Flores Sabella Andrés Leopaldo

Se sacó de la quinta Comisaría a los detenidos Luis Caro Bastías, Antonio González Rojas, Ricardo Ortega Alvarado, Carlos Hidalgo Retamal, Vicente Vásquez Castañeda y Enrique Vásquez Castañeda para masacrarlos por la espalda en un estacionamiento de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado ubicado en la Población Irene Frei de Conchalí.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó sentencia de primera instancia en la investigación de ese crimen contra la humanidad perpetrado en septiembre de 1973.

En la resolución, el magistrado condenó al oficial en retiro de Carabineros Andrés Flores Sabelle a la pena de 10 años y un día de presidio, como autor de seis delitos de homicidio calificado.

En el aspecto civil, el fallo acogió las demandas de indemnización de perjuicios por daño moral, ordenando al Estado de Chile pagar a: Silvia Ramírez Suazo, Eliana Mena Suazo y Fresia de las Mercedes Hidalgo Retamal, 30 millones de pesos a cada una.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa investigativa, el ministro en visita logró determinar la siguiente secuencia de hechos:

“Que el 14 o15 de septiembre de 1973, alrededor de mediodía, en campamento aledaño a la población Irene Frei de Conchalí, funcionarios policiales de la Quinta Comisaría de Carabineros de Conchalí, que se movilizaban en un bus de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, proceden a detener a Luis Humberto Caro Bastías, Antonio Segundo González Rojas, Ricardo Hernán Ortega Alvarado, Carlos Hidalgo Retamal, Vicente Vásquez Castañeda”.

“Que los funcionarios policiales, una vez efectuada la detención, los trasladan hasta la unidad policial y les mantienen recluidos en una de sus dependencias, hasta que en horas de la madrugada del día siguiente, uno de sus oficiales acompañado de carabineros premunidos con armas de fuego, los sacan del cuartel policial y les llevan hasta la intersección de las calles Guanaco con Dorsal, de la comuna de Conchalí, distante cuatro o cinco cuadras de la comisaría”, reza el fallo de la Justicia.

Pese a que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad y se encuentran prófugos de la justicia, los criminales Andrés Leopoldo Flores Sabella y Ricardo Lawrence Mires, siguen cobrando sus pensiones y este último se ha comunicado incluso con su familia sin ser detenido por la policía, afirma la Agrupación Londres 38.

En el contexto relacionado con la impunidad con la que cuentan criminales de lesa humanidad, reflotado por el fallo de la Corte de Apelaciones que autorizó la libertad condicional de Raul Iturriaga Newmann, uno de los cabecillas de la DINA, la agrupación Londres 38 realizó un llamado a las autoridades del Ministerio del Interior en el gobierno, a los jueces y tribunales del Poder Judicial y a los organismos policiales "a que pongan fin la impunidad flagrante que se produce al no hacer cumplir las sentencias de la Corte Suprema que han condenado a ex oficiales de Carabineros por graves y múltiples crímenes, quienes se mantienen prófugos."

Los condenados a los que alude la agrupación son Andrés Leopoldo Flores Sabella y Ricardo Lawrence Mires. Flores Sabella "está prófugo de la justicia desde el 15 de junio pasado, cuando el juez Mario Carroza ordenó el cúmplase de la sentencia de quince años de cárcel por su participación en los asesinatos de seis personas en Conchalí, en 1973. Este ex oficial de Carabineros no ha sido notificado de su sentencia pues permanece escondido hasta hoy." Flores Sabella comandó un pelotón que el 14 de septiembre de 1973 detuvo y acribilló bajó sus órdenes en la población Irene Frei de Conchalí a Luis Caro Bastías, Antonio González Rojas, Ricardo Ortega Alvarado, Carlos Hidalgo Retamal y a los hermanos Vicente y Enrique Vásquez Castañeda.

En cuanto a Ricardo Lawrence Mires, este sujeto es un ex oficial de Carabineros quien fue jefe del grupo operativo Águila, que dependía de la Brigada Caupolicán de la DINA. Estuvo en los centros secretos de Londres 38, Venda Sexy, José Domingo Cañas, Villa Grimaldi y Simón Bolívar. Lawrence Mires fue condenado por la desaparición forzada de Alfonso Chanfreau "el ex agente de la DINA fue condenado a 10 años de cárcel, mientras que por los crímenes de Puga y de la Barra a 15 años y un día. También está condenado en un proceso por detenciones y torturas de ex presos políticos en Villa Grimaldi." Pese a la gravedad de los delitos, "Lawrence Mires está prófugo hace casi dos años, luego que el juez Jorge Zepeda dictara el cúmplase de una sentencia por la cual debía ingresar a la cárcel."

Lo insólito de la situación de este último criminal, es que hay antecedentes de que está en Chile, pues sigue cobrando su pensión en DIPRECA y ha tenido contacto con su familia, pese a lo cual, no ha sido encarcelado.

"La lentitud con que operan las fuerzas policiales para capturar a los criminales sentenciados en parte explica que algunos de éstos, como los antes nombrados, decidan no presentarse y permanecer como prófugos. Pero también es posible porque cuentan con redes de protección, las que se facilitan si -pese a sus condenas y crímenes- siguen siendo sujetos que reciben sus pensiones y tienen acceso a recursos y bienes que les facilita su fuga." fustiga Londres 38, respecto a la policía. Pero también en sus críticas se apunta al gobierno, pues se alude a la poca firmeza con que actúa para cortar las redes de protección de los criminales. "El ex jefe de Inteligencia Policial, Daniel Cancino Varas, que estuvo en servicio activo hasta el 2000 pese a su participación activa en la DINA desde 1974, estuvo prófugo más de un año, luego de ser sentenciado a una condena de 15 años de cárcel por crímenes cometidos en Villa Grimaldi." afirman. Respecto de este criminal, un abogado ligado al Programa de DDHH del Ministerio del Interior señaló en su momento "La nuera del agente de la DINA Daniel Cancino, condenado por la desaparición de 8 militantes clandestinos del MIR, Elías Villar Guijón, Sonia Ríos Pacheco, María Isabel Gutiérrez, Horacio Carabante, Fabián Ibarra, Alfredo García, Carlos Rioseco y Abel Vilches; es la Jefa de Asesores de la Secretaria Interior del Ministerio del Interior y Seguridad, Lucía Dammert, que hasta hace poco era solicitada por la prensa para referirse al tema de Seguridad. ¿Es posible que un gobierno progresista tenga  a cargo de un tema tan sensible a una persona emparentada con un ex agente de los servicios de seguridad de la dictadura cívico-militar?  ¿quién esconde a Daniel Cancino por tanto tiempo?"

A esto cabe sumar el caso de José Avelino Yévenes Vergara, quien trabaja como empleado civil en el Hospital de Carabineros (Dipreca), "pese a que está en juicio por crímenes de lesa humanidad y, particularmente, en episodios de la causa por Operación Colombo". Este sujeto fue parte del grupo represivo "Halcón II", conducido por la bestia Krassnoff Martchenko, por lo que participó en los operativos de capturas y secuestros "en los interrogatorios a las personas detenidas, así como en los traslados de quienes luego desaparecieron desde los centros represivos. Yévenes ejerció labores similares después en Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y, se estima, también en el cuartel Simón Bolívar." afirma la agrupación.

Pero estos dos criminales prófugos no son los únicos que se encuentran en esta condición. Aunque en realidad se desconoce la cifra exacta de condenados prófugos, algunos de los que se agregan a los dos mencionados son el oficial de ejército en retiro Ricardo Agustín Enrique Fiedler Alvarado, condenado a 5 años y un día de presidio por los crímenes de las 8 personas en Valparaíso en enero de 1975, quién habría salido del país, vulnerando las ridículas órdenes de arraigo dictadas por tribunales. Otro prófugo condenado por el más alto tribunal del país, es el oficial en ejército en retiro Walter Klug Rivera, sentenciado a 10 años y 1 día de presidio por las desapariciones y homicidios calificados de 23 trabajadores de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico en 1973, en la provincia de Bío-Bío, vinculado a la bestial red represiva que funcionó sangrientamente en las comunas rurales de la actual provincia del Bío Bío.

Por otra parte, Adriana Elcira Rivas González, ex funcionaria civil de la Fach y agente de la DINA, donde integró la terrible Brigada Lautaro que operó en el cuartel Simón Bolívar, acusada de la desaparición del Secretario General del Partido Comunista, Víctor Díaz, huyó del país y se encuentra en Australia, después de recibir el beneficio de la libertad condicional con arraigo nacional

Lo absurdo, lo ridículo, lo inaceptable, la burla infame, es que estos criminales son oficiales en retiro o funcionarios jubilados de instituciones uniformadas o policiales, que reciben del Estado sus sueldos mensuales de criminales condenados y ese mismo Estado se justifica aduciendo que no han podido ser habidos o que no se han presentado para ser notificados de sus condenas. Todo parece indicar que estos criminales se encuentran prófugos porque deliberadamente no son buscados por las policías, o porque deliberadamente ciertos jueces no han decretado órdenes de captura, o porque cuentan con círculos de protección que se extienden por diversas esferas de poder.

Andrés Leopoldo Flores Sabella, ex oficial de Carabineros, se mantenía prófugo desde hace más de un año, con una condena pendiente de 15 años de cárcel por diversos asesinatos cometidos en dictadura.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) dio a conocer la captura de uno de los agentes de la dictadura que se mantenía prófugo de la justicia. Hace solo unas semanas, la organización inició una campaña en redes sociales para dar con el paradero de cinco condenados por violaciones a los derechos humanos.

Esta vez, se trata de Andrés Leopoldo Flores Sabella, ex oficial de Carabineros, quien se mantenía prófugo desde el 15 de junio de 2016, hace más de un año y fue detenido en Temuco por personal de Policía de Investigaciones (PDI). De acuerdo a la sentencia emitida por la justicia, debe cumplir una condena de 15 años de cárcel por diversos asesinatos sostenidos en dictadura.

Flores Sabella fue encontrado culpable de la muerte de Luis Caro Bastías, Antonio González Rojas, Ricardo Ortega Alvarado, Carlos Hidalgo Retamal y de los hermanos Vicente y Enrique Vásquez Castañeda.

Por ahora, sigue pendiente la captura de Pedro Javier Guzmán Olivares, Ricardo Lawrence Mires, Juan Carlos Orellana Morales y Juan Eduardo Rubilar Ottone, tres ex militares y un ex carabinero que han eludido la acción de la justicia. La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos llamó a entregar cualquier información al respecto.