Flores Vergara Héctor Alfredo

Diligencia de Careo Múltiple de la Brigada Político Sindical de la Central Nacional de Informaciones.

Diligencia de careo múltiple de personas que trabajaron en la unidad político sindical de la Central Nacional de Informaciones, de fojas 1127 tomo III reservado a la que comparecieron las siguientes personas :

– Miguel Eugenio HERNANDEZ OYARZO – Luis Tomás ROJAS TORRES – Daniel Valentín CANCINO VARAS – Carlos Enrique ASALGADO MARTINEZ – Pedro René ALFARO FERNANDEZ – Juan Manuel ARAOS ARAOS – Gustavo Galvarino CARUMAN SOTO – Juan Evaristo DUARTE GALLEGOS – Germán Ricardo ERAZO AHUMADA – Héctor Alfredo FLORES VERGARA – Segundo Armando GANGAS GODOY – Enrique del Tránsito GUTIERREZ RUBILAR – Luis Germán GUTIERREZ URIBE – Guido Arnoldo JARA BREVIS – Jaime Andrés MARQUEZ CAMPOS – Luis Eduardo MORA CERDA – José Jaime MORA DIOCARES – José Stalin MUÑOZ LEAL – Enrique Segundo NARANJO MUÑOZ – Nelson Aquiles ORTIZ VIGNOLO – Manuel Humberto POBLETE VERGARA – Manuel Alexis TAPIA TAPIA – Rudeslindo URRUTIA JORQUERA

Entre los encausados, todos en retiro, hay ocho coroneles y 23 suboficiales de Ejército, 40 oficiales y suboficiales de Carabineros, dos ex agentes de la FACH, una ex agente de la Armada, y siete ex agentes de la Policía de Investigaciones.

El mayor golpe a la represión de la dictadura de Augusto Pinochet dio ayer el ministro Víctor Montiglio, al procesar a 98 ex agentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones por 42 víctimas de la Operación Colombo.

Se trata de la resolución más numerosa dictada entre las casi 400 causas por violaciones de los derechos humanos que se instruyen en el país. Incluso superó a los 67 ex agentes encausados por el mismo juez Montiglio en 2007 por los crímenes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín en el cuartel Simón Bolívar.

Entre los encausados por Colombo hay ocho coroneles de Ejército (R), seis de los cuales no habían procesados antes en ninguna causa. También fueron declarados reos 23 suboficiales de Ejército (R) de los cuales al menos el 50 por ciento aparecen por primera vez en este tipo de causas.

Entre estos suboficiales figura Juvenal Piña, alias "El Elefante", ex agente de la Brigada Lautaro, que fue quien asfixió al jefe comunista en la clandestinidad (1976) Víctor Díaz, con una bolsa plástica en su cabeza, previo a que le inyectaran cianuro.

Además el magistrado encausó a 40 ex agentes oficiales y suboficiales de Carabineros, entre los que están Ricardo Lawrence, Heriberto Acevedo, Claudio Pacheco y José Mora, todos ex integrantes de la misma Brigada. Entre los procesados hay también ex agentes que pertenecían a la Policía de Investigaciones. El único civil (Ejército) es Juan Suárez.

De la lista total, al menos trece ya se encuentran cumpliendo condena por otras causas (ver lista).

Hasta el cierre de esta edición los procesados seguían siendo detenidos para ser internados en distintos lugares, como el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Entre las 42 víctimas por las cuales el ministró dictó su resolución, están María Angélica Andreolli, Miguel Acuña Castillo, Juan Carlos Perelmann Ide, Juan Chacón Olivares, Jorge Müller Silva, Luis Guendelmann Wisniak, Mario Calderón Tapia y Carmen Bueno Cifuentes.

La Operación Colombo y los medios

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA.

La Operación Colombo fue parte de la Operación Cóndor, y consistió en un montaje de la dictadura para hacer creer a la población que 119 detenidos que se encontraban desaparecidos, habían salido clandestinamente a Argentina y allí murieron enfrentados con fuerzas policiales y del Ejército durante la fase previa al golpe militar de 1976 en Argentina.

Algunos de esos nombres aparecieron como militantes "asesinados" en Buenos Aires y alrededores, con carteles en sus cuerpos que decía que habían sido ejecutados por sus propios compañeros por ajuste de cuenta por rencillas internas. Sin embargo, ello también resultó un montaje.

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA en el extranjero y tuvieron una única edición.

En Chile la prensa pro dictadura como los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y La Segunda, reprodujeron el montaje de los servicios de inteligencia. En el recuerdo quedó el titular del vespertino que informó "Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina". Ellos formaron parte de la lista de los 119 desaparecidos de Colombo.

El ex prófugo Raúl Iturriaga, quien era uno de los encargados del departamento exterior de la DINA, fue quien primero dio luces en Buenos Aires de este operativo.

Según el ex agente civil Enrique Arancibia Clavel, condenado en Buenos Aires por el crimen del general Carlos Prat y su esposa, fue Iturriaga quien a comienzos de 1975 se juntó con él para pedirle que preparara lo necesario porque "hay que hacer aparecer a unos muertos de la Operación Colombo".

Se trataba de preparar la aparición de los supuestos cuerpos de Jaime Robotham y Luis Guendelmann como parte del montaje.

Lista de procesados

Ejército (todos en retiro):

Víctor Molina Astete (coronel); Sergio Castillo González (crl); Eduardo Guerra Guajardo (crl); Víctor San Martín Jiménez (crl); José Fuentes Torres (crl); Manuel Carevic Cubillos (crl); Jaime Paris Ramos (crl); César Manríquez Bravo (crl); Raúl Toro Montes (suboficial); Eduardo Reyes Lagos (sub); Orlando Torrejón Gatica (sub); Osvaldo Tapia Alvarez (sub. Suicidado); Juvenal Piña Garrido (sub. “El Elefante”); Juan Suárez Delgado (civil); Nelson Paz Bustamante (sub); José Aravena Ruiz (sub); Luis Torres Méndez (sub); Raúl Soto Pérez (sub); Jorge Andrade Gómez (sub); Juan Escobar Valenzuela (sub); Rolando Concha Rodríguez (sub); Gustavo Apablaza Meneses (sub); Hiro Alvarez Vega (sub); Víctor Alvarez Droguett (sub); Jorge Venegas Silva (sub); Carlos Rinaldi Suazo (sub); Carlos Letelier Verdugo (sub), Reinaldo Concha Orellana (sub); Máximo Aliaga Soto (sub); Hugo Clavería Leiva (sub); Samuel Fuenzalida Devia (sub)

Investigaciones

Juan Urbina Cáceres; Hugo Hernández; Manuel Rivas Díaz; Herman Alfaro; Eugenio Fieldhouse; Osvaldo Castillo

Carabineros (oficiales y suboficiales todos en retiro)

Gerardo Godoy García; Ciro Torres Sáez, Alejandro Molina Cisternas; Camilo Torres Negrier; Héctor Lira Aravena; José Fritz Esparza; Claudio Pacheco Fernández; Jorge Sagardia Monge; Sergio Castro Andrade; Luis Villarroel Gutiérrez; Armando Cofré Gómez; Fernando Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Enrique Gutiérrez Rubilar; Luis Mora Cerda; José Muñoz Leal; Juan Duarte Gallegos; Carlos Miranda Meza; Rufino Jaime Astorga; Luis Urrutia Acuña; Luis Zúñiga Ovalle; Pedro Alfaro Hernández; Orlando Inostroza Lagos; Rosa Ramos Hernández; Gustavo Caruvan Soto; Héctor Valdebenito Araya; Manuel Avendaño González; José Mora Diocares; Guido Jara Brevis; Nelson Ortiz Vignolo; Ruderlindo Urrutia Jorquera; Héctor Flores Vergara; Jerónimo Neira Méndez; Manuel Montré Méndez; Heriberto del Carmen Acevedo; Claudio Orerllana de la Pinta; Nelson Iturriaga Cortés; Luis Gutiérrez Uribe; José Ojeda Obando

Fuerza Aérea

Delia Gajardo Cortés; Hernán Avalos Muñoz

Armada

Teresa Navarro Osorio;

Procesados que ya cumplen condena

Manuel Contreras Sepúlveda; Pedro Espinoza Bravo; Raúl Iturriaga Neumann; Marcelo Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko; Ricardo Lawrence Mires; Basclay Zapata Reyes; Conrado Pacheco; Francisco Ferrer Lima; Gerardo Urrich; Orlando Manzo Durán; Rizier Altez España; Fernando Lauriani Maturana

 

Magistrado Hernán Crisosto estableció que los agentes de inteligencia de la dictadura participaron como autores de secuestro calificado de Bernardo Castro López, el que después apareció en una supuesta lista de muertos por enfrentamientos en Argentina.

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago designado para causas por violaciones a los Derechos Humanos Hernán Crisosto dictó -el 6 de enero pasado- sentencia en la indagatoria por el delito de secuestro calificado de Bernardo de Castro López, hecho ocurrido a partir del 14 de septiembre de 1974.

En la causa, el magistrado condenó en calidad de autores a los ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA): Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, César Manríquez Bravo,  Pedro Octavio Espinoza Bravo, Gerardo Ernesto Urrich González, Manuel Andrés Carevic Cubillos y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. a cumplir penas de 13 años de presidio.

Asimismo, el ministro Crisosto condenó como autores de secuestro calificado a: Orlando Manzo Durán, Pedro René Alfaro Fernández, Armando Segundo Cofré Correa, Héctor Alfredo Flores Vergara, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Díaz, Risiere del Prado Altez España, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Manuel Heriberto Avendaño González, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, Hernán Patricio Valenzuela Salas y Alejandro Francisco Molina Cisternas, a 10 años de presidio.

En tanto, en calidad de cómplices, sentenció a: Nelson Eduardo Iturriaga Cortez y José DorohiHormazábal Rodríguez a la pena de 4 años de presidio, sin beneficios; y  absolvió a Basclay Zapata Reyes.

EL FALLO

 Según la resolución,  el ministro Hernán Crisosto dio por acreditado los siguientes hechos:

“Que en horas de la tarde del día 14 de septiembre de 1974, Bernardo de Castro López, militante del Partido Socialista, fue detenido en su domicilio ubicado en calle Bilbao N° 1236, de la comuna de Providencia, siendo llevado a un cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile donde fue interrogado  y luego entregado a agentes de la DINA , quienes lo llevaron  al recinto de detención clandestina,  denominado "Venda Sexy", ubicado en calle Irán N° 3037, de Santiago, y posteriormente fue trasladado al recinto de detención clandestino denominado  "Cuatro Álamos", ubicado en calle Canadá N° 3000, de la comuna de Santiago, recintos que eran custodiados por guardias armados y a los cuales sólo tenían acceso los agentes de la DINA”, afirma en su primer punto.

 En un segundo, señala que “De Castro López durante su estada en el cuartel de ‘Venda Sexy’ permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes de su grupo político, para proceder a la detención de los miembros de esa organización, aislamiento que continuó en Centro de Cuatro Álamos”.

“Que la última vez que la víctima De Castro López fue visto con vida por otros detenidos, ocurrió un día no determinado del mes de octubre de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha”, en tercer lugar.

En cuarto, que “el nombre de Bernardo de Castro López apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista LEA de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Bernardo de Castro López había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes a grupos de izquierda, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros;  y que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima De Castro López tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior”, 

Como quinto punto, estableció que “los hechos establecidos en el considerando anterior son constitutivos del delito de secuestro calificado en la persona de Bernardo de Castro López previsto y sancionado en elartículo 141 inciso 3° del Código Penal, de la época, en relación con el inciso primero del mismo artículo, toda vez que la privación de libertad o encierro de la víctima se ha prolongado por más de 90 días, y por ende produjo un daño grave en la persona de esta, que se tradujo finalmente en su desaparición”.

 

Amediados de 1981 el general Augusto Pinochet dio la orden para que la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, al mando del general Arturo Álvarez Scoglia, asesinara a Tucapel Jiménez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, que se había erigido en el principal líder sindical chileno y planificaba, junto a otros líderes opositores, un gran paro nacional en contra del gobierno militar.

Álvarez Scoglia creó un grupo especial para que cumpliera la misión y designó a tres oficiales como integrantes del comando ejecutor. No obstante, los agentes mostraron una evidente “falta de compromiso” con la tarea encomendada y el mando del DINE debió reemplazarlos acudiendo a dos oficiales que habían sido miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, y ese año 1981 estaban adscritos a la Central Nacional de Informaciones, CNI, creada en 1977 para suceder a la DINA. Se trataba del teniente coronel Maximiliano Ferrer Lima y del capitán Carlos Herrera Jiménez, alias “Mauro” o “Bocaccio”.

Ambos oficiales se instalaron a comienzos de noviembre en las dependencias de la Unidad de Contraespionaje, dependiente del Departamento II de Contrainteligencia del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, CIE, ubicadas en la avenida Echeñique 5995, en la comuna de La Reina. Aquella unidad formaba parte de la intrincada y muy secreta estructura de la DINE, a cargo del comandante Víctor Pinto Pérez., Ferrer Lima y Herrera Jiménez, junto a dos equipos de agentes a su cargo, se abocaron entonces a preparar cada detalle del plan para asesinar a Tucapel Jiménez.  En eso estaban cuando los diversos servicios de la comunidad de inteligencia de la dictadura militar se enteraron de que el ex presidente Eduardo Frei Montalva había decidido internarse en la clínica Santa María para operarse de una molesta hernia al hiato.

 

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Al iniciarse la primavera de 1981, la CNI tuvo la certeza de que la tan temida unidad sindical opositora se estaba consiguiendo rápidamente y que el principal forjador de ella era Tucapel Jiménez. El asunto era aún más grave pues Jiménez también sostenía conversaciones con varios de los principales líderes políticos de la disidencia, entre ellos Eduardo Frei Montalva. El líder de la ANEF y el ex mandatario se habían reunido ya en la Vicaría de la Pastoral Obrera junto a algunos dignatarios de la iglesia católica. Los analistas de la CNI llegaron a la conclusión de que se preparaba un amplio paro nacional de impredecibles consecuencias, con el apoyo, además, de numerosas instancias y gobiernos del mundo entero.

La tarea de la CNI

Desde sus inicios, la CNI ejerció una estrecha vigilancia sobre el mundo sindical a través de la Brigada del Trabajo o Brigada Político Sindical, que dependía directamente de la División de Inteligencia Metropolitana, al mando del coronel de Ejército Roberto Schmied Zanzi. El jefe de la brigada desde 1979 fue el capitán de Carabineros Miguel Eugenio Hernández Oyarzo (“Felipe Bascur”), quien había cumplido funciones similares en la DINA, en 1977, desde el cuartel “Ollagüe”, ubicado en la calle José Domingo Cañas, en la comuna de Ñuñoa.

Al promediar 1979, la brigada se trasladó a un nuevo cuartel secreto en calle Agustinas y se dividió en cuatro grupos, cada uno de ellos al mando del capitán de Ejército Raúl Lillo Gutiérrez (“Manolo Arriagada”), de Héctor Lira (“Julián Reyes”), de Nelson Fernández Franco (“Carlos Santander” y de Jorge Ramírez Romero (“Carlos de la Fuente”), respectivamente.

La Brigada del Trabajo obtuvo un importante logro cuando logró captar para sus tareas a Luis Becerra, chofer de Frei Montalva, un hombre que, además, era de absoluta confianza del ex mandatario. 

Entre los agentes figuraban Pedro Alfaro Fernández, Juan Araos Araos, Carlos Asalgado Martínez, Edmundo Alberto Asenjo Gálvez, Daniel Cancino Varas, Gustavo Caruman Soto, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Germán Erazo Ahumada, Ricardo Erazo Ahumada,  Héctor Alfredo Flores Vergara, Segundo Gangas Godoy, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Gutiérrez Uribe, Guido Jara Brevis, Jaime Márquez Campos, Luis Mora Cerda, José Mora Diocares, José Muñoz Leal, Enrique Naranjo Muñoz, Nelson Ortiz Vignolo, Manuel Poblete Vergara, Luis Tomás Rojas Torres, Manuel Tapia Tapia y Rudeslindo Urrutia Jorquera.

La Brigada del Trabajo obtuvo un importante logro cuando logró captar para sus tareas a Luis Becerra, chofer de Frei Montalva, un hombre que, además, era de absoluta confianza del ex mandatario y conocía muy de cerca las actividades y el círculo de mayor confianza del líder demócrata cristiano. 

En 1977 el Ministerio Secretaría General de Gobierno creó, bajo la dependencia de la Dirección de Organizaciones Civiles, la Secretaría Nacional de los Gremios y puso al frente de ella a Misael Galleguillos, un profesor de Matemáticas de la sede Valparaíso de la Universidad de Chile, activo militante de Patria y Libertad en el gobierno de la Unidad Popular. Su misión aparente era formar dirigentes sindicales gobiernistas, pero en verdad su papel principal consistió en vigilar e infiltrar a las dirigencias sindicales opositoras y traspasar toda esa información a la CNI.

Una de las acciones con mayor repercusión pública de Galleguillos, quien dirigía, además, el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, MRNS, fue el boicot a una conferencia de prensa de la ANEF, en la que Guillermo Henríquez, Jorge Salazar Hojman, Genaro Pozo y Jorge Baldrich Camus irrumpieron gritando “traidor” y “vende patria” a Tucapel Jiménez.

Al día siguiente Baldrich apareció fotografiado en El Mercurio. Declaró más tarde que la orden se la había dado el entonces ministro secretario general de Gobierno, el general Sergio Badiola Brodeg, a quien secundaba el subsecretario de la cartera, el abogado Jovino Novoa Vásquez.

Galleguillos también contaba con un secreto informante entre los opositores que le anticipaba todas las actividades del Grupo de los Diez. Era Federico Mujica Canales, un hombre bajito, de origen radical, constante fumador de pipa, que presidía la Confederación de Empleados Particulares de Chile, Cepch.

Muy pronto la CNI afinó sus métodos de seguimiento, vigilancia, escucha y penetración. Los antecedentes recabados se incorporaban a carpetas individuales y sus contenidos eran periódicamente replicados y las copias enviadas al cuartel central en la calle República. Allí las recibía Mirtha Espinoza Caamaño, la secretaria del coronel Roberto Schmied, jefe del Departamento Interior, quien luego fue nombrado comandante de la División de Inteligencia Metropolitana, donde se ubicaban las diversas brigadas antisubversivas. Bajo el mando directo de Schmied estaban el mayor Zanelli y el capitán Álvaro Corbalán Castilla, encargados de las tareas operativas.

Uno de los más secretos soplones a sueldo que mantuvo el organismo represivo en los ámbitos dirigentes del sindicalismo opositor sólo pudo ser identificado el primer semestre de 2009. Se trataba del socialista Víctor Hugo Gac, miembro del comité ejecutivo de la CNS, un hombre entonces muy cercano a Arturo Martínez.

La secretaria registraba la información en libros de control, con la fecha de ingreso, la unidad de procedencia y una breve descripción del contenido. Se empleaban siglas y códigos según las respectivas unidades y secciones. Así, por ejemplo, F.1.1, correspondía al jefe de la división; F-1.2, al subjefe y así sucesivamente, según las diversas reparticiones en que se dividía la CNI.
Dirigentes como Tucapel Jiménez, Eduardo Ríos, Ernesto Vogel y Manuel Bustos, entre otros, tenían sus teléfonos intervenidos y se revisaba, en la unidad que mantenía la CNI en Correos, toda la correspondencia que se les enviaban a ellos y a sus familiares desde el exterior e interior. Se llevaba una carpeta de cada uno con sus antecedentes personales, laborales y familiares, además de sus redes de contactos.

En 1976, un agente de la CNI, apodado “Omar” reclutó como informante al empleado que laboraba como auxiliar de la ANEF, en su sede de tres pisos ubicada en Alameda con Riquelme. El “junior” se llamaba Julio Olivares Silva y era hijo de una amiga de Tucapel Jiménez. Dos veces a la semana el muchacho entregaba sus informes en el cuartel de la Brigada del Trabajo, donde a cambio recibía un pago en efectivo. En 1977 Olivares Silva fue incorporado a la planta de la CNI bajo la chapa de “Gabriel Carrasco González”, aunque todos le llamaban “Barnabás”.

Valericio Orrego, por su parte, se transformó también en colaborador a sueldo de la CNI. Infiltró a Carlos Santa María, dirigente del Grupo de los Diez, reclutando a un empleado de éste en un negocio que tenía en Bandera con General Mackenna. El informante se llamaba Patricio Pezoa y debía rendir cuentas periódicamente a “Manolo” o “Carlos de la Fuente”, sus agentes de control en la CNI.

Uno de los más secretos soplones a sueldo que mantuvo el organismo represivo en los ámbitos dirigentes del sindicalismo opositor sólo pudo ser identificado el primer semestre de 2009. Se trataba del socialista Víctor Hugo Gac, miembro del comité ejecutivo de la CNS, un hombre entonces muy cercano a Arturo Martínez.

El duro camino a la unidad

A fines de mayo de 1976 diez importantes dirigentes sindicales, nueve de ellos vinculados al PDC, que afirmaban representar a 400 sindicatos y más de 600 mil trabajadores, enviaron un documento al gobierno militar donde reclamaron por la nueva legislación laboral que se estaba imponiendo y la marginación de los trabajadores de las decisiones políticas. Los firmantes eran Tucapel Jiménez (ANEF), Ernesto Mellado (campesinos), Pedro Cifuentes (Iansa), Antonio del Campo (bancarios), Guillermo Santana (Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC), Manuel Bustos (textiles), Ernesto Vogel, (Fifch), Federico Mujica (Cepch), Antonio Mimiza (petróleo) y Eduardo Díaz (ComaCh). Desde ese momento fueron conocidos como el Grupo de los Diez y muy pronto se le sumaron otras importantes organizaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores del Plástico, la Federación de Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional de Salud y la Federación de Sindicatos del Banco Español.

A fines del verano de 1978 ingresó clandestinamente al país la ex diputada Gladys Marín y luego Manuel Cantero Prado, ambos integrantes de la comisión política. Dos meses después, en mayo, se constituyó el nuevo Equipo de Dirección Interior (EDI), encabezado por Marín, junto a Cantero (“Miguel”), Oscar Riquelme (“El viejo Pablo”) y Nicasio Farías (“Héctor”), quien se hizo cargo del Frente de Infraestructura, encomendado de todo el trabajo logístico y de la búsqueda de recursos y materiales para las tareas clandestinas. “Mariana”, en tanto, debió asumir el delicado manejo de las finanzas del partido.

Una de las principales tareas del EDI fue rearmar las estructuras internas y, en particular, el tejido sindical. Para ello, Moisés Labraña, responsable de ese sector en las JJ.CC., fue promovido a encargado sindical del partido e integrado al EDI. Labraña contaba con un decidido equipo en el que destacaban Héctor Cuevas, Alamiro Guzmán y José Lecaros, entre otros. Los sindicalistas del PC consiguieron afinar vínculos con los principales dirigentes laborales de la Democracia Cristiana, donde figuraban Manuel Bustos, de los textiles; Eduardo Ríos, de los marítimos; y, Ernesto Vogel, de los ferroviarios; y con otros históricos, como el octogenario Clotario Blest. 

El sindicalismo de izquierda se agrupó, en tanto, en la Coordinadora Nacional Sindical, CNS, creada al alero del Centro de Estudios Laborales, dependiente de la Fundación Cardijn, que a su vez estaba estrechamente vinculada a la Iglesia católica. La CNS apareció públicamente en 1978, representando, según sostenía, a unos 400 sindicatos de base, principalmente industriales, de la pequeña y mediana minería y del campesinado. Entre los integrantes destacaban la Confederación Minera, Fensimet, Fenamex, Fiemec, Ranquil, UOC, Asociación de Pensionados, Obreros de Obras Sanitarias, la Federación de la Pintura y el Sindicato Gráfico.

También existía el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, pequeña formación de sindicalistas cristianos, dirigidos por Carlos Frez, presidente destituido del Sindicato de Portuarios, ligado desde mucho antes a la Juventud Obrero Católica y al Movimiento Obrero de Acción Católica.

Así, más de tres mil trabajadores de estos tres referentes sindicales, convergieron el 1° de mayo de 1978 hacia la plaza Almagro, pocas cuadras al sur de La Moneda, para conmemorar el Día del Trabajo. Carabineros los obligó a dispersarse, pero se reagruparon a pocas cuadras de allí, en la iglesia de San Francisco, junto a la Alameda Bernardo O’Higgins, donde nuevamente fueron ahuyentados. Al promediar la tarde, piquetes de trabajadores seguían gritando consignas en diversos lugares del centro de Santiago. Al anochecer, el balance de las manifestaciones indicaba cerca de 400 detenidos, varios extranjeros y religiosos entre ellos. La dictadura militar y la prensa oficialista se vieron obligadas a reconocer, por primera vez, las manifestaciones callejeras disidentes.

Ni el PC ni los otros partidos de izquierda ni tampoco la democracia cristiana percibieron bien los efectos que el Plan Laboral diseñado por el ministro Piñera provocaría entre los trabajadores.

El 22 de mayo, familiares de detenidos desaparecidos ocuparon simultáneamente las oficinas de la Unicef y las parroquias de Jesús Obrero, en General Velásquez, en el sector poniente de la capital; La Estampa, en Independencia, a escasos metros de la plaza Chacabuco, en el sector norte; y Don Bosco, en Gran Avenida, en la zona sur. Allí se quedaron hasta el 7 de junio, exigiendo saber el destino de sus parientes. Ni la CNI ni las policías se atrevieron a desalojarlos pues estaba involucrada la iglesia católica y, además, la manifestación coincidió con la llegada al país de cinco altos representantes de la sindical estadounidense AFL-CIO y con una visita del fiscal Eugene Propper, quien investigaba en Washington el asesinato de Orlando Letelier.

El 7 de junio se efectuaron dos sorpresivas marchas por las calles céntricas de Santiago en solidaridad con los familiares de los desaparecidos. Se hizo frecuente por esos días la presencia de panfletos disidentes en lugares de gran concurrencia y empezaron a multiplicarse los rayados en murallas en los barrios y en las principales avenidas de la ciudad. En las sedes universitarias surgieron los mítines relámpagos y se multiplicaron las peñas folclóricas al alero de recintos religiosos y de algunos locales nocturnos. En las barriadas obreras, en tanto, empezaron a crearse todo tipo de organizaciones poblacionales y en las fábricas, lentamente, los trabajadores se atrevieron a reunirse para balbucear sus reclamos.

En agosto, en la división Chuquicamata de Codelco, junto a la ciudad de Calama, los mineros del cobre decidieron acudir a los casinos a la hora de almuerzo con sus “loncheras” vacías. El prolongado movimiento de protesta por demandas laborales recibió el nombre de “viandazo”.

A principios de septiembre, sorprendido y ofuscado por los síntomas de malestar sindical, la dictadura decretó el estado de Sitio en el grado de conmoción interior. Se limitó el recurso de amparo ante los tribunales de justicia, se autorizó el arresto y la relegación de personas, la cancelación de la nacionalidad y el procesamiento de los detenidos en los tribunales militares. Casi un mes después, el 20 de octubre de 1978, se decretó la ilegalidad de las principales entidades que conformaban la CNS, se allanaron sedes sindicales, se confiscaron bienes y cuentas bancarias y se detuvo a numerosos dirigentes. Al mismo tiempo se decretó también la renovación de dirigentes sindicales en el sector privado y muchos empresarios aprovecharon de despedir a los trabajadores opositores que podían resultar electos. En las semanas siguientes se renovaron unos nueve mil dirigentes laborales.

Intervinieron entonces varias de las principales organizaciones sindicales mundiales y la poderosa estadounidense AFL-CIO amenazó con un boicot a las exportaciones chilenas a partir de los inicios de 1979. Alarmado, el gobierno militar anunció el nombramiento de un nuevo ministro del Trabajo, el economista José Piñera, quien asumió el 26 de diciembre, se comprometió a normalizar las relaciones laborales y anunció la promulgación a mediados del 79 de un Plan Laboral que pondría fin a los problemas.

Pérez Zujovic, Frei, Jaime Castillo y Modesto Collados

Ni el PC ni los otros partidos de izquierda ni tampoco la democracia cristiana percibieron bien los efectos que el Plan Laboral diseñado por el ministro Piñera provocaría entre los trabajadores. En julio de 1979 se promulgaron los principales decretos que impusieron la nueva institucionalidad laboral: la afiliación a los sindicatos dejó de ser obligatoria y se autorizó la formación de varios sindicatos en la misma empresa; la negociación colectiva pasó a ser por empresa y no por rama productiva, se autorizó el despido de trabajadores “por necesidades de la empresa”, se restringió el derecho a huelga hasta los 60 días, pudiéndose reemplazar a los trabajadores luego de ese plazo y se postergó la jubilación de 60 a 65 años en caso de los hombres y de 55 a 60 entre las mujeres, entre otras medidas. Aquellas disposiciones fueron demoledoras; se debilitó en extremo al movimiento sindical y se impuso el miedo “a perder la pega”.

En 1980 y 1981, pese a las protestas de los dirigentes sindicales, se consolidó el Plan Laboral de Piñera. El Grupo de los Diez se transformó en la Unión Democrática de Trabajadores, UDT, aunque sin varios dirigentes demócrata cristianos que fueron marginados, como Manuel Bustos, quien se transformó en el líder de la nueva Coordinadora Nacional Sindical, CNS. 

La hora de los ejecutores

Cuando el plan para asesinar a Tucapel Jiménez ya estaba en marcha y la dictadura militar se enteró de que Frei Montalva se internaría para operarse, aparentemente se activó una operación paralela para eliminar al ex presidente y encubrir el homicidio en una serie de complicaciones postquirúrgicas. No obstante, el juez Alejandro Madrid no logró precisar los detalles de la conspiración.

Condenó al ex capitán Raúl Lillo Gutiérrez, ex miembro de la CNI y más tarde de la DINE y al chofer Luis Becerra, pero no pudo esclarecer de qué instancia de la dictadura militar provino la orden para asesinarlo. Lillo Gutiérrez era el agente que controlaba a Becerra y a Genaro Cerda Weber, militante de la DC y esposo de Hilda Navarro Varas, secretaria de ese mismo partido. Lillo, trasladado a fines de los años 80 a la DINE, participó en el asesinato en Uruguay del químico Eugenio Berríos y por ese crimen fue condenado en agosto de 2013 a diez años y un día de presidio.

Durante muchos años se presumió que el químico Berríos era quien había inoculado al ex presidente con algún veneno u otra sustancia tóxica mientras estaba en la clínica. De hecho, el ex director de la Policía de Investigaciones, PDI, Nelson Mery, aseguró en el proceso que Berríos fue asesinado para evitar que hablara sobre el asesinato de Frei Montalva.

El juez Madrid también condenó a cuatro médicos, uno –el cirujano gástrico Patricio Silva Garín- como el principal autor; otro –Pedro Valdivia Soto, ex miembro de la DINA- como cómplice; y los dos restantes –los tanatólogos Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere- como encubridores. El magistrado tampoco logró establecer si estos médicos se confabularon entre ellos para el crimen y/o obedecieron órdenes para cometerlo.

Abogados de derechos humanos, muy cercanos al PDC, que pidieron reserva de sus nombres, dijeron a INTERFERENCIA que consideraban muy débil el fallo de más de 800 páginas y que, en su opinión, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema deberán hacer ingentes esfuerzos para redactar una nueva y mejor resolución.

Desde sus inicios en 1977, la CNI ejerció una estrecha vigilancia sobre el mundo sindical a través de la Brigada del Trabajo. El jefe de la brigada desde 1979 fue el capitán de Carabineros Miguel Eugenio Hernández Oyarzo (“Felipe Bascur”), quien había cumplido funciones similares en la Dina.

Al promediar 1979, la brigada se trasladó a un nuevo cuartel secreto en calle Agustinas y se dividió en cuatro grupos, cada uno de ellos al mando del capitán de Ejército Raúl Lillo Gutiérrez (“Manolo Arriagada”), de Héctor Lira (“Julián Reyes”), de Nelson Fernández Franco (“Carlos Santander” y de Jorge Ramírez Romero (“Carlos de la Fuente”), respectivamente. Entre los agentes figuraban Pedro Alfaro Fernández, Juan Araos Araos, Carlos Asalgado Martínez, Edmundo Alberto Asenjo Gálvez, Daniel Cancino Varas, Gustavo Caruman Soto, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Germán Erazo Ahumada, Ricardo Erazo Ahumada,  Héctor Alfredo Flores Vergara, Segundo Gangas Godoy, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Gutiérrez Uribe, Guido Jara Brevis, Jaime Márquez Campos, Luis Mora Cerda, José Mora Diocares, José Muñoz Leal, Enrique Naranjo Muñoz, Nelson Ortiz Vignolo, Manuel Poblete Vergara, Luis Tomás Rojas Torres, Manuel Tapia Tapia y Rudeslindo Urrutia Jorquera.

En 1977 el Ministerio Secretaría General de Gobierno creó, bajo la dependencia de la Dirección de Organizaciones Civiles, la Secretaría Nacional de los Gremios y puso al frente de ella a Misael Galleguillos, un profesor de Matemáticas de la sede Valparaíso de la Universidad de Chile, activo militante de Patria y Libertad en el gobierno de la Unidad Popular. Su misión aparente era formar dirigentes sindicales gobiernistas, pero en verdad su papel principal consistió en vigilar e infiltrar a las dirigencias sindicales opositoras y traspasar toda esa información a la CNI.

La dirección de la Secretaría de los Gremios tenía sus oficinas en el edificio Diego Portales, pero la mayoría de sus funcionarios y colaboradores trabajaban cerca de allí, en una casa de tres pisos que se levantaba en la esquina de la Alameda con la calle Victoria Subercaseaux, a un costado del cerro Santa Lucía.

Galleguillos, entusiasmado con su tarea, recreó el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, MRNS, -inspirado en un antiguo movimiento del mismo nombre- con sede en una casona en calle Vergara 180, en el antiguo barrio República, al suroriente del centro de Santiago, y estrechamente ligado a la CNI. En aquel lugar se congregaron varios de los principales dirigentes sindicales gobiernistas, entre ellos René Sotolicchio, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Municipales; Valericio Orrego Salas, presidente de la Asociación de Empleados del Ministerio de Obras Públicas; Carlos Navarrete, presidente del Sindicato N° 1 de Ferias Libres de Santiago; y, Jaime Tramont Castillo, dirigente sindical de Valparaíso.

Galleguillos convocó además a Werner Anís Bischosausen, Eugenio Cáceres Contreras, Ramón Callís Arrigorriaga, Iván Catalina Sánchez,

Gustavo Cuevas Torrealba, Héctor Larenas Bugueño, Luis Lillo Abarca, Lázaro Maluenda, Claudio Matte y Pedro Urquieta. Claudio Matte y Héctor Larenas financiaron el arriendo de la sede, donde los encargados de seguridad eran Hugo Cabezas Freire, miembro de la CNI, y Rigoberto Moreno, ex funcionario de la Armada.

La dirección del movimiento, encabezado por Galleguillos, la integraban José Fernández Jorquera, Arturo Marshall de Amesti, Alfredo Urrutia, Fernando Muñoz Parra y Marcelo Retamal Moreno, los que se abocaron a planificar las acciones de choque, producir la propaganda, programar los cursos de capacitación sindical para los cuadros y dirigentes que convocaban a sus reuniones. Luis Lillo Abarca se encargaba de la capacitación y Héctor Larenas Buqueño de la propaganda y las relaciones públicas.

Camisas negras y saludos nazis

En otro inmueble, situado en calle Larraín 8081, frente al aeródromo de Tobalaba, o en un sitio baldío en Farellones, se efectuaba el adiestramiento paramilitar de los militantes que componían los grupos de choque. Esta tarea la realizaban Fernando Muñoz, Genaro Pozo y Manuel Hernández. Era obligatorio el uso de camisas negras, el saludo con el brazo en alto al estilo nazi y los cantos de himnos militares.

Otros militantes como Pablo Medina, Jorge Salinas, ex Patria y Libertad, apodado “Bombero Loco”, y Santiago Schesta asumieron la preparación de  explosivos que instalaban en zonas previamente determinadas y que los comunicados de prensa atribuían a grupos de izquierda.

Una de las acciones con repercusión pública del MRNS fue el boicot a una conferencia de prensa de la ANEF, en la que Guillermo Henríquez, Jorge Salazar Hojman, Genaro Pozo y Jorge Baldrich Camus irrumpieron gritando “traidor” y “vende patria” a Tucapel Jiménez. Al día siguiente Baldrich apareció fotografiado en El Mercurio. Declaró más tarde que la orden se la había dado el entonces ministro secretario general de Gobierno, el general Sergio Badiola Brodeg, a quien secundaba el subsecretario de la cartera, el abogado Jovino Novoa Vásquez

Galleguillos también contaba con un secreto informante entre los opositores que le anticipaba todas las actividades del Grupo de los Diez. Era Federico Mujica Canales, un hombre bajito, constante fumador de pipa, que presidía la Cepch.

Ya en 1975, en los años de gloria de la Dina, los dirigentes sindicales opositores eran estrechamente vigilados y sus reuniones grabadas por agentes o colaboradores infiltrados entre ellos. Marcia Merino, “la flaca Alejandra”, mirista que colaboró con la Dina, recibía de Rolf Wenderoth en el cuartel central de Belgrado transcripciones textuales de las reuniones del Grupo de los Diez, de la Coordinadora Nacional Sindical, CNS, y del Frente Unitario de Trabajadores, FUT. Su tarea era analizar los contenidos e inferir cursos probables de acción de los sindicalistas, devolviéndolos luego a las oficinas de Wenderoth.

Tras la instalación de la CNI en 1977, la reemplazante de la Dinaprosiguió el mismo método de seguimiento, vigilancia, escucha y penetración. Los antecedentes recabados se incorporaban a carpetas individuales y sus contenidos eran periódicamente replicados y las copias enviadas al cuartel central en la calle República. Allí las recibía Mirtha Espinoza Caamaño, la secretaria del coronel Roberto Schmied, jefe del Departamento Interior, quien luego fue nombrado comandante de la División de Inteligencia Metropolitana, donde se ubicaban las diversas brigadas antisubversivas. Bajo el mando directo de Schmied estaban el mayor Zanelli y el capitán Álvaro Corbalán Castilla, encargados de las tareas operativas.

La secretaria registraba la información en libros de control, con la fecha de ingreso, la unidad de procedencia y una breve descripción del contenido. Se empleaban siglas y códigos según las respectivas unidades y secciones. Así, por ejemplo, F.1.1, correspondía al jefe de la división; F-1.2, al subjefe y así sucesivamente, según las diversas reparticiones en que se dividía la CNI.

Se ejerció una estrecha vigilancia sobre el mundo sindical a través de la Brigada del Trabajo o Brigada Político Sindical, que dependía directamente de la División de Inteligencia Metropolitana, al mando del coronel Schmied Zanzi. El jefe de la brigada desde 1979 fue el capitán de Carabineros Miguel Eugenio Hernández Oyarzo (“Felipe Bascur”), quien había cumplido funciones similares en la Dina, en 1977, desde el cuartel “Ollagüe”, ubicado en la calle José Domingo Cañas, en la comuna de Ñuñoa.

Al promediar 1979, la brigada se trasladó a un nuevo cuartel secreto en calle Agustinas y se dividió en cuatro grupos, cada uno de ellos al mando del capitán de Ejército Raúl Lillo Gutiérrez (“Manolo Arriagada”), de Héctor Lira (“Julián Reyes”), de Nelson Fernández Franco (“Carlos Santander” y de Jorge Ramírez Romero (“Carlos de la Fuente”), respectivamente. Entre los agentes figuraban Pedro Alfaro Fernández, Juan Araos Araos, Carlos Asalgado Martínez, Edmundo Alberto Asenjo Gálvez, Daniel Cancino Varas, Gustavo Caruman Soto, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Germán Erazo Ahumada, Ricardo Erazo Ahumada,  Héctor Alfredo Flores Vergara, Segundo Gangas Godoy, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Gutiérrez Uribe, Guido Jara Brevis, Jaime Márquez Campos, Luis Mora Cerda, José Mora Diocares, José Muñoz Leal, Enrique Naranjo Muñoz, Nelson Ortiz Vignolo, Manuel Poblete Vergara, Luis Tomás Rojas Torres, Manuel Tapia Tapia y Rudeslindo Urrutia Jorquera.

Dirigentes como Eduardo Ríos, Ernesto Vogel, Manuel Bustos y Tucapel Jiménez, entre otros, tenían sus teléfonos intervenidos y se revisaba, en la unidad que mantenía la CNI en Correos, toda la correspondencia que se les enviaban a ellos y a sus familiares desde el exterior e interior. Se llevaba una carpeta de cada uno con sus antecedentes personales, laborales y familiares, además de sus redes de contactos.

En 1976, un agente de la CNI, apodado “Omar” reclutó como informante al empleado que laboraba como auxiliar de la ANEF, en su sede de tres pisos ubicada en Alameda con Riquelme. El “junior” se llamaba Julio Olivares Silva y era hijo de una amiga de Tucapel Jiménez. Dos veces a la semana el muchacho entregaba sus informes en el cuartel de la Brigada del Trabajo, donde a cambio recibía un pago en efectivo. En 1977 Olivares Silva fue incorporado a la planta de la CNI bajo la chapa de “Gabriel Carrasco González”, aunque todos le llamaban “Barnabás”.

Infiltración de las dirigencias

Valericio Orrego, por su parte, se transformó también en colaborador a sueldo de la CNI. Infiltró a Carlos Santa María, dirigente del Grupo de los Diez, reclutando a un empleado de éste en un negocio que tenía en Bandera con General Mackenna. El informante se llamaba Patricio Pezoa y debía rendir cuentas periódicamente a “Manolo” o a “Carlos de la Fuente”, sus agentes de control en la CNI.

Uno de los más secretos soplones a sueldo que mantuvo el organismo represivo en los ámbitos dirigentes del sindicalismo opositor sólo pudo ser identificado el primer semestre de 2009. Se trataba del socialista Víctor Hugo Gac, miembro del comité ejecutivo de la CNS, un hombre entonces muy cercano a Arturo Martínez, el actual presidente de la CUT, a quien la CNI le pagaba 40 mil pesos mensuales por sus informes.

Así, al iniciarse la primavera de 1981, la CNI tuvo la certeza de que la tan temida unidad sindical opositora se estaba consiguiendo y que el principal forjador de ella era el presidente de los empleados fiscales, Tucapel Jiménez. El asunto era aún más grave pues Jiménez también sostenía conversaciones con algunos de los principales líderes políticos de la disidencia, entre ellos Eduardo Frei Montalva. El líder de la ANEF y el ex mandatario se habían reunido ya en la Vicaría de la Pastoral Obrera junto a algunos dignatarios de la iglesia católica. Los analistas de la CNI llegaron a la conclusión de que se preparaba un paro nacional de impredecibles consecuencias, con el apoyo, además, de numerosas instancias y gobiernos del mundo entero.

Los antecedentes reunidos por la CNI llegaron a La Moneda y en las semanas siguientes el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINE, general Ramsés Arturo Álvarez Sgolia, recibió del general Augusto Pinochet la orden de eliminar a Tucapel Jiménez. 

por Manuel Salazar Salvo

La Operación Colombo fue una gran operativo de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema revocó sentencia que había absuelto a más de 60 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los condenó como responsables de la desaparición de 16 militantes de izquierda, mayoritariamente del MIR, en el proceso conocido como Operación Colombo, y que en este caso fue perpetrado entre el 17 de junio de 1974 y 6 de enero de 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El fallo fue emitido por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Diego Simpertigue, y revocaron la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones y condenaron a los ex jefes y oficiales de la DINA César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo como autores de los delitos de secuestro calificado de las víctimas.

Del mismo modo, el tribunal condenó a 53 ex agentes a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autores del mismo delito, quienes habían sido absueltos anteriormente por el tribunal de alzada capitalino, a pesar de haber estado condenados en primera instancia como cómplices y autores. Además, esta vez todos deberán ingresar a la cárcel, encontrándose alguno de ellos ya en prisión por otros delitos de lesa humanidad.

Se trata de los ex agentes DINA Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García, Manuel Andrés Carevic, Rosa Humilde Ramos Hernández, Nelson Alberto Paz Bustamante, Jose Abel Aravena Ruiz, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Rudeslindo Urrutia Jorquera, José Alfonso Ojeda Obando, Manuel Heriberto Avendaño Gonzalez, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Daniel Alberto Galaz Orellana, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Leoncio Enrique Velásquez Guala, José Enrique Fuentes Torres, Julio José Hoyos Zegarra, Pedro René Alfaro Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, José Manuel Sarmiento Sotelo, Luis René Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo Del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Diaz, Daniel Valentín Cancino Varas, Juan Evangelista Duarte Gallegos, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Pedro Ariel Aravena Aravena, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Juan Carlos Villanueva Alvear, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Rafael De Jesús Riveros Frost, Silvio Antonio Concha González, Luis Fernando Espinace Contreras, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Sylvia Teresa Oyarce Pinto, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Avelino Yévenes Vergara, Olegario Enrique González Moreno, Werner Zanghellini, Hector Flores Vergara.

Jaime Alfonso Fernández Garrido, recibió una condena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de secuestro calificado de Ida Vera Almarza. Mientras que Samuel Fuenzalida Devia fue condenado a 541 y un día por el mismo delito, mas no cumplirá tiempo en la cárcel.

Se trata de un proceso extenso que tuvo su primera sentencia de primera instancia en 2017 a manos del ministro Hernán Crisosto Greisse. En el transcurso de la investigación han fallecido algunos agentes como Basclay Zapata, Ciro Torré, Manzo Duran, Ricardo Lawrence, entre otros.

Para Nelson Caucoto, abogado querellante, representante de 13 de las 16 víctimas, este es “un fallo trascendente en la historia judicial chilena, puesto que la Corte Suprema ha restituido el sentido de justicia para crímenes de esta naturaleza, los que habían quedado literalmente en una .situación de impunidad inaceptables. El máximo tribunal ha desechado una vez más la media prescripción y los recursos de la defensa de los condenados, y ha acogido los recursos de los querellantes”, señaló.

Caucoto agrega que “se trata de un fallo moderno basado en el derecho internacional y en la legislación interna. Es indudable que la justicia opera en este caso como una sanación para tantos familiares de víctimas que aún sobreviven y es una pena que otros no hayan alcanzo a ver este final”.

La Operación Colombo fue una gran operativo de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile por la DINA, las que habrían perecido luego de enfrentarse entre ellos.

Este proceso investigó la suerte de 16 de esas 119 víctimas. Se trata de Francisco Aedo Carrasco, Jorge Elías Andrónicos Antequera, Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Ida Vera Almarza, Juan Carlos Rodríguez Araya y Jilberto Urbina Pizarro.