejército fueron depurados y no hay acceso a los archivos de la DINA que siguen en manos de hombres de confianza del ex general Manuel Contreras.
En "Memoria y Justicia" se individualiza a tres pilotos que participaron en la Caravana de la Muerte. Antonio Palomo Contreras (62) es citado como piloto del helicóptero en la gira del sur. "En el 2000 fue señalado como uno de los pilotos del helicóptero desde el cual prisioneros fueron arrojados al mar", señala el informe.
Hasta hace pocos días atrás, Palomo vivió en una casa ubicada en La Reina, pero abandonó intempestivamente el lugar hace una semana. Dentro del sitio se divisa un automóvil blanco patente RL-4577. Un vecino informa que "hace una semana se empezó a cambiar, de vez en cuando, todavía viene a sacar cosas".
Antonio Palomo es uno de los dos socios de la empresa de materiales de construcción Palval Ltda, constituida el 20 agosto 1997 en la Notaría Aliro Veloso Muñoz, con un aporte inicial de unos 5 millones de pesos.
Emilio de la Mahotiere González fue copiloto en el sur y piloto en el viaje al norte. Actualmente reside en un departamento ubicado en Las Condes. Finalmente "Memoria y Justicia" identifica a Luis Felipe Polanco, como "copiloto y ejecutor en la gira al norte".

Cementerio de cadáveres
Cuando en noviembre de 1978 un testigo informó a la Iglesia Católica que en los hornos de una mina de cal abandonada en Lonquén había “un cementerio de cadáveres”, no sabía que desencadenaba una segunda ola de violencia: la remoción de restos para hacerlos desaparecer definitivamente en el mar, en volcanes, lagos, ríos o con explosiones de dinamita. Este delito, que está siendo investigado por los tribunales, ha obligado a levantar la tesis de equipos organizados, que amparados por los altos mandos, rastrearon el país para destruir evidencias.
En diciembre de 1978 la comandancia en Jefe del Ejército planificó y ordenó una operación de desentierro de todas las fosas clandestinas del país, en las cuales habían sido escondidos centenares de cuerpos de las víctimas. A partir de este hecho se gestaron las exhumaciones ilegales y la destrucción definitiva de cuerpos de detenidos desaparecidos, supuestamente ocurridas en los años 78, 83 y 84 y, probablemente, el 89.
En enero de 2001 el presidente Ricardo Lagos describió con crudeza lo sucedido con 200 detenidos desaparecidos. Tan sólo podrían ubicarse los cuerpos de 49, en el caso que la información fuera exacta. Las otras 151 habrían sido lanzadas a los ríos, a los lagos del sur o al mar en distintas regiones. Se exhumaron víctimas y los restos fueron destruidos con explosivos, cremándolos, lanzándolos al mar. Así sucedió en Pisagua, Calama, Cuesta Barriga, Peldehue, Cerro Chena, Paine, Chihuío, el Cementerio General, etc.
La denuncia del ex conscripto de la FACh Andrés Valenzuela, miembro del Comando Conjunto, de que a fines de 1975 un número indeterminado de detenidos en Colina había sido sacados y ejecutados en un lugar desconocido, – después se supo que era Peldehue- para ser ejecutado, fue constatado por el juez Carlos Cerda, quien determinó el lugar de los entierros.
En el pique de una mina ubicada en el kilómetro 12,5 de la Cuesta Barriga, a varios metros bajo tierra debido al escurrimiento de las aguas lluvias, se encontraron dientes y pequeñas vértebras de miembros de la directiva clandestina del PC desaparecida en 1976. El hecho de que no aparecieran huesos grandes fue la prueba de que los restos fueron removidos por terceros y se creen válidos los testimonios que aseguran que en 1987 camiones del Ejército trasladaron los cuerpos, de acuerdo a la investigación que encabeza el ministro en visita Héctor Carreño desde 2001.
La causa arroja hasta el momento dos personas plenamente identificadas: Horacio Cepeda Marinkovic y Fernando Ortiz Letelier, integrantes del grupo de dirigentes del Partido Comunista. Inicialmente, el informe de la Mesa de Diálogo estableció que en el lugar habría osamentas correspondientes a seis personas, pero los análisis realizados por especialistas determinaron que podrían corresponder a ocho.
En su momento, antes de los exámenes de ADN, los peritos establecieron, además, acercamientos del 50% a las identidades de Lincoyán Berríos, Reinalda Pereira, Lisandro Cruz y Carlos Durán, todos miembros del mismo grupo, conocido como el de "los trece" de quienes fueron detenidos el 15 de diciembre de 1976, según el Informe Rettig.
En Calama las pesquisas del ministro Juan Guzmán permitieron identificar a Carlos Berger (PC) -esposo de la abogada Carmen Hertz- y a Domingo Mamani (PS) y los fragmentos encontrados evidencian remociones.
En Pisagua, la causa se encuentra en una fase decisiva, avanzando hacia nuevos autos de procesamientos y en la confirmación de que efectivamente hubo remociones de cuerpos y que fueron destruidos. Las pesquisas del ministro José Calvo se han centrado en determinar quiénes participaron, el 29 de septiembre de 1979, en la muerte de Juan Calderón Villalón, Nolberto Jesús Cañas Cañas, Marcelo Omar Guzmán Fuentes, Luis Alberto Lizardi Lizardi, Juan Jiménez Vidal y Michel Selim Nash Saez. De este grupo, Cañas, Jiménez y Nash figuran en la lista de las Fuerzas Armadas, entregada a la Mesa de Diálogo, como lanzados al mar frente a las costas de Pisagua.

En la causa se encuentran sometidos a proceso por el secuestro de siete personas de Pisagua y tres de Iquique, el general (r) Carlos Forestier, el brigadier (r) Pedro Espinoza y el suboficial (r) Miguel Aguirre. En paralelo, el juez interrogó al Primer y Segundo Comandante del Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique en la época. Ellos fueron requeridos por la muerte de Jorge Marin Rossel, empleado portuario, del PS, y de William Millar Sanhueza, ocurridas el 30 de septiembre de 1973.

En Chihuío, 18 personas fueron ejecutadas y enterradas en octubre del 73. Allí permanecieron hasta que cinco años después – según declaraciones de testigos- una patrulla militar llegó al sector a desenterrar los cuerpos sin que hasta ahora se conozca su destino final. En 1990 el ministro en visita Nibaldo Segura se constituyó en el lugar y pudo establecer que efectivamente había restos óseos muy fragmentados que quedaron después de la remoción de restos y que fueron enterrados simbólicamente en el cementerio de Valdivia.

En el informe de la Mesa de Diálogo sólo aparece mencionado el nombre de una de las víctimas de Chihuío, Pedro Pedreros Zenteno, quien según información proporcionada por las Fuerzas Armadas, habría sido lanzado al mar. El proceso por el caso Chihuío pasó al Cuarto Juzgado Militar de Valdivia y sobreseído por aplicación de la amnistía en resolución que fue confirmada por los tribunales superiores.

Pero en 1998 los hijos de Pedreros se querellaron en contra de Augusto Pinochet Ugarte. La redistribución de las casi 300 querellas que llevaba Guzmán hizo que la causa fuera derivada al ministro Alejandro Solís, quien sometió a proceso a principios de mayo de este año a unos 6 militares – entre ellos Jerónimo Pantoja y Raúl Muñoz- por el secuestro de 17 personas, ya que una víctima fue identificada hace un tiempo.
En noviembre de 1979, el Vicario (s) de la Solidaridad, monseñor Ignacio Ortúzar, le entregó al ministro Humberto Espejo, quien investigaba la detención de seis campesinos de Paine, antecedentes acerca de inhumaciones masivas e irregulares en el Patio 29 del Cementerio General, en 200 fosas con cadáveres N.N. e identificados. Entre los cuerpos sepultados con identificación había varios detenidos en Paine, en el campamento de Cerro Chena.

El tribunal constató la existencia de decenas de tumbas con más de un sepultado, así como la existencia de más de 100 con anotaciones de N.N. A fines de 1979, el ministro Espejo comunicó al director del Cementerio la prohibición de incinerar, exhumar o trasladar los restos de personas enterradas sin identificación. A principios de los 80, trabajadores del Cementerio informaron al abogado Nelson Caucoto que se estaban llevando los cuerpos. "La orden del ministro sirvió para encontrar en 1991 a 78 personas, pero quizás tendríamos otros 200 más", afirma Caucoto.

El ex vicecomandante en jefe del Ejército Jorge Zincke Quiroz, otros dos generales y dos coroneles en retiro fueron procesados por el ministro Alejandro Solís, en calidad de autores del secuestro calificado en los casos de seis detenidos desaparecidos en Linares en septiembre de 1973. Entre los detenidos figuran dos mujeres, María Isabel Beltrán y Patricia Contreras.

Por este caso fue citado a declarar el actual director de Investigaciones, Nelson Mery, quien después de septiembre de 1973 fue destinado a la Escuela de Artillería de Linares, en calidad de oficial de enlace con el entonces director de la unidad, coronel Gabriel del Río. La resolución del magistrado afectaría, además, al ex director de la Escuela de Artillería de Linares y ex comandante de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana, mayor general Carlos Morales Retamal; al general (R) y ex subsecretario de Relaciones Exteriores del régimen militar, Humberto Julio, y a los coroneles (R) Juan Morales y Félix Cabezas.

Aunque el juez Solís efectuó sin éxito investigaciones en un campo de tiro de dicha repartición castrense, en busca de restos de ejecutados políticos, diversos informes señalan que precisamente en la Escuela de Artillería estuvieron detenidas las seis víctimas. El testimonio prestado por el hijo y hermano de un detenido desaparecido y un conscripto, cuya identidad se mantiene en secreto y que participó en los entierros de al menos 80 cuerpos en el interior del Polígono General Bari, se convirtió en pieza clave para iniciar los trabajos de búsqueda de la fosa común.

De acuerdo al dictamen jurídico del ex presidente Patricio Aylwin, sin cuerpo del delito nunca las causas se pueden sobreseer definitivamente, sólo temporalmente, debido a la figura legal del secuestro permanente. El criterio jurídico estipula que mientras no aparezca el cadáver, no se puede probar la muerte ni cerrar los casos judiciales.

Si quienes participaron en los crímenes entregan los datos y prueban que esos delitos los cometieron antes de abril de 1978, los jueces tendrían la facultad de aplicar la ley de amnistía. Si los cuerpos de los detenidos fueron dinamitados, incinerados o lanzados al mar, lo más probable es que nunca se dé con su paradero y que los procesos judiciales por secuestro permanente se mantengan indefinidamente.
Por esta causa, el Presidente de la Sala Penal, magistrado Alberto Chaigneau del Campo afirma que "El gran error que cometieron fue lanzar los restos al mar. Un error garrafal".
Los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles. Y como los victimarios no dicen nada, quedan cazados en su trampa del pacto de silencio.

Por unanimidad, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sometimiento a proceso de cinco militares en retiro, por el delito de exhumación ilegal de restos de detenidos desaparecidos desde el Fuerte Arteaga del Ejército. El procesamiento fue determinado el pasado 25 de junio por el juez Juan Carlos Urrutia en la primera resolución judicial sobre este tipo de delito

El dictamen fue adoptado por los ministros Sergio Valenzuela, Raúl Rocha y por el abogado integrante Domingo Hernández. Este viernes ex miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP) del presidente Salvador Allende solicitó al magistrado Urrutia que también considere el delito de asociación ilícita en su resoluciones sobre el caso. Los cinco militares en retiro sometidos a proceso son: Hernán Canales Varas, oficial en retiro, comandante de la época del regimiento Tacna. Luis Fuenzalida Rojas, oficial (r), a cargo del departamento de Inteligencia. José Canario Santibáñez, suboficial (r). Darío Gutiérrez de la Torre, suboficial en retiro. Eliseo Cornejo Escobedo, suboficial (r), quien participó en los fusilamientos y ubicó la fosa.

El magistrado Urrutia encausó como cómplices del delito de exhumación ilegal al coronel (r) José Darrigrandi Márquez, y al capitán (r) Emilio de la Mahotiere González

El juez Juan Carlos Urrutia procesó a dos miembros en retiro del Ejército que supuestamente participaron en la remoción ilegal de los restos de 12 de las personas detenidas en La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

La resolución adoptada por Urrutia afecta a los entonces jefe del comando de Aviación del Ejército, el coronel José Darrigrandi Márquez, y al segundo comandante de la misma unidad, capitán Emilio de la Mahotiere González.

El magistrado acusó a los dos oficiales en retiro como cómplices del delito de exhumación ilegal, perpetrado en diciembre de 1978.

Desde el año pasado se encuentran procesados, como autores del mismo delito, los oficiales en retiro Luis Fuenzalida Rojas y el entonces comandante del Regimiento Tacna, Hernán Canales Varas, junto otros seis suboficiales.

Después del bombardeo de La Moneda el 11 septiembre de 1973, un grupo de la guardia personal del presidente Salvador Allende y funcionarios de la escolta presidencial se rindieron a las fuerzas militares y fueron trasladados junto a ex colaboradores del mandatario al regimiento Tacna.

Desde ese lugar un grupo de ellos fue trasladado al Fuerte Arteaga del Ejército, al norte de Santiago, desde donde desapareció definitivamente su rastro.

Según estableció el magistrado Urrutia, los detenidos fueron fusilados, arrojados a un pozo y sepultados en ese mismo recinto militar, desde donde en diciembre de 1978 sus restos fueron sacados y lanzados al mar desde helicópteros.

En ese lugar, la jueza Amanda Valdovinos encontró en 2002 cerca de 500 pequeños fragmentos óseos, lo que dejó en evidencia que los cuerpos fueron cambiados de lugar.

Como autores de la ejecución y desaparición de estas 12 personas, Urrutia procesó el 25 de junio de 2003 a nueve militares, entre ellos al general en retiro Hernán Ramírez Pineda, quien fue comandante del regimiento Tacna al momento de las ejecuciones.

También al ex subdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), brigadier retirado Pedro Espinoza.

El ex presidente del Banco Central Jaime Barrios, el intendente de la sede presidencial Enrique Huerta y Claudio Jimeno y Jorge Klein, médicos personales de Allende, figuran entre las víctimas del Palacio de La Moneda.

También están en esta lista de desaparecidos el ex director de la Policía de Investigaciones Arsenio Poupin y los guardias personales del mandatario socialista Daniel Escobar, Oscar Lagos, Juan Montiglio, Julio Moreno, Julio Tapia, Oscar Valladares y Juan Vargas

La Moneda ya estaba en llamas. Los buses partieron rumbo al Tacna. Con los GAP, con los asesores de Allende, con los funcionarios de la policía civil de su escolta. El arribo fue violento. Todos odiados. Pinochet vigiló la torturas en el regimiento. “Me los fusilan a todos”, dijo. Ametralladoras por las espalda en el Campo Militar de Peldehue. Después en 1978, la Pascua del Soldado. Desenterrados, ensacados. Tarea fue con pisco y sandwiches. Cayó la noche. Los focos de los vehículos, palas y chuzos. Abajo en la fosa, las sombras macabras. El camión con los cuerpos. El rugido del Puma. El mar.

La noche del 12 de septiembre de 1973, el cabo Luis Venegas Venegas se percata que, frente al box, esta´ instalada la ametralladora Rheinmetall alemana. Su superior le hace entrega. Sera´ su guardia nocturna esa noche en el Tacna. Y al amanecer del di´a 13.

-Aqui´ hay veintisiete prisioneros, y man~ana deben estar los veintisiete.

Los integrantes del GAP (Grupo de Amigos Personales del Presidente Salvador Allende encargados de su seguridad), asesores de Allende y funcionarios de la Polici´a de Investigaciones que tambie´n lo custodiaban, permanecen tendidos en el suelo, boca abajo, en las antiguas caballerizas.

El cabo Venegas ve que esta´n amarrados de pies y manos. Siente que algunos se quejan. En las horas previas, los divisa por el patio del cuartel cuando son trasladados al segundo piso. Ahi´ opera la Seccio´n II de Inteligencia del regimiento. Su jefe es el capita´n Luis Antonio Fuenzalida Rojas.

El cabo presencia que cuando los regresan al lugar donde permanecen detenidos, vuelven con muestras de dolor. Los torturan en los interrogatorios.

Le llama la atencio´n Eduardo Paredes Barrientos, el Coco Paredes. El cabo se fija que, a pesar de los interrogatorios, El Coco siempre permanece entero, dentro y fuera de su lugar de encierro. En el Tacna, el Servicio de Inteligencia Militar, SIM, lo representa la Seccio´n II del cuartel.

El Coco habi´a sido director general de la Polici´a de Investigaciones. En La Moneda era uno de los asesores de Allende.

En el Tacna se viven frene´ticas las u´ltimas horas que pasara´n con vida los detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda. Todo se derrumbo´. El suen~o socialista ha cai´do bajo las bombas de los Hawker Hunter.

Mientras, en el sexto piso del ministerio de Defensa, se prepara la solucio´n para el destino final de los GAP y asesores de Allende. Ahi´, en calle Zenteno con la Alameda, opera la Segunda Divisio´n del Eje´rcito al mando del general Herman Brady Rocha.

El mismo Pinochet esta´ por esas horas en el patio del regimiento Tacna. Verifica la presencia de los arrestados en La Moneda. Le interesan especialmente los GAP.

Pablo Zepeda Camilliere, es un GAP. Por esas cosas del destino salva con vida. Lo trasladan por error al Estadio Chile. Divisa a Vi´ctor Jara. En el Tacna hay desorden. O´rdenes y contra o´rdenes van y vienen.

La man~ana del 11, Zepeda es parte de la escolta del Presidente Allende. Lo trasladan desde la residencia de Toma´s Moro hasta La Moneda. Ahi´ se queda junto a Allende. En la madrugada del jueves 13, Zepeda es testigo de la comitiva que aparece. La encabeza Augusto Pinochet. Lo acompan~a el comandante del regimiento Tacna, Joaqui´n Rami´rez Pineda. Escucha que Pinochet pregunta a Rami´rez quie´nes son esos prisioneros.

-E´stos son los escoltas de Allende, mi general, son los GAP y otros asesores.
-A estos huevones me los fusilan a todos.

Es la orden del dictador.

Lo que Zepeda ve y escucha ese di´a, es coincidente con lo que el coronel (R) Fernando Reveco Valenzuela me conto´ una vez. Se lo dijo al juez Juan Guzma´n en mayo de 1999:

-Pinochet estuvo en el regimiento Tacna observando co´mo torturaban a los GAP.

Frente al cada´ver de Allende

Amanece el jueves 13 de septiembre. El comandante Rami´rez Pineda llama a su oficina al subteniente Jorge Herrera Lo´pez.

-Los detenidos de La Moneda sera´n trasladados hoy al Campo Militar de Peldehue…usted toma el mando, subteniente.

En ese lugar, el Tacna tiene a su cargo parte del predio para entrenamientos militares.

En las horas previas, el subteniente Herrera se ha ganado un prestigio de guerrero. Ataca el Palacio de La Moneda desde la esquina Morande´-Alameda. Comanda su seccio´n con 30 hombres. El ataque ocurre inmediatamente despue´s del bombardeo. Luego, cuando ya se rindieron quienes estaban dentro, ingresa a la sede de gobierno por la puerta de Morande´ 80. La puerta esta´ abierta. Entra al Salo´n Independencia. Ve el cuerpo de Allende semidestrozado, sentado en un sillo´n. Tiene el fusil que le regalo´ Fidel Castro entre las manos.

Por Morande´ 80, con La Moneda ardiendo, minutos antes bajaban para rendirse los GAP, asesores del Presidente y los funcionarios de la Polici´a de Investigaciones asignados a la sede de gobierno. Una hora antes, Allende les ordena abandonar el Palacio. Todos se niegan. Se mantienen a su lado cuando el Presidente ve que el combate esta´ perdido.

En su u´ltima orden, Allende insiste en que todos salgan del lugar de la refriega. Desde el segundo piso, e´l bajara´ al u´ltimo, les dice. Pero los engan~a.

La fila para bajar comienza a armarse. Hay desorden. Tensio´n. El humo invade los pasillos. Patricio Guijo´n, me´dico de Allende, queda de los u´ltimos en la fila.

La columna inicia el descenso. Es la rendicio´n final. Miria Contreras, La Payita, la encabeza. Es la secretaria privada del Presidente. Va levantando un delantal blanco amarrado a un palo.

Entre el estallido de las balas, los u´ltimos de la fila escuchan el grito:

-¡Allende no se rinde mierda…!

Guijo´n corre al Salo´n Independencia. Ve el cuerpo de Allende sin vida. Detra´s lo sigue el detective Pedro Valverde Quin~ones. Este vuelve a salir y grita la noticia:

-¡El Presidenta esta´ muerto…!

Arsenio Poupin Oissel, Subsecretario General de Gobierno, escucha el grito del polici´a. Retrocede por las escaleras y entra desesperado. Frente al cuerpo de Allende se descuelga del hombro su metralleta. Valverde intuye el suicidio y se le va encima. Le quita el arma y caen al suelo en la reyerta. El polici´a se apodera de la metralleta. Poupin se deshace de los brazos de Valverde y vuelve al ataque. Corre hacia el cada´ver de Allende. Se detiene. Del cinto saca una pistola y a alza hacia su cabeza. El detective salta y voltea a Poupin. La pistola vuela lejos. El detective saca al Subsecretario del salo´n y ambos se unen a la columna para bajar. La tragedia es ma´s pesada.

El supervisor

El patio del Tacna esta´ vaci´o. Jueves 13 de septiembre. Son cerca de las 11 de la man~ana. Se prohi´be transitar por espacios abiertos del cuartel. El mayor de Eje´rcito Pedro Espinoza Bravo llega al cuartel.
Permanece en comisio´n de servicio en el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN).

Quinto piso del Ministerio de Defensa en Zenteno con Alameda. El jefe es el almirante Patricio Carvajal Prado. El subjefe, el general de Aviacio´n Nicanor Di´az Estrada. Espinoza opera con este u´ltimo. Pero sostiene una vinculacio´n directa con el almirante Carvajal. Tambie´n con el comandante en jefe de la II Divisio´n del Eje´rcito en Santiago, general Brady.

El general esta´ tambie´n al mando de la Guarnicio´n Militar de Santiago. Y asume como Juez Militar de la II Divisio´n. Es la reestructuracio´n del mando en emergencia. En la nueva distribucio´n de mandos, el general Sergio Arellano Stark es ahora el comandante de las tropas asignadas a la Agrupacio´n Centro. Una de las cinco agrupaciones con mando de tropas desplegadas horas antes del Golpe de Estado. Las fuerzas golpistas se dividen Santiago.

Por esas horas, en el sexto piso del Edificio de las Fuerzas Armadas opera un equipo de secretarias. Las coordina el mayor de Eje´rcito, Washington Garci´a Escobar. Es el jefe del Departamento II de Inteligencia de la II Divisio´n de Eje´rcito de Santiago. Reciben llamados telefo´nicos ano´nimos. Se inicia la delacio´n. La poblacio´n denuncia personas “sospechosas”. O simplemente venganzas personales. En los primeros meses tras el golpe, en las calles matan decenas de habitantes. Muchos nunca tuvieron responsabilidad poli´tica o penal. El Servicio Me´dico Legal se repleta de cada´veres por muerte violenta.

De acuerdo al Informe Consolidado de Vi´ctimas de la Corporacio´n Nacional de Reparacio´n y Reconciliacio´n (CNRR) de 1996, continuadora de la Comisio´n Rettig, entre el 11 de septiembre de 1973 y el te´rmino de ese an~o, en el pai´s hubo mil 275 personas ejecutadas (calificados como muertos) y 548 personas desaparecidas. Vale decir, so´lo en esos tres meses ocurrio´ el 57,0 por ciento del total de 3 mil 197 vi´ctimas calificadas a 1996, por los informes Rettig y el consolidado de la CNRR.

Desde el quinto piso del edificio del Ministerio de Defensa, el teniente coronel de Eje´rcito, Roberto Guillard Marinot, lee los bandos militares. Los redacta el periodista Federico Willoughby-McDonald Moya. Es el vocero de la Junta Militar.

La primera misio´n de Pedro Espinoza en el Tacna, ocurre temprano la man~ana del mie´rcoles 12. Trae un sobre cerrado. El almirante Carvajal lo envi´a al comandante del Tacna, Joaqui´n Rami´rez. Pero Espinoza entrega el sobre al segundo comandante, teniente coronel Julio Ferna´ndez Atienza. Adema´s, le da una orden:

-Libere de inmediato a los prisioneros que pertenecen a la Polici´a de Investigaciones. La segunda misio´n de Espinoza es la principal: supervigilar las ejecuciones de los prisioneros de La Moneda. La orden se la da el almirante Carvajal tal y como lo ordeno´ Augusto Pinochet.

La cuenta de Seoane

La tarde del 11 de septiembre, al Tacna llegan dos buses con 49 detenidos desde La Moneda. Juan Seoane Miranda los cuenta. Es el jefe de la escolta de la Polici´a de Investigaciones de Allende:

-En total llegamos 49 al regimiento Tacna. Esa cuenta la sabemos porque e´ramos 25 en una micro y 24 en la otra: e´ramos 17 de Investigaciones y otros 32-, dice al juez que investiga el caso La Moneda.

Bajan de los buses. Los prisioneros son obligados a caminar de rodillas con las manos alzadas los u´ltimos cien metros. Los llevan a los boxes donde permanecera´n tendidos en el suelo. Insultados. Escupidos. Golpeados y ma´s tarde torturados por los integrantes de la Seccio´n II de Inteligencia del regimiento.

Mie´rcoles 12. Al mediodi´a llega al cuartel un patrullero de la Polici´a de Investigaciones. El comisario Santiago Cirio Planes esta´ al mando. Los integrantes de la Polici´a de Investigaciones son liberados. Seoane lo es al di´a siguiente. Se cumple la orden de Espinoza y el almirante Carvajal.

Camino al pozo

Man~ana del jueves 13. Desde una ventana del segundo piso, el cabo Venegas ve cuándo comienzan a amarrar a los prisioneros de La Moneda. Los PDI ya no esta´n. Uno a uno los atan de pies y manos con alambre. Los lanzan arriba de un camio´n militar marca Pegaso. Los cubren con una lona.

Por la baranda derecha del camio´n se encarama el subteniente Servando Maureira Roa. Por la izquierda trepa el suboficial Teobaldo Mendoza Vicencio. Delante, inmediatamente detra´s de la cabina, se ubica el cabo Bernardo Soto Segura. El camio´n lo conduce el suboficial Alfonso Cero´n Espino. Son los custodios de los prisioneros camino a la muerte.

Todo esta´ listo. Delante del camio´n se situ´a un jeep Land Rover que conduce el cabo Manuel Gamboa A´lvarez. En ese viajan el subteniente Jorge Herrera y el sargento armero Juan Riquelme Silva. A bordo del jeep cargan la ametralladora Rheinmetall. Detra´s del camio´n se instala otro jeep Land Rover. Lo maneja el cabo Eliseo Cornejo Escobedo. Cierra el convoy una camioneta. En ella viaja el mayor Pedro Espinoza. Viste de civil. Es el mismo Espinoza que luego sera´ el segundo hombre de la DINA detra´s de Manuel Contreras y Pinochet, el superior jera´rquico.

El comandante Rami´rez Pineda ordena la partida. El destino es Peldehue. Cruzan la estacio´n Mapocho y se les une otra camioneta. Transporta personal de civil y otros en uniforme de campan~a. En uno de sus brazos lucen un brazalete blanco. El mismo brazalete llevan quienes viajan en la columna hacia Peldehue, al norte de Santiago.

Frente a la Base Ae´rea de Colina, uno de los detenidos logra incorporarse. Trata de apoderarse del arma de uno de los custodios. Se da cuenta que no es un traslado a otro lugar de detencio´n… los van a matar.
El subteniente Maureira dispara al prisionero su fusil SIG. El suboficial Teobaldo Mendoza esta´ en la li´nea del disparo. La trayectoria de la bala le hiere levemente una mano que sangra. La columna no se detiene.

U´ltimos minutos de vida

La columna arriba al lugar. Sera´ la tumba de los hombres de Allende. El subteniente Jorge Herrera ordena al cabo Cornejo mantenerse arriba del camio´n. Que vigile a los detenidos.

El cabo Luis Sa´nchez Garay es el cuidador del predio. Sale de su casa donde vive con su familia. Cerca esta´n las instalaciones del rancho y comedor para las campan~as de entrenamiento. El teniente Herrera se baja del jeep. Se dirige al militar en tenida de civil. Es Pedro Espinoza, que esa man~ana ejerce el mando superior por sobre la oficialidad del Tacna. E´l representa las o´rdenes para matarlos.

Herrera le rinde cuenta del arribo del convoy. Pone a los detenidos a su disposicio´n. Pedro Espinoza niega en el proceso su presencia y mando. Evidencias judiciales y sen~as personales que lo describen lo desmienten. Ordena el descenso a los detenidos.

Uno a uno, los otros dos en tenida civil unidos al convoy, comienzan a bajar los prisioneros del camio´n. Antes les cortan las amarras de los pies. Que caminen en direccio´n a un pozo seco profundo.

El subteniente Herrera se prepara para accionar la Rheinmetall. Esta´ afirmada en su tri´pode. La instala sobre una mesa que traen del sector del rancho. Detra´s de Herrera se situ´an otros hombres del Tacna. Subteniente Servando Maureira, suboficial Alfonso Cero´n y el cabo Bernardo Soto. Disparara´n tambie´n sus fusiles y pistolas. Los hombres de Allende recibira´n fuego nutrido.

El primer prisionero camina veinte metros al norte. Espinoza ordena que se detenga al borde del pozo. Sabe que va a morir. Grita: ¡Viva la revolucio´n socialista…Viva Allende! Herrera ametralla. Lo siguen Maureira, Cero´n y el cabo Soto. El prisionero cae al pozo.

Encuentro en Pen~alole´n

Los dos civiles retroceden para sacar al segundo hombre de Allende. El cabo Cornejo se percata que el detenido herido en su intento de liberarse esta´ muerto. Hay un charco de sangre sobre el piso del camio´n. Sacan dos prisioneros y les cortan las amarras de los tobillos. Que carguen el cuerpo del prisionero muerto y lo tiren al foso. Que despue´s se paren frente al pozo de espalda a la ametralladora. El subteniente Herrera dispara. Tambie´n los otros. Nunca se supo quie´n fue el prisionero que se rebelo´.

Asi´ transcurre la muerte. Uno a uno. Gritan consignas antes de morir. Ametrallados por la espalda. De pronto el subteniente Herrera no puede ma´s. Explota. No puede seguir disparando.

-Alcance´ a dar muerte a cinco personas…no pude seguir…deje´ que los otros siguieran matando.

Me lo dijo veintinueve an~os despue´s. Lo ubique´ en su casa en la comuna de Pen~alole´n. Salio´ pa´lido cuando cruzo´ la puerta.

-Hablemos afuera por favor, no quiero que escuche mi familia.

Me extran~o´ que aceptara hablar. Sabi´a de que´ se trataba. Lo llame´ primero por tele´fono.

Nos sentamos alrededor de un muro bajo que rodea un jardi´n. Por primera vez cuenta pu´blicamente detalles de ese di´a 13.

-Le pido por favor que nunca mencione mi nombre en lo que escriba, se lo pido por mis hijos y mi esposa.
Lo pide llorando. Nunca deja de llorar las dos horas que hablamos. Se arranca cueros de sus manos resecas.

-Por favor, no me traicione…quiero volver a creer en el ser humano… ya que me ubico´, prote´jame.

Me demoro en volver a hablar. La situacio´n me paraliza por segundos. Sus la´grimas. Sus manos heridas. Su mirada implorando misericordia. Pienso en la ametralladora que disparo´. Los compan~eros de Allende cayendo al fondo del pozo. Asesinados por la espalda.

-Si usted me lo pide, y ya que acepto´ hablar conmigo sabiendo que es para publicarlo, no voy a mencionar su nombre-. Eso recuerdo que le dije.

No publicamos su nombre. Lo mencione´ como El subteniente.

La cro´nica fue publicada en La Nacio´n Domingo del 8 de diciembre de 2002. Portada: “Yo mate´ a los prisioneros de La Moneda”.

 

Al borde del pozo

El cabo Eliseo Cornejo baja del camio´n. Ya no quedan prisioneros. Se acerca al pozo. Ve, escucha. Algunos todavi´a esta´n vivos. Se quejan.

Pero Cornejo miente cuando una man~ana hable´ con e´l.

-Yo nunca me acerque´ al pozo… quede´ siempre como a cien metros. Todo lo que ocurrio´ solo lo escuche´ a la distancia… senti´ las ra´fagas de la ametralladora y despue´s disparos de armas largas y cortas… tambie´n senti´ las explosiones de las granadas…

Al juez le dijo la verdad. Todos se acercaron al pozo. E´l tambie´n. Vieron como sufri´an los que quedaban vivos.

-En ese momento, uno de los civiles que haci´a de jefe del grupo, de unos 45 an~os de edad, cabello semicano, estatura mediana, contextura gruesa que podri´a corresponder al entonces mayor Pedro Espinoza Bravo, ordeno´ que fueran arrojadas granadas al fondo de la fosa.

Lo declaro´ Cornejo en el proceso. Si´… su descripcio´n coincide absolutamente con quien fue el segundo de DINA, Pedro Espinoza.

El sargento Juan Riquelme entrega las granadas. Las trajo del regimiento. Al borde del pozo disparan a los que aun esta´n vivos. Ya ninguno gime. Arrojan las granadas. Las paredes del pozo se desmoronan. Ahora esta´n sepultados para siempre. ¿Para siempre…?

Los efectivos del Tacna trabajan rellenando el pozo con tierra. Todo ha terminado. Espinoza reu´ne o todos alrededor de la Rheinmetall. Lanza su proclama:

-Este acto fue ejecutado por el bien de la Patria. Estamos liberando al pai´s del marxismo. No tengan cuidado, nada les sucedera´, porque nunca se sabra´ lo ocurrido aqui´.

La orden de Pinochet esta´ cumplida: Me los fusilan a todos…

En Pascua militar

El mayor Joaqui´n Molina Fuenzalida es el comandante del Grupo de Artilleri´a del regimiento Tacna. La unidad operativa del cuartel. Transcurren los primeros minutos pasado el mediodi´a del sa´bado 23 de diciembre de 1978. En el Tacna, como en todos los cuarteles, se celebra la Pascua del Soldado. Los funcionarios concurren ese di´a con sus familias. La Navidad Militar. Los hijos reciben regalos.

Temprano, esa man~ana al cabo Eliseo Cornejo lo siguen dos civiles. Apura el paso para ingresar a su regimiento. Cree un asalto. Escucha el grito:

-¡Dete´ngase…!
Cornejo entra ra´pido al cuartel.

-Recuerdo que eran tipo siete y media de la man~ana… era diciembre y al bajarme del metro Rondizoni, me voy caminando al Tacna que es una cuadra. De repente escucho… dete´ngase… me dicen… me apure´ y ellos tambie´n se apuraron.

Hable´ con e´l una man~ana en el Paseo Bulnes. Preparaba una cro´nica para La Nacio´n Domingo.

Minutos despue´s, el comandante del Tacna, entonces coronel Ricardo Canales Varas, llama al cabo Cornejo.

Que venga a su despacho. Cornejo entra y ve a los dos civiles que lo segui´an. Esperan sentados en un sillo´n.
El cabo se acuerda de aquel dialogo:

-Cabo, usted tiene que ir con estos sen~ores…

-Pero mi comandante, si no se´ quie´nes son estos sen~ores, ellos me veni´an siguiendo…

-No se preocupe, vaya tranquilo… ellos lo van a llevar y despue´s lo van a traer de vuelta al regimiento.

¡Diga do´nde esta´n!

El comandante Canales esta´ informado. Cornejo debe concurrir ante el general Enrique Morel Donoso. Es el comandante de la II Divisio´n del Eje´rcito con asiento en Santiago. Debe informarle donde esta´n escondidos los cuerpos. El comandante Canales vuelve a tranquilizar al cabo y le ordena:

-Diga todo lo que le pregunten.

Los dos civiles lo suben a un auto. Van al quinto piso del Ministerio de Defensa. Lo dejan en una sala de espera y pronto aparece el general Morel:

-Do´nde escondieron lo cuerpos Cornejo, usted sabe.

El cabo vacila antes de responder. Es un secreto militar y fue obligado a guardar silencio. Pero tiene la venia de su comandante para hablar. Y ahora lo interroga un general. De manera seca pero amable. El gesto del general le transmite ese temor de parar al mismo destino final si no habla. Sabe que muchos de sus compan~eros subalternos viven con ese miedo si no cumplen o´rdenes. Lo conversan entre ellos.

-Que´dese tranquilo Cornejo. Hay que limpiar la zona. Diga do´nde esta´n. Indi´queme el lugar exacto.
Cornejo entrega las coordenadas. Pero su tarea no termina ahi´ con solo revelar el secreto. El general Morel lo manda de vuelta al regimiento. Antes le da una orden:

-Usted debe integrar el grupo que hoy ira´ a buscar esos cuerpos para sacarlos.

No le dice el destino que tendra´n los cada´veres. Tampoco Cornejo pregunta. Es la solucio´n final para los cai´dos que permanecen muertos y desaparecidos, enterrados en fosas clandestinas.

Las balas de Mamito

Los mismos hombres llevan al cabo de regreso al Tacna. Cornejo se presenta ante su comandante Canales. Este le comenta que esta´ enterado de todo. Le ordena ponerse a disposicio´n del jefe de la Seccio´n II de Inteligencia del regimiento, el capita´n Luis Fuenzalida Rojas, El Pelao Fuenzalida.

-Cuando me devuelven a la unidad se preparo´ altiro un equipo. Yo voy con personal de Inteligencia del regimiento al mando del capita´n Luis Fuenzalida -, dice Eliseo Cornejo en nuestro encuentro.

El capita´n Fuenzalida sera´ el jefe de la operacio´n. La orden del desentierro la recibe de su superior, el mayor Joaqui´n Molina Fuenzalida. A e´ste se lo ordena su comandante Canales, como se lo ordeno´ esa misma man~ana el general Morel.

Diez an~os ma´s tarde, Molina morira´ baleado en una fiesta familiar por el Mamito. Hijo del jefe de la DINA, el “Mamo” Manuel Contreras. La cantante Gloria Benavides queda viuda.

Aqui´ esta´n

La man~ana del 23 de diciembre de 1978, el capita´n Fuenzalida alista un vehi´culo. Es una Chevrolet C-10. Las usadas por la DINA para trasladar cuerpos de prisioneros a Peldehue. Destino final repetido: desde los helico´pteros PUMA al mar. En la camioneta viaja toda la Seccio´n II de Inteligencia del Tacna. En el mismo vehi´culo se instala el cabo Cornejo junto al capita´n Fuenzalida.

Los desenterradores a cargo de sacar los cuerpos viajan ma´s tarde. Todos cabos instructores del cuadro permanente del Tacna. Primero Cornejo debe ubicar el pozo. La retroexcavadora esta´ lista. Poco demora el cabo. No ha transcurrido tanto tiempo.

-Cuando llegamos yo les dije aqui´… aqui´ esta´n. Yo sabi´a que an~os atra´s se trato´ de hacer una noria para captar agua. Era un pozo grande… doce a quince metros de profundidad y de unos tres metros ancho… yo les dije aqui´…

Cornejo recuerda con detalles, a pesar del tiempo transcurrido. Sus dichos la man~ana que lo encontre´, coinciden exactamente con lo establecido en la investigacio´n judicial.

Habi´a que limpiar la zona, como lo hicieron a lo largo del pai´s. La dictadura hace correr una versio´n oficiosa: el inminente estado de guerra con Argentina. Se inicia la Operacio´n Retiro de Televisores. Asi´ la llamaron.

La verdad es otra. El hallazgo de 15 cuerpos de campesinos asesinados en Lonque´n, localidad rural al sur poniente de Santiago. Noviembre de 1978.

Suenan las alarmas. Pinochet convoca a su ci´rculo i´ntimo. Resuelve: hay que sacar todos los cuerpos escondidos. Revuelo por probables nuevos hallazgos pondri´a a Chile en desventaja con Argentina. La orden llego´ a todos los regimientos del pai´s. Sacar los cuerpos de todas las tumbas clandestinas. Y hacerlos desaparecer. La orden se envio´ en un criptograma.

Cuando hable´ para mi diario con el general Odlanier Mena, que fue el jefe de la CNI, sucesora de la DINA, me repitio´ la versio´n grotesca que antes habi´a dicho pu´blicamente. La solucio´n humanitaria: desenterrar para resolver co´mo entregar los cuerpos a los familiares.

Borrachos

Ubicado el pozo, el capita´n Fuenzalida ordena por radio al Tacna. Que salga el peloto´n desenterrador. Salen a bordo de un camio´n militar Mercedes Benz, modelo Unimog (Universal Motor Gera¨t). Vehi´culo mediano multiuso.

Son los cabos instructores Sergio Medina Salazar, Isidro Dura´n Mun~oz y Fernando Burgos Di´az. Al camio´n sube tambie´n el cabo enfermero Dari´o Gutie´rrez de la Torre. El capita´n Fuenzalida toma precauciones. Enganchar al cabo Gutie´rrez por si, dado de lo que se trata, alguno sufre alteracio´n de salud.

La retroexcavadora cava cuatro metros de profundidad. Aparece el trozo de riel indicado por el cabo Cornejo. Bajo e´ste esta´n los cuerpos. La excavacio´n continu´a so´lo con palas y chuzos. Aparecen los primeros. Los cabos instructores saltan al fondo del pozo. Se les une el cabo Gutie´rrez, el enfermero.

-Estaban casi intactos, con ropas. Al ingresar oxi´geno se acelero´ la descomposicio´n producie´ndose un olor espantoso.

El cabo Burgos lo recuerda en el proceso judicial.

Comienza a oscurecer. Encienden las luces de los vehi´culos para alumbrar. El fondo del pozo lo iluminan con un reflector. Las luces hacen ma´s dantesca la visio´n. Ahora hay sombras que se mueven. Desde arriba les lanzan sacos paperos transportados en el camio´n. Hay que empezar a ensacar. Advierten que los cuerpos no caben completos en los sacos. Algunos se desmembraron por las granadas. Eso les facilita ponerlos dentro de los sacos.

En la maniobra, al cabo Burgos le salta un pedazo de carne descompuesta de un cuerpo. Se lo traga involuntariamente. Grita que le tiren algo para tomar. Le arrojan una botella de pisco. De la botella toman todos en el fondo del pozo. Hay que espantar el horror. Luego arriba siguen tomando y terminan embriagados.

El capita´n Fuenzalida previo´ el costo de la tarea y subio´ dos cajas de pisco a la camioneta. Las botellas terminan vaci´as.

Lo mismo ocurre en el desierto de Calama. En enero de 1976, terminan borrachos los desenterradores de los 26 cuerpos asesinados por la Caravana de la Muerte el 19 de octubre de 1973. Son lanzados al mar a bordo de un avio´n C-47 de la Fuerza Ae´rea.

Veinte…treinta…?

Con cuerdas suben los cuerpos ensacados. ¿Cua´ntos desentierran esa noche del 23 de diciembre de 1978? Mientras, en el Tacna la fiesta por la Pascua del Soldado va llegando a su fin. Los hijos de los funcionarios esta´n felices con los regalos.

Los desenterradores no concuerdan en las cifras. En el proceso algunos dicen veinte. A otros les parece menos. A otros ma´s. El cabo Cornejo cuenta entre veinte y veintitre´s. Esa noche el pisco nubla la mente. Juega a favor del olvido.

¿Co´mo duermen despue´s? ¿Con que´ suen~an? ¿Cua´ntas o´rdenes iguales cumplen luego? ¿Que´ regalan esa noche a sus hijos?

La cifra ma´s precisa es la del cabo Arturo Venegas. La reafirma en la investigacio´n judicial. Los que estaban en las antiguas caballerizas la madrugada del 13. Los que debio´ vigilar:

-Aqui´ hay veintisiete prisioneros, y man~ana deben estar los veintisiete.

Esa tardenoche de la Pascua del Soldado, mientras ensacan los cada´veres en el fondo del pozo, el enfermero Gutie´rrez de la Torre cuenta treinta y tres.

No hay certeza sobre la hora en que terminan de ensacar los cuerpos y subirlos al camio´n Unimog. Pero fue tarde esa noche.

Termina la tarea al fondo del pozo. Los desenterradores suben a la superficie. Asqueados. Borrachos. Cansados. Pero arriba comen sa´ndwiches de jamo´n. Atencio´n del capita´n Fuenzalida. Los teni´a preparados. Comen y siguen tomando pisco. Man~ana es Nochebuena.

El vuelo del PUMA

El camio´n con los cuerpos se dirige a una explanada del predio. Esperan la llegada de un helico´ptero PUMA. Se elevara´ desde el aero´dromo de Tobalaba. Ahi´ opera el Comando de Aviacio´n del Eje´rcito. El CAE.
La ma´quina llega. Recie´n entonces, el capita´n Fuenzalida revela el destino final: sera´n lanzados al mar. El cabo Cornejo lo recuerda en el juicio.

El PUMA sufre un desperfecto al aterrizar. No puede cumplir la misio´n esa noche. El escuadro´n regresa al regimiento. Dejan una guardia cuidando los cuerpos.

El helico´ptero solo regresa dos di´as despue´s. El di´a despue´s de Navidad. El recuerdo del enfermero Gutie´rrez en el proceso es preciso. El di´a 26 trabajo´. Al atardecer lo buscan en su casa. Llegan en un Jeep Toyota del regimiento. Lo llevan al aero´dromo de Tobalaba. Lo suben a un helico´ptero y aterrizan en Peldehue frente al poli´gono de tiro. Entre e´l, el piloto y copiloto del PUMA cargan los cuerpos a bordo. Los sacos tienen peso. Se elevan rumbo a la costa. Gutie´rrez divisa las calderas de la Fundicio´n Ventanas.

Quintero esta´ cerca. San Antonio al sur, no lejos. Dan un giro, arrojan los cuerpos, y regresan a Tobalaba.

Los hombres de Allende desaparecen para siempre. En el fondo del mar. Como desaparecieron cientos.

Identificados

El informe de las Fuerzas Armadas con el destino final de 200 prisioneros, contiene los nombres de siete de ellos. Se construyo´ con la informacio´n recolectada en la Mesa de Dia´logo de Derechos Humanos los an~os 1999-2000. Siete, de los quince identificados por el Servicio Me´dico Legal y laboratorios extranjeros.

Identificados a partir de pequen~os restos o´seos que quedaron del desentierro. Todos por ADN.
Fueron encontrados en marzo de 2001 en el fondo del pozo. El hallazgo fue posible por la informacio´n contenida en aquel informe de las FFAA.

La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Amanda Valdovinos, dirigio´ la bu´squeda. Encontraron quinientas piezas o´seas remanentes de la remocio´n.

El informe de las FFAA contiene los nombres de los GAP: O´scar Lagos Ri´os, Julio Moreno Pulgar, Julio Tapia Marti´nez y Juan Vargas Contreras. Adema´s de los asesores de Allende, el ingeniero comercial Jaime Barrios Meza, el socio´logo Claudio Jimeno Grendi y el me´dico psiquiatra, George Klein Pipper.

Como destino final figura: “Mar San Antonio, 10 millas”.

Epi´logo judicial

El 13 de agosto de 2009, la Sala Penal de la Corte Suprema dicta sentencia definitiva en el episodio Peldehue-LaMoneda, parte de la Operacio´n Retiro de Televisores.

En ella se confirman las nueve condenas a 270 di´as de reclusio´n, por el delito de exhumacio´n ilegal establecido en el arti´culo 322 del Co´digo Penal, a las que el 10 de junio de 2008, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sentencio´ a nueve participantes en este episodio.

Los condenados por la Sala Penal de la Corte Suprema fueron: El general Fernando Darrigrandi Ma´rquez (comandante del CAE a 1978), los coroneles de Eje´rcito, Ricardo Canales Varas y Luis Fuenzalida Rojas, y los suboficiales de Eje´rcito: Eliseo Conejo Escobedo, Jose´ Canario Santiba´n~ez, Dari´o Gutie´rrez de la Torre, Fernando Burgos Di´az, Isidro Dura´n Mun~oz y Sergio Medina Salazar. Los mencionados se encontraban en situacio´n de retiro al momento de las condenas.

Esta vez, los tribunales chilenos no aceptan en sus resoluciones el concepto de que los condenados cometieron simplemente el delito de exhumacio´n ilegal. Afirman que la accio´n de desenterrar los cuerpos y hacerlos desaparecer definitivamente arroja´ndolos al mar, es un delito conexo con aquellos de lesa humanidad cometidos inicialmente contra los hombres del Presidente Salvador Allende.

¿Se habra´n encontrado las almas del Chicho con las de sus hombres? Quiza´s el alma suya los busco´ en las profundidades del oce´ano. El Paci´fico es tormentoso. Helado. ¿Hacia do´nde los llevaron las mareas?

El mar es un idioma antiguo que no alcanzo a descifrar (Jorge Luis Borges)

por Jorge Escalante