Forero Álvarez Alejandro Jorge

El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupacion de inteligencia que opero aproximadamente entre fines de 1975 y el termino del año 1976, y cuyo objetivo principal fue la represion al Partido y las Juventudes Comunistas.

Durante este periodo, segun el Informe Rettig, fue responsable de la desaparicion de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de mas de 70. El CC estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Direccion de Inteligencia de la Fuerza Aerea (DIFA) y conto mas tarde con una participacion importante de efectivos de la Direccion de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Conto tambien, en menor medida, con la participacion de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Direccion de Inteligencia del Ejercito (DINE). Ademas, colaboraron en ese Comando miembros de la Policia de Investigaciones de Chile y civiles provenientes de Patria y Libertad.

CUARTELES DEL HORROR

Entre los primeros recintos de tortura, aun antes de denominarse Comando Conjunto, aparece la Academia de Guerra Aerea (AGA) que funciono desde fines de 1973 hasta fines de 1974, formalmente a cargo de la Fiscalia de Aviacion, la que en la practica se coordinaba estrechamente con el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aerea (SIFA). El General Bachelet y muchos oficiales de la FACH fueron torturados en sus subterraneo. Jose Luis Baeza Cruces, miembro del Comite Central del PC actualmente desaparecido, tambien estuvo alli. Por este caso ha sido citado a declarar Fernando Matthei, a la fecha Director de la AGA.

En enero de 1975, cuando el SIFA desocupo el AGA, traslada a los detenidos a una casa de Santiago, ubicada en el sector de Apoquindo, a unas dos cuadras de la Municipalidad de Las Condes. Este inmueble fue utilizado como recinto secreto de detencion hasta el mes de marzo de 1975 y estaba a cargo de agentes de la recientemente creada DIFA. Despues de esa fecha, las oficinas de la DIFA se trasladaron a Juan Antonio Rios N° 6, mientras los detenidos son repartidos entre el Regimiento de Artilleria Antiaerea de Colina ("Remo Cero") y un hangar al interior del aeropuerto Cerrillos. Otro centro clandestino de tortura es el conocido como "Nido 20", ubicado en la calle Santa Teresa 037, cerca del paradero 20 de la Gran Avenida, en Santiago. Producto de las torturas en su interior, fallecio Alonso Gahona Chavez, hoy detenidos desaparecido. Tambien aqui fue muerto a golpes Humberto Castro Hurtado. Hoy la casa alberga a la Corporacion Nacional de Laringectomizados (operados de cancer a la laringe).

El recinto denominado "Nido 18" fue empleado exclusivamente para practicar la tortura. Se trata un local ubicado en la calle Peru 9053, comuna de La Florida en Santiago, cercano al paradero 18 de Vicuña Mackenna. En este centro, segun testigos, se quito la vida Arsenio Leal Pereira, bajo la presion de las torturas a que estaba siendo sometido.

En "Remo Cero", junto a los agentes de la FACH, operan miembros del Servicio de Inteligencia Naval y algunos agentes de Ejercito. La dotacion de la Direccion de Inteligencia de Carabineros era mas numerosa. Tambien aqui actuan los civiles provenientes de Patria y Libertad. Desde alli habrian sido sacados en helicoptero para ser arrojados al mar varios detenidos, entre ellos Humberto Fuentes Rodriguez y Luis Moraga Cruz. Tambien hay testigos que afirman que fueron sacados desde aqui, para ser asesinados y enterrados en los terrenos militares del Peldehue Ricardo Weibel Navarrete, Ignacio Gonzalez Espinoza, Miguel Rodriguez Gallardo y Nicomedes Toro Bravo. En este recinto fallecieron algunos detenidos a consecuencia de torturas, entre ellos Jose Sagredo Pacheco.

Este local fue visitado frecuentemente por un medico que atendio a varios detenidos y supervisaba las torturas.
Un recinto ubicado en calle Dieciocho N° 229, que habia sido ocupado por el diario El Clarin y paso a poder de Carabineros fue conocido como "La Firma".

Alli se instalo la Escuela de Inteligencia de Carabineros, algunos de cuyos profesores eran miembros no solo de DICAR sino tambien del Comando Conjunto.

Colindante a este edificio existe otro inmueble comunicado con el, en cuya parte posterior funciono el Comando Conjunto. En este segundo inmueble se mantuvo detenidos, en secreto, a distintos presos del PC, entre ellos Carlos Contreras Maluje, Juan Rene Orellana, Luis Emilio Maturana, Juan Antonio Gianelli, quienes fueron sacados de ese lugar para ser asesinados y enterrados clandestinamente en la Cuesta Barriga, y Jose Weibel Navarrete, quien posteriormente fue asesinado en el sector del Cajon del Maipo. En 1985 seria ocupado para secuestrar a una decena de profesores y a los tres profesionales comunistas que luego aparecerian degollados en un camino rural de Quilicura.
Otros inmuebles usados por el SIFA o por el Comando Conjunto, donde se mantuvo transitoriamente detenidos, fueron un inmueble del Barrio Bellavista, donde vivian miembros solteros del CC, asi como la Comisaria Las Tranqueras, usada mientras se efectuaba la visita de una delegacion de derechos humanos de las Naciones Unidas, a fin de que tales detenidos no pudieran ser ubicados en los lugares de detencion mas conocidos.

AGA: EL ANTECESOR

Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aerea recuerdan como sus captores y torturadores, entre otros, al general Orlando Gutierrez Bravo, los comandantes Sergio Lizasoain, Edgar Ceballos Jones, Jaime Lavin, Juan Bautista Gonzalez y Humberto Velasquez Estay; los capitanes Leon Duffey, Juan Carlos Sandoval, Jaime Lemus, Florencio Duble, Contreras y Fullogher (jefe de guardia permanente); los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, Matig y Perez; el Sargento Hugo "chuncho" Lizana, el cabo Eduardo Cartagena y el Cabo 2º Gabriel Cortes (que se cambio el nombre).

"Los torturadores del Academia de Guerra Aerea eran casi todos de la Especialidad de Aerofotogrametria, tanto oficiales como suboficiales. Pertenecian a los cursos egresados en 1967 y otros posteriores. Estaban directamente bajo el mando del Comandante Otaiza, llamado tambien el "pata de oso". Tambien se encontraban interrogando los del curso de instructores militares de la Escuela De Especialidades egresados en 1968, el mismo año de mi egreso.

Posteriormente, a mediados de 1974, tambien fui llevado a la Academia de Guerra Aerea desde la Carcel Publica. Ahi pude comprobar que el Coronel Matthei dirigia y seleccionaba a los que tenian que ser torturados e interrogados. El, junto a un teniente apodado "el loquillo", golpearon a dos prisioneros que estaban de pie y vendados. "El loquillo" tambien me golpeo con la culata de un fusil. De la AGA fui llevado a la Academia Politecnica por 24 horas, en este trayecto se temia la aplicacion de la llamada ley de fuga (ajusticiamiento por la espalda y abandono en algun sitio eriazo). De la APA se me traslado de nuevo a la AGA, finalmente fui trasladado a la Carcel Publica".
(Sergio Lontano Trureo. 51 años. C.I.57.88167-4. Domiciliado en 290 South Lambeth Road, London SWB.1 JUG. Inglaterra. Ejecutivo Legal. Tenia al 11 de septiembre de 1973 el grado de Cabo 1º).

PROCESADOS Y RESPONSABLES

Los mandos y agentes involucrados en el actuar del Comando Conjunto son: Manuel Barra Von Kretschmann (C.I. 1.614.559-9), jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia (Jose Antonio Rios 6). Capitan de fragata al momento del golpe de Estado, parte de la direccion de la DINA en 1974 y subdirector en 1975. En 1976 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado como complice de la asociacion ilicita criminal y del secuestro de Edras Pinto y Reinalda Pereira por el ministro Cerda.
Luis Rolando Pacheco Valdes, coronel (r) de la FACH. Jefe de la Base Aerea de Colina al momento de funcionar en su interior el centro de torturas "Remo Cero". Procesado por el ministro Cerda como autor de asociacion ilicita criminal.
Ruben Samuel Romero Gormaz, general (r) de Carabineros, jefe de la DICAR en J.A.R. 6. Procesado por Carlos Cerda como autor de la asociacion ilicita y complice del secuestro de Edras Pinto y Reinalda Pereira.
Freddy Enrique Ruiz Bunger, general (r) de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociacion ilicita criminal y complice del secuestro de Edras Pinto y Reinalda Pereira. Actualmente es procesado por el titular del 25º Juzgado del Crimen de Santiago por el secuestro de Victor Vega.
Mario H. Vivero Avila, general (r) de la FACH, juez de Aviacion y comandante de la guarnicion de Santiago en 1976. Procesado como autor de asociacion ilicita criminal por Carlos Cerda. Actualmente el juez Hazbun del 25º Juzgado del Crimen lo procesa como encubridor de la asociacion ilicita y de la desaparicion de Victor Vega.
Edgar Benjamin Ceballos Jones, coronel (r) de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aerea y jefe de Roberto Fuentes Morrison en el CC. Alias "Inspector Cabezas". Procesado por Carlos Cerda como autor de la asociacion ilicita criminal y complice del secuestro de Edras Pinto y Reinalda Pereira.
Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante (r) de la FACH. Vicecomandante del Regimiento de Artilleria Antiaerea de Colina en el que funciono el centro de tortura "Remo Cero". Procesado por Cerda como autor de asociacion ilicita criminal, mientras que el juez Hazbun lo considera complice del secuestro de Victor Vega.
German Alfredo Esquivel Caballero, teniente coronel (r) de Carabineros, encargado de contrainteligencia en DICAR. Procesado como autor de la asociacion ilicita criminal y complice del secuestro de Edras Pinto y Reinalda Pereira.
Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalan, teniente (r) de la Armada (C.I. 4.638.149-1). Procesado como autor de la asociacion ilicita criminal y complice del secuestro de Edras Pinto y Reinalda Pereira. Actualmente es procesado por el juez Carlos Hazbun por el secuestro de Victor Vega.
Jorge Rodrigo Cobos Manriquez, teniete de reserva FACH. Alias "Kiko" o "Elefantito" (C.I. 5.890.505-4). Procesado por el ministro Cerda como autor autor de la asociacion ilicita criminal y complice del secuestro de Edras Pinto y Reinalda Pereira. El juez Hazbun lo sometio a proceso por la desaparicion de Victor Vega.

Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario (r) de la Policia de Investigaciones. Alias "El Zambra". Procesado como complice de la asociacion ilicita criminal.

Pedro Ernesto Caamaño Medina, Suboficial (r) de la FACH. Alias "Peter" (C.I. 7.024.319-9). Agente operativo en el centro de torturas "La Firma".
Procesado por el juez Carlos Hazbun por el secuestro de Victor Vega.
German Enrique Pimentel Ceballos, comandante (r) de la FACH. Procesado por el ministro Cerda como autor autor de la asociacion ilicita criminal y complice del secuestro de Edras Pinto y Reinalda Pereira.

Luis Enrique Campos Poblete, comandante (r) de la FACH. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociacion ilicita criminal Manuel Agustin Muñoz Gamboa, Mayor (r) de Carabineros. Alias "El Lolo".

Destaco por su crueldad en el CC, donde participa en decenas de secuestros, torturas y desapariciones, retornando con el grado de capitan a Carabineros para continuar ligado a los aparatos represivos. En la DICOMCAR comparte labores con su "colega" del CC Miguel Estay Reino. En este organismo aparece involucrado en el asesinato de Juan Antonio Aguirre Ballesteros en 1984.
Fue procesado por el ministro Cerda, posteriormente fue condenado a 5 años y un dia por su participacion en el asesinato de Jose Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Hoy aparece procesado por el secuestro y desaparicion de Alonso Gahona, en el 4º Juzgado del Crimen de San Miguel, y en el caso que lleva el juez Hazbun por el secuestro y desaparicion de Victor Vega.

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado Alias "Lalo". C.I. 5.083.760. Suboficial (r) de la Fach . Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la disolucion de este organismo paso a integrar el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aerea (SIFA).

Esta siendo procesado en el 4º Juzgado del Crimen de San Miguel por el secuestro y torturas que causaron la muerte de Alonso Gahona Chavez, desaparecido desde el 8 de septiembre de 1975. Tambien aparece encausado en el proceso abierto por el juez con dedicacion preferente Carlos Hazbun, titular del 25º Juzgado del Crimen, referido al secuestro y desaparicion de Victor Vega Riquelme ocurrido el 3 de enero de 1976.
Su ultimo domicilio conocido es Del Rey 394, Maipu. Miguel Arturo Estay Reyno. Alias "El Fanta". Ex militante comunista, paso de delator a agente tras ser detenido en 1975 por miembros del Comando Conjunto. Conocedor de las estructuras internas de las Juventudes Comunistas y el PC fue pieza vital en la conformacion de los organigramas que llevaron a la detencion de sus principales dirigentes, entre los que figuraban Carlos Contreras Maluje, Jose Weibel, Fernando Ortiz y Waldo Pizarro. Participo en el secuestro de su ex compañero Manuel Guerrero, quien fue uno de los pocos que logro escapar de las garras del CC, pero en 1985 vuelve a secuestrarlo, esta vez con los agentes de la DICOMCAR, para finalmente degollarlo junto a Jose Manuel Parada y Santiago Nattino. Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibañez, hoy cumple su condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales comunistas y es procesado por la desaparicion de Victor Vega.

Cesar Luis Palma Ramirez. Alias "El Fifo". C.I. 6.387.372-1. Como militante de Patria y Libertad participa en numerosos atentados terroristas contra el gobierno de la UP, fue detenido en agosto de 1973 por su participacion en el homicidio del edecan presidencial Arturo Araya, amnistiado despues del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum.

Amigo de Fuentes Morrison, quien lo lleva al CC, pasa a ser su mano derecha en la ejecucion de las tareas represivas. Segun el desertor del CC Andres Valenzuela, "El Fifo" participa directamente en los asesinatos de Jose Weibel Navarrete, Miguel Rodriguez Gallardo, Humberto Fuentes Rodriguez, los agentes del mismo organismo Carol Flores y Guillermo Bratti, todos desaparecidos hasta la fecha. Tambien se le nombra entre quienes ejecutan en Cuesta Barriga a los dirigentes comunistas Lincoyan Berrios, Fernando Navarro, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro, Luis Lazo, Juan Gianelly, Horacio Cepeda, Hector Veliz y Reinalda Pereira, quien se encontraba en avanzado estado de embarazo.
Procesado por el ministro Cerda, aparece hoy en los casos de Alonso Gahona y Victor Vega.
Su ultima direccion conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fabrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continua su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramirez.

Roberto Alfonso Flores Cisterna. Alias "El Huaso". C.I. 7.767.975-8. Soldado (R) de la Fach . El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aerea El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. Por su "capacidad" es enviado a continuar su labor en la Academia de Guerra Aerea bajo el mando de Edgard Ceballos. En 1975 pasa a formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparicion de decenas de militantes comunistas. Hasta mediados de los '90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñandose en el rubro del comercio. Su ultimo domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo.
 

Alejandro Jorge Forero Alvarez. Cardiologo. Registro Colegio Medico 9580-K. Comandante de Escuadrilla y medico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 presto servicios como soldado segundo en la Base Aerea de El Bosque y en el Regimiento de Artilleria Antiaerea de Colina. En este lugar participa del CC, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer.

Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura y hoy vuelve a ser requerido por el juez Hazbun en el caso de Victor Vega. Fue el primer funado en Chile, el 1º de octubre de 1999, en su consulta en la Clinica INDISA. Es socio, entre otros organismos, de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, donde figura con la direccion de la INDISA, y de la Sociedad Chilena de Cardiologia en la que aparece con su consulta particular: Av. Apoquindo 6275, oficina 116, y el correo electronico forero@entelchile.net. Su ultima direccion conocida es Camino La Brisa 14.199-2, Lo Barnechea, telefono 2161253.

Juan Francisco Saavedra Loyola. Alias "Jano". C.I. 4.124.917-K. Oficial (r) de la Fach. El 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como comandante de grupo de la Academia de Guerra Aerea, donde estuvo a cargo de los interrogatorios y tortura de sus compañeros de armas leales al gobierno constitucional, entre ellos Alberto Bachelet. En 1976 es nombrado Director de la Base Aerea de Colina y se integra al CC reemplazando en el cargo a Edgard Ceballos. En 1977 se traslada a la Comunidad de Inteligencia que funciono en Juan Antonio Rios 6 (Alameda con Santa Rosa). Hasta principios de los '90 estaba activo en la FACH con el grado de coronel. Fue procesado por el ministro Carlos Cerda y hoy lo requiere el juez Hazbun en el caso de la desaparicion de Victor Vega.
Otto Silvio Trujillo Miranda. Agente civil. Militante DC en su juventud, luego se incorporo a Patria y Libertad donde conoce al "Wally", quien lo llevaria al CC y le salvaria la vida en una disputa entre este organismo y la DINA cuando, junto a Carol Flores y Guillermo Bratti, entregaron informacion a los hombres de Contreras.

Desde antes del golpe de Estado pertenecia al Servicio de Inteligencia Militar (SIM), luego fue llamado por Fuentes Morrison para que formara parte del equipo de seguridad del Ministerio de Agricultura y del CC .
Participa en el secuestro, tortura y desaparicion de decenas de militantes de izquierda hasta su expulsion por el incidente con la DINA. Sus "contactos" le permitieron hacerse cargo de una empresa de seguridad en el sur de Chile, tras lo cual se vio envuelto en numerosos procesos por giro doloso de cheques.

Esta en la nomina de los procesados por Carlos Cerda y en los procesos abiertos por la desaparicion de Alonso Gahona y Victor Vega.
Guillermo Antonio Urra Carrasco. Alias "Willy". C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo (R) de la Fach. Agente operativo del CC desde su formalizacion en 1975. Fue procesado por el juez Carlos Cerda por su participacion en el secuestro, torturas y desaparicion de decenas de militantes de izquierda. Segun testigos directos es responsable de la ejecucion de prisioneros en el Cajon del Maipo (entre ellos Jose Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al mar de otros, frente a las costas de Quintero. Hoy vuelve a ser procesado, esta vez por el caso de Victor Vega.
Su ultima direccion conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes. Roberto Fuentes Morrison. Alias "Wally". Durante la Unidad Popular se destaco en los grupos paramilitares de Patria y Libertad, donde conoce a varios de los que posteriormente llevaria al CC. Como Comandante de Escuadrilla de la FACH se incorpora a esta asociacion ilicita criminal, pasando a ser uno de los jefes operativos reconocido como uno de los mas crueles torturadores.
Fur procesado por Carlos Cerda debido a su participacion en decenas de secuestros, torturas, ejecuciones y desapariciones de militantes del MIR y el PC. A mediados de 1989 fue acribillado a la salida de su casa.
Fernando Patricio Zuñiga Canales. Alias "Chirola". Suboficial (R) de la FACH. Como soldado de la Base Aerea de El Bosque, el 11 de septiembre de 1973, participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aerea para cumplir las mismas funciones y de alli pasa a formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparicion de decenas de militantes de izquierda, entre ellos Victor Cardenas, Carlos Duran, Luis Maturana, Humberto Castro y David Urrutia. Tambien esta presente en la ejecucion de Bratti y Flores.

Pertenecio al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los '90. Fue procesado por el ministro Cerda y hoy aparece en los casos de Alonso Gahona y Victor Vega.

Su ultima direccion conocida es Pasaje Simon Bolivar 1298, San Bernardo. Alex Damian Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh, Fernando Matthei y Ramon Vega. Alias "Loco Alex" (C.I. 6.243.426-7).
 

Agente operativo del Comando Conjunto.
Juan Arturo Chavez Sandoval, cabo (r) de la FACH. Alias "Peque", "Rucio" o "Pol. Torturador en el AGA y operativo del CC. Procesado por el secuestro de Victor Vega.

Marco Alejandro Cortes Figueroa, inspector (r) de la Policia de Investigaciones. Alias "Yoyopulus". Procesado como complice de la asociacion ilicita criminal en el caso de Cerda.

Raul Horacio Gonzalez Fernandez, funcionario (r) de la FACH. Alias "Rodrigo"o "Wally Chico". Testigos afirman que participo en la detencion de Jose Weibel. Procesado como complice de la detencion ilegal de Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen.
Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, soldado (r) de la FACH, con destinacion a la DIFA y al Comando Conjunto. Alias "La Pochi". Procesada por el ministro Cerda como autora de asociacion ilicita criminal y complice de la desaparicion de Reinalda Pereira y Edras Pinto.
Pablo Arturo Navarrete Arriagada, coronel (r) de Carabineros con destinacion en DICAR. Procesado como complice de asociacion ilicita criminal por el ministro Cerda. Antonio Benedicto Quiros Reyes, coronel (r) de la FACH y jefe del Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociacion ilicita criminal.

Andres Pablo Potin Lailhacar, agente civil del CC. Alias "Yerko". Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participacion en el homicidio del edecan presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbun como participante del secuestro de Victor Vega. Hoy figura como empresario en el rubro computacional con una oficina en Americo Vespucio Norte 2506.
Manuel Antonio Salvatierra Rojas, subprefecto (r) de la Policia de Investigaciones. Alias "Negro" (C.I. 6.195.828-2). Procesado por el ministro Cerda como autor de asociacion ilicita criminal.

Robinson Alfonso Suazo Jaque, soldado (r) de la FACH. Alias "Jonathan". Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el secuestro y desaparicion de Victor Vega.

Humberto Villegas, sargento segundo (r) de Carabineros. Alias "Don Beto". Procesado por Carlos Cerda como autor de asociacion ilicita criminal y complice de la desaparicion de Reinalda Pereira y Edras Pinto. Pedro Juan Zambrano Uribe, funcionario de la Fach. Alias "Chino".
Procesado por el ministro Hazbun como autor del secuestro de Victor Vega. Otros procesados por el ministro Carlos Cerda fueron Gustavo Leigh y Julio Benimelli Ruiz, fallecidos en diversas circunstancias. Encausados como complice del CC aparecen los coroneles (r) de Carabineros Italo Astete Sermini, Gonzalo Jimenez Huerta, Raul Enrique Montt Carvajal y federico Luis Smith Ibarra. Tambien los tenientes coroneles Graciano Bernales Perez, Juan Bezzemberger Schwarz y Luis Humberto Villagra Rebeco. Como encubridores de los secuestros de Reinalda Pereira y Edras Pinto fueron encausados el subcomisario de Investigaciones Federico Infante Lillo y el oficial Jorge Mondaca Gonzalez, ambos en retiro. En el proceso abierto por Carlos Hazbun son sometidos a proceso Carlos Pascua Riquelme, Juan Chavez Sandoval y Alejandro Saez Mardones (cumpliendo presidio perpetuo por caso degollados).

por Julio Oliva Garcia

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos.

La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.

El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlos.

Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpas Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".

Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.

Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días

La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.

El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.

Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros.

Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.

En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad

La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psiquiatra Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los '90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia.

esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.

Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, (coronel (r) suicidado) Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.

El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una crisis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.

Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú.

Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto

Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally".

Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986.

Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez. Dr. Camilo Azar Saba (actualmente tiene un sitio web y un blog:( http://camiloazar.blogspot.com/ y http://www.camiloazar.com/ )  es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar. Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.

Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.

Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.

El lugar de trabajo

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 4508563.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.

Guido Díaz Paci, Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo. email:  camiloazar@vtr.net  . Fonos: (56-2) 679 65 00.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.

La Séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó este lunes el auto de procesamiento que pesaba contra el comandante de sanidad de la Fuerza Aérea, Alejandro Forero Alvarez, por la desaparición en 1976 de un militante comunista.

Según informó el diario “La Segunda”, el tribunal de alzada concedió además el beneficio de la libertad bajo fianza -de 500.00 pesos- al general en retiro de esa misma institución, Enrique Ruiz Bunger.

La resolucion la tomó la sala integrada por los ministros Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Juan Muñoz Pardo

“Si no hay justicia, hay funa”. Este es el lema con el cual la organización Acción Verdad y Justicia, H.I.J.O.S. Chile, justificó la serie de protestas que organizaron desde fines de los noventas contra torturadores, asesinos y cómplices de las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Augusto Pinochet, quienes gozaban de anonimato e impunidad, según el grupo. El 1 de octubre de 1999, el médico Alejandro Jorge Forero Álvarez, cardiólogo que entonces trabajaba en la clínica Indisa, fue el primer “funado”.

Según informó este miércoles El Dínamo, Forero podría asumir a partir de abril como director médico del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), en reemplazo del coronel Fernando Verdugo. El cargo figura en el organigrama de la institución como uno de los cuatro que suceden en importancia al del general de brigada aérea, Javier del Río Valdovinos, actual director general. La dirección de comunicaciones del recinto confirmó el dato, precisando que se va a dirimir entre dos personas, sin dar mayores detalles del otro candidato.

Además, el medio digital consigna declaraciones de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, quien sostuvo que esta situación es “consecuencia de la impunidad que se vive en Chile”. Pizarro argumentó que “a pesar de su oscuro pasado como torturador, y de una traición al código de ética médica, estos sujetos criminales pueden seguir ejerciendo cargos”.

El sitio de Derechos Humanos Memoria y Justicia, incorpora el nombre de Alejandro Jorge Forero en un listado de torturadores, precisamente en un apartado sobre redes de complicidad de la violencia de estado, el cual fue elaborado para la Comisión Funa.

Este portal detalla que el cardiólogo fue “Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACh. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del Comando Conjunto, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura”.

El proceso aludido, se refiere al caso de Víctor Vega Riquelme, detenido el 3 de enero de 1976. La investigación entonces se cerró y el médico fue amnistiado. En febrero de 2002, ante la insistencia del Nelson Caucoto, el juez del 5º Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Hazbún, sometió a proceso al doctor Forero junto a una veintena de ex integrantes del Comando Conjunto por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal ante el secuestro y desaparición del militante comunista. El caso es conocido por ser uno de los que mejor ilustra el rol que jugó Miguel Estay Reyno, alias “El Fanta”, en la detención de sus ex compañeros comunistas y amigos cercanos, como lo era Vega.

En mayo de 2002 la 7ª sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que integraba entonces el actual presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, revocó la decisión por ser “cosa juzgada”.

El Comando Conjunto fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre 1975 y 1976, encargado de la represión al Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas.

La denuncia salió a la luz por las redes sociales, en twitter, se difunde que el médico torturador EX CNI que actualmente trabaja en la clínica Indisa; Alejandro Jorge Forero Alvarez, especialista en Cardiología y medicina interna, ocupa el lugar 10 de médicos torturadores actualmente en servicio.

Esta es una de las pocas cadenas que por deber moral hay que difundir. Ya se sabe con certeza que los torturadores andan sueltos por todas partes. Ojalá esto sirva por lo menos para detectarlos, ya que probablemente nunca se les aplique la justicia. Los médicos que rompieron el Juramento de Hipócrates:

“Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento… Llevaré adelante este régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa… Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro…”.

Alejandro Jorge Forero Alvarez
Cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. C.I. 5228186-5, Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del Comando Conjunto, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura. Por estos días ha vuelto a ser requerido en nuevos procesos del Comando Conjunto.

Para más información pueden leer el Informe Valech.

El programa “En la Mira” de Chilevisión emitió anoche un reportaje donde se dio a conocer la identidad de los llamados “médicos torturadores”, galenos que ejercen en la actualidad a pesar de haber sido acusados de participar en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Uno de ellos es Guido Díaz Pacci, quien trabaja en La Serena. Se le acusa haber asesinado de un tiro de gracia al pediatra Jorge Jordan.

“No tengo nada que ver en ese baile, fui médico del regimiento Arica y nada más”, sostuvo el profesional. Al ser increpada por la hermana de la víctima, el doctor le contestó: “Cállese la boca, no diga estupideces mijita”.

Otro de los “médicos torturadores” es el ex miembro de la CNI Manfred Jurgensen, quien también trabaja en La Serena. “Lo he pasado pésimo. Jamás he participado en algo que sea poco ético, jamás en mi vida de médico”, dijo.

“Se me involucró en una cosa que no corresponde, hice un turno de reemplazo y eso ha significado en toda mi vida un calvario”, agregó.

Por su parte, se mostró el caso de Alejandro Forero, quien habría participado de la Caravana de la Muerte y que actualmente atiende en la Clínica Indisa.

“Fui juzgado y encontrado libre de toda culpa por la Corte de Apelaciones, en el Gobierno de Ricardo Lagos”, señaló el doctor.

En el reportaje también apareció Eugenio Fantuzzi, quien estuvo a cargo del departamento de sanidad de la DINA y que fue expulsado del Colegio Médico.

“Era muy joven y nos dedicábamos solamente a atender a la gente que era miembro (…) las cosas se dan también por diferentes causas, hay que acordarse que mi industria fue tomada por la UP”, indicó.

Las redes sociales ardieron durante la emisión del reportaje del programa "En la Mira" de Chilevisión y donde se mostraron los rostros de los más emblemáticos facultativos que participaron en acciones de tortura durante el régimen de Pinochet.

El programa mostró un reportaje llamado "Médicos torturadores" y donde se investigaron los casos de personas las que eran torturadas y estos profesionales los encargados de monitorear sus condiciones y determinaban si los detenidos podían o no seguir con la sesión de tortura. En otros casos como el del doctor Guido Díaz Pacci se mostró a la investigación que lo incrimina en la ejecución de Jorge Jordan, médico del Partido Comunista que en 1973 fue torturado y asesinado en la Región de Coquimbo cuando tenía 29 años. Al respecto Díaz Pacci sería presuntamente quien le habría propinado el tiro de gracia al facultativo.

Varios fueron los casos que se mostraron en el reportaje de este miércoles y que mostraban la crueldad que se ejercía en regimientos del país como los de Arica, La Serena y Tejas Verdes, donde se ejerció además tortura sexual y en la cual participaron la mayoría de los agentes de las represión.
También mostraron el caso del doctor Raúl Navarro Quintana quien al igual que todos los supuestos facultativos torturadores aún sigue atendiendo pacientes y se desplaza en absoluta impunidad por las calles. En el caso de Navarro Quintana es acusado de haber sido miembro del comando de la muerte y se le responsabiliza de la muerte de Absalon Wegner y el ex detective Rigoberto Achú.

Aparte de Navarro Quintana el reportaje del periodista Alejandro Vega nombró a otros profesionales quienes también están de alguna manera involucrados en el "trabajo" que les encargaron los aparatos represores de la dictadura de "mantener con vida" a los torturados. Entre los nombrados están Vittorio Orvietto, oftalmólogo de la Clínica Plus Médica; Manfred Jurgensen, ex miembro de la CNI; Alejandro Forero, médico que habría participado de la caravana de la muerte y que actualmente atiende en la Clínica Indisa, Eugenio Fantuzzi, a cargo del departamento de sanidad de la DINA y quien fuera expulsado del Colegio Médico.

El crudo reportaje dio cuenta en detalle de muchos casos de tortura narrados por sus víctimas y por testigos que vieron el horrendo accionar de algunos profesionales. En la parte final del espacio, el periodista Alejandro vega y su camarógrafo encararon a algunos de los implicados quienes se vieron sorprendidos con la llegada de la cámara y en el acto siempre negaron su participación con frases acompañadas de un evidente nerviosismo que incluso los hacía atropellarse en las palabras.

Elprograma de Chilevisión reveló también la amistad que existía entre el ex comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre y uno de los supuestos torturadores, el doctor Guido Díaz Pacci. Al respecto tanto víctimas como testigos de los macabros hechos señalaron que ambos funcionaban como un dupla que abusaba y denigraba a los detenidos. Finalmente se informó que este jueves el abogado Cristian Cruz presentó una querella por torturas por el caso de los médicos torturadores que emitió el programa "En la Mira".

2016 marcó un hito para Codelco. No fue uno de esos que sacan aplausos. Por primera vez en su historia, y producto de la baja sostenida del precio del cobre, la principal empresa estatal tuvo que endeudarse para cumplir con sus compromisos financieros. Uno de ellos es la entrega de US$707 millones  a las FF.AA. –monto registrado a septiembre de 2016– en virtud de la Ley del Cobre (que ya no es reservada).

El hito no hizo más que graficar hasta qué punto la Ley del Cobre se ha transformado en una camisa de fuerza para Codelco. Al obligar a la cuprera a entregar el 10% de sus ventas a las FF.AA., se despoja al Estado de un caudal importante para políticas públicas. Basta mirar las cifras para cuantificar el desvío legal de recursos que se impuso bajo dictadura (al cambiar el 10% de las utilidades por el 10% de las ventas de cobre): en 2015, unos US$858 millones fueron a parar a las Fuerzas Armadas (ver nota de El Mercurio).

A la mascada que le sacan las FF.AA. al Estado por la Ley del Cobre, se suma la otra fuga de capitales que le significa al Fisco el que los uniformados haya sido el único sector que mantuviera el privilegio del antiguo sistema de pensiones, cuando en 1980 entraron en vigencia las AFP.

Según información entregada por Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), a la comisión de la Cámara de Diputados que investiga irregularidades en las jubilaciones de las FF.AA. y de Orden, en 2015 Capredena repartió $911 mil millones en pensiones. El 94% de esa cifra es aporte fiscal y solo el 6% restante corresponde a las cotizaciones de los uniformados. Entre 2011-2015, el Estado ha desembolsado en total cerca de $3,8 billones (millones de millones de pesos) para solventar el fondo de retiro de Capredena. La cifra equivale a 119 teletones (según recaudación 2016) o al costo de construcción de 42 hospitales con equipamiento de última generación, como el que se inauguró en Rancagua en abril de 2016 ($90 mil millones).

Con los dineros de todos los chilenos se financia un sistema que atiende a casi 107 mil ex funcionarios  de las Fuerzas Armadas (y sus familias a través de pensiones y montepíos). Todos ellos gozan de privilegios que desnudan las carencias del sistema de capitalización individual que rige para el resto de la población, donde a noviembre de este año la pensión promedio por vejez no supera los $192 mil, según la Superintendencia de Pensiones (ver aquí).

CIPER tuvo acceso a la nómina de ex oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (FACH) que pasaron a retiro en el periodo 2006-2016 y que reciben pensiones de Capredena. Son 3.090 casos que representan el 13% –el estamento más alto– de los beneficiarios de este sistema.

El promedio de pensiones de los oficiales de las FF.AA. roza los $2,3 millones.  En la lista de oficiales pensionados de Capredena destacan 17 ex miembros de las Fuerzas Armadas con pensiones por sobre los $4 millones. La más alta corresponde a la del ex general de brigada de la FACH Patricio Franjola Buigley, quien pasó a retiro en julio de 2012 con una pensión de $5,9 millones. Debido a que por norma las pensiones de Capredena se reajustan en un 100% de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que hoy recibe Franjola a cuatro años y medio de su retiro son $6,8 millones.

El monto de las pensiones de los oficiales de las Fuerzas Armadas, en contraste con las del mundo civil, no es lo único que salta a la vista de la nómina de más de tres mil ex oficiales revisada por CIPER. Los ingentes recursos que el Estado inyecta para sostener ese sistema previsional –un 0,9% del PIB nacional en 2012, según la Comisión Bravo– también son destinados a cubrir millonarias pensiones para ex uniformados condenados o que están siendo procesados por violaciones a los derechos humanos y por fraudes de distinto tipo. El promedio de pensiones que recibe mensualmente este grupo de 38 uniformados en retiro asciende a $2,7 millones.

En los más de tres mil casos revisados aparecen, por ejemplo, altos oficiales condenados por homicidio y secuestro calificado en el Campo de Prisioneros de Pisagua; un teniente coronel sometido a doble proceso por el homicidio calificado de cinco dirigentes del MIR en calles Janequeo y Fuente Ovejuna; un coronel involucrado en la desaparición de 14 campesinos en Paine, otro en el asesinato del cantautor Víctor Jara y un tercero en el brutal ataque contra Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana (“Caso Quemados”).

También figura un médico y coronel–sometido a proceso en 2002– acusado  de vigilar torturas y drogar a prisioneros cuyos paraderos aún se desconocen; secretarios privados de Pinochet condenados por malversación de caudales públicos en el “Caso Riggs”; una decena de uniformados involucrados en actos de corrupción como el “Caso Fragatas”, el “Caso Mirage” o el “Milicogate”; y hasta un capitán que se convirtió en uno de los mayores capos del narcotráfico en Chile.

Según los cálculos de CIPER, el monto anual de las pensiones que paga Capredena a estos 38 uniformados involucrados en ilícitos y que pasaron a retiro entre 2006 y 2016, asciende a más de $1.200 millones.

En la nómina de estos pensionados, CIPER identificó, además, a más de 20 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismos represores del régimen de Augusto Pinochet. Sus pensiones alcanzan en promedio $2,5 millones. Lo grave es que algunos continúan ligados a las Fuerzas Armadas, principalmente en labores de educación en distintas unidades del Ejército.

La indagación de CIPER detectó al menos media docena de ex agentes de la CNI y la DINA que figuran recontratados en la Academia de Guerra y también en la Escuela Militar como Personal a Contrata (PAC) o Profesores Civiles (PC). Eso significa que todos ellos reciben importantes remuneraciones además de sus pensiones.

Un documento interno del Ejército obtenido por CIPER da cuenta que un militar retirado con rango de general puede recibir $2,5 millones si es recontratado para cumplir labores como PAC en la institución. Un monto que se suma al de su jubilación, que para los generales en retiro se empina en promedio por sobre los $3,2 millones.

PENSIONES Y DERECHOS HUMANOS

Entre fines de septiembre de 1973 y junio de 1974 fueron ejecutadas 26 personas en el Campo de Prisioneros de Pisagua (Región de Tarapacá). Entre ellos se encontraba el joven conscripto y militante del PC, Miguel Nash Sáez, quien se opuso a reprimir a la población y fue acribillado por la espalda. Su cuerpo aún no aparece.

En enero de 2009, el coronel (r) del Ejército Roberto Ampuero Alarcón fue procesado como coautor del secuestro y homicidio calificado de Nash y otros prisioneros de Pisagua. Ampuero había pasado a retiro 10 meses antes, en marzo de 2008, con una pensión de $2,6 millones. En agosto de 2016, Ampuero fue condenado a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autor del delito reiterado de secuestro calificado de Nash, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal. También como autor del homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Alberto Lizardi Lizardi.

A la fecha, la pensión reajustada de Ampuero roza los $3,6 millones. En esos delitos también estuvo involucrado el coronel (r) Gabriel Guerrero Reeve, quien pasó a retiro en enero de 2010 con una pensión de $2,1 millones. Guerrero, también condenado en agosto pasado a 15 años y un día, recibe hoy una pensión de casi $2,6 millones. El 26 de diciembre pasado, la causa en la que están involucrados Ampuero y  Guerrero, se elevó a la Corte de Apelaciones de Santiago para su conocimiento.

En agosto de 2016 fue condenado el coronel (r) del Ejército Pedro Collado Martí, como autor del secuestro calificado de los militantes socialistas Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza, ambos detenidos en septiembre de 1973, en Iquique. Collado, procesado en 2008 y condenado a 10 años y un día, recibe una pensión de $2,6 millones. Actualmente, el tribunal está cerrando el trámite de notificación del fallo a los condenados en esta causa.

El coronel (r) Carlos Durán Low, fue condenado en febrero de 2016 junto a otros cinco ex agentes de la CNI a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el homicidio calificado del profesor y miembro del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, en septiembre de 1979, en Santiago. Durán jubiló en marzo de 2007 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones. En abril de 2016, el fallo fue apelado y la Corte ordenó nuevas diligencias.

El general (r) y ex miembro del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), Julio Cerda Carrasco, fue condenado a cinco años y un día como cómplice de los secuestros calificados de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) perpetrados en septiembre de 1987. Cerda, procesado desde mayo de 2007, pasó a retiro en marzo de ese mismo año y hoy goza de una pensión de $3,1 millones.  La sentencia en esta causa –en la que están involucrados  33 ex agentes de la CNI–, fue ratificada por la Corte de Apelaciones en junio de 2015 y hoy se encuentra en el máximo tribunal.

El coronel (r) de Ejército Osvaldo Andrés Magaña Bau, fue sometido a proceso en julio de 2015 por el secuestro calificado de 14 campesinos del Asentamiento Villa el Escorial de Paine, todos ellos ejecutados entre septiembre y octubre de 1973 (Cuesta Chada). En coronel pasó a retiro en febrero de 2007 y hoy tiene una pensión de $2,6 millones. Cifra similar a la de la pensión que recibe el coronel (r) de Ejército Jorge Smith Gumucio, acusado en julio de 2015 de ser uno de los autores del secuestro y homicidio calificado de Víctor Jara y del ex director de Gendarmería, Littré Quiroga.

Fue en el mismo 2015 que la justicia procesó al coronel en servicio activo Julio Castañer González, por su presunta responsabilidad en la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri  y por las graves lesiones que sufrió Carmen Gloria Quintana, luego de que fueran quemados vivos en julio de 1986, en Santiago. Castañer fue acusado por un ex conscripto de ser quien encendió los cuerpos de De Negri y Quintana, luego de que fueran rociados con bencina. El coronel pasó a retiro en enero de 2016, con una pensión de $2,8 millones. En octubre de 2016, los abogados de los acusados pidieron el sobreseimiento de la causa, el que fue denegado. Se decretaron, además, nuevas diligencias.

El doctor y coronel (r) de Aviación Alejandro Forero Álvarez ha hecho una brillante carrera como cardiólogo en la Clínica Indisa. Su hoja de vida tiene un punto negro. Está acusado de ser uno de los médicos que prestó servicios al llamado “Comando Conjunto” supervisando torturas y drogando a prisioneros hoy desaparecidos. Forero fue sometido a proceso en 2002 junto a una veintena de integrantes de ese organismo represor, por asociación ilícita y la detención ilegal del militante comunista Víctor Vega Riquelme (enero de 1976). En mayo de 2002, la justicia revocó esos procesamientos, pero no porque fueran inocentes sino porque los delitos estaban prescritos. Forero pasó a retiro en agosto de 2014 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones.

En la lista de pensionados de Capredena que obtuvo CIPER, también figura el general (r) de Ejército Víctor Lizárraga Arias, un importante oficial de la BIE. En 2010 fue condenado por integrar la asociación ilícita que participó en el asesinato del coronel y entonces jefe de adquisiciones de la Dirección de Logística del Ejército, Gerardo Huber (1992). El 18 de noviembre pasado, Lizárraga –que hoy recibe una pensión de $3,1 millones– fue condenado a 205 días de presidio efectivo como autor de cinco delitos reiterados de cohecho en el llamado “Caso Fragatas”. A Lizárraga se le acusó de sobornar a un funcionario público coreano para que la empresa de intermediación de armamento que el oficial representaba obtuviera comisiones por ventas de dispositivos bélicos al Ejército. Los ilícitos fueron cometidos entre 2007 y 2008, cuando el general ya estaba siendo procesado por el crimen de Huber.

DEL CASO MIRAGE AL MILICOGATE

El general (r) de la FACH, Florencio Dublé Pizarro, fue procesado a comienzos de 2009 como cómplice de malversación de caudales públicos en el polémico juicio por las coimas en la compra de 25 aviones Mirage. La investigación del ministro Omar Astudillo determinó que en la transacción se habrían destinado US$15 millones al pago de comisiones ilícitas y que Dublé recibió al menos una transferencia bancaria por US$60 mil. Florencio Dublé se acogió a retiro en diciembre de 2006 y hoy percibe una pensión de $3,1 millones. La sentencia de la causa debiera conocerse en los próximos días.

El nombre del coronel (r) de Ejército Clovis Montero Barra saltó a la palestra en marzo de 2015 tras estallar el último de los grandes escándalos al interior del Ejército: el fraude de casi $5.500 millones perpetrado por militares con los fondos de la Ley del Cobre (“Milicogate”).

En febrero de 2016, Montero fue procesado por el ministro Omar Astudillo como autor del delito reiterado de fraude al fisco y falsedad documental. Montero, además, está querellado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), por delito tributario. El coronel –pasó a retiro en mayo de 2015 y recibe una pensión de $2,5 millones– está acusado de obtener de un proveedor más de 160 facturas por cerca de $980 millones por servicios o adquisiciones inexistentes.

En esta misma causa está procesado el coronel (r) Jorge Frez Ramírez, quien se desempeñó como jefe del departamento de Finanzas de Tesorería del Ejército. Fue el propio Montero quien declaró que Frez conocía la falsedad de los documentos, acusándolo además de recibir dinero por la tramitación y el pago de las facturas falsas. Frez –quien está preso en el Regimiento de Policía Militar N°1 de Peñalolén– pasó a retiro en febrero de 2015 con una pensión de $2,5 millones.

En la nómina a la que tuvo acceso CIPER aparecen también dos altos oficiales condenados en una de las aristas del “Caso Riggs” (el fallo se encuentra en apelación). Son dos de los oficiales que fueron secretarios privados de Augusto Pinochet: los coroneles (r) Gabriel Vergara Cifuentes y Juan Mac-Lean Vergara, ambos condenados en primera instancia a cuatro años de libertad vigilada por malversación de caudales públicos. Mac-Lean pasó a retiro en abril de 2009 y hoy recibe $2,9 millones de pensión. Vergara, en tanto, lo hizo en julio de 20011 y su pensión asciende a $2,6 millones.

En julio de 2009, el capitán de Fragata (r) Jesús Sáez Luna pasó a retiro y hoy recibe una pensión de $2,1 millones. Tres años más tarde, a Sáez le incautaron 150 kilos de cocaína y pasta base en un domicilio en Valparaíso. La Fiscalía estableció que Sáez era el jefe operativo de la banda: “Es el imputado de mayor categoría que hemos logrado capturar, porque el sujeto era un verdadero capo de la mafia”, señaló el fiscal a cargo de la investigación.

La salida de Sáez de la Armada no fue con honores. Poco antes de su retiro, fue acusado del robo de una cámara hiperbárica.

LA SOMBRA DE LA DICTADURA

En diciembre de 2006, el general de Ejército Ricardo Hargreaves Butrón, fue dado de baja de la institución. A mediados de ese mes, días después de la muerte de Augusto Pinochet, en entrevista con la Prensa Austral de Punta Arenas, Hargreaves (comandante en Jefe de la V División, Región de Magallanes) se refirió al dictador en los siguientes términos: “Yo fui partícipe de la causa de Pinochet y la sigo compartiendo (…) le debemos muchas cosas, no solamente como Ejército, sino como país”.

El comandante en Jefe del Ejército de la época, Óscar Izurieta, le pidió la renuncia. Fue una señal clara de los nuevos tiempos que corrían en la institución castrense, la que se vio reforzada en 2009, cuando Izurieta le puso término a los contratos de honorarios que mantenía un grupo de ex agentes de la DINA y CNI involucrados en juicios de derechos humanos. Se habló entonces de una limpieza al interior de la institución.

Pero la baja de Hargreaves no significó su salida del Ejército. Continuó ligado a la institución como gerente de Asuntos Corporativos de la Fábrica y Maestranzas del Ejército de Chile, FAMAE, y también como profesor de la Escuela Militar. Según la nómina de Capredena, Hargreaves pasó a retiro recién en agosto de 2014 y hoy percibe una pensión de $3,5 millones. A ese monto se agregan sus honorarios por labores académicas. Al menos hasta noviembre del año pasado, el general en retiro era presidente del Centro de Profesores de la Escuela Militar.

AL ABRIGO DE LA ACADEMIA

La Academia de Guerra del Ejército también es refugio para muchos uniformados que, una vez retirados, siguen vinculados a la institución en calidad de Personal a Contrata (PAC) o Profesor Civil (PC). Ello les permite sumar ingresos regulares a sus jubilaciones o incluso, luego de al menos tres años de servicio, reliquidar sus pensiones al alza.

Un documento reservado del Ejército al que tuvo acceso CIPER, indica que un oficial en retiro con grado de coronel o general contratado como PAC, puede ganar entre $1,5 millón y $2,5 millones mensuales. Para los generales de brigada, el sueldo como PAC, al margen de la jubilación que reciben, alcanza $2.526.910. El de un coronel, teniente coronel o mayor, llega a $1.458.112 (ver documento).

Un ex funcionario civil del Ejército que pidió reserva de su identidad, definió a la Academia de Guerra como una “caja pagadora de favores” y como una “red de protección” entre ex uniformados.

–Hay militares retirados contratados como PAC en la Academia de Guerra para labores administrativas y que, además, hacen clases y tienen contrato como profesores civiles (PC) hasta por 12 horas. Es imposible que cumplan con las funciones de los dos contratos. El sistema de control es un libro de firmas que nadie fiscaliza– señaló a CIPER un ex uniformado que conoce el funcionamiento de la Academia de Guerra.

Otro uniformado refirió a CIPER que tanto en la Academia de Guerra como en la Escuela Militar aún imparten clases o ejercen labores administrativas (en calidad de PC y PAC) ex oficiales vinculados a organismos represores de la dictadura, varios de los cuales gozan de suculentas pensiones. La indagación de CIPER detectó en las nóminas oficiales a al menos media docena de ex uniformados en esa situación.

Uno de ellos es el coronel (r) Rodolfo Ortega Prado, quien fue jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1985 y 1989 (usaba la chapa de “Rodrigo”). El 29 de febrero de 2004, La Nación Domingo publicó un reportaje titulado “Un CNI en Madrid”. Allí Ortega aparece involucrado en la muerte en 1988 de la joven socialista de 23 años Susana Ovando Coñué, en Punta Arenas. Cuando apareció el reportaje, en el que se dice que al menos 10 ex agentes de la CNI lo identificaron como su jefe en Punta Arenas el mismo año del asesinato de Ovando, Ortega era agregado militar de Chile en la embajada de Madrid. En marzo de 2004, el coronel en retiro compareció ante la justicia como testigo por este caso.

Esta fue la versión que el coronel le entregó a La Nación sobre la muerte de Susana Ovando: “La CNI en Punta Arenas era una mínima oficina encargada de asuntos administrativos, sin capacidad operativa para detener. En el periodo que yo estuve como jefe de la CNI en Punta Arenas, nunca se detuvo a nadie”.

Ortega pasó a retiro en febrero de 2007 y su pensión asciende a casi $2,6 millones. Pero el ex jefe de la CNI en Punta Arenas ha seguido ligado al Ejército recibiendo otros altos honorarios. Es director del magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico de la Academia de Guerra. CIPER tuvo acceso a la nómina de académicos que impartirán asignaturas en la Academia de Guerra en 2017. En esa planilla Excel aparecen los nombres de los profesores, los módulos y las horas académicas contempladas para cada curso. Allí, el coronel (r) Ortega –que posee un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid– figura como profesor en las asignaturas de “Ejecución JGS (Juegos de Guerra)” y “Geoestrategia”, las que se imparten en los módulos “Mando y Asesoría II”, “Mando y Asesoría III” y “Estrategia II”.

Otro ex CNI que también figura en la planilla de profesores de la Academia de Guerra para 2017, es el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz: como Profesor Civil (PC) en labores de “investigación y publicación”. Castro es, además, presidente del Centro de Graduados de la Academia de Guerra.

El general Castro perteneció a la Central Nacional de Informaciones entre 1979 y 1982. Fue él mismo quien lo reconoció en una declaración judicial de 2003 (como testigo) en el juicio por la masacre de 22 campesinos en Paine (octubre de 1973). En enero de 2008, Castro prestó una segunda declaración en la que admitió que formó parte de una compañía de fusileros en el “Cuartel Dos” de la Escuela de Infantería de San Bernardo, utilizado como centro de detención (Cerro Chena), dotación que participó en los asesinatos de los 22 campesinos. Y afirmó que en ese cuartel nunca vio detenidos y que solo se enteró tiempo después por la prensa que sí los hubo. El general Castro no ha sido procesado por la justicia.

En junio de 2015 pasó a retiro el coronel Carl Marowski Pilowsky, quien aparece en la nómina de miembros de la CNI que el Ejército le envió al hoy ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, cuando investigaba el crimen de Tucapel Jiménez. Son varias las labores que actualmente sigue cumpliendo Marowski en el Ejército y que le permiten abultar su pensión de $2,8 millones.

Fuentes consultadas por CIPER, señalaron que el coronel en retiro estaría contratado como PAC en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército (División de Educación). Marowski se desempeña además como académico del Diplomado de Educación Superior Militar de la Academia de Guerra y aparece en la nómina de 2017 como “Profesor Civil” (PC) con labores de “investigación y publicación”.

En septiembre de 2016, Carl Marowski asistió a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Lo hizo en calidad de “secretario general de la Academia de Guerra”.

Otro de los militares en retiro ligados a la Academia de Guerra y que perteneció al grupo escolta de Pinochet que le dio origen a la Brigada Mulchén de la DINA, es el general (r) Eduardo Ludovico Aldunate Hermann. En la planilla de profesores 2017, Aldunate –quien jubiló en julio de 2009 y hoy recibe una pensión de $3 millones– aparece con honorarios por labores de “investigación estratégica”. Aldunate fue también jefe de las tropas de Chile en Haití antes de pasar a retiro.

El coronel (r) José Francisco Enberg Castro también integró la CNI. Jubiló en febrero de 2014 y actualmente recibe una pensión de $2,8 millones. En la planilla de asignaturas que impartirá la Academia de Guerra en 2017, Enberg figura como “Profesor Civil” (PC) en “gestión docente”.

En junio de 2013 se filtró a la prensa una nómina con 1.500 uniformados y civiles ex agentes de la DINA. En esa lista, aparece el nombre del general (r) Enrique Slater Escanilla, quien pasó a retiro en septiembre de 2010.

En una nota publicada en la página web de la Escuela Militar en octubre de 2015, Slater figura como Profesor Civil (lleva más de 10 años haciendo clases en la Escuela Militar) y también como jefe del Departamento Académico de la institución. Slater, cuya pensión es hoy de $3,2 millones, aparece además como asesor (entre marzo y agosto de 2016) de la División de Educación del Ejército. Su labor: “brindar asesoría de axiología para la redacción del reglamento Ethos del Ejército de Chile”.

El médico Alejandro Forero participó del "Comando Conjunto" y se encargó de supervisar las torturas y drogar a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Varios de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas, atendiendo a pacientes que no tienen la más mínima idea «su doctor» violó el Juramento Hipocrático», mediante el cual se comprometió a usar su conocimiento en beneficio de los enfermos y apartarlos del perjuicio y el terror.

Este es el caso de Alejandro Jorge Forero Álvarez, quien figura en las especialidades de cardiología y medicina interna de la Clínica Indisa.

Hace casi 24 años, específicamente el 1 de octubre de 1999, este médico se convirtió en el primer «funado» de la Comisión Funa, destinada a encarar y visibilizar los crímenes de aquellos que no fueron juzgados ni judicial, ni social, ni políticamente.

La acción se desarrolló justamente en su consulta de la Clínica Indisa.

Participación en el «Comando Conjunto»

De acuerdo con el sitio de Derechos Humanos Memoria y Justicia, el cardiólogo supervisó las torturas infringidas por la DINA en los centros clandestinos de detención,

Alejandro Forero fue “Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACh.

En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participó del «Comando Conjunto», una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre 1975 y 1976, encargado de la represión al Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas.

En concreto, Forero se encargó de supervisar las torturas y drogar a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura”, pero logró salir libre luego de negar todos los delitos que los sobrevivientes le habían inculpado.

El proceso aludido, se refiere al caso de Víctor Vega Riquelme, detenido el 3 de enero de 1976. La investigación entonces se cerró y el médico fue amnistiado. En febrero de 2002, ante la insistencia del Nelson Caucoto, el juez del 5º Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Hazbún, sometió a proceso al doctor Forero junto a una veintena de ex integrantes del Comando Conjunto por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal ante el secuestro y desaparición del militante comunista. El caso es conocido por ser uno de los que mejor ilustra el rol que jugó Miguel Estay Reyno, alias “El Fanta”, en la detención de sus ex compañeros comunistas y amigos cercanos, como lo era Vega.

En mayo de 2002 la 7ª sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que integraba entonces el actual presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, revocó la decisión por ser “cosa juzgada”.

“Fui juzgado y encontrado libre de toda culpa por la Corte de Apelaciones, en el Gobierno de Ricardo Lagos”, señaló el doctor en declaraciones ofrecidas al programa “En la Mira” de Chilevisión en 2014.

En abril de 2022, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, sentenció a Alejandro Forero a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como cómplice de los delitos de secuestro calificado de Luis Desiderio Moraga Cruz y de Ricardo Manuel Weibel Navarrete. Y a 60 días como cómplice del delito de secuestro simple de Ignacio Orlando González Espinoza.

Consulta en la Clínica Indisa

Sin embargo, el médico continúa ofreciendo consultas en las especialidades de cardiología y medicina interna de la Clínica Indisa, pero solo atiende en Providencia, no en Maipú, y no recibe pacientes Fonasa.

Según pudo constatar El Desconcierto, la próxima fecha disponible para una cita con de Forero es el 13 de septiembre de 2023

Asimismo, un reportaje CIPER reveló que el médico del «Comando Conjunto», pasó a retiro en 2014 y recibe 2,5 millones de pesos de pensión.

Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, casos como el del médico les “indigna y violenta”, especialmente a 50 años del Golpe de Estado contra Salvador Allende.

En conversación con El Desconcierto lamentó que “este doctor Forero sigue trabajando a pesar de los crímenes terribles que hizo con nuestros familiares”.

“Él como médico era más criminal porque se supone que un médico hace un compromiso con la vida, salvar la vida de la persona, que tiene que atender en su máximo esfuerzo”, indicó a dirigente social.

“Sin embargo él usó su profesión para medir cuánto podía durar la resistencia de la prisionera o prisionero político que estaban torturando, por lo cual su delito es doble a aquel que pega un balazo en la cabeza, por su profesión y por el tormento que creaba y permitía”, sentenció.

por Leonardo Buitrago

En abril de 2022, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, sentenció a Alejandro Forero a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, como cómplice de los delitos de secuestro calificado de Luis Desiderio Moraga Cruz y de Ricardo Manuel Weibel Navarrete.

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este es el caso de Alejandro Jorge Forero Álvarez, quien figuraba en las especialidades de cardiología y medicina interna de la Clínica Indisa.

Hace casi 24 años, específicamente el 1 de octubre de 1999, este médico se convirtió en el primer «funado» de la Comisión Funa, destinada a encarar y visibilizar los crímenes de aquellos que no fueron juzgados ni judicial, ni social, ni políticamente. La acción se desarrolló justamente en su consulta de la Clínica Indisa. De acuerdo con el sitio de Derechos Humanos Memoria y Justicia, el cardiólogo supervisó las torturas infringidas por la DINA en los centros clandestinos de detención,

Incluso, fue “Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del Golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En concreto, el especialista se encargó de supervisar las torturas y drogar a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura”, pero logró salir libre luego de negar todos los delitos que los sobrevivientes le habían inculpado.

No obstante, en abril de 2022, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, sentenció a Alejandro Forero a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, como cómplice de los delitos de secuestro calificado de Luis Desiderio Moraga Cruz y de Ricardo Manuel Weibel Navarrete. Y a 60 días como cómplice del delito de secuestro simple de Ignacio Orlando González Espinoza.

Finalmente, dicha sentencia fue ratificada por la Corte Suprema el 24 de abril de 2024, mientras que el pasado 7 de mayo fue detenido y cumplirá condena en el módulo especial de Colina 1

 

El Ciudadano contactó a la Clínica Indisa, quienes confirmaron que Alejandro Forero no sigue ejerciendo en este recinto de salud.

La Corte Suprema rechazó los recurso de casación en el fondo interpuestos por las defensas de los otrora agentes del denominado Comando Conjunto, en contra de la sentencia que condenó a 27 de ellos por su responsabilidad en los delitos de secuestro simple y homicidio calificado de Ignacio Orlando González Espinoza y Juan René Orellana Catalán; y en los secuestros calificados de Ricardo Manuel Weibel Navarrete, Luis Desiderio Moraga Cruz y Luis Emilio Gerardo Maturana González, todos militantes del Partido Comunista. Los delitos fueron perpetrados entre octubre de 1975 y junio de 1976, en la ciudad de Santiago.

El llamado Comando Conjunto fue un aparato represivo creado por la dictadura bajo la tutela de la Fuerza Aérea (Fach) y la participación de agentes del ejército, de la marina, de carabineros y civiles fachos, que operó principalmente entre los años 1975 a 1977, y cuya razón de ser era competir en faenas represivas y criminales con el omnímodo poder que ostentaba la DINA bajo la tutela del ejército y la dirección de Pinochet y Contreras.

En fallo unánime (causa rol 32.012-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier y el ministro Jean Pierre Matus- confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó al ex oficial de la Fach Juan Francisco Saavedra Loyola y al ex oficial de carabineros Manuel Agustín Muñoz Gamboa a las penas de 18 años de presidio, más 13 años y más 3 años de presidio, cada uno.

Al ex oficial de la armada Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán a penas de 18 años, más 12 y más 3 años de presidio.

A los ex oficiales de ejército Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Sergio Antonio Díaz López, y al ex oficial de la armada Jorge Aníbal Osses Novoa, a penas de 12 años de presidio, más 10 años y un día, más 400 días de presidio a cada uno.

A los agentes Raúl Horacio González Fernández y Alejandro Julio Segundo Sáez Mardones a dos condenas de 10 años y un día de presidio, y más 400 días de presidio a cada uno.

A los agentes Roberto Alfonso Flores Cisterna y Juan Carlos Hernán Rodrigo Villarreal a penas de 10 años y un día, más 5 años y un día, más 400 días de presidio a cada uno.

Al facho civil Otto Silvio Trujillo Miranda la penas de 10 años y un día de presidio Al agente Lenin Figueroa Sánchez, dos condenas de 5 años y un día, más 400 días de presidio.

A los agentes Sergio Daniel Valenzuela Morales, Juan Atilio Aravena Hurtuvia, a penas de 5 años y un día de presidio, más 5 años, más 400 días de presidio.

A los fachos civiles Andrés Pablo Potín Lailhacar, Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, Emilio Mahias del Río, y los agentes Juan Luis Fernando López López, José Evaristo Rojas Alruiz, Francisco Segundo Illanes Miranda, a penas de 5 años y un día de presidio, más 400 días de presidio.

A Ernesto Arturo Lobos Gálvez, Alejandro Jorge Forero Álvarez, a penas de 5 años y un día de presidio, más 60 días de presidio.

A Roberto Francisco Serón Cárdenas, a la pena de 5 años y un día de presidio A Robinson Alfonso Suazo Jaque, Pedro Ernesto Caamaño Medina, Pedro Juan Zambrano Uribe y José Hernando Alvarado Alvarado, a la pena de 4 años, más 60 días de presidio cada uno.

Los también condenados Antonio Benedicto Quiros Reyes y Miguel Arturo Estay Reyno, fallecieron en el curso del proceso.

En la investigación judicial y fallo de primera instancia el ministro Miguel Vásquez Plaza estableció que existió una agrupación de hecho que operó clandestinamente entre los años 1975 y 1976, conformado principalmente por agentes que pertenecieron a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, además de Carabineros Chile, Marina y Ejército, con la colaboración de civiles, cuyo objetivo principal fue la represión de la Juventud del Partido Comunista, para lo cual procedían a la detención de varios de ellos.

Esta agrupación, denominada Comando Conjunto, utilizó para las detenciones y torturas diversas instalaciones: Hangar de Cerrillos; Nido 20, recinto secreto de detención y tortura ubicado en calle Santa Teresa N° 037, paradero 20 de Gran Avenida; Nido 18, recinto secreto ubicado en calle Perú N° 9053, La Florida, Santiago, que fue empleado exclusivamente para la tortura; La Prevención o Remo Cero, que eran calabozos ubicados al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, todo esto durante el año 1975; La Firma, a principios del año 1976, dicho grupo traslada sus operaciones a la parte posterior del inmueble a cargo de Carabineros de Chile, ubicado en calle Dieciocho, frente al N° 229, que perteneció al ex diario Clarín, denominándosele La Firma.

El actuar operativo de la agrupación, consistía en detener a las personas con la modalidad de secuestro, mantenerlos cautivos en recintos secretos, y someterlos a interrogatorios y torturas, física y psicológica, para obtener información y doblegar su voluntad, logrando la colaboración de alguno de ellos, hasta el punto que algunos fueron asimilados como agentes operativos del grupo, lo que proporcionó una mayor efectividad en la detención de militantes comunistas en cadena, a los cuales se les hizo desaparecer; de algunos de ellos, en el curso de los años, se encontró parte de sus restos.

El día 7 de noviembre de 1975, aproximadamente a las 22.00 horas, fue detenido en su domicilio de calle Río Maule en la Comuna de Recoleta, Ricardo Manuel Welbel Navarrete, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fueron encontradas sus osamentas en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue.

El día 20 de octubre de 1975, en horas de la madrugada fue detenido en su domicilio de pasaje Tokio en la Población Juanita Aguirre, comuna de Conchalí, Santiago, Luis Desiderio Moraga Cruz, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele recluido en el Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, en cuyo interior se encontraba el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, siendo éste el último lugar en que se le vio con vida.

El día 4 de diciembre de 1975, en horas de la madrugada, fue detenido en su domicilio de calle Soberanía de la comuna de Santiago, Ignacio Orlando González Espinoza, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fue ejecutado en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue, donde fueron encontradas sus osamentas.

El día 8 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, Luis Emilio Gerardo Maturana González se reunió con Juan René Orellana Catalán, ambos militantes de la Juventud Comunista en la clandestinidad debido a la persecución política de que eran objeto, con el propósito de entregarle dinero del partido a Orellana Catalán para sí y para que a su vez lo entregara a otros militantes del partido ya que Maturana González estaba encargado de distribuirlo; momento en que son detenidos por agentes operativos del referido Comando Conjunto, manteniéndoseles recluidos en el recinto denominado La Firma, desde donde se pierde su rastro. Posteriormente, Orellana Catalán fue ejecutado en la Cuesta Barriga, donde se encontró restos de su persona